El absentismo y las bajas laborales no son lo mismo, aunque Feijóo no lo sepa, le importen un higo los trabajadores y esté dispuesto a una involución en materia de derechos. Sin datos, sin rigor y con un desconocimiento palmario de la diferencia entre una falta de asistencia injustificada y una incapacidad temporal por enfermedad certificada por un médico, el líder de la oposición ha vuelto a desvelar involuntariamente sus verdaderas intenciones: recortar sueldo y “prestaciones” a los trabajadores de baja “con o sin acuerdo sindical”.

Primera premisa: la incapacidad temporal (baja médica) es una prestación contributiva del sistema de Seguridad Social, regulada en la Ley General de la Seguridad Social. La protección que dispensa presenta una doble finalidad: sanitaria para garantizar la recuperación del trabajador y económica para compensar la pérdida de ingresos mientras persiste la imposibilidad temporal de trabajar. El absentismo laboral es, por su parte, la ausencia de la persona trabajadora de su puesto de trabajo sin causa justificada diferenciándose así de las ausencias legítimas protegidas, como la incapacidad temporal.

Pero Feijóo se delató ante los empresarios vascos después de defender que el “absentismo” en España “es un cáncer” que supone un coste de 30.000 millones y que afecta a 1,16 millones de personas cada día. Una exposición en la que mezcló sin distinción baja, permisos u otras incidencias y en la que introdujo una mentira como la catedral de Burgos al afirmar que las enfermeras firman bajas médicas a los médicos, algo que solo puede hacer un facultativo.

La derecha vuelve así por sus fueros y plantea una vez más importantes retrocesos en materia laboral. Nada que no hubiera hecho antes con la contrarreforma laboral que impulsó en 2012 con el Gobierno de Mariano Rajoy y que supuso, entre otras cuestiones, el abaratamiento del despido, el descuelgue salarial que facilitó que las empresas pudieran reducir los salarios para hacer frente a supuestas dificultades económicas o la supresión de la ultraactividad en la negociación colectiva.

Y una vez que Feijóo elevó un debate tramposo a la conversación pública y provocó la perplejidad de sindicatos, trabajadores y medios, vino lo de siempre: matar al mensajero. Que si el periodista Aitor Riveiro, que fue quién adelantó sus palabras, había interpretado más de la cuenta; que si otros medios hicieron seguidismo de elDiario.es; que si Feijóo no dijo lo que dijo; que si todo fue un nuevo lapsus del líder de los populares… Lo cierto es que poco había que interpretar porque el líder de la oposición habló más claro que nunca de sus intenciones, “con o sin acuerdo”, como pasó con la contrarreforma laboral que tanto dolor provocó a los trabajadores.

Los sindicatos, como no podía ser de otro modo, han puesto el grito en el cielo. La única ventaja es que los trabajadores ya saben a qué atenerse si un día el hoy opositor a presidente de Gobierno llegara a La Moncloa. Pero, la verdad, la diga Agamenón o su porquero, es que en España no hay problema de absentismo laboral y tampoco con las bajas médicas. Lo que existe es un problema de salud indisociable del funcionamiento de los servicios públicos sanitarios que, por cierto, dependen de las Comunidades Autónomas donde mayoritariamente el PP es gobierno. Dicho de otro modo: cuando un paciente espera meses para una consulta o una cirugía, sigue de baja mientras espera. Pero eso no es picaresca, sino la consecuencia directa y previsible de una sanidad pública infrafinanciada, la que gobiernos como los de Ayuso o Moreno —a los que Feijóo cita como modelo— llevan años recortando en sus respectivas Comunidades.

Las cifras de absentismo, como se ha encargado de recordar el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, no justifican el debate planteado, ya que “muchas situaciones responden a dificultades de acceso a la atención médica, las listas de espera o la falta de recursos”. Pero una cosa es mirar los problemas con tópicos y comentarios de cuñado para contentar a la patronal y otra muy distinta es construir un relato desde la evidencia empírica.

Los sindicatos siempre han defendido que el incremento de las bajas por incapacidad temporal -que no el absentismo, que puede llegar a ser un motivo de despido objetivo- es un asunto que se debe abordar desde el rigor, y por eso impulsaron la creación de un observatorio que permitiera estudiar por qué se producen las bajas médicas: si tienen que ver con la atención primaria, con la falta de especialistas o con problemas como la salud mental. Sin ese análisis, el debate no es serio ni es exhaustivo.

Feijóo ha pretendido trasladar además la idea de que si un empleado cobra lo mismo cuando está de baja que cuando trabaja, aumentan las ausencias, pero de nuevo ni la realidad ni los datos dicen eso. La mayoría de los empleados pierden salario cuando están enfermos, salvo que trabajen en una empresa que complemente la nómina durante el periodo de incapacidad por convenio. Y en este último caso, está comprobado estadísticamente que las bajas son menos prolongadas, lo que demuestra que no hay una relación directa entre mejores condiciones y más duración de la inactividad.

Aquí algunos datos:

• En un proceso de Incapacidad Temporal entre el día 1 y 3 no se cobra nada. Del cuarto hasta el día 20 de la baja se cobra el 60% de la base reguladora y del 21 en adelante, el 75%

• De esta prestación, las empresas solo asumen 12 días, los que van desde el día 4 hasta el 15 de esa baja. Es decir, menos de dos semanas, el 60% de esa base reguladora, aunque es cierto que en algunos casos por convenio pueden asumir hasta el 100% incluso.

Si echamos la vista a los países de nuestro entorno, España es uno en los estados en el que las empresas menos coste asumen de las bajas laborales:

En Países Bajos los empresarios asumen todo el pago de la incapacidad temporal (70% del salario durante 2 años)

• En Austria, el 100% del salario entre 6 y 12 semanas, dependiendo del contrato.

• En Alemania, el 100% del salario durante 6 semanas

• En Bélgica, el 100% del salario durante un mes, y un 30% durante los meses 2 y 3

• En Suecia, el 80% del salario durante 14 días

Esto por no hablar de que el incremento del gasto por Incapacidad Laboral Transitoria en el último año respecto al ejercicio anterior se ha moderado ligeramente: de 2023 a 2024 creció un 17% y de 2024 a 2025 un 12%.

El crecimiento de la incapacidad temporal, por tanto, no puede ni debe interpretarse como una perversión de la conducta del trabajador y mucho menos como un incremento del absentismo injustificado, como ha hecho Feijóo, sino como un reflejo del deterioro de la salud en las personas trabajadoras.

Avisados quedamos todos con el retrato de villanos que nos ha hecho el aspirante a La Moncloa y las decisiones que está dispuesto a adoptar desde un discurso que se sostiene sobre una premisa que la AIReF -Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal- ha desmontado, después de identificar una “deficiencia estructural” en la forma en que se gestionan las bajas médicas en España. El fallo está en el diseño porque quien paga la baja —el INSS— no es quien la concede, ya que recae en los médicos de atención primaria. Y esa separación, agravada por la fragmentación en diecisiete servicios de salud autonómicos, es lo que dificulta que se internalice correctamente el coste económico de las decisiones y genere riesgo de prolongaciones innecesarias.

El problema no es que millones de trabajadores decidan por la mañana no ir a currar, sino una tubería mal diseñada entre sanidad y Seguridad Social para la que nadie en el PP ofrece más solución que la de recortar el salario o las prestaciones de los trabajadores. Se puede estar de acuerdo en que el sistema de incapacidad temporal necesita reforma —la propia AIReF lo reconoce sin ambages—, pero lo que no se sostiene es vestir esa reforma de castigo al trabajador cuando los datos apuntan, una y otra vez, hacia el lado contrario. Esto es una sanidad colapsada, un INSS que no controla hasta que ya es tarde, y una población que envejece trabajando.

El calor extremo no solo repercute en la salud o en la agricultura, sino que también tiene un impacto directo sobre la productividad laboral. Un estudio elaborado por investigadores del Instituto de Investigación en Economía, Sociedad Digital y Sostenibilidad (IEDIS) de la Universidad de Zaragoza revela que cuando la temperatura alcanza o supera los 37,8 grados centígrados los trabajadores incrementan un 35,9% el tiempo que dedican a actividades no relacionadas con su empleo mientras permanecen en su puesto de trabajo.

La investigación, titulada 'Extreme temperatures and non-work at work' y publicada en la revista científica Economics and Human Biology, cuantifica por primera vez esta pérdida “invisible” de productividad asociada al estrés térmico. El trabajo ha sido desarrollado por los investigadores Ignacio Belloc, José Ignacio Giménez-Nadal y José Alberto Molina, especialistas en análisis económico de la familia, asignación del tiempo y bienestar social.

Para realizar el estudio, los autores analizaron más de 31.000 observaciones correspondientes a trabajadores estadounidenses entre los años 2003 y 2019, utilizando la Encuesta Americana de Uso del Tiempo (ATUS), que registra las actividades desarrolladas por la población a lo largo del día y el lugar donde se realizan.

Los resultados muestran que, durante los episodios de calor extremo, aumenta significativamente el tiempo que los empleados dedican a acciones ajenas a su actividad laboral, como levantarse para beber agua, descansar unos minutos o interrumpir el trabajo debido a la fatiga física y mental. Los investigadores subrayan que estas pausas no responden a una falta de compromiso, sino a una reacción fisiológica para evitar el agotamiento, la deshidratación y la pérdida de concentración.

Mujeres y trabajadores por horas, los más perjudicados

El estudio identifica diferencias relevantes entre colectivos. El impacto del calor resulta especialmente acusado entre los trabajadores remunerados por horas, cuya menor flexibilidad laboral dificulta adaptar su jornada o reorganizar las tareas en los momentos de menor temperatura.

Asimismo, las mujeres experimentan una mayor pérdida de productividad durante los días de calor extremo. Los investigadores atribuyen este comportamiento, en buena medida, a la mayor presencia femenina en empleos más precarios y con menor capacidad para modificar horarios o condiciones de trabajo.

La investigación incorpora además otros dos factores que condicionan el efecto del estrés térmico. Por un lado, las pérdidas de rendimiento son mayores en regiones históricamente más frías o con menor implantación de sistemas de climatización, donde la población y las infraestructuras están menos preparadas para afrontar episodios de calor intenso.

Por otro, el estudio concluye que la reducción del esfuerzo laboral se intensifica durante los periodos de crecimiento económico. Según los autores, cuando el mercado de trabajo atraviesa una situación favorable los empleados disponen de un mayor margen para autorregular su actividad y realizar las pausas necesarias.

Ante este escenario, los investigadores defienden la adopción de medidas de adaptación tanto por parte de las empresas como de las administraciones públicas. Entre las principales propuestas figuran la implantación de jornadas intensivas de mañana durante el verano, el impulso del teletrabajo en los días de temperaturas extremas y la inversión en sistemas eficientes de refrigeración y ventilación en oficinas, despachos y naves industriales.

Los autores sostienen que estas medidas no solo mejoran la salud laboral, sino que constituyen una herramienta para reducir las pérdidas económicas derivadas del cambio climático.

“El cambio climático no solo provoca bajas laborales o afecta al sector agrario, sino que modifica minuto a minuto lo que ocurre dentro de las empresas”, advierten los investigadores, quienes consideran que mantener modelos de trabajo rígidos en entornos con temperaturas extremas deja de ser eficiente tanto desde el punto de vista económico como organizativo.

El IEDIS, centro de investigación de la Universidad de Zaragoza, desarrolla estudios sobre economía, sociedad digital y sostenibilidad con el objetivo de aportar conocimiento útil para afrontar los principales desafíos sociales, económicos y medioambientales desde una perspectiva multidisciplinar.

El 20 de julio de 2022, un pleno de Cibeles aprobó por unanimidad reforzar los protocolos en caso de altas temperaturas. Todo se había acelerado con la muerte de José Antonio González, un barrendero de 60 años que trabajaba para una subcontrata municipal. Cuando se desplomó en el suelo, su cuerpo estaba a más de 41 grados. El debate –impulsado por dos mociones, una de Ciudadanos y otra del Grupo Mixto– se centró en si la empresa adjudicataria cumplía o no las condiciones de prevención de riesgos, y se planteó suspender las actividades al aire libre que exijan sobreesfuerzos en horas de calor, extendiéndolo ya no solo a la limpieza viaria: desde entonces, se prohibió el trabajo a ciertas horas de la tarde. En estos años, las multas recaudadas por la Inspección de Trabajo han quintuplicado cifras, y no es casualidad.

De lleno en un nuevo verano, fuentes del organismo público (encargado de velar por el cumplimiento de la normativa laboral) detallan que el año pasado, en total, dispusieron infracciones por valor de 300.714 euros a empresas que habían infringido alguna regla o advertencia previa en cuanto al protocolo de calor. Cuando empezaron a contear estos incumplimientos, precisamente el mismo año en el que murió José Antonio González, se depositaron 56.863 euros al cierre de 2022, apenas una quinta parte de lo que se registró en el último período.

En 2023, justo antes de la temporada estival, el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida aprobó un plan de actuación oficial para dejar por escrito algunas evidencias científicas que ya habían llegado a la conversación pública. Finalmente, el 31 de mayo de 2023 el alcalde dio luz verde a un nuevo protocolo de actuación por altas temperaturas, que nació bajo la promesa de evitar y reducir daños humanos en olas de calor. Ese año, la Inspección de Trabajo desarrolló 4.039 actuaciones por exposición a condiciones adversas en todos los sectores de actividad, un recuento que no solo incluye el trabajo al aire libre al no estar categorizado como tal. En el primer recuento se habían ejecutado solo 356 inspecciones, aunque esta vez no todas se correspondían con revisiones al uso: algunas era simplemente visitas informativas o de carácter técnico, que no siempre implicaban un examen a la compañía.

Para 2023 ya se notó un cierto auge en las cantidades recopiladas por multas relativas al calor en el trabajo: en total, las inspectoras recogieron 97.520 euros. Aunque el gran salto llegó al año siguiente, cuando con apenas 1.500 sanciones más (5.511) las empresas pagaron 151.377 euros en sanciones al Ministerio de Trabajo, según cifras a las que ha tenido acceso Somos Madrid. A lo largo de estos años, también se ha incrementado el número de requerimientos que el organismo público ha emitido a las empresas. Estos procedimientos vienen a seguir la evolución de un incumplimiento antes constatado por la institución, después de ofrecer un plazo para subsanar las deficiencias localizadas y evitar una sanción: de 302 que hubo en 2022, el verano pasado se dobló esa cifra con 642 requerimientos.

Cómo se vive este cambio en las calles acaloradas de Madrid

Aún queda mañana por delante y el sol ya pega fuerte. Juan ha decidido resguardarse bajo la sombra de un árbol, justo al lado de una tienda de souvenirs que ha puesto pulverizadores de agua en la entrada. Aun así, resulta fácil de ver: sobre su atuendo lleva un chaleco amarillo reflectante con letras negras, en las que puede leerse un anuncio de “compro oro”. Además, está en una de las calles que desemboca en la Puerta del Sol, y aunque sea un miércoles a las once pasa mucha gente alrededor. Desde que entró a trabajar haciendo publicidad para una joyería, el agua se ha convertido en su mejor aliado del verano. “Si sabes lo que hay, te refrescas como puedes: yo siempre pongo una botella grande a cogelar por la noche, y así me mantengo”, detalla, casi cuatro años después de que el Ayuntamiento de Madrid aprobara ampliar las medidas de protección para trabajadores en riesgo de sufrir un golpe de calor.

Él mismo dice considerarse un privilegiado. Nació en República Dominicana y lleva 12 años en España: primero en la zona de Peñíscola (Castellón), luego en Madrid. Ahora, por una jornada de ocho de la mañana a tres de la tarde cobra 1.500 euros en nómina. “Nosotros vamos cuidando dónde nos ponemos, y siempre nos resguardamos en algún sitio con sombra. Pero está bien volver a hablar de esto, porque una mañana de junio aquí a las doce [del mediodía] no se puede estar”, sentencia este empleado, que luego prosigue su jornada. El protocolo municipal contra el calor pide adelantar ciertos trabajos al sol a las primeras horas de la mañana, aunque después de Juan entra otro turno que continúa en calle hasta la noche.

A pocos metros de allí, un operario arrastra una carretilla y transporta cajas a un bar. Prefiere omitir su nombre y en un principio se muestra reacio a hablar, ya que “el jefe está dentro” y teme que oiga algo inapropiado. En pocos segundos, cuenta que trabaja de 10.00 a 14.00 horas durante el primer turno, y luego de 17.00 a 21.00 en el segundo. “Por lo menos me quito de en medio las horas de calor”, resuelve al despedirse. Sobre esa hora, un albañil que limpiaba y retiraba escombros en una obra cercana confirmó que él también había entrado en horario de mañana: empieza a las 7.00 y sale a las 15.00 horas. Explica que tienen aire en el edificio y sus compañeros “están bien”. Luego vuelve al interior.

Meses antes de que el Ayuntamiento de Madrid aprobara ampliar medidas en un pleno de Cibeles, el Ministerio de Trabajo también movió hilos para salvaguardar las horas de calor. En mayo de 2023, el Gobierno central aprobó el Real Decreto 4/2023, que planteaba fórmulas para proteger a las personas que desempeñan tareas al aire libre en temporadas de calor. Una de las claves de esta estrategia fue la prohibición de desarrollar determinadas actividades a ciertas horas de la tarde, siempre que haya activa una alterta naranja o roja de la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología. La norma hablaba expresamente de los efectos del cambio climático en el entorno laboral, que considera abocado a adecuarse a estos episodios frecuentes de temperaturas extremas.

De hecho, con la muerte de José Antonio González –el barrendero fallecido en un pico de calor– se produjeron encontronazos entre estas dos instituciones, una municipal y la otra, estatal. En un primer momento, Almeida cargó la responsabilidad sobre la Inspección de Trabajo, pero la vicepresidenta Díaz advirtió que este organismo sí se había puesto en contacto a principios de julio (de 2022) con la empresa Urbaser, una de las contratas del Ayuntamiento para los servicios de limpieza y a la que pertenecía el trabajador, que perdió la vida en una jornada a altas temperaturas. “Yo ese año ni siquiera había tenido nunca un trabajo, pero ahora pienso que se está bien. Tenemos la oficina cerca y allí nos ponen agua; trabajo de 10.00 a 14.00 horas con descanso de 40 minutos. Creo que así, el calor se soporta”.

Quien habla es Sandra, una joven de 20 años que este verano se prueba como captadora a pie de calle en una ONG. Busca posibles socios durante el último tramo de su jornada: apenas le queda una hora para irse a casa. Se ha buscado este empleo para ayudar a pagarse los estudios, y aunque considera que las suyas son buenas condiciones sabe de otros no tan afortunados. “Mi hermana, que es arquitecta, acaba de montar con otros compañeros el primer sindicato de su empresa porque no toman medidas suficientes de seguridad y, con el calor, no pueden estar a pie de obra”, señala, para poco después ponerse a recoger y tomar el camino a casa.

Sin embargo, y pese a admitir la mejoría o celebrar muchos de estos cambios, algunos creen que en Madrid sigue habiendo “más recomendaciones o avisos, que sanciones como tal”. Así lo resume el responsable de Construcciones en Madrid de Comisiones Obreras (CCOO Hábitat), cuyo sindicato ha organizado brigadas propias en verano para vigilar si las empresas cumplen o no las restricciones y advertencias en materia de salud laboral. “El primer año [no recuerda exactamente si fue 2022 o 2021] terminamos presentando 160 denuncias formalmente por infracciones, pero es cierto que cada vez hay menos y cuando notificamos algo, normalmente se cierra”, expone el responsable sindical.

Fuentes municipales, consultadas por esta cuestión, se limitan a remarcar el avance que supone la aprobación de un protocolo municipal contra el calor en las últimas legislaturas, aunque no revelan cifras de sanciones o denuncias internas registradas en este periodo. “Sí, hubo avances, pero aun nos queda conseguir que la prevención sea algo real y no se base solo en un tema burocrático, ni en mecanismos de control. Las sanciones por incumplimientos tienen que ser reales; porque hay más, sí, pero también sabemos que faltan inspectores en plantilla y eso dificulta que sea algo representativo”, zanjan desde CCOO, a la espera de que este verano no repita dramas del pasado.

Más de 300 personas se han manifestado en Toledo en una marcha que ha recorrido el trayecto entre la sede de la patronal de Castilla-La Mancha, CECAM, y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en defensa de “un convenio colectivo digno que recoja condiciones salariales decentes” y para exigir en Castilla-La Mancha que se abra una única mesa de negociación de un convenio de ámbito regional que favorezca las condiciones de trabajo y permita combatir la precariedad laboral.

En la región existen cinco convenios colectivos provinciales de limpieza de edificios y locales, cuya vigencia finaliza este año, y que afectan a más de 18.000 personas trabajadoras. De ellas más del 80% son mujeres y 3 de cada 4 con contratos a tiempoparcial.

“Basta ya de precariedad laboral”

“Convenio justo, salario digno”, “No somos invisibles, somos imprescindibles”, “Patronal escucha, la limpieza está en la lucha”, “Basta ya de precariedad laboral” o “Una sola mesa de negociación” son algunos de los eslóganes que han coreado los trabajadores y trabajadoras durante la movilización.

El responsable de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO del Hábitat, Juan Carlos García, ha explicado que el objetivo es “trasladar a la patronal nuestro desacuerdo con las condiciones de trabajo que se están planteando” y, a la Consejería, “que se comprometa con el sector para que podamos abrir una mesa de convenio regional para intentar que las condiciones de las trabajadoras de la limpieza de edificios y locales de la región sean homogéneas”.

La secretaria general de la Federación de CCOO del Hábitat, Maribel Cabañero, ha señalado que la Junta de Castilla-La Mancha es el mayor cliente de las empresas de limpieza si bien ha lamentado que “cada vez destina menos dotación, lo que nos hace pensar que la administración está en modo ahorro en algo que no es un gasto sino una inversión como puede ser la sanidad, la educación o los servicios sociales”.

Cabañero ha indicado que los empresarios están bloqueando las mesas de negociación con el tema del absentismo. “Lo que pretenden es empeorar la situación de las prestaciones cuando alguien cae enfermo. Pero no olvidemos una cosa: la gente trabajadora no se firma el parte de baja, lo firma un facultativo o facultativa”.

En cuanto a las principales reivindicaciones, el colectivo pide mejoras salariales acordes al coste de la vida, el mantenimiento de los derechos laborales y el reconocimiento profesional de un servicio esencial para el funcionamiento de centros sanitarios, educativos, administrativos e industriales.

Los responsables sindicales han explicado que estas trabajadoras están muy afectadas por la parcialidad y han denunciado la discriminación que sufren con respecto a los trabajadores del sector, teniendo ellas categorías profesionales de limpiadora y ellos de especialistas.

De cara a la negociación colectiva del año que viene en la región CCOO del Hábitat pretende que haya una única mesa para las cinco provincias donde se negocien las mismas condiciones de trabajo y que la administración se implique“ han señalado.

En este sentido, se ha registrado un escrito en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo solicitando su apoyo a este sector y que realice las gestiones convenientes con las distintas patronales para la apertura de una mesa de negociación de ámbito regional.

El servicio externo de información del Museo Reina Sofía, compuesto por 22 trabajadores, lleva desde el pasado 13 de junio en huelga indefinida para “reivindicar el mantenimiento de las condiciones y de la plantilla de los servicios subcontratados”. Hasta el pasado miércoles día 24, les acompañaron “en solidaridad” los compañeros de Mediación, que ya han retomado su actividad habitual. El paro fue convocado por el sindicato de Solidaridad y Unidad de los Trabajadores (SUT) y sus Secciones Sindicales en las empresas subcontratadas Sedena y Esatur XXI. “Este museo es solo fachada”, es uno de los mensajes con los que llevan desde entonces protestando en las inmediaciones de la pinacoteca ubicada en Madrid.

Desde el sindicato afirman que “con cada cambio de subcontrata vienen nuevos problemas, una nueva lucha por mantener las condiciones”, como ocurrió en el ERTE de seis meses al que se sometió a la plantilla de mediación en 2024. SUT asegura que la “gota que ha colmado el vaso” ha sido la decisión del Museo de “sacar a la licitación del servicio de Atención a Públicos con la desaparición de dos puestos de Atención al Público por turno”, para que la nueva empresa adjudicataria “ejecute la redacción como despido como reducción horaria con su consiguiente reducción salarial”.

El sindicato considera que, más allá de la supresión de estos puestos, este servicio externalizado “ya está infradotado para los actuales 5.000 visitantes diarios”. También advierten que la reducción de ambos puestos supondrá un “incremento de la carga de trabajo” y va a hacer “insostenible” la gestión del servicio. Con la huelga reivindican que “se garantice el mantenimiento íntegro actual de la plantilla adscrita al servicio (10 puestos de información y uno de coordinación por turno)”, así como el “compromiso del Museo y de las empresas de que no van a reducir ni posición ni horarios” en los servicios subcontratados de Atención al Público y de Mediación.

Fuentes del Reina Sofía confirman a este periódico que van a reducir dos puestos de trabajo, pero que son correspondientes a las sedes del museo en el Palacio de Velázquez —que acaba de reabrirse con una exposición de Fernando Sánchez Castillo— y el Palacio de Cristal dentro del parque de El Retiro, como respuesta a “una reivindicación sindical reiterada sobre las condiciones climáticas intolerables que presentan” estos puntos de información. “Dado que, por razones patrimoniales, resulta imposible adecuar dichos espacios para garantizar otras condiciones” de trabajo, el nuevo concurso “ha reducido la externalización” de los puestos de estas ubicaciones.

También avanzan que el nuevo pliego para la implementación de actividades educativas y de mediación, actualmente en fase de licitación y cuya aplicación comenzará en octubre de 2026, sí contempla la “incorporación de dos nuevos mediadores o mediadoras (uno por turno) y una mejora de las horas dedicadas al trabajo transversal”.

Cierre de un acceso y reducción de visitantes

El Ministerio de Cultura decretó unos servicios mínimos del 30% en el servicio de Atención al Público, con apertura total del horario. El Museo ha cerrado uno de los accesos a la institución, el ubicado en el Edificio Nouvel, limitando la entrada a la del Edificio Sabatini, ubicado en la plaza de Juan Goytisolo. Esto ha provocado colas más largas de lo habitual y que en las franjas de mayor asistencia hayan sido vigilantes de seguridad y personal propio quienes han sustituido a los huelguistas para la gestión de las filas. Además, el sábado 20 de junio se llegó a dejar entrar a todo el público en el periodo gratuito sin controlar los tickets.

Fuentes del Reina Sofía señalan que todas las medidas tomadas han sido para “favorecer el derecho a la huelga. Seguridad nunca realiza las funciones de los trabajadores de Información, es una cuestión organizativa para facilitar la entrada regulada y de forma ordenada, y velar por el derecho de acceso a la cultura” del público.

Hasta el pasado día 23, al estar la plantilla de Mediación en huelga, se redujeron igualmente las visitas guiadas a excepción de las estipuladas por los servicios mínimos, como las de alumnos de colegios. Desde que este grupo de personas desconvocó la huelga, su actividad ha vuelto a la normalidad, incluidas todas las visitas guiadas.

Tanto el sindicato como el Reina Sofía coinciden en que, desde que se convocó el paro el pasado día 13, se ha producido una reducción en el número de visitantes diarios. Los últimos días de huelga han coincidido con una ola de calor que ha provocado altas temperaturas en Madrid. El museo no relaciona este descenso con los paros sino con “otros factores” que no detalla, aunque el sindicato SUT cree que ese descenso tiene que ver con la reputación del Reina Sofía en el contexto de esta huelga.

Desde el Reina Sofía insisten en que los equipos de Información y Mediación “no son trabajadores del museo”, al tratarse de un servicio externalizado. Eso sí, inciden que dentro de su “compromiso con la mejora progresiva de las condiciones laborales de todas las personas que realizan su trabajo en la institución”, continúan avanzando para “incorporar servicios que históricamente se han prestado mediante contratos externos”, como es el caso de ambas plantillas.

Fuentes del sindicato valoran a elDiario.es que lo que está haciendo el Reina Sofía es “jugar una estrategia de desgaste con los servicios mínimos”. “Esto va para largo”, avanzan, calculando en al menos “varias semanas” el tiempo que va a continuar el paro. Mientras tanto, para ayudar a los trabajadores en la pérdida de salario que implica estar en huelga, cuentan con el apoyo de la Caja de Resistencia de SUT, que incluye donaciones que los visitantes están realizando a pie de calle, en el puesto que han instalado en frente de la institución. A su vez, han lanzado una campaña de crowdfunding que ya ha recaudado más de 4.000 euros.

Once semanas han pasado desde que las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid comenzaron su huelga indefinida. El pasado 7 de abril las profesionales de las escuelas infantiles se reunieron por primera vez ante el Ministerio de Educación para exigir a las instituciones unas mejores condiciones laborales después de mucho tiempo viviendo jornadas imposibles. Las educadoras llevan desde entonces trabajando con servicios mínimos en las escuelas, mientras desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) organizan movilizaciones cada semana.

Un mes después de que comenzara la huelga indefinida en Madrid, las educadoras de todo el país se sumaron a las movilizaciones de las madrileñas, y comenzó una huelga general en el sector de 0 a 3 años en toda España. El pasado 6 de mayo, la PLEI, de la mano del sindicato CGT y con el apoyo de CCOO, dieron el gran salto a las movilizaciones a nivel estatal, donde exigían, principalmente, una bajada de las ratios de niños y niñas por aula, subida de los salarios (que rozan el SMI) y la implementación de la pareja educativa en las jornadas laborales. Dos semanas después, el 23 de mayo, educadoras de todo el país se reunieron para su primera manifestación conjunta en Madrid, a la que acudieron unas 15.000 personas. Una activista catalana recordaba que “es muy importante la unión en la lucha. Desde cada territorio, luchamos por lo mismo, la dignificación de la educación infantil”.

Las profesionales del 0-3 recuerdan que su trabajo no es cuidar, es educar, e insisten en que se debe reconocer un trabajo que creen que está infravalorado. La PLEI sostiene que su sector necesita “ratios europeas, reconocimiento profesional, salarios dignos, más recursos y personal especializado, la elaboración de un calendario escolar como tienen otras etapas educativas y, en general, un ciclo infantil universal, público, gratuito y de calidad”.

Las educadoras exigían el cese de las prórrogas de los contratos

Las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid denuncian la pasividad de las instituciones, especialmente desde la autonomía que preside Isabel Díaz Ayuso y desde su Consejería de Educación, encabezada por Mercedes Zarzalejo, que no ofrecen soluciones a sus quejas. Las profesionales de las escuelas infantiles se han reunido en numerosas ocasiones frente a la Consejería para recordarle a Zarzalejo la situación en la que trabajan a diario las educadoras y lo que necesitan que se implemente para poder volver a las aulas. Desde la PLEI han exigido en más de una ocasión reunirse con la consejera de Educación, además de con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. 

Las escuelas, en un primer momento, consiguieron reunirse con José Fernández Sánchez, delegado del Área de Gobierno de la Comunidad de Madrid, para solicitar el cese de las prórrogas de los contratos que gestionan las escuelas infantiles de la capital. El Gobierno de Ayuso justificó que estas prórrogas son “la continuidad de los proyectos educativos”, algo que para las educadoras es “bastante incoherente”, puesto que “instaurar un proyecto pedagógico en un centro educativo y evaluar su funcionamiento cada 3 o 5 años para, a continuación, volver a realizar una licitación y cambiar de empresa gestora de las escuelas, así como el proyecto educativo de la misma, carece del propio sentido que ustedes [la Comunidad de Madrid] argumentan para la continuidad del contrato en prórroga”.

Desde la Plataforma denunciaban que la consolidación de un proyecto educativo requiere “de una municipalización del servicio y de un acompañamiento pedagógico, que, con el presupuesto invertido para este primer ciclo de educación infantil, es imposible llevar a cabo”.

Las educadoras critican que el número de prórrogas de contratos de escuelas infantiles municipales que no habían sido formalizadas era indeterminado, pese a que el delegado del Área de Gobierno insistió en la reunión que mantuvieron el pasado 21 de abril en que “ya estaban todas formalizadas y tenían por tanto carácter irrevocable”. “Cosa que no es cierta”, replicaron las educadoras. Según la Plataforma, José Fernández Sánchez insistió en la “imposibilidad” de la paralización de estos contratos, y sostenían que la reunión “no fue satisfactoria, no se expuso ninguna posible solución a este conflicto justificando que el Ayuntamiento no tiene ningún tipo de relación laboral con las trabajadoras”.

Coaccionadas por las empresas al filtrar el Ayuntamiento sus datos

Las profesionales del 0-3 presentaron un recurso administrativo en contra de las prórrogas de los contratos de las empresas que gestionan las escuelas infantiles. Según las educadoras, el alcalde madrileño había aprobado las prórrogas de cerca de 40 contratos, “que condenaban a la precariedad más absoluta a los cientos de trabajadoras” del municipio de Madrid. “Las trabajadoras infantiles de las escuelas municipales deberían cobrar desde septiembre 1518 euros al mes, en vez del salario mínimo interprofesional (SMI). Almeida solo tenía que sacar pliegos nuevos, posteriores a junio de 2025, para que esa mejora salarial se hiciera efectiva”, denuncian las educadoras.

La presentación de este recurso supuso un episodio peor para algunas educadoras. Varias de las firmantes reconocían haber recibido coacciones por parte de las empresas encargadas de gestionar las escuelas infantiles en las que trabajan. Las educadoras denunciaron que el Ayuntamiento de Madrid había filtrado sus datos personales (nombre, apellidos y DNI) y que, aunque reconocen que las empresas tienen derecho a conocer la presentación de ese recurso, no lo tienen para saber quiénes lo habrían firmado.

Las educadoras exigieron que terminara “esta represión por parte de las empresas gestoras”. Sostenían que denunciar injusticias laborales de manera personal “no debe suponer amenazas, ni presiones” por parte de esas empresas, y explicaban que aplicarían “las medidas oportunas para hacer frente a la represión ejercida a las compañeras por el mero hecho de impugnar unas prórrogas que son una vergüenza”.

La Comunidad de Madrid ha “adelantado y acelerado” la firma de muchos contratos

Desde el sindicato CGT, denunciaban esta semana la publicación de numerosos acuerdos firmados entre la Consejería de Educación y muchos municipios, blindando los acuerdos monetarios del curso anterior. Según CGT, durante los primeros días de la huelga que comenzó el 7 de abril se firmaron muchos convenios “como aperitivo de la firma con todos los municipios de la Comunidad de Madrid que se han publicado durante mayo y junio”.

“En el BOCM se han comenzado a publicar en mayo, pero las firmas de dichas adendas comenzaron en abril pocos días después del inicio de la huelga”, explicaban desde el sindicato, y denuncian que la Comunidad “ha adelantado y acelerado mediante dichas enmiendas la firma durante la huelga indefinida”, mientras que en el curso anterior “se firmaron a finales de junio”.

CGT critica que, entre la Comunidad de Madrid y distintos Ayuntamientos, se han firmado “hasta un total de 87 adendas a fecha 20 de junio, anulando así la capacidad negociadora del comité de huelga con la administración en cuanto a ratios, pareja educativa o mejora de los salarios”. Estos convenios afectan también a los precios-plaza de las escuelas infantiles. Según detallaban, “dichas adendas contemplan el precio plaza niño/a en 1760 euros y la plaza en extensión en 1460 euros. El año 2025 el precio plaza fue de 1669 euros”.

Zarzalejo cedió a implantar la pareja educativa

Las educadoras se reunieron con la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, el pasado 21 de mayo. En esta reunión las profesionales del 0-3 consiguieron un avance en su lucha: la implementación de la pareja educativa en las escuelas de gestión directa e indirecta de la Comunidad de Madrid. Esta medida reduciría el número de niños por educadora en las aulas a partir del próximo curso en todas las escuelas infantiles. Además, la consejera se comprometió a paralizar las prórrogas de los pliegos. Sin embargo, según la Plataforma, insistieron para que Zarzalejo firmara sus compromisos, pero la consejera de Educación afirmaba “que no sabe quién conforma la plataforma, que no tiene capacidad legítima y no tiene claro con quién firmar los acuerdos”.

Zarzalejo en un principio insistió en que la huelga de profesoras surgía de un conflicto entre las trabajadoras y las empresas contratantes. Casi dos meses después, a principios de junio, calificó como “incomprensible” la huelga de las educadoras infantiles, y que únicamente buscaban “desviar la atención de otras cosas muy graves que están sucediendo” en España: “Resulta difícil comprender que organizaciones sindicales firmantes del acuerdo sectorial, actualmente vigente, anuncian ahora movilizaciones, reclamando la inmediata aplicación de medidas cuyo calendario de implantación fue acordado y suscrito por ellas mismas hace un año. Es una contradicción que merece cuando menos una reflexión”.

Rosa Marín, portavoz de la PLEI, consiguió defender la lucha de las educadoras en una Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid el pasado mes de mayo. Además, junto a otras compañeras, acudió a la tribuna de invitados del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, como iniciativa del grupo municipal de Más Madrid, de donde fueron expulsadas el 29 de abril. Miembros de algunos grupos municipales, como Rita Maestre o la concejala socialista María Caso, defendieron la lucha de las educadoras, que reaccionaron ante las palabras de José Sánchez Fernández, el cual definió la gestión de las peticiones de las 0-3 como “muy a lo sanchista”, por lo que fueron expulsadas del Pleno.

Familias y sindicatos apoyan las movilizaciones

Más de dos meses han pasado desde que comenzó la huelga en la capital. Durante este tiempo, las educadoras han conseguido también el apoyo de las familias. “Las familias están a full con nosotras. Al final piensan que nos quedamos con lo más valioso que tienen. La mayoría valoran nuestro trabajo y cuando se enteran de lo que cobramos, flipan”, recordaba Rosa Marín, portavoz de la Plataforma. Además, a finales de mayo, las familias madrileñas se concentraron ante la Consejería de Educación para exigir una reunión con Mercedes Zarzalejo. Las familias reconocían ser “parte de los afectados” por las malas condiciones en las que desarrollan su profesión las educadoras infantiles, e insistían en que los más pequeños “quieren volver a la escuela”. También criticaron la pasividad de las instituciones y pedían que “dejen de echar balones fuera” ante una situación educativa que “es insostenible”.

Las organizaciones sindicales con representación en el sector de Educación 0-3 de la Comunidad de Madrid (USO, CCOO, UGT, FSIE) se unieron también a la lucha de las educadoras infantiles para exigir mejoras en el sector cuando llevaban ocho semanas en huelga. Las educadoras y los sindicatos confesaron que la unión daba “más fuerza” a las movilizaciones.

De cara al próximo curso

“Seguiremos presionando e intentando que se quede resuelto antes de las vacaciones de verano y si no, pues seguiremos en septiembre”, reconocía la portavoz de la PLEI, Rosa Marín, hablando sobre la posibilidad de alargar la huelga durante el próximo curso. “Estamos cansadas porque además hace calor y es complicado, pero ahí seguimos”, sostiene.

Además, con la llegada del verano se han centrado en una nueva lucha: “Realizaremos la misma performance, pero sobre el calor que pasamos en las aulas en el mes de julio, que no entendemos por qué las criaturas tienen que ir a las escuelas”, reconoce Marín. Por ello, han convocado concentraciones en muchas ciudades de todo el país el jueves 18 de junio, para reclamar la reducción de las jornadas educativas durante las temporadas de calor. Las educadoras infantiles denuncian una “discriminación calendaria” que sufren los niños y las niñas de 0 a 3 años, “cuyas jornadas anuales llegan a alcanzar los 215 días frente a los 175 del resto de etapas educativas”.

Diez mil trabajadores y trabajadoras de todo el Estado, incluida la plantilla de La Rioja (cerca de 70 personas trabajadoras) están llamados a secundar mañana viernes 19 de junio la segunda convocatoria de huelga en Iberdrola ante el bloqueo al que la eléctrica está sometiendo la negociación del convenio colectivo. 

Las organizaciones sindicales UGT FICA y CCOO Industria han convocado esta segunda huelga general en el grupo Iberdrola (la primera se celebró hace un año) para exigir que se desbloquee la negociación del convenio, tras más de 16 meses de conversaciones. Tal y como denuncian, la eléctrica se niega a garantizar el poder adquisitivo de la plantilla precisamente en un momento en el que registra un récord de beneficios, de cotización y de dividendos.

Como en la anterior convocatoria, la plantilla exige un convenio justo que reconozca su aportación a los resultados de la compañía y que garantice su poder adquisitivo. Sin embargo, la empresa, que obtuvo más de 6.285 millones de euros de beneficio, propone a su plantilla un incremento salarial “en base a parámetros de empresa”. Se trata de “una auténtica vergüenza” en opinión de las organizaciones sindicales si tenemos en cuenta que en los últimos cinco años el personal acumula una pérdida de poder adquisitivo del 19 por ciento“

UGT FICA y CCOO de Industria entienden que la última oferta que hizo la dirección en la mesa de negociación es vergonzosa para quien presume de ser “un líder energético global y una de las mayores compañías eléctricas por capitalización bursátil del mundo”.

Los salarios en Iberdrola están alejadísimos de la propaganda de la empresa, que habla de retribuciones de más de 88.000 euros de media y de incrementos de más de 5.000 euros anuales, unas cifras fuera de la realidad y que buscan exponer a las trabajadoras y a los trabajadores frente a la opinión pública. Además, denuncian que con esta actitud se intenta justificar sin éxito la enorme evolución al alza de las retribuciones de la alta dirección y se enmascara una política retributiva para su plantilla que es absolutamente injustificable en una compañía con el desarrollo y la dimensión económica de Iberdrola.

Las educadoras infantiles madrileñas llevan casi dos meses en huelga indefinida, lo que ha animado a que el resto de profesionales del sector de todas las comunidades del país se sumen a su causa. Las educadoras de niños de 0 a 3 años se han concentrado en distintas ocasiones desde el día 7 de abril para exigir mejores condiciones laborales en un sector que sienten que no recibe la importancia que merece, siendo una etapa fundamental en la educación de los más pequeños y en su desarrollo como personas.

Ante las ratios elevadas, salarios bajos (que apenas superan el SMI), malas condiciones en las infraestructuras en las escuelas y el abandono que sienten por parte de las instituciones, además de la dificultad para acceder a puestos en este sector, muchas educadoras españolas deciden desplazarse a otros países europeos donde pueden desarrollar su carrera profesional. Dos países que reciben muchas educadoras españolas son Alemania e Irlanda.

Las educadoras buscan poder dedicarse al trabajo que les gusta y para el cual están cualificadas, y buscan refugio fuera de España para sentirse más realizadas y poder trabajar con salarios dignos y mejores métodos. Desde Helmeca, una empresa que se dedica a la contratación de educadoras en Alemania, insisten en que las profesionales del 0-3 “están agotadas emocionalmente debido a las altas ratios, la falta de reconocimiento profesional y la dificultad para aplicar metodologías pedagógicas más individualizadas. En España los peques están haciendo fichas en una silla, lo cual consideran que no es lo mejor para ellos”.

“No se sienten valoradas, y las que se quieren dedicar a ello trabajan en otras profesiones o buscan opciones en el extranjero”, explican desde la empresa a elDiario.es. La diferencia en las condiciones de trabajo es uno de los factores clave que explican por qué los educadores se van al extranjero a trabajar.

Alemania, un país con pareja educativa

Cada vez son más las educadoras españolas que deciden irse a Alemania para desarrollar su carrera profesional. La principal razón son las ratios: mientras que en España se dan casos de hasta 20 niños por cada educadora, en Alemania hay una ley exige una atención mucho más personalizada. Por ejemplo, para un grupo de 20 niños suele haber un mínimo de tres educadoras, según detallan desde la empresa alemana. La ley, en vigor desde 2013, garantiza que todo niño residente en el país tenga una plaza en una escuela infantil (Kinderkrippe) para que las madres puedan incorporarse antes al mercado laboral.

La metodología de la enseñanza es un factor clave. En el sistema español, el modelo de fichas y niños sentados sigue muy presente. “El modelo alemán apuesta por el aprender jugando y metodologías innovadoras sin el uso de fichas”, explica Magdalena Uhländer, responsable de Reclutamiento y Relaciones Públicas de la empresa que contrata a las educadoras españolas en Alemania. Además, la preparación para las clases en España suele ser durante el tiempo libre de las educadoras infantiles. En Alemania, en cambio, las horas de planificación pedagógica están integradas dentro del horario laboral (normalmente unas tres horas semanales fuera del aula).

Sin embargo, Alemania sufre un déficit que se divide en dos grandes necesidades en la actualidad: infraestructuras y profesionales. Pese a la ley, existe escasez de personal cualificado y plazas en muchas regiones, lo que genera dificultades para conseguir plaza en centros públicos. Según la empresa alemana, faltan todavía más de 430.000 plazas para niños en las escuelas infantiles, y se necesita cubrir más de 308.800 vacantes de educadoras en los próximos cinco años. Y todo ello en un momento en el que Alemania está experimentando un gran cambio demográfico que se traduce en una demanda generalizada de profesionales en todos los sectores.

La forma de acceder a los puestos de educadora infantil en Alemania es diferente a la española. Las escuelas infantiles no cuentan con una bolsa de licenciados a la que recurrir cuando queda vacante un puesto de educadora, sino que las interesadas hacen una Formación Profesional (FP) dual en una escuela infantil determinada, donde luego son contratadas después de finalizar la formación de tres años: es decir, las escuelas deben formar a su propio personal.

“Es una cuestión de dignidad, de los niños y de las profesionales”

María García es subdirectora de una Kinderkrippe en Múnich. Según cuenta, aunque en Alemania sí se trabaja con pareja educativa, también cree que las ratios siguen siendo elevadas, pues “es un reto real para poder acompañar, observar y atender bien las necesidades e intereses de cada niño”. La educadora, que lleva trabajando fuera de España desde 2014, cree que en nuestro país se da incluso una situación peor, pero que el problema va más allá de las condiciones laborales: “Es una cuestión de dignidad, de los niños y de las profesionales”.

Desde Alemania, García está pendiente de la situación de las educadoras en España, que ha movilizado a las trabajadoras desde principios de abril: “Sigo de cerca las huelgas y las movilizaciones del sector en España y les doy todo mi apoyo. Lo que piden no es un capricho, es lo mínimo para poder ejercer esta profesión con responsabilidad”.

García encuentra tres grandes problemas en el sistema español, que deberían cambiar lo antes posible, cree, y cuya solución traería de vuelta a España a educadoras como ella: la ratio, el salario, y el reconocimiento social. “La educación infantil en España sigue siendo percibida como 'cuidado' y no como lo que es, educación en la etapa más decisiva del desarrollo humano. Mientras eso no cambie en la cabeza de quien legisla y en la del conjunto de la sociedad, las condiciones no cambiarán de verdad, y habrá educadoras que seguirán marchándose, o que se quedarán a costa de su salud física y mental”, defiende María.

Aunque las condiciones laborales en Alemania son mejores que en nuestro país, García reconoce que no fue tan sencillo abandonar España para empezar una nueva vida en otro lugar. Explica que fue un camino largo: “Aprender el idioma, validar mi formación, entender una cultura profesional y social muy diferente... No fue fácil, y sería deshonesto pintarlo de otro color. La vida aquí como extranjera tiene sus propias dificultades, y Alemania tampoco es el paraíso que a veces imaginamos desde España”. Sin embargo, sigue siendo más fácil para educadoras como María encontrar una estabilidad laboral en su sector: “En España no había futuro laboral visible para mí en educación infantil”.

“Por primera vez, ahorrar dejó de parecer algo imposible”. 

Ana Palacios llegó a Alemania hace ocho años para trabajar como auxiliar de grupo, y actualmente es subdirectora en una escuela infantil alemana. “Mi experiencia ha sido muy equilibrada entre lo que buscaba, lo que necesitaba y lo que sentía en el momento en el que decidí venir. Llegué con muchos conocimientos recién adquiridos y con una enorme motivación por ponerlos en práctica”, cuenta. “Al final, todo se resumió en algo muy bonito: enseñar toda la teoría que había estudiado mientras, al mismo tiempo, aprendía un nuevo idioma y una nueva cultura enseñando cada día”, añade.

Palacios experimentó una gran diferencia en las condiciones laborales que se dan en las escuelas infantiles alemanas: “Aquí existen horarios más dignos y una mayor posibilidad de conciliación. Las horas extras se pagan como corresponde y el sueldo es mucho más acorde al trabajo y la responsabilidad que desempeñamos. Por primera vez, ahorrar dejó de parecer algo imposible”. 

Palacios confiesa a elDiario.es que, para desear volver a España, necesitaría ver cambios en las condiciones que se dan en nuestro país: “Estabilidad, posibilidades de crecimiento personal y profesional, y la sensación de sentirse valorada, respetada y cuidada dentro del entorno laboral. Creo que sentirse reconocido en tu trabajo marca una gran diferencia en la calidad de vida de las personas”.

Las educadoras no conocen las dificultades en el mercado español

Según detallan desde Alemania, las educadoras infantiles no son conscientes de la dificultad que existe en el acceso a un puesto de trabajo en España cuando deciden comenzar sus estudios de enseñanza: “Los estudiantes de infantil eligen esta carrera por vocación, sin conocer realmente las dificultades estructurales del mercado laboral en el país”. Las educadoras piensan que opositar es la mejor o única opción. “Luego se dan cuenta de que conseguir una plaza es poco probable porque tienen preferencia interinos con mucha experiencia. Cuando aprueban, entran en bolsa y quedan a la espera de una lista. No hay suficientes plazas en España para la cantidad de educadores que se gradúan cada año”, añaden.

Las educadoras quieren trabajar con niños, porque es lo que les gusta y para lo que han estudiado, pero las oposiciones son imposibles en España y las condiciones laborales son insuficientes. Además, aquí estudian sobre métodos innovadores para aplicar en la enseñanza de los más pequeños, cosa que luego no se ve reflejada en sus jornadas de trabajo. “En Alemania y en otros países del norte es diferente, se usan metodologías más enfocadas en lo que necesitan los niños, métodos que implican el aprender mientras juegas y no existen las fichas”. 

Empresas como esta son las que más de cerca viven la migración de las educadoras españolas, que no lo hacen únicamente por el factor económico: “Es cierto que se cobra más en Alemania como educador y eso les da la posibilidad de poder vivir, pero también buscan realizarse como profesional. El sentirse valoradas, disponer de tiempo real para preparar actividades pedagógicas y trabajar en entornos con ratios más sostenibles. Poder vivir y no estar trabajando en algo que no es lo que realmente les realiza como profesionales”. 

Para trabajar como educadora en Alemania, las profesionales del 0-3 necesitan la titulación universitaria de educación infantil y/o grado superior de educación infantil, aunque cada comunidad autónoma alemana tiene sus propias normas, y tener un B2 de alemán. Muchas empresas de contratación ofrecen cursos de alemán a las educadoras infantiles para que puedan optar a las vacantes.

Los alemanes quieren trabajar con educadoras españolas

Las españolas escogen Alemania como destino para trabajar de su profesión y tener estabilidad laboral, mientras disfrutan de más vacaciones en comparación con España, lo cual atrae mucho a la hora de poder viajar o volver a casa para visitar a los familiares. Pero no son solo ellas las que quieren trabajar allí, sino que los alemanes también buscan contratar a educadoras españolas. De aquí salen muy bien formadas, con cuatro años de carrera universitaria o dos años de estudios superiores muy bien estructurados. Por otro lado, las españolas, culturalmente, “lo hacen por vocación, le ponen muchas ganas y corazón”, y eso lo saben más allá de nuestras fronteras.

Según explican desde la empresa alemana, “la cultura del trabajo en España es muy diferente a Alemania: En España el que tiene un trabajo tiene suerte y debería valorarlo. En Alemania, quien tiene un trabajador tiene suerte y debería valorarlo. Los educadores van con la mentalidad española, por lo que es más fácil tratar con ellos”. La formación en España es buena, salen profesionales muy cualificados y con ganas de trabajar, pero no se les permite hacerlo con dignidad. 

Irlanda: mejores salarios para precios más elevados

Otro país muy solicitado por las españolas es Irlanda. Andrea Vieira ha trabajado como educadora en Dublín y ha visto cómo España es el país que más está desplazándose a este lugar, pues es muy sencillo conseguir empleo: “No te piden un nivel de inglés súper alto porque son conscientes de que estamos con niños pequeños, que no tienen un lenguaje muy desarrollado, entonces con un nivel básico está bien”, explica Andrea. “Respecto a las familias, están súper contentas de que haya tanta diversidad, de que tengan profes españoles, de que nosotros también al final mejoramos el inglés con ellos y hablando con las familias…”, añade.

Los salarios de las educadoras en Irlanda son una de las razones que atraen a las profesionales infantiles españolas. “Obviamente, los salarios son más altos que aquí, porque se cobra mínimo unos 15 euros la hora, y yo creo que, las que más están cobrando ahora mismo, están en torno a 17-18 euros la hora. Es muchísimo más que aquí [en España], o sea, al final son como 2.200 euros al mes”, sostiene Andrea.

Emma Ruiz es profesora de educación primaria pero, como la gran mayoría de españolas licenciadas en esa carrera en nuestro país, encontró trabajo como educadora de 0-3 en Irlanda porque “ganas muchísimo más”. “Yo estoy ganando [en Irlanda], pues ponle que unos 1.000 euros más de lo que ganaría allí”, explica Emma, que justifica que en Irlanda, entre otras cosas, el coste de la vivienda es más elevado que en España. Sin embargo, Emma es una de las graduadas en otro ciclo que ha preferido dedicarse al 0-3 en Irlanda, porque las condiciones laborales permiten una vida digna.

Ratios más bajas y pareja educativa: “No sé cómo lo hacen aquí en España”

Las ratios de niños por educadora son también mejores allí. En las escuelas infantiles irlandesas, llamadas creches, las ratios “cambian muchísimo, porque es que aquí [en España] es como el doble. Para los bebés, que es a partir de los 8 meses más o menos, es un profe para cada 3 niños, luego para 1-3 años es un profe para cinco niños, creo, y luego de 2-3 es un profe para seis niños. Aquí es el doble, aquí un profe para los niños que tienen 2-3 creo que está como en 15 niños”, explica Andrea, que opina que “es una barbaridad, y a esas edades tienes que tener mil ojos. Yo lo veo la verdad algo alucinante, no sé cómo lo hacen aquí en España”. En nuestro país, las ratios para niños de hasta un año es de ocho bebés, de uno a dos años de hasta 13 niños, y de dos a tres años puede variar entre los 16 y los 20 niños por educadora.

Emma, por su parte, insiste en que “en cada clase hay dos personas siempre, o casi siempre”, aunque cree que las ratios en Irlanda siguen siendo abusivas, puesto que los bebés “no saben caminar, no saben comer, no saben limpiarse. Si uno se te caga, no puedes cambiarle a menos que alguien te cubra”. Es decir, que aunque las ratios sean más bajas que en España, siguen siendo mejorables para algunas educadoras, aunque cuenten con pareja educativa.

Mejores condiciones laborales y desarrollo profesional

En España, las educadoras infantiles están reclamando, además de mejores salarios y una bajada de las ratios, mejores condiciones laborales, equiparadas a las que se dan en otros ciclos educativos superiores como en educación primaria. Andrea Vieira describe el modelo educativo irlandés como uno que ofrece “más libertad”.

Según su experiencia, las empresas que gestionan las creches en Irlanda se implican mucho más en la calidad educativa de los más pequeños. “Hay una staff meeting (reunión de equipo) mensual donde se comentan puntos que mejorar o puntos en los que tú tengas dudas, o incluso al revés, te dan un feedback (retroalimentación) muy positivo y te apoyan”, explica Andrea. “Saben que todo lo que estás haciendo lo haces por el bien del niño, y aquí [en España] se ha perdido un poco ese punto de vista”.

Además, las gestiones burocráticas y la organización de las clases se realizan dentro del horario laboral, algo que en España están exigiendo las educadoras infantiles. “Yo tenía un profesor que venía a cubrirme mientras yo tranquilamente me iba a otra clase a hacerlo. Aquí [en España], o haces horas extra, o lo haces con los niños en mitad de clase, que es obviamente inviable”, describe Andrea, y añade que eso ayuda a que “el nivel de vida sea mejor, porque tú sales de tu trabajo y tienes vida”.

En 2025 se realizaron en Castilla-La Mancha un total de 639.442 contratos, de los cuales 131.851 fueron a personas que vinieron de otras regiones de España y 189.095 a personas que salieron de la comunidad autónoma para ocupar un puesto de trabajo en otros lugares.

Esto supone un saldo negativo en movilidad geográfica laboral para Castilla-La Mancha de -57.244 contratos, lo que nos sitúa a la cabeza de España en este sentido, solo por detrás de Andalucía, según los datos ofrecidos por el sindicato UGT.

Por provincias, todas ellas arrojan también un saldo negativo, salvo Cuenca. Aquí -en 2025 y según recoge el informe 'Movilidad geográfica de la contratación en España' que elabora el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE- entraron 23.472 personas trabajadoras y salieron 19.8647. En Albacete, el saldo fue de -4.227 contratos; en Ciudad Real de -11.264; en Guadalajara de -12.237; y en Toledo de -33.341.

La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, sostiene que este carácter emisor de personas trabajadoras que tiene la región se debe, fundamentalmente, a su cercanía con la Comunidad de Madrid y, ya en menor medida, al flujo de personas trabajadoras que se marchan a regiones como la Comunidad Valenciana y Castilla y León.

Mujeres y jóvenes, los que más se marchan

En este informe también se recoge que el perfil de las personas trabajadoras que más se marchan a otras comunidades autónomas es el de mujeres y jóvenes, acentuándose en el caso de las personas trabajadoras con nacionalidad española, ya que en el caso de aquellas con nacionalidad extranjera es mucho más moderado.

A nivel sectorial, el primario presenta un marcado saldo positivo, al contrario de lo que ocurre con el resto de sectores, sobre todo en el sector servicios, el cual es marcadamente emisor. Por secciones de actividad, Castilla-La Mancha es una comunidad emisora especialmente en Información y comunicaciones, Actividades administrativas y servicio auxiliar y en Comercio por mayor y menor; reparación vehículos.

Isabel Carrascosa apunta que, pesar del crecimiento empresarial que ha tenido la región en los últimos años, con una importante atracción de nuevas empresas, “Castilla-La Mancha sigue siendo una comunidad eminentemente emisora, tal y como viene sucediendo en los últimos años. De hecho, este perfil emisor, en lugar de descender, sigue aumentando”.

La responsable de Empleo del sindicato sostiene que todavía hay muchos profesionales que no encuentran posibilidades laborales en Castilla-La Mancha y que tienen que trasladarse a otros territorios, lo que supone una merma para la retención del talento.

Considera que, si bien Castilla-La Mancha está y siempre ha estado muy influenciada por el área de atracción que representa Madrid, “se deben hacer más esfuerzos por retener a nuestros trabajadores y trabajadoras y para mejorar las condiciones laborales en las empresas de la región”.

La brecha abierta entre Mónica García y los sindicatos médicos no hace más que ensancharse. Y los últimos pasos para tratar de resolver el conflicto no hacen sino agrandarla. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este miércoles, en el que Sanidad pretendía abordar con las comunidades autónomas algunas de las reivindicaciones de las organizaciones es un ejemplo. “La ministra está sola”, trasladaron con una sola voz los consejeros autonómicos que, si bien habían solicitado la reunión, optaron por no intervenir.

En su lugar, los y las responsables de sanidad de los diferentes territorios optaron por leer un acuerdo conjunto, en el que señalan a Sanidad como responsable del conflicto en torno al nuevo estatuto marco, que rechazan los médicos. “Es precisamente el contenido y la tramitación de esta norma lo que ha motivado la actual convocatoria de huelga de ámbito estatal, dirigida al Ministerio, tal y como evidencian tanto el origen de las reivindicaciones como el propio marco de interlocución de las organizaciones convocantes”, trasladaron.

El texto lo firmaron 16 comunidades —todas salvo Catalunya, que compartía los argumentos, pero evitó echar más leña al fuego— con gobiernos de todo signo. Desde el de la madrileña Isabel Díaz Ayuso, del PP; hasta los de los socialistas de Asturias, Adrián Barbón; Navarra, María Chivite; y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; pasando por el de Coalición Canaria, Fernando Clavijo; o el vasco.

Precisamente, fue el consejero del PNV, Alberto Martínez, el elegido como portavoz. Martínez ya había avanzado el día previo que las consejerías trabajaban en un documento conjunto que trasladaron a Sanidad durante la tarde. El anuncio lo hizo en una intervención en la que comprometió 70 millones de euros anuales del presupuesto autonómico para responder a algunas de las demandas del Sindicato Médico de Euskadi, como la reorganización de las guardias, la mejora de la retribución o el incremento de los complementos de productividad.

Tras la reunión de este miércoles, la ministra García se mostró contrariada con la posición de las comunidades ante la primera reforma del estatuto marco y las condiciones de los médicos en más de dos décadas: “No sé si tiene que ver con lo peor del statu quo o con lo de que el que pueda hacer que haga”. “Traíamos una serie de puntos que resuelven una gran parte de las reivindicaciones del comité de huelga y del colectivo médico, pero las comunidades han rechazado comprometerse. Podrían haber desbloqueado el conflicto asumiendo su parte de las competencias y han decidido no hacerlo y mirar para otro lado”, dijo en rueda de prensa.

Los acuerdos que Sanidad quería poner sobre la mesa, “para dotar de armonía” a todas las comunidades, pasaban por un límite a la jornada de guardia y su mejora retributiva, el establecimiento de la jornada ordinaria de 35 horas y la reducción progresiva de la jornada máxima semanal. “En su día nos dijeron que no eran competencia del estatuto marco y, toda vez que lo sacamos del estatuto marco y lo traemos al acuerdo del Consejo Interterritorial, es contradictorio que justo cuando vamos a hablar de esos acuerdos se nieguen y digan que no son su competencia”. “No pueden hacer de perro del hortelano, que ni resuelven ni dejan resolver”, ha espetado García sobre la actitud de unos consejeros que a la que no encuentra “explicación, a no ser que no quieran ver el fin del conflicto”.

El estatuto marco recoge unos mínimos que todas las comunidades deben asumir. Por ejemplo, el texto que pasó hace unos días por el Consejo de Ministros reduce el máximo de horas de guardia de 24 a 17 horas, reduce la jornada laboral máxima a 45 y establece oposiciones cada dos años. “Pero las consejerías pueden llegar a los acuerdos que quieran [a mejor]”, ha insistido García, que ha denunciado que los responsables autonómicos tampoco han querido hablar de la reducción progresiva de la jornada laboral máxima.

La retribución de las horas de guardia es uno de los temas más representativos. Según un informe del Sindicato Médico Andaluz, en 2023 había una diferencia de casi 10 euros por hora en un día laborable, de más de 11 en festivo y de hasta 38 euros en jornada especial entre las comunidades que menos y más pagaban.

El principal frente abierto está con los sindicatos médicos, que no están conformes con la negociación entre Sanidad y las organizaciones del ámbito. El leitmotiv de su reivindicación es que no están representados en esa mesa, donde se negocia las condiciones de todos los trabajadores del sector, donde los médicos solo representan en torno al 20%.

Este miércoles, el comité de huelga respondió públicamente a una carta que el Ministerio le había trasladado el día anterior —y que no había hecho pública entonces—, para criticar que “ni la ministra, ni sus representantes en la mesa de negociación han mostrado la menor confianza en el diálogo como vía de solucionar el conflicto”. “Por el contrario, han insistido en presentarnos soluciones jurídicamente inviables y en confundir a la opinión pública con comunicados tendenciosos e inexactos, haciendo recaer sobre nosotros la responsabilidad del conflicto”.

En el comunicado, señalan que es “falso” que el estatuto marco recojan sus reivindicaciones; que es “discriminatorio” que solo los facultativos estén “obligados a hacer horas extra pagadas por debajo de la hora ordinaria”; que no se ha modificado la clasificación profesional; o que es falso que la creación de una mesa de negociación específica esté en manos de las comunidades autónomas.

García ha insistido este miércoles en ese punto. “La creación de mesas específicas de negociación del colectivo médico es algo que recoge el Estatuto Básico del Empleado Público y que las comunidades pueden hacer desde hoy mismo amparándose en el artículo 39.4, como se ha hecho en otras categorías y áreas”, ha dicho. Ese punto establece que “el establecimiento de las unidades electorales se regulará por el Estado y por cada Comunidad Autónoma dentro del ámbito de sus competencias legislativas”.

Ante este panorama, los sindicatos médicos mantienen la huelga prevista para la próxima semana —la quinta en lo que va de año—, con los puentes rotos con Sanidad. “La persistencia de la convocatoria evidencia que el problema de fondo continúa abierto y que no se ha alcanzado el necesario consenso con el colectivo médico. Esta situación hace imprescindible reabrir con urgencia un proceso de diálogo real, efectivo y constructivo”, consideran desde las comunidades.

Un nuevo diálogo que ha puesto en alerta a los sindicatos de la mesa del ámbito, que han enviado a su vez una acrta a las consejerías advirtiéndoles de que es en esos espacios donde se abordan las condiciones laborales de los profesionales. En concreto, les han pedido no “desplazar de facto la negociación colectiva hacia espacios distintos de los legalmente previstos” ni “crear precedentes que debiliten los mecanismos ordinarios de participación y negociación colectiva”. Una posición que suma un nuevo quebradero de cabeza a un conflicto ya de por si complejo.

La Ministra, por su parte, sigue convencida de sacar adelante un estatuto, el primero en 23 años, que considera “la primera piedra para acabar con la precariedad y la inestabilidad” de los médicos: “No vamos a renunciar, porque me parecería una traición a los profesionales”.

“La ministra se ha quedado sola”. El consejero vasco de sanidad, Alberto Martínez, ha tomado la palabra en nombre de todas las comunidades para avanzar una posición conjunta de cara a la reunión del Consejo Interterritorial que se celebra este miércoles. A las puertas de la sede ministerial, Martínez ha afirmado la disposición de los gobiernos autonómicos a “tender la mano al Ministerio para retomar la relación” con Mónica García para, a renglón seguido, avanzar que no intervendrán en ninguno de los puntos del día previstos para este encuentro.

Todas las consejerías, salvo Catalunya, han firmado un documento que leerán al inicio de la reunión. Será su única aportación a un Consejo en el que estaba previsto abordar cuestiones como el límite máximo de jornada ordinaria de 35 horas, la retribución de la hora de guardia, la creación de mesas específicas de negociación o la clasificación profesional.

Las consejerías justifican su decisión en que el estatuto marco contra el que se levantan los médicos es “una norma básica de carácter estatal, cuya aprobación, modificación y desarrollo corresponde en exclusiva al Ministerio de Sanidad, en virtud de las competencias que le atribuye el ordenamiento jurídico”. Y son las comunidades autónomas, dicen, “como responsables de la organización y prestación de la asistencia sanitaria”, quienes están “asumiendo las consecuencias asistenciales y organizativas derivadas de un conflicto cuya raíz no se sitúa” en su “ámbito competencial”.

En el documento, que han leído en la reunión con Sanidad, exigen al Ministerio que reabra “con urgencia un proceso de diálogo, real, efectivo y constructivo” e impulse, “con carácter inmediato, medidas estructurales y sostenidas en el tiempo”.

“Al terminar la lectura y la explicación” del documento, señaló Martínez a la prensa, “daremos por terminada nuestra intervención”. El consejero vasco ha aclarado, no obstante, que no se levantarán de la mesa, aunque no realizarán más aportaciones.

Navarra ha hecho un apunte al documento, en el que hace constar que “puesto que todos sus profesionales son funcionarios del Gobierno de Navarra, el estatuto marco afecta tan solo en cuestiones relativas a la jornada, siendo las soluciones a la mayoría de las reivindicaciones del colectivo médico competencia de la propia comunidad, no estatal salvo en el caso de los médicos en formación, de manera diferenciada al resto de las comunidades”.

Desde el departament de Salud catalán aclaran que “el hecho de no adherirse a este texto no implica desacuerdo con su contenido”. “Compartimos buena parte de las reflexiones que en él se expresan, pero no compartimos iniciativas que puedan profundizar en el actual contexto de conflictividad”, apuntan.

El conflicto entre Sanidad y los sindicatos médicos se prolonga ya durante meses. De hecho, las organizaciones sindicales establecieron en enero un calendario de huelgas de una semana al mes, al menos hasta junio. La última prevista está convocada para el próximo lunes. “La responsabilidad de su resolución sigue estando exclusivamente en manos de las administraciones, por lo que mientras no lleguen propuestas serias para desbloquearlo, el colectivo médico mantendrá la movilización y responderá con la unidad, firmeza y determinación con las que lo ha hecho hasta ahora”, señalaban desde el Comité de Huelga en un comunicado la semana pasada.

Aunque el foco está puesto en la ministra, en varias comunidades los sindicatos han mantenido huelgas autonómicas, también frente a sus propias consejerías. Es el caso de la Comunitat Valenciana, Madrid o Aragón, donde algunos especialistas han renunciado a hacer 'peonadas', las horas extra con las que se rebajan las listas de espera.

García ha hecho referencia este martes al encuentro con las consejerías de sanidad. “Pondremos encima de la mesa aquellas reivindicaciones que no son de nuestra competencia”, insistió durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Entre ellas, enumeró “las retribuciones de la hora de guardia”, “la disminución más allá de los límites que hemos puesto en el estatuto marco de las guardias” , la puesta en marcha de ,esas de partición de decisión que sean exclusivamente médicas“ o la implantación de las ”35 horas de jornada laboral“.

“Lo que trae el estatuto marco son límites al abuso de aquellos que ejercen las competencias en materia de sanidad, que están transferidas desde el año 2002”, ha hecho hincapié la ministra: “Eso significa que la gestión, la planificación, los recursos humanos, las plantillas y el abordaje de las mejoras de las condiciones laborales son competencia de las comunidades autónomas”.

Por su parte, los sindicatos Satse, Comisiones Obreras, UGT y CSIF han enviado sendas misivas a las consejerías recordando que los asuntos que pretenden abordar “forman parte del ámbito propio de la negociación colectiva”. Es ese ámbito, en el que estas organizaciones están presentes, donde Sanidad pactó el nuevo estatuto marco.

En ese sentido, estos sindicatos muestran su “preocupación” porque los acuerdos que puedan adoptarse en el marco del Consejo Interterritorial, lleguen a “alterar o condicionar procesos de negociación ya iniciados o en curso en el Ámbito de Negociación”, “desplazar de facto la negociación colectiva hacia espacios distintos de los legalmente previstos”, “generar desequilibrios o respuestas parciales dirigidas exclusivamente a determinados colectivos profesionales” y “crear precedentes que debiliten los mecanismos ordinarios de participación y negociación colectiva”.

Los sindicatos del ámbito solicitan a las consejerías que cualquier asunto del orden del día que afecte a las condiciones laborales, clasificación profesional, jornada, retribuciones, organización del trabajo o estructuras de negociación “respete plenamente” el “espacio legítimo de negociación colectiva”. Además, piden que las comunidades, “como administraciones empleadoras y responsables de la gestión de los servicios sanitarios, participen activamente en el fortalecimiento de los espacios de negociación colectiva y diálogo social”.

Mientras todos los ojos estarán puestos este lunes en la primera visita del papa León XIV a España y en el primer discurso de un pontífice ante el Congreso de los Diputados, parte de la plantilla de una de las instituciones más relevantes del país, la Agencia Tributaria, estará en huelga. Por segunda vez en siete meses, y en plena Campaña de la Renta 2025, inspectores, técnicos y el resto de los 28.000 trabajadores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) están llamados a parar.

La huelga de este lunes, convocada por el sindicato CSIF, se produce tras varios paros de una hora que han tenido lugar en las últimas semanas y en pleno hartazgo de la plantilla por la falta de desarrollo del plan de carrera profesional al que tienen derecho sus trabajadores, un hecho en el que coinciden todas las fuentes sindicales consultadas.

“Es un problema de voluntad política”, resume, al teléfono, el portavoz de CSIF en la Agencia Tributaria, Pablo Burgos. Desde 2019 no se aplica el acuerdo de la carrera profesional, firmado en 2007, y que implicaría ascensos en responsabilidad a una plantilla que, según cifras sindicales, ha experimentado un 30% de jubilaciones desde 2019. En una escala de 0 (entrada) a 6 (más experimentado), la gran mayoría de los técnicos y agentes se encuentran en la parte más baja, lo que impide que adquieran responsabilidad y perjudica, dice Burgos, a la actividad de la Agencia. Porque quienes se retiran son los más especializados.

“En el año 2022 ya iniciamos un conflicto con todas las organizaciones sindicales y, al final, llegamos a un acuerdo con el compromiso de que se sacaría adelante el desarrollo de la carrera profesional. Pero se incumplió. Volvimos a otro conflicto en 2024, que finalizó con un compromiso por parte de la directora general de la Agencia Tributaria en el que se comprometía a hacerlo. Estamos a junio de 2026 y no hay absolutamente nada”, se lamenta.

Segundo conflicto en menos de un año

CSIF es el cuarto sindicato en la Agencia Tributaria y cuenta con un 15% de la representatividad. Pero esta huelga llega apenas medio año después de otra, convocada por el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, que en esta ocasión no se ha sumado a las movilizaciones.

“Los Técnicos ya advertimos en 2025, con nuestras concentraciones y nuestra huelga, que bajo la aparente normalidad de la AEAT se estaba acumulando un profundo malestar fruto de problemas estructurales que llevan años sin abordarse, entre ellos la congelación de la carrera profesional y el progresivo deterioro de la estructura de la organización”, detalla el presidente del sindicato, Javier Gómez Vergel, a elDiario.es.

Esas tensiones estructurales suman presión a unos equipos cada vez más descontentos y en Gestha hablan de “abandono” y un “deterioro de la estructura y de las expectativas profesionales” de sus funcionarios.

El responsable de UGT Servicios Públicos en la AEAT, Antonio García Soto, coincide en el diagnóstico, pero apunta que apoyan movilizaciones por parte de la plantilla siempre y cuando sea consensuada por todas las centrales representadas en la Agencia. 

Los sindicatos creen que el problema ya se sitúa por encima de la directora general de la AEAT, Soledad Fernández. La propia responsable lo señaló durante la rueda de prensa de presentación de la campaña de la Renta de 2025, cuando reconoció que había medidas pendientes de ejecutar “ajenas a su equipo directivo y que no se están haciendo”.

“La Agencia Tributaria tiene intención, pero es un problema de voluntad política en el sentido de que no le dan las herramientas ni las disposiciones reglamentarias para articular todos los mecanismos necesarios”, señala Burgos, de CSIF, apuntando directamente a los pasillos del Ministerio de Hacienda. El número dos del departamento, Jesús Gascón, ejerce la presidencia de la Agencia y, antes de eso, fue su director general.

CSIF, además del desarrollo profesional, reclama la regulación del teletrabajo en el organismo y el reconocimiento de profesión de riesgo para los compañeros de Vigilancia Aduanera, que ejercen un papel fundamental en la lucha contra el narcotráfico.

Fuentes de la dirección de la Agencia Tributaria apuntan que, a pesar del “reducido seguimiento” de los paros parciales convocados por CSIF, la directiva es “consciente de la existencia de una problemática que afecta a la plantilla”. Pero recuerdan que el acuerdo de carrera profesional, firmado en 2007, lo hizo en “un contexto social y jurídico muy distinto al actual” y que, desde entonces, se han llevado a cabo “esfuerzos” para tratar de solventarlo en el margen de sus competencias. “Sin descartar la aprobación de normas en el ámbito correspondiente que permitan alcanzar una solución adecuada”, subrayan.

El reciente revés judicial al fisco por parte de la justicia a cuenta del ‘caso Shakira’ ya caldeó el ambiente, con los inspectores de Hacienda emitiendo una nota en reivindicación de su trabajo. El paro, de 24 horas desde la medianoche del lunes, es un episodio más. Aunque en Madrid, visita del Papa mediante, el foco estará en otro lado.

“Cada función que usted escucha en el Teatro Real exige años de formación, preparación constante y un altísimo nivel artístico y profesional. Sin embargo, quienes formamos el Coro Titular llevamos más de 16 años sufriendo una pérdida continuada de poder adquisitivo”. Con este mensaje han recibido los integrantes del Coro del Teatro Real al público en los estrenos de las últimas semanas, como parte de su protesta por la parálisis salarial que sufren desde hace más de quince años.

También denuncian que perciben alrededor de 20.000 euros anuales menos que sus homólogos de otros grandes teatros como el Liceu de Barcelona. “Estamos cobrando practicamente lo mismo que en 2010”, aseguran a este periódico.

El conflicto del coro con el Teatro Real viene de lejos. En 2019 la institución operística fue multada con 50.000 euros por la Dirección de Trabajo de la Comunidad de Madrid por cesión ilegal. Los cantantes del Coro están contratados por la Asociación Intermezzo pero son el coro titular y estable de las producciones del Teatro Real. De las 19 obras previstas para la presente temporada, participan en un total de diez.

Ya en 2023 comenzaron con una convocatoria de paros parciales y huelgas para denunciar una situación laboral “muy precaria”, “cláusulas abusivas” en los contratos y la falta de un convenio propio. Tres años después, los integrantes del Coro vuelven a hacer público el “profundo malestar” que atraviesa la plantilla tras más de 16 años de pérdida progresiva de poder adquisitivo.

El Comité de Empresa de la Asociación Intermezzo Programaciones Musicales señala que aunque el contrato entre la compañía y el Teatro Real contempla mecanismos de revisión económica vinculado al índice de precios de consumo (IPC), dichas actualizaciones “no se han traducido de forma efectiva” en los salarios del coro, “consolidando una congelación salarial de facto durante casi dos décadas”.

Este Coro es el responsable de actuar en todas aquellas funciones que lo precisan por las características de los espectáulos que se programan en el Real. Los cantantes tienen contratos indefinidos que incluyen una cláusula de exclusividad. “No podríamos cantar ni en una boda, nos debemos en exclusiva al Real”, aclaran sobre un modelo de subcontratación poco frecuente en los grandes escenarios a nivel mundial, “en un teatro de referencia de estas magnitudes, solo está el Real. Londres, Nueva York o el propio Liceu tienen su propio coro”. No obstante, sostiene que estar subcontratados “no debería ser” un problema, “salvo si deriva en estas condiciones laborales”.

Otra de las acciones impulsadas por el Comité ha sido la confección de camisetas con el mensaje “subida salarial ya”. “Excelentes críticas, sueldos low cost” y “16 años perdiendo poder adquisitivo” son otras de las frases con las que están protestando por sus condiciones laborales.

Este periódico se ha puesto en contacto con la Asociación Intermezzo, la empresa externa a la que pertenece el Coro, desde donde afirman que están “actualmente en un proceso de negociación del convenio colectivo” y añaden que “solo” responderán a cuestiones relativas a su “actividad artística”. Desde el Teatro Real confirman estar en las citadas “negociaciones”, y que su voluntad es que tengan como resultado “la mejora de las condiciones de los cantantes en lo que se refiere a su actividad” en la institución.

La fuga de talentos a otros coros

El Comité de Empresa de la Asociación Intermezzo incide en que esta situación de precariedad está generando un “importante desequilibrio” respecto a otros teatros líricos de referencia de España, ya que como indican, los miembros del coro “perciben aproximadamente 20.000 euros anuales menos” que sus homólogos en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona o Les Arts de Valencia, pese a que el Real cuenta con mayor presupuesto público-privado. El organismo advierte de que esta diferencia resulta “incompatible” con el nivel de excelencia artística y exigencia profesional que requiere una institución cultural de referencia internacional.

“Mucha gente se ha tenido que ir por las condiciones laborales y económicas. Si sale una plaza en otro coro donde se cobra más, muchos se están yendo”, lamentan desde el Coro: “Queremos frenar la fuga de talentos a otros sitios”. También por la pérdida de atractivo que supone para la propia formación ir perdiendo valiosos integrantes.

“La situación de los artistas del coro y nuestra paciencia ha llegado a un límite”, comunican a elDiario.es. “Llevan dos años toreándonos con esto, ha llegado un punto en el que de tantas largas nos hemos cansado”, aseguran y avanzan que, en caso de no llegar a un acuerdo, “no descartan la huelga”. “Se votó en el colectivo y hubo un 94% de votos a favor de iniciar movilizaciones mayores”, señalan. Los trabajadores “subrayan que no reclaman privilegios, sino dignidad profesional y unas condiciones compatibles con el nivel artístico y la estabilidad que exige un proyecto como el Teatro Real”.

Dispuestos a seguir luchando por la mejora de sus condiciones, el Comité ha acudido igualmente al Ministerio de Cultura, al que solicitaron una reunión el pasado 25 de mayo, pero todavía no han obtenido respuesta. Este periódico se ha puesto en contacto con el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), desde donde prefieren no hacer ninguna valoración.

La Asociación Retail Textil España (ARTE) y las organizaciones sindicales CCOO y Fetico han alcanzado un acuerdo sobre el texto definitivo del que será el primer Convenio Colectivo Estatal de Grandes Cadenas del Comercio Textil.

El acuerdo, que Fetico ha calificado de “hito histórico en la negociación colectiva en España”, fue alcanzado en la noche de este miércoles tras una larga jornada de conversaciones y más de dos años de negociaciones.

Según han informado las organizaciones sindicales en sendos comunicados, este convenio consolida y mejora las condiciones laborales de más de 120.000 empleados en toda España en un sector que hasta ahora estaba fragmentado en decenas de convenios provinciales.

En este sentido, CCOO ha destacado que se trata de un marco que “asegura el mantenimiento de garantías clave de los marcos provinciales, unifica condiciones e introduce mejoras sustanciales en materias como la jornada, la conciliación y las retribuciones”.

El sindicato presentará este jueves en un encuentro informativo en su sede nacional los principales contenidos del acuerdo, su alcance laboral y las mejoras incorporadas para las personas trabajadoras del sector.

Por su parte, ARTE -integrada por Inditex, Mango, Primark y H&M, entre otras firmas de moda- ha destacado que se trata de “un paso muy relevante para el sector”, que sienta “las bases para la firma del convenio en los próximos días”.

Para la patronal textil, este acuerdo “permitirá dotar por primera vez a las grandes cadenas del comercio de moda de un marco estatal homogéneo, moderno y estable, adaptado a la realidad actual del sector y a sus retos de futuro.

Vacaciones, tablas salariales y contratación

Entre otras medidas, el acuerdo incluye la reducción progresiva de la jornada anual, estableciéndose en 1.770 horas para 2026, 1.760 horas para 2027 y 1.740 horas para 2028.

En relación a los salarios, establece tablas salariales según el grupo profesional y, para los años 2027 y 2028, se ha pactado un incremento salarial del 3% anual, con una cláusula de revisión adicional del 1% si la inflación supera el 3%. Asimismo, el “Plus Ad Personam” subirá un 4% para quienes no tengan incremento salarial en 2026.

Asimismo, se garantizan ocho fines de semanas libres en 2026, 10 en 2017 y 11 en 2028, con al menos uno al trimestre. Para el descanso semanal, se establecerán dos días de descanso para centros de más de seis personas. Para el resto de centros, será de un día y medio, disfrutando de tres días consecutivos si la prestación de servicios es continuada durante ocho días.

También se establece un periodo de 31 días de vacaciones anuales y se garantiza la posibilidad de disfrutar de 21 de estos días en el turno de verano (del 1 de junio al 30 de septiembre).

El contrato indefinido, prioritario

Por otro lado, en cuanto a la contratación, el acuerdo “aborda la precariedad limitando el uso de contratos temporales y modelos de contratación precarios y garantiza mínimos de prestación”, según ha explicado CCOO en un comunicado.

Por su parte, Fetico ha subrayado que el pacto alcanzado regula “estrictamente” la parcialidad no deseada y fija un mínimo de 24 horas semanales para los contratos a tiempo parcial, eliminando prácticas de parcialidad abusiva.

Además, se fortalecen las horas complementarias, permitiendo a los trabajadores consolidarlas como jornada estructural si así lo desean, promoviendo previsibilidad y estabilidad laboral.

El convenio priorizará el contrato indefinido como norma general e incluye modalidades de tiempo completo, tiempo parcial y fijo discontinuo, con regulaciones más garantistas para evitar precariedad encubierta.

En el caso de los fijos discontinuos, se ha decidido que deberán tener un mínimo de 180 días de llamamiento al año, de los cuales al menos 90 serán consecutivos. Además, los llamamientos adicionales deben organizarse con un aviso mínimo de 15 días consecutivos, evitando que el empleo se fragmente en días sueltos sin continuidad.

“Este enfoque consolida el principio de empleo estable y de calidad, alineado con los estándares europeos de protección laboral, y asegura que todos los trabajadores puedan planificar su vida personal y profesional con mayor seguridad”, resaltan desde Fetico.

Además, se mantiene y amplía la regulación de descansos retribuidos, así como el trabajo en domingos, que tendrá un plus de 55 euros y festivos, que tendrá un plus de 80 euros.

“Este acuerdo unifica y simplifica la normativa sectorial, aporta seguridad jurídica, establece límites claros a la jornada y a la parcialidad, y mejora la previsión de los horarios, consolidando derechos existentes y creando un marco laboral más equitativo y transparente”, han subrayado desde Fetico.

El grupo parlamentario del Partido Popular ha reconocido este martes en el Parlamento de Cantabria que “hay cosas por mejorar” en la financiación autonómica en atención de dependencia y en las condiciones de las trabajadoras del sector de ayuda a domicilio en Cantabria, comunidad gobernada por el PP.

Si bien ha reprochado al PRC que haya dibujado “un panorama desolador” que, a su juicio, no se corresponde con la realidad, ha apoyado la propuesta regionalista para aumentar la financiación y una mejora en las condiciones de las empleadas.

Todos los grupos del Parlamento de Cantabria (PP, PRC, PSOE y Vox) han unido este martes sus votos en el Pleno para demandar un aumento de la financiación autonómica del sistema de dependencia y una mejora de las condiciones salariales y ratios de personal en este sector y en el servicio de ayuda a domicilio.

El PP ha apoyado la iniciativa, pero ha señalado que hay cuestiones que se incluyen en la propuesta que están sujetas a la negociación colectiva de las trabajadoras de atención a domicilio, en las que el Gobierno “no puede interferir” ni “entrometerse” porque corresponde a la patronal y a los sindicatos. “Si son capaces estas partes negociadoras de elaborar un convenio mejor para los trabajadores, el Gobierno de Cantabria estará encantado de aplicarlo”, ha dicho.

En la iniciativa aprobada, impulsada por el PRC, que ha pactado cambios en el texto original con los otros dos grupos de la oposición, se reclama que las condiciones laborales de las trabajadoras de estos sectores se actualicen en base a “indicadores reales del coste de la vida”, eliminando actuales referencias al PIB en los convenios que impiden hacer efectivas estas mejoras.

Además, se insta al Gobierno del PP a elaborar pliegos de contratación que impidan de forma efectiva la adjudicación de contratos en baja temeraria “a costa de la retribución de las trabajadoras y la degradación del servicio” y se reclama la implementación de auditorias que, con carácter periódico, evalúen las condiciones laborales de los trabajadores.

Durante todo el debate han sido varios los portavoces que han puesto de relieve la “precariedad” que sufren los trabajadores de la dependencia y han insistido en la necesidad de “dignificación” de sus condiciones.

Silbatos, cacerolas, bocinas. Cánticos y soflamas. Rabia, emoción y hermandad. Todo eso ha cabido esta mañana entre las 15.000 personas, según la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), convocante de la manifestación, que han recorrido el centro de la capital en una protesta que ha logrado reunir trabajadoras de diversos puntos del país. Pronto han formado una gran marea amarilla, arropada por las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid, en huelga indefinida desde el pasado 7 de abril. Mantienen así un pulso contra todas las administraciones competentes. “Cuidamos y educamos a las criaturas más pequeñas. O mejora nuestra situación, o serán ellas las que se verán afectadas también”, ha comentado Rosa Marín.

Ella es una educadora infantil en una escuela del Ayuntamiento de Madrid, además de portavoz de la PLEI: “La manifestación de hoy supone otro hito histórico en nuestra lucha. Compañeras de toda España han querido mostrar su descontento, porque esto ya es inaguantable”. Alrededor de Marín, trabajadoras llegadas desde Castilla–La Mancha, La Rioja, Barcelona, Navarra, Andalucía, Canarias, Asturias, Galicia, Extremadura, Aragón, València y Castilla y León. Al unísono, cánticos como “aquí está, aquí se ve, la fuerza del 0-3” y “no cuidamos, educamos”.

Por el momento, los mayores avances de su lucha se han materializado en reuniones con el Ministerio de Educación y la Consejería madrileña. “El problema es que entran en juego muchas administraciones diferentes”, ha admitido la portavoz. La principal reivindicación que hacen a la cartera dirigida por Milagros Tolón se centra en las ratios: “Queremos unas ratios respetuosas con la infancia. Si las acepta el Ministerio, a las comunidades autónomas no les quedará otra que aplicarlas”.

En su batalla por que la educación de 0 a 3 años esté igualmente regulada que el resto de etapas educativas, la cuestión del número de niños y niñas por aula es fundamental. Según recalcan, lo único que piden es que las cifras sean las mismas que proponen desde la Unión Europea. Mientras que en la actualidad una educadora debe hacerse cargo de ocho bebés de 0 a 1 año, 14 de 1 a 2 años y 20 de 2 a 3 años, las recomendaciones reducen el número a cuatro, seis y ocho, respectivamente.

Otro gran escollo que intentan superar las educadoras infantiles es la falta de financiación, tanto para elevar sus salarios como para incrementar la contratación. “Lo ideal es trabajar con una pareja educativa, ser dos en el aula. Si estás haciendo alguna actividad y surge un imprevisto, como algún conflicto o tener que limpiar a algún niño, la clase no se para”, ha explicado Marín.

Conscientes de que las mejoras deben aprobarse en diferentes organismos hasta que se hagan realidad, las trabajadoras reclaman un plan de trabajo que, paulatinamente, colme sus exigencias. “Queremos que haya intención política, que se firmen los compromisos. Nos hemos reunido con la consejera madrileña siete semanas después de comenzar la huelga. Por el momento, vemos falta de voluntad”, ha denunciado la portavoz.

Juntas son más fuertes

El sol no daba tregua en la calle Atocha, donde algunas manifestantes lanzaban agua pulverizada al aire y otras buscaban la sombra de los árboles. Júlia Capdevila ha sido una de las activistas que ha llegado a la capital desde Barcelona, miembro de La Bressol en Lluita: “Es muy importante la unión en la lucha. Desde cada territorio, luchamos por lo mismo, la dignificación de la educación infantil”. En su caso concreto y según ha denunciado a elDiario.es esta trabajadora de una escuela pública del Ayuntamiento barcelonés, el Consistorio pretende estabilizar sus puestos de trabajo obligándoles a firmar media jornada.

Unos metros por delante de ella estaban África Martínez, Cristina Dorado y Sheila Domaica, llegadas desde La Rioja. “Ya era hora de que el ciclo de 0 a 3 años saliera a la calle”, han expresado. Además, estas trabajadoras de una escuela infantil pública dependiente del Gobierno regional han señalado a la vocación como esa trampa que les hace “tragar con todo”. “Ya vale. Teníamos que salir a la calle y es lo que estamos haciendo”, han incidido.

Plan de acción para desconvocar la huelga

Manifestaciones como la de hoy, a la que según Delegación del Gobierno han acudido 7.000 personas, también sirven para explicar a la sociedad la labor que realizan las educadoras infantiles en su día a día. Son estas profesionales las que tienen un conocimiento profundo del desarrollo de la criatura, cómo fomentarlo, qué debería hacer y qué no hace, cómo preparar el material para favorecer el juego libre. “Es un trabajo muy exigente a nivel físico y emocional. Si lo hacemos estresadas, desbordadas, ese será el ejemplo que absorban los pequeños, porque aprenden por imitación”, ha añadido la portavoz de PLEI.

Asimismo, sostiene que esta huelga ha llevado “muchísimas horas” de preparación como para desconvocarla sin un reconocimiento explícito de sus necesidades y un plan de acción para atajarlas. “No nos bajamos de aquí a no ser que haya un compromiso político a corto y largo plazo. No se puede ser esenciales para una cosa y las grandes olvidadas y prescindibles para otras”, ha zanjado la propia Marín.

La solidaridad como arma

Camelia Galán es otra de las miles de personas que esta mañana se ha decantado por luchar por sus derechos, que son los de toda la sociedad. “Es imposible que dos manos puedan cuidar de 20 criaturas. Hay días que la realidad te desborda y te ves obligada a dejar de lado la calidad educativa”, ha admitido esta educadora de una escuela pública de la Comunidad de Madrid. Acompañada de Oliver, de ocho años, Galán ha exclamado que “estamos aquí para reivindicar una educación digna que el día de mañana les permita ser mejores personas”.

La fraternidad es una de las armas de la clase obrera que hoy también han enarbolado los estibadores del puerto de Avilés. Estos asturianos, acostumbrados a manifestaciones donde el ruido lo ponen petardos y tracas, han sacado varios botes de humo a lo largo de la marcha, lo que les ha granjeado un toque de atención por parte de la Policía. “Venimos de una huelga de 60 días y sabemos lo que revitaliza este apoyo entre luchas. Las educadoras están en la calle por una causa justa. Hay que defender su lucha si queremos una sociedad justa y equilibrada”, ha comentado Manuel Pravia, uno de estos estibadores.

“Gobierne quien gobierne, la infancia se defiende” y “menos ratio y más salario” han sido los cánticos con los que la cabecera ha colmado la Puerta del Sol. La marabunta de manifestantes ha hecho gala al nombre del kilómetro cero madrileño y luciera más amarillo que nunca. Poco antes de las 14.00 horas y a pesar del calor intenso que ha acompañado a la movilización, los ánimos de lucha y reivindicación seguían por las nubes. Tras la lectura del comunicado final, la céntrica plaza bullía de solidaridad y fuerza. Sus gargantas, sabedoras de participar de algo histórico, todavía guardaban algo de fuerza. Por la lucha que siempre se avecina.

UGT Servicios Públicos denuncia la situación que vienen soportando los profesionales del Centro de Salud de Nájera en el vestidor de pacientes de la sala de Rayos, la zona interior y la sala de espera de Rayos y Urgencias, donde se registran malos olores persistentes y presencia de insectos, con episodios que han llegado a provocar picaduras en el personal.

El origen del problema responde, a juicio de UGT, “a una obra mal ejecutada desde el inicio”. En concreto, según explican, la arqueta se encuentra aproximadamente medio metro por encima del nivel que debería, lo que provoca que las aguas residuales se queden acumuladas en su interior y generen de forma continuada condiciones insalubres, lo que ha favorecido que el problema vuelva a reproducirse y que continúe la aparición de moscas.

Aproximadamente cada mes se limpia la arqueta y se elimina los residuos acumulados. Sin embargo, en la última intervención, el mal sellado ha agravado el problema, pero no es la causa principal. Esta situación, además de los malos olores, “está generando un entorno inadecuado tanto para los pacientes que utilizan el vestuario antes de las pruebas radiológicas como para el personal sanitario que desarrolla su trabajo en la sala de Rayos”, advierte UGT.

Este problema ha sido trasladado al Comité de Seguridad y Salud por nuestro sindicato, sin que hasta el momento se haya dado una solución definitiva. Desde UGT lamentan que esta incidencia, “lejos de corregirse, se haya cronificado durante años, y que perjudica tanto a los pacientes que utilizan este vestidor como al personal sanitario que desarrolla su trabajo en la zona”.

Con la subida de las temperaturas, la situación se ha agravado notablemente, favoreciendo la proliferación de insectos en el vestidor. De hecho, han sido las propias trabajadoras las que han realizado fumigaciones puntuales con aerosoles para intentar paliar el problema, aunque sin actuar sobre su causa real. En este contexto, UGT advierte de que ya se han producido picaduras entre el personal del centro, lo que pone de manifiesto el impacto directo que esta situación está teniendo sobre la salud y la seguridad de los trabajadores.

UGT ha vuelto a trasladar este asunto a Salud Laboral, cuyos técnicos han visitado el centro en reiteradas ocasiones para evaluar el estado de la zona afectada sin dar ninguna solución hasta el momento. Por ello, creen imprescindible una intervención urgente y definitiva que permita eliminar el foco del problema, garantizando condiciones adecuadas de higiene, seguridad y salubridad en un centro sanitario público.

Una situación inadmisible para el PSOE La Rioja

También el PSOE de La Rioja se ha referido a los problemas en este centro de salud y reclaman al Gobierno regional una actuación “urgente e inmediata”. Esta situación, reiteran los socialsitas, “ha provocado picaduras entre el personal sanitario” y tildan de “inadmisible”.

El Gobierno regional tiene que actuar de manera inmediata para identificar y corregir definitivamente el origen de esta incidencia, acometiendo las obras y actuaciones técnicas necesarias para garantizar unas condiciones adecuadas de higiene, seguridad y salubridad en el Centro de Salud de Nájera. Asimismo, urge que haya total transparencia sobre las actuaciones realizadas hasta la fecha, los informes técnicos existentes y el calendario previsto para la resolución definitiva de un problema que nunca debería haberse prolongado durante tantos años en la sanidad pública riojana.

Las educadoras infantiles madrileñas se han concentrado esta mañana frente al ayuntamiento de Madrid tres semanas después de comenzar su huelga indefinida. Esta semana, exigieron al alcalde José Luis Martínez-Almeida una reunión para poder exigirle personalmente la paralización de las prórrogas de los contratos de las empresas que trabajan con estas escuelas infantiles, después de haberse reunido con el delegado del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández Sánchez, sin haber recibido soluciones. Fernández Sánchez explicó a la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) que las prórrogas de esos contratos ya “estaban todas formalizadas y tenían por tanto carácter irrevocable”, “cosa que no era cierta”, porque, según denuncian desde la PLEI, las autorizaciones de gastos para ello se realizaron incluso después de la reunión que mantuvieron con el delegado.

La lluvia y el día gris no han paralizado a las educadoras ni sus vestimentas amarillas. Mientras decenas de ellas, además de otras trabajadoras de escuelas infantiles y familias se han reunido frente al ayuntamiento, algunas pertenecientes a la PLEI han entrado a presenciar el Pleno municipal que se celebraba esta misma mañana del 29 de abril. En el exterior, pancartas donde se leía “0-3 no llega a fin de mes”, “No guardamos, educamos” o “No es vocación, es explotación”. En el interior, no solo las educadoras vestían camisetas amarillas, sino que miembros de la Asamblea, como Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, entre otros muchos, se han sumado a la causa con su atuendo.

Educadoras infantiles expulsadas del Pleno

Las educadoras fueron invitadas a la tribuna por miembros de la oposición municipal, en una jornada en la que se debatiría esa paralización de las prórrogas de los contratos que exigen, y las mejores condiciones laborales por las que llevan en huelga indefinida desde el pasado 7 de abril. La proposición defendida por la concejala socialista María Caso incluía también bajada de las ratios de niños por educadora y subida de salarios, con el fin de equipararse con los de las educadoras de otros ciclos. A día de hoy, algunas educadoras reciben mensualmente 1221 euros, lejos de los 1518 euros que corresponderían según convenio.

Durante su intervención, miembros de la Asamblea como Rita Maestre han defendido la lucha de las trabajadoras, mientras que José Fernández Sánchez ha querido “desmontar la proposición”, insistiendo en que “lo que proponen es imposible, y lo saben. Es ilegal en sus propios plazos. Por cierto, muy a lo sanchista. ¿Para qué presupuestos?”. Ante las palabras del delegado, las educadoras han reaccionado: “¡Sí se puede!”. Poco después, la Presidencia de la mesa solicitó la intervención de seguridad y las trabajadoras fueron desalojadas. “Esto es intolerable” ha dicho el presidente del Pleno, Borja Fanjul, “y que los grupos de la oposición estén aplaudiendo, les vuelve a retratar”. Nervioso, Fanjul ha llamado al orden incluso al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante la expulsión.

“Nos han escuchado un rato; han tardado en echarnos”, ha declarado una de las invitadas a la tribuna. A la salida, las compañeras las recibían con más cánticos, silbatos y cacerolas. “Vamos a aguantar. Hay que subir el tono de la presión”, insistían las portavoces del PLEI, que no se van a rendir hasta que consigan soluciones.

Después de tres semanas en huelga indefinida y concentrándose en distintos puntos de la capital, las educadoras confiesan estar agotadas al no estar consiguiendo respuestas por parte de las instituciones. “Pasamos más tiempo con los niños de la escuela que con nuestros propios hijos”, explicaba una de las presentes, que lamenta estar viviendo una situación como esta en un trabajo que es vocacional: “Podría estar trabajando de administrativa, cobrando más y con menos problemas, pero esta es mi vocación. Lo único que pedimos es poder ejercerla con dignidad”.

Agotadas física y emocionalmente

Las educadoras explican que se turnan para cubrir los servicios mínimos establecidos por ley durante las huelgas, y que esto está poniendo aún más en tensión la situación con las familias, que apoyaban la causa, pero empiezan a notar más nerviosos a unos niños que no quieren ir a la escuela, tras pasar tantas horas al día en unos centros que no funcionan como deberían. “Si antes era difícil atender a tantos niños, ahora lo es todavía más”, subrayan las educadoras.

Están agotadas física y emocionalmente, más aún desde que observan la poca transparencia institucional y cómo el Gobierno madrileño gira la cara. “Cada día somos menos en las concentraciones porque la gente está agotada, también mentalmente”, lamenta una de las presentes. Algunas familias han acudido con sus carritos y los más pequeños para apoyarlas. “Estamos al cuidado diario de sus hijos. Lo que pedimos afecta a la calidad educativa y al bienestar de los niños”, defiende una educadora.

Las trabajadoras de las escuelas infantiles de la capital no entienden que ni el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ni la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparta su visión ni empatice con ellas, cuando se trata de la educación de los niños en una etapa fundamental de sus vidas. “Que pongan cámaras en las aulas Almeida y Ayuso, para que vean lo que vivimos cada día”, decía una de las compañeras, que enseñaba las marcas de los mordiscos en el brazo provocadas por un niño con necesidades especiales durante una jornada laboral. “En el mismo momento tengo que recoger una mierda, que evitar que dos niños se peguen y otra se escape por la puerta, más vigilar a todos los demás que gritan y perturban la tranquilidad de dos niños con TEA”, añade, “he tenido que poner pestillos”.

Las educadoras infantiles tienen claro que no es el momento de bajar la intensidad de las concentraciones y seguirán insistiendo a las instituciones competentes que la situación cambie. Esta misma tarde se concentran en la Puerta del Sol para reclamar estas mejoras y paralizar las prórrogas de estos contratos.

La Audiencia Provincial de Balears ha confirmado la condena de prisión (un año y nueve meses) impuesta a un empresario por su responsabilidad en el accidente que sufrió uno de sus trabajadores -que estaba sin contrato- al ordenarle desinfectar un aljibe de ocho metros de profundidad en un hotel de Palma sin arnés, línea de vida ni equipos de protección adecuados. La sentencia lanza un mensaje claro: el empresario es el garante último de la seguridad laboral, incluso frente a posibles errores o imprudencias de sus empleados, y los incumplimientos en materia de seguridad laboral no son solo sancionables administrativamente, sino que pueden constituir delito.

La resolución declara probado que el acusado, en su calidad de administrador de la empresa de limpieza Illes Control, incurrió en una grave negligencia al instar al empleado, el 21 de junio de 2021, a descender al depósito mientras otro de los trabajadores grababa la maniobra, ausentándose el gerente del lugar a pesar de que su presencia era obligatoria por tratarse de un espacio confinado.

La operación se realizó con una precariedad de medios, utilizando una escalera enrollable sin fijación y sustituyendo los sistemas de seguridad reglamentarios por una cuerda atada entre los cinturones de ambos trabajadores, sin arneses, líneas de vida ni equipos de protección adecuados. Durante el procedimiento, el trabajador perdió el pie y cayó en una primera ocasión, lesionándose el brazo, y posteriormente volvió a precipitarse de espaldas desde una altura superior a los dos metros al intentar salir del aljibe debido al dolor y a la falta de un sistema de frenado o anclaje independiente.

Como consecuencia, la víctima sufrió diversas contusiones que requirieron 93 días de tratamiento médico y rehabilitador. La resolución concluye que el acusado no garantizó la seguridad de sus empleados al no proporcionar formación, instrucciones ni los equipos de protección individual necesarios, creando “un grave riesgo para la vida e integridad física del trabajador accidentado y del otro trabajador” al obligarles a utilizar métodos de contrapeso manual totalmente inseguros.

Durante el proceso judicial, el gerente alegó que no fue él quien ordenó al trabajador bajar, que sí existían medidas de seguridad e incluso que, en todo caso, la responsabilidad era del propio empleado al sostener que, si éste no utilizó guantes, fue por decisión propia.

La Audiencia rechaza estos argumentos amparándose en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador y señala que, para su adopción, deben tenerse en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas. Asimismo, recuerda una de las sentencias del Tribunal Supremo en la que se señala “el deber de cuidado” que los responsables de la empresa asumen “en cuanto garantes de la indemnidad del trabajador, no sólo en su actuación ordinaria sino incluso cuando ésta llega a ser descuidada por la confianza y la rutina”.

El empresario, consciente del peligro

El tribunal introduce, en este sentido, una idea clave: el empresario no puede escudarse en la conducta del trabajador cuando no ha puesto los medios necesarios para evitar el riesgo. Por ello, descarta que se trate de una simple imprudencia: los magistrados concluyen que el empresario actuó con dolo eventual, es decir, que era consciente del peligro extremo de la situación y aun así permitió que el trabajo se realizara.

La resolución judicial confirma así la sentencia de instancia al considerar acreditado que el acusado es responsable de un delito contra la seguridad de los trabajadores. Tras analizar las versiones contradictorias, la Sala determina que existe una base lógica y racional para concluir que el empresario no cumplió con sus deberes básicos de prevención, omitiendo tanto la formación técnica como la información sobre los riesgos específicos del puesto a sus empleados.

La prueba de cargo, sustentada principalmente en el testimonio coherente de la víctima y en el informe de Inspección de Trabajo, revela deficiencias de seguridad críticas. Entre ellas destaca la ausencia de un recurso preventivo durante la operación en el aljibe, la falta de puntos de anclaje seguros para las escaleras y el suministro de equipos de protección individual totalmente insuficientes e inadecuados, ya que solo se facilitaron elementos básicos como botas y casco, pero no arneses anticaída ni las líneas de vida necesarias para trabajos en altura.

Finalmente, el tribunal subraya la gravedad de la situación al constatar que uno de los operarios carecía incluso de contrato laboral. Al considerar que el relato de los hechos probados se ajusta estrictamente a la prueba practicada en el juicio oral, se desestima el recurso del acusado y se ratifica íntegramente la condena original por haber puesto en riesgo la vida y la integridad física de sus trabajadores.

Además de la pena de prisión, el condenado deberá indemnizar al trabajador con más de 5.000 euros, cantidad incrementada en un 20% por tratarse de un accidente laboral, además de intereses. La aseguradora de la empresa ya había consignado la cantidad.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La plantilla de Bomberos de Bizkaia, compuesta por cerca de 400 trabajadores, ha salido a la calle este miércoles para denunciar, frente a la Diputación de Bizkaia, sus condiciones laborales, exigir subidas salariales y mejoras en el ámbito de la seguridad. “La valoración de nuestro puesto de trabajo no se da desde el 2001, queremos que a los puestos de mando se acceda mediante promoción interna y no por turno libre, y exigimos que se tomen en serio nuestra salud. La OMS ha reconocido en el año 2023 que la profesión de bombero puede ser cancerígena y queremos un plan de descontaminación serio y con inversión”, ha detallado durante la protesta Javier Salazar, portavoz de la plantilla, quien también ha solicitado que la brecha salarial entre los bomberos, cabos y altos cargos desaparezca.

La protesta de este miércoles, la cuarta que llevan a cabo los Bomberos de Bizkaia, ha sido convocada por CCOO, UGT, LAB y CNT. El objetivo de la concentración, según han detallado los trabajadores, es la reivindicación de cuestiones que consideran “imprescindibles” para una correcta ejecución de sus funciones: un convenio en el que, al igual que en los de la Comunidad de Madrid y la Generalitat Catalana, se reconozcan los factores reductores por nocturnidad y descanso diario, así como el número de festivos calendarizados; y reconozcan y cuantifiquen las indemnizaciones por enfermedades profesionales específicas de bomberos, reconocidas por la OMS. Además, solicitan que mediante comisiones y grupos de trabajo puedan participar en la confección de los pliegos para las licitaciones de los concursos en la compra de equipos de trabajo que luego usan los bomberos.

De mismo modo, han reclamado participar en la confección de los procedimientos de trabajo que luego llevan a cabo, donde se prime la seguridad y la salud en el trabajo “sin escatimar en medios ni en recursos”, que se haga una nueva valoración del puesto y se actualicen los complementos de destino a la nueva categoría para romper la brecha salarial dentro del servicio, y que se desarrolle una carrera profesional “real”.

Por su parte, desde el sindicato ELA, que se ha quedado fuera de la convocatoria, han solicitado la recuperación de la pérdida de poder adquisitivo de la plantilla, que sitúa en un 9%, así como el reconocimiento de la deuda acumulada desde 2021 y el compromiso para su restitución. “Es imprescindible actualizar los complementos salariales y los descansos compensatorios para adaptarlos a la realidad actual”, ha apuntado el sindicato en un comunicado, en el que ha indicado que en relación a la valoración de puestos de trabajo, apuesta por desarrollar plenamente la Ley de Bomberos, “dando continuidad al trabajo ya realizado y cerrando así el proceso iniciado”. También ha defendido la necesidad de impulsar la carrera profesional horizontal como una vía de desarrollo para el conjunto del personal de la Diputación Foral de Bizkaia y el IFAS. En materia de organización del trabajo, ELA plantea la reducción de la jornada anual hasta las 32 horas semanales y la implantación de medidas efectivas de conciliación, “considerándolas claves para mejorar las condiciones laborales de la plantilla”.

Marcos e Ina llevan 16 y 25 años respectivamente trabajando como bomberos en Bizkaia. Ambos coinciden en que con el paso de los años sus funciones han ido cambiando, pero no sus salarios ni la consideración de su trabajo. “Nuestras funciones en los últimos 15 años han aumentado, al igual que la inflación, pero nuestros salarios siguen igual. Necesitamos una inversión en seguridad y protocolos para la descontaminación. Está en juego nuestra salud y la de nuestra familia”, explica Marcos a este periódico.

“Desde que entré en el cuerpo de bomberos, hace 16 años, han cambiado muchas de nuestras funciones. Las cotidianas como incendios o accidentes de coches siguen estando, pero ahora tenemos actuaciones por incendios de coches eléctricos en garajes, rescates en montes que antes no hacíamos y no se tiene en cuenta. Exigimos a la Diputación que realice unas propuestas concretas de mejora porque lo consideramos necesario para la plantilla”, defiende el bombero.

Ina reconoce que su trabajo ha cambiado completamente desde que comenzó como bombero. “El catálogo de intervenciones que hacíamos hace 25 años y el que hacemos ahora no tiene nada que ver. Se ha investigado mucho y hemos conocido mucho sobre las enfermedades y los riesgos a los que nos enfrentamos. Cuando yo entré había bomberos que no entraban a los incendios con equipos autónomos, gente de la vieja escuela. Ahora somos mucho más conscientes de los riesgos y las nuevas tecnologías también nos afectan, los vehículos eléctricos, los dispositivos eléctricos... A todo eso nos enfrentamos con las mismas condiciones de hace 25 años”, detalla.

A pesar de ello, considera que reciben una buena formación, pero que el trabajo que realizan “no está reconocido”. “La última valoración del puesto de trabajo que se ha realizado fue en 2001, hace 25 años y es algo objetivo que no hacemos las mismas cosas. A nosotros nos parece bien que en nuestro servicio otros trabajadores tengan buenas condiciones pero lo que no es de recibo es que las personas que estamos al pie del cañón somos las que peores condiciones tenemos con diferencia. Ganan muchísimo más dinero las personas que atienden al teléfono y a la emisora que quienes nos enfrentamos al fuego y a los riesgos de los incendios o accidentes”, lamenta Ina, quien reconoce que a pesar de la situación, los Bomberos de Bizkaia no dudan que desde la Diputación de Bizkaia escucharán sus peticiones.