El secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, ha criticado que los presupuestos de Alfonso Fernández Mañueco para 2027 sean “barra libre para las empresas” con dinero público entregado “a fondo perdido”. En una rueda de prensa celebrada este viernes, Lobo ha calculado que casi el 20% de las ayudas directas que se recogen sirvan para apoyar la actividad empresarial.

Castilla y León tiene el quinto salario medio más bajo del país, por lo que Lobo ha calculado que esto supone una pérdida de 3.400 euros anuales respecto a la media nacional. El sindicalista ha tildado de“inaceptable” que “se riegue con dinero público a las empresas” mientras los salarios crecen por debajo de la inflación. “Crece la riqueza del conjunto de la comunidad, pero cobramos menos”, ha protestado.

Lobo, que ha negado que las cuentas planteadas por PP y Vox sean “buenas para los trabajadores” porque “no tienen en cuenta la realidad salarial y no resuelven ni corrigen la desigualdad salarial”. Por este motivo ha reclamado “ayudas directas a los trabajadores para mejorar los salarios igual que se le dan ayudas a fondo perdido a las empresas”. También ha pedido que las ayudas a las empresas se vinculen a la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores.

Óscar Lobo ha considerado que a los Presupuestos les falta “ambición” para afrontar el principal problema de Castilla y León: la despoblación y la marcha de personas en busca de “nuevas oportunidades”. “Esta comunidad necesita más gente y no vemos una política pública capaz de atraer y retener población”, ha afeado.

Vivienda

El secretario general autonómico de UGT ha considerado que no basta con las medidas planteadas por el Ejecutivo autonómico. “No es suficiente con las ayudas al alquiler, ni construir unas pocas viviendas, algunas de las cuales van al parque público”, ha manifestado Óscar Lobo, quien ha exigido el Ejecutivo de Mañueco que aplique la Ley de Vivienda y tope los precios del alquiler.

También ha rechazado que las rebajas impositivas se traduzcan en unos mejores servicios públicos y ha considerado que las rebajas a herencias y patrimonios “genera desigualdad”, mientras que las rebajas del tramo autonómico del IRPF se traduce en “unos pocos euros” para la mayoría de los trabajadores.

Lobo ha defendido la importancia del Diálogo Social como herramienta que “garantiza el progreso y la cohesión social” y ha pedido sentarse a negociar y “hablar de cómo se distribuye el dinero público” para “beneficiar al conjunto de los trabajadores”.

La Policia Nacional ha detingut a Palma un empresari com a presumpte autor de delictes contra els drets dels treballadors i de lesions a una dona contractada per fer tasques de manteniment i altres funcions a bord d'una embarcació. Segons ha informat aquest diumenge el cos policial, la treballadora va romandre quatre mesos al iot i, dels 17.500 euros que li corresponien per la feina feta, només en va cobrar 480.

La investigació, a càrrec del Grup I de la Unitat contra les Xarxes d'Immigració i Falsedats Documentals (UCRIF), es va iniciar arran de la denúncia presentada per la dona contra el seu ocupador. La víctima treballava com a marinera amb funcions d'hostessa en una embarcació en què l'empresari tenia contractat divers personal.

Segons el relat de la denunciant recollit per la Policia, durant els quatre mesos que va romandre a bord no va cobrar el salari i només va rebre petites quantitats de diners per cobrir les necessitats bàsiques. La dona va assegurar que les condicions laborals eren abusives i que alguns dies no aconseguia dormir més de quatre hores a causa de les tasques que li encomanaven constantment, moltes de les quals excedien les seves capacitats.

La treballadora també va denunciar que havia rebut un tracte degradant i que havia patit agressions físiques. Segons el seu testimoni, en algunes ocasions va arribar a passar gana i s'alimentava únicament de mig entrepà al dia perquè no hi havia més menjar disponible a l'embarcació.

Una intoxicació que va posar en risc la seva vida

A les condicions denunciades s'hi va afegir un episodi que, segons la Policia, va posar en greu perill la vida de la dona. La treballadora va patir una intoxicació per monòxid de carboni a causa de deficiències en les instal·lacions del iot, que li va provocar seqüeles com ara una sordesa parcial durant un temps.

Finalment, incapaç de continuar en aquella situació i sense esperances de recuperar els salaris que li devien, va abandonar l'embarcació. Després de denunciar els fets, va tornar al seu país d'origen.

Durant la investigació, els agents de la UCRIF també van detectar presumptes irregularitats en la gestió del iot. Entre aquestes, hi havia la desconnexió del sistema d'identificació automàtica i localització de l'embarcació (AIS), així com deficiències en els registres d'altes i baixes dels tripulants i en el seu control fronterer.

L'empresari va ser detingut a principis d'aquesta setmana com a presumpte responsable dels delictes investigats. La Policia no ha facilitat més detalls sobre la seva identitat ni sobre la situació judicial del cas.

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un empresario como presunto autor de delitos contra los derechos de los trabajadores y de lesiones a una mujer contratada para realizar labores de mantenimiento y otras tareas a bordo de una embarcación. Según ha informado este domingo el cuerpo policial, la trabajadora permaneció cuatro meses en el yate y, de los 17.500 euros que le correspondían por su trabajo, únicamente recibió 480.

La investigación, asumida por el Grupo I de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), se inició a raíz de la denuncia presentada por la mujer contra su empleador. La víctima trabajaba como marinera con funciones de azafata en una embarcación en la que el empresario tenía contratado a varios trabajadores.

Según el relato de la denunciante recogido por la Policía, durante los cuatro meses que permaneció a bordo no cobró su salario y solo recibió pequeñas cantidades de dinero para cubrir necesidades básicas. La mujer aseguró que las condiciones laborales eran abusivas y que algunos días no conseguía dormir más de cuatro horas debido a las constantes tareas que le exigían, muchas de ellas por encima de sus capacidades.

La trabajadora también denunció haber recibido un trato degradante y haber sufrido agresiones físicas. Según su testimonio, en ocasiones llegó a pasar hambre y se alimentaba únicamente de medio sándwich al día porque no había más comida disponible en la embarcación.

Una intoxicación que puso en riesgo su vida

A las condiciones denunciadas se sumó un episodio que, según la Policía, puso en grave riesgo la vida de la mujer. La trabajadora sufrió una intoxicación por monóxido de carbono debido a deficiencias en las instalaciones del yate, que le provocó secuelas como una sordera parcial durante un tiempo.

Finalmente, incapaz de continuar en esa situación y sin expectativas de recuperar el salario que se le adeudaba, abandonó la embarcación. Tras denunciar los hechos, regresó a su país de origen.

Durante las pesquisas, los agentes de la UCRIF detectaron además presuntas irregularidades en la administración del yate. Entre ellas, la desconexión del sistema de identificación automática y localización de la embarcación (AIS), así como deficiencias en los registros de altas y bajas de tripulantes y en su control fronterizo.

El empresario fue detenido a principios de esta semana como presunto responsable de los delitos investigados. La Policía no ha facilitado más detalles sobre su identidad ni sobre la situación judicial de las actuaciones.

La huelga de las brigadas forestales de Sarga continuará suspendida hasta el próximo 15 de noviembre después de que el Gobierno de Aragón haya mantenido este jueves una nueva reunión con el Comité de Huelga en la que se ha informado sobre la situación de las medidas previstas en el principio de acuerdo alcanzado el pasado 7 de septiembre en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA).

Durante el encuentro, el Gobierno ha informado de que se está tramitando el incremento salarial del 10% acordado, al que se añadirá la subida del 5% correspondiente al personal del sector público para 2026-2027.

Asimismo, se ha trasladado que se está trabajando en la contratación al cien por cien de la jornada de las brigadas dobles y de los puestos fijos de vigilancia.

Además, se ha informado sobre la previsión de aplicar, una vez se produzca la desconvocatoria de la huelga, el reconocimiento económico de 500 euros previsto por la excepcionalidad de la campaña a los trabajadores del Instituto de Formación Agroambiental de Jaca, del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel, del Parque Natural de los Valles Occidentales y al personal de las emisoras que participaron activamente en las labores de extinción de los incendios forestales durante este verano.

Por último, ambas partes han acordado mantener una nueva reunión cuando el Gobierno de Aragón pueda trasladar nueva información sobre la organización del operativo de incendios forestales para 2027.

Durante el encuentro se ha señalado que se está trabajando en la planificación del próximo dispositivo y que su concreción estará vinculada a la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2027.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha denunciado “el último episodio violento” que se vivió este lunes en el centro de salud de Casas-Ibáñez (Albacete) “al irrumpir en su interior un hombre armado con un hacha con la que amenazó a varios sanitarios cuando procedían a atenderle”.

Según el sindicato “esta persona deambuló por la zona de urgencias y la zona de dormitorios del personal de guardia dando golpes en las paredes con el arma lo que obligó a los profesionales que en ese momento estaban en el centro a esconderse en las habitaciones”.

Aunque se llamó “rápidamente a los servicios de emergencias”, la Guardia Civil tardó más de dos horas en llegar, porque en ese momento se encontraba fuera de la localidad, por lo que los primeros en personarse en el centro fueron los bomberos.

Cuando estos llegaron, el hombre ya se había marchado del centro y el personal pudo salir, ha señalado el sindicato.

No es el primer incidente de este tipo que sufren los pacientes y personas trabajadoras del centro de salud de Casas-Ibañez, apunta el sindicato, “ya que el pasado año otro individuo irrumpió en el centro, armado con una catana, y tuvieron que intervenir miembros del GEO”.

En aquel momento se presentaron fotografías de lo acontecido a la gerencia para solicitar la presencia de un guardia de seguridad estable, medida que se denegó. El personal sanitario, según incide el sindicato,“ asegura sentirse indefenso ante este tipo de situaciones y en un estado de ánimo alterado tras lo vivido ayer”.

CCOO exige que se aborde como un riesgo laboral más

Por eso desde CCOO exigen que este problema sea abordado “como un riesgo laboral más” y se evalúe su impacto para implementar las medidas adecuadas.

“Cualquier agresión, física o verbal, constituye un grave riesgo para la integridad física y el bienestar psicológico del personal que trabaja en entornos sanitarios por lo que pedimos tolerancia cero y más protocolos de actuación en estos casos”.

El sindicato dice haber solicitado ya en varias ocasiones en el comité de seguridad y salud la presencia de un vigilante de seguridad en consultorios como este.

Ante el anuncio por parte del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha de la creación de una plaza de director de seguridad, para coordinar las actuaciones en esta materia, el sindicato pide que sus funciones sirvan realmente para identificar las situaciones de riesgo y dar soluciones efectivas en los lugares de trabajo donde se producen.

Enfermeras y fisioterapeutas se han concentrado este lunes ante los servicios centrales del Servicio Extremeño de Salud (SES) en Mérida para reclamar plantillas dignas, el fin de la precariedad laboral y la equiparación salarial con otras autonomías.

Bajo consignas como 'Sin equiparación nos vamos a otra región' o 'Por el paciente, plantilla suficiente', la movilización convocada por SATSE, y respaldada por CSIF, UGT y USAE, ha puesto el foco en el deterioro de la atención asistencial derivado de la falta de personal.

La secretaria autonómica de SATSE en Extremadura, Elena Martín, ha cuantificado las necesidades del sistema autonómico en 1.500 enfermeros y 500 fisioterapeutas. Según el sindicato, esta carencia de efectivos obliga a los profesionales en activo a asumir cargas de trabajo excesivas, cerrando el año con un déficit medio de cien horas por trabajador.

Esta sobrecarga, unida a unas retribuciones y beneficios inferiores a los de las comunidades limítrofes, está provocando una constante fuga de talento. “Nuestra demanda no es solamente económica, sino una atención de calidad a las personas que estamos tratando día a día”, ha subrayado Martín, quien ha advertido de que la escasez de profesionales es una situación que “notan los pacientes”.

Sustituciones precarias

En el ámbito de la gestión de personal, SATSE ha exigido a la Administración sanitaria que ponga fin a las actuales prácticas para cubrir las incapacidades temporales. La portavoz sindical ha denunciado que el SES ofrece contratos de un mes en los que un solo profesional se ve obligado a asumir la carga de trabajo de “dos o tres bajas” de forma simultánea.

Las organizaciones sindicales reclaman la apertura de una mesa de negociación real —que denuncian como inexistente en la actualidad— para revertir la pérdida de poder adquisitivo y la precariedad laboral. Una situación que, aseguran, se ha agravado en los últimos años “sin que las sucesivas administraciones hayan dado una respuesta adecuada”.

La candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, defenderá este lunes, 28 de septiembre, en el pleno del Parlamento de Cantabria una proposición no de ley para reclamar al Gobierno de España (PSOE-Sumar) que refuerce la financiación y la plantilla de Correos y garantice la prestación de un servicio postal público “de calidad, eficaz, eficiente y accesible” en todo el territorio de Cantabria.

Fernández ha reivindicado en un comunicado la importancia de Correos como “elemento de cohesión y vertebración territorial” y ha advertido de las consecuencias de la falta de recursos y personal que sufre actualmente el servicio, con “repercusiones tanto en las condiciones laborales de los trabajadores como en la calidad de la atención que reciben los ciudadanos”.

“No podemos permitir que la falta de personal acabe debilitando un servicio público que es esencial y especialmente necesario para quienes viven en nuestros pueblos”, ha subrayado la regionalista, quien ha exigido “una cobertura adecuada con independencia del lugar de residencia”.

En este sentido, ha puesto en valor la labor que realizan los carteros en los municipios rurales y en riesgo de despoblamiento, donde su presencia “trasciende la prestación del propio servicio postal”.

“Son una pieza fundamental para mantener vivos nuestros pueblos, donde cumplen también una importante función de acompañamiento a los vecinos, especialmente a las personas mayores y más vulnerables”, ha detallado.

Así, la iniciativa que llega al Pleno del lunes reclama al Gobierno de Cantabria (PP) que inste al Ejecutivo central a reforzar la financiación del servicio público postal para garantizar su calidad y contribuir a la cohesión social y económica de todos los territorios.

Asimismo, plantea la convocatoria de una oferta de empleo público “suficiente” para cubrir los puestos estructurales y reducir la temporalidad y la parcialidad existentes actualmente en Correos.

En este sentido, Fernández ha advertido de las consecuencias de “la insuficiente reposición de las plazas que quedan vacantes y la falta de sustitución de las bajas”, que se traducen en “una sobrecarga de trabajo creciente” y una temporalidad que “supera el 30 por ciento de la plantilla”.

“No se puede exigir un servicio público de calidad si no dotamos a quienes tienen que prestarlo de los medios y del personal necesarios”, ha recalcado la dirigente del PRC.

En su opinión, reforzar la plantilla permitirá mejorar las condiciones de los trabajadores, pero también garantizar que Correos “pueda cumplir adecuadamente su función y ofrecer el mismo servicio a los ciudadanos de las zonas rurales que a quienes residen en los principales núcleos de población”.

Estabilidad para el personal laboral

Por otra parte, la proposición regionalista reclama además el cumplimiento de la Ley del Servicio Postal Universal, especialmente en lo relativo al mantenimiento de un servicio de calidad y accesible a toda la población, y plantea promover la inclusión del personal laboral de Correos en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

La candidata del PRC ha explicado que los trabajadores de Correos desarrollan su actividad en una empresa pública y desempeñan tareas esenciales, pero están encuadrados como personal laboral, lo cual genera “incertidumbre e inestabilidad” y “limita” sus posibilidades de promoción interna y de desarrollo de una carrera profesional.

Por último, Fernández espera el respaldo del resto de los grupos parlamentarios a una iniciativa que, a su juicio, “no pretende otra cosa que asegurar que Correos siga llegando a todos los cántabros, vivan donde vivan, con los recursos humanos y económicos que necesita”.

El cuarto intento de desahuciar a Maricarmen fue también el último. La vecina de Retiro, casi nonagenaria, ha salido en ambulancia de la que fue su casa durante 70 años. Dentro y fuera, una amplia resistencia liderada por el Sindicato de Inquilinas e impulsada por simpatizantes acudía en su apoyo, después de que el fondo Urbagestión adquiriera su hogar y quintuplicara la renta hasta niveles imposibles para una pensionista. A las puertas, más de una decena de furgones policiales hicieron guardia por el desalojo. Llegaron a verse duras cargas contra los manifestantes, muchos rociados con gas pimienta en un despliegue no exento de críticas. “Así es como la Policía defiende a Maricarmen”, espetaba con ironía el órgano sindical en redes, acompañando la publicación de un vídeo en el que cuatro agentes sacaban a uno de los activistas cogido de brazos y piernas. Pero, ¿pueden ellos negarse a colaborar en un desahucio, igual que un médico objetor decide no practicar abortos?

Sobre ello responde uno de sus miembros, que no estaba entre los asignados al operativo de este miércoles: “Cuando aceptamos nuestro cargo, los médicos tienen la función de salvar vidas, pero la nuestra específicamente es la de cumplir y hacer cumplir la ley vigente. Eso nos deja con una serie de limitaciones que no tienen otros funcionarios públicos: por ejemplo, que la seguridad ciudadana nunca se puede descuidar ni cuando pasa por encima de nuestra ideología”. Este agente de la Policía Nacional en Madrid, que accede a responder a cambio de no revelar su nombre, se muestra de acuerdo con este veto –que también suspende su derecho a huelga, aunque no a manifestarse fuera de servicio– pese a reconocer que ha llevado a cabo “detenciones con mucha pena y contradicción”. Pero, a su juicio, “es algo que debes asumir”.

Sin embargo, la violencia vista esta mañana y el enorme despliegue de antidisturbios para echar a una anciana de casa en favor de un fondo –que ni siquiera aceptó in extremis la donación anónima de una escritora para completar el pago de Maricarmen– ha vuelto a cuestionar a quién protege verdaderamente el término “seguridad ciudadana”. Con los bomberos, que a veces participan en despliegues para desahucios, pasa algo similar aunque con una diferencia: ellos a priori no están destinados a este tipo de prácticas, solo que pueden ser llamados a colaborar. En julio de 2024, después de la expulsión de una vecina de Lavapiés llamada Zohra, comenzó a fraguarse un grupo de efectivos que quería poner fin a su intervención en los desahucios.

“En nuestro caso, la reclamación no se mueve tanto por el derecho a la objeción de conciencia como a que no hay concepto legal que ampare directamente nuestra participación”, sostiene uno de los miembros de la Plataforma de Bomberos contra los Desahucios, César Contreras. Aunque en el último y definitivo intento de desalojar a Maricarmen no fue requerida la presencia de este cuerpo, en otros casos como el de Zohra o Mariano Ordaz sí se solicitaron efectivos para algunas tareas. La organización estatal creada hace un año defiende su derecho a no participar en estos operativos, pues aunque su reglamento les “obliga a colaborar” con otros servicios públicos insisten en que esto ha de ser solo si el caso se “ajusta” a sus “competencias”.

“Samur [para asistencias sanitarias de emergencia] también tiene ese acuerdo de colaboración y si les llaman es solo para atender a los afectados, no para inmiscuirse directamente en el desahucio”, resuelve Contreras. “Si es una orden judicial expresamente la que nos menciona para acudir, entonces no tengo nada que decir. Pero si son cuerpos de seguridad y no es estrictamente necesaria nuestra presencia, creo que debemos poder negarnos a hacerlo”, reflexiona el bombero. En los últimos años, la capital ha sido testigo de numerosas y muy sonadas expulsiones de vecinos que, como Maricarmen, han visto incrementarse exponencialmente el precio de su vivienda o sido expulsados cuando un nuevo propietario ha comprado su bloque.

A la vecina de Retiro, que rechazó hasta el último momento las alternativas habitacionales en recursos municipales (que el Ayuntamiento no especifica por “protección de datos”) y de momento permanecerá con unos familiares, Urbagestión quiso subirle un alquiler de 500 euros con renta antigua hasta los 2.500 de un solo golpe. Aunque la cantidad final se redujo en una negociación, el precio tampoco se ajustaba a las posibilidades de su pensión, de unos 1.350 euros. Casos como el suyo pueden hallarse a montones.

Valverde 42 (Malasaña), donde 18 inquilinos de un mismo bloque descubrieron su venta a Vencar Capital y la intención de no renovar contratos; General Lacy 22, con una vecina que lleva 26 años en su vivienda a punto de salir junto a 32 familias, que denuncian un “vaciado progresivo del inmueble”; María Guerrero 1 y la quiebra silenciosa que trasladó su bloque a la Sareb; Salvia 1 (Tetuán) y el conflicto con el fondo Elix Rental Housing después de que comprara el edificio... La lista no para de crecer y el caso de Maricarmen vuelve a llenar de indignación las calles, redes y periódicos, con actos de protesta o apoyo a la vecina que contaron con figuras del mundo de la música, el cine e incluso una escritora anónima que, según el Sindicato de Inquilinas, se ofreció a pagar de por vida la diferencia de precio para mantener el piso de Retiro.

“Un desahucio no es una situación de emergencia imprescindible, que es lo que especifica para nosotros la normativa de incendios de la Comunidad de Madrid”, añade al debate otro bombero de la región, en este caso Victor Monedero Serrano, delegado de UGT Cuerpo de Bomberos Comunidad de Madrid. “Nosotros estamos para temas de salvamento y rescate de personas, pero por otras vías nos podemos negar aunque haya sanciones”, considera. De hecho, llegado el momento, los miembros del cuerpo que decidan incumplir alguna de estas colaboraciones pueden enfrentar sanciones , recrudecidas con la Ley Mordaza. “No somos un cuerpo militarizado como la Policía, así que de alguna forma sí podemos actuar por principios”, sentencia Monedero.

¿Hay entonces una vía para que un bombero o un policía pueda acogerse a la objeción de conciencia ante un desahucio? El abogado experto en Derecho Laboral Adrián Todolí cree que sí, pero intuye el camino sería “difícil”. La objeción por motivos ideológicos, religiosos o políticos existe en algunos de estos casos, pero está “muy restringida” y los tribunales suelen admitirla en supuestos muy tasados. Por ejemplo, el de los profesionales sanitarios que alegan razones de fe ante un aborto. En un caso como el de los desahucios, Todolí sugiere “estudiar cada situación de manera individual, y ponderar el derecho del trabajador a no actuar contra sus convicciones frente a la obligación de cumplir las funciones propias de su puesto”.

La diferencia entre un médico y un policía, prosigue el experto, reside principalmente en “la función que cada uno cumple para el mantenimiento del Estado”. “Mientras que ante la objeción de un médico existe la posibilidad de que otro atienda al paciente, trasladar esa lógica a la Policía plantea un problema distinto: si en la calle no hay agentes que hagan cumplir las leyes, se volvería un caos absoluto”, añade. El letrado recuerda que los tribunales tampoco han aceptado históricamente objeciones de conciencia planteadas por otros funcionarios, como ocurrió con las reclamaciones para no pagar impuestos si estos iban a financiar el Ejército.

“En estos casos, el interés general y la necesidad de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos han pesado frente al derecho individual a apartarse de una obligación profesional”, define, aunque matiza que el debate jurídico aún no está cerrado: “Si realmente hubiera una gran reivindicación, muchos trabajadores, cerrajeros, etcétera, se negaran de forma sistemática, esto generara un conflicto grande, la prensa lo recogiera y se generara una opinión pública muy favorable, los jueces podrían tenerlo en cuenta. No como una obligación legal, pero sí como una forma de tomarle el pulso a la concencia colectiva”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este viernes que el dispositivo del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (INFOCAM) afrontará una “desactivación masiva de medios” en las próximas semanas, pese a que “el riesgo de emergencias no desaparece con el final del periodo estival”.

Hoy mismo está previsto que se desactive el 22% del dispositivo y el próximo 25 de septiembre dejará de de estar operativo otro 60%, según este sindicato. “De este modo, en apenas una semana, el 82% del operativo quedará fuera de servicio, dejando únicamente 17 autobombas operativas en toda Castilla-La Mancha, a pesar de que el riesgo continúa siendo alto”, lamenta.

CSIF rechaza el modelo actual que, dice, está “condicionado por un calendario rígido que no responde a la evolución real de las emergencias” porque, recuerdan, los bomberos y bomberas forestales de la empresa pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM) “ya no intervienen únicamente en incendios forestales, sino también en inundaciones, danas, nevadas, episodios de viento extremo y otros fenómenos meteorológicos adversos”.

“Los incendios han cambiado, son de una virulencia mucho mayor. Las emergencias han cambiado. Nuestro modelo también tiene que cambiar. No somos temporeros del fuego, somos un servicio de emergencias”, señala Ana Nares, trabajadora y delegada de CSIF en GEACAM.

“Una de las campañas más nefastas”, por el incendio de La Mierla

El sindicato hace además balance de campaña de extinción de incendios de este año y cree que “no podía ser más negativo: nos encontramos con una de las campañas más nefastas que ha vivido Castilla-La Mancha”, sostiene CSIF.

Suma unas 41.000 hectáreas quemadas - 33.000 solo en el incendio de La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara- y 1.187 incendios desde el pasado mes de enero hasta la actual semana frente a las 4.100 hectáreas arrasadas y los 1.197 incendios registrados en el mismo periodo del año anterior.

“Es decir, prácticamente 37.000 hectáreas más que el año pasado en una campaña nefasta cuyos datos evidencian los graves problemas que afectan al dispositivo”, incide CSIF.

“700 trabajadores temporales y plantilla insuficiente”

CSIF cuestiona además las declaraciones de la consejera de Desarrollo Sostenible Mercedes Gómez sobre la contratación de trabajadores fijos discontinuos como una práctica “habitual” en la empresa pública GEACAM.

Para el sindicato, cerca del 32% de la plantilla, unas 700 personas, continúa trabajando en condiciones de temporalidad, con contratos de apenas 103 días y pudiendo llegar a encadenar durante mucho tiempo, incluso hasta nueve años, esta situación antes de alcanzar una estabilidad laboral.

Esta precariedad, lamenta, “está provocando dificultades crecientes para atraer y retener profesionales cualificados”. Hasta el punto de que, durante la propia campaña, se ha recurrido al SEPE para incorporar trabajadores, incluso en puestos de responsabilidad, con apenas cinco días de formación y sin haber entrenado previamente con su unidad.

La precariedad laboral está provocando dificultades crecientes para atraer y retener profesionales cualificados

Ana Nares — Trabajadora y delegada de CSIF en GEACAM

Para CSIF, un dispositivo de emergencias no puede limitarse a cubrir puestos sobre el papel: necesita profesionales “formados, experimentados y preparados”. Y es que, “leer un incendio, anticiparse a un cambio de viento o saber cuándo retirarse no se aprende en cinco días. Se construye con formación y experiencia”, subraya Juan Saiz, también delegado y trabajador de CSIF en GEACAM.

El sindicato denuncia que el Plan INFOCAM lleva años funcionando con dotaciones “insuficientes” y pone como ejemplo que existan vehículos de nueve plazas que salen con solo cinco trabajadores, autobombas con capacidad para seis profesionales que operan con cuatro y medios aéreos preparados para ocho personas que llegan a funcionar con cinco.

“Caminamos durante horas entre humo, calor y pendientes imposibles. Quienes consolidamos perímetros, protegemos viviendas y trabajamos directamente sobre el combustible y seguimos allí cuando el fuego sigue avanzando, de día y de noche. Es preciso aumentar la plantilla y no perder a los profesionales que hemos formado y después pretender afrontar los incendios con quienes apenas han tenido tiempo de prepararse”, añade Saiz.

Es preciso aumentar la plantilla y no perder a los profesionales que hemos formado y después pretender afrontar los incendios con quienes apenas han tenido tiempo de prepararse

Juan Saiz — delegado de CSIF y trabajador de GEACAM

CSIF destaca la profesionalidad demostrada por los trabajadores durante un verano especialmente complicado que ha arrasado más de 41.000 hectáreas. Mientras se atendían grandes incendios en Guadalajara, Madrid o Ávila, Castilla-La Mancha registraba más de 90 incendios, obligando a los profesionales a desdoblarse para garantizar la respuesta.

El sindicato alerta, además, de las condiciones de trabajo soportadas durante estas emergencias: jornadas de 12 horas enlazadas sin descanso durante varios días, temperaturas extremas, insuficiencia de agua y logística, relevos escasos y falta de material.

Las infraestructuras son asimismo “deficitarias, con barracones donde los efectivos han permanecido en turnos de 36 horas, con 12 horas activados en incendios, sin sábanas en las camas, sin toallas, sin material higiénico, sin ventilación a pesar de temperaturas muy altas y con un solo enchufe para cargar todas las emisoras, dispositivos GPS y móviles”.

CSIF denuncia asimismo situaciones “especialmente preocupantes, como presiones para superar las velocidades establecidas durante los desplazamientos o alojamientos con hasta ocho personas en una habitación, sin ventilación, ventanas o suficientes enchufes” o que los trabajadores llegan a “organizar turnos para cargar emisoras, teléfonos y equipos durante sus periodos de descanso”.

CSIF pide una campaña de al menos seis meses

Desde la organización sindical consideran que “ya no existen excusas y que ahora corresponde a la Administración estar a la altura del esfuerzo realizado por sus profesionales”.

CSIF recuerda que lleva más de dos años solicitando una reunión con la consejera para trasladar sus propuestas y vuelve a reclamar diálogo para abordar el futuro del dispositivo.

La organización considera necesario avanzar hacia una campaña de extinción de al menos seis meses frente a los escasos 103 días de la actual campaña de extinción teniendo en cuenta que cada año se prolongan los periodos de altas temperaturas y se debe atraer profesionales, conservar la experiencia acumulada y responder durante todo el año a unas emergencias que ya no entienden de temporadas.

La reivindicación es clara: contar con un servicio de emergencias preparado durante todo el año, con profesionales estables que puedan ejercer como bomberos forestales

Iván Moncada — Trabajador y delegado de CSIF en GEACAM

“No podemos exigir profesionales preparados mientras ofrecemos temporalidad, salarios de 1.300 euros y disponibilidad 24/7”, subraya Iván Moncada, delegado y trabajador de CSIF en Geacam, quien argumenta que “las condiciones meteorológicas están cambiando, con primaveras más secas y menos lluviosas y temperaturas más elevadas, lo que provoca que el verano comience con un mayor estrés hídrico y aumenta el riesgo de grandes incendios incluso en septiembre. Además, los incendios son cada vez más rápidos y virulentos”.

Ante esta nueva realidad, el dispositivo debe adaptarse y reforzarse, con más bomberos, dotaciones completas y formación y entrenamiento durante todo el año. “La reivindicación es clara: contar con un servicio de emergencias preparado durante todo el año, con profesionales estables que puedan ejercer como bomberos forestales y dejar de ser ”temporeros del fuego“, concluye Moncada.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado concentraciones a las puertas de las principales oficinas de Correos en las cinco capitales de provincia castellanomanchegas para denunciar que la empresa pública “incumple” el acuerdo “que firmó” a finales de 2024. En dicho pacto se comprometía a un refuerzo de personal, regular e implantar las 35 horas semanales para el conjunto de la plantilla, transformar a tiempo completo las jornadas parciales e iniciar el plan de rejuvenecimiento, según explica CSIF.

En Toledo, la convocatoria ha reunido a una treintena de personas a las puertas de la sede de la entidad postal en el Casco Histórico para exigir a Correos que respete las condiciones pactadas.

“En vez de cumplirlas, cada vez hay menos personal: se han perdido 22.000 empleos y tenemos contratadas más de 4.000 personas con jornadas parciales que deberían ser completas”, apunta Luisa Barrios, delegada de CSIF en la provincia de Toledo.

En declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, Barrios asegura que solamente en la provincia Toledo se han perdido 150 puestos de trabajo y en el primer semestre del año se han hecho más de tres mil horas de jornadas complementarias. Por ese motivo, la delegada de CSIF considera que “todas las jornadas parciales deberían ser completas”.

“Correos, escucha, estamos en la lucha”, “más personal y empleos de calidad” o “refuerzos ya, la plantilla no puede más” han sido algunas de las proclamas coreadas por los manifestantes.

Estas movilizaciones se han reproducido también este jueves en todas las capitales de provincia de Castilla-La Mancha, y CSIF asegura que, de no atender Correos sus peticiones, el próximo 30 de septiembre convocarán “una gran concentración” en Madrid.

Detalles del Acuerdo Marco que Correos “incumple”

Según detalla CSIF, el Acuerdo Marco firmado en 2024 pretende mejorar las condiciones de la plantilla y modernizar la empresa con un plan de salidas incentivadas, nuevas ofertas de empleo para dar estabilidad y reforzar la plantilla, implantar la jornada de 35 horas, mejorar las retribuciones, la reubicación de personal, la implantación de una bolsa de horas o el diseño de una nueva carrera profesional.

La situación actual, sin embargo, “difiere de estos objetivos”. La central sindical asegura que la falta de contratación de personal de refuerzo ha supuesto una pérdida “de 22.000 empleos en una década” en toda España.

A ello hay que añadir, denuncia CSIF, que un porcentaje de casi 10 % (4.000 trabajadores a nivel nacional) tiene jornada a tiempo parcial con un sueldo que oscila entre los 700 y 800 euros mensuales. “Esta situación no se ha corregido desde la última convocatoria de empleo en 2023. Dicha oferta de empleo contemplaba 7.757 plazas, de las que más de 2.000 fueron a tiempo parcial y, casi tres años después, la mayoría continúa en la misma situación ante la falta de desarrollo de los concursos de traslados”, asegura en un comunicado.

Las nuevas obligaciones de transparencia laboral aprobadas por el Gobierno entran en vigor en España el próximo 5 de octubre. La norma, fruto de la transposición parcial de una directiva europea de 2019, implica que las empresas deberán facilitar más información sobre condiciones salariales, el periodo de prueba, los horarios y los algoritmos e IA (inteligencia artificial) a sus trabajadores, entre otros datos.

El Gobierno aprobó el real decreto el pasado 8 de septiembre, pero su entrada en vigor está contemplada 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Dado que la norma se ha publicado este martes, las obligaciones comienzan a partir del lunes 5 de octubre.

Las nuevas obligaciones, que tratan de dar más transparencia y previsibilidad a las condiciones de trabajo, deben facilitarse en los contratos laborales o en documentos por escrito antes de comenzar la relación laboral en cuestión.

Para los contratos ya en vigor, las personas trabajadoras pueden solicitar esta nueva información obligatoria a sus empresas, que tendrán un plazo de 30 días hábiles para responder a su petición.

España transpone muy tarde esta directiva. Debería estar en vigor desde agosto de 2022 y ha contado con el bloqueo en el Congreso de una ley de 2024, que el Gobierno no ha podido sacar adelante. Aunque el decreto transpone el grueso de los cambios, hay algunos que aún quedan pendientes de la aprobación de una ley, como un endurecimiento de las sanciones por incumplir esta transparencia y previsibilidad de los contratos laborale

Entre otras novedades, se resumen a continuación algunas de las más destacadas.

Hay que revelar si IA o algoritmos fijan condiciones laborales

Uno de los aspectos más novedosos es que Trabajo ha incluido en el real decreto la obligación de que las empresas desvelen a los trabajadores “la existencia de sistemas algorítmicos o automatizados de toma de decisiones” en lo que afecte a sus condiciones laborales.

Esto incluye “las pautas, criterios y reglas de funcionamiento” de estos sistemas cuando se empleen para fijar o modificar condiciones de trabajo, “tales como la duración y distribución de la jornada, la asignación de tareas, la determinación de los salarios, de la progresión profesional, del lugar de trabajo o de la extinción del contrato”, recoge el texto.

La representación legal de los trabajadores ya puede solicitar esta información a las empresas, aprobado en la Ley Rider (aunque incumplido en muchos casos), pero ahora este derecho se individualiza a cada persona trabajadora.

Habrá que justificar más el periodo de prueba

Las empresas tendrán que justificar más el periodo de prueba, por el que pueden echar a los trabajadores sin indemnización. El Estatuto de los Trabajadores limita este periodo a un máximo de seis meses para técnicos titulados y de dos meses para el resto de trabajadores, salvo que se pacte en convenio un periodo superior.

Por un lado, las empresas deberán concretar las exigencias requeridas a los trabajadores que “constituyan el objeto de la prueba”, lo que la vicepresidenta Yolanda Díaz afirmó que “causaliza” este periodo con el objetivo de evitar abusos.

Además, se debe informar de la “duración concreta” del periodo de prueba, “ya se encuentre dentro del límite de seis meses previsto legalmente o se trate de un periodo superior fijado por convenio colectivo en los casos justificados por la naturaleza del empleo, por el interés de la persona trabajadora o, por la necesidad de realizar la evaluación de la idoneidad de la persona trabajadora en caso de suspensión de la relación laboral”.

Más transparencia sobre jornada, salarios y conciliación

Entre el resto de novedades, destaca que las empresas tendrán que especificar no solo el salario base y los complementos salariales, como hasta ahora, sino también “el modo de cálculo de los conceptos salariales que sean variables y los criterios que determinan su percepción”.

En cuanto a los horarios laborales, además de la duración y distribución de la jornada, se especifica que las empresas deberán facilitar estos datos de la jornada “diaria, semanal y anual”. Y “se identificará cuando la totalidad o parte de la jornada se desarrolle mediante trabajo nocturno o a turnos”.

Aún más relevante, se obliga a que informar de “los acuerdos relativos a las horas extraordinarias y su retribución”, los supuestos y procedimientos para realizar cambios de turno.

En caso de que exista distribución irregular de la jornada, se añaden nuevos mandatos, como identificar “las horas y los días de referencia en los que la empresa puede exigir la prestación de servicios” y “los períodos mínimos de preaviso”.

Informar por escrito sobre el protocolo de acoso

Además, las empresas tendrán que poner negro sobre blanco “la existencia y la identificación del plan de igualdad”, si lo hay, así como “la política empresarial de conciliación personal, laboral y familiar” en caso de existir y el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, que es obligatorio en todas las empresas.

El decreto incluye también medidas específicas para los trabajadores de la pesca, así como “la gente de mar”, y trabajadores que prestan servicios en el extranjero.

La práctica totalidad de los 72 bomberos del Consorcio Provincial contra Incendios de Ourense han presentado demandas individuales contra la decisión del organismo –conformado por la Deputación y la Xunta– de restarles del cómputo de horas extraordinarias los permisos por hospitalización, asuntos propios, bajas e incluso horas sindicales del año 2025, el ejercicio en el que Galicia sufrió la peor ola de incendios de su historia, con Ourense como epicentro. El Consorcio trata así de ahorrarse en todos los casos que pueda el abono de las 144 horas anuales de trabajo que no redujo tras la entrada en vigor del nuevo convenio colectivo.

Los bomberos de los cuatro parques comarcales de Ourense –A Rúa, O Carballiño, Verín y Xinzo– iniciaron 2025 con 1.776 horas en su cuadrante anual o, lo que es lo mismo, 73 turnos de 24 horas y otras 24 horas de formación. El 24 de marzo de ese año, después de una huelga que afectó a los consorcios de las cuatro provincias gallegas, el boletín oficial de la provincia publicó el primer convenio provincial que, entre otras mejoras, incluía la reducción de la jornada anual de 73 a 67 turnos –1.608 horas más 34 de formación–, una medida que entraba en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

Sin embargo, ese recorte de horas no se aplicó y los cuadrantes permanecieron sin cambios. Desde la CIG recuerdan que el Consorcio ni siquiera aceptó entonces la propuesta de los sindicatos para modificar sólo los meses posteriores al acuerdo ni tampoco que se definiese cuáles de esos servicios se considerarían horas extras. Finalizado el año –durante el que se quemaron 90.000 hectáreas en Ourense, el 80% de todo lo que ardió en Galicia–, esos seis turnos de diferencia seguían sin pagarse.

La “sorpresa” llegó meses después, cuando, a 30 de junio de 2026, el Consorcio emitió una resolución en la que aceptaba abonar el exceso de jornada pero con rebajas: “Sobre el número total de las guardias recogidas en los cuadrantes, deberán descontarse todas aquellas situaciones que supusieron, a cada trabajador, no superar las 67 guardias previstas en el Convenio, ya que fueron retribuidas en sus nóminas, tales como situaciones de IT (bajas), reducciones voluntarias de jornadas, permisos retribuidos recogidos en el Convenio, licencias, así como todas aquellas otras circunstancias que ya fueron pagadas en sus nóminas con anterioridad”. Ese recorte afecta también, según denuncian los afectados, a las horas sindicales, calculadas en función de la jornada de 73 turnos y no de la 67.

En el caso de las bajas, la exclusión “expresa e indudable de la compensación por el exceso de guardias realizadas”, supone –para el sindicato CUT– la “equiparación” a las ausencias injustificadas. Una postura que recuerda al discurso de la Xunta en el que se habla en los mismos términos del absentismo y de las incapacidades temporales. La central considera esta postura una “discriminación por razón de salud” y recuerda que la ley “sanciona el trato desigual en las condiciones de trabajo, entre las que se encuentra el derecho a la igualdad retributiva”. Por eso, en la demanda de su representado, además del pago proporcional de las horas extra, incluye la solicitud de una indemnización por daños morales al trabajador.

No es el único sindicato incapaz de entender la postura del organismo. “No, no lo comprendemos”, asegura Ismael Vázquez, representante sindical de la CIG en el parque de Verín. “Intentamos dialogar y explicárselo de todas las formas posibles, modificar los cuadrantes...”. Pero, ante la falta de respuesta, finalmente optaron por acudir a los tribunales. “No queremos vivir en un conflicto permanente; queremos trabajar, pero nos están quitando derechos”. El Consorcio no ha respondido a las preguntas de elDiario.es.

La conflictividad a la que se refiere Vázquez es recurrente en Ourense, donde ya el pasado abril retomaron los paros y se negaron a hacer horas extras para denunciar la lentitud con la que la Deputación presidida por el popular Luis Menor, en contraposición a otros entes provinciales, aplicaba los acuerdos del convenio. El principal, la creación de 17 nuevas plazas de bombero conductor, el equivalente a la plantilla de cualquiera de los cuatro parques. La fase de oposición arrancó este verano.

La Asociación Sindical Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León ha denunciado retrasos en el abono por parte de la Junta de Castilla y León de las guardias de incendios forestales realizadas por los agentes medioambientales en los meses de junio y julio.

El sindicato sostiene que los retrasos afectan al conjunto de la Comunidad, aunque señala una situación especialmente desfavorable en la provincia de Segovia, donde los agentes todavía no han percibido las retribuciones correspondientes a las guardias realizadas durante el verano.

Según APAMCYL-USCAL, en otras provincias se han producido retrasos en el pago de las guardias de junio, aunque ya se habrían pagado con la nómina de agosto; sin embargo, las guardias de julio continúan pendientes de abono en el conjunto de la Comunidad, según el sindicato.

Además, considera especialmente grave la situación de Segovia porque, según denuncia, se trata del segundo año consecutivo en el que se producen retrasos en el pago de estas retribuciones, ya que en 2025 las demoras fueron superiores a las registradas en otras provincias.

El sindicato ha denunciado de una “gestión administrativa ineficiente” y una “discriminación territorial continuada”, al considerar que los agentes destinados en Segovia se encuentran en peor situación de cobro que sus compañeros de otras provincias.

La organización ha vuelto a trasladar su reclamación a la Delegación Territorial de la Junta en Segovia y ha reclamado a la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y Energía que adopte las medidas necesarias para que las guardias sean tramitadas y abonadas mensualmente y en tiempo y forma en toda Castilla y León.

Las guardias de incendios implican una disponibilidad de 24 horas, adicional a la jornada laboral habitual, para poder intervenir de forma inmediata ante una emergencia.

Los agentes medioambientales desempeñan, entre otras funciones, la dirección inicial de la extinción, la coordinación de medios, la vigilancia y los trabajos de campo, hasta que la dirección puede pasar a un técnico en función de la evolución y gravedad del incendio.

APAMCYL-USCAL considera que los retrasos resultan especialmente “incomprensibles” en una campaña que está siendo especialmente exigente para los agentes medioambientales de Segovia, por la cantidad y gravedad de los incendios registrados este verano, como los de Navas de San Antonio, Revenga y Brieva.

La organización ha recordado que ya presentó reclamaciones por este mismo motivo el pasado año y sostiene que “no puede normalizarse” que los agentes tengan que esperar varios meses para cobrar servicios de emergencia que ya han prestado.

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha denunciado la situación que sufren efectivos de la provincia de Toledo que continúan sin percibir las retribuciones correspondientes a las guardias realizadas durante los meses de junio y julio.

En nota de prensa, APAM-CLM confirma que la propia Administración ha reconocido el problema y que este “se debe a incidencias en el programa utilizado por Función Pública para la gestión de las nóminas”.

Sin embargo, resulta “difícilmente aceptable” para unos profesionales que “han cumplido con su trabajo, estando disponibles las 24 horas del día, cuando se les ha requerido y que, meses después de prestar el servicio, siguen esperando cobrar por él.

Además, denuncia APAM, se está produciendo un agravio comparativo entre los agentes del cuerpo, ya que algunos han recibido el pago de las guardias del mes de junio, mientras que otros continúan sin percibir ni junio, ni julio.

“Hay profesionales que, habiendo realizado exactamente el mismo trabajo, se encuentran en situaciones económicas distintas, por un error administrativo ajeno a ellos”, denuncia la asociación.

Larga lista de problemas

Lo más preocupante, según APAM, es que este problema no constituye un hecho aislado. Ya, durante el pasado año se produjeron incidencias similares en la provincia de Toledo. “Lejos de corregirse, la situación se ha repetido y agravado en 2026, poniendo de manifiesto que no estamos ante un incidente puntual, sino ante una deficiente gestión que vuelve a recaer sobre los mismos trabajadores”.

Apuntan que esta situación se produce, tras una campaña de incendios “especialmente intensa”, pues durante este verano, los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha han participado en la extinción, investigación y gestión de incendios forestales tanto dentro como fuera de la región.

“Han trabajado en Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Aragón y en cualquier otro territorio donde su presencia ha sido requerida, desempeñando funciones esenciales para la protección de las personas, los bienes y el patrimonio natural. Mientras los ciudadanos veían las imágenes de grandes incendios forestales en los medios de comunicación, muchos de los profesionales que se encontraban sobre el terreno jugándose la vida, coordinando operaciones, garantizando la seguridad de los intervinientes, investigando causas y causantes y protegiendo nuestros montes, siguen sin haber cobrado parte de su trabajo.

Por ello, desde APAM-CLM consideran “inaceptable” que quienes “asumen riesgos evidentes para proteger a la sociedad tengan que esperar meses para percibir unas cantidades que deberían haberse abonado con normalidad. Más aún cuando estos retrasos generan perjuicios económicos personales y familiares que nadie parece dispuesto a compensar”.

Todo apunta a que, “una vez más, los trabajadores asumirán las consecuencias del error mientras la Administración no contempla compensación, interés o resarcimiento alguno por el retraso sufrido”, lamentan.

Según APAM, este nuevo episodio se suma a una larga lista de problemas que el colectivo viene denunciando desde hace años. “La falta de medios personales y materiales, la insuficiencia de efectivos, el escaso reconocimiento institucional, el ninguneo mediático de nuestras funciones y las dificultades que en numerosas ocasiones encuentran los agentes para desarrollar con normalidad investigaciones y actuaciones propias de sus competencias conforman un escenario de abandono que resulta incompatible con la importancia estratégica de nuestro trabajo”.

Horas extras y nocturnidad que no se pagan

Por otro lado, la asociación denuncia también que los agentes medioambientales no perciben retribución alguna por las horas extraordinarias ni por el trabajo nocturno que realizan. Estas horas son compensadas mediante días de descanso, generando bolsas de horas que posteriormente deben disfrutarse con importantes limitaciones organizativas y restricciones en determinadas épocas del año.

“Este sistema no solo perjudica a los agentes, sino también al propio servicio público. La acumulación de cientos de horas de compensación provoca que una plantilla ya insuficiente tenga que ausentarse posteriormente para recuperar ese tiempo trabajado. Como consecuencia, durante buena parte del año, el cuerpo dispone de menos efectivos para desempeñar funciones esenciales de vigilancia ambiental, prevención de incendios, control de aprovechamientos, inspección, investigación y protección del medio natural”.

Reivindicaciones históricas pendientes

Por todo ello, APAM-CLM vuelve a reclamar soluciones estructurales que eviten que estos problemas se repitan año tras año. Entre ellas, exige que las guardias sean integradas en el complemento específico de los puestos de trabajo, eliminando la dependencia de liquidaciones mensuales extraordinarias y garantizando que los profesionales perciban sus retribuciones de forma estable y puntual.

De igual modo, reclaman que se materialice de una vez el reconocimiento profesional y retributivo que corresponde al colectivo. El Estatuto Básico del Empleado Público contempla desde 2007 la existencia del Grupo B para aquellos cuerpos cuyo acceso exige la titulación de Técnico Superior, una previsión legal que casi veinte años después continúa sin desarrollarse plenamente en numerosas administraciones.

“Los Agentes Medioambientales han demostrado sobradamente su profesionalidad, su compromiso con el servicio público y su disposición permanente para acudir allí donde son necesarios. Lo mínimo que pueden esperar a cambio es respeto institucional, condiciones dignas y cobrar en plazo por el trabajo que realizan. Porque proteger nuestros montes, nuestros pueblos, la seguridad ciudadana y la seguridad medioambiental no puede depender de la buena voluntad de quienes llevan meses esperando una nómina que ya deberían haber percibido” concluyen desde APAM.

Cada día reciben a miles de personas que cruzan las puertas de la Alhambra. Resuelven dudas, orientan a quienes se pierden entre palacios y jardines, traducen incidencias a visitantes llegados de todo el mundo y acompañan a decenas de miles de escolares en los programas educativos del monumento. Son, en palabras del propio Patronato, los “anfitriones” de la ciudad palatina. Sin embargo, quienes sostienen esa primera y última imagen que millones de personas se llevan del conjunto nazarí denuncian que lo hacen desde la precariedad.

Las trabajadoras del Servicio de Información y Atención al Visitante y del programa Alhambra Educa, ambos externalizados a través de la empresa Sedena, han decidido romper el silencio tras más de un año de negociaciones infructuosas con la adjudicataria. Denuncian jornadas parciales que, aseguran, dejan a parte de la plantilla por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), dificultades para conciliar, falta de reconocimiento de los idiomas que utilizan a diario y la ausencia de protocolos específicos frente al calor extremo. Un conflicto laboral que vuelve a poner el foco sobre un debate que sobrevuela desde hace años el principal monumento andaluz: la creciente externalización de servicios que antes asumía directamente el Patronato de la Alhambra y Generalife.

El conflicto estalló públicamente el pasado 17 de julio, cuando una parte de la plantilla convocó una concentración a las puertas del Palacio de Carlos V de la mano de la CNT. El sindicato sostiene que la protesta llega después de más de un año de reuniones, propuestas y negociaciones sin avances con Sedena, la empresa navarra que gestiona tanto el Servicio de Información y Atención al Visitante como el programa Alhambra Educa mediante adjudicación pública. “La movilización no surge porque hayamos rechazado la negociación. Más bien al contrario: llevamos mucho tiempo intentando negociar sin obtener respuestas satisfactorias”, resume Laura, una de las trabajadoras del servicio de información.

Sueldos y condiciones precarias

La principal reivindicación gira en torno a las jornadas parciales que, según denuncian, impiden que parte de la plantilla alcance siquiera el salario mínimo. A ello suman la falta de reconocimiento económico del uso habitual de idiomas –una herramienta imprescindible para atender a visitantes de todo el mundo–, la pérdida de flexibilidad para conciliar la vida laboral y familiar, la ausencia de compensaciones por transporte en una ciudad donde el precio de la vivienda obliga a muchas trabajadoras a vivir cada vez más lejos del monumento y la reclamación de cantidades pendientes derivadas de la actualización salarial del convenio durante la prórroga extraordinaria del contrato en 2025.

“No somos guías turísticos”, insiste Laura. “Nuestra función consiste en informar, orientar y resolver incidencias. Somos el punto de referencia permanente para quienes visitan la Alhambra”. Además de atender consultas o coordinarse con otros servicios del recinto, las informadoras actúan con frecuencia como intérpretes entre visitantes extranjeros y el personal del monumento. “Somos la primera persona con la que se encuentra el visitante cuando llega y, en muchas ocasiones, la última con la que habla antes de marcharse”, resume.

La otra gran pata del servicio externalizado la conforma Alhambra Educa, el programa con el que el Patronato acerca el conjunto monumental a colegios, familias y colectivos sociales mediante visitas didácticas, talleres y actividades educativas. Solo en 2023 participaron en estas iniciativas más de 40.000 escolares, además de cientos de personas atendidas a través de programas desarrollados en hospitales, centros penitenciarios, centros de día y otros recursos sociales. Aunque se trata de plantillas distintas, ambas comparten empresa adjudicataria y denuncian problemas comunes relacionados con las condiciones laborales, la prevención de riesgos y la organización del trabajo.

Entre esas preocupaciones figura también la exposición a las altas temperaturas. Las trabajadoras aseguran que desarrollan buena parte de su jornada en el exterior y denuncian la inexistencia de protocolos específicos que adapten la organización del trabajo durante episodios de calor extremo. Una reclamación que cobra especial relevancia en Granada, donde las alertas por altas temperaturas se han convertido en habituales durante los meses de verano.

La Alhambra y la empresa se ponen de perfil

El Patronato de la Alhambra y Generalife, dependiente del Gobierno andaluz, evita entrar en el fondo del conflicto y recuerda que las relaciones laborales corresponden exclusivamente a la empresa adjudicataria. No obstante, sostiene que ha favorecido el diálogo entre las partes y que el director del monumento, Rodrigo Ruiz-Jiménez, ha mantenido contactos tanto con la representación sindical como con Sedena para propiciar una solución. La institución también asegura que durante el último año ha impulsado mejoras materiales en los puestos de trabajo, como la creación de zonas de sombra, la instalación de ventiladores, la reubicación de algunos espacios de atención al público y la habilitación de nuevas áreas de descanso.

Sedena, por su parte, se limita a asegurar que “en todo momento mantenemos una constante comunicación directa con la representación legal de todas las personas trabajadoras de la empresa, al respecto de las condiciones laborales y los convenios colectivos laborales de aplicación”. Pese a la insistencia de este medio, la empresa no ha respondido, sin embargo, a las cuestiones planteadas sobre las jornadas parciales, las reclamaciones salariales, las medidas de conciliación o las denuncias relativas a la prevención de riesgos laborales.

El conflicto llega además en un momento en el que el modelo de gestión de la Alhambra vuelve a estar bajo la lupa de parte de su plantilla. En los últimos años, trabajadores del propio Patronato han alertado en distintas ocasiones de una progresiva externalización de servicios y de la pérdida de personal propio en áreas consideradas estratégicas, desde la conservación del patrimonio hasta la atención al público. Este conflicto se desarrolla precisamente en uno de esos servicios ya externalizados y vuelve a situar sobre la mesa el debate sobre quién sostiene el funcionamiento cotidiano del monumento más visitado de España junto con la Sagrada Familia y bajo qué condiciones lo hace.

UGT Servicios Públicos ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por el “deficiente” funcionamiento del sistema de climatización del centro de trabajo de la Administración General del Estado de la Carretera de Porzuna, en Ciudad Real.

Lo paradójico del caso es que allí están emplazadas la Subdelegación del Gobierno y la propia Inspección de Trabajo.

“La situación que está obligando a las trabajadoras y trabajadores a desempeñar sus funciones soportando temperaturas excesivamente elevadas, en muchas ocasiones por encima de los 27 grados”, relata el sindicato.

Este edificio también alberga otros organismos dependientes de la Administración del Estado como son la Abogacía del Estado, el Fogasa y la Demarcación de Carreteras del Estado, cuyos empleados y empleadas igualmente han trasladado al sindicato “el deficiente e irregular funcionamiento del aire acondicionado”. En total, son alrededor de 100 las personas que trabajan en estas dependencias.

UGT considera inaceptable que, en pleno verano y ante sucesivos episodios de altas temperaturas, la Administración mantenga a su plantilla en unas condiciones ambientales inadecuadas, con el consiguiente perjuicio para su bienestar, salud y seguridad. Sostiene que la temperatura registrada supera los límites legalmente establecidos como seguros y que estas deficiencias también se producen en invierno.

El sindicato ha trasladado esta circunstancia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con el objetivo de que se comprueben las condiciones existentes en el centro de trabajo y se adopten las medidas necesarias para garantizar unas condiciones laborales adecuadas y seguras. Advierte de que la exposición continuada a temperaturas elevadas durante la jornada laboral no puede considerarse una simple molestia o una cuestión de confort, sino que puede constituir un riesgo para la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

Sostiene que es un problema que viene de lejos. Durante la primavera y verano del pasado año 2025, los delegados y delegadas de UGT ya detectaron esta irregularidad en las visitas que realizan periódicamente a estos centros de trabajo. Lo trataron por los cauces reglamentarios en la Junta de Personal y en el Comité de Seguridad y Salud Laboral pero aun así no se ha adoptado una solución eficaz y definitiva por parte de la Administración.

Aunque se ha intentado solucionar esta situación, con la adopción de medidas organizativas, como cambiar de ubicación algunos puestos de trabajo y la instalación de aparatos portátiles auxiliares de aire acondicionado, considera que son del todo insuficientes, y así lo han manifestado los compañeros y compañeras que desarrollan su trabajo diario en este edificio.

“No es admisible que las trabajadoras y trabajadores tengan que soportar temperaturas elevadas durante su jornada laboral por el mal funcionamiento o la insuficiencia del sistema de climatización. La Administración debe actuar con responsabilidad y no esperar a que el problema se agrave o termine provocando consecuencias para la salud de su personal”.

UGT Servicios Públicos exige a la Administración que adopte de manera inmediata las medidas correctoras necesarias, garantizando el correcto funcionamiento de los sistemas de climatización y unas condiciones ambientales adecuadas en todos los puestos de trabajo, independientemente de la época del año en que nos encontremos.

Mientras persista la situación, el sindicato pide que se adopten medidas preventivas urgentes para reducir la exposición al calor, especialmente en los momentos de mayor temperatura, y que se informe a la representación legal de las personas trabajadoras sobre las actuaciones previstas.

El sindicato permanecerá vigilante y no descarta emprender nuevas actuaciones sindicales y administrativas si la Administración no adopta con carácter inmediato las medidas necesarias.

“El debate ahora sobre los incendios va de saber qué es lo que quiere la sociedad. Hay que preguntarnos si solo nos vamos a acordar de los bosques cuando se queman o si exigimos a los gobiernos planes de largo plazo”.

Así de contundente se muestra Alfredo Poveda. Trabaja en Cuenca y es el presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM). Lo dice sin paliativos. O se cambian las cosas o los voraces incendios de este y del anterior verano de 2025 se repetirán una y otra y otra vez.

“Los expertos nos dicen que en 15 años nos podemos quedar sin ningún bosque natural en la península ibérica si esto sigue así. Todos tenemos responsabilidades en eso”, apunta durante una entrevista, cuando todavía humean los megaincendios forestales de este verano que ya están entre los peores de la historia del país, y apenas ha comenzado el mes de agosto.

En España hay 26 millones de hectáreas forestales y 11 de ellas están desarboladas. “La propiedad forestal en España es eminentemente privada”, subraya.

“Lo que tenemos es una cantidad de hectáreas forestales que no pueden ser gestionadas por la administración pública. Eso es inviable, así que hay que apelar a la concienciación del propietario particular”. Conseguirlo pasa, en su opinión, por que cada propietario “tenga su finca o parcela en buenas condiciones, sin que acumule combustible forestal”.

La propiedad forestal en España es eminentemente privada. Lo que tenemos es una cantidad de hectáreas forestales que no pueden ser gestionadas por la administración pública. Eso es inviable, así que hay que apelar a la concienciación del propietario particular

El problema, reconoce, “es el coste que le supondrá si no hay beneficios de gestión a cambio”. En España hay un mundo rural que, dice, “vive por respiración asistida, y muy dependiente del medio urbano” y además “no hay recetas fáciles ni mágicas para revertirlo”.

“Ahora es el incendio el que maneja el paisaje sin respetar nada”

Aquel 'paisaje mosaico' en el medio rural al que estaban acostumbrados nuestros abuelos ya no existe. “El manejo del paisaje que propiciaba el ser humano con su actividad ya no es tal. Ahora el incendio es el que te lo maneja en tres horas, sin respetar nada”, lamenta.

En opinión de este profesional habituado a lidiar con los incendios, desde el puesto de mando avanzado que toque cada vez, cree que “la economía basada en el paisaje se ha transformado en la economía de la extinción que es infinitamente más cara”.

Habla de Castilla-La Mancha y no niega que haya prevención. De hecho afirma que la hay “durante todo el año” y que se hace bien, pero con mucho margen de mejora.

La economía basada en el paisaje se ha transformado en la economía de la extinción que es infinitamente más cara. Tenemos que definir mejor qué es la prevención

“Tenemos que definir mejor qué es la prevención. Sabemos que son trabajos de manejo de vegetación encaminados a reducir la oportunidad de incendio y que, si se producen, que podamos tener ventanas de oportunidad a través de la Red de Áreas de Defensa (RAD) contra los incendios para acometer la extinción con más seguridad”.

Y no solo eso. Durante las últimas olas de grandes fuegos se han producido detenciones por malas prácticas en situaciones de riesgo extremo de incendio. Irresponsabilidades a las que cree que también hay que ponerle coto.

“En Castilla-La Mancha el plan de prevención, vigilancia y extinción 2026 viene a regular con más decisión las actividades que pueden realizarse en función del nivel del Índice Potencial de Propagación (IPP)”, asegura. Y, sin embargo, cree que, a la vista de lo que está ocurriendo, hay que endurecer todavía más las medidas.

“Nos parece, y el ejemplo está en La Mierla, que hay cuestiones que deben pulirse. Con cierto nivel de riesgo hay actividades que deben restringirse al 100%. Esta es una decisión política compleja, pero es que aun aplicando medidas valientes en ciertos niveles de riesgo hace falta más contundencia”, reclama.

Con cierto nivel de riesgo hay actividades que deben restringirse al 100%. Esta es una decisión política compleja, pero es que aun aplicando medidas valientes hace falta más contundencia. La sociedad no está preparada para responsabilizarse

El fuego de La Mierla se produjo, según los primeros indicios, durante labores agrarias, pero todavía su origen está en fase de investigación. Otros como el de Almorox, en Toledo, tuvo origen en trabajos ilegales de soldadura. Sea como sea, Alfredo Poveda cree que hay que “dar una vuelta” a las medidas porque “delegar en el ciudadano responsabilidades que pueden provocar incendios no parece lo más aconsejable”.

Este agente medioambiental cree que “falta concienciación en la sociedad” y que la normativa delega “mucho” (demasiado quizá) en las personas. “Lo vemos a menudo cuando investigamos incendios: la sociedad no está preparada para responsabilizarse”, insiste.

Planes municipales y de autoprotección que no se cumplen

Alfredo Poveda no habla solo de los montes o de los bosques, sino de las zonas de interfaz urbano-forestal, como en Almorox (Toledo), en Burgohondo (Ávila) o en la Sierra Oeste de Madrid. Son lugares con un denominador común: “Infinidad de casas embutidas en zonas forestales”.

En este punto se detiene en la normativa vigente que obliga a ejecutar planes de autoprotección en municipios y en sus urbanizaciones. En este aspecto, lamenta, “nos falta mucho por hacer a nivel legislativo”.

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM) considera que uno de los grandes puntos débiles en la prevención de incendios forestales se encuentra en las parcelas privadas y en las viviendas situadas en la interfaz urbano-forestal, donde el monte y las edificaciones conviven a escasos metros.

“Tenemos un grave problema”, asegura, al hablar de las fincas privadas que lindan con terrenos forestales, ya que la normativa atribuye a los propietarios la responsabilidad de mantener las medidas de prevención y autoprotección. Sin embargo, sostiene que esas obligaciones “muchas veces no están ejecutadas”.

A su juicio, la herramienta más eficaz para reducir el riesgo son los planes de autoprotección, cuya implantación es obligatoria por ley, aunque en la práctica su desarrollo sigue siendo insuficiente.

La asociación también reclama una mayor implicación de los ayuntamientos. Poveda recuerda que “existe la figura del Plan de Actuación Municipal ante Incendios Forestales (PAMIF) pero los ayuntamientos no están ejecutando los trabajos necesarios para cumplirlo”.

El Plan INFOCAM tiene definidas las llamadas Zonas de Alto Riesgo de Incendio Forestal (ZAR) en Castilla-La Mancha. Son áreas declaradas oficialmente dentro del Plan de Protección Ciudadana debido a la alta frecuencia o virulencia de los incendios y la importancia de los valores naturales amenazados.

Existe la figura del Plan de Actuación Municipal ante Incendios Forestales (PAMIF) pero los ayuntamientos no están ejecutando los trabajos necesarios para cumplirlo

“No es algo costoso teniendo en cuenta lo que están salvando. Es una medida de protección civil”, defiende el presidente de APAM, quien considera que reforzar estos planes resulta imprescindible para minimizar el impacto de los grandes incendios y mejorar la seguridad tanto de la población como de los equipos de extinción.

Y es que, en el ámbito rural pero también en el urbano dice que “el paisaje es ahora una sucesión de bosques que tienden al máximo crecimiento”, ayudados por la falta de gestión y por abundantes lluvias que provocan crecimientos rápidos junto a olas de calor que lo convierten en polvorín.

“No quepa la menor duda: es a esto a lo que nos vamos a seguir enfrentando si no hay soluciones”, comenta lacónico durante la entrevista.

Me parece preocupante el uso que se hace del lenguaje y cómo se utiliza el cambio climático de forma ideológica o mediática, pero sin que el ciudadano lo entienda

Alfredo Poveda también enfrenta el negacionismo de forma tajante. “El cambio climático está aquí, pero hay que tener cuidado con el manejo del término”, advierte. “Me parece preocupante el uso que se hace del lenguaje y cómo se utiliza el cambio climático de forma ideológica o mediática, pero sin que el ciudadano lo entienda”.

Este agente medioambiental alude a las causas que provocan los incendios forestales. “Con los incendios no todo se debe a la despoblación, ni al cambio climático, ni a los incendiarios ni a las personas irresponsables. Es algo multifactorial”, en el que, dice, “lo que hay de fondo es un escenario muy desfavorable por la cantidad de combustible forestal que tenemos unido a una concatenación de olas de calor”, cada vez más largas y frecuentes.

Con los incendios no todo se debe a la despoblación, ni al cambio climático, ni a los incendiarios ni a las personas irresponsables. Es algo multifactorial y hay que hacer pedagogía

“Es importante hacer pedagogía para entender cómo se relacionan los distintos factores. Honestamente, a nivel de Estado tenemos muy poca posibilidad de incidir en el cambio climático global, pero sí podemos adaptarnos manejando las masas forestales”. Y en esta cuestión incide en lo mismo: “Tenemos que saber si la sociedad quiere o no adaptarse porque a ver si va a ser que solo nos acordamos de los montes para las tertulias televisivas”.

La Sierra Norte de Guadalajara: la urgencia de estabilizar el suelo

En la Sierra Norte de Guadalajara, uno de esos voraces incendios cuyo origen sigue todavía sin confirmarse (se encuentra bajo investigación de la Guardia Civil y de los propios agentes medioambientales), ha calcinado 33.000 hectáreas según el último balance del viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha José Almodóvar.

¿Qué hacemos ahora?, preguntamos. “Es un desastre para uno de los espacios naturales de montaña más característicos de Castilla-La Mancha”. Los agentes medioambientales no han entrado todavía de lleno sobre el terreno, junto a técnicos expertos. El incendio está controlado, pero sigue activo.

“Lo importante será estudiar la zona en profundidad porque no todo se quema por igual. Habrá que hacerlo hectárea a hectárea para averiguar la severidad de la afección”. Lo principal será detectar aquellas zonas donde el fuego ha arrasado la materia orgánica del suelo. Y los lugares en peligro de erosión o de sufrir escorrentías cuando vengan las lluvias. “Es allí habrá que hacer obras de emergencia post-incendio. Serán muy importantes”.

Alfredo Poveda recuerda que el tiempo corre en contra. “No sabemos qué puede pasar en otoño con un mar Mediterráneo muy caliente que puede provocar una o varias dana”. Por eso pone el foco en las obras de estabilización del suelo. “Hay que actuar de forma inmediata de acuerdo a las características orográficas del terreno para evitar la escorrentía y la pérdida de suelo”.

En este aspecto explica que “aunque lo desolador sea ver los árboles quemados -y no todos habrán sufrido por igual- los vecinos deben saber que la vegetación es renovable, pero el suelo no”. De ahí la prioridad en la actuación para evitar la desertificación.

“Soy consciente de la depresión social que ha causado este incendio”, comenta el agente medioambiental que pese a todo lanza un mensaje de optimismo. “¿El monte se va a regenerar? Sí, aunque a algunas zonas les lleve más trabajo”.

Sus compañeros de profesión y otros especialistas entrarán ahora al terreno, en cuanto sea posible, para ver dónde actuar, “incluso con pastoreo acotado”, señala. En algunas zonas se apostará por la siembra de herbáceos, en otras, aventura, quizá por “el acolchamiento con paja y otros restos vegetales o mulching”.

Todo está por ver, aunque descarta una repoblación masiva en la Sierra Norte de Guadalajara. “Ahora se usan menos, aunque pueden ser recomendables para mejorar la porosidad del terreno. La tendencia es realizar labores para que el monte regenere solo”.

“Entiendo la desolación, pero ahora la ilusión que deben tener es ver crecer el monte desde cero. Se necesitarán muchos años, sí, pero cada día será un retoño, un brote…”, zanja, dejando un mensaje de optimismo.

Los sindicatos CCOO Industria y UGT FICA han suscrito un preacuerdo con la patronal del sector vinícola de Ciudad Real de cara al próximo convenio colectivo en la provincial.

El preacuerdo incluye una subida salarial del 3,5% en 2026, y del 3% en 2027 con cláusula de revisión salarial de hasta un 1% adicional cada uno de los años de vigencia, según han informado las organizaciones sindicales.

Los salarios podrán llegar al 4,5% y al 4% con efecto retroactivo desde el 1 de enero, para los 6.000 trabajadores del sector en la provincia.

Reducción de la jornada laboral

Además incluye una reducción de la jornada laboral en 8 horas quedando fijada la máxima anual en 1.792 horas por lo que las personas trabajadoras tendrán un día más de descanso.

En el preacuerdo se establece el mantenimiento de la antigüedad y los complementos de IT en las mismas condiciones uno de los puntos de fricción entre los sindicatos y la patronal.

Además incluye ultraactividad de forma que el convenio estará vigente mientras no haya otro que lo sustituya. Una vez se firme y se publique el texto definitivo del convenio los atrasos irán desde los 400 euros para la categoría más baja en adelante.

El secretario general de CCOO Industria Ciudad Real, Víctor Manuel Arias, ha indicado que “todas estas mejoras, sin ningún recorte, se han conseguido gracias a la movilización de los trabajadores y trabajadoras del sector que avanzan en derechos y mejoran sus condiciones laborales”.

El responsable sindical ha apuntado a la importancia de las subidas salariales y la reducción de la jornada Recuerda que la lucha que comenzó el sector del metal “no solo ha servido para el convenio del metal sino que está sirviendo de referencia para todos los convenios de la provincia de Ciudad Real ya que, de forma mayoritaria, se están firmando con cláusulas de revisión salarial y subidas por encima del IPC”.

Por parte de UGT FICA Ciudad Real, Alfredo Nieto ha destacado que, hasta llegar al acuerdo que hace posible este convenio, la negociación ha sido “dura y difícil” con momentos en los que “hemos tenido que recurrir a la movilización”.

Al final, ha apuntado, “nos podemos sentir satisfechos con las mejoras alcanzadas, sobre todo con la subida salarial y la cláusula de revisión que hemos podido introducir en el texto; la reducción de la jornada; y, algo muy importante, la ultraactividad, de tal manera que este convenio permanecerá vigente mientras no haya otro que lo sustituya”. La Federación de Industria Construcción y Agro de UGT resaltaba que se trata de un sector estratégico en Ciudad Real, provincia a la cabeza tanto en producción como en exportación, de ahí “nuestro empeño en seguir avanzando en derechos y en mejores condiciones laborales”.

Alfredo Nieto ha señalado que aún quedan reivindicaciones pendientes “sobre las que seguiremos trabajando en las próximas negociaciones”.

Los sindicatos CSIF, ANPE y STECyL-i han alcanzado un preacuerdo con la Consejería de Educación de Castilla y León “tras meses de intensas y complejas conversaciones” para que los profesores no universitarios cobren por las tutorías y se reduzca el horario lectivo para mayores de 55 años. Las organizaciones han garantizado que las medidas entren en vigor el 1 de septiembre de 2026.

Está previsto que se establezca un complemento económico mensual de 20 euros al mes en el curso 2026/2027, 40€ en el 2027/2028 y 60€ en el curso 2028/2029 por hacerse cargo de una tutoría, según han informado los tres sindicatos. Además, el preacuerdo recoge el compromiso de impulsar las vías necesarias dirigidas a la reducción de la carga lectiva del profesorado tutor.

El Ejecutivo autonómico reconoce una “reivindicación histórica” de las tres organizaciones sindicales al comprometerse a reducir la carga lectiva de los mayores de 55 años. Aquellos docentes que cumplan la edad y tengan al menos 15 años de servicio en la Educación Pública podrá tener hasta 3 horas o periodos lectivos hasta 21 horas para el Cuerpo de Maestros y 14 periodos lectivos para Secundaria y resto de cuerpos, algo que se trabajará con un calendario en tres fases. El preacuerdo contempla la dotación de los docentes necesarios para poner en marcha la medida.

Tres fases para la reducción de jornada

En la primera fase (cursos 2026/2027 a 2028/2029), se hará una reducción de una hora o periodo lectivo (fijando 23 horas lectivas en maestros y hasta 16 periodos en el resto de cuerpos). Se implantará progresivamente según la edad a 1 de septiembre: 59 años o más (2026/2027), 57 años o más (2027/2028) y 55 años o más (2028/2029).

En la segunda fase (cursos 2029/2030 a 2030/2031), habrá una reducción de una hora o periodo lectivo más (2 horas en total), situando la carga en 22 horas en maestros y 15 periodos en Secundaria y resto de cuerpos. Se aplicará a docentes con 60 o más años (2029/2030) y 58 o más años (2030/2031).

En la tercera fase (curso 2031/2032), se reducirá una hora o periodo lectivo más (3 horas en total en la fase final del desarrollo del preacuerdo) para docentes con 60 o más años a 1 de septiembre de 2031, alcanzando el objetivo final de 21 horas lectivas en el Cuerpo de Maestros y 14 periodos en el resto de cuerpos.

La mayoría de las comunidades autónomas ya han reconocido estos derechos para sus docentes. La posición de las organizaciones sindicales firmantes a lo largo de toda la negociación ha sido “firme e intransigente” con los derechos del profesorado. A diferencia de lo que ocurre en otras comunidades, la Junta de Castilla y León aplicará las reducciones de oficio a todo el profesorado que cumpla los requisitos, de forma transparente y sin burocracia añadida.

Los docentes que prefieran mantener su horario habitual deberán formalizar expresamente su renuncia o desistimiento. “En esta reducción se garantiza que no se realizará ninguna actividad directa con alumnado ni se impondrán actividades adicionales de centro, marcando una distancia sustancial con los recortes o contraprestaciones exigidos en otras comunidades autónomas”, han señalado CSIF, ANPE y STECyL-i.

Los sindicatos avisan de que la negociación no ha terminado

A pesar de los avances contenidos en el documento, CSIF, ANPE y STECYL-i dejan claro que no se conforman y que la negociación no acaba con este preacuerdo. En la comisión de seguimiento continuarán luchando con determinación para que la tutoría se reconozca de manera efectiva en todas las etapas educativas, así como demandando la creación de un complemento para todo el profesorado especialista que desempeña funciones imprescindibles y atiende de forma directa a la totalidad del alumnado del centro.

Los sindicatos exigen una subida salarial “justa” para todo el profesorado hasta equiparar las retribuciones con las de otras comunidades autónomas. “La firma de este preacuerdo no es un punto final, sino un paso más en el camino”, han insistido las organizaciones de los trabajadores.

Ahora que estamos en este verano que promete ser tórrido, ahora que vamos algo más despacio, vamos a contar mentiras. Concretamente, las mentiras que nos cuentan. Hoy dedicaremos la primera trampa al ojo, la primera ilusión con apariencia de verdad, a un tema muy de moda que vamos a seguir escuchando machaconamente, con o sin insultos, en los próximos tiempos, cual hit del verano y más allá. ¿Por qué mentir? ¿Por qué confundir el absentismo laboral con otras situaciones que no lo son, mezclarlo todo y poner el grito en el cielo?

Es inadmisible confundir el derecho a la salud con el absentismo injustificado. El incremento en la duración de las bajas no es responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras, sino la consecuencia directa del deterioro (¿intencionado?) de la sanidad pública y la saturación de las listas de espera, especialmente en traumatología, lo que prolonga innecesariamente los procesos ante la inacción de administraciones y mutuas.

Lejos de ser un beneficio, la enfermedad acarrea una grave pérdida salarial que puede alcanzar los 2.600 euros en los sectores más precarios, forzando incluso reincorporaciones prematuras que dañan la salud. Resulta interesante observar cómo se ataca a la clase trabajadora mientras la patronal bloquea acuerdos de prevención de riesgos y se niega a gestionar eficazmente los problemas de salud mental y desconexión digital. Que una persona esté enferma nunca será absentismo laboral. A pesar de que lo importante no pasa por combatir el contenido de la mentira, eso nos lo enseñó Derrida, no viene de más repetir la verdad otra vez, otra vez más. El absentismo laboral es únicamente ausentarse del puesto de trabajo sin justificación ninguna. Por lo tanto, no es absentismo laboral y nunca lo será:

Digamos que hablo del valioso trabajo que realizan muchas compañeras y también compañeros de las residencias de mayores que apenas cuentan con 10 minutos para asear, vestir y dar de desayunar a nuestras personas mayores que merecen un tiempo de calidad, sin duda, más digno. ¿Cuánto peso carga cada una estas trabajadoras cada día?

Deberíamos medir y establecer cargas de peso máximas saludables. Recuerdo a aquella compañera que por evitar que una persona mayor se cayera al suelo, salió al quite, evitó su caída, pero se hizo daño. Cuando fue a la mutua y dijo que había sufrido un accidente laboral, le llamaron vieja. Bueno, no así, le dijeron que eso parecía que más que por lo que relataba que le acababa de pasar, pues que “tenía pinta de ser más bien propio de su edad” Y, en otras muchas ocasiones, se añaden frases maravillosas como “la verdad es que con tus años eso no va a mejorar, cada vez va a empeorar. Esto no es por el trabajo”. ¿No hay origen laboral? ¿Algunas condiciones de trabajo actuales no enferman?

Así, por ejemplo, el cáncer es una dolorosa realidad en España, pues es la principal causa de mortalidad laboral, como también en UE. En nuestro país es además una realidad oculta e infradeclarada. Frente a Alemania, donde el cáncer representa el 32% del total de enfermedades profesionales declaradas, en España estamos en valores entre 0,23% y el 0,35%, es decir, se declaran apenas 100 casos de los más de 8000 que se calculan tienen origen laboral.

Alemania tiene una larga trayectoria reconociendo los tumores vinculados a la exposición a agentes carcinógenos (como el amianto o la sílice) como enfermedades ocupacionales. Del amianto nos preocupamos mucho en Toledo, pues tenemos el mayor vertido al aire libre de toda Europa, así con todas las letras. Un problema de salud pública cuyos vertidos están situados a escasos metros de importantes centros de trabajo de la administración regional, habrá que investigar si puede entenderse como un problema de salud laboral enviar a tanta gente a trabajar tan cerca.

Retomando el hilo, esta infradeclaración de enfermedades profesionales en nuestro país supone muchas cosas, tiene consecuencias para las vidas de las personas y también interesan, y mucho, para los cálculos que concluyen que son realidades “que no podemos asumir”.

Me quitan las palabras de la boca, cada vez que una enfermedad profesional o un accidente laboral es derivado como contingencias comunes las personas trabajadoras y la ciudadanía perdemos dinero pues todo cae en la cuenta de la Seguridad Social, que pagamos entre todos.

La verdad es que estamos hartas de que llamen contingencias comunes a enfermedades y accidentes laborales. Y decimos hartas porque, al menos en la Junta de Castilla-La Mancha, enfermamos más las mujeres que hombres, y esto igual tiene que ver con los cuidados, tendríamos que analizarlo mejorando los informes de siniestralidad para que ofrezcan datos más concisos que permitan establecer las causas y programas preventivos eficaces.

La verdad es que estamos hartas de que llamen contingencias comunes a enfermedades y accidentes laborales. Y decimos hartas porque, al menos en la Junta de Castilla-La Mancha, enfermamos más las mujeres que hombres, y esto igual tiene que ver con los cuidados, tendríamos que analizarlo mejorando los informes de siniestralidad

Los fraudes, tanto de las presuntas personas trabajadoras (se calcula que suponen alrededor del 1% y no del 8% que repiten al sumar todo lo que no lo es) como de las presuntas mutuas que derivan algo de origen laboral como contingencias comunes, deben ser todos investigados denunciados y sancionados.

De la misma manera, las personas responsables de condiciones laborales que se demuestren que enferman o matan. ¿Por qué confundirlo todo? ¿Por qué sumar al absentismo laboral con lo que no es? ¿Por qué denominar a un encuentro regional “El absentismo x IT? ¿Por qué hay mutuas con beneficios de más de 7 millones de euros que no los invierten en poner en marcha programas de prevención y promoción de la salud laboral con perspectiva de género y edad?

Poco a poco, tiempo lento para pensar. Hoy, centrémonos en la finalidad de una mentira. ¿Qué se persigue con el hit machacón del verano, otoño, invierno y de cada primavera? Jacques Derrida, el filósofo francés, nos dio la pista que seguiremos hoy: “Lo relevante en la mentira no es nunca su contenido, sino la intencionalidad del que miente”.

¿Qué se busca? ¿Qué se persigue con la psicologización de la precariedad? ¿Estamos caminando hacia un modelo de servicios públicos low cost que permita su privatización? La realidad es que la privatización de los servicios públicos empeora la calidad de los mismos y precariza las condiciones laborales.

Esto significa que nos hacen un juego de trileros que consiste en individualizar, culpabilizar al individuo de las consecuencias colectivas que tienen origen en unas condiciones sociales y de trabajo que enferman, no a uno ni a dos ni a tres, sino a muchos.

¿Qué se busca? ¿Qué se persigue con la psicologización de la precariedad? ¿Estamos caminando hacia un modelo de servicios públicos 'low cost' que permita su privatización? La realidad es que la privatización de los servicios públicos empeora la calidad de los mismos y precariza las condiciones laborales

Ahora que caminamos a nivel global de la democracia hacia otra cosa que no parece mejor , ni de lejos, quizá sea hora de preguntarnos si no es la sociedad la que está dando gritos porque está muy enferma. Seguiremos ahondando en las finalidades que se persiguen y consiguen llenando los espacios de estas cargantes mentiras porque nuestra salud nos va en ello.

Por último, disculpen si notan acaso mi tono un tanto acalorado, todavía recuerdo el día en el que fui a medir las altas temperaturas durante este episodio extremo de calor en las escuelas infantiles y, sin duda, el calor extremo afecta perjudicialmente a la salud si no se toman las medidas adecuadas.