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El Plan España 2050 en 11 claves

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación del proyecto España 2050. EFE/ Juan Carlos Hidalgo

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Pedro Sánchez presentó este jueves el documento España 2050 en el que ha trabajado durante un año la Oficina de Prospectiva y Estrategia a Largo Plazo, que depende directamente de su jefe de gabinete, Iván Redondo. Un organismo de nuevo diseño, creado en la nueva etapa con la intención de pensar el modelo de país que será España dentro de 30 años.

El resultado de ese trabajo en el que ha participado en torno a un centenar de expertos en distintas materias es un documento de 676 páginas en el que se analiza la situación actual y se estima cómo estará el país en 2050 y se hacen propuestas [en torno a 200] para encaminarse a una situación ideal: 50 objetivos que España debería alcanzar para “consolidarse como uno de los países más avanzados de Europa” agrupados en torno a nueve grandes desafíos de país: mejorar la productividad, la educación y la formación, alcanzar la neutralidad en emisiones, preparar el estado de bienestar a una esperanza de vida cada vez mayor, promover un desarrollo territorial equilibrado, adaptar el mercado de trabajo, reducir la desigualdad…. 

Priorizar la educación 

Sánchez ha asegurado que el principal desafío es el educativo porque es la “clave de bóveda” de los demás. En ese sentido el documento es claro: sostiene que España necesita mejorar la formación de su población, desde aumentar el porcentaje de titulados en la ESO hasta los graduados en la Universidad y la Formación Profesional Superior, si quiere alcanzar el nivel que tienen los principales países europeos. Para ello, el país necesita pasar del actual 37% de la población adulta con estudios terciarios superiores (26% de universitarios más 11% de graduados en FP) a un 55% (38% + 17%).

También da mucha importancia la prospección a la formación continua de las personas adultas, y advierte de que sin ella un millón de personas al año se quedarán desactualizadas. España es, en este momento, el tercer país europeo con más necesidades de recualificación. Para evitarlo, propone utilizar las universidades –que insinúa que están desaprovechadas– y centros de FP para impulsar esta formación continua, por la que deberían pasar como poco ese millón de personas cada año. “Si hacemos las cosas bien, en los campus profesionales y universitarios españoles habrá tantos alumnos por encima de los 25 años como por debajo”, asegura el texto.

Menos estudiantes permitirá duplicar el gasto en educación por alumno

Además, el documento advierte de que España va a perder mucha población en edad de estudiar. Para 2050 las escuelas perderán 800.000 estudiantes de entre 3 y 15 años, lo cual obligará a cerrar centros, “sobre todo en la España rural”, especifica el texto. Entre 16 y 24 años dentro de tres décadas habrá 200.000 personas menos. La parte positiva es que la combinación de ambas permitirá a España casi duplicar el gasto por alumno en Educación sin apenas invertir más, destaca el informe, que se fija como objetivo de financiación un 5,5% del PIB para 2050 (apenas supera el 4% actualmente), lejos todavía del 7%, que se considera la cifra óptima para Educación pero apenas ningún país alcanza.

Pago extra para viajeros frecuentes

La hoja de ruta hacia la mitad del siglo XXI en lo ambiental se centra en los esfuerzos por frenar la crisis climática y ecológica al tiempo que trata de adaptar el país a los impactos que ya se dejan notar. Frenar las emisiones de gases de efecto invernadero para que el calentamiento de la Tierra no supere los 1,5ºC en 2100 y sustituir el sistema energético basado en combustibles fósiles por otro limpio es la piedra angular. 

En esta línea, el trabajo de los expertos apunta a que se creen tarifas extra para los viajeros habituales de avión y tasas en función de la longitud del trayecto, es decir, que los vuelos cortos sean poco atractivos porque imponen un alto peaje de emisiones. A cambio, recomienda promover el tren mediante el refuerzo de las cercanías y la media distancia a la par que se convierte en un medio atractivo por tener precios asequibles para recompensar su menor daño ecológico.

Además, el Plan 2050 admite que se han sobrepasado “varios límites biofísicos” del planeta por el modo de producir y consumir bienes y alimentos. Si no se varía el rumbo, el camino lleva a una “catástrofe medioambiental sin precedentes”.

2050: neutralidad climática

A mitad de siglo, España debe alcanzar la “neutralidad climática”: las emisiones de CO2 deben caer a casi cero para que lo que se retenga en, por ejemplo, los bosques capte todo los gases de efecto invernadero y no lleguen a la atmósfera. Para eso, el 100% de la electricidad tendrá que ser generada con fuentes renovables: viento, sol o agua.

Precisamente el agua será uno de los principales riesgos que acucien a España. Sobre todo la escasez que puede llegar a afectar a 27 millones de españoles. En ese sentido, el documento pide rebajar la demanda de agua un 15%: de 30.600 hm3 anuales a 26.000 hm3. Para eso propone promover la desalinización asequible, reordenar los usos agrícolas y tipos de cultivo que se produzcan y acometer una “ambiciosa” recuperación de ecosistemas acuáticos.

Gastar menos y reutilizar más

Para aplacar el consumo de materias primas, este plan explica que conviene detener la renovación acelerada de aparatos electrónicos y prendas de vestir: la idea es gastar menos y reusar más al establecer un porcentaje mínimo obligatorio de materiales reciclados y una mayor vida útil de estos artículos.

Otra pata crucial en lo ambiental es la demanda de alimentos. En este sentido, las exigencias de las próximas décadas indican que convendría reducir el consumo de alimentos de origen animal –con gran impacto ambiental en cuanto a emisiones de CO2 y consumos de agua– al tiempo que se marca el objetivo de rebajar a la mitad los desperdicios alimentarios que ahora suman 1.300 millones de kilos al año. Además, pide que el 60% de la superficie cultivada en España sea para producción ecológica. El medio forestal debe ver cómo se recuperan 20.000 hectáreas al año desde 2021 a 2050.

En todo caso, la transición ecológica debe ser urgente. Pero no dejar víctimas: en las conclusiones ambientales se pide que se cree un fondo económico específico para ayudar a las poblaciones y comunidades más afectadas por las medidas necesarias para esa transición.

Incrementar la productividad y el crecimiento económico

Aunque en las últimas cuatro décadas, España ha experimentado una transformación económica y social muy significativa, todavía no se ha conseguido reducir sustancialmente la brecha de renta que mantiene con la media de la UE. El Gobierno achaca esta divergencia a la baja productividad que afecta a la práctica totalidad de nuestra economía. Para cumplir el objetivo de reducir la brecha de renta per cápita que nos separa de la UE a un 10% en 2050 (ahora es del 22%) se propone mejorar la calidad del capital humano mediante la educación durante toda la vida; mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo con la reducción de la tasa de paro y la temporalidad; fomentar la innovación con ayudas públicas y legislación que la faciliten; potenciar la investigación en las universidades; modernizar y digitalizar al sector público; fomentar la creación y el crecimiento de nuestras empresas hasta equiparar la estructura empresarial con las economías de nuestro entorno y que las compañías avancen en la transformación digital; reducir el peso de la economía sumergida y ampliar la lucha contra el fraude fiscal; y maximizar el aprovechamiento de los fondos europeos.

Los objetivos a conseguir son pasar de una tasa de empleo del 62% al 80%,, que el gasto en I+D crezca del 1,2% al 4% del PIB, que las empresas grandes y medianas sean el 30% y el 35% del parque empresarial y que la economía sumergida no llegue al 10% del PIB. 

Si no se consigue una mejora de la productividad, la economía española se puede estancar  entre 2023 y 2050, con un crecimiento anual del PIB de entre el 0,3% y 1,1%; un crecimiento muy inferior al 2% que tuvimos entre 1996 y 2019, que nos alejaría todavía más de los países avanzados de Europa.  

Aumentar la edad de jubilación y potenciar la jubilación activa

El cálculo que hace Moncloa es que en 2050 uno de cada 3 españoles tendrá 65 años o más y que el reemplazo generacional será improbable por mucho que apunta a una ligera mejora de la natalidad [del 1,2 hijos por mujer actual al 1,4]. Si hoy hay 3,4 personas por cada persona en edad de trabajar, dentro de 30 años esa ratio descenderá a 1,7. Entre las medidas que plantea el documento, hay algunas controvertidas, como aumentar la edad de jubilación o incentivar que los mayores de 55 años sigan trabajando, potenciando la jubilación activa.

También apuesta por fortalecer el sistema de salud pública, invirtiendo en sanidad un 7% del PIB y reconvirtiendo un sistema basado en atender eventos graves a uno que trate la cronicidad ante las demandas de una sociedad más longeva y envejecida.

Cambios en el IRPF: tributar por ingresos reales

La lucha contra la desigualdad es otro de los retos dado que España es el país con una tasa mayor respecto a la renta disponible de la UE. Los expertos apuestan por tocar la fiscalidad. A pesar de que tanto Rubio como Sánchez han insistido en que se trata de un trabajo “apartidista”, la reforma impositiva rechina en los partidos de la derecha. Una de las apuestas es ampliar las bases de los impuestos, transitando de un sistema por módulos del IRPF a uno basado en ingresos reales. También apuesta por una reforma integral de los impuestos sobre la renta, el patrimonio y sucesiones y donaciones encaminada a la armonización fiscal que defiende el Gobierno, así como elevar los impuestos del tabaco, el alcohol y los combustibles.

Prestación para la crianza

También apuesta por ampliar las prestaciones sociales, entre las que cita el Ingreso Mínimo Vital, protegiendo más a los hogares con menores de edad y rentas más bajas con ajustes del IRPF. Una de las propuestas más novedosas es la creación de una prestación por crianza de menores de 18 años que iría dirigida en un primer momento a las familias que se encuentran en una situación de riesgo de pobreza y luego ampliarse al resto de familias.

Jornada de 35 horas e incentivo a la inmigración

La conciliación es otro de los retos en España. Moncloa señala los retos del mercado laboral al apuntar a la jornada de 35 horas semanales –ya existen proyectos para la jornada de cuatro días por la que apuesta Más País–. El estudio propone aumentar el número de trabajadores en las próximas dos décadas por varias vías: además de alargar los años de trabajo, incorporar más mujeres y jóvenes, y un incentivo para aumentar la inmigración. También apuesta por impulsar la economía social, fomentando que los trabajadores participen de los beneficios de sus empresas, como se hace en Suecia.

“Ricos propietarios, pobres inquilinos”

También dedica varias páginas a la vivienda y llega a advertir de que si no se reducen las dificultades en el acceso las grandes ciudades pueden acabar siendo un modelo de “ricos propietarios y pobres inquilinos”. A pesar de que una de las grandes discrepancias en el seno de la coalición es cómo bajar los precios del alquiler, el documento se inclina por la propuesta socialista al apostar por “crear un marco fiscal orientado a favorecer tanto el incremento de la oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles como el propio acceso de los hogares de rentas más bajas, con especial énfasis en los ámbitos territoriales sujetos a mayor tensión”. Unidas Podemos defiende establecer precios máximos en las zonas tensionadas. 

Frenar la despoblación de los pueblos

La España vaciada también tiene su apartado en el proyecto de España 2050. Si el proceso de urbanización sigue avanzando en 2050, el 88% de la población vivirá en ciudades y la España rural perderá casi la mitad de sus habitantes, pasando de 9 millones en la actualidad a 5 millones en la mitad del siglo. Para evitarlo, el Gobierno plantea reforzar el papel vertebrador de las ciudades medias; aumentar la diversificación productiva de los municipios de menor tamaño; y asegurar el acceso a servicios con mejores conexiones de transporte y mayor acceso a infraestructuras tecnológicas.

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