El estallido de la operación Púnica en 2014 desató un terremoto judicial y político en Madrid con pocos precedentes y de difícil imitación. Francisco Granados, uno de los hombres fuertes de los gobiernos de Esperanza Aguirre, fue enviado a prisión provisional mientras la Guardia Civil detenía a media docena de alcaldes y la Audiencia Nacional descubría que la corrupción había evolucionado desde la trama Gürtel y había cambiado el ladrillo por la eficiencia energética. La sentencia del caso, once años después de la operación, deja 28 personas condenadas por amañar contratos de eficiencia energética para la filial española de GDF Suez en siete municipios madrileños con un botín de 233 millones de euros.

La Guardia Civil y el juez Eloy Velasco pusieron en marcha la operación el 27 de octubre de 2014. Fue un poco antes de lo previsto porque uno de los agentes había dado un chivatazo y los investigados ya sabían que la Audiencia Nacional les pisaba los talones. A la cabeza de la lista de medio centenar de investigados se situaba Granados, que medio año antes había dejado su acta de senador por el PP tras conocerse que había tenido una cuenta en Suiza. En el papel de empresario corruptor desconocido para el gran público estaba David Marjaliza y, por detrás, los alcaldes de municipios como Valdemoro, Parla o Móstoles y directivos de la empresa Cofely.

La operación, una de las últimas macrocausas de corrupción política, fue bautizada como 'Púnica' en honor a Francisco Granados: el árbol del granado es 'púnica granatum' en latín. La Audiencia Nacional sospechaba que el antiguo hombre fuerte de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid había aprovechado su puesto para tejer una red de contactos, favores y sobornos de la mano del empresario Marjaliza y con ramificaciones en León, Murcia y Alicante. Tan solo cinco años después del estallido del caso Gürtel, la política madrileña en general y Aguirre en particular veían cómo la Guardia Civil y los tribunales desvelaban otra trama de corrupción que anidaba con impunidad, otra vez, en las arcas municipales.

El operativo policial fue un shock con pocos precedentes en la política madrileña. Varios alcaldes fueron enviados a prisión provisional y no todos, aunque sí la gran mayoría, eran del Partido Popular. Tomás Gómez, entonces líder del PSOE madrileño, compareció cariacontecido en la Asamblea de Madrid y se declaró “desolado” por la detención de José María Fraile, su amigo y sucesor como alcalde de Parla. Aguirre –presidenta regional cuando ocurrieron la mayor parte de los hechos, pero fuera del cargo desde 2012– compareció para pedir perdón por haber confiado en Granados. Solo tres años después de tener que disculparse por la corrupción del caso Gürtel. Y a medio año de las siguientes elecciones municipales y autonómicas.

La sentencia dictada este final de año por la Audiencia Nacional revela que la corrupción mutó en Madrid para adaptarse a las circunstancias pero sin perder de vista el botín de las arcas públicas. Según describen los jueces, la crisis económica plenamente asentada en España en 2012 abrió una nueva oportunidad de negocio para los corruptos: la eficiencia energética de los municipios, grandes y pequeños. Contratos millonarios a 15 años vista en algunas de las ciudades más grandes del país para revisar y mejorar el alumbrado y encargarse de su mantenimiento. Cofely, filial española del gigante gasístico francés GDF Suez, se lanzó a por el botín municipal mientras su negocio se desplomaba.

La fórmula del éxito tuvo una pata fundamental: contratar a varios antiguos directivos y comerciales de Dalkia, empresa de la competencia. Y a través de ellos llegaron a David Marjaliza, constructor de la zona sur de Madrid que tenía una “red de contactos e influencias” en muchos ayuntamientos. El “conseguidor” perfecto para hacerse con la eficiencia energética de los municipios del PP, el partido con el que estaba mejor conectado, pero también del PSOE o gobernados por independientes.

Para cuando el caso llegó a juicio en 2025 –11 años después de la operación de la Guardia Civil– hasta 13 de los acusados habían optado por reconocer los hechos y devolver una parte del dinero a cambio de un acuerdo con la Fiscalía que evitara o minimizara su tiempo en prisión. El primero fue el propio David Marjaliza, que ya en 2015 optó por colaborar con la Audiencia Nacional y apuntar con el dedo a todo aquel que hubiera jugado un papel protagonista o secundario en la trama. Le siguieron los directivos de Cofely, la empresa adjudicataria corruptora, y algunos alcaldes y concejales imputados. Un escenario que dejaba poco margen para algo que no fuera una condena.

Un botín de 233 millones de euros

La sentencia de más de 600 páginas describe cómo este entramado corrupto se sentó en las mesas de contratación de distintos ayuntamientos para redactar de forma casi directa los pliegos de los contratos de eficiencia energética de municipios como Móstoles (205.000 habitantes), Parla (125.000), Valdemoro (72.500) o Collado Villalba (30.500), y otros más pequeños como Moraleja de Enmedio, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle. Los detalles de las adjudicaciones pasaban previamente por manos de los directivos de Cofely para evitar sorpresas y quedaban selladas con las comisiones que Marjaliza y sus socios pactaban con los alcaldes.

En Collado Villalba (PP), por ejemplo, se pactó o prometió una comisión de 171.000 euros en efectivo. En Móstoles (PP) de 240.000 euros y en Parla (PSOE) de 500.000 euros. En Serranillos del Valle, unos 25.000 euros. El botín, según la sentencia, era infinitamente mayor. Si la operación no hubiera estallado y los contratos hubieran durado los 15 años que se habían establecido, Cofely habría obtenido un total de 232,9 millones de euros en adjudicaciones públicas por controlar la eficiencia energética de estos municipios. El plan, a pesar del cambio de nicho de mercado, era similar al de la Gürtel: pagar comisiones en efectivo o facturar sobrecostes de forma ficticia a través de empresas de la trama.

La sentencia deja 28 personas condenadas con el foco en la empresa corrupta Cofely. Algunos de sus directivos, que estuvieron en primera fila en el amaño de contratos, han recibido penas de hasta casi siete años de cárcel por hasta seis delitos relacionados con la corrupción. La propia empresa es condenada a pagar multas que suman 3,5 millones de euros porque sus empleados no encontraron “ninguna traba” interna para evitar que, incluso, tuvieran un departamento en la compañía para planificar los sobornos y amaños.

Los jueces también sentencian a seis alcaldes a penas que, en caso de ser declaradas firmes, supondrán su entrada obligatoria en prisión. Alberto Estrada (Moraleja de Enmedio) y Agustín Juárez (Collado Villalba) son condenados a cuatro años y medio de prisión. Daniel Ortiz (Móstoles) y Antonio Sánchez (Serranillos) a tres años de prisión. José María Fraile (Parla) a dos años y cuatro meses. Gonzalo Cubas (Torrejón de Velasco) a tres años de inhabilitación. Y David Marjaliza, el hombre que lleva diez años cantando en la Audiencia Nacional, a ocho años y dos meses de presidio. Todo con las atenuantes clásicas de los casos de corrupción que se eternizan en este tribunal: dilaciones indebidas, confesión tardía y reparación del daño.

No todos los alcaldes acusados han sido finalmente condenados y no todos los contratos bajo sospecha han podido demostrarse corruptos. José García (Almendralejo) y José Carlos Boza (Valdemoro) han sido absueltos por falta de pruebas, y tampoco ha podido probarse que la adjudicación que Cofely consiguió en Alcalá de Henares por casi 14 millones de euros respondiera a un plan criminal. En el caso de Valdemoro, epicentro de otras piezas de la trama por haber sido el feudo de Francisco Granados en su época de vecino y alcalde, el condenado por las irregularidades es José Luis Navarro, entonces arquitecto municipal.

Una trama que sacudió Madrid

La sentencia no refleja cómo la política madrileña convulsionó hasta la raíz ese octubre de 2014. Quedaba poco más de medio año para las elecciones municipales y autonómicas y algunos de los alcaldes detenidos habían sido presentados como candidatos solo unos días antes por sus respectivos partidos. El Partido Popular se encontraba sumido en una crisis de liderazgo con un Ignacio González buscando la salida de emergencia y con Cristina Cifuentes, entonces delegada del Gobierno, abriéndose paso como potencial candidata de renovación mientras los partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, se preparaban para cambiar para siempre el tablero político.

Casi todos los municipios salpicados por la trama corrupta, entonces bajo una investigación incipiente, experimentaron un vuelco electoral en mayo de 2015. En Móstoles el PP perdió la mayoría absoluta y pasó a gobernar el PSOE. En Valdemoro, plaza histórica del PP, los de Aguirre se desplomaron y la alcaldía pasó a manos de Ciudadanos. En Parla, donde Tomás Gómez llegó a ser el alcalde más votado de España, ganó un Partido Popular que solo consiguió retener por los pelos el bastón de mando en Collado Villalba. En la ciudad de Madrid, Esperanza Aguirre fue relegada a la oposición y Cristina Cifuentes necesitó a Ciudadanos para ser presidenta regional.

La presencia de la Púnica en esa etapa de la política madrileña llegó al punto de vivir imputaciones en directo en la Asamblea de Madrid. El PP de Cifuentes, entonces con una lista que había elaborado el partido que controlaba Aguirre, vio cómo los informes policiales del caso apuntaban a varios diputados que habían sido alcaldes en legislaturas anteriores. Daniel Ortiz, hoy condenado a tres años de prisión, tuvo que dejar su escaño en Vallecas cuando las acusaciones se posaron directamente sobre él. “Muchas gracias por el aplauso, entiendo que están respetando la presunción de inocencia”, dijo mes y medio antes de ser imputado mientras la bancada de Podemos le aplaudía con ironía.

La trama Púnica, sucesora de Gürtel y antecesora de Lezo, todavía tiene mucho recorrido por delante. Tanto por los recursos que se presenten contra esta sentencia como por todos los juicios que aún están por celebrar. La investigación, tras pasar por manos del juez Eloy Velasco, terminó en la mesa del juez Manuel García Castellón, con resultados dispares. Francisco Granados, que hasta 2011 fue consejero de Presidencia con Esperanza Aguirre, está pendiente de juicio junto con 42 personas más por la adjudicación ilegal de suelo público y obras del Metro de Madrid a través de empresas regionales.

También va camino del banquillo la pieza el caso que investigó las cuentas del Partido Popular de Esperanza Aguirre y la financiación de la campaña electoral de 2011 que la encumbró como dueña y señora de la mayoría absoluta en Madrid. La Audiencia Nacional juzgará a Granados y al entonces gerente del partido, Beltrán Gutiérrez, junto con varias personas más como posibles responsables de una 'caja B' en el seno del PP madrileño. Pero no a Esperanza Aguirre: García Castellón, de la mano de la Fiscalía Anticorrupción, negó durante la instrucción que ella “tuviera conocimiento” de cómo la trama financió irregularmente sus campañas o desvió dinero público para promocionar su imagen.

No todo en la Púnica han sido imputaciones, autos de procesamiento y aperturas de juicio oral. La investigación sobre el desvío de fondos públicos para fomentar la reputación on line de políticos del PP quedó archivada diez años después del estallido de la causa. Y el proceso que acaba de terminar en condena vio cómo 30 personas estuvieron imputadas durante siete años antes de quedarse fuera. El reguero de juicios sobre esta trama que afecta, sobre todo, al Partido Popular de Madrid, seguirá aumentando durante los próximos años y se solapará con los de otras piezas separadas del caso Lezo, ese en torno a Ignacio González, el sucesor de Esperanza Aguirre.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado nueva estación de alta velocidad en Parla para evitar entrar a Madrid si no es necesario. La parada será la cuarta que se construya en la Comunidad de Madrid, además de las ya existentes en Atocha y Chamartín, y la que se levantará junto a la T-4 del Aeropuerto de Barajas.

El objetivo de esta estación es que los viajeros puedan ir desde Andalucía a Barcelona haciendo un intercambio en esa parada, sin tener que entrar a la capital. También podrá ser utilizada por la población del sur de la Comunidad de Madrid (con Getafe, Fuenlabrada, Móstoles, Leganes, entre los municipios más habitados) sin tener que llegar hasta Atocha para acceder a la Alta Velocidad.

Durante su intervención, el ministro ha explicado que la nueva estación de Parla, con unos 140.000 habitantes, estará situada en sus desarrollos del Este y “viene muy bien desde el punto de vista operativo económico y de construcción” para este objetivo. Entre otros argumentos, Puente ha expuesto que el paso de la vía por el municipio “se produce en una zona diáfana” en la que se podrá construir una estación “de manera muy sencilla, muy económica, sin generar molestias”. “Por tanto, miel sobre ojuelas. Es decir, que es el municipio idóneo para llevar a cabo esta intervención”, ha destacado.

Además, ha puesto en valor la ubicación de esta localidad del sur de la Comunidad, limítrofe con la provincia de Toledo, con más de 6 millones de personas en su área de influencia. “Parla realmente es un área de influencia, desde el punto de vista poblacional, muy grande”, ha subrayado el titular de Transportes, que ha hecho referencia a la proximidad de municipios como Alcorcón, Móstoles, Leganés, Getáfe o Fuenlabrada, con “una densidad de población muy grande”.

Según ha detallado, que, si se habla de las coronas de población en el entorno, en un rango de 0,15 minutos; 4,7 millones de personas, en un rango de 15-30 minutos; y de 6,2 millones, en 30-60 minutos. “Parla realmente aspira o puede perfectamente servir de estación para el conjunto de Madrid. Por tanto, cumple con los parámetros que se le exigen a una estación de Alta Velocidad”, ha apostillado.

Aunque no ha aventurado un plazo para la construcción de la estación de Alta Velocidad de Parla --los estudios de viabilidad de los nuevos accesos, ha dicho, saldrán este lunes o este martes--. “La estación de Parla es una de las cosas que en el tiempo puede ir antes porque no tenemos que parar nada para hacerla, se puede construir porque hay espacio. No creo que sea un problema en el tiempo”, ha explicado.

Al hilo, ha apuntando que la idea es acompasarla a la conclusión de la pasante de Atocha, que está muy cerca de la estación de Parla, cuya obra se empezó cerca de un año y tenía cuatro años de plazo. “Tenemos que trabajar en un horizonte similar, porque creo que es bueno que la tengamos para, de alguna manera, aliviar el tránsito y la carga de ese túnel”, ha explicado.

El alcalde de Parla, Ramón Jurado, ha celebrado este lunes el anuncio de la construcción de una estación de Alta Velocidad en la localidad, una “fantástica noticia” que, según ha subrayado, supondrá un “inmenso” impulso para la ciudad“.

En declaraciones a los medios tras el acto, el alcalde socialista ha agradecido al Ministerio esta “apuesta” por la ciudad, que se une a la próxima inauguración de la estación de Cercanías de Parla Norte, prevista para mediados del próximo año y a bastante distancia de la futura estación del AVE. Con estas dos actuaciones, según el regidor, “el impulso que le da el Ministerio a la ciudad es gigantesco”.

Aunque el impacto que tendrá para el municipio esta nueva estación de Alta Velocidad es “un poquito difícil todavía de dimensionar”, el primer edil parleño ha subrayado que supondrá poner a la ciudad “en el mapa” y supondrá “un cambio radical” para el municipio.

Más velocidad en los AVE

Además, Puente ha avanzado un plan para incrementar hasta los 350 kilómetros por hora la velocidad de los trenes en la red ferroviaria española de alta velocidad, sólo comparable en todo el mundo a las prestaciones de la red china.

Así lo ha asegurado el ministro este lunes en Los Desayunos Informativos de Europa Press, en el que ha avanzando que el plan comenzará en la línea Madrid-Barcelona, donde en breve se empezarán a ejecutar las obras de renovación para conseguirlo. Esto significa que el trayecto se cubrirá en menos de dos horas, al pasar de los 300 kilómetros por hora actuales a los 350 kilómetros en los que operará próximamente, gracias a unas nuevas traviesas aerodinámicas.

El ministro ha abierto el acto asegurando que el día de hoy marcará “un nuevo punto de partida” en el transporte en España, esperando una nueva inversión de 60.000 millones de euros en los próximos cuatro años, entre trenes, carreteras, puertos y aeropuertos.

Entre esta inversión se encuentra la introducción de esas traviesas aerodinámicas, que reduce en un 21% la carga aerodinámica que generan los trenes a su paso por las vías y, por tanto, impide que a esas velocidades el balasto suba e impacte contra los bajos de los trenes.

“Permite una velocidad un 12% superior con la misma carga aerodinámica y esto hace que una velocidad de 330 kilómetros por hora con esta aerotraviesa, en términos reales, equivalga con las condiciones actuales a una velocidad de 370 kilómetros por hora si colocamos esa traviesa”, ha explicado.

Un lotero de Madrid recuerda cuando un bombero llamado Félix le ofreció un negocio muy atractivo. El lotero le daría cientos de boletos de los sorteos de Navidad y el Niño y él los vendería entre sus compañeros de parques de bomberos de toda la región. Recuerda eso y también que, meses después, tuvo que vender su casa para evitar que le cerraran la administración porque el bombero no le devolvió ni el dinero ni los boletos de Lotería. “Me ha jodido la vida completamente. Y otras administraciones tuvieron que cerrar, yo salvé la mía in extremis”. El historial de estafas de este bombero recorre una decena de administraciones de Lotería de todo Madrid y deja un agujero de más de medio millón de euros además de condenas que acumulan más de 16 años de cárcel para él.

Al menos diez sentencias dictadas y confirmadas en los últimos años por los tribunales madrileños atestiguan cómo el currículum de estafas de este bombero arrancó en 2014. Ese año, según la documentación judicial, se asoció con un antiguo empleado de banca para explorar el mundo inmobiliario y, finalmente, hacerse con una administración de Lotería en la localidad madrileña de Parla. En 2014 también llegaron su primera estafa y su primera condena: dos meses y medio de cárcel por engañar a un lotero de Fuenlabrada

El afectado contó en el juicio que el bombero y su socio se presentaron ambos como bomberos y afirmaron gestionar una peña de este tipo de profesionales de parques de toda la región que hacía apuestas masivas y que necesitaba una administración para validarlas. Esa semana el FC Barcelona jugaba contra el Real Madrid y ellos querían presentar una apuesta de más de 13.000 euros. El dinero tuvo que salir finalmente del bolsillo del lotero para que la Sociedad Estatal de Loterías (SELAE), dependiente de Hacienda, no echara el cierre del negocio.

Esa primera estafa no tuvo consecuencias especialmente graves para el bombero y el extrabajador de banca. Dos meses y medio de cárcel y la obligación de devolver un dinero que ya habían desembolsado cuando vieron que el caso penal podía terminar mal para ellos. Pero los jueces dejaron por escrito unas conclusiones que se han repetido, a lo largo de los años, en una decena de sentencias: “Jugaron sin dinero”. Y sabían perfectamente las consecuencias: entre los dos gestionaban una administración de Loterías en Parla que había tenido que cerrar temporalmente por impagos y que dijo adiós de forma definitiva poco después.

Mientras actuaron en tándem, el bombero y el antiguo trabajador de Bankia perpetraron más estafas juntos. Pocos meses después de engañar al lotero de Fuenlabrada contactaron con una administración del Barrio de Salamanca para hacer lo mismo: querían ir allí a cobrar premios “importantes” y a vehicular las apuestas de decenas de miles de euros de la Quiniela de su supuesta peña de bomberos. Pagaron una parte en efectivo para evitar problemas con el lotero pero dejaron un agujero de algo más de 90.000 euros.

La sociedad entre el bombero y el trabajador de banca se acabó rompiendo y en varios juicios el segundo, que también recibió algunas condenas, terminó acusando directamente a su excompañero. Se presentó, según los jueces, “como un hombre débil, dominado y utilizado” por el bombero que se quería hacer rico estafando a loteros. Los tribunales nunca creyeron esta versión y le hicieron responsable de algunos de los engaños, aunque también constataron que la mayor parte de las estafas fueron perpetradas por el bombero en solitario.

“Tiene labia, sabía venderte bien”

Del Barrio de Salamanca, el bombero se acercó a una administración de Loterías en Valdemoro y consiguió que le dieran 95 billetes para el sorteo de Navidad de 2015. Se iba a Murcia a ver a unos “compañeros”, explicó, y volvería con todos los boletos vendidos. Nunca devolvió los 19.000 euros que costaban, pero sí apareció en la administración el 21 de diciembre, un día antes del sorteo media hora antes del cierre del plazo de venta, para devolver la mayor parte de los boletos que ya no se pudieron vender. En este caso también usó su carnet de bombero como aval de confianza y también entregó pagarés que nunca se pagaron.

“Yo sabía que era bombero, teníamos amigos en común. Tiene labia, sabía venderte muy bien. Empezó a pedirme Lotería de Navidad y yo muy tonto se la entregué. Pero nunca piensas eso, me dijo dónde las iba a vender, a bomberos, a policías, y no puedes sospechar”. Uno de los loteros afectados por las estafas de este bombero relata a elDiario.es que no supo que estaba siendo víctima de un engaño hasta que recibió una llamada de la policía judicial.

Muchas sentencias relatan cómo los loteros que se cruzaron en el camino de este bombero creyeron estar ante el negocio de su vida y terminaron pidiendo créditos para salvar el negocio. “Me ha jodido la vida completamente. Debo dinero a amigos, tuve que pedir un crédito, malvender mi casa y aun así sigo todavía jodido”, explica uno de ellos.

En el barrio madrileño de San Blas dejó un boquete de 12.200 euros por 61 billetes de Lotería ese mismo año 2015 que nunca pagó. En las Navidades de 2016 dejó otro de 6.600 euros en una administración de la calle Goya, diciendo también que quería los boletos para distribuirlos “entre los 16 parques de bomberos de la Comunidad de Madrid”. Los años pasaban y los números de las estafas fueron creciendo. En 2019, tal y como reveló elDiario.es, dejó 138.200 euros sin pagar en una administración de Alcobendas y la familia que regentaba el negocio tuvo que desprenderse de la licencia.

De pelear las condenas a aceptarlas

Ese mismo año estafó 106.000 euros a una administración cercana a la plaza de toros de Las Ventas y unos 3.000 euros más a otra en Concha Espina. Y otros 39.600 euros más en el centro comercial Islazul, donde dejó talones y cheques que llevaban a cuentas sin dinero. No en todos los casos ha salido condenado. El hombre que le prestó más de 180.000 euros para impulsar la fallida administración de Parla no consiguió que fuera condenado por la vía penal.

Todos los testimonios recabados por elDiario.es y reflejados en las sentencias apuntan en la misma dirección. “Lo conocí a través de una persona próxima, del mundo de los negocios. Fui un poco torpe, que en mi vida cotidiana no soy torpe, pero en ese momento sí. Me cegó el cebo que te ponen, lógico, que es un cebo como en todas las estafas”, explica uno de ellos. “Me sentí seguro con los cheques”.

El bombero condenado, que vendía su trabajo como un elemento más de seguridad del negocio por tener acceso a una supuesta peña de apuestas formada por este tipo de profesionales, empezó discutiendo las acusaciones pero en los últimos tiempos ha aceptado varias de sus condenas en conformidad. La última llegó el pasado mes de mayo, cuando reconoció por escrito que había estafado 125.000 euros a un lotero de Villaverde en 2018.

Muchas de sus víctimas no han visto ni un euro. En este último caso, por ejemplo, la sentencia refleja que el bombero y el lotero llegaron a la Audiencia Provincial con un acuerdo que incluía un compromiso del estafador para saldar sus deudas poco a poco y antes de finales de 2027. Por el momento, explican fuentes del caso, no ha cumplido con el calendario de compromisos.

Las sentencias que ha podido consultar este periódico suman 16 años y medio de prisión para este bombero por engañar, en total, a diez personas que regentaban administraciones de Lotería de toda la región. Desde su entorno no han querido hacer declaraciones mientras algunas de sus condenas de cárcel, las más voluminosas, se van ejecutando. “Lo que en verdad sucedía es que no tenía dinero, aportándose las reclamaciones judiciales por deudas con otras entidades con las que mantenían una deuda que rondaba los 500.000 euros”, explica una de sus sentencias. La suma de estafas en las sentencias examinadas por elDiario.es alcanza los 506.000 euros.

Corte sobre corte en la línea C-4 de Cercanías de Madrid. Mientras permanece la clausura del tramo que va de Atocha a Chamartín, que empezó el pasado 19 de julio y se alargará hasta el próximo 30 de agosto (y que se da también en la C-3), Renfe ha informado de nuevas incidencias en este trazado.

Afectarán al tramo entre Parla y Atocha, en el que los viajes se reajustarán entre el viernes 22 y el sábado 30 de agosto por obras, ambos días incluídos. Así, algunos trenes finalizarán o iniciarán su recorrido en la estación de Villaverde Alto.

En un mensaje publicado en redes sociales, Renfe recomienda a los usuarios que se vean afectados la opción de salvar las posibles mermas del servicio tomando en Villaverde Alto la línea C-5, para llegar a Atocha y a las siguientes estaciones.

Parte de la C-3 y la C-4 permanecen fuera de servicio debido a las obras en el túnel de Sol, cuya estación de Cercanías no presta servicio durante 42 días. Cercanías ha recordado que se puede obtener más información de todas estas afectaciones en su cuenta oficial de X y en el teléfono 912320320.

Todo comenzó el pasado 30 de mayo. El alcalde de Parla, el socialista Ramón Jurado, decidió colgar dos banderas de Palestina de los balcones del antiguo Ayuntamiento de la localidad madrileña. Lo hacía para recordar el asesinato de más de 54.000 personas (ahora ya más de 55.000) desde que comenzara la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza “no solo a causa de ataques con drones y bombas, sino también por el hambre”.

Lo cierto es que no fue la publicación más viral del alcalde de Parla en X. Jurado defendía en ella “la paz en general, ya que condenamos todos los conflictos armados” y en particular “la cruel agresión sobre Gaza”, pero provocó una rápida reacción del portavoz de Vox, Juan Marcos Manrique. Menos de 10 horas después, se subía al balcón del Ayuntamiento y colocaba una bandera de España entre las dos enseñas palestinas. Todo ello grabado en vídeo y publicado en las redes sociales de la agrupación local de Vox.

Lo cierto es que al día siguiente, fue el propio alcalde Ramón Jurado quien colgaba en sus redes sociales una imagen con las tres banderas y los emoticonos de la bandera de España y de Palestina con un corazón entre ellos. No tardó ni tres horas la cuenta de Vox Parla en responder, atribuyéndose el mérito de haber colocado ahí la segunda bandera de España (además de la enseña oficial que preside el Ayuntamiento), a lo que el socialista respondió dando las gracias a Vox por sumarse “a la condena del genicidio israelita sobre la población de Palestina”.

Ahí acabaron las buenas formas por parte de Vox. “A ver, manipulador mentiroso. Íbamos a quitar las banderas terroristas que habías puesto... Pero sabíamos que la de bandera de España (sic.) te escocería más”, señalaban. Ante esto, el alcalde tiraba de ironía: “Hay que reconocer que educados sois un rato”, y añadía “mi bandera no me molesta en absoluto”, para después recordar que su España “es incluyente” y la de Vox “todo lo contrario”. Además agregaba que estaba “feliz” porque se hubieran colocado ambas banderas juntas “para demostrar nuestro apoyo a una población que sufre un genocidio”.

Todo podía haberse quedado ahí. De hecho, el último mensaje del alcalde no obtuvo más respuestas por parte del grupo municipal de Vox. Pero llegó el mes de junio, mes en que se celebra el Orgullo LGTBi+, y una iniciativa del equipo de gobierno municipal, formado por PSOE y Más Madrid, aprobó colocar una pancarta con los colores del arcoiris del balcón del consistorio para dar inicio a la Semana del Orgullo de Parla.

Se ve que al grupo de extrema derecha no le gustó la iniciativa, que incluía colocar la pancarta de forma centrada en el balcón consistorial, y publicó un nuevo mensaje en redes asegurando que “en Palestina a los homosexuales se les apedrea” y buscando el apoyo con el hashtag “la bandera de España no se toca”. Lo cierto es que la nueva respuesta de Ramón Jurado sí que se hizo viral: “Lo que sabe el alcalde de Parla es que los derechos humanos, la diversidad y la libertad sexual no solo se respetan sino que se reivindican en esta ciudad. Y además lo hacemos sintiendo un profundo orgullo”.

Una vez que se acercaba el fin de la Semana del Orgullo, en la tarde del 12 de junio, el portavoz de Vox volvió a las andadas con un arma secreta: Una bandera de España de 10 metros de largo. El concejal Manrique fue el encargado de colocarla (tapando las banderas palestinas y parte de la pancarta colocada con motivo del Orgullo LGTBi+), alegando el cumplimiento de la Ley de Banderas en sus redes sociales o en un vídeo hecho para la ocasión y publicado en Instagram, pese a que ninguna de las enseñas era más grande que las banderas oficiales del Ayuntamiento, colocadas en mástiles bajo el reloj.

Ya en la madrugada del 13 al 14 de junio, Vox Parla celebraba que se había quedado “buena noche”, después de que se retirase la pancarta con motivo del Orgullo (al terminar la semana de su celebración el día 13) y tras haberse retirado también las banderas de Palestina o la enseña roja y amarilla de 10 metros que su portavoz había colocado.

La exconcejala de Vox en Parla, Ana González Martínez, ha aceptado una pena de un año y medio de cárcel como cómplice de un delito contra la salud pública tras reconocer que ayudó a su marido a traficar con droga. La pena se rebaja así de los cinco años que pedía la Fiscalía para la exedil, que fue detenida días antes de las elecciones municipales de 2023 en una operación antidroga, tras alcanzarse un acuerdo de conformidad en el que la imputación de González pasa a a ser cómplice, no autora material del delito. Se le impone, además, una multa de 17.500 euros, con tres meses de responsabilidad personal subsidiaria.

Así lo comunicaban el Ministerio Fiscal en el juicio celebrado este jueves en la Audiencia Provincial de Toledo, donde la exconcejala fue juzgada junto a su marido L.M.M, y los acusados I.G.L y M.C.F.S por un presunto delito de tráfico de drogas. Los acusados admitieron ser culpables de los hechos de los que se les acusaba.

González se enfrentaba a una pena de cinco años y medio de cárcel por un delito de defraudación de fluido eléctrico que tras el acuerdo alcanzado por las partes implicadas se ha reducido a una multa de tres meses, con una cuota de seis euros diarios. Durante el juicio se ha explicado que las labores que ejercía la exedil era de “vigilancia” y “actos de ayuda”, como realizar trayectos de coche previos a los de su marido, según han descrito fuentes judiciales.

Por otro lado, la Fiscalía ha solicitado una pena de 3 años de prisión para L.M.M como autor de un delito de tráfico de drogas, pena que se rebaja de los 5 años y 6 meses que se pedía de forma inicial; igualmente se ha solicitado una multa de 35.000 euros. También se rebaja la pena solicitada para los otros dos acusados, para quienes se pedía cuatro años de cárcel; la pena solicitada es de un año y seis meses de prisión para I.G.L y un año para M.C.F.S.

Los hechos juzgados

Ana González Martínez fue detenida en el marco de una operación antidroga en el mes de mayo de 2023, apenas días antes de las elecciones municipales celebradas ese año. Renunció a ir en las listas del partido de extrema derecha en la candidatura de Parla, en las que ocupaba el número tres. El partido pidió su renuncia ante la “situación judicial” en la que se encontraba inmersa. Tras su detención, la exedil ingresó en prisión provisional. En el mes de junio de ese año pasó a estar en libertad bajo fianza.

En la operación en la que fue detenida González se intervinieron varias armas blancas y de fuego en la vivienda que compartía con su marido en la localidad de Yeles, en Toledo. Se encontraron igualmente diversas cantidades de cocaína, marihuana y dinero en afectivo, así como indicios de que se había desmantelado recientemente un cultivo de marihuana de miles de plantas, para el que se había manipulado la instalación eléctrica.

Las investigaciones señalaban al marido de González, L.M.M, como cabecilla del entramado, al ser el encargado de adulterar, almacenar y distribuir la droga. La exconcejala en Parla, por su parte, se encargaba de realizar funciones de vigilancia y de gestión de las sociedades mercantiles que el entramado utilizaba para blanquear los beneficios que obtenían del tráfico de drogas.

La investigación se inició en el mes de diciembre de 2022 cuando los agentes supieron que la pareja, que vivía en Yeles, hacía su vida social en Parla, donde distribuían sustancias estupefacientes, según informaba EFE.

El Consejo de Ministros dio este martes luz verde a la estación de Parla Norte, en la línea C-4 de Cercanías (Parla-Alcobendas/Colmenar Viejo), con una inversión de 15 millones de euros, informa el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en un comunicado.

Adif licitará las obras de la estación que se ubicará entre las de Getafe Sector 3 y Parla. Ubicada en el noreste del municipio, la estación Parla Norte “responderá a nuevos desarrollos urbanos del entorno y dará acceso al ferrocarril de proximidad urbano e interurbano a más viajeros reduciendo la congestión de la estación actual de Parla”. La terminal conectará con otros medios de transporte limpios, como el tranvía.

La línea C-4 es la segunda con mayor demanda del núcleo de Cercanías de Madrid y la estación de Parla la séptima con mayor volumen de viajeros. El estudio realizado por el ministerio apunta que Parla Norte cuenta con una demanda potencial superior a los 14.000 usuarios diarios y permitirá un ahorro global de 900 horas al día a los viajeros de Cercanías.

El edificio se ha proyectado como “un hito urbano, ejemplo de arquitectura sostenible”, con una estructura envolvente que actuará como protección de los viajeros. Dispondrá de una superficie de aproximadamente 900 m2, constará de una única planta distribuida en tres partes: vestíbulo central, zona comercial para uso de cafetería y dependencias para la explotación de la estación, atención al viajero y cuartos técnicos.

La orientación de la cubierta permitirá a los viajeros disfrutar de iluminación natural y confort climático, con sol directo en invierno e indirecto en verano. La estación dispondrá de dos andenes de 210 metros de longitud y 5 de ancho, cubiertos por marquesinas a lo largo de 110 metros. Los andenes estarán conectados por un paso inferior accesible, dotado de ascensores, escaleras mecánicas y escaleras fijas.

Parla Norte dispondrá de un aparcamiento para el uso ferroviario con 60 plazas, dos de ellas para personas de movilidad reducida y cuatro dotadas de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Adicionalmente existen otras tres plazas para motocicletas. Además dispondrá de zona de Kiss & Train y áreas reservadas para paradas de taxis y autobuses de emergencia. Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Ana González Martínez, la concejala de Vox en la localidad madrileña de Parla detenida por tráfico de drogas, ha renunciado a ir en las listas del partido de extrema derecha para las municipales del próximo día 28, en las que ocupaba el número tres. En un comunicado citado por Europa Press, Vox afirma que ha solicitado su renuncia “ante la situación judicial en la que se encuentra inmersa” la edil. González Martínez está en prisión provisional desde el sábado tras ser detenida por la Policía Nacional acusada de liderar junto a su marido una red de tráfico de drogas.

Esta mañana, al ser preguntada por este asunto, la líder de Vox en la Comunidad de Madrid y candidata a la presidencia, Rocío Monasterio, aludió “lo primero” a la “presunción de inocencia” de la concejala. No obstante, afirmó que “si se confirma todo lo que dicen”, esperaba que ella misma entregara el acta y dimitiera de forma “inmediata”. 

Los investigadores imputan provisionalmente a González Martínez los delitos de tráfico y venta de drogas, defraudación de fluido eléctrico, así como posibles delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública, según confirman a elDiario.es fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Estos últimos delitos están relacionados con su posible vinculación con el tráfico y venta de sustancias estupefacientes, así como con su actividad empresarial. Fuentes policiales consultadas por EFE le atribuyen el liderazgo de una red de tráfico de drogas, en concreto de cocaína, radicada en la zona sur de la Comunidad de Madrid y en una comarca de Toledo.

González Martínez fue detenida el pasado jueves junto a otras tres personas en el marco de una investigación policial que se desarrollaba desde hacía varios meses y que dio como resultado varias entradas y registros autorizados por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Illescas (Toledo), según adelantó La Razón. Entre los detenidos también está la pareja de la edil, que es militar de profesión y también fue enviado a prisión provisional. A él se le imputan de manera provisional los delitos de tráfico y venta de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

Para los otros dos detenidos, el magistrado decretó libertad provisional con la obligación de comparecencia ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, retirada del pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional. A ambos se les atribuye de manera indiciaria los delitos de tráfico y venta de drogas.

En los registros realizados por los agentes, entre ellos en la vivienda de la candidata de Vox y su marido, se intervinieron varias armas blancas y de fuego, en concreto dos rifles y una pistola, así como diversas cantidades de cocaína y marihuana y dinero en efectivo. También hallaron indicios de que en el domicilio del matrimonio, ubicado en Yeles (Toledo), se había desmantelado recientemente un cultivo de marihuana que podría albergar al menos 5.000 plantas, para lo que habían manipulado la instalación eléctrica con el objetivo de defraudar el suministro.

Tenían puertas fortificadas y perros de presa, así como sistemas de videovigilancia y de transmisiones, todo para impedir la acción policial, según EFE.

Encargada de la vigilancia y el blanqueo

Según las investigaciones, el cabecilla del entramado era el marido de la concejala, quien se encargaba desde la vivienda de adulterar, almacenar y distribuir físicamente la droga. Por su parte, la número tres de Vox en el próximo 28M realizaba funciones de vigilancia y gestionaba todo lo relacionado con las sociedades mercantiles que el entramado utilizaba para blanquear los beneficios que obtenían del tráfico de drogas.

La investigación se inició el pasado mes de diciembre, cuando los agentes supieron que la pareja, residente en la localidad toledana de Yeles, hacía su vida social en Parla, donde distribuían sustancias estupefacientes, según informa EFE.

Las pesquisas constataron que adquirían cocaína para facilitársela a otros narcotraficantes que la destinaban a pequeños puntos de venta en Madrid y Toledo. Actuaban a cualquier hora del día y todos los días de la semana su zona de influencia.

Monasterio pide respeto a la presunción de inocencia

Preguntada por este asunto, la líder de Vox en la Comunidad de Madrid y candidata a la presidencia, Rocío Monasterio, ha asegurado en la mañana de este lunes que en el partido se han enterado de lo sucedido “por la prensa” y ha aludido “lo primero” a la “presunción de inocencia” de la concejala. No obstante, ha afirmado que “si se confirma todo lo que dicen”, espera que ella misma entregue el acta y dimita de forma “inmediata”. 

Al mismo tiempo, el presidente de la formación de extrema derecha a nivel nacional, Santiago Abascal, ha emplazado a que avance la investigación. “Esperamos que la investigación avance y que quien es culpable sea condenado y quien es inocente sea liberado”, ha apuntado. Abascal ha subrayado que Vox está en contra del narcotráfico y no le gusta “nada” que en España se ponga “alfombra roja a los terroristas y los narcos que trae el Gobierno”.

Por su parte, la número dos en la lista de Alejandra Jacinto (Podemos-IU-AV) a la Comunidad de Madrid, Carolina Cordero, ha afirmado que esta noticia es “un ejemplo muy gráfico de lo que supone la derecha, de su peligro”. “Yo creo que Vox representa lo peor de esta sociedad. Está en las instituciones para sembrar el odio y, en definitiva, sembrar el odio para luego ellos beneficiarse de las instituciones”, ha apostillado.

Desde Más Madrid, se ha posicionado en una línea parecida la líder de la oposición, Mónica García, que ha asegurado que lo sucedido es “una bonita metáfora de esta ultraderecha que nos viene a hablar de seguridad y, sin embargo, tiene una candidata en Parla que ha sido detenida por narcotráfico y por tenencia de armas”. García ha añadido que espera las “declaraciones contundentes de Isabel Díaz Ayuso” al respecto de este caso.

En las últimas horas, el periodista Antonio Maestre ha publicado en su cuenta de Twitter un vídeo en el que la edil aparece junto a Monasterio y en el que González denuncia los supuestos “problemas de delincuencia y venta de drogas” que padece el municipio de Parla.

Según la información que aparece en la página web del Ayuntamiento de Parla, la concejala tiene 37 años y es diplomada en Empresariales por la Universidad Carlos III, Máster en Dirección y Gestión de Empresas y en Administración y Dirección de Recursos Humanos. Su salario bruto como concejala asciende a 21.494,90 euros, aunque compatibiliza este cargo con su trabajo en una empresa privada. 

Tanto el alcalde de Parla, Ramón Jurado, como la regidora de Móstoles, Noelia Posse, ambos del PSOE, han salido al paso de los mensajes de texto, revelados por elDiario.es, en los que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, bromeaba en 2011 con el carácter “macarra” de los vecinos de ambas localidades del sur de Madrid, tradicionalmente renuentes a elegir alcaldes del PP. Ambos han coincidido en exigir disculpas y en calificar de “vergonzoso” el humor de la presidenta regional.

“Vergonzosa la actitud de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificando a la ciudadanía de Parla como ‘macarras’. Exijo una rectificación y unas disculpas hacia los parleños por parte de la presidenta de todos los madrileños”, ha escrito Jurado en Twitter esta mañana, añadiendo la coletilla “clasismo” a su comentario.

“Macarra en italiano se dice diparla”

Más largamente se ha expresado Posse en un comunicado remitido a los medios. “La señora Ayuso debería mostrar más respeto por las vecinas y vecinos de la segunda ciudad más poblada de la comunidad”, ha reclamado, para recordar después la importancia de las luchas vecinales en la localidad para la toma de conciencia ciudadana, También ha dicho, en referencia al calificativo de la líder regional, que Móstoles es la segunda mayor de 100.000 habitantes más segura de la comunidad. En total tiene 212.000 residentes, por 130.000 de Parla.

“Es vergonzoso que una señora que representa a todos los madrileños hable de un modo tan despectivo de una ciudad tan maravillosa como Móstoles”, ha abundado la alcaldesa, que ha aprovechado para criticar que el candidato del PP a las elecciones de mayo, Manuel Bautista, viva en Fuenlabrada. “Móstoles es una ciudad solvente, amable, con un arraigo cultural e histórico muy significativo, pero su mayor riqueza y potencial está en las vecinas y vecinos […] gente trabajadora […] que no se merece el menosprecio de la presidenta de la Comunidad de Madrid”, concluye la nota de Posse.

Los comentarios de Ayuso, en los que bromeaba con Alejandro de Pedro, empresario encargado de tapar las noticias negativas sobre el PP a cuenta de fondos públicos e investigado en tres piezas de la macrocausa Púnica, se remontan a la época en que la hoy presidenta gestionaba las redes sociales del PP. A modo de chanza, Ayuso escribió que “macarra” en italiano se dice “diparla” y en griego “demóstoles”. “Qué tía”, respondió De Pedro.

En el verano de 2019 un bombero de la localidad madrileña de Parla contactó con los dueños de una administración de lotería de Alcobendas, en la otra punta de la región. Se ofreció a ayudarles a vender décimos de lotería de Navidad entre sus compañeros y, durante meses, estuvo llevándose los boletos. Tres años después, este bombero de la Comunidad de Madrid ha sido condenado a cinco años de cárcel por un delito de estafa: se quedó con el dinero de los boletos y dejó un agujero de casi 140.000 euros que obligó a sus víctimas a vender la administración de lotería, su único medio de vida. Hay más investigaciones en marcha y juicios pasados y pendientes por engaños similares de este estafador con antecedentes.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, refleja que en agosto de 2019 este bombero contactó con la familia que gestionaba la administración de lotería 'Las Brujas' de Alcobendas y se ofreció a ayudarles a vender boletos. La dinámica era darle a él los boletos de lotería y que él consiguiera venderlos entre los bomberos de toda la región. Además, dijo, él era instructor dentro del cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid y eso le permitía llegar a mucha más gente.

Lo que no sabía la mujer que regentaba esta administración de lotería es que el bombero que había venido a salvar su negocio era, en realidad, un estafador especializado en este tipo de engaños. Apenas un mes antes de aparecer en la puerta de su negocio, los tribunales le habían condenado a un año de cárcel por estafar 6.000 euros a otra administración de lotería del barrio de Salamanca con la misma promesa: vender boletos entre los bomberos.

La realidad es que este bombero estafador se llevaba las participaciones y reingresaba pequeñas cantidades de dinero para no levantar sospechas, pero con el paso del tiempo el dinero dejó de fluir de vuelta a la administración de lotería de Alcobendas. Muchos viernes enviaba pantallazos de transferencias que nunca se habían realizado.

Pocos meses después, Loterías descubrió un agujero de más de 170.000 euros en las cuentas de la administración y la familia tuvo que vender el que hasta entonces había sido su único modo de vida. Con el tiempo, recibieron la llamada de una de las víctimas anteriores de este bombero y se decidieron a denunciarle, descubriendo que habían sido una víctima más en la lista de afectados de este estafador especializado en la lotería.

Su primera condena firme fue de un año de cárcel y ahora la Audiencia Provincial de Madrid acaba de firmar la segunda, todavía recurrible: cinco años de prisión por un delito de estafa agravada. La condena, que implica la entrada obligatoria en prisión en caso de ser declarada firme, también obliga a indemnizar a las víctimas con más de 140.000 euros además de pagar una multa de otros 3.000 euros más. En total se quedó con 111.600 euros de la lotería de Navidad, otros 6.600 de El Niño y 20.000 más euros de quinielas, bonoloto y la primitiva.

“Numerosas denuncias” por estafas similares

Se trata de la segunda condena por este tipo de estafa emitida por un tribunal madrileño contra este bombero, pero no es la única investigación en curso. La sentencia refleja que existen “numerosas denuncias” contra él relativas a “actuaciones de la misma naturaleza” en distintas administraciones de lotería. Detrás hubo una “relevante investigación policial” sobre varias estafas y que fueron remitidas a distintos juzgados.

Dos de estos afectados comparecieron en este juicio, siendo uno de ellos el que alertó a la perjudicada de Alcobendas que podía haber sido estafada por este bombero. El acusado tenía deudas con los dos que superaban, unidas, los 90.000 euros e intentó saldarlas con los beneficios obtenidos en esta última estafa. Él mismo afirmó ante la Policía que tenía una deuda de medio millón de euros “de negocios anteriores”.

Otro de los afectados relató que el bombero le ofreció rebajar la deuda con la venta de lotería de Navidad “de cinco administraciones diferentes”. Y la víctima de este último caso explicó que, además, mintió sobre su verdadera posición laboral dentro del cuerpo de bomberos, haciéndose pasar por instructor.

Los jueces entienden que todo formó parte de una nueva estafa por parte de este bombero radicado en Parla: “Se presentó en la negociación como una persona profesionalmente acreditada al tratarse de un bombero, con el respeto y reconocimiento social que conlleva dicho trabajo, y afirmando además falsamente su condición de Instructor del Cuerpo de Bomberos, condición que en realidad no reunía, para aportar así una mayor apariencia de solidez y solvencia”.

Se trata de una estafa similar a la que le costó un año de cárcel apenas un mes antes de ir a buscar más víctimas a la localidad madrileña de Alcobendas. En ese primer caso, según ha sabido elDiario.es, el bombero acudió a una administración de lotería del barrio madrileño de Salamanca con el mismo ofrecimiento: vender sus boletos “entre los dieciséis parques de bomberos de la Comunidad de Madrid”. El cheque que le entregó llevaba a una cuenta sin fondos, el dinero de la venta de boletos nunca apareció y la afectada tuvo que pedir un crédito a Bankia para no cerrar el negocio.

El fin de semana del puente de diciembre dejó lluvias en gran parte del país. Parla estuvo entre las ciudades pasadas por agua, con los consiguientes charcos en las calles y en las instalaciones deportivas que están al aire libre. Para el PP la culpa de este fenómeno meteorológico es, aparentemente, de... PSOE y Unidas Podemos.

“Las pistas de tenis impracticables por culpa del abandono que sufren todas las instalaciones deportivas por parte del PSOE y de Podemos en Parla”, ha tuiteado el PP de esta localidad madrileña, en la que gobiernan en minoría estos dos partidos. Lo acompañan de cuatro fotografías en las que se ven las pistas de tenis, que están al aire libre, con charcos provocados por las lluvias. “Parla no se merece este maltrato”, añaden los populares.

En respuesta, el Concejal de Deportes de Parla Javier Rodríguez ha publicado un mensaje en Facebook en el que asegura irónicamente “no sé qué ha podido ocurrir”. Rodríguez ha reaccionado con el mismo tono que ha inundado las redes esta mañana tras las alegaciones del PP de Parla: “Cuando las inauguramos ESTE VERANO, os juro que hacía SOL y las pistas estaban SECAS”.

El Concejal ha aprovechado el momento para recordar que las pistas llevaban “40 años abandonadas” y lamenta que desde que “las arreglamos los ROJOS no han durado ni un INVIERNO SIN MOJARSE”.

“La lluvia es socialcomunista”, respondían varios tuiteros en tono irónico al mensaje del PP. “No a la lluvia. ELECCIONES YA”, bromea otro usuario.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido confirmar la condena de tres años de cárcel impuesta a un agente de Policía Nacional que se inventó un falso caso de tráfico de drogas para perjudicar a un vecino con el que mantenía una mala relación. Los jueces avalan tanto la declaración de la víctima, que descubrió todo cuando un día le dijeron en comisaría que tenía antecedentes por trapichear con droga, como el de la compañera de patrulla del condenado cuya firma fue falsamente estampada en la documentación del caso.

Los hechos, según ha sabido elDiario.es, ocurrieron en Madrid a lo largo de 2013. El acusado ejercía como Policía Nacional en la comisaría del distrito Centro de la calle Leganitos con funciones de radiopatrulla, en el ámbito de la seguridad ciudadana. La víctima era su vecino en la localidad madrileña de Parla, con el que mantenía una mala relación que incluía denuncias hechas en el pasado.

Fue en noviembre de ese año cuando el policía rellenó un acta de denuncia en el que afirmaba, falsamente, que había detenido a su vecino en la calle Valverde, próxima a la Gran Vía, con una bolsa conteniendo “una sustancia polvorienta de color blanco al parecer cocaína”. La realidad es que esa detención no se había producido y que el agente, incluso, llegó a falsificar la firma de su compañera de patrulla para darle más credibilidad al documento.

Esa denuncia no tuvo recorrido y el vecino del policía no descubrió los hechos hasta dos años más tarde, cuando acudió a comisaría a denunciar al agente por lesiones y disputas vecinales. Allí la Policía le informó de que tenía antecedentes por haber sido detenido en Madrid con una bolsa de cocaína dos años antes.

La Audiencia Provincial de Madrid impuso una condena de tres años de cárcel a este agente por un delito de falsedad documental, condena que acaba de confirma el Tribunal Superior de Justicia regional. Una condena que incluye, además, dos años de inhabilitación para ejercer como policía y una multa de 2.700 euros junto con la obligación de indemnizar a la víctima con 3.000 euros más.

La detención “nunca se produjo”

Los jueces rechazan todos los argumentos del agente condenado, que podría perder la placa en caso de que su condena sea declarada firme. Argumentaba, entre otras cosas, que no había pruebas de que hubiera falsificado la firma de su compañera o que el testimonio de la víctima no era creíble por el amplio historial de conflictos que habían mantenido en el pasado.

Para los jueces del TSJM, la declaración del afectado “se ha venido a mantener firme y persistente a lo largo de las actuaciones, ofreciendo en el plenario un relato rotundo y sin fisuras”. Su “empeño” en saber de dónde habían salido esos antecedentes por posesión de drogas, destacan los jueces, ha sido lo que ha llevado el caso hasta una sentencia en un caso “que había tropezado hasta con cuatro sobreseimientos en la fase de instrucción”. 

Los jueces también destacan que, además de la mención a una detención que nunca existió, la existencia de esos antecedentes podrían haber tenido consecuencias para el afectado, que trabaja en el sector de la seguridad privada.

Tienen entre 16 y 19 años y el próximo sábado su club, el Voley Parla, será el anfitrión de la fase final de la primera división juvenil femenina de la liga madrileña. Una jornada deportiva que pone el broche a una de las temporadas más duras por la pandemia pero que, contra todo pronóstico, ha colocado a estas chicas, de nueve nacionalidades diferentes, en la diana del racismo.

“Lo bueno es que nosotros tenemos papeles”, “en panchilandia no hay de eso” o “en el calentamiento sonara la de los gorilas”, son algunos de los mensajes que se han compartido en un grupo de whatsapp creado con la intención de humillar al equipo y a la ciudad. El enlace al grupo, que permitía entrar en él, se había difundido previamente por Twitter.

En la fase final de la liga, que da acceso al campeonato de España de voleibol, participan seis equipos: los cincos primeros de la clasificación y el organizador. El Club Voley Parla, que lleva más de un mes preparando la jornada de este sábado, tiene pase directo pese a haber terminado octavo en la tabla. No es ninguna novedad, porque el reglamento recoge esta casuística desde hace varias temporadas, pero la situación ha generado malestar entre algunos usuarios de Twitter, aparentemente vinculados a otros equipos, que comenzó con críticas a la norma y terminó por desencadenar una avalancha de insultos racistas y clasistas contra las chicas.

“Abro hilo sobre el racismo que recibió el equipo Parla Voley”, escribió una usuaria de Twitter este lunes para denunciar la situación, adjuntando pantallazos de los mensajes del grupo de whatsapp, llamado #ParlaInternacionalVoley, en alusión a las nacionalidades de las jóvenes. Una denuncia de la que se ha hecho eco el concejal de deportes del municipio Javier Rodríguez, que en conversación con esta redacción ha defendido que “no ha sido un solo comentario de un joven, sino que es organizado y son muchos comentarios”, por lo que ha asegurado que hay que dar “una respuesta a la altura” porque “no se pueden permitir este tipo de actitudes en edades tan tempranas”.

“Si esto a un profesional le causa un perjuicio y te saca totalmente del deporte, imagínate a unas chicas de esta edad”, indica Rodríguez, que ha garantizado al equipo “todo el arrope del Ayuntamiento”, mientras se estudian las restricciones de aforo de cara al sábado y los servicios jurídicos del consistorio estudian las medidas que pueden ponerse en marcha contra estas actitudes racistas.

Este medio se ha puesto en contacto con la Federación de Madrid de Voleibol para saber si tomará alguna medida al respecto, pero han declinado hacer cualquier tipo de declaración.

Desde el Club Voley Parla, por su parte, prefieren mantenerse al margen de la polémica para no echar más leña a un fuego que, inevitablemente, ha afectado a las jugadoras y centrarse en la parte deportiva. “Lo que queremos es jugar nuestra fase y no meterle más candela a esto, que nos ha venido de sorpresa”, indican. Porque, como explica Rodríguez, el equipo “no había tenido un problema real” de racismo hasta ahora. “No era algo habitual”, señala, “aunque hay sitios donde les choca que Parla esté en primera división y que organicemos la fase final”.

Los responsables del club señalan, eso sí, que han recibido “mucho apoyo de muchos clubs y de mucha gente”. Mientras, las chicas intentan continuar centradas en el deporte en una ciudad donde, desde el ayuntamiento, las ven como “un ejemplo de inclusión e interculturalidad”.  

Parece que en Parla nos gusta esto de ir a la cabeza. Vamos a la cabeza en cuanto a deuda, a familias que reciben la renta mínima de inserción, a población en riesgo de exclusión, a personas sin empleo con más de 40 años y sin cualificación, a promociones de viviendas sociales fracasadas, a tener que desplazarse más kilómetros que nadie en la Comunidad hasta el trabajo, a carencia de recursos y servicios por habitante, a personas atendidas por los servicios sociales... y también a la cabeza de población más joven, lo que faltaba. Y ahora, como por arte de birlibirloque, a la cabeza de positivos en COVID y de candidaturas a un nuevo confinamiento. 

“Quédate en casa, leches, y sé responsable, no te conviertas en un peligro para ti, los tuyos y los demás, no tienes derecho a complicarnos la vida”, parecen decirnos estos indicios de lo por venir. Y, claro, uno se cabrea, porque parece que la solución es únicamente la que afecta a la ciudadanía, responsable o irresponsable, da igual, al margen de la rapidez de acción de las administraciones, de su eficacia y de su responsabilidad. Las administraciones que no relacionan, o ignoran con absoluto desprecio, la precaria situación social, económica, habitacional y dotacional de nuestra ciudad con la incidencia de la pandemia en ella. 

No, eso no es problema de nadie, bueno, sí, quizá sea problema de un ayuntamiento que no ha sabido gestionar... blablablá. No, ya no estamos en ese punto. Hace años que no estamos en ese punto. Hace años que venimos reclamando lo necesario, lo imprescindible, lo justo, para los habitantes de Parla. Hace años que venimos exigiendo tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano de este país, porque las sanciones, limitaciones y no acciones de la Comunidad y el Estado nos agravian de manera indecente. Y ahora, en tiempos de pandemia, todas las carencias se confabulan para agravar la situación. Menuda sorpresa. 

No. La ciudadanía hace su trabajo; por mucho desenmascarillado que se vea, la ciudadanía hace su trabajo, la juventud hace su trabajo, y la noticia sería que en las circunstancias en que vivimos en Parla los contagios no se produjesen. Esa sería la noticia. Esa y que las administraciones competentes desarrollasen de una puta vez un plan de emergencia para Parla, un plan que nos acerque a la idea de ciudad y no a la condición de gueto.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) sigue su lucha en defensa de los vecinos que intentan permanecer en las viviendas de protección oficial que el antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) vendió en 2012 al fondo buitre de inversión Azora-Goldman Sachs, y que gestionan ahora sus empresas filiales. 

El último escenario ha sido nuevamente la localidad madrileña de Parla, donde activistas de la PAH, junto con varias de las familias que habitan el edificio de la Avenida de la Estrella Nº3, intentaron impedir el pasado viernes –sin éxito– que operarios enviados por la empresa Encasa Cibeles, propietaria ahora del inmueble, sellaran con puertas “antiasalto” los cajetines de los contadores de luz y agua.

Según portavoces de Encasa Cibeles, filial de Goldman Sachs, el objetivo de la acción fue “evitar poner en peligro la seguridad de las personas ante la manipulación ilegal y desperfectos detectados en instalaciones y cuartos de sistemas de electricidad y gas”.

La versión de la PAH y de los vecinos difiere totalmente. Aseguran que la intención de la empresa realmente era impedir que varias familias que se encuentran en situación de precariedad económica, que ocuparon algunos de los pisos tras ser víctimas de desahucios, pudieran engancharse a la luz para no quedarse sin suministro en pleno invierno.

Los activistas de la PAH de Parla insisten en que llevan “más de un año y medio de negociaciones” tanto con Encasa Cibeles como con la empresa suministradora, Iberdrola, para buscar soluciones y regularizar la situación de este grupo de familias vulnerables, “pero no hay manera, no quieren”, aseguran. 

La instalación de las puertas “antiasalto” se llevó a cabo en medio de una gran tensión y ante un fuerte dispositivo policial. “Vinieron hasta 11 dotaciones de la Policía Nacional que acompañaron a los vigilantes y a los operarios”, según miembros de la PAH de Parla que fueron testigos de los hechos.

Cerca de 3.000 viviendas del Ivima afectadas

El edificio donde se desarrollaron los hechos perteneció al Ivima dentro del plan de vivienda de la CAM con alquileres sociales. Pero a principios de 2013 terminó formando parte del lote de cerca de 3.000 pisos vendidos a Goldman Sachs, que a su vez los puso en manos de sus filiales, como Encasa Cibeles, que se encargó de subrogar los contratos.

“En este edificio de Parla hay distintas tipologías de personas afectadas, de un total de 52 familias, pero en esa urbanización creemos que el tema de pobreza energética puede alcanzar a cerca de un centenar”, afirma uno de los portavoces de la plataforma.

La PAH sostiene que el objetivo de esta empresa es echar tarde o temprano a todos los inquilinos para poder revender los pisos y hacer “un buen negocio con ellos” una vez que finalice la protección oficial que tenían. 

Aunque la venta de ese amplio lote de viviendas comenzó en 2012, el proceso no se consumó hasta octubre del 2013 y fue denunciado, por lo que está en manos de los tribunales.

La operación se llevó por delante al exdirector general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, Juan Van Halen, que por entonces ocupaba la dirección general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento. Van Halen presentó su dimisión al ser citado a declarar en calidad de “investigado”.

Tras la operación de venta muchas viviendas se quedaron vacías por la subida del alquiler por parte de Encasa Cibeles. Algunas de ellas fueron “recuperadas”, es decir, “ocupadas” por personas procedentes de desahucios, reconocen en la PAH. “Son personas sin recursos. En el caso de Parla, nosotros llevamos un año y medio intentando negociar un alquiler social para estos casos pero la empresa se niega a llegar a un acuerdo. Se opone porque su objetivo es echar a los vecinos para revender las viviendas y lucrarse en el negocio”, insisten.

Ofertas para que se vayan

Además, según desvelan, algunos inquilinos cuyos contratos finalizan entre  2017 y 2018, han recibido ya burofax anunciándoles que no les renovarán los alquileres a los precisos actuales que oscilan entre los 300 y los 400 euros, e incluso, en algunos casos, menos.

“La empresa ha llegado a ofrecer a las familias hasta 8.000 euros para que abandonen las viviendas, ofertas que han rechazado, ya que necesitan un techo para vivir”, replican los activistas.

En Madrid, uno de los distritos más afectados por esta situación es el Ensanche de Vallecas, donde también se han vivido escenas similares a las de Parla. La Coordinadora de Vivienda de Madrid compuesta por todas las Plataformas de Afectados por la Hipoteca, y Grupos de Stop Desahucios siguen volcados en sus causas.

Un portavoz de la inmobiliaria Encasa Cibeles asegura que la empresa no ha precintado los contadores y que tampoco es responsable del corte del suministro eléctrico. Según explica a eldiario.es, los operarios acudieron al inmueble solo para colocar puertas en los cajetines de los contadores que habían sido arrancadas, ya que suponía “un peligro” para los vecinos: “Encasa Cibeles tiene la obligación de realizar las tareas de mantenimiento necesarias, como hace de manera rutinaria y periódica en todos los edificios que gestiona”.

exdirector general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid y actual director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, Juan Van Halen, ha presentado su dimisión después de que haya sido citado a declarar en calidad de “investigado”

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2662934/0/dimite/director-general-vivienda/venta-pisos-ivima/#xtor=AD-15&xts=467263

exdirector general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid y actual director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, Juan Van Halen, ha presentado su dimisión después de que haya sido citado a declarar en calidad de “investigado”

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2662934/0/dimite/director-general-vivienda/venta-pisos-ivima/#xtor=AD-15&xts=467263

Juan Van Halen, ya exdirector general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento

Ver más en: http://www.20minutos.es/minuteca/instituto-de-la-vivienda-de-madrid-ivima/#xtor=AD-15&xts=467263

Juan Van Halen, ya exdirector general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento

Ver más en: http://www.20minutos.es/minuteca/instituto-de-la-vivienda-de-madrid-ivima/#xtor=AD-15&xts=4672

A Tomás Gómez le arrolló el tranvía de Parla en febrero de 2015. Pedro Sánchez decidió apartarle de la secretaría general del PSOE de Madrid y de la candidatura a la presidencia de la Comunidad ante el goteo de informaciones que le vinculaban con el sobrecoste del proyecto mientras gobernaba la localidad madrileña. El fiscal del Tribunal de Cuentas indicó que el Ayuntamiento podría haber incurrido en responsabilidades penales, pero el órgano fiscalizador lo ha rechazado y ha eximido al equipo de Gómez, que reclama que la dirección del PSOE le pida perdón. Además, deja claro que Sánchez “debe dimitir” tras cosechar los segundos peores resultados en la historia del partido. 

El Tribunal de Cuentas no detecta responsabilidades contables ni penales en el sobrecoste del tranvía de Parla, pero sí infracciones administrativas. ¿A qué se deben?

El informe dice que la adjudicación, la vigilancia, el control y la fiscalización eran obligación y competencia del Consorcio Regional de Transportes y habrá que preguntarles a ellos. Además, dice que las infracciones administrativas son, por un lado, del contratista y, por otro, del Consorcio. Hay una cosa que no ha salido en los medios y es importante: el Consorcio había ocultado al Tribunal de Cuentas prácticamente 6.000 folios de información. 

¿Por qué decidieron en el Ayuntamiento ampliar el presupuesto?

No lo hicimos nosotros, como señala el informa del Tribunal de Cuentas. 

También la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid detectó irregularidades que usted siempre atribuyó a un error. ¿Cómo pudo equivocarse un órgano fiscalizador?

No hay más que ver quién compone la Cámara de Cuentas, quién hizo el informe y cómo hace la fiscalización. Es un órgano totalmente politizado. La Cámara de Cuentas inspeccionó las cuentas del Ayuntamiento de Parla y del tranvía de Parla siete veces y fiscalizó cero veces los municipios de Gürtel. Quien firmó el informe del tranvía de Parla era la mujer del gerente del Canal de Isabel II, implicados en la trama de corrupción y financiación irregular del PP en Madrid. Son elementos que intuitivamente explican por qué la Cámara de Cuentas hizo todo aquello.

Ese informe de la Cámara de Cuentas derivó en una querella de la Fiscalía. ¿Cree que ese trámite judicial seguirá adelante?

Ese proceso judicial está muerto porque el Tribunal de Cuentas es el órgano especializado en estas cosas. El Tribunal de Cuentas puede decir dos cosas: que hay responsabilidades penales, con lo que automáticamente se activa la vía penal o que hay irregularidades contables, que fue lo que le pasó al ministro Alonso. Son los dos tipos de irregularidades que pueden existir: ni uno ni lo otro en el caso de Parla. El informe del famoso juzgado número cinco es un tema muerto. Yo ya era inimputable porque el Tribunal Supremo y el Superior de Madrid inadmitieron a trámite sendas denuncias del PP.

Pasé por mil intentos de denuncia por parte del PP con el objetivo de erosionarme políticamente. Yo no creo que en política valga todo y que mi adversario político me intente desgastar utilizando estas artimañas no me parece que sea una forma ética pero incluso lo puedo entender. Lo que no puedo entender y me duele profundamente es que mis compañeros se suban en una construcción hecha por la derecha para destrozarme no solo políticamente, sino también mi vida y la de mi familia, que es lo que intentaron hacer. 

¿Cómo le pueden resarcir ese daño?

No se puede resarcir. El daño está hecho. Ha sido un tiempo muy duro porque vas a los sitios y la gente puede pensar que eres un corrupto. Yo lo que quiero es que se me pida perdón públicamente, con eso me vale. No voy a volver a la política pero sí hay muchísima gente que por apoyarme fueron purgados, como Amparo Valcárcel, Maru Menéndez, Eusebio González Jabonero, como Eva Matarín, que es miembro de la Ejecutiva federal; como Antonio Miguel Carmona, que se lo cargaron como portavoz por haberme apoyado desde el minuto cero; como el candidato a la alcaldía de Parla, como Laura Oliva, que fue excluida de la lista a la Asamblea de Madrid y como número dos al Ayuntamiento de Leganés. Pido que sean restituidos en sus responsabilidades.

¿Ha recibido alguna llamada de la dirección en las 24 horas que han pasado desde que se conoce el informe del Tribunal de Cuentas?

No, no he recibido ninguna llamada, ni mensaje, ni comunicación de la dirección. Es algo que no deja de sorprenderme al tiempo que me pone triste. Soy miembro de la Ejecutiva federal. Ha habido cientos de compañeros, de distintos territorios, que se han alegrado, me dan la enhorabuena. Que no recibas una felicitación de la dirección... Parece que les ha molestado.

¿Y de Susana Díaz o algún otro barón?

Sí, sí.

Otro de los motivos que adujo Sánchez para su destitución fue la mala marcha de las encuestas.

Que lo diga Pedro Sánchez es como un chiste.

¿Qué pensó al ver las encuestas del 26J?

Que no se puede ser arbitrario. No se puede tomar un rasero para unos y uno diferente para uno mismo. No se puede quitar a Antonio Miguel Carmona como portavoz del Ayuntamiento por haber quedado tercero en las elecciones municipales y él quedar cuarto en las elecciones generales y volver a repetir como candidato. La arbitrariedad tiene un coste en política y un líder no puede ser arbitrario. 

¿Tiene que dimitir Pedro Sánchez?

Sí, Pedro Sánchez tiene que dimitir. Obtuvo el 20 de diciembre el peor resultado del PSOE, perdió 20 diputados con respecto a Rubalcaba, que se fue por los malos resultados. Pero es que seis meses después ha tenido cinco diputados menos. El PP, plagado de corrupción, de mala gestión, con un candidato malo, nos ha sacado 2,5 millones de votos y 52 escaños. Ya no es que tenga que tener responsabilidad política, creo que tiene que ser generoso con el PSOE y no seguir dañando los intereses del PSOE.

Los españoles nos han mandado dos mensajes el domingo pasado: el primero, que quieren que el PSOE sea alternativa al PP, y, segundo, que no quieren este PSOE porque nos castigaron electoralmente de manera dura. Nos han dado una última oportunidad. Si no hacemos las cosas bien entre todos -que no primen los intereses personales sobre los colectivos, no tener una política errática de hoy pactar con Ciudadanos y mañana con Podemos, si somos generosos, reforzamos el proyecto socialdemócrata- el PSOE tiene mucho futuro. Pero hay que empezar con un reforzamiento del proyecto político y del liderazgo. 

¿Reforzar el liderazgo es Susana Díaz?

Desde mi punto de vista, sin duda. 

¿Por qué prácticamente nadie más ha afirmado que Pedro Sánchez se tiene que ir?

No lo sé. Siempre he tenido la costumbre de decir lo que pensaba y así me ha ido. 

¿Se arrepiente de haber apoyado a Sánchez frente a Madina?

No. Hice lo que debía hacer. El error no fue apoyar a Pedro Sánchez, el error ha sido lo que ha hecho Pedro Sánchez cuando obtuvo la confianza.

¿Cree que la victoria del PP es lo suficientemente amplia como para que se le deje gobernar?

La victoria del PP marca que nosotros tenemos que ser oposición y que al PP le han dado los ciudadanos la responsabilidad de intentar formar Gobierno.

¿Y si Rajoy no consigue los apoyos de la derecha parlamentaria, Pedro Sánchez a lo mejor lo intenta?

Ahora le toca mover ficha al PP y Rajoy estando en funciones está tranquilamente viendo sus partidos de fútbol y ahora le toca trabajar, porque obtuvo 137 diputados, que son muchos. Tendrá que hablar con quien tenga que hablar, eso corresponde al PP. Ahora, al PSOE no le toca volver a escenificar un acuerdo de investidura como desgraciadamente hemos hecho hace seis meses con las consecuencias que ha tenido: perder cinco escaños.

Y si Rajoy lo intenta pero no lo consigue, ¿habrá terceras elecciones?

He estado en política 16 años y los futuribles en política cambian cada media hora. 

Si Pedro Sánchez intentara formar Gobierno con Ciudadanos y Podemos, ¿se lo impedirá el Comité Federal?

¿Cómo va a intentar ser presidente del Gobierno? Ha tenido 85 diputados, nunca hemos tenido un resultado tan pírrico y ha perdido cinco diputados por hacer eso. No se lo puede permitir el PSOE. 

¿Cree que Susana Díaz se presentará al Congreso para disputarle el liderazgo?

No lo sé. Es algo que tiene que preguntarle a ella. Lo que me ha molestado mucho ha sido el ataque desde algún sector del PSOE interesado acerca del resultado que ha tenido. Ahora el mal resultado de Andalucía lo ha subsanado el buen resultado de La Rioja o de Madrid. Seamos serios. Susana Díaz es la presidenta de la Junta, el PSOE de Andalucía es el más fuerte de España. La tarea de la Junta ha sido impecable, como ratificaron los ciudadanos cuando tuvieron que votar. Que alguien intente cuestionar el liderazgo de Susana Díaz me parece indecente y que se intente erosionar es inaceptable. 

El PSOE en Madrid ha obtenido casi 30.000 votos más que el 20D. ¿A qué cree que se debe? ¿Se están haciendo las cosas bien en Madrid?

Lo difícil era tener algún voto menos. En Madrid, el PSOE es la tercera fuerza política y están tan contentas. El PSOE de Madrid nunca ha sido tercera fuerza política hasta que Pedro Sánchez tomó la decisión que tomó de intervenir y disolver la dirección regional. Aplaudir, conformarse y celebrar que has sacado siete diputados no confluye con lo que ha sido la cultura histórica de lo que ha sido el PSOE en Madrid. 

Antes no existían Podemos y Ciudadanos.

En el escenario que había cuando Rubalcaba organizó las elecciones europeas ya estaba Podemos y hace cuatro años se decía que UPyD iba a ser el futuro del centro en este país y que IU estaba sorpasando al PSOE de Madrid... Echarle la culpa al empedrado...

La Operación Púnica puede provocar un apagón en la localidad de Parla (Madrid, 125.500 habitantes). Iberdrola ha amenazado con cortar el suministro si no recibe los 10 millones que se le adeudan por el suministro de luz. El impago directo es de la empresa Cofely, a quien el consistorio contrató como intermediaria y tiene su origen en el bloqueo de pagos ordenado por el consistorio a las empresas vinculadas con la trama Púnica. 

La corrupción ha tenido en Parla un efecto en cadena. Inmediatamente después de que Fraile fuera detenido y Beatriz Arceredillo se hiciera con el bastón de mando, el Ayuntamiento -declarado en bancarrota por tener una deuda que supera los 550 millones de euros- dejó de pagar las facturas correspondientes al contrato que estaba bajo investigación en la Audiencia Nacional. El juez sospecha que detrás de esa adjudicación existieron comisiones o “cohechos” por parte de uno de los cabecillas de la Púnica a “las autoridades o funcionarios” que intervinieron en el proceso.

El PSOE de Madrid que entonces dirigía el exalcalde de Parla, Tomás Gómez, dio la orden de suspender la concesión. Sin embargo, el nuevo equipo de Gobierno decidió no hacerlo porque la rescisión suponía un coste para las menguadas arcas públicas. Arceredillo optó por pagar únicamente las nóminas de los empleados públicos y de los servicios indispensables, como las basuras o la limpieza viaria. El municipio de Parla se financia actualmente solo con los impuestos municipales (como el IBI o la tasa de basuras) ya que el incumplimiento del plan de pagos ha provocado que Hacienda haya cortado el flujo de ingresos.

Al no recibir desde octubre las retribuciones por el contrato público de eficiencia energética, que incluye la gestión del suministro eléctrico y de gas, Cofely ha dejado de pagar a Iberdrola. La compañía eléctrica ha amenazado al consistorio con cortar la luz el próximo 13 de julio en los edificios públicos del municipio, tal y como adelantó el periódico ABC.

Cofely, por su parte, ha dado un ultimátum al consistorio y notificó su intención de suspender el contrato que incluía la gestión del suministro, los servicios energéticos y el mantenimiento de las instalaciones en el centro consumidor de energía integrado por los edificios e inmuebles municipales, alumbrado público y los semáforos de Parla.

Empeño en mantener el contrato

El actual Gobierno local del PP está negociando con Cofely una salida a este problema que pasa por “compromisos de pagos”. Según ha explicado el alcalde, Luis Martínez Hervás, hay un total de 10 millones de euros de deuda sin reconocer y unos 800.000 euros cuyas facturas sí han sido reconocidas por el anterior equipo.

El contrato con Cofely, que inicialmente estaba valorado en 54 millones de euros por la concesión a quince años, se ha ampliado, según fuentes municipales. “Parte de la deuda que se ha generado es por que el plan se modificó por un cambio de ley que hizo que hubiera que cambiar algunos aspectos, como las calderas que ya se habían instalado”, explican esas fuentes. El montante final también ha ascendido porque el Gobierno de Fraile pidió el cambio de un tipo de bombillas que no estaba contemplado inicialmente, según agrega el consistorio.

El regidor Martínez Hervás ha asegurado que no se va a cortar el alumbrado público porque la ley lo impide, sino que la medida que Iberdrola quiere tomar el próximo 13 de julio si no se le abonan los pagos atrasados afectará a la iluminación de los edificios públicos.

El PP ha dejado claro que quiere mantener el contrato con Cofely pese a que esté bajo sospecha en la Audiencia Nacional porque considera que ha supuesto un “ahorro energético” para la ciudad. “Ha disminuido el gasto”, ha expresado Martínez Hervás. Desde el Ayuntamiento destacan que se ha conseguido por la colocación de bombillas LED, cambios de calderas en los centros públicos... Sin embargo, el equipo anterior reprocha que Cofely tomó algunas medidas como la bajada de la temperatura en los colegios en pleno invierno, según las quejas que recibieron de los padres y madres de alumnos.

Según el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, el convenio sanitario con Madrid estará en vigor “en aproximadamente un mes”, según ha declarado a la agencia Europa Press. El texto pasó la semana pasada por la asamblea de Madrid que lo ratificó, por lo que ya está aprobado por ambas regiones y puede entrar en vigor en cuanto se cumplan los requisitos que pone el texto.

No obstante y a pesar de las declaraciones hechas por el consejero, el mismo texto indica que es muy complicado que en un mes entre en vigor el tratado. En primer lugar porque Castilla-La Mancha debe adelantar dinero por la atención sanitaria que recibirán los manchegos en la región madrileña: es el primer requisito para que entre en vigor. Suponiendo que ese ingreso se haga inmediatamente, sí que es plausible que en un mes o incluso menos esté el convenio en vigor, si bien el consejero señala que los castellano-manchegos ya podrán tratarse en Madrid aunque el texto no estipula eso. Una vez pagado ese adelanto, entra en vigor el convenio en su fase 1, que es la que afecta a todos los pacientes de Guadalajara.

De hecho es una parte del tratado que obedece a lo que quería Madrid, ya que según indica textualmente lo acordado, se deja cierto tiempo de margen para que los hospitales de Aranjuez y de Parla puedan adaptarse a recibir más pacientes, por eso la entrada de pacientes toledanos en esos dos centros será escalonada y en dos fases (fases 2 y 3). Pero en un mes es prácticamente imposible que entre a estar en activo la fase 2 puesto que ambos hospitales tienen que prepararse para asumir más cartillas sanitarias.

Sí que el texto estipula que habrá un tiempo máximo para que el acuerdo entre en vigor, que son seis meses en el caso de la fase 2 (desde la puesta en marcha del convenio), y un año más para la fase 3 (año a contar a partir de cuando se implanta la fase 2). Aunque se cumplan las condiciones que dice el texto, es prácticamente imposible que el convenio, en su fase de pacientes toledanos, pueda estar en vigor en un mes; sí que es posible con los ciudadanos de Guadalajara.

Por otro lado, el consejero ha remarcado la importancia que tiene el texto porque los pacientes “podrán elegir libremente entre los centros de Castilla-La Mancha y Madrid”, punto que hay que remarcar ya que los pacientes tendrán poca capacidad de decisión en ello: los de Guadalajara serán derivados a Madrid, al centro ya estipulado previamente y solo cuando no haya esa disciplina en el hospital de la capital guadalajareña. Los habitantes del norte de Toledo podrán elegir ser atendidos en Madrid, pero ya tienen fijado según del pueblo que sean si es en Aranjuez o en Parla, es decir, que no escogen centro sino simplemente si quieren ser atendidos en Madrid, algo que por otra parte la fase 3 del convenio contemplará con todos los habitantes de los 30 pueblos implicados. Lo que sí podrán hacer los interesados en Toledo es pedirlo con antelación para entrar antes en el convenio, en la fase 2 (que solo admite 65.000 pacientes, aproximadamente la mitad del total).

La Comisión Gestora que dirige el PSOE de Madrid (PSM) desde la destitución de Tomás Gómez ha decidido apartar al candidato que ganó las primarias en la localidad madrileña de Parla. Pablo Sánchez era el aspirante socialista preferido por el ex secretario general de los socialistas madrileños. La dirección provisional de Rafael Simancas ha decidido sustituirle por Cristina Vélez ante la posibilidad de que acabe imputado por el sobrecoste del tranvía.

El equipo que rige el PSM pidió a Sánchez que diera un paso atrás en sus intenciones de encabezar la lista del PSOE en Parla. El ganador de las primarias se negó basándose en el resultado de esos comicios internos, en los que se enfrentó a otra concejala, que era la preferida de José María Fraile.

La gestora ha tomado la decisión de declararle “no idóneo” ante el temor de que acabe imputado por el sobrecoste del tranvía de Parla. Sánchez formaba parte de las juntas de gobierno que aprobaron los modificados de obra que dispararon el precio de la obra estrella de Gómez. La Comisión Federal de Listas avalará este martes la decisión elevada por la gestora y declarará “no idónea” la candidatura de Sánchez.

La dirección va a proponer a Cristina Vélez como cabeza de lista para el 24 de mayo. Vélez era la número dos de José María Fraile en el PSOE local, donde ocupaba la Secretaría de Organización hasta que el exalcalde dimitió por su implicación en la operación Púnica.

A pesar de su relación con Fraile, que ha sido expulsado provisionalmente de las filas socialistas por su imputación en la trama corrupta, la gestora considera que Vélez es una buena opción porque reúne ciertas condiciones como ser una persona de consenso y contar con experiencia política y de gestión, según han explicado fuentes de la gestora a eldiario.es.

El tranvía de Parla puede llevarse por delante a otro candidato socialista tras la destitución de Tomás Gómez. La Comisión Gestora que dirige el PSOE de Madrid (PSM) está estudiando la posibilidad de apartar de la carrera por la alcaldía a Pablo Sánchez, que ganó las primarias en el mes de octubre. El temor de la dirección de Rafael Simancas es que el aspirante a gobernar el feudo de Tomás Gómez acabe imputado por el sobrecoste de la obra estrella del exalcalde.

Pablo Sánchez ha reconocido que la dirección de Simancas le pidió hace dos semanas que reconsiderara su candidatura y que diera un paso atrás. La dirección provisional del PSM lanzó ese órdago porque teme que el concejal pueda acabar imputado por el sobrecoste del tranvía –que se disparó hasta los 256 millones frente a los 103 que estaban presupuestados–.

Sánchez formaba parte de la Junta de Gobierno que aprobó el aumento del gasto para las obras. La jueza que investiga si hubo malversación en esa decisión ha preguntado quiénes integraban ese organismo como paso previo a la imputación. El edil señala que esa posibilidad “no tiene más que recorrido periodístico hasta las elecciones y luego va a morir”.

El concejal socialista recibió el respaldo de Gómez en las primarias en las que se enfrentó a una candidata respaldada por Fraile. Además, el entonces secretario general del PSM maniobró para que se hiciera con las riendas del consistorio tras la imputación en la operación Púnica de su sucesor. Sin embargo, los planes de Callao se truncaron porque Beatriz Arceredillo, actual regidora, se negó a renunciar a la alcaldía.

El candidato socialista en Parla ha reaccionado a las presiones de la gestora y ha asegurado que no renunciará voluntariamente a encabezar la lista del PSOE en la localidad madrileña. “Me presenté a las primarias respetando y observando las normas y los estatutos del PSOE –expresó Sánchez en una asamblea abierta–. Me parece una falta de respeto hacia el trabajo que los socialistas de Parla llevamos desarrollando desde hace años”.

“No me han dado explicaciones que me permitan ser coherente”, explica Sánchez en conversación con esta redacción. Según su versión, le han dicho que en Parla hay “erosión” por los casos que han afectado al Ayuntamiento, incluida la operación Púnica. El concejal también estaba presente en la Junta de Gobierno en la que se aprobó el contrato con Cofely y que provocó la detención del alcalde, pero se escuda en que en esas reuniones lo lógico es votar a favor si los informes de los técnicos y la intervención son favorables.

La gestora no ha tomado una decisión definitiva sobre la candidatura de Sánchez, aunque está estudiando la posibilidad de frenarla siempre y cuando cuente con el respaldo de Ferraz, según fuentes consultadas por eldiario.es. La dirección de Pedro Sánchez prefiere no anticipar su posición hasta que el equipo de Simancas se pronuncie.

El PSOE de Parla es el único de la región en el que no se ha debatido la confección de la lista electoral para el próximo 24 de mayo. Ese punto no se incluyó en el orden del día de la asamblea que celebraron para pronunciarse sobre el sustituto de Gómez, como estaba previsto. La demora de esa decisión corresponde a la gestora, que también pilota la agrupación socialista de la localidad.

En aquel momento, Pablo Sánchez fue más moderado y dijo que las conversaciones con la gestora se enmarcaban dentro de la normalidad y evitó confirmar si le habían pedido que diera un paso atrás. El candidato ha reaccionado ahora con mayor contundencia ante el aumento de las especulaciones en el seno de la organización. Además, considera que el ofrecimiento que ha hecho la alcaldesa para encabezar la lista si Sánchez se retira o le apartan le ha “forzado a hacer públicas las conversaciones con la gestora”, según expresa.

Beatriz Arceredillo toma posiciones ante las especulaciones de que Pablo Sánchez no sea el candidato. La alcaldesa tomó posesión en contra de la voluntad de Gómez y comenzó su mandato con complicaciones para formar Gobierno por las presiones de los concejales socialistas. La gestora ve con buenos ojos sus aspiraciones, ya que está fuera del alcance de la investigación judicial del tranvía.