La Asociación Sindical Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León ha denunciado retrasos en el abono por parte de la Junta de Castilla y León de las guardias de incendios forestales realizadas por los agentes medioambientales en los meses de junio y julio.

El sindicato sostiene que los retrasos afectan al conjunto de la Comunidad, aunque señala una situación especialmente desfavorable en la provincia de Segovia, donde los agentes todavía no han percibido las retribuciones correspondientes a las guardias realizadas durante el verano.

Según APAMCYL-USCAL, en otras provincias se han producido retrasos en el pago de las guardias de junio, aunque ya se habrían pagado con la nómina de agosto; sin embargo, las guardias de julio continúan pendientes de abono en el conjunto de la Comunidad, según el sindicato.

Además, considera especialmente grave la situación de Segovia porque, según denuncia, se trata del segundo año consecutivo en el que se producen retrasos en el pago de estas retribuciones, ya que en 2025 las demoras fueron superiores a las registradas en otras provincias.

El sindicato ha denunciado de una “gestión administrativa ineficiente” y una “discriminación territorial continuada”, al considerar que los agentes destinados en Segovia se encuentran en peor situación de cobro que sus compañeros de otras provincias.

La organización ha vuelto a trasladar su reclamación a la Delegación Territorial de la Junta en Segovia y ha reclamado a la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y Energía que adopte las medidas necesarias para que las guardias sean tramitadas y abonadas mensualmente y en tiempo y forma en toda Castilla y León.

Las guardias de incendios implican una disponibilidad de 24 horas, adicional a la jornada laboral habitual, para poder intervenir de forma inmediata ante una emergencia.

Los agentes medioambientales desempeñan, entre otras funciones, la dirección inicial de la extinción, la coordinación de medios, la vigilancia y los trabajos de campo, hasta que la dirección puede pasar a un técnico en función de la evolución y gravedad del incendio.

APAMCYL-USCAL considera que los retrasos resultan especialmente “incomprensibles” en una campaña que está siendo especialmente exigente para los agentes medioambientales de Segovia, por la cantidad y gravedad de los incendios registrados este verano, como los de Navas de San Antonio, Revenga y Brieva.

La organización ha recordado que ya presentó reclamaciones por este mismo motivo el pasado año y sostiene que “no puede normalizarse” que los agentes tengan que esperar varios meses para cobrar servicios de emergencia que ya han prestado.

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha denunciado la situación que sufren efectivos de la provincia de Toledo que continúan sin percibir las retribuciones correspondientes a las guardias realizadas durante los meses de junio y julio.

En nota de prensa, APAM-CLM confirma que la propia Administración ha reconocido el problema y que este “se debe a incidencias en el programa utilizado por Función Pública para la gestión de las nóminas”.

Sin embargo, resulta “difícilmente aceptable” para unos profesionales que “han cumplido con su trabajo, estando disponibles las 24 horas del día, cuando se les ha requerido y que, meses después de prestar el servicio, siguen esperando cobrar por él.

Además, denuncia APAM, se está produciendo un agravio comparativo entre los agentes del cuerpo, ya que algunos han recibido el pago de las guardias del mes de junio, mientras que otros continúan sin percibir ni junio, ni julio.

“Hay profesionales que, habiendo realizado exactamente el mismo trabajo, se encuentran en situaciones económicas distintas, por un error administrativo ajeno a ellos”, denuncia la asociación.

Larga lista de problemas

Lo más preocupante, según APAM, es que este problema no constituye un hecho aislado. Ya, durante el pasado año se produjeron incidencias similares en la provincia de Toledo. “Lejos de corregirse, la situación se ha repetido y agravado en 2026, poniendo de manifiesto que no estamos ante un incidente puntual, sino ante una deficiente gestión que vuelve a recaer sobre los mismos trabajadores”.

Apuntan que esta situación se produce, tras una campaña de incendios “especialmente intensa”, pues durante este verano, los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha han participado en la extinción, investigación y gestión de incendios forestales tanto dentro como fuera de la región.

“Han trabajado en Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Aragón y en cualquier otro territorio donde su presencia ha sido requerida, desempeñando funciones esenciales para la protección de las personas, los bienes y el patrimonio natural. Mientras los ciudadanos veían las imágenes de grandes incendios forestales en los medios de comunicación, muchos de los profesionales que se encontraban sobre el terreno jugándose la vida, coordinando operaciones, garantizando la seguridad de los intervinientes, investigando causas y causantes y protegiendo nuestros montes, siguen sin haber cobrado parte de su trabajo.

Por ello, desde APAM-CLM consideran “inaceptable” que quienes “asumen riesgos evidentes para proteger a la sociedad tengan que esperar meses para percibir unas cantidades que deberían haberse abonado con normalidad. Más aún cuando estos retrasos generan perjuicios económicos personales y familiares que nadie parece dispuesto a compensar”.

Todo apunta a que, “una vez más, los trabajadores asumirán las consecuencias del error mientras la Administración no contempla compensación, interés o resarcimiento alguno por el retraso sufrido”, lamentan.

Según APAM, este nuevo episodio se suma a una larga lista de problemas que el colectivo viene denunciando desde hace años. “La falta de medios personales y materiales, la insuficiencia de efectivos, el escaso reconocimiento institucional, el ninguneo mediático de nuestras funciones y las dificultades que en numerosas ocasiones encuentran los agentes para desarrollar con normalidad investigaciones y actuaciones propias de sus competencias conforman un escenario de abandono que resulta incompatible con la importancia estratégica de nuestro trabajo”.

Horas extras y nocturnidad que no se pagan

Por otro lado, la asociación denuncia también que los agentes medioambientales no perciben retribución alguna por las horas extraordinarias ni por el trabajo nocturno que realizan. Estas horas son compensadas mediante días de descanso, generando bolsas de horas que posteriormente deben disfrutarse con importantes limitaciones organizativas y restricciones en determinadas épocas del año.

“Este sistema no solo perjudica a los agentes, sino también al propio servicio público. La acumulación de cientos de horas de compensación provoca que una plantilla ya insuficiente tenga que ausentarse posteriormente para recuperar ese tiempo trabajado. Como consecuencia, durante buena parte del año, el cuerpo dispone de menos efectivos para desempeñar funciones esenciales de vigilancia ambiental, prevención de incendios, control de aprovechamientos, inspección, investigación y protección del medio natural”.

Reivindicaciones históricas pendientes

Por todo ello, APAM-CLM vuelve a reclamar soluciones estructurales que eviten que estos problemas se repitan año tras año. Entre ellas, exige que las guardias sean integradas en el complemento específico de los puestos de trabajo, eliminando la dependencia de liquidaciones mensuales extraordinarias y garantizando que los profesionales perciban sus retribuciones de forma estable y puntual.

De igual modo, reclaman que se materialice de una vez el reconocimiento profesional y retributivo que corresponde al colectivo. El Estatuto Básico del Empleado Público contempla desde 2007 la existencia del Grupo B para aquellos cuerpos cuyo acceso exige la titulación de Técnico Superior, una previsión legal que casi veinte años después continúa sin desarrollarse plenamente en numerosas administraciones.

“Los Agentes Medioambientales han demostrado sobradamente su profesionalidad, su compromiso con el servicio público y su disposición permanente para acudir allí donde son necesarios. Lo mínimo que pueden esperar a cambio es respeto institucional, condiciones dignas y cobrar en plazo por el trabajo que realizan. Porque proteger nuestros montes, nuestros pueblos, la seguridad ciudadana y la seguridad medioambiental no puede depender de la buena voluntad de quienes llevan meses esperando una nómina que ya deberían haber percibido” concluyen desde APAM.

Cada día reciben a miles de personas que cruzan las puertas de la Alhambra. Resuelven dudas, orientan a quienes se pierden entre palacios y jardines, traducen incidencias a visitantes llegados de todo el mundo y acompañan a decenas de miles de escolares en los programas educativos del monumento. Son, en palabras del propio Patronato, los “anfitriones” de la ciudad palatina. Sin embargo, quienes sostienen esa primera y última imagen que millones de personas se llevan del conjunto nazarí denuncian que lo hacen desde la precariedad.

Las trabajadoras del Servicio de Información y Atención al Visitante y del programa Alhambra Educa, ambos externalizados a través de la empresa Sedena, han decidido romper el silencio tras más de un año de negociaciones infructuosas con la adjudicataria. Denuncian jornadas parciales que, aseguran, dejan a parte de la plantilla por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), dificultades para conciliar, falta de reconocimiento de los idiomas que utilizan a diario y la ausencia de protocolos específicos frente al calor extremo. Un conflicto laboral que vuelve a poner el foco sobre un debate que sobrevuela desde hace años el principal monumento andaluz: la creciente externalización de servicios que antes asumía directamente el Patronato de la Alhambra y Generalife.

El conflicto estalló públicamente el pasado 17 de julio, cuando una parte de la plantilla convocó una concentración a las puertas del Palacio de Carlos V de la mano de la CNT. El sindicato sostiene que la protesta llega después de más de un año de reuniones, propuestas y negociaciones sin avances con Sedena, la empresa navarra que gestiona tanto el Servicio de Información y Atención al Visitante como el programa Alhambra Educa mediante adjudicación pública. “La movilización no surge porque hayamos rechazado la negociación. Más bien al contrario: llevamos mucho tiempo intentando negociar sin obtener respuestas satisfactorias”, resume Laura, una de las trabajadoras del servicio de información.

Sueldos y condiciones precarias

La principal reivindicación gira en torno a las jornadas parciales que, según denuncian, impiden que parte de la plantilla alcance siquiera el salario mínimo. A ello suman la falta de reconocimiento económico del uso habitual de idiomas –una herramienta imprescindible para atender a visitantes de todo el mundo–, la pérdida de flexibilidad para conciliar la vida laboral y familiar, la ausencia de compensaciones por transporte en una ciudad donde el precio de la vivienda obliga a muchas trabajadoras a vivir cada vez más lejos del monumento y la reclamación de cantidades pendientes derivadas de la actualización salarial del convenio durante la prórroga extraordinaria del contrato en 2025.

“No somos guías turísticos”, insiste Laura. “Nuestra función consiste en informar, orientar y resolver incidencias. Somos el punto de referencia permanente para quienes visitan la Alhambra”. Además de atender consultas o coordinarse con otros servicios del recinto, las informadoras actúan con frecuencia como intérpretes entre visitantes extranjeros y el personal del monumento. “Somos la primera persona con la que se encuentra el visitante cuando llega y, en muchas ocasiones, la última con la que habla antes de marcharse”, resume.

La otra gran pata del servicio externalizado la conforma Alhambra Educa, el programa con el que el Patronato acerca el conjunto monumental a colegios, familias y colectivos sociales mediante visitas didácticas, talleres y actividades educativas. Solo en 2023 participaron en estas iniciativas más de 40.000 escolares, además de cientos de personas atendidas a través de programas desarrollados en hospitales, centros penitenciarios, centros de día y otros recursos sociales. Aunque se trata de plantillas distintas, ambas comparten empresa adjudicataria y denuncian problemas comunes relacionados con las condiciones laborales, la prevención de riesgos y la organización del trabajo.

Entre esas preocupaciones figura también la exposición a las altas temperaturas. Las trabajadoras aseguran que desarrollan buena parte de su jornada en el exterior y denuncian la inexistencia de protocolos específicos que adapten la organización del trabajo durante episodios de calor extremo. Una reclamación que cobra especial relevancia en Granada, donde las alertas por altas temperaturas se han convertido en habituales durante los meses de verano.

La Alhambra y la empresa se ponen de perfil

El Patronato de la Alhambra y Generalife, dependiente del Gobierno andaluz, evita entrar en el fondo del conflicto y recuerda que las relaciones laborales corresponden exclusivamente a la empresa adjudicataria. No obstante, sostiene que ha favorecido el diálogo entre las partes y que el director del monumento, Rodrigo Ruiz-Jiménez, ha mantenido contactos tanto con la representación sindical como con Sedena para propiciar una solución. La institución también asegura que durante el último año ha impulsado mejoras materiales en los puestos de trabajo, como la creación de zonas de sombra, la instalación de ventiladores, la reubicación de algunos espacios de atención al público y la habilitación de nuevas áreas de descanso.

Sedena, por su parte, se limita a asegurar que “en todo momento mantenemos una constante comunicación directa con la representación legal de todas las personas trabajadoras de la empresa, al respecto de las condiciones laborales y los convenios colectivos laborales de aplicación”. Pese a la insistencia de este medio, la empresa no ha respondido, sin embargo, a las cuestiones planteadas sobre las jornadas parciales, las reclamaciones salariales, las medidas de conciliación o las denuncias relativas a la prevención de riesgos laborales.

El conflicto llega además en un momento en el que el modelo de gestión de la Alhambra vuelve a estar bajo la lupa de parte de su plantilla. En los últimos años, trabajadores del propio Patronato han alertado en distintas ocasiones de una progresiva externalización de servicios y de la pérdida de personal propio en áreas consideradas estratégicas, desde la conservación del patrimonio hasta la atención al público. Este conflicto se desarrolla precisamente en uno de esos servicios ya externalizados y vuelve a situar sobre la mesa el debate sobre quién sostiene el funcionamiento cotidiano del monumento más visitado de España junto con la Sagrada Familia y bajo qué condiciones lo hace.

UGT Servicios Públicos ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por el “deficiente” funcionamiento del sistema de climatización del centro de trabajo de la Administración General del Estado de la Carretera de Porzuna, en Ciudad Real.

Lo paradójico del caso es que allí están emplazadas la Subdelegación del Gobierno y la propia Inspección de Trabajo.

“La situación que está obligando a las trabajadoras y trabajadores a desempeñar sus funciones soportando temperaturas excesivamente elevadas, en muchas ocasiones por encima de los 27 grados”, relata el sindicato.

Este edificio también alberga otros organismos dependientes de la Administración del Estado como son la Abogacía del Estado, el Fogasa y la Demarcación de Carreteras del Estado, cuyos empleados y empleadas igualmente han trasladado al sindicato “el deficiente e irregular funcionamiento del aire acondicionado”. En total, son alrededor de 100 las personas que trabajan en estas dependencias.

UGT considera inaceptable que, en pleno verano y ante sucesivos episodios de altas temperaturas, la Administración mantenga a su plantilla en unas condiciones ambientales inadecuadas, con el consiguiente perjuicio para su bienestar, salud y seguridad. Sostiene que la temperatura registrada supera los límites legalmente establecidos como seguros y que estas deficiencias también se producen en invierno.

El sindicato ha trasladado esta circunstancia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con el objetivo de que se comprueben las condiciones existentes en el centro de trabajo y se adopten las medidas necesarias para garantizar unas condiciones laborales adecuadas y seguras. Advierte de que la exposición continuada a temperaturas elevadas durante la jornada laboral no puede considerarse una simple molestia o una cuestión de confort, sino que puede constituir un riesgo para la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

Sostiene que es un problema que viene de lejos. Durante la primavera y verano del pasado año 2025, los delegados y delegadas de UGT ya detectaron esta irregularidad en las visitas que realizan periódicamente a estos centros de trabajo. Lo trataron por los cauces reglamentarios en la Junta de Personal y en el Comité de Seguridad y Salud Laboral pero aun así no se ha adoptado una solución eficaz y definitiva por parte de la Administración.

Aunque se ha intentado solucionar esta situación, con la adopción de medidas organizativas, como cambiar de ubicación algunos puestos de trabajo y la instalación de aparatos portátiles auxiliares de aire acondicionado, considera que son del todo insuficientes, y así lo han manifestado los compañeros y compañeras que desarrollan su trabajo diario en este edificio.

“No es admisible que las trabajadoras y trabajadores tengan que soportar temperaturas elevadas durante su jornada laboral por el mal funcionamiento o la insuficiencia del sistema de climatización. La Administración debe actuar con responsabilidad y no esperar a que el problema se agrave o termine provocando consecuencias para la salud de su personal”.

UGT Servicios Públicos exige a la Administración que adopte de manera inmediata las medidas correctoras necesarias, garantizando el correcto funcionamiento de los sistemas de climatización y unas condiciones ambientales adecuadas en todos los puestos de trabajo, independientemente de la época del año en que nos encontremos.

Mientras persista la situación, el sindicato pide que se adopten medidas preventivas urgentes para reducir la exposición al calor, especialmente en los momentos de mayor temperatura, y que se informe a la representación legal de las personas trabajadoras sobre las actuaciones previstas.

El sindicato permanecerá vigilante y no descarta emprender nuevas actuaciones sindicales y administrativas si la Administración no adopta con carácter inmediato las medidas necesarias.

“El debate ahora sobre los incendios va de saber qué es lo que quiere la sociedad. Hay que preguntarnos si solo nos vamos a acordar de los bosques cuando se queman o si exigimos a los gobiernos planes de largo plazo”.

Así de contundente se muestra Alfredo Poveda. Trabaja en Cuenca y es el presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM). Lo dice sin paliativos. O se cambian las cosas o los voraces incendios de este y del anterior verano de 2025 se repetirán una y otra y otra vez.

“Los expertos nos dicen que en 15 años nos podemos quedar sin ningún bosque natural en la península ibérica si esto sigue así. Todos tenemos responsabilidades en eso”, apunta durante una entrevista, cuando todavía humean los megaincendios forestales de este verano que ya están entre los peores de la historia del país, y apenas ha comenzado el mes de agosto.

En España hay 26 millones de hectáreas forestales y 11 de ellas están desarboladas. “La propiedad forestal en España es eminentemente privada”, subraya.

“Lo que tenemos es una cantidad de hectáreas forestales que no pueden ser gestionadas por la administración pública. Eso es inviable, así que hay que apelar a la concienciación del propietario particular”. Conseguirlo pasa, en su opinión, por que cada propietario “tenga su finca o parcela en buenas condiciones, sin que acumule combustible forestal”.

La propiedad forestal en España es eminentemente privada. Lo que tenemos es una cantidad de hectáreas forestales que no pueden ser gestionadas por la administración pública. Eso es inviable, así que hay que apelar a la concienciación del propietario particular

El problema, reconoce, “es el coste que le supondrá si no hay beneficios de gestión a cambio”. En España hay un mundo rural que, dice, “vive por respiración asistida, y muy dependiente del medio urbano” y además “no hay recetas fáciles ni mágicas para revertirlo”.

“Ahora es el incendio el que maneja el paisaje sin respetar nada”

Aquel 'paisaje mosaico' en el medio rural al que estaban acostumbrados nuestros abuelos ya no existe. “El manejo del paisaje que propiciaba el ser humano con su actividad ya no es tal. Ahora el incendio es el que te lo maneja en tres horas, sin respetar nada”, lamenta.

En opinión de este profesional habituado a lidiar con los incendios, desde el puesto de mando avanzado que toque cada vez, cree que “la economía basada en el paisaje se ha transformado en la economía de la extinción que es infinitamente más cara”.

Habla de Castilla-La Mancha y no niega que haya prevención. De hecho afirma que la hay “durante todo el año” y que se hace bien, pero con mucho margen de mejora.

La economía basada en el paisaje se ha transformado en la economía de la extinción que es infinitamente más cara. Tenemos que definir mejor qué es la prevención

“Tenemos que definir mejor qué es la prevención. Sabemos que son trabajos de manejo de vegetación encaminados a reducir la oportunidad de incendio y que, si se producen, que podamos tener ventanas de oportunidad a través de la Red de Áreas de Defensa (RAD) contra los incendios para acometer la extinción con más seguridad”.

Y no solo eso. Durante las últimas olas de grandes fuegos se han producido detenciones por malas prácticas en situaciones de riesgo extremo de incendio. Irresponsabilidades a las que cree que también hay que ponerle coto.

“En Castilla-La Mancha el plan de prevención, vigilancia y extinción 2026 viene a regular con más decisión las actividades que pueden realizarse en función del nivel del Índice Potencial de Propagación (IPP)”, asegura. Y, sin embargo, cree que, a la vista de lo que está ocurriendo, hay que endurecer todavía más las medidas.

“Nos parece, y el ejemplo está en La Mierla, que hay cuestiones que deben pulirse. Con cierto nivel de riesgo hay actividades que deben restringirse al 100%. Esta es una decisión política compleja, pero es que aun aplicando medidas valientes en ciertos niveles de riesgo hace falta más contundencia”, reclama.

Con cierto nivel de riesgo hay actividades que deben restringirse al 100%. Esta es una decisión política compleja, pero es que aun aplicando medidas valientes hace falta más contundencia. La sociedad no está preparada para responsabilizarse

El fuego de La Mierla se produjo, según los primeros indicios, durante labores agrarias, pero todavía su origen está en fase de investigación. Otros como el de Almorox, en Toledo, tuvo origen en trabajos ilegales de soldadura. Sea como sea, Alfredo Poveda cree que hay que “dar una vuelta” a las medidas porque “delegar en el ciudadano responsabilidades que pueden provocar incendios no parece lo más aconsejable”.

Este agente medioambiental cree que “falta concienciación en la sociedad” y que la normativa delega “mucho” (demasiado quizá) en las personas. “Lo vemos a menudo cuando investigamos incendios: la sociedad no está preparada para responsabilizarse”, insiste.

Planes municipales y de autoprotección que no se cumplen

Alfredo Poveda no habla solo de los montes o de los bosques, sino de las zonas de interfaz urbano-forestal, como en Almorox (Toledo), en Burgohondo (Ávila) o en la Sierra Oeste de Madrid. Son lugares con un denominador común: “Infinidad de casas embutidas en zonas forestales”.

En este punto se detiene en la normativa vigente que obliga a ejecutar planes de autoprotección en municipios y en sus urbanizaciones. En este aspecto, lamenta, “nos falta mucho por hacer a nivel legislativo”.

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM) considera que uno de los grandes puntos débiles en la prevención de incendios forestales se encuentra en las parcelas privadas y en las viviendas situadas en la interfaz urbano-forestal, donde el monte y las edificaciones conviven a escasos metros.

“Tenemos un grave problema”, asegura, al hablar de las fincas privadas que lindan con terrenos forestales, ya que la normativa atribuye a los propietarios la responsabilidad de mantener las medidas de prevención y autoprotección. Sin embargo, sostiene que esas obligaciones “muchas veces no están ejecutadas”.

A su juicio, la herramienta más eficaz para reducir el riesgo son los planes de autoprotección, cuya implantación es obligatoria por ley, aunque en la práctica su desarrollo sigue siendo insuficiente.

La asociación también reclama una mayor implicación de los ayuntamientos. Poveda recuerda que “existe la figura del Plan de Actuación Municipal ante Incendios Forestales (PAMIF) pero los ayuntamientos no están ejecutando los trabajos necesarios para cumplirlo”.

El Plan INFOCAM tiene definidas las llamadas Zonas de Alto Riesgo de Incendio Forestal (ZAR) en Castilla-La Mancha. Son áreas declaradas oficialmente dentro del Plan de Protección Ciudadana debido a la alta frecuencia o virulencia de los incendios y la importancia de los valores naturales amenazados.

Existe la figura del Plan de Actuación Municipal ante Incendios Forestales (PAMIF) pero los ayuntamientos no están ejecutando los trabajos necesarios para cumplirlo

“No es algo costoso teniendo en cuenta lo que están salvando. Es una medida de protección civil”, defiende el presidente de APAM, quien considera que reforzar estos planes resulta imprescindible para minimizar el impacto de los grandes incendios y mejorar la seguridad tanto de la población como de los equipos de extinción.

Y es que, en el ámbito rural pero también en el urbano dice que “el paisaje es ahora una sucesión de bosques que tienden al máximo crecimiento”, ayudados por la falta de gestión y por abundantes lluvias que provocan crecimientos rápidos junto a olas de calor que lo convierten en polvorín.

“No quepa la menor duda: es a esto a lo que nos vamos a seguir enfrentando si no hay soluciones”, comenta lacónico durante la entrevista.

Me parece preocupante el uso que se hace del lenguaje y cómo se utiliza el cambio climático de forma ideológica o mediática, pero sin que el ciudadano lo entienda

Alfredo Poveda también enfrenta el negacionismo de forma tajante. “El cambio climático está aquí, pero hay que tener cuidado con el manejo del término”, advierte. “Me parece preocupante el uso que se hace del lenguaje y cómo se utiliza el cambio climático de forma ideológica o mediática, pero sin que el ciudadano lo entienda”.

Este agente medioambiental alude a las causas que provocan los incendios forestales. “Con los incendios no todo se debe a la despoblación, ni al cambio climático, ni a los incendiarios ni a las personas irresponsables. Es algo multifactorial”, en el que, dice, “lo que hay de fondo es un escenario muy desfavorable por la cantidad de combustible forestal que tenemos unido a una concatenación de olas de calor”, cada vez más largas y frecuentes.

Con los incendios no todo se debe a la despoblación, ni al cambio climático, ni a los incendiarios ni a las personas irresponsables. Es algo multifactorial y hay que hacer pedagogía

“Es importante hacer pedagogía para entender cómo se relacionan los distintos factores. Honestamente, a nivel de Estado tenemos muy poca posibilidad de incidir en el cambio climático global, pero sí podemos adaptarnos manejando las masas forestales”. Y en esta cuestión incide en lo mismo: “Tenemos que saber si la sociedad quiere o no adaptarse porque a ver si va a ser que solo nos acordamos de los montes para las tertulias televisivas”.

La Sierra Norte de Guadalajara: la urgencia de estabilizar el suelo

En la Sierra Norte de Guadalajara, uno de esos voraces incendios cuyo origen sigue todavía sin confirmarse (se encuentra bajo investigación de la Guardia Civil y de los propios agentes medioambientales), ha calcinado 33.000 hectáreas según el último balance del viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha José Almodóvar.

¿Qué hacemos ahora?, preguntamos. “Es un desastre para uno de los espacios naturales de montaña más característicos de Castilla-La Mancha”. Los agentes medioambientales no han entrado todavía de lleno sobre el terreno, junto a técnicos expertos. El incendio está controlado, pero sigue activo.

“Lo importante será estudiar la zona en profundidad porque no todo se quema por igual. Habrá que hacerlo hectárea a hectárea para averiguar la severidad de la afección”. Lo principal será detectar aquellas zonas donde el fuego ha arrasado la materia orgánica del suelo. Y los lugares en peligro de erosión o de sufrir escorrentías cuando vengan las lluvias. “Es allí habrá que hacer obras de emergencia post-incendio. Serán muy importantes”.

Alfredo Poveda recuerda que el tiempo corre en contra. “No sabemos qué puede pasar en otoño con un mar Mediterráneo muy caliente que puede provocar una o varias dana”. Por eso pone el foco en las obras de estabilización del suelo. “Hay que actuar de forma inmediata de acuerdo a las características orográficas del terreno para evitar la escorrentía y la pérdida de suelo”.

En este aspecto explica que “aunque lo desolador sea ver los árboles quemados -y no todos habrán sufrido por igual- los vecinos deben saber que la vegetación es renovable, pero el suelo no”. De ahí la prioridad en la actuación para evitar la desertificación.

“Soy consciente de la depresión social que ha causado este incendio”, comenta el agente medioambiental que pese a todo lanza un mensaje de optimismo. “¿El monte se va a regenerar? Sí, aunque a algunas zonas les lleve más trabajo”.

Sus compañeros de profesión y otros especialistas entrarán ahora al terreno, en cuanto sea posible, para ver dónde actuar, “incluso con pastoreo acotado”, señala. En algunas zonas se apostará por la siembra de herbáceos, en otras, aventura, quizá por “el acolchamiento con paja y otros restos vegetales o mulching”.

Todo está por ver, aunque descarta una repoblación masiva en la Sierra Norte de Guadalajara. “Ahora se usan menos, aunque pueden ser recomendables para mejorar la porosidad del terreno. La tendencia es realizar labores para que el monte regenere solo”.

“Entiendo la desolación, pero ahora la ilusión que deben tener es ver crecer el monte desde cero. Se necesitarán muchos años, sí, pero cada día será un retoño, un brote…”, zanja, dejando un mensaje de optimismo.

Los sindicatos CCOO Industria y UGT FICA han suscrito un preacuerdo con la patronal del sector vinícola de Ciudad Real de cara al próximo convenio colectivo en la provincial.

El preacuerdo incluye una subida salarial del 3,5% en 2026, y del 3% en 2027 con cláusula de revisión salarial de hasta un 1% adicional cada uno de los años de vigencia, según han informado las organizaciones sindicales.

Los salarios podrán llegar al 4,5% y al 4% con efecto retroactivo desde el 1 de enero, para los 6.000 trabajadores del sector en la provincia.

Reducción de la jornada laboral

Además incluye una reducción de la jornada laboral en 8 horas quedando fijada la máxima anual en 1.792 horas por lo que las personas trabajadoras tendrán un día más de descanso.

En el preacuerdo se establece el mantenimiento de la antigüedad y los complementos de IT en las mismas condiciones uno de los puntos de fricción entre los sindicatos y la patronal.

Además incluye ultraactividad de forma que el convenio estará vigente mientras no haya otro que lo sustituya. Una vez se firme y se publique el texto definitivo del convenio los atrasos irán desde los 400 euros para la categoría más baja en adelante.

El secretario general de CCOO Industria Ciudad Real, Víctor Manuel Arias, ha indicado que “todas estas mejoras, sin ningún recorte, se han conseguido gracias a la movilización de los trabajadores y trabajadoras del sector que avanzan en derechos y mejoran sus condiciones laborales”.

El responsable sindical ha apuntado a la importancia de las subidas salariales y la reducción de la jornada Recuerda que la lucha que comenzó el sector del metal “no solo ha servido para el convenio del metal sino que está sirviendo de referencia para todos los convenios de la provincia de Ciudad Real ya que, de forma mayoritaria, se están firmando con cláusulas de revisión salarial y subidas por encima del IPC”.

Por parte de UGT FICA Ciudad Real, Alfredo Nieto ha destacado que, hasta llegar al acuerdo que hace posible este convenio, la negociación ha sido “dura y difícil” con momentos en los que “hemos tenido que recurrir a la movilización”.

Al final, ha apuntado, “nos podemos sentir satisfechos con las mejoras alcanzadas, sobre todo con la subida salarial y la cláusula de revisión que hemos podido introducir en el texto; la reducción de la jornada; y, algo muy importante, la ultraactividad, de tal manera que este convenio permanecerá vigente mientras no haya otro que lo sustituya”. La Federación de Industria Construcción y Agro de UGT resaltaba que se trata de un sector estratégico en Ciudad Real, provincia a la cabeza tanto en producción como en exportación, de ahí “nuestro empeño en seguir avanzando en derechos y en mejores condiciones laborales”.

Alfredo Nieto ha señalado que aún quedan reivindicaciones pendientes “sobre las que seguiremos trabajando en las próximas negociaciones”.

Los sindicatos CSIF, ANPE y STECyL-i han alcanzado un preacuerdo con la Consejería de Educación de Castilla y León “tras meses de intensas y complejas conversaciones” para que los profesores no universitarios cobren por las tutorías y se reduzca el horario lectivo para mayores de 55 años. Las organizaciones han garantizado que las medidas entren en vigor el 1 de septiembre de 2026.

Está previsto que se establezca un complemento económico mensual de 20 euros al mes en el curso 2026/2027, 40€ en el 2027/2028 y 60€ en el curso 2028/2029 por hacerse cargo de una tutoría, según han informado los tres sindicatos. Además, el preacuerdo recoge el compromiso de impulsar las vías necesarias dirigidas a la reducción de la carga lectiva del profesorado tutor.

El Ejecutivo autonómico reconoce una “reivindicación histórica” de las tres organizaciones sindicales al comprometerse a reducir la carga lectiva de los mayores de 55 años. Aquellos docentes que cumplan la edad y tengan al menos 15 años de servicio en la Educación Pública podrá tener hasta 3 horas o periodos lectivos hasta 21 horas para el Cuerpo de Maestros y 14 periodos lectivos para Secundaria y resto de cuerpos, algo que se trabajará con un calendario en tres fases. El preacuerdo contempla la dotación de los docentes necesarios para poner en marcha la medida.

Tres fases para la reducción de jornada

En la primera fase (cursos 2026/2027 a 2028/2029), se hará una reducción de una hora o periodo lectivo (fijando 23 horas lectivas en maestros y hasta 16 periodos en el resto de cuerpos). Se implantará progresivamente según la edad a 1 de septiembre: 59 años o más (2026/2027), 57 años o más (2027/2028) y 55 años o más (2028/2029).

En la segunda fase (cursos 2029/2030 a 2030/2031), habrá una reducción de una hora o periodo lectivo más (2 horas en total), situando la carga en 22 horas en maestros y 15 periodos en Secundaria y resto de cuerpos. Se aplicará a docentes con 60 o más años (2029/2030) y 58 o más años (2030/2031).

En la tercera fase (curso 2031/2032), se reducirá una hora o periodo lectivo más (3 horas en total en la fase final del desarrollo del preacuerdo) para docentes con 60 o más años a 1 de septiembre de 2031, alcanzando el objetivo final de 21 horas lectivas en el Cuerpo de Maestros y 14 periodos en el resto de cuerpos.

La mayoría de las comunidades autónomas ya han reconocido estos derechos para sus docentes. La posición de las organizaciones sindicales firmantes a lo largo de toda la negociación ha sido “firme e intransigente” con los derechos del profesorado. A diferencia de lo que ocurre en otras comunidades, la Junta de Castilla y León aplicará las reducciones de oficio a todo el profesorado que cumpla los requisitos, de forma transparente y sin burocracia añadida.

Los docentes que prefieran mantener su horario habitual deberán formalizar expresamente su renuncia o desistimiento. “En esta reducción se garantiza que no se realizará ninguna actividad directa con alumnado ni se impondrán actividades adicionales de centro, marcando una distancia sustancial con los recortes o contraprestaciones exigidos en otras comunidades autónomas”, han señalado CSIF, ANPE y STECyL-i.

Los sindicatos avisan de que la negociación no ha terminado

A pesar de los avances contenidos en el documento, CSIF, ANPE y STECYL-i dejan claro que no se conforman y que la negociación no acaba con este preacuerdo. En la comisión de seguimiento continuarán luchando con determinación para que la tutoría se reconozca de manera efectiva en todas las etapas educativas, así como demandando la creación de un complemento para todo el profesorado especialista que desempeña funciones imprescindibles y atiende de forma directa a la totalidad del alumnado del centro.

Los sindicatos exigen una subida salarial “justa” para todo el profesorado hasta equiparar las retribuciones con las de otras comunidades autónomas. “La firma de este preacuerdo no es un punto final, sino un paso más en el camino”, han insistido las organizaciones de los trabajadores.

Ahora que estamos en este verano que promete ser tórrido, ahora que vamos algo más despacio, vamos a contar mentiras. Concretamente, las mentiras que nos cuentan. Hoy dedicaremos la primera trampa al ojo, la primera ilusión con apariencia de verdad, a un tema muy de moda que vamos a seguir escuchando machaconamente, con o sin insultos, en los próximos tiempos, cual hit del verano y más allá. ¿Por qué mentir? ¿Por qué confundir el absentismo laboral con otras situaciones que no lo son, mezclarlo todo y poner el grito en el cielo?

Es inadmisible confundir el derecho a la salud con el absentismo injustificado. El incremento en la duración de las bajas no es responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras, sino la consecuencia directa del deterioro (¿intencionado?) de la sanidad pública y la saturación de las listas de espera, especialmente en traumatología, lo que prolonga innecesariamente los procesos ante la inacción de administraciones y mutuas.

Lejos de ser un beneficio, la enfermedad acarrea una grave pérdida salarial que puede alcanzar los 2.600 euros en los sectores más precarios, forzando incluso reincorporaciones prematuras que dañan la salud. Resulta interesante observar cómo se ataca a la clase trabajadora mientras la patronal bloquea acuerdos de prevención de riesgos y se niega a gestionar eficazmente los problemas de salud mental y desconexión digital. Que una persona esté enferma nunca será absentismo laboral. A pesar de que lo importante no pasa por combatir el contenido de la mentira, eso nos lo enseñó Derrida, no viene de más repetir la verdad otra vez, otra vez más. El absentismo laboral es únicamente ausentarse del puesto de trabajo sin justificación ninguna. Por lo tanto, no es absentismo laboral y nunca lo será:

Digamos que hablo del valioso trabajo que realizan muchas compañeras y también compañeros de las residencias de mayores que apenas cuentan con 10 minutos para asear, vestir y dar de desayunar a nuestras personas mayores que merecen un tiempo de calidad, sin duda, más digno. ¿Cuánto peso carga cada una estas trabajadoras cada día?

Deberíamos medir y establecer cargas de peso máximas saludables. Recuerdo a aquella compañera que por evitar que una persona mayor se cayera al suelo, salió al quite, evitó su caída, pero se hizo daño. Cuando fue a la mutua y dijo que había sufrido un accidente laboral, le llamaron vieja. Bueno, no así, le dijeron que eso parecía que más que por lo que relataba que le acababa de pasar, pues que “tenía pinta de ser más bien propio de su edad” Y, en otras muchas ocasiones, se añaden frases maravillosas como “la verdad es que con tus años eso no va a mejorar, cada vez va a empeorar. Esto no es por el trabajo”. ¿No hay origen laboral? ¿Algunas condiciones de trabajo actuales no enferman?

Así, por ejemplo, el cáncer es una dolorosa realidad en España, pues es la principal causa de mortalidad laboral, como también en UE. En nuestro país es además una realidad oculta e infradeclarada. Frente a Alemania, donde el cáncer representa el 32% del total de enfermedades profesionales declaradas, en España estamos en valores entre 0,23% y el 0,35%, es decir, se declaran apenas 100 casos de los más de 8000 que se calculan tienen origen laboral.

Alemania tiene una larga trayectoria reconociendo los tumores vinculados a la exposición a agentes carcinógenos (como el amianto o la sílice) como enfermedades ocupacionales. Del amianto nos preocupamos mucho en Toledo, pues tenemos el mayor vertido al aire libre de toda Europa, así con todas las letras. Un problema de salud pública cuyos vertidos están situados a escasos metros de importantes centros de trabajo de la administración regional, habrá que investigar si puede entenderse como un problema de salud laboral enviar a tanta gente a trabajar tan cerca.

Retomando el hilo, esta infradeclaración de enfermedades profesionales en nuestro país supone muchas cosas, tiene consecuencias para las vidas de las personas y también interesan, y mucho, para los cálculos que concluyen que son realidades “que no podemos asumir”.

Me quitan las palabras de la boca, cada vez que una enfermedad profesional o un accidente laboral es derivado como contingencias comunes las personas trabajadoras y la ciudadanía perdemos dinero pues todo cae en la cuenta de la Seguridad Social, que pagamos entre todos.

La verdad es que estamos hartas de que llamen contingencias comunes a enfermedades y accidentes laborales. Y decimos hartas porque, al menos en la Junta de Castilla-La Mancha, enfermamos más las mujeres que hombres, y esto igual tiene que ver con los cuidados, tendríamos que analizarlo mejorando los informes de siniestralidad para que ofrezcan datos más concisos que permitan establecer las causas y programas preventivos eficaces.

La verdad es que estamos hartas de que llamen contingencias comunes a enfermedades y accidentes laborales. Y decimos hartas porque, al menos en la Junta de Castilla-La Mancha, enfermamos más las mujeres que hombres, y esto igual tiene que ver con los cuidados, tendríamos que analizarlo mejorando los informes de siniestralidad

Los fraudes, tanto de las presuntas personas trabajadoras (se calcula que suponen alrededor del 1% y no del 8% que repiten al sumar todo lo que no lo es) como de las presuntas mutuas que derivan algo de origen laboral como contingencias comunes, deben ser todos investigados denunciados y sancionados.

De la misma manera, las personas responsables de condiciones laborales que se demuestren que enferman o matan. ¿Por qué confundirlo todo? ¿Por qué sumar al absentismo laboral con lo que no es? ¿Por qué denominar a un encuentro regional “El absentismo x IT? ¿Por qué hay mutuas con beneficios de más de 7 millones de euros que no los invierten en poner en marcha programas de prevención y promoción de la salud laboral con perspectiva de género y edad?

Poco a poco, tiempo lento para pensar. Hoy, centrémonos en la finalidad de una mentira. ¿Qué se persigue con el hit machacón del verano, otoño, invierno y de cada primavera? Jacques Derrida, el filósofo francés, nos dio la pista que seguiremos hoy: “Lo relevante en la mentira no es nunca su contenido, sino la intencionalidad del que miente”.

¿Qué se busca? ¿Qué se persigue con la psicologización de la precariedad? ¿Estamos caminando hacia un modelo de servicios públicos low cost que permita su privatización? La realidad es que la privatización de los servicios públicos empeora la calidad de los mismos y precariza las condiciones laborales.

Esto significa que nos hacen un juego de trileros que consiste en individualizar, culpabilizar al individuo de las consecuencias colectivas que tienen origen en unas condiciones sociales y de trabajo que enferman, no a uno ni a dos ni a tres, sino a muchos.

¿Qué se busca? ¿Qué se persigue con la psicologización de la precariedad? ¿Estamos caminando hacia un modelo de servicios públicos 'low cost' que permita su privatización? La realidad es que la privatización de los servicios públicos empeora la calidad de los mismos y precariza las condiciones laborales

Ahora que caminamos a nivel global de la democracia hacia otra cosa que no parece mejor , ni de lejos, quizá sea hora de preguntarnos si no es la sociedad la que está dando gritos porque está muy enferma. Seguiremos ahondando en las finalidades que se persiguen y consiguen llenando los espacios de estas cargantes mentiras porque nuestra salud nos va en ello.

Por último, disculpen si notan acaso mi tono un tanto acalorado, todavía recuerdo el día en el que fui a medir las altas temperaturas durante este episodio extremo de calor en las escuelas infantiles y, sin duda, el calor extremo afecta perjudicialmente a la salud si no se toman las medidas adecuadas.

El absentismo y las bajas laborales no son lo mismo, aunque Feijóo no lo sepa, le importen un higo los trabajadores y esté dispuesto a una involución en materia de derechos. Sin datos, sin rigor y con un desconocimiento palmario de la diferencia entre una falta de asistencia injustificada y una incapacidad temporal por enfermedad certificada por un médico, el líder de la oposición ha vuelto a desvelar involuntariamente sus verdaderas intenciones: recortar sueldo y “prestaciones” a los trabajadores de baja “con o sin acuerdo sindical”.

Primera premisa: la incapacidad temporal (baja médica) es una prestación contributiva del sistema de Seguridad Social, regulada en la Ley General de la Seguridad Social. La protección que dispensa presenta una doble finalidad: sanitaria para garantizar la recuperación del trabajador y económica para compensar la pérdida de ingresos mientras persiste la imposibilidad temporal de trabajar. El absentismo laboral es, por su parte, la ausencia de la persona trabajadora de su puesto de trabajo sin causa justificada diferenciándose así de las ausencias legítimas protegidas, como la incapacidad temporal.

Pero Feijóo se delató ante los empresarios vascos después de defender que el “absentismo” en España “es un cáncer” que supone un coste de 30.000 millones y que afecta a 1,16 millones de personas cada día. Una exposición en la que mezcló sin distinción baja, permisos u otras incidencias y en la que introdujo una mentira como la catedral de Burgos al afirmar que las enfermeras firman bajas médicas a los médicos, algo que solo puede hacer un facultativo.

La derecha vuelve así por sus fueros y plantea una vez más importantes retrocesos en materia laboral. Nada que no hubiera hecho antes con la contrarreforma laboral que impulsó en 2012 con el Gobierno de Mariano Rajoy y que supuso, entre otras cuestiones, el abaratamiento del despido, el descuelgue salarial que facilitó que las empresas pudieran reducir los salarios para hacer frente a supuestas dificultades económicas o la supresión de la ultraactividad en la negociación colectiva.

Y una vez que Feijóo elevó un debate tramposo a la conversación pública y provocó la perplejidad de sindicatos, trabajadores y medios, vino lo de siempre: matar al mensajero. Que si el periodista Aitor Riveiro, que fue quién adelantó sus palabras, había interpretado más de la cuenta; que si otros medios hicieron seguidismo de elDiario.es; que si Feijóo no dijo lo que dijo; que si todo fue un nuevo lapsus del líder de los populares… Lo cierto es que poco había que interpretar porque el líder de la oposición habló más claro que nunca de sus intenciones, “con o sin acuerdo”, como pasó con la contrarreforma laboral que tanto dolor provocó a los trabajadores.

Los sindicatos, como no podía ser de otro modo, han puesto el grito en el cielo. La única ventaja es que los trabajadores ya saben a qué atenerse si un día el hoy opositor a presidente de Gobierno llegara a La Moncloa. Pero, la verdad, la diga Agamenón o su porquero, es que en España no hay problema de absentismo laboral y tampoco con las bajas médicas. Lo que existe es un problema de salud indisociable del funcionamiento de los servicios públicos sanitarios que, por cierto, dependen de las Comunidades Autónomas donde mayoritariamente el PP es gobierno. Dicho de otro modo: cuando un paciente espera meses para una consulta o una cirugía, sigue de baja mientras espera. Pero eso no es picaresca, sino la consecuencia directa y previsible de una sanidad pública infrafinanciada, la que gobiernos como los de Ayuso o Moreno —a los que Feijóo cita como modelo— llevan años recortando en sus respectivas Comunidades.

Las cifras de absentismo, como se ha encargado de recordar el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, no justifican el debate planteado, ya que “muchas situaciones responden a dificultades de acceso a la atención médica, las listas de espera o la falta de recursos”. Pero una cosa es mirar los problemas con tópicos y comentarios de cuñado para contentar a la patronal y otra muy distinta es construir un relato desde la evidencia empírica.

Los sindicatos siempre han defendido que el incremento de las bajas por incapacidad temporal -que no el absentismo, que puede llegar a ser un motivo de despido objetivo- es un asunto que se debe abordar desde el rigor, y por eso impulsaron la creación de un observatorio que permitiera estudiar por qué se producen las bajas médicas: si tienen que ver con la atención primaria, con la falta de especialistas o con problemas como la salud mental. Sin ese análisis, el debate no es serio ni es exhaustivo.

Feijóo ha pretendido trasladar además la idea de que si un empleado cobra lo mismo cuando está de baja que cuando trabaja, aumentan las ausencias, pero de nuevo ni la realidad ni los datos dicen eso. La mayoría de los empleados pierden salario cuando están enfermos, salvo que trabajen en una empresa que complemente la nómina durante el periodo de incapacidad por convenio. Y en este último caso, está comprobado estadísticamente que las bajas son menos prolongadas, lo que demuestra que no hay una relación directa entre mejores condiciones y más duración de la inactividad.

Aquí algunos datos:

• En un proceso de Incapacidad Temporal entre el día 1 y 3 no se cobra nada. Del cuarto hasta el día 20 de la baja se cobra el 60% de la base reguladora y del 21 en adelante, el 75%

• De esta prestación, las empresas solo asumen 12 días, los que van desde el día 4 hasta el 15 de esa baja. Es decir, menos de dos semanas, el 60% de esa base reguladora, aunque es cierto que en algunos casos por convenio pueden asumir hasta el 100% incluso.

Si echamos la vista a los países de nuestro entorno, España es uno en los estados en el que las empresas menos coste asumen de las bajas laborales:

En Países Bajos los empresarios asumen todo el pago de la incapacidad temporal (70% del salario durante 2 años)

• En Austria, el 100% del salario entre 6 y 12 semanas, dependiendo del contrato.

• En Alemania, el 100% del salario durante 6 semanas

• En Bélgica, el 100% del salario durante un mes, y un 30% durante los meses 2 y 3

• En Suecia, el 80% del salario durante 14 días

Esto por no hablar de que el incremento del gasto por Incapacidad Laboral Transitoria en el último año respecto al ejercicio anterior se ha moderado ligeramente: de 2023 a 2024 creció un 17% y de 2024 a 2025 un 12%.

El crecimiento de la incapacidad temporal, por tanto, no puede ni debe interpretarse como una perversión de la conducta del trabajador y mucho menos como un incremento del absentismo injustificado, como ha hecho Feijóo, sino como un reflejo del deterioro de la salud en las personas trabajadoras.

Avisados quedamos todos con el retrato de villanos que nos ha hecho el aspirante a La Moncloa y las decisiones que está dispuesto a adoptar desde un discurso que se sostiene sobre una premisa que la AIReF -Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal- ha desmontado, después de identificar una “deficiencia estructural” en la forma en que se gestionan las bajas médicas en España. El fallo está en el diseño porque quien paga la baja —el INSS— no es quien la concede, ya que recae en los médicos de atención primaria. Y esa separación, agravada por la fragmentación en diecisiete servicios de salud autonómicos, es lo que dificulta que se internalice correctamente el coste económico de las decisiones y genere riesgo de prolongaciones innecesarias.

El problema no es que millones de trabajadores decidan por la mañana no ir a currar, sino una tubería mal diseñada entre sanidad y Seguridad Social para la que nadie en el PP ofrece más solución que la de recortar el salario o las prestaciones de los trabajadores. Se puede estar de acuerdo en que el sistema de incapacidad temporal necesita reforma —la propia AIReF lo reconoce sin ambages—, pero lo que no se sostiene es vestir esa reforma de castigo al trabajador cuando los datos apuntan, una y otra vez, hacia el lado contrario. Esto es una sanidad colapsada, un INSS que no controla hasta que ya es tarde, y una población que envejece trabajando.

El calor extremo no solo repercute en la salud o en la agricultura, sino que también tiene un impacto directo sobre la productividad laboral. Un estudio elaborado por investigadores del Instituto de Investigación en Economía, Sociedad Digital y Sostenibilidad (IEDIS) de la Universidad de Zaragoza revela que cuando la temperatura alcanza o supera los 37,8 grados centígrados los trabajadores incrementan un 35,9% el tiempo que dedican a actividades no relacionadas con su empleo mientras permanecen en su puesto de trabajo.

La investigación, titulada 'Extreme temperatures and non-work at work' y publicada en la revista científica Economics and Human Biology, cuantifica por primera vez esta pérdida “invisible” de productividad asociada al estrés térmico. El trabajo ha sido desarrollado por los investigadores Ignacio Belloc, José Ignacio Giménez-Nadal y José Alberto Molina, especialistas en análisis económico de la familia, asignación del tiempo y bienestar social.

Para realizar el estudio, los autores analizaron más de 31.000 observaciones correspondientes a trabajadores estadounidenses entre los años 2003 y 2019, utilizando la Encuesta Americana de Uso del Tiempo (ATUS), que registra las actividades desarrolladas por la población a lo largo del día y el lugar donde se realizan.

Los resultados muestran que, durante los episodios de calor extremo, aumenta significativamente el tiempo que los empleados dedican a acciones ajenas a su actividad laboral, como levantarse para beber agua, descansar unos minutos o interrumpir el trabajo debido a la fatiga física y mental. Los investigadores subrayan que estas pausas no responden a una falta de compromiso, sino a una reacción fisiológica para evitar el agotamiento, la deshidratación y la pérdida de concentración.

Mujeres y trabajadores por horas, los más perjudicados

El estudio identifica diferencias relevantes entre colectivos. El impacto del calor resulta especialmente acusado entre los trabajadores remunerados por horas, cuya menor flexibilidad laboral dificulta adaptar su jornada o reorganizar las tareas en los momentos de menor temperatura.

Asimismo, las mujeres experimentan una mayor pérdida de productividad durante los días de calor extremo. Los investigadores atribuyen este comportamiento, en buena medida, a la mayor presencia femenina en empleos más precarios y con menor capacidad para modificar horarios o condiciones de trabajo.

La investigación incorpora además otros dos factores que condicionan el efecto del estrés térmico. Por un lado, las pérdidas de rendimiento son mayores en regiones históricamente más frías o con menor implantación de sistemas de climatización, donde la población y las infraestructuras están menos preparadas para afrontar episodios de calor intenso.

Por otro, el estudio concluye que la reducción del esfuerzo laboral se intensifica durante los periodos de crecimiento económico. Según los autores, cuando el mercado de trabajo atraviesa una situación favorable los empleados disponen de un mayor margen para autorregular su actividad y realizar las pausas necesarias.

Ante este escenario, los investigadores defienden la adopción de medidas de adaptación tanto por parte de las empresas como de las administraciones públicas. Entre las principales propuestas figuran la implantación de jornadas intensivas de mañana durante el verano, el impulso del teletrabajo en los días de temperaturas extremas y la inversión en sistemas eficientes de refrigeración y ventilación en oficinas, despachos y naves industriales.

Los autores sostienen que estas medidas no solo mejoran la salud laboral, sino que constituyen una herramienta para reducir las pérdidas económicas derivadas del cambio climático.

“El cambio climático no solo provoca bajas laborales o afecta al sector agrario, sino que modifica minuto a minuto lo que ocurre dentro de las empresas”, advierten los investigadores, quienes consideran que mantener modelos de trabajo rígidos en entornos con temperaturas extremas deja de ser eficiente tanto desde el punto de vista económico como organizativo.

El IEDIS, centro de investigación de la Universidad de Zaragoza, desarrolla estudios sobre economía, sociedad digital y sostenibilidad con el objetivo de aportar conocimiento útil para afrontar los principales desafíos sociales, económicos y medioambientales desde una perspectiva multidisciplinar.

El 20 de julio de 2022, un pleno de Cibeles aprobó por unanimidad reforzar los protocolos en caso de altas temperaturas. Todo se había acelerado con la muerte de José Antonio González, un barrendero de 60 años que trabajaba para una subcontrata municipal. Cuando se desplomó en el suelo, su cuerpo estaba a más de 41 grados. El debate –impulsado por dos mociones, una de Ciudadanos y otra del Grupo Mixto– se centró en si la empresa adjudicataria cumplía o no las condiciones de prevención de riesgos, y se planteó suspender las actividades al aire libre que exijan sobreesfuerzos en horas de calor, extendiéndolo ya no solo a la limpieza viaria: desde entonces, se prohibió el trabajo a ciertas horas de la tarde. En estos años, las multas recaudadas por la Inspección de Trabajo han quintuplicado cifras, y no es casualidad.

De lleno en un nuevo verano, fuentes del organismo público (encargado de velar por el cumplimiento de la normativa laboral) detallan que el año pasado, en total, dispusieron infracciones por valor de 300.714 euros a empresas que habían infringido alguna regla o advertencia previa en cuanto al protocolo de calor. Cuando empezaron a contear estos incumplimientos, precisamente el mismo año en el que murió José Antonio González, se depositaron 56.863 euros al cierre de 2022, apenas una quinta parte de lo que se registró en el último período.

En 2023, justo antes de la temporada estival, el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida aprobó un plan de actuación oficial para dejar por escrito algunas evidencias científicas que ya habían llegado a la conversación pública. Finalmente, el 31 de mayo de 2023 el alcalde dio luz verde a un nuevo protocolo de actuación por altas temperaturas, que nació bajo la promesa de evitar y reducir daños humanos en olas de calor. Ese año, la Inspección de Trabajo desarrolló 4.039 actuaciones por exposición a condiciones adversas en todos los sectores de actividad, un recuento que no solo incluye el trabajo al aire libre al no estar categorizado como tal. En el primer recuento se habían ejecutado solo 356 inspecciones, aunque esta vez no todas se correspondían con revisiones al uso: algunas era simplemente visitas informativas o de carácter técnico, que no siempre implicaban un examen a la compañía.

Para 2023 ya se notó un cierto auge en las cantidades recopiladas por multas relativas al calor en el trabajo: en total, las inspectoras recogieron 97.520 euros. Aunque el gran salto llegó al año siguiente, cuando con apenas 1.500 sanciones más (5.511) las empresas pagaron 151.377 euros en sanciones al Ministerio de Trabajo, según cifras a las que ha tenido acceso Somos Madrid. A lo largo de estos años, también se ha incrementado el número de requerimientos que el organismo público ha emitido a las empresas. Estos procedimientos vienen a seguir la evolución de un incumplimiento antes constatado por la institución, después de ofrecer un plazo para subsanar las deficiencias localizadas y evitar una sanción: de 302 que hubo en 2022, el verano pasado se dobló esa cifra con 642 requerimientos.

Cómo se vive este cambio en las calles acaloradas de Madrid

Aún queda mañana por delante y el sol ya pega fuerte. Juan ha decidido resguardarse bajo la sombra de un árbol, justo al lado de una tienda de souvenirs que ha puesto pulverizadores de agua en la entrada. Aun así, resulta fácil de ver: sobre su atuendo lleva un chaleco amarillo reflectante con letras negras, en las que puede leerse un anuncio de “compro oro”. Además, está en una de las calles que desemboca en la Puerta del Sol, y aunque sea un miércoles a las once pasa mucha gente alrededor. Desde que entró a trabajar haciendo publicidad para una joyería, el agua se ha convertido en su mejor aliado del verano. “Si sabes lo que hay, te refrescas como puedes: yo siempre pongo una botella grande a cogelar por la noche, y así me mantengo”, detalla, casi cuatro años después de que el Ayuntamiento de Madrid aprobara ampliar las medidas de protección para trabajadores en riesgo de sufrir un golpe de calor.

Él mismo dice considerarse un privilegiado. Nació en República Dominicana y lleva 12 años en España: primero en la zona de Peñíscola (Castellón), luego en Madrid. Ahora, por una jornada de ocho de la mañana a tres de la tarde cobra 1.500 euros en nómina. “Nosotros vamos cuidando dónde nos ponemos, y siempre nos resguardamos en algún sitio con sombra. Pero está bien volver a hablar de esto, porque una mañana de junio aquí a las doce [del mediodía] no se puede estar”, sentencia este empleado, que luego prosigue su jornada. El protocolo municipal contra el calor pide adelantar ciertos trabajos al sol a las primeras horas de la mañana, aunque después de Juan entra otro turno que continúa en calle hasta la noche.

A pocos metros de allí, un operario arrastra una carretilla y transporta cajas a un bar. Prefiere omitir su nombre y en un principio se muestra reacio a hablar, ya que “el jefe está dentro” y teme que oiga algo inapropiado. En pocos segundos, cuenta que trabaja de 10.00 a 14.00 horas durante el primer turno, y luego de 17.00 a 21.00 en el segundo. “Por lo menos me quito de en medio las horas de calor”, resuelve al despedirse. Sobre esa hora, un albañil que limpiaba y retiraba escombros en una obra cercana confirmó que él también había entrado en horario de mañana: empieza a las 7.00 y sale a las 15.00 horas. Explica que tienen aire en el edificio y sus compañeros “están bien”. Luego vuelve al interior.

Meses antes de que el Ayuntamiento de Madrid aprobara ampliar medidas en un pleno de Cibeles, el Ministerio de Trabajo también movió hilos para salvaguardar las horas de calor. En mayo de 2023, el Gobierno central aprobó el Real Decreto 4/2023, que planteaba fórmulas para proteger a las personas que desempeñan tareas al aire libre en temporadas de calor. Una de las claves de esta estrategia fue la prohibición de desarrollar determinadas actividades a ciertas horas de la tarde, siempre que haya activa una alterta naranja o roja de la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología. La norma hablaba expresamente de los efectos del cambio climático en el entorno laboral, que considera abocado a adecuarse a estos episodios frecuentes de temperaturas extremas.

De hecho, con la muerte de José Antonio González –el barrendero fallecido en un pico de calor– se produjeron encontronazos entre estas dos instituciones, una municipal y la otra, estatal. En un primer momento, Almeida cargó la responsabilidad sobre la Inspección de Trabajo, pero la vicepresidenta Díaz advirtió que este organismo sí se había puesto en contacto a principios de julio (de 2022) con la empresa Urbaser, una de las contratas del Ayuntamiento para los servicios de limpieza y a la que pertenecía el trabajador, que perdió la vida en una jornada a altas temperaturas. “Yo ese año ni siquiera había tenido nunca un trabajo, pero ahora pienso que se está bien. Tenemos la oficina cerca y allí nos ponen agua; trabajo de 10.00 a 14.00 horas con descanso de 40 minutos. Creo que así, el calor se soporta”.

Quien habla es Sandra, una joven de 20 años que este verano se prueba como captadora a pie de calle en una ONG. Busca posibles socios durante el último tramo de su jornada: apenas le queda una hora para irse a casa. Se ha buscado este empleo para ayudar a pagarse los estudios, y aunque considera que las suyas son buenas condiciones sabe de otros no tan afortunados. “Mi hermana, que es arquitecta, acaba de montar con otros compañeros el primer sindicato de su empresa porque no toman medidas suficientes de seguridad y, con el calor, no pueden estar a pie de obra”, señala, para poco después ponerse a recoger y tomar el camino a casa.

Sin embargo, y pese a admitir la mejoría o celebrar muchos de estos cambios, algunos creen que en Madrid sigue habiendo “más recomendaciones o avisos, que sanciones como tal”. Así lo resume el responsable de Construcciones en Madrid de Comisiones Obreras (CCOO Hábitat), cuyo sindicato ha organizado brigadas propias en verano para vigilar si las empresas cumplen o no las restricciones y advertencias en materia de salud laboral. “El primer año [no recuerda exactamente si fue 2022 o 2021] terminamos presentando 160 denuncias formalmente por infracciones, pero es cierto que cada vez hay menos y cuando notificamos algo, normalmente se cierra”, expone el responsable sindical.

Fuentes municipales, consultadas por esta cuestión, se limitan a remarcar el avance que supone la aprobación de un protocolo municipal contra el calor en las últimas legislaturas, aunque no revelan cifras de sanciones o denuncias internas registradas en este periodo. “Sí, hubo avances, pero aun nos queda conseguir que la prevención sea algo real y no se base solo en un tema burocrático, ni en mecanismos de control. Las sanciones por incumplimientos tienen que ser reales; porque hay más, sí, pero también sabemos que faltan inspectores en plantilla y eso dificulta que sea algo representativo”, zanjan desde CCOO, a la espera de que este verano no repita dramas del pasado.

Más de 300 personas se han manifestado en Toledo en una marcha que ha recorrido el trayecto entre la sede de la patronal de Castilla-La Mancha, CECAM, y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en defensa de “un convenio colectivo digno que recoja condiciones salariales decentes” y para exigir en Castilla-La Mancha que se abra una única mesa de negociación de un convenio de ámbito regional que favorezca las condiciones de trabajo y permita combatir la precariedad laboral.

En la región existen cinco convenios colectivos provinciales de limpieza de edificios y locales, cuya vigencia finaliza este año, y que afectan a más de 18.000 personas trabajadoras. De ellas más del 80% son mujeres y 3 de cada 4 con contratos a tiempoparcial.

“Basta ya de precariedad laboral”

“Convenio justo, salario digno”, “No somos invisibles, somos imprescindibles”, “Patronal escucha, la limpieza está en la lucha”, “Basta ya de precariedad laboral” o “Una sola mesa de negociación” son algunos de los eslóganes que han coreado los trabajadores y trabajadoras durante la movilización.

El responsable de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO del Hábitat, Juan Carlos García, ha explicado que el objetivo es “trasladar a la patronal nuestro desacuerdo con las condiciones de trabajo que se están planteando” y, a la Consejería, “que se comprometa con el sector para que podamos abrir una mesa de convenio regional para intentar que las condiciones de las trabajadoras de la limpieza de edificios y locales de la región sean homogéneas”.

La secretaria general de la Federación de CCOO del Hábitat, Maribel Cabañero, ha señalado que la Junta de Castilla-La Mancha es el mayor cliente de las empresas de limpieza si bien ha lamentado que “cada vez destina menos dotación, lo que nos hace pensar que la administración está en modo ahorro en algo que no es un gasto sino una inversión como puede ser la sanidad, la educación o los servicios sociales”.

Cabañero ha indicado que los empresarios están bloqueando las mesas de negociación con el tema del absentismo. “Lo que pretenden es empeorar la situación de las prestaciones cuando alguien cae enfermo. Pero no olvidemos una cosa: la gente trabajadora no se firma el parte de baja, lo firma un facultativo o facultativa”.

En cuanto a las principales reivindicaciones, el colectivo pide mejoras salariales acordes al coste de la vida, el mantenimiento de los derechos laborales y el reconocimiento profesional de un servicio esencial para el funcionamiento de centros sanitarios, educativos, administrativos e industriales.

Los responsables sindicales han explicado que estas trabajadoras están muy afectadas por la parcialidad y han denunciado la discriminación que sufren con respecto a los trabajadores del sector, teniendo ellas categorías profesionales de limpiadora y ellos de especialistas.

De cara a la negociación colectiva del año que viene en la región CCOO del Hábitat pretende que haya una única mesa para las cinco provincias donde se negocien las mismas condiciones de trabajo y que la administración se implique“ han señalado.

En este sentido, se ha registrado un escrito en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo solicitando su apoyo a este sector y que realice las gestiones convenientes con las distintas patronales para la apertura de una mesa de negociación de ámbito regional.

El servicio externo de información del Museo Reina Sofía, compuesto por 22 trabajadores, lleva desde el pasado 13 de junio en huelga indefinida para “reivindicar el mantenimiento de las condiciones y de la plantilla de los servicios subcontratados”. Hasta el pasado miércoles día 24, les acompañaron “en solidaridad” los compañeros de Mediación, que ya han retomado su actividad habitual. El paro fue convocado por el sindicato de Solidaridad y Unidad de los Trabajadores (SUT) y sus Secciones Sindicales en las empresas subcontratadas Sedena y Esatur XXI. “Este museo es solo fachada”, es uno de los mensajes con los que llevan desde entonces protestando en las inmediaciones de la pinacoteca ubicada en Madrid.

Desde el sindicato afirman que “con cada cambio de subcontrata vienen nuevos problemas, una nueva lucha por mantener las condiciones”, como ocurrió en el ERTE de seis meses al que se sometió a la plantilla de mediación en 2024. SUT asegura que la “gota que ha colmado el vaso” ha sido la decisión del Museo de “sacar a la licitación del servicio de Atención a Públicos con la desaparición de dos puestos de Atención al Público por turno”, para que la nueva empresa adjudicataria “ejecute la redacción como despido como reducción horaria con su consiguiente reducción salarial”.

El sindicato considera que, más allá de la supresión de estos puestos, este servicio externalizado “ya está infradotado para los actuales 5.000 visitantes diarios”. También advierten que la reducción de ambos puestos supondrá un “incremento de la carga de trabajo” y va a hacer “insostenible” la gestión del servicio. Con la huelga reivindican que “se garantice el mantenimiento íntegro actual de la plantilla adscrita al servicio (10 puestos de información y uno de coordinación por turno)”, así como el “compromiso del Museo y de las empresas de que no van a reducir ni posición ni horarios” en los servicios subcontratados de Atención al Público y de Mediación.

Fuentes del Reina Sofía confirman a este periódico que van a reducir dos puestos de trabajo, pero que son correspondientes a las sedes del museo en el Palacio de Velázquez —que acaba de reabrirse con una exposición de Fernando Sánchez Castillo— y el Palacio de Cristal dentro del parque de El Retiro, como respuesta a “una reivindicación sindical reiterada sobre las condiciones climáticas intolerables que presentan” estos puntos de información. “Dado que, por razones patrimoniales, resulta imposible adecuar dichos espacios para garantizar otras condiciones” de trabajo, el nuevo concurso “ha reducido la externalización” de los puestos de estas ubicaciones.

También avanzan que el nuevo pliego para la implementación de actividades educativas y de mediación, actualmente en fase de licitación y cuya aplicación comenzará en octubre de 2026, sí contempla la “incorporación de dos nuevos mediadores o mediadoras (uno por turno) y una mejora de las horas dedicadas al trabajo transversal”.

Cierre de un acceso y reducción de visitantes

El Ministerio de Cultura decretó unos servicios mínimos del 30% en el servicio de Atención al Público, con apertura total del horario. El Museo ha cerrado uno de los accesos a la institución, el ubicado en el Edificio Nouvel, limitando la entrada a la del Edificio Sabatini, ubicado en la plaza de Juan Goytisolo. Esto ha provocado colas más largas de lo habitual y que en las franjas de mayor asistencia hayan sido vigilantes de seguridad y personal propio quienes han sustituido a los huelguistas para la gestión de las filas. Además, el sábado 20 de junio se llegó a dejar entrar a todo el público en el periodo gratuito sin controlar los tickets.

Fuentes del Reina Sofía señalan que todas las medidas tomadas han sido para “favorecer el derecho a la huelga. Seguridad nunca realiza las funciones de los trabajadores de Información, es una cuestión organizativa para facilitar la entrada regulada y de forma ordenada, y velar por el derecho de acceso a la cultura” del público.

Hasta el pasado día 23, al estar la plantilla de Mediación en huelga, se redujeron igualmente las visitas guiadas a excepción de las estipuladas por los servicios mínimos, como las de alumnos de colegios. Desde que este grupo de personas desconvocó la huelga, su actividad ha vuelto a la normalidad, incluidas todas las visitas guiadas.

Tanto el sindicato como el Reina Sofía coinciden en que, desde que se convocó el paro el pasado día 13, se ha producido una reducción en el número de visitantes diarios. Los últimos días de huelga han coincidido con una ola de calor que ha provocado altas temperaturas en Madrid. El museo no relaciona este descenso con los paros sino con “otros factores” que no detalla, aunque el sindicato SUT cree que ese descenso tiene que ver con la reputación del Reina Sofía en el contexto de esta huelga.

Desde el Reina Sofía insisten en que los equipos de Información y Mediación “no son trabajadores del museo”, al tratarse de un servicio externalizado. Eso sí, inciden que dentro de su “compromiso con la mejora progresiva de las condiciones laborales de todas las personas que realizan su trabajo en la institución”, continúan avanzando para “incorporar servicios que históricamente se han prestado mediante contratos externos”, como es el caso de ambas plantillas.

Fuentes del sindicato valoran a elDiario.es que lo que está haciendo el Reina Sofía es “jugar una estrategia de desgaste con los servicios mínimos”. “Esto va para largo”, avanzan, calculando en al menos “varias semanas” el tiempo que va a continuar el paro. Mientras tanto, para ayudar a los trabajadores en la pérdida de salario que implica estar en huelga, cuentan con el apoyo de la Caja de Resistencia de SUT, que incluye donaciones que los visitantes están realizando a pie de calle, en el puesto que han instalado en frente de la institución. A su vez, han lanzado una campaña de crowdfunding que ya ha recaudado más de 4.000 euros.

Once semanas han pasado desde que las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid comenzaron su huelga indefinida. El pasado 7 de abril las profesionales de las escuelas infantiles se reunieron por primera vez ante el Ministerio de Educación para exigir a las instituciones unas mejores condiciones laborales después de mucho tiempo viviendo jornadas imposibles. Las educadoras llevan desde entonces trabajando con servicios mínimos en las escuelas, mientras desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) organizan movilizaciones cada semana.

Un mes después de que comenzara la huelga indefinida en Madrid, las educadoras de todo el país se sumaron a las movilizaciones de las madrileñas, y comenzó una huelga general en el sector de 0 a 3 años en toda España. El pasado 6 de mayo, la PLEI, de la mano del sindicato CGT y con el apoyo de CCOO, dieron el gran salto a las movilizaciones a nivel estatal, donde exigían, principalmente, una bajada de las ratios de niños y niñas por aula, subida de los salarios (que rozan el SMI) y la implementación de la pareja educativa en las jornadas laborales. Dos semanas después, el 23 de mayo, educadoras de todo el país se reunieron para su primera manifestación conjunta en Madrid, a la que acudieron unas 15.000 personas. Una activista catalana recordaba que “es muy importante la unión en la lucha. Desde cada territorio, luchamos por lo mismo, la dignificación de la educación infantil”.

Las profesionales del 0-3 recuerdan que su trabajo no es cuidar, es educar, e insisten en que se debe reconocer un trabajo que creen que está infravalorado. La PLEI sostiene que su sector necesita “ratios europeas, reconocimiento profesional, salarios dignos, más recursos y personal especializado, la elaboración de un calendario escolar como tienen otras etapas educativas y, en general, un ciclo infantil universal, público, gratuito y de calidad”.

Las educadoras exigían el cese de las prórrogas de los contratos

Las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid denuncian la pasividad de las instituciones, especialmente desde la autonomía que preside Isabel Díaz Ayuso y desde su Consejería de Educación, encabezada por Mercedes Zarzalejo, que no ofrecen soluciones a sus quejas. Las profesionales de las escuelas infantiles se han reunido en numerosas ocasiones frente a la Consejería para recordarle a Zarzalejo la situación en la que trabajan a diario las educadoras y lo que necesitan que se implemente para poder volver a las aulas. Desde la PLEI han exigido en más de una ocasión reunirse con la consejera de Educación, además de con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. 

Las escuelas, en un primer momento, consiguieron reunirse con José Fernández Sánchez, delegado del Área de Gobierno de la Comunidad de Madrid, para solicitar el cese de las prórrogas de los contratos que gestionan las escuelas infantiles de la capital. El Gobierno de Ayuso justificó que estas prórrogas son “la continuidad de los proyectos educativos”, algo que para las educadoras es “bastante incoherente”, puesto que “instaurar un proyecto pedagógico en un centro educativo y evaluar su funcionamiento cada 3 o 5 años para, a continuación, volver a realizar una licitación y cambiar de empresa gestora de las escuelas, así como el proyecto educativo de la misma, carece del propio sentido que ustedes [la Comunidad de Madrid] argumentan para la continuidad del contrato en prórroga”.

Desde la Plataforma denunciaban que la consolidación de un proyecto educativo requiere “de una municipalización del servicio y de un acompañamiento pedagógico, que, con el presupuesto invertido para este primer ciclo de educación infantil, es imposible llevar a cabo”.

Las educadoras critican que el número de prórrogas de contratos de escuelas infantiles municipales que no habían sido formalizadas era indeterminado, pese a que el delegado del Área de Gobierno insistió en la reunión que mantuvieron el pasado 21 de abril en que “ya estaban todas formalizadas y tenían por tanto carácter irrevocable”. “Cosa que no es cierta”, replicaron las educadoras. Según la Plataforma, José Fernández Sánchez insistió en la “imposibilidad” de la paralización de estos contratos, y sostenían que la reunión “no fue satisfactoria, no se expuso ninguna posible solución a este conflicto justificando que el Ayuntamiento no tiene ningún tipo de relación laboral con las trabajadoras”.

Coaccionadas por las empresas al filtrar el Ayuntamiento sus datos

Las profesionales del 0-3 presentaron un recurso administrativo en contra de las prórrogas de los contratos de las empresas que gestionan las escuelas infantiles. Según las educadoras, el alcalde madrileño había aprobado las prórrogas de cerca de 40 contratos, “que condenaban a la precariedad más absoluta a los cientos de trabajadoras” del municipio de Madrid. “Las trabajadoras infantiles de las escuelas municipales deberían cobrar desde septiembre 1518 euros al mes, en vez del salario mínimo interprofesional (SMI). Almeida solo tenía que sacar pliegos nuevos, posteriores a junio de 2025, para que esa mejora salarial se hiciera efectiva”, denuncian las educadoras.

La presentación de este recurso supuso un episodio peor para algunas educadoras. Varias de las firmantes reconocían haber recibido coacciones por parte de las empresas encargadas de gestionar las escuelas infantiles en las que trabajan. Las educadoras denunciaron que el Ayuntamiento de Madrid había filtrado sus datos personales (nombre, apellidos y DNI) y que, aunque reconocen que las empresas tienen derecho a conocer la presentación de ese recurso, no lo tienen para saber quiénes lo habrían firmado.

Las educadoras exigieron que terminara “esta represión por parte de las empresas gestoras”. Sostenían que denunciar injusticias laborales de manera personal “no debe suponer amenazas, ni presiones” por parte de esas empresas, y explicaban que aplicarían “las medidas oportunas para hacer frente a la represión ejercida a las compañeras por el mero hecho de impugnar unas prórrogas que son una vergüenza”.

La Comunidad de Madrid ha “adelantado y acelerado” la firma de muchos contratos

Desde el sindicato CGT, denunciaban esta semana la publicación de numerosos acuerdos firmados entre la Consejería de Educación y muchos municipios, blindando los acuerdos monetarios del curso anterior. Según CGT, durante los primeros días de la huelga que comenzó el 7 de abril se firmaron muchos convenios “como aperitivo de la firma con todos los municipios de la Comunidad de Madrid que se han publicado durante mayo y junio”.

“En el BOCM se han comenzado a publicar en mayo, pero las firmas de dichas adendas comenzaron en abril pocos días después del inicio de la huelga”, explicaban desde el sindicato, y denuncian que la Comunidad “ha adelantado y acelerado mediante dichas enmiendas la firma durante la huelga indefinida”, mientras que en el curso anterior “se firmaron a finales de junio”.

CGT critica que, entre la Comunidad de Madrid y distintos Ayuntamientos, se han firmado “hasta un total de 87 adendas a fecha 20 de junio, anulando así la capacidad negociadora del comité de huelga con la administración en cuanto a ratios, pareja educativa o mejora de los salarios”. Estos convenios afectan también a los precios-plaza de las escuelas infantiles. Según detallaban, “dichas adendas contemplan el precio plaza niño/a en 1760 euros y la plaza en extensión en 1460 euros. El año 2025 el precio plaza fue de 1669 euros”.

Zarzalejo cedió a implantar la pareja educativa

Las educadoras se reunieron con la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, el pasado 21 de mayo. En esta reunión las profesionales del 0-3 consiguieron un avance en su lucha: la implementación de la pareja educativa en las escuelas de gestión directa e indirecta de la Comunidad de Madrid. Esta medida reduciría el número de niños por educadora en las aulas a partir del próximo curso en todas las escuelas infantiles. Además, la consejera se comprometió a paralizar las prórrogas de los pliegos. Sin embargo, según la Plataforma, insistieron para que Zarzalejo firmara sus compromisos, pero la consejera de Educación afirmaba “que no sabe quién conforma la plataforma, que no tiene capacidad legítima y no tiene claro con quién firmar los acuerdos”.

Zarzalejo en un principio insistió en que la huelga de profesoras surgía de un conflicto entre las trabajadoras y las empresas contratantes. Casi dos meses después, a principios de junio, calificó como “incomprensible” la huelga de las educadoras infantiles, y que únicamente buscaban “desviar la atención de otras cosas muy graves que están sucediendo” en España: “Resulta difícil comprender que organizaciones sindicales firmantes del acuerdo sectorial, actualmente vigente, anuncian ahora movilizaciones, reclamando la inmediata aplicación de medidas cuyo calendario de implantación fue acordado y suscrito por ellas mismas hace un año. Es una contradicción que merece cuando menos una reflexión”.

Rosa Marín, portavoz de la PLEI, consiguió defender la lucha de las educadoras en una Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid el pasado mes de mayo. Además, junto a otras compañeras, acudió a la tribuna de invitados del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, como iniciativa del grupo municipal de Más Madrid, de donde fueron expulsadas el 29 de abril. Miembros de algunos grupos municipales, como Rita Maestre o la concejala socialista María Caso, defendieron la lucha de las educadoras, que reaccionaron ante las palabras de José Sánchez Fernández, el cual definió la gestión de las peticiones de las 0-3 como “muy a lo sanchista”, por lo que fueron expulsadas del Pleno.

Familias y sindicatos apoyan las movilizaciones

Más de dos meses han pasado desde que comenzó la huelga en la capital. Durante este tiempo, las educadoras han conseguido también el apoyo de las familias. “Las familias están a full con nosotras. Al final piensan que nos quedamos con lo más valioso que tienen. La mayoría valoran nuestro trabajo y cuando se enteran de lo que cobramos, flipan”, recordaba Rosa Marín, portavoz de la Plataforma. Además, a finales de mayo, las familias madrileñas se concentraron ante la Consejería de Educación para exigir una reunión con Mercedes Zarzalejo. Las familias reconocían ser “parte de los afectados” por las malas condiciones en las que desarrollan su profesión las educadoras infantiles, e insistían en que los más pequeños “quieren volver a la escuela”. También criticaron la pasividad de las instituciones y pedían que “dejen de echar balones fuera” ante una situación educativa que “es insostenible”.

Las organizaciones sindicales con representación en el sector de Educación 0-3 de la Comunidad de Madrid (USO, CCOO, UGT, FSIE) se unieron también a la lucha de las educadoras infantiles para exigir mejoras en el sector cuando llevaban ocho semanas en huelga. Las educadoras y los sindicatos confesaron que la unión daba “más fuerza” a las movilizaciones.

De cara al próximo curso

“Seguiremos presionando e intentando que se quede resuelto antes de las vacaciones de verano y si no, pues seguiremos en septiembre”, reconocía la portavoz de la PLEI, Rosa Marín, hablando sobre la posibilidad de alargar la huelga durante el próximo curso. “Estamos cansadas porque además hace calor y es complicado, pero ahí seguimos”, sostiene.

Además, con la llegada del verano se han centrado en una nueva lucha: “Realizaremos la misma performance, pero sobre el calor que pasamos en las aulas en el mes de julio, que no entendemos por qué las criaturas tienen que ir a las escuelas”, reconoce Marín. Por ello, han convocado concentraciones en muchas ciudades de todo el país el jueves 18 de junio, para reclamar la reducción de las jornadas educativas durante las temporadas de calor. Las educadoras infantiles denuncian una “discriminación calendaria” que sufren los niños y las niñas de 0 a 3 años, “cuyas jornadas anuales llegan a alcanzar los 215 días frente a los 175 del resto de etapas educativas”.

Diez mil trabajadores y trabajadoras de todo el Estado, incluida la plantilla de La Rioja (cerca de 70 personas trabajadoras) están llamados a secundar mañana viernes 19 de junio la segunda convocatoria de huelga en Iberdrola ante el bloqueo al que la eléctrica está sometiendo la negociación del convenio colectivo. 

Las organizaciones sindicales UGT FICA y CCOO Industria han convocado esta segunda huelga general en el grupo Iberdrola (la primera se celebró hace un año) para exigir que se desbloquee la negociación del convenio, tras más de 16 meses de conversaciones. Tal y como denuncian, la eléctrica se niega a garantizar el poder adquisitivo de la plantilla precisamente en un momento en el que registra un récord de beneficios, de cotización y de dividendos.

Como en la anterior convocatoria, la plantilla exige un convenio justo que reconozca su aportación a los resultados de la compañía y que garantice su poder adquisitivo. Sin embargo, la empresa, que obtuvo más de 6.285 millones de euros de beneficio, propone a su plantilla un incremento salarial “en base a parámetros de empresa”. Se trata de “una auténtica vergüenza” en opinión de las organizaciones sindicales si tenemos en cuenta que en los últimos cinco años el personal acumula una pérdida de poder adquisitivo del 19 por ciento“

UGT FICA y CCOO de Industria entienden que la última oferta que hizo la dirección en la mesa de negociación es vergonzosa para quien presume de ser “un líder energético global y una de las mayores compañías eléctricas por capitalización bursátil del mundo”.

Los salarios en Iberdrola están alejadísimos de la propaganda de la empresa, que habla de retribuciones de más de 88.000 euros de media y de incrementos de más de 5.000 euros anuales, unas cifras fuera de la realidad y que buscan exponer a las trabajadoras y a los trabajadores frente a la opinión pública. Además, denuncian que con esta actitud se intenta justificar sin éxito la enorme evolución al alza de las retribuciones de la alta dirección y se enmascara una política retributiva para su plantilla que es absolutamente injustificable en una compañía con el desarrollo y la dimensión económica de Iberdrola.

Las educadoras infantiles madrileñas llevan casi dos meses en huelga indefinida, lo que ha animado a que el resto de profesionales del sector de todas las comunidades del país se sumen a su causa. Las educadoras de niños de 0 a 3 años se han concentrado en distintas ocasiones desde el día 7 de abril para exigir mejores condiciones laborales en un sector que sienten que no recibe la importancia que merece, siendo una etapa fundamental en la educación de los más pequeños y en su desarrollo como personas.

Ante las ratios elevadas, salarios bajos (que apenas superan el SMI), malas condiciones en las infraestructuras en las escuelas y el abandono que sienten por parte de las instituciones, además de la dificultad para acceder a puestos en este sector, muchas educadoras españolas deciden desplazarse a otros países europeos donde pueden desarrollar su carrera profesional. Dos países que reciben muchas educadoras españolas son Alemania e Irlanda.

Las educadoras buscan poder dedicarse al trabajo que les gusta y para el cual están cualificadas, y buscan refugio fuera de España para sentirse más realizadas y poder trabajar con salarios dignos y mejores métodos. Desde Helmeca, una empresa que se dedica a la contratación de educadoras en Alemania, insisten en que las profesionales del 0-3 “están agotadas emocionalmente debido a las altas ratios, la falta de reconocimiento profesional y la dificultad para aplicar metodologías pedagógicas más individualizadas. En España los peques están haciendo fichas en una silla, lo cual consideran que no es lo mejor para ellos”.

“No se sienten valoradas, y las que se quieren dedicar a ello trabajan en otras profesiones o buscan opciones en el extranjero”, explican desde la empresa a elDiario.es. La diferencia en las condiciones de trabajo es uno de los factores clave que explican por qué los educadores se van al extranjero a trabajar.

Alemania, un país con pareja educativa

Cada vez son más las educadoras españolas que deciden irse a Alemania para desarrollar su carrera profesional. La principal razón son las ratios: mientras que en España se dan casos de hasta 20 niños por cada educadora, en Alemania hay una ley exige una atención mucho más personalizada. Por ejemplo, para un grupo de 20 niños suele haber un mínimo de tres educadoras, según detallan desde la empresa alemana. La ley, en vigor desde 2013, garantiza que todo niño residente en el país tenga una plaza en una escuela infantil (Kinderkrippe) para que las madres puedan incorporarse antes al mercado laboral.

La metodología de la enseñanza es un factor clave. En el sistema español, el modelo de fichas y niños sentados sigue muy presente. “El modelo alemán apuesta por el aprender jugando y metodologías innovadoras sin el uso de fichas”, explica Magdalena Uhländer, responsable de Reclutamiento y Relaciones Públicas de la empresa que contrata a las educadoras españolas en Alemania. Además, la preparación para las clases en España suele ser durante el tiempo libre de las educadoras infantiles. En Alemania, en cambio, las horas de planificación pedagógica están integradas dentro del horario laboral (normalmente unas tres horas semanales fuera del aula).

Sin embargo, Alemania sufre un déficit que se divide en dos grandes necesidades en la actualidad: infraestructuras y profesionales. Pese a la ley, existe escasez de personal cualificado y plazas en muchas regiones, lo que genera dificultades para conseguir plaza en centros públicos. Según la empresa alemana, faltan todavía más de 430.000 plazas para niños en las escuelas infantiles, y se necesita cubrir más de 308.800 vacantes de educadoras en los próximos cinco años. Y todo ello en un momento en el que Alemania está experimentando un gran cambio demográfico que se traduce en una demanda generalizada de profesionales en todos los sectores.

La forma de acceder a los puestos de educadora infantil en Alemania es diferente a la española. Las escuelas infantiles no cuentan con una bolsa de licenciados a la que recurrir cuando queda vacante un puesto de educadora, sino que las interesadas hacen una Formación Profesional (FP) dual en una escuela infantil determinada, donde luego son contratadas después de finalizar la formación de tres años: es decir, las escuelas deben formar a su propio personal.

“Es una cuestión de dignidad, de los niños y de las profesionales”

María García es subdirectora de una Kinderkrippe en Múnich. Según cuenta, aunque en Alemania sí se trabaja con pareja educativa, también cree que las ratios siguen siendo elevadas, pues “es un reto real para poder acompañar, observar y atender bien las necesidades e intereses de cada niño”. La educadora, que lleva trabajando fuera de España desde 2014, cree que en nuestro país se da incluso una situación peor, pero que el problema va más allá de las condiciones laborales: “Es una cuestión de dignidad, de los niños y de las profesionales”.

Desde Alemania, García está pendiente de la situación de las educadoras en España, que ha movilizado a las trabajadoras desde principios de abril: “Sigo de cerca las huelgas y las movilizaciones del sector en España y les doy todo mi apoyo. Lo que piden no es un capricho, es lo mínimo para poder ejercer esta profesión con responsabilidad”.

García encuentra tres grandes problemas en el sistema español, que deberían cambiar lo antes posible, cree, y cuya solución traería de vuelta a España a educadoras como ella: la ratio, el salario, y el reconocimiento social. “La educación infantil en España sigue siendo percibida como 'cuidado' y no como lo que es, educación en la etapa más decisiva del desarrollo humano. Mientras eso no cambie en la cabeza de quien legisla y en la del conjunto de la sociedad, las condiciones no cambiarán de verdad, y habrá educadoras que seguirán marchándose, o que se quedarán a costa de su salud física y mental”, defiende María.

Aunque las condiciones laborales en Alemania son mejores que en nuestro país, García reconoce que no fue tan sencillo abandonar España para empezar una nueva vida en otro lugar. Explica que fue un camino largo: “Aprender el idioma, validar mi formación, entender una cultura profesional y social muy diferente... No fue fácil, y sería deshonesto pintarlo de otro color. La vida aquí como extranjera tiene sus propias dificultades, y Alemania tampoco es el paraíso que a veces imaginamos desde España”. Sin embargo, sigue siendo más fácil para educadoras como María encontrar una estabilidad laboral en su sector: “En España no había futuro laboral visible para mí en educación infantil”.

“Por primera vez, ahorrar dejó de parecer algo imposible”. 

Ana Palacios llegó a Alemania hace ocho años para trabajar como auxiliar de grupo, y actualmente es subdirectora en una escuela infantil alemana. “Mi experiencia ha sido muy equilibrada entre lo que buscaba, lo que necesitaba y lo que sentía en el momento en el que decidí venir. Llegué con muchos conocimientos recién adquiridos y con una enorme motivación por ponerlos en práctica”, cuenta. “Al final, todo se resumió en algo muy bonito: enseñar toda la teoría que había estudiado mientras, al mismo tiempo, aprendía un nuevo idioma y una nueva cultura enseñando cada día”, añade.

Palacios experimentó una gran diferencia en las condiciones laborales que se dan en las escuelas infantiles alemanas: “Aquí existen horarios más dignos y una mayor posibilidad de conciliación. Las horas extras se pagan como corresponde y el sueldo es mucho más acorde al trabajo y la responsabilidad que desempeñamos. Por primera vez, ahorrar dejó de parecer algo imposible”. 

Palacios confiesa a elDiario.es que, para desear volver a España, necesitaría ver cambios en las condiciones que se dan en nuestro país: “Estabilidad, posibilidades de crecimiento personal y profesional, y la sensación de sentirse valorada, respetada y cuidada dentro del entorno laboral. Creo que sentirse reconocido en tu trabajo marca una gran diferencia en la calidad de vida de las personas”.

Las educadoras no conocen las dificultades en el mercado español

Según detallan desde Alemania, las educadoras infantiles no son conscientes de la dificultad que existe en el acceso a un puesto de trabajo en España cuando deciden comenzar sus estudios de enseñanza: “Los estudiantes de infantil eligen esta carrera por vocación, sin conocer realmente las dificultades estructurales del mercado laboral en el país”. Las educadoras piensan que opositar es la mejor o única opción. “Luego se dan cuenta de que conseguir una plaza es poco probable porque tienen preferencia interinos con mucha experiencia. Cuando aprueban, entran en bolsa y quedan a la espera de una lista. No hay suficientes plazas en España para la cantidad de educadores que se gradúan cada año”, añaden.

Las educadoras quieren trabajar con niños, porque es lo que les gusta y para lo que han estudiado, pero las oposiciones son imposibles en España y las condiciones laborales son insuficientes. Además, aquí estudian sobre métodos innovadores para aplicar en la enseñanza de los más pequeños, cosa que luego no se ve reflejada en sus jornadas de trabajo. “En Alemania y en otros países del norte es diferente, se usan metodologías más enfocadas en lo que necesitan los niños, métodos que implican el aprender mientras juegas y no existen las fichas”. 

Empresas como esta son las que más de cerca viven la migración de las educadoras españolas, que no lo hacen únicamente por el factor económico: “Es cierto que se cobra más en Alemania como educador y eso les da la posibilidad de poder vivir, pero también buscan realizarse como profesional. El sentirse valoradas, disponer de tiempo real para preparar actividades pedagógicas y trabajar en entornos con ratios más sostenibles. Poder vivir y no estar trabajando en algo que no es lo que realmente les realiza como profesionales”. 

Para trabajar como educadora en Alemania, las profesionales del 0-3 necesitan la titulación universitaria de educación infantil y/o grado superior de educación infantil, aunque cada comunidad autónoma alemana tiene sus propias normas, y tener un B2 de alemán. Muchas empresas de contratación ofrecen cursos de alemán a las educadoras infantiles para que puedan optar a las vacantes.

Los alemanes quieren trabajar con educadoras españolas

Las españolas escogen Alemania como destino para trabajar de su profesión y tener estabilidad laboral, mientras disfrutan de más vacaciones en comparación con España, lo cual atrae mucho a la hora de poder viajar o volver a casa para visitar a los familiares. Pero no son solo ellas las que quieren trabajar allí, sino que los alemanes también buscan contratar a educadoras españolas. De aquí salen muy bien formadas, con cuatro años de carrera universitaria o dos años de estudios superiores muy bien estructurados. Por otro lado, las españolas, culturalmente, “lo hacen por vocación, le ponen muchas ganas y corazón”, y eso lo saben más allá de nuestras fronteras.

Según explican desde la empresa alemana, “la cultura del trabajo en España es muy diferente a Alemania: En España el que tiene un trabajo tiene suerte y debería valorarlo. En Alemania, quien tiene un trabajador tiene suerte y debería valorarlo. Los educadores van con la mentalidad española, por lo que es más fácil tratar con ellos”. La formación en España es buena, salen profesionales muy cualificados y con ganas de trabajar, pero no se les permite hacerlo con dignidad. 

Irlanda: mejores salarios para precios más elevados

Otro país muy solicitado por las españolas es Irlanda. Andrea Vieira ha trabajado como educadora en Dublín y ha visto cómo España es el país que más está desplazándose a este lugar, pues es muy sencillo conseguir empleo: “No te piden un nivel de inglés súper alto porque son conscientes de que estamos con niños pequeños, que no tienen un lenguaje muy desarrollado, entonces con un nivel básico está bien”, explica Andrea. “Respecto a las familias, están súper contentas de que haya tanta diversidad, de que tengan profes españoles, de que nosotros también al final mejoramos el inglés con ellos y hablando con las familias…”, añade.

Los salarios de las educadoras en Irlanda son una de las razones que atraen a las profesionales infantiles españolas. “Obviamente, los salarios son más altos que aquí, porque se cobra mínimo unos 15 euros la hora, y yo creo que, las que más están cobrando ahora mismo, están en torno a 17-18 euros la hora. Es muchísimo más que aquí [en España], o sea, al final son como 2.200 euros al mes”, sostiene Andrea.

Emma Ruiz es profesora de educación primaria pero, como la gran mayoría de españolas licenciadas en esa carrera en nuestro país, encontró trabajo como educadora de 0-3 en Irlanda porque “ganas muchísimo más”. “Yo estoy ganando [en Irlanda], pues ponle que unos 1.000 euros más de lo que ganaría allí”, explica Emma, que justifica que en Irlanda, entre otras cosas, el coste de la vivienda es más elevado que en España. Sin embargo, Emma es una de las graduadas en otro ciclo que ha preferido dedicarse al 0-3 en Irlanda, porque las condiciones laborales permiten una vida digna.

Ratios más bajas y pareja educativa: “No sé cómo lo hacen aquí en España”

Las ratios de niños por educadora son también mejores allí. En las escuelas infantiles irlandesas, llamadas creches, las ratios “cambian muchísimo, porque es que aquí [en España] es como el doble. Para los bebés, que es a partir de los 8 meses más o menos, es un profe para cada 3 niños, luego para 1-3 años es un profe para cinco niños, creo, y luego de 2-3 es un profe para seis niños. Aquí es el doble, aquí un profe para los niños que tienen 2-3 creo que está como en 15 niños”, explica Andrea, que opina que “es una barbaridad, y a esas edades tienes que tener mil ojos. Yo lo veo la verdad algo alucinante, no sé cómo lo hacen aquí en España”. En nuestro país, las ratios para niños de hasta un año es de ocho bebés, de uno a dos años de hasta 13 niños, y de dos a tres años puede variar entre los 16 y los 20 niños por educadora.

Emma, por su parte, insiste en que “en cada clase hay dos personas siempre, o casi siempre”, aunque cree que las ratios en Irlanda siguen siendo abusivas, puesto que los bebés “no saben caminar, no saben comer, no saben limpiarse. Si uno se te caga, no puedes cambiarle a menos que alguien te cubra”. Es decir, que aunque las ratios sean más bajas que en España, siguen siendo mejorables para algunas educadoras, aunque cuenten con pareja educativa.

Mejores condiciones laborales y desarrollo profesional

En España, las educadoras infantiles están reclamando, además de mejores salarios y una bajada de las ratios, mejores condiciones laborales, equiparadas a las que se dan en otros ciclos educativos superiores como en educación primaria. Andrea Vieira describe el modelo educativo irlandés como uno que ofrece “más libertad”.

Según su experiencia, las empresas que gestionan las creches en Irlanda se implican mucho más en la calidad educativa de los más pequeños. “Hay una staff meeting (reunión de equipo) mensual donde se comentan puntos que mejorar o puntos en los que tú tengas dudas, o incluso al revés, te dan un feedback (retroalimentación) muy positivo y te apoyan”, explica Andrea. “Saben que todo lo que estás haciendo lo haces por el bien del niño, y aquí [en España] se ha perdido un poco ese punto de vista”.

Además, las gestiones burocráticas y la organización de las clases se realizan dentro del horario laboral, algo que en España están exigiendo las educadoras infantiles. “Yo tenía un profesor que venía a cubrirme mientras yo tranquilamente me iba a otra clase a hacerlo. Aquí [en España], o haces horas extra, o lo haces con los niños en mitad de clase, que es obviamente inviable”, describe Andrea, y añade que eso ayuda a que “el nivel de vida sea mejor, porque tú sales de tu trabajo y tienes vida”.

En 2025 se realizaron en Castilla-La Mancha un total de 639.442 contratos, de los cuales 131.851 fueron a personas que vinieron de otras regiones de España y 189.095 a personas que salieron de la comunidad autónoma para ocupar un puesto de trabajo en otros lugares.

Esto supone un saldo negativo en movilidad geográfica laboral para Castilla-La Mancha de -57.244 contratos, lo que nos sitúa a la cabeza de España en este sentido, solo por detrás de Andalucía, según los datos ofrecidos por el sindicato UGT.

Por provincias, todas ellas arrojan también un saldo negativo, salvo Cuenca. Aquí -en 2025 y según recoge el informe 'Movilidad geográfica de la contratación en España' que elabora el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE- entraron 23.472 personas trabajadoras y salieron 19.8647. En Albacete, el saldo fue de -4.227 contratos; en Ciudad Real de -11.264; en Guadalajara de -12.237; y en Toledo de -33.341.

La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, sostiene que este carácter emisor de personas trabajadoras que tiene la región se debe, fundamentalmente, a su cercanía con la Comunidad de Madrid y, ya en menor medida, al flujo de personas trabajadoras que se marchan a regiones como la Comunidad Valenciana y Castilla y León.

Mujeres y jóvenes, los que más se marchan

En este informe también se recoge que el perfil de las personas trabajadoras que más se marchan a otras comunidades autónomas es el de mujeres y jóvenes, acentuándose en el caso de las personas trabajadoras con nacionalidad española, ya que en el caso de aquellas con nacionalidad extranjera es mucho más moderado.

A nivel sectorial, el primario presenta un marcado saldo positivo, al contrario de lo que ocurre con el resto de sectores, sobre todo en el sector servicios, el cual es marcadamente emisor. Por secciones de actividad, Castilla-La Mancha es una comunidad emisora especialmente en Información y comunicaciones, Actividades administrativas y servicio auxiliar y en Comercio por mayor y menor; reparación vehículos.

Isabel Carrascosa apunta que, pesar del crecimiento empresarial que ha tenido la región en los últimos años, con una importante atracción de nuevas empresas, “Castilla-La Mancha sigue siendo una comunidad eminentemente emisora, tal y como viene sucediendo en los últimos años. De hecho, este perfil emisor, en lugar de descender, sigue aumentando”.

La responsable de Empleo del sindicato sostiene que todavía hay muchos profesionales que no encuentran posibilidades laborales en Castilla-La Mancha y que tienen que trasladarse a otros territorios, lo que supone una merma para la retención del talento.

Considera que, si bien Castilla-La Mancha está y siempre ha estado muy influenciada por el área de atracción que representa Madrid, “se deben hacer más esfuerzos por retener a nuestros trabajadores y trabajadoras y para mejorar las condiciones laborales en las empresas de la región”.

La brecha abierta entre Mónica García y los sindicatos médicos no hace más que ensancharse. Y los últimos pasos para tratar de resolver el conflicto no hacen sino agrandarla. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este miércoles, en el que Sanidad pretendía abordar con las comunidades autónomas algunas de las reivindicaciones de las organizaciones es un ejemplo. “La ministra está sola”, trasladaron con una sola voz los consejeros autonómicos que, si bien habían solicitado la reunión, optaron por no intervenir.

En su lugar, los y las responsables de sanidad de los diferentes territorios optaron por leer un acuerdo conjunto, en el que señalan a Sanidad como responsable del conflicto en torno al nuevo estatuto marco, que rechazan los médicos. “Es precisamente el contenido y la tramitación de esta norma lo que ha motivado la actual convocatoria de huelga de ámbito estatal, dirigida al Ministerio, tal y como evidencian tanto el origen de las reivindicaciones como el propio marco de interlocución de las organizaciones convocantes”, trasladaron.

El texto lo firmaron 16 comunidades —todas salvo Catalunya, que compartía los argumentos, pero evitó echar más leña al fuego— con gobiernos de todo signo. Desde el de la madrileña Isabel Díaz Ayuso, del PP; hasta los de los socialistas de Asturias, Adrián Barbón; Navarra, María Chivite; y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; pasando por el de Coalición Canaria, Fernando Clavijo; o el vasco.

Precisamente, fue el consejero del PNV, Alberto Martínez, el elegido como portavoz. Martínez ya había avanzado el día previo que las consejerías trabajaban en un documento conjunto que trasladaron a Sanidad durante la tarde. El anuncio lo hizo en una intervención en la que comprometió 70 millones de euros anuales del presupuesto autonómico para responder a algunas de las demandas del Sindicato Médico de Euskadi, como la reorganización de las guardias, la mejora de la retribución o el incremento de los complementos de productividad.

Tras la reunión de este miércoles, la ministra García se mostró contrariada con la posición de las comunidades ante la primera reforma del estatuto marco y las condiciones de los médicos en más de dos décadas: “No sé si tiene que ver con lo peor del statu quo o con lo de que el que pueda hacer que haga”. “Traíamos una serie de puntos que resuelven una gran parte de las reivindicaciones del comité de huelga y del colectivo médico, pero las comunidades han rechazado comprometerse. Podrían haber desbloqueado el conflicto asumiendo su parte de las competencias y han decidido no hacerlo y mirar para otro lado”, dijo en rueda de prensa.

Los acuerdos que Sanidad quería poner sobre la mesa, “para dotar de armonía” a todas las comunidades, pasaban por un límite a la jornada de guardia y su mejora retributiva, el establecimiento de la jornada ordinaria de 35 horas y la reducción progresiva de la jornada máxima semanal. “En su día nos dijeron que no eran competencia del estatuto marco y, toda vez que lo sacamos del estatuto marco y lo traemos al acuerdo del Consejo Interterritorial, es contradictorio que justo cuando vamos a hablar de esos acuerdos se nieguen y digan que no son su competencia”. “No pueden hacer de perro del hortelano, que ni resuelven ni dejan resolver”, ha espetado García sobre la actitud de unos consejeros que a la que no encuentra “explicación, a no ser que no quieran ver el fin del conflicto”.

El estatuto marco recoge unos mínimos que todas las comunidades deben asumir. Por ejemplo, el texto que pasó hace unos días por el Consejo de Ministros reduce el máximo de horas de guardia de 24 a 17 horas, reduce la jornada laboral máxima a 45 y establece oposiciones cada dos años. “Pero las consejerías pueden llegar a los acuerdos que quieran [a mejor]”, ha insistido García, que ha denunciado que los responsables autonómicos tampoco han querido hablar de la reducción progresiva de la jornada laboral máxima.

La retribución de las horas de guardia es uno de los temas más representativos. Según un informe del Sindicato Médico Andaluz, en 2023 había una diferencia de casi 10 euros por hora en un día laborable, de más de 11 en festivo y de hasta 38 euros en jornada especial entre las comunidades que menos y más pagaban.

El principal frente abierto está con los sindicatos médicos, que no están conformes con la negociación entre Sanidad y las organizaciones del ámbito. El leitmotiv de su reivindicación es que no están representados en esa mesa, donde se negocia las condiciones de todos los trabajadores del sector, donde los médicos solo representan en torno al 20%.

Este miércoles, el comité de huelga respondió públicamente a una carta que el Ministerio le había trasladado el día anterior —y que no había hecho pública entonces—, para criticar que “ni la ministra, ni sus representantes en la mesa de negociación han mostrado la menor confianza en el diálogo como vía de solucionar el conflicto”. “Por el contrario, han insistido en presentarnos soluciones jurídicamente inviables y en confundir a la opinión pública con comunicados tendenciosos e inexactos, haciendo recaer sobre nosotros la responsabilidad del conflicto”.

En el comunicado, señalan que es “falso” que el estatuto marco recojan sus reivindicaciones; que es “discriminatorio” que solo los facultativos estén “obligados a hacer horas extra pagadas por debajo de la hora ordinaria”; que no se ha modificado la clasificación profesional; o que es falso que la creación de una mesa de negociación específica esté en manos de las comunidades autónomas.

García ha insistido este miércoles en ese punto. “La creación de mesas específicas de negociación del colectivo médico es algo que recoge el Estatuto Básico del Empleado Público y que las comunidades pueden hacer desde hoy mismo amparándose en el artículo 39.4, como se ha hecho en otras categorías y áreas”, ha dicho. Ese punto establece que “el establecimiento de las unidades electorales se regulará por el Estado y por cada Comunidad Autónoma dentro del ámbito de sus competencias legislativas”.

Ante este panorama, los sindicatos médicos mantienen la huelga prevista para la próxima semana —la quinta en lo que va de año—, con los puentes rotos con Sanidad. “La persistencia de la convocatoria evidencia que el problema de fondo continúa abierto y que no se ha alcanzado el necesario consenso con el colectivo médico. Esta situación hace imprescindible reabrir con urgencia un proceso de diálogo real, efectivo y constructivo”, consideran desde las comunidades.

Un nuevo diálogo que ha puesto en alerta a los sindicatos de la mesa del ámbito, que han enviado a su vez una acrta a las consejerías advirtiéndoles de que es en esos espacios donde se abordan las condiciones laborales de los profesionales. En concreto, les han pedido no “desplazar de facto la negociación colectiva hacia espacios distintos de los legalmente previstos” ni “crear precedentes que debiliten los mecanismos ordinarios de participación y negociación colectiva”. Una posición que suma un nuevo quebradero de cabeza a un conflicto ya de por si complejo.

La Ministra, por su parte, sigue convencida de sacar adelante un estatuto, el primero en 23 años, que considera “la primera piedra para acabar con la precariedad y la inestabilidad” de los médicos: “No vamos a renunciar, porque me parecería una traición a los profesionales”.

“La ministra se ha quedado sola”. El consejero vasco de sanidad, Alberto Martínez, ha tomado la palabra en nombre de todas las comunidades para avanzar una posición conjunta de cara a la reunión del Consejo Interterritorial que se celebra este miércoles. A las puertas de la sede ministerial, Martínez ha afirmado la disposición de los gobiernos autonómicos a “tender la mano al Ministerio para retomar la relación” con Mónica García para, a renglón seguido, avanzar que no intervendrán en ninguno de los puntos del día previstos para este encuentro.

Todas las consejerías, salvo Catalunya, han firmado un documento que leerán al inicio de la reunión. Será su única aportación a un Consejo en el que estaba previsto abordar cuestiones como el límite máximo de jornada ordinaria de 35 horas, la retribución de la hora de guardia, la creación de mesas específicas de negociación o la clasificación profesional.

Las consejerías justifican su decisión en que el estatuto marco contra el que se levantan los médicos es “una norma básica de carácter estatal, cuya aprobación, modificación y desarrollo corresponde en exclusiva al Ministerio de Sanidad, en virtud de las competencias que le atribuye el ordenamiento jurídico”. Y son las comunidades autónomas, dicen, “como responsables de la organización y prestación de la asistencia sanitaria”, quienes están “asumiendo las consecuencias asistenciales y organizativas derivadas de un conflicto cuya raíz no se sitúa” en su “ámbito competencial”.

En el documento, que han leído en la reunión con Sanidad, exigen al Ministerio que reabra “con urgencia un proceso de diálogo, real, efectivo y constructivo” e impulse, “con carácter inmediato, medidas estructurales y sostenidas en el tiempo”.

“Al terminar la lectura y la explicación” del documento, señaló Martínez a la prensa, “daremos por terminada nuestra intervención”. El consejero vasco ha aclarado, no obstante, que no se levantarán de la mesa, aunque no realizarán más aportaciones.

Navarra ha hecho un apunte al documento, en el que hace constar que “puesto que todos sus profesionales son funcionarios del Gobierno de Navarra, el estatuto marco afecta tan solo en cuestiones relativas a la jornada, siendo las soluciones a la mayoría de las reivindicaciones del colectivo médico competencia de la propia comunidad, no estatal salvo en el caso de los médicos en formación, de manera diferenciada al resto de las comunidades”.

Desde el departament de Salud catalán aclaran que “el hecho de no adherirse a este texto no implica desacuerdo con su contenido”. “Compartimos buena parte de las reflexiones que en él se expresan, pero no compartimos iniciativas que puedan profundizar en el actual contexto de conflictividad”, apuntan.

El conflicto entre Sanidad y los sindicatos médicos se prolonga ya durante meses. De hecho, las organizaciones sindicales establecieron en enero un calendario de huelgas de una semana al mes, al menos hasta junio. La última prevista está convocada para el próximo lunes. “La responsabilidad de su resolución sigue estando exclusivamente en manos de las administraciones, por lo que mientras no lleguen propuestas serias para desbloquearlo, el colectivo médico mantendrá la movilización y responderá con la unidad, firmeza y determinación con las que lo ha hecho hasta ahora”, señalaban desde el Comité de Huelga en un comunicado la semana pasada.

Aunque el foco está puesto en la ministra, en varias comunidades los sindicatos han mantenido huelgas autonómicas, también frente a sus propias consejerías. Es el caso de la Comunitat Valenciana, Madrid o Aragón, donde algunos especialistas han renunciado a hacer 'peonadas', las horas extra con las que se rebajan las listas de espera.

García ha hecho referencia este martes al encuentro con las consejerías de sanidad. “Pondremos encima de la mesa aquellas reivindicaciones que no son de nuestra competencia”, insistió durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Entre ellas, enumeró “las retribuciones de la hora de guardia”, “la disminución más allá de los límites que hemos puesto en el estatuto marco de las guardias” , la puesta en marcha de ,esas de partición de decisión que sean exclusivamente médicas“ o la implantación de las ”35 horas de jornada laboral“.

“Lo que trae el estatuto marco son límites al abuso de aquellos que ejercen las competencias en materia de sanidad, que están transferidas desde el año 2002”, ha hecho hincapié la ministra: “Eso significa que la gestión, la planificación, los recursos humanos, las plantillas y el abordaje de las mejoras de las condiciones laborales son competencia de las comunidades autónomas”.

Por su parte, los sindicatos Satse, Comisiones Obreras, UGT y CSIF han enviado sendas misivas a las consejerías recordando que los asuntos que pretenden abordar “forman parte del ámbito propio de la negociación colectiva”. Es ese ámbito, en el que estas organizaciones están presentes, donde Sanidad pactó el nuevo estatuto marco.

En ese sentido, estos sindicatos muestran su “preocupación” porque los acuerdos que puedan adoptarse en el marco del Consejo Interterritorial, lleguen a “alterar o condicionar procesos de negociación ya iniciados o en curso en el Ámbito de Negociación”, “desplazar de facto la negociación colectiva hacia espacios distintos de los legalmente previstos”, “generar desequilibrios o respuestas parciales dirigidas exclusivamente a determinados colectivos profesionales” y “crear precedentes que debiliten los mecanismos ordinarios de participación y negociación colectiva”.

Los sindicatos del ámbito solicitan a las consejerías que cualquier asunto del orden del día que afecte a las condiciones laborales, clasificación profesional, jornada, retribuciones, organización del trabajo o estructuras de negociación “respete plenamente” el “espacio legítimo de negociación colectiva”. Además, piden que las comunidades, “como administraciones empleadoras y responsables de la gestión de los servicios sanitarios, participen activamente en el fortalecimiento de los espacios de negociación colectiva y diálogo social”.

Mientras todos los ojos estarán puestos este lunes en la primera visita del papa León XIV a España y en el primer discurso de un pontífice ante el Congreso de los Diputados, parte de la plantilla de una de las instituciones más relevantes del país, la Agencia Tributaria, estará en huelga. Por segunda vez en siete meses, y en plena Campaña de la Renta 2025, inspectores, técnicos y el resto de los 28.000 trabajadores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) están llamados a parar.

La huelga de este lunes, convocada por el sindicato CSIF, se produce tras varios paros de una hora que han tenido lugar en las últimas semanas y en pleno hartazgo de la plantilla por la falta de desarrollo del plan de carrera profesional al que tienen derecho sus trabajadores, un hecho en el que coinciden todas las fuentes sindicales consultadas.

“Es un problema de voluntad política”, resume, al teléfono, el portavoz de CSIF en la Agencia Tributaria, Pablo Burgos. Desde 2019 no se aplica el acuerdo de la carrera profesional, firmado en 2007, y que implicaría ascensos en responsabilidad a una plantilla que, según cifras sindicales, ha experimentado un 30% de jubilaciones desde 2019. En una escala de 0 (entrada) a 6 (más experimentado), la gran mayoría de los técnicos y agentes se encuentran en la parte más baja, lo que impide que adquieran responsabilidad y perjudica, dice Burgos, a la actividad de la Agencia. Porque quienes se retiran son los más especializados.

“En el año 2022 ya iniciamos un conflicto con todas las organizaciones sindicales y, al final, llegamos a un acuerdo con el compromiso de que se sacaría adelante el desarrollo de la carrera profesional. Pero se incumplió. Volvimos a otro conflicto en 2024, que finalizó con un compromiso por parte de la directora general de la Agencia Tributaria en el que se comprometía a hacerlo. Estamos a junio de 2026 y no hay absolutamente nada”, se lamenta.

Segundo conflicto en menos de un año

CSIF es el cuarto sindicato en la Agencia Tributaria y cuenta con un 15% de la representatividad. Pero esta huelga llega apenas medio año después de otra, convocada por el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, que en esta ocasión no se ha sumado a las movilizaciones.

“Los Técnicos ya advertimos en 2025, con nuestras concentraciones y nuestra huelga, que bajo la aparente normalidad de la AEAT se estaba acumulando un profundo malestar fruto de problemas estructurales que llevan años sin abordarse, entre ellos la congelación de la carrera profesional y el progresivo deterioro de la estructura de la organización”, detalla el presidente del sindicato, Javier Gómez Vergel, a elDiario.es.

Esas tensiones estructurales suman presión a unos equipos cada vez más descontentos y en Gestha hablan de “abandono” y un “deterioro de la estructura y de las expectativas profesionales” de sus funcionarios.

El responsable de UGT Servicios Públicos en la AEAT, Antonio García Soto, coincide en el diagnóstico, pero apunta que apoyan movilizaciones por parte de la plantilla siempre y cuando sea consensuada por todas las centrales representadas en la Agencia. 

Los sindicatos creen que el problema ya se sitúa por encima de la directora general de la AEAT, Soledad Fernández. La propia responsable lo señaló durante la rueda de prensa de presentación de la campaña de la Renta de 2025, cuando reconoció que había medidas pendientes de ejecutar “ajenas a su equipo directivo y que no se están haciendo”.

“La Agencia Tributaria tiene intención, pero es un problema de voluntad política en el sentido de que no le dan las herramientas ni las disposiciones reglamentarias para articular todos los mecanismos necesarios”, señala Burgos, de CSIF, apuntando directamente a los pasillos del Ministerio de Hacienda. El número dos del departamento, Jesús Gascón, ejerce la presidencia de la Agencia y, antes de eso, fue su director general.

CSIF, además del desarrollo profesional, reclama la regulación del teletrabajo en el organismo y el reconocimiento de profesión de riesgo para los compañeros de Vigilancia Aduanera, que ejercen un papel fundamental en la lucha contra el narcotráfico.

Fuentes de la dirección de la Agencia Tributaria apuntan que, a pesar del “reducido seguimiento” de los paros parciales convocados por CSIF, la directiva es “consciente de la existencia de una problemática que afecta a la plantilla”. Pero recuerdan que el acuerdo de carrera profesional, firmado en 2007, lo hizo en “un contexto social y jurídico muy distinto al actual” y que, desde entonces, se han llevado a cabo “esfuerzos” para tratar de solventarlo en el margen de sus competencias. “Sin descartar la aprobación de normas en el ámbito correspondiente que permitan alcanzar una solución adecuada”, subrayan.

El reciente revés judicial al fisco por parte de la justicia a cuenta del ‘caso Shakira’ ya caldeó el ambiente, con los inspectores de Hacienda emitiendo una nota en reivindicación de su trabajo. El paro, de 24 horas desde la medianoche del lunes, es un episodio más. Aunque en Madrid, visita del Papa mediante, el foco estará en otro lado.