El Gobierno propone gravar más al viajero frecuente en avión y una nueva fiscalidad del automóvil en su plan hasta 2050

El Gobierno ha presentado este jueves el plan 'España 2050', donde las propuestas de fiscalidad tienen un papel importante. El proyecto traza las líneas económicas y políticas hacia las que debería caminar el país durante las próximas décadas, sirviéndose de los impuestos como una palanca para promover la transición ecológica en España, aumentando la conocida como fiscalidad verde, una de las tareas pendientes que tiene el país frente a los socios europeos. El uso del automóvil o del avión se verían afectados en los próximos años de establecerse este plan.

En concreto, el informe que presenta Pedro Sánchez plantea como objetivo disminuir el impacto medioambiental de los aviones. Y en este punto plantea dos alternativas fiscales que desincentiven el uso de este medio de transporte cuando exista una alternativa. En primer lugar, 'España 2050' contempla la implantación de una tasa que afectará a los “viajeros frecuentes”. En segundo lugar, contempla crear un impuesto “sobre los billetes de avión según la cercanía del destino”. “Ello ayudará a limitar sus externalidades negativas y a aproximar su tratamiento fiscal al de otros medios de transporte”, apunta. Fuera de la fiscalidad, también propone prohibir los vuelos de menos de dos horas y media de duración.

Otro de los puntos vinculados a la transición ecológica, afecta al uso del automóvil. El informe anima a “ajustar” la fiscalidad del transporte por carretera al “uso real del vehículo. Por ello, propone ”abordar la totalidad de impactos negativos generados y asegurando una mayor coherencia entre el tipo de vehículo adquirido y las necesidades del servicio“. Para ello, se propone pasar de las actuales figuras fiscales sobre la compra, circulación y combustibles, a un impuesto sobre el uso medido real del vehículo que tenga en cuenta sus características: su peso, su potencia, sus emisiones de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero.

Con estas y otras medidas vinculadas a la fiscalidad verde, el documento defiende que España debe aumentar el peso de estos impuestos sobre el PIB nacional. Así, señala que la recaudación ambiental pasaría del 1,8%, según la media de los últimos cuatro años, hasta el 2,6% en 2030, el 4% en 2040 y el 5% en 2050.

Las propuestas sobre impuestos de este plan parten de la base del proyecto de reforma fiscal que tiene sobre la mesa el Ejecutivo y para el que ha abierto un comité de expertos que trazará las líneas para estos cambios. El análisis de los problemas que tiene España respecto a la presión fiscal y su lejanía frente a los países de nuestro entorno coincide con el planteado en los últimos tiempos por el Ministerio de Hacienda. Si bien, plantea algunas medidas concretas que hasta el momento no se han concretado en palabras del Gobierno.

Una de esas medidas que hasta el momento no se habían planteado es una subida de los impuestos especiales, especialmente los dedicados al alcohol y al tabaco para “converger con los principales países de la UE”. En este punto también retoma la fiscalidad de los combustibles derivados del petróleo, una tarea pendiente del Gobierno que en los pasados Presupuestos Generales intentó la implantación de un impuesto al diésel que durante la negociación parlamentaria acabó levantando.

Esta reforma de los impuestos especiales la fija para un periodo más corto, antes de 2030. En este plazo, el documento también plantea otras modificaciones fiscales que tiene que abordar el Gobierno. El primero de estos puntos es la revisión de los beneficios fiscales, un compromiso que ha tomado el Ejecutivo en el plan de recuperación que se ha enviado a Bruselas. “Se requiere un mayor escrutinio de los beneficios fiscales, manteniendo únicamente aquellos que sigan principios de efectividad, eficiencia y equidad”, señala el documento. “Desde un criterio de equidad horizontal, los actuales sistemas de estimación objetiva por módulos o coeficientes en el IRPF, que no cuentan con equivalentes en los países de referencia, deberían transitar hacia sistemas de tributación basados en los ingresos reales, manteniendo la simplicidad y facilidad de gestión que suponen”, remarca. La digitalización de la gestión tributaria puede contribuir a este objetivo.

Otro de los puntos hace referencia a “racionalizar la fiscalidad corporativa e impulsar su armonización a escala internacional”. La primera medida que señala corresponde a eliminar beneficios fiscales que se aplican al Impuesto sobre Sociedades, “que acaban sesgando su carga hacia empresas pequeñas y sectores tradicionales y menos móviles”. “España debería impulsar en la UE la implantación del sistema de Base Imponible Común Consolidada del IS, además de una solución multilateral para gravar a las grandes empresas de servicios digitales y la implantación de un tipo efectivo mínimo en el IS”, asegura el documento.

El plan 'España 2050' incide en la necesidad de una reforma “integral” de los impuestos sobre la renta, el patrimonio y sucesiones y donaciones, con el fin de eliminar los incentivos fiscales a favor de la inversión en activos relacionados con el patrimonio inmobiliario, elevando la tributación efectiva del capital y reforzando su contribución a la progresividad. Recientemente la OCDE ha hecho un llamamiento a impulsar el uso del impuesto de sucesiones y donaciones como una herramienta frente a los desequilibrios de riqueza en las economías desarrolladas. El documento presentado este jueves incide en que las estrategias “de competencia fiscal indeseable” de las autonomías “minan el alcance recaudatorio y progresivo de estos impuestos”.

El resto de medidas que se deben plantear hasta 2030 apuntan a una mayor y eficiente lucha contra el fraude y un aumento de la formación y conocimiento fiscal de la ciudadanía, lo que contempla la implantación de estos contenidos en la educación obligatoria secundaria.

Ya de cara a 2050, el plan enfoca otras reformas necesarias. La primera de ellas plantea “reconsiderar las bases y los tipos” de imposición sobre el trabajo en el IRPF, para adaptarlo al cambio tecnológico. Así, si este cambio benefician relativamente a los propietarios de capital como ha ocurrido hasta la fecha, el documento propone “actualizar la imposición sobre el capital para gravar con más intensidad sus rendimientos”. Por ejemplo, señala el documento, se podría incrementar la presión fiscal sobre las rentas no productivas asociadas al cambio tecnológico (ej. aquellas derivadas del ejercicio de poder de mercado por parte de las plataformas digitales), algo que no tendría por qué suponer una fuente de ineficiencia, dada la naturaleza no productiva de estos rendimientos.