La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) defiende revisar las condiciones de acceso al bono social eléctrico para que la renta sea el único criterio determinante para recibir la ayuda. En un informe elaborado por el profesor de la Universidad Complutense de Madrid e investigador asociado a la entidad Diego Rodríguez, el ‘think tank’ respalda la propuesta del Ejecutivo de eliminar el criterio de familia numerosa como condición suficiente para acceder a este descuento en la factura de la luz.

El estudio valora positivamente la orientación recogida en la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 del Gobierno, que ya apunta en esa dirección. Según el análisis, el acceso al bono debería basarse exclusivamente en criterios de renta, aunque manteniendo ajustes por el tamaño del hogar mediante escalas de equivalencia.

Distorsiones en el diseño actual

Fedea defiende en su informe que existe “un problema de asequibilidad energética” que afecta al bienestar de determinados hogares, lo que justifica la existencia de mecanismos de transferencia de renta acompañados de medidas regulatorias que garanticen el acceso al suministro.

Sin embargo, el estudio subraya que el diseño actual combina criterios de renta con otros que no dependen directamente de los ingresos. Esta mezcla, sostiene, introduce “distorsiones relevantes” en la relación entre vulnerabilidad económica y acceso real a la ayuda.

Uno de los elementos más cuestionados es el criterio de familia numerosa. Al operar como condición suficiente para recibir el bono social, el informe considera que debilita el carácter redistributivo de la medida y genera patrones territoriales específicos, con una mayor concentración de beneficiarios por esta vía en determinadas comunidades autónomas.

Cobertura desigual según el nivel de renta

Las principales modificaciones del bono social eléctrico, creado en 2009, han girado en torno a los criterios para definir al consumidor vulnerable, a los porcentajes de descuento aplicados y al sistema de financiación del mecanismo.

El análisis de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida muestra que la cobertura del bono social eléctrico ha mejorado entre 2021 y 2025 en todos los niveles de renta, en parte por la ampliación de los requisitos de elegibilidad. No obstante, el informe señala que los problemas de baja cobertura se concentran en los dos primeros deciles de renta —los hogares con menos ingresos—, mientras que en los deciles superiores la cobertura es prácticamente completa.

Además, se ha registrado un aumento del porcentaje de beneficiarios en los niveles de renta más altos, algo que, según Fedea, refuerza la idea de que el diseño actual limita la capacidad redistributiva del instrumento.

Coste y financiación del bono social

El informe también analiza el coste y el sistema de financiación del bono social. Recuerda que la delimitación de los agentes obligados a financiarlo fue anulada en dos ocasiones por el Tribunal Supremo por motivos relacionados con el principio de no discriminación.

Aunque el esquema vigente reparte el coste entre empresas de generación, transporte, distribución, comercialización y consumidores directos, el estudio concluye que en la práctica el gasto acaba trasladándose al conjunto de los consumidores.

Más allá de la reforma del bono social eléctrico, Fedea propone abrir una reflexión más amplia sobre la política de lucha contra la pobreza energética. El informe cuestiona el enfoque fragmentado actual y plantea avanzar hacia un instrumento integrado que cubra el conjunto de consumos energéticos de los hogares.

Un cheque energético o un complemento en el IMV

Entre las opciones, el estudio menciona la posibilidad de crear un complemento energético dentro del Ingreso Mínimo Vital, aunque advierte de que el número de beneficiarios de esta prestación es actualmente mucho menor que el de quienes reciben el bono social.

Otra alternativa sería establecer un cheque energético que cubra todos los consumos del hogar, incluidos aquellos que no dependen de un contrato de suministro, como los combustibles para calefacción o transporte. Este sistema debería determinarse en función de la renta, el tamaño del hogar, determinadas situaciones de vulnerabilidad y la localización geográfica.

El informe plantea además que la ayuda se conceda preferentemente de forma automática por parte de las administraciones públicas y que su financiación combine recursos presupuestarios, aportaciones del sector energético y fondos europeos vinculados al Fondo Social para el Clima.

Como alternativa adicional, el autor menciona la posibilidad de canalizar este apoyo a través del IRPF mediante un crédito fiscal reembolsable, configurado como un impuesto negativo sobre la renta similar a la deducción por maternidad.

El precio del mercado mayorista eléctrico, el denominado 'pool', caerá este viernes hasta los 10,94 euros el megavatio hora (MWh), un precio un 17,68% más bajo del que marcó este jueves el coste de la electricidad.

Además, durante ocho horas del día, la luz será de coste cero o incluso negativo, en un intervalo que irá desde las 12.00 horas hasta las 20.00 horas, cuando volverá a registrarse un valor de 13,04 euros/MWh.

Tras darse un mínimo histórico de -10 euros por megavatio hora (MWh) este jueves, el mínimo del viernes será de -4 euros/MWh, una cifra que se repetirá entre las 15.00 y las 18.00 horas, según los datos provisionales del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) recogidos por Europa Press.

No obstante, estos precios negativos del mercado mayorista no se trasladan luego al recibo de los clientes de la tarifa regulada exactamente, ya que existen unos costes fijos para el consumidor eléctrico, por peajes, cargos y ajustes del sistema.

El precio máximo del día se registrará entre las 22.00 y 23.00 horas de este viernes, cuando se alcanzarán los 67,05 euros/MWh.

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

En concreto, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que éstos representaron el 25% en 2024, el 40% en este 2025 y llegarán al 55% a partir de 2026.

El precio del mercado mayorista eléctrico, el denominado 'pool', tocará este jueves, festividad del 1 de Mayo, un mínimo horario histórico de -10 euros por megavatio hora (MWh) entre las 15.00 y 16.00 horas.

En concreto, se sumarán un total de once horas a lo largo del día con precios cero o negativos. Entre las 9:00 a 10:00 y las 19:00 a 20:00, con 0 euros/MWh, y otras nueve horas (de 10:00 a 19:00) con precios negativos, según los datos provisionales del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) recogidos por Europa Press.

El precio medio de la luz en el mercado mayorista para este jueves será de 13,29 euros/MWh, un 58,2% inferior respecto a la de este miércoles, cuando se ha situado en 31,83 euros/MWh. Así, la baja demanda, por el día de festividad, unido a la gran presencia de renovables en la generación, llevará este jueves a ese descenso en el 'pool'.

No obstante, estos precios negativos del mercado mayorista no se trasladan luego al recibo de los clientes de la tarifa regulada exactamente, ya que existen unos costes fijos para el consumidor eléctrico, por peajes, cargos y ajustes del sistema.

Método de cálculo del PVPC

Asimismo, el 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

En concreto, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que éstos representaron el 25% en 2024, el 40% en este 2025 y llegarán al 55% a partir de 2026.

La tarifa regulada de la luz, el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), apunta a una subida acumulada cercana al 50% en el recibo final cuando acabe febrero con respecto al mismo periodo de 2024. El aumento se explica por el encarecimiento del mercado mayorista, a causa de la fuerte subida del gas natural, y por los incrementos de impuestos y de parte de los componentes regulados del recibo que entraron en vigor a principios de año.

El experto en el mercado eléctrico Francisco Valverde calcula que cuando acabe este mes, un consumidor con PVPC habrá pagado en su factura de la luz en lo que va de año unos 180,97 euros, lo que supondría una subida del 47,6% con respecto a los 122,62 euros del periodo comprendido entre enero y febrero de 2024. La estimación, a partir del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), corresponde a un hogar acogido al PVPC con 4,4 kilovatios (kW) de potencia contratada y un consumo anual de 3.500 kWh.

Valverde señala que “supuestamente en marzo debería haber una caída brusca” de la tarifa PVPC, cuando la producción eólica recupere el brío, “que podría empezar en febrero mismo”, como ocurrió hace un año, cuando los precios medios fueron de cero en los últimos días de este mes.

Sin embargo, febrero de 2025, advierte este experto, “como ya pasara en enero, apunta al segundo más caro de la historia”, solo superado por los récords de 2022, cuando los precios del gas alcanzaron niveles disparatados tras el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, de la que el próximo día 24 se cumplirán tres años.

En lo que va de febrero, según estimaciones del comparador de tarifas Selectra, la factura de la luz para un consumidor acogido al PVPC se ha situado en 84,58 euros, lo que prácticamente duplica los 38,91 euros del mismo periodo de 2024. Una diferencia de más de 45 euros.

Ya en enero, el precio medio de la electricidad en el mercado regulado PVPC fue de unos 95 euros, con una subida cercana al 30% respecto al mismo periodo de 2024, según cálculos de Ibercaja.

Varios factores explican la subida. El primero y más relevante es la fuerte subida de la cotización del gas natural, que en lo que va de año se ha disparado casi un 78% con respecto al mismo periodo de 2024, hasta una media de 45,1 euros/MWh, según la referencia del Mercado Ibérico Mibgas, y picos en los últimos días por encima de 57 euros/MWh. Este es un nivel inédito desde febrero de 2023, cuando todavía se podía aplicar la denominada solución ibérica, el tope al gas calificado de “timo ibérico” por el PP con el que los consumidores se ahorraron más de 5.000 millones de euros en el recibo de la luz.

No obstante, este jueves la escalada del gas se ha desinflado tras la conversación entre Donald Trump y Vladímir Putin para empezar “inmediatamente” negociaciones sobre Ucrania. En el mercado holandés, la referencia europea más utilizada en el mercado mayorista del gas, la cotización de esta materia prima caía más de un 7% este jueves tras marcar en los últimos días máximos desde abril de 2023. Pero sigue anclada en torno a los 50 euros y en niveles mucho más elevados de lo normal. Antes de la crisis energética que exacerbó la invasión de Ucrania, rondaba los 20 euros/MWh).

A la escalada del gas en las últimas semanas se ha sumado la subida de la cotización de los derechos de emisión del CO2, que son un 27% más caros que hace un año. Y esto se ha traducido en una subida del 54% en la cotización del mercado mayorista eléctrico.

En concreto, el pool ha pasado de una media de 68 euros/MWh hace un año a 105 euros/MWh, con picos horarios por encima de los 200 euros/MWh. En cualquier caso sigue muy lejos de los niveles de 2022 y se mantiene entre los menos caros de Europa.

Hay que tener en cuenta que desde enero las referencias de los mercados de futuros representan ya el 40% del PVPC, frente al 25% que representaban en 2024, cuando entró en vigor la reforma de esta tarifa para reducir su volatilidad que el Gobierno pactó con Bruselas, a cambio de su visto bueno a la solución ibérica. En 2026, el peso de los futuros en la tarifa regulada pasará a ser ya del 55%.

Otro de los factores que han encarecido la factura (la regulada y la del mercado libre) es la fiscalidad. A partir del 1 de enero volvió a aplicarse el IVA de la luz al 21%, que durante 2024 todavía se fijó en el tipo reducido del 10% cuando la cotización media mensual del mercado mayorista superaba los 45 euros/MWh. Además, durante el primer trimestre de 2024 el Impuesto Especial de Electricidad (IEE), exento en los peores momentos de la crisis energética, se situaba todavía en el 2,5%. Ahora está en el nivel habitual antes de la crisis energética, del 5,11%.

Y a esto se suma que en enero los cargos de la factura, que establece el Gobierno y que retribuyen pagos regulados (las primas a las renovables más antiguas, las compensaciones por el mayor coste de generar luz en las islas…) subieron un 39%, tras haberse mantenido desde otoño de 2021 un 55% por debajo del nivel precrisis.

En esta coyuntura alcista, el PVPC es en la actualidad más caro que la mayoría de las tarifas disponibles en el mercado libre, según el comparador de la CNMC. Pero los expertos recomiendan quedarse en la tarifa regulada porque, a largo plazo, suele ser la más económica para el consumidor.

Tener contratado el PVPC, al que están acogidos unos 8,43 millones de suministros, alrededor de un tercio de los consumidores domésticos, es condición imprescindible para beneficiarse del bono social, que tienen 1,6 millones de hogares y que el Gobierno tiene pendiente reformar con la futura Estrategia de Pobreza Energética que acaba de sacar a consulta pública.

El Ejecutivo acaba de aprobar una prórroga del refuerzo de los descuentos del bono tras aprobarse finalmente el pasado miércoles en el Congreso las medidas sociales del conocido como decreto ómnibus con el apoyo del PP y Junts, que inicialmente decidieron tumbarlo.

Una concatenación de amenazas sobre la venta de gas a Europa se ha convertido en un nefasto presagio para los precios energéticos de 2025, cuando termina el tope europeo del gas el próximo 31 de enero. Las advertencias de Donald Trump, los avisos de Qatar y el fin del acuerdo entre Rusia y Ucrania para transportar gas ruso al continente europeo junto al incremento de las sanciones de la UE añaden más incertidumbre en un momento en el que las reservas se agotan con más rapidez de lo esperado.

La asociación europea de operadores de infraestructuras de gas (Gas Infrastructure Europe) ha avisado de que el volumen de gas almacenado ha caído un 19% desde finales de septiembre, cuando termina la temporada de recarga. Los niveles de almacenamiento de la UE se situaban en el 75% a mediados de diciembre. En las mismas fechas del año pasado, los tanques de gas estaban llenos al 90%. La última vez que las reservas de gas del continente se vaciaron tan rápido fue en 2021, cuando Rusia cerró el suministro de su gasoducto antes de la invasión de Ucrania. Hay diferencias según los países: Francia registró una caída del 28% en sus reservas de gas mientras que Alemania el descenso ha sido superior al 15% y en los Países Bajos ha disminuido un 33%.

El invierno ha llegado con temperaturas más frías en Europa. El consumo de gas se ha disparado en el centro de Europa y países como Alemania, donde el frío ha coincidido con el conocido como dunkelflaute, cuando debido a la falta de viento y a días nublados las fuentes renovables generan poca energía. La traducción ha sido un incremento del precio de la electricidad que ha provocado que diciembre sea el mes más caro del año, ya que hay que utilizar las centrales de ciclo combinado de gas para cubrir la demanda. En España, diciembre también va a ser el mes con la electricidad más cara en el mercado mayorista, con una media de más de 106 euros/MWh.

Para evitar los problemas de suministro y abaratar los precios, el parlamento alemán suprimió el pasado viernes la tasa de almacenamiento de gas en los puntos de conexión cercanos a la frontera. El objetivo de esta medida es abaratar las importaciones de gas desde sus vecinos cuando la medida entre en vigor el 1 de enero.

Los países de la Unión Europea acordaron en diciembre de 2022 poner un tope al precio del gas para evitar tarifas fuera de precios de mercado que abocaban a miles de familias a la pobreza energética y el estrangulamiento de su industria. Un año después, con los precios energéticos ya estabilizados, los ministros del área decidieron prorrogar el tope del gas hasta el 31 de enero de 2025 con un límite de 180 euros/MWh. De momento, los precios han fluctuado mucho en las últimas semanas pero se han quedado en los 45 euros/MWH.

Pero además, hay nerviosismo en el mercado TTF del gas ante las amenazas de países que se ha convertido en los principales proveedores de gas de la Unión Europea. Por un lado, Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles si la UE no aumentaba la compra de más petróleo y gas de Estados Unidos. “A la Unión Europea les digo que deben compensar su tremendo déficit con Estados Unidos mediante la compra a gran escala de nuestro petróleo y gas. En caso contrario, ¡¡¡ARANCELES!!!”, señaló el presidente electo de EEUU en una red social. Según los datos de Eurostat, Estados Unidos ya es el principal vendedor a la UE de gas natural licuado (GNL) con el 47% de las importaciones en el primer trimestre de 2024.

Por otro lado, Qatar, el segundo mayor suministrador de gas natural licuado a la Unión Europea, ha amenazado con detener sus envíos de GNL si la UE aplica la nueva legislación que penalizará a las empresas que no cumplan los criterios establecidos sobre emisiones de carbono y derechos humanos y laborales en la Directiva sobre diligencia debida de las empresas. En una entrevista al Financial Times, el Ministro de Energía catarí, Saad al-Kaabi, declaró que si algún Estado de la UE imponía sanciones por incumplimiento de la Directiva, Qatar dejaría de exportar su gas natural licuado. Las empresas que no cumplan se arriesgan a sufrir multas que pueden llegar al 5% de los ingresos globales anuales de la compañía.

“Si perdemos el 5% de mis ingresos generados por ir a Europa, no iré a Europa. . . No voy de farol. El 5% de los ingresos generados por QatarEnergy significa el 5% de los ingresos generados por el Estado de Qatar. Se trata del dinero del pueblo... así que no puedo perder tanto dinero”, señaló el ministro de Energía catarí. Saad al-Kaabi señaló que sería imposible para un productor de energía como QatarEnergy llegar al objetivo de cero emisiones netas de la UE.

Estas dos amenazas se unen al final este 31 de diciembre del acuerdo entre Rusia y Ucrania que permitía el tránsito del gas ruso hasta la Unión Europea. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció que su país no permitirá el transporte de gas de origen ruso a menos que tenga garantías de que el Kremlin no se beneficiará económicamente mientras dure la guerra. Una interrupción de los flujos perjudicaría especialmente a países como Eslovaquia o Austria, que han avisado de los posibles perjuicios económicos. Ahora, a través de este gasoducto llegaba el 5% de las importaciones de gas de la UE.

La UE importó casi 82,7 millones de toneladas de GNL en 2024, casi la mitad de las cuales procedían de EEUU, según datos de S&P Global Commodity Insights. Del total, la UE importó unos 14,9 millones de toneladas de GNL ruso. Los precios al contado de las importaciones de GNL para su entrega en Europa se han mantenido volátiles en las últimas semanas, impulsados por la incertidumbre en torno a la oferta.

Según un portavoz de la Asociación Rusa de GNL, las autoridades estadounidenses y europeas harán todo lo posible para expulsar por completo el gas ruso del mercado europeo, con vistas que las nuevas capacidades que se pondrán en marcha en EEUU y Qatar en los próximos dos años sustituyan al GNL ruso en la UE, según explicó a S&P Global Commodity Insights.

La UE aprobó el pasado junio el 14º paquete de sanciones contra Rusia con el que trata de prohibir el suministro de bienes, tecnología y servicios a los proyectos de GNL en construcción en Rusia. Este paquete también prohibía el transbordo de GNL ruso por puertos de la UE a partir de marzo, así como la importación de GNL ruso a terminales específicas no conectadas a la red de gasoductos de la UE. El pasado 16 de diciembre, la Comisión Europea dio luz verde al 15º paquete de sanciones con el objetivo de trabar el funcionamiento de la flota rusa que se mueve en la sombra. El objetivo es aumentar el coste de explotación de dicha flota.

¡Buenos días! 

¿Cómo va la semana? Espero que esté siendo provechosa y no te haya tocado algunas de las cancelaciones o los retrasos en los trenes. Ha sido un fin de semana caótico. Por un lado, un intento de suicidio provocó la cancelación de decenas de trenes en Atocha, lo que afectó a 14.000 viajeros. Por otro lado, un accidente en un túnel que atraviesa Madrid añadió más problemas al tráfico ferroviario.

No fue un accidente normal. El ministro de Transportes, Óscar Puente, explicó que el descarrilamiento del tren fue provocado por uno de los trabajadores de Adif para “evitar cualquier riesgo” en la estación e impedir que “eventualmente” pudiera chocar con otro tren. Este túnel se ha convertido un ejemplo más de cómo los recortes y la pésima planificación hacen mella en los servicios públicos. 

El túnel se planteó como clave de la liberalización ferroviaria y para dar cabida a los nuevos operadores privados. Los primeros estudios para poner en marcha el túnel datan de 2001, con Francisco Álvarez Cascos como ministro de Fomento con José María Aznar. Pero no sería hasta la llegada de la ministra Ana Pastor (PP) cuando se dio fecha de finalización en 2016, aunque su inauguración se retrasó más de seis años hasta 2022.

La crisis financiera se cruzó con los planes liberalizadores y se impuso el condicionante de austeridad a partir de 2009. Desde entonces la inversión pública en infraestructuras de transporte se desploma hasta 2018. En el caso del ferrocarril, la inversión cae más estrepitosamente en el periodo 2013-2018, según un informe de la Airef. 

“Buena parte de las cuestiones que ustedes van a plantear tienen la respuesta en las inversiones realizadas entre los años 2012 y 2018, años posteriores a la crisis, en los que se redujo el desarrollo de sectores clave de nuestro país, entre ellos, infraestructuras y transporte”, argumentó el ministro Puente en la Cámara Alta. Tiene razón. La inversión materializada en la red ferroviaria superó los 3.990 millones de euros en 2023, mientras que en 2016 se quedó en los 1.694 millones. Este 2024, hasta agosto, se han superado los 3.000 millones.

El reto es recuperar el tiempo invertido. No va a ser fácil ni rápido, menos aún cuando los vientos de austeridad empiezan a soplar en la UE. Estamos hablando de infraestructuras que, en algunos casos, ya tienen más de 20 años a las que no se les ha aplicado las inversiones necesarias en nombre de los recortes, pese a que se ha incrementado su uso con nuevas compañías y ha crecido la población usuaria. Las empresas públicas, Adif y Renfe, tratan de recuperar la falta de gasto de años anteriores, que está en el origen del caos ferroviario, con proyectos de inversión que suman 30.000 millones, pero tardarán varios años en ejecutarse.

 Y sin impuestos no es posible que haya inversiones públicas...

Cada vez que habla sube el pan

Tengo serias dudas de que los niños de ocho años golpeados por la vida puedan tener dentro de unas décadas las oportunidades que otros tuvimos

Josu Jon Imaz — Consejero delegado de Repsol

El grito por el futuro de los niños por parte del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, no viene motivado por la desigualdad, ni por la pobreza, ni por la falta de oportunidades de los más desfavorecidos o por el excesivo precio de la vivienda. Por lo visto lo que puede afectar al futuro de nuestros hijos tampoco es el cambio climático, sino el impuesto especial que tiene que pagar su empresa. En un artículo en La Vanguardia con el título Industria o populismo (¿alguna similitud con el lema electoral de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones a la Comunidad de Madrid?), Imaz asegura que el impuesto especial a la banca y las compañías energéticas son “medidas populistas” dentro una estrategia de “falta de reconocimiento social del valor de la empresa, las superposiciones regulatorias, el ahogo a la industria, las prohibiciones en vez de incentivaciones y las medidas fiscales asfixiantes que penalizan la generación de riqueza y empleo” que, “bajo el mantra del bienestar social, comprometen seriamente el modelo futuro de este país”. Pues bien, los gravámenes especiales a la banca y las energéticas recaudaron 2.859 millones en 2024 (correspondiente al ejercicio 2023). No parece que haya afectado mucho este impuesto a la marcha de Repsol: en 2022, la petrolera obtuvo el beneficio mayor de su historia, 4.251 millones, mientras que en 2023, las ganancias fueron las terceras mejores, 3.168 millones de euros. 

Lo que realmente subyace detrás de los improperios y los ataques del consejero delegado de Repsol es la defensa de sus intereses empresariales, que como vemos, no es que estén siendo afectados en demasía, aunque han llegado a amenazar con llevarse inversiones fuera de España. Ahora que el Gobierno se plantea hacer permanentes estos impuestos especiales, los ataques se están recrudeciendo y la debilidad parlamentaria del Gobierno hace más complicada la solidez del posicionamiento político. De momento, un exministro y ahora gobernador del Banco de España pide que se cambie el impuesto a la banca para que “descuente las provisiones” y sea “neutral”, es decir, que se rebaje y lo paguen todas las entidades. Mientras, otros ya lo ven finiquitado. El presidente de Iberdrola no ve “claro” el futuro del impuesto a las energéticas.

El gráfico

Hay que darle valor a las políticas públicas que ayudan a rebajar algo la desigualdad económica que sufren los ciudadanos en España. La reforma laboral de 2021 supuso una transformación radical del mercado laboral. Uno de los lastres que se consiguió reducir por primera vez con eficacia fue el abuso de la temporalidad. Los contratos temporales no solo eran una fuente de inestabilidad laboral e incertidumbre para los trabajadores, también eran una fórmula que mantenía bajos los salarios. Con la caída de la temporalidad, los sueldos más bajos se han incrementado. Por otro lado, pese a los agoreros del neoliberalismo más rancio, los importantes aumentos del salario mínimo interprofesional (SMI) entre 2018 y 2022 han sido fundamentales en el incremento de sueldo de las personas con menos renta. Así, en esos cinco años, el 10% de las personas que menos cobran han visto sus sueldos incrementarse entre un 35% y un 25%. Siguen cobrando poco, pero la decisión de política económica ha hecho que tengan mayor capacidad para afrontar el envite de la inflación. Aquí te explicamos cómo se dispararon los sueldos de los trabajadores peor pagados tras el recorte de la temporalidad y las subidas del SMI.

En esto de incrementar la regulación solo hay que echarle un ojo a la inteligencia artificial (IA). Otras empresas también están amenazando con dejar a Europa sin los últimos avances de esta tecnología si se mantiene una regulación que no es acorde con sus intereses. Pero solo hay que escuchar a los expertos en IA para entender que esta tecnología, con su profundidad y sus posibles consecuencias, tiene que estar claramente regulada. En este sentido, David H. Autor, profesor de Economía en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), especializado en temas laborales, avisa de que “la inteligencia artificial puede dejar obsoleta la experiencia laboral humana”.

El dato

2,9%

es la previsión del crecimiento de la economía española en 2024 por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo multilateral ha subido cinco décimas sus expectativas para el PIB de nuestro país desde la anterior previsión. Este incremento va en línea con dos de los principales centros de análisis privados, BBVA Research y Funcas, que han elevado sus proyecciones de nuestro país hasta el 2,9% y el 3%, respectivamente, o la OCDE, que ya situó su estimación en el 2,8%.  Así se empiezan a quedar cortas las cifras del último cuadro macroeconómico del Gobierno, que apunta a un crecimiento del 2,7% este año. Con este PIB nuestro país liderará a las principales economías de la eurozona, donde destaca la debilidad de Alemania, y consigue un vuelco impensable hace una década: España paga menos que Francia por la deuda.  

Entrepreneur

Las diferentes competencias entre administraciones y el abandono por parte de los poderes públicos de los núcleos rurales provocan situaciones como la que está sufriendo el municipio de Àger, en Lleida. Este pueblo depende de una distribuidora catalana Eléctrica del Montsec, con un largo historial de quejas, expedientes sancionadores y multas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le pidió al Gobierno que la interviniera hace un año. El complejo embrollo competencial deja en manos de esta compañía a un grupo de clientes “cautivos”, como gota que colma el vaso, ha sufrido el cobro por duplicado de sus facturas. Aquí te explicamos lo que significa ser “cautivo” de un servicio eléctrico pésimo.

Bien Público

A veces la mejora de una legislación puede provocar efectos indeseados si no se hace adecuadamente. Es el caso de la Ley del Aborto. El Gobierno de coalición de la anterior legislatura amplió con una protección “especial” las bajas por aborto, la recta final del embarazo (semana 39 de gestación) y las reglas dolorosas. Las bajas laborales nunca tienen que dar información sobre la enfermedad del trabajador. Sin embargo, las que gozan de protección especial van con un código que permite su identificación, así que las empresas pueden saber si una baja es por un aborto o por una regla dolorosa. Esta violación de la privacidad  puede ser terrible para las mujeres. Es el caso de  Silvia (nombre ficticio), que explica a elDiario.es cómo siendo trabajadora de una empresa recibió el motivo de su baja por aborto. La gestoría envió un parte a sus empleadores, donde explicitaba que había tenido una interrupción del embarazo: “Todo era ya muy doloroso y esto lo empeoró, es una invasión de la intimidad muy grande: Me sentí la persona más vulnerable del mundo”. En estos reportajes de Laura Olías te explicamos cómo un agujero en la regulación permite a las empresas saber el motivo de la baja laboral en los abortos y el calvario de una trabajadora cuya empresa recibió el motivo de su baja por aborto.

Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Esto ha sido todo por este jueves. Nos vemos la próxima semana. Te recuerdo que nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es con tus propuestas, quejas o ideas y seguirnos en la red X.

¡Buena semana!

¡Buenos días!

¿Cómo va la semana? Volvemos a tener el sabor agridulce que dan los buenos datos macroeconómicos que luego no tienen tanta traslación a varios sectores de la ciudadanía. La Comisión Europea ha mejorado la previsión de crecimiento de la economía española para 2024 al 2,1% y ha rebajado el déficit al 3%. Son buenas noticias. España será el país de los grandes de Europa que más crezca este año y también el próximo (1,9%).

Sin embargo, hay datos que son muy preocupantes. “Las generaciones nacidas a partir de 1980 muestran un progresivo retraso en su edad de emancipación”, recoge la última Encuesta Financiera a las Familias del Banco de España. La vivienda vuelve a estar en el centro del problema: el 65,9% de los jóvenes españoles entre 18 y 34 años residían en el hogar familiar en 2022, 13 puntos porcentuales más que en 2008. Alquileres desbocados, precios de compra por las nubes e incapacidad de acceso a crédito es a lo que se enfrentan varias generaciones de españoles.

Hay una  palpable reducción de la riqueza de los más jóvenes. Apenas un 30% de los menores de 35 años son propietarios de una vivienda, mientras eran casi el 70% en 2011. La caída de la riqueza neta mediana de los menores de 35 años es alarmante porque no pueden acceder a un crédito por las subidas de precios o porque las condiciones de financiación de los bancos (de las hipotecas) son más estrictas. Aquí te explicamos por qué los jóvenes ya no tienen capacidad económica ni para endeudarse.

Los altos tipos de interés que subió el Banco Central Europeo (BCE) para luchar contra la inflación han mermado más aún la capacidad adquisitiva de una vivienda por parte de los más jóvenes. Pese a que países como Suecia, Suiza, República Checa o Hungría han recortado ya el 'precio' oficial del dinero, el BCE mantiene su política monetaria agresiva.  

Para colmo, los salarios han frenado el ritmo de subidas en el arranque de 2024 en España. Los sueldos crecieron un promedio del 4,8% en el primer trimestre de este año, según la estadística de la Agencia Tributaria. La realidad es que los incrementos salariales no son suficientes para equilibrar el histórico 'mordisco' de la inflación al bolsillo de los trabajadores en 2021 y, sobre todo, en 2022.

Hay un problema de desigualdad claro en España. Para tener una idea, los ingresos del 20% más rico de la población en España son 5,5 veces superiores a los del 20% más pobre, según el informe de convergencia social de la Comisión Europea. Bruselas nos tira de las orejas por la gran desigualdad que hay en nuestro país, a pesar de los avances conseguidos con la reforma laboral, el Ingreso Mínimo Vital o las subidas del Salario Mínimo Interprofesional. A pesar de que la economía española es la que más crece de las grandes de la UE, en Bruselas preocupa especialmente el riesgo de pobreza de España. Aquí te explicamos que la desigualdad de ingresos en España es de las más altas de la UE.

Es una obligación para el Gobierno meterle mano a los precios de la vivienda.

El Gráfico

El BBVA lanzó una oferta de compra (opa) hostil por un competidor: el Banco Sabadell. Si ya la propuesta de fusión, que rechazó el Sabadell, nos parecía un pésimo movimiento porque acentúa la falta de competencia del sistema financiero español, este asalto por las malas nos resulta incomprensible. Entre otras cosas porque la opa hostil del BBVA por Sabadell se enfrenta a la oposición del Gobierno, los partidos y las dudas del mercado, pero además se confirma que se va a traducir en despidos y menos competencia en el sector financiero, con el cierre de oficinas, ya que coinciden en numerosos puntos de la geografía española como mostramos en el mapa de los municipios a los que más puede afectar el cierre de sucursales de BBVA y Sabadell.

El Dato

28%

Ha crecido la cosecha para la producción de aceite de oliva, según los datos de abril del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Estamos hablando de 850.157 toneladas, un 11% por encima de las previsiones iniciales, por lo que “se espera que los precios se sitúen por debajo de los altos niveles registrados en la actual campaña”. Es una buena noticia y más cuando aún vemos que los alimentos tiran de los precios: la inflación de los alimentos volvió a repuntar en abril al 4,7%. Las subidas de precios en los supermercados se resisten a moderarse y avanzaron cuatro décimas respecto al mismo mes del año pasado.

Entrepreneur

A veces no hay necesidad de cambiar el mundo, basta con hacer lo correcto. La eléctrica Holaluz se presentó como la eléctrica que iba a “cambiar el mundo” con energía renovable a “precios justos” para los consumidores, pero está al borde de la quiebra. Nunca ha ganado dinero. Desde su salida a Bolsa ha perdido más de 43 millones de euros tras gastar más de 115 millones en publicidad, propaganda, relaciones públicas y asesores. Con una deuda de 58,8 millones a cierre de 2023, Holaluz amenaza con unirse a la larga lista de fiascos del mercado de pymes cotizadas, como otras empresas como EiDF o Solarprofit. Aquí te explicamos el ocaso de Holaluz. 

Cada vez que habla sube el pan

La acusación se ha elevado sobre imputaciones de renta inciertas, sobre un alzamiento de bienes inventado, se ha construido sobre el análisis exhaustivo de toda la documentación incautada… pero los castillos de naipes caen fácilmente y veremos cuántos soplidos aguante este

María Massó — Abogada defensora del ex vicepresidente Rodrigo Rato 

Rodrigo Rato, el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente económico del Gobierno con José María Aznar (PP), se enfrenta en un juicio a la petición por parte de la fiscal de más de sesenta años de cárcel por el origen de su fortuna. Las palabras del encabezado de esta sección corresponden a la abogada de Rato, María Massó, que alega que esta causa es “un castillo de naipes”. Sin embargo, la representante del Ministerio Público no solo llamó “apátrida fiscal” a Rato, en un contundente alegato señaló que el ex político utilizó “hasta ocho refinadas técnicas de blanqueo” a través de “cuentas opacas” y “trust” financieros no menos opacos con el objetivo de “romper el rastro del origen del dinero”. En este enlace puedes leer 'Rato, en el banquillo: retrato de un hombre “poderoso” que hizo del fraude y el blanqueo un “modus operandi”'. 

Bien público

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la humanidad es la crisis climática. Ya hay un consenso generalizado, no solo del mundo científico, en la sociedad de que hay que dar pasos firmes para eliminar los combustibles fósiles como motor de la economía. Sin embargo, año tras año se puede comprobar como la industria petrolera y gasística siguen manteniendo su poder y capacidad de atraer inversiones multimillonarias. Los 60 mayores bancos globales destinaron a la industria del petróleo y el gas 705.000 millones de dólares en 2023, un 4,7% más que un año antes. Un ejemplo más del lavado de imagen verde de petroleras y banca. De hecho, el Congreso de EEUU ha acusado a las petroleras de “negacionistas” del cambio climático y de ecopostureo. La Cámara de representantes estadounidense tilda sus acciones climáticas de “decepcionantes” y las acusa de usar un “doble lenguaje” con el que blanquean sus estrategias centradas en los carburantes de combustión. Aquí puedes leer un reportaje de Cristina G. Bolinches sobre cómo la gran banca aceleró la financiación destinada a los combustibles fósiles en 2023. 

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En esta sección te ofrecemos artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Aquí llegamos al final del boletín. Volvemos el jueves que viene. Ya sabes que los próximos 28 y 29 de junio celebramos el Festival de las Ideas y la Cultura (FIC) en Barcelona, la tercera edición de este evento gratuito y abierto al público que contará con Margaret Atwood, Sidonie y Juan Diego Botto, entre muchos otros. Si tienes una propuesta o idea nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es.

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¿Cómo va la semana? ¿Has tenido esa sensación de falsa sorpresa cuando ocurre algo que sabías que estaba pasando pero te costaba creer? Pues esa sensación es la que tenemos con las compañías eléctricas. Se descubrió el pastel y, para variar, se lo han comido ellos. Las grandes eléctricas españolas han reconocido su alivio ante la reforma eléctrica finalmente pactada en diciembre pasado por la UE con un acuerdo entre el Consejo, la Eurocámara y la Comisión Europea en la recta final de la presidencia europea de España. Alivio porque es la medida que se ajusta a sus intereses. 

Los directivos de Iberdrola y Endesa no han tenido el menor pudor de admitir su trabajo de lobby en Bruselas porque la propuesta del Gobierno español, tras el tope al gas, la conocida como excepción ibérica, y el impuesto al sector, suponía pasar a la ofensiva y puso en guardia al sector, que aseguró, a través de sus patronales, que podría “poner en peligro el libre mercado” y “asustar a los inversores”; que era “veneno” y una “expropiación” y que iba a provocar una fuga de inversiones a Estados Unidos. Eurelectric, la patronal europea, se dedicó en cuerpo y alma a trabajarse los pasillos de la Comisión Europea con el planteamiento: 'Dios mío, la que se nos viene encima'.

El responsable de Regulación de Endesa temía “una reforma devastadora que arramblara con todo lo que había”; según su homólogo en Iberdrola, “lo mejor” de la reforma “es que ha terminado”. En marzo de 2023 la Comisión Europea adaptó la propuesta con lo que proponían las compañías eléctricas. Una medida “muy razonable” para ellas. En esta información te contamos cómo la industria de la electricidad admite que se puso manos a la obra para tumbar en Bruselas una reforma energética que favoreciera a los consumidores.  

Por todo esto es relevante que el Gobierno haya aprobado un anteproyecto para recuperar la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que el PP había fusionado en la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). El objetivo es encaminar al sector en la transformación y descarbonización de la economía y el sistema energético. La CNE tendrá funciones de supervisión y control de los mercados eléctrico, de hidrocarburos líquidos, de gas natural, y de hidrógeno verde y otros gases renovables. En este enlace te damos más detalles de la Comisión Nacional de la Energía.

El Gráfico

Mientras, el modelo económico español sigue en transformación. La digitalización de las empresas y el desarrollo de nuevas actividades en los sectores tecnológicos de mayor valor añadido están creciendo a mayor velocidad en España. Por un lado, se puede observar en la importante creación de empleos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y con la investigación y el desarrollo (I+D). También, en las cifras de inversión en “propiedad intelectual” que recoge la Contabilidad Nacional del INE. Además, como se puede ver en el gráfico, los ingresos de los sectores más innovadores, relacionados con la informática, la ciencia o los servicios técnicos y de información, se han disparado en los dos últimos años: el índice de inversión en “equipo y software” ha escalado hasta máximos históricos, superando en 30 puntos el nivel previo a la pandemia. Aquí te contamos como los brotes en la inversión en tecnología y software están transformando la economía española.

Por otro lado, pese a la debilidad de nuestros principales socios comerciales (la Unión Europea y, sobre todo, Alemania) y a la crisis de inflación, el sector exterior aportó la mitad del crecimiento de la economía de España en 2022 (2,9 puntos del 5,8% que avanzó el PIB) y una tercera parte del de 2023 (0,8 puntos del 2,5%). Uno de los datos más interesantes es que las empresas que venden fuera regularmente (lo que se conoce técnicamente como base exportadora) se han incrementado un 33% desde el suelo de 2011, hasta alcanzar un récord de casi 44.000 compañías. En este enlace tienes más información sobre la pujanza del sector exterior español. 

El Dato

107,7% del PIB

Es la deuda pública de España en 2023, según informó el Banco de España. Por culpa de los gastos necesarios para afrontar la pandemia y la crisis de inflación, en nuestro país alcanzó el 125,3% del PIB en el primer trimestre de 2021. Ahora, el Gobierno prevé que baje al 106% este año. Se conseguiría una reducción de 20 puntos en tres años gracias a la progresiva disminución del déficit y, sobre todo, al crecimiento económico. Ante la falta de argumentos sólidos, la deuda se ha convertido en uno de los principales elementos de crítica por parte de la derecha para atacar al Gobierno de coalición, aunque como ya publicamos el 2,4% del PIB que supone la factura de intereses anuales hace que sea sostenible en el futuro. En este enlace tienes más información y explicaciones sobre cómo ha bajado la deuda pública 17,6 puntos desde la pandemia.

Los agricultores siguen con sus movilizaciones por la situación del sector y ya van tres semanas. Este miércoles se vivió una de las protestas más concurridas en Madrid, cuando Unión de Uniones convocó una tractorada que ha paralizado el centro de la capital. Hay una fuerte polémica abierta alrededor de la representatividad de esta asociación de agricultores, de hecho, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, no se sienta con Unión de Uniones a negociar porque no forman parte del Consejo Agrario, donde están las organizaciones que sí se consideran representativas del sector primario en el ámbito nacional.

Sean representativos o no, este miércoles colapsaron Madrid y lograron entrar con sus tractores hasta el Ministerio de Agricultura con el aplauso de cientos de madrileños. Por cierto, en lugar de aplausos igual habría que ayudar más a los agricultores a la hora de hacer la compra. Entre otras cosas porque España está en el podio de países europeos donde más se adquiere marca blanca, la enseña del distribuidor. Con la inflación, los consumidores gastan menos y se decantan por productos más baratos y por ofertas. La marca blanca ya supone la mitad de todo lo que se vende en los supermercados. Con precios muy bajos de alimentos es más difícil que el agricultor tenga una remuneración suficiente por sus productos. Aquí puedes leer la otra cara de la crisis del campo: así hemos intentado bajar todo lo posible el precio de la cesta de la compra. 

Entrepreneur

Esta semana nuestro 'entrepreneur' favorito es Jesús Huerta de Soto Ballester, referente del “anarcocapitalismo” libertario y cuyo discurso extremista ha calado en la nueva derecha madrileña. Con un patrimonio de 160 millones, dueño de la aseguradora España SA, es también doctor en Derecho y Económicas y catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Sí, Huerta de Soto Ballester no tiene duda en trabajar en una universidad pública aunque se ha erigido como figura internacional del anarcocapitalismo más radical -el presidente de Argentina, Javier Milei, lo tiene como un referente- y suelte frases como que “el Estado es la encarnación del demonio”. Aquí tienes mucha más información del multimillonario que defiende que “corresponde al siglo XXI desmontar al Estado”.

Por cierto, tenemos esta semana ración doble de 'entrepreneur'. Te recomiendo leer esta información sobre la familia Urenda, que han estado históricamente vinculados a la derecha chilena y al fallecido dictador Augusto Pinochet. Accionistas de Grupo Empresas Navieras, están tejiendo una red de sociedades en España para eludir impuestos a través de las denominadas ETVE. Tras el fallecimiento del patriarca, Beltrán Urenda Zegers, la sucesión por el emporio familiar es digna de la mejor serie. Aquí tienes más información sobre el gigante naviero vinculado a la vieja derecha chilena abre filiales en Madrid para eludir impuestos. 

Bien público

Mucho se ha escrito y debatido sobre los abusos laborales de la conocida como 'economía de plataforma': un sistema de intermediarios tecnológicos que ofrecen unos servicios dejando desprotegidos a los trabajadores. En España se ha puesto solución con una normativa a la precarización constante de los riders, pese a los intentos de las empresas a saltársela. Como en el ámbito energético, los lobbys han conseguido que no salga una ley para regular el reparto a nivel europeo. Hay otros sectores de la economía de plataforma que utiliza vericuetos para rebajar las condiciones laborales de sus empleados. Uno de ellos es el de los conductores de Cabify. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha respaldado las actas de infracción impuestas por la Inspección de Trabajo por cesión ilegal de sus conductores a través de tres empresas. Las magistradas restablecen la multa de 60.000 euros por este fraude en la contratación, que había sido anulada en primera instancia. La sentencia pone en duda este modelo de negocio. Es necesario que la Ley Rider se amplíe y llegue a otros ámbitos como los conductores o el sector asegurador. Aquí tienes más información sobre la condena a Cabify por fraude de contratación y cesión ilegal de trabajadores. 

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Las grandes eléctricas españolas reconocieron este martes su alivio ante la reforma eléctrica finalmente pactada en diciembre pasado por la UE con un acuerdo entre el Consejo, la Eurocámara y la Comisión Europea en la recta final de la presidencia europea de España.

Durante una jornada de debate organizada por el Real Instituto Elcano en la Fundación Botín, el más explícito fue Juan José Alba, director de Regulación de Endesa.

Alba explicó que cuando a finales de 2022, “en una situación de emergencia”, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, dio luz verde a esa reforma ante un mercado “roto” por la disparatada subida del gas, en los despachos de las grandes compañías del sector cundió el pánico ante las propuestas que empezaron a circular desde gobiernos, académicos y think tanks. 

Según Alba, “algunas propuestas eran verdaderamente enloquecidas”. “Realmente, la sensación que había en la industria, y yo estoy muy activo en Eurelectric [la patronal europea], era: 'Dios mío, la que se nos viene encima'. Porque lo que esperábamos era una reforma devastadora que arramblara con todo lo que había y que empezara a sacar experimentos”. “A finales del año 2022 teníamos miedo de lo que iba a pasar”. 

De hecho, el 10 de enero de 2023 España se descolgó presentando antes que el resto de sus socios europeos una propuesta de precios fijos para nuclear e hidráulica que evitara los denominados beneficios caídos del cielo y los “fallos de mercado” que había sacado a la luz la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania.

La propuesta, tras el tope al gas, la conocida como excepción ibérica, y el impuesto al sector, suponía pasar a la ofensiva y puso en guardia al sector, que aseguró, a través de sus patronales, que podría “poner en peligro el libre mercado” y “asustar a los inversores”; que era “veneno” y una “expropiación” y que iba a provocar una fuga de inversiones a Estados Unidos.

Pero finalmente la sangre no llegó al río y la receta de España no se ha aplicado. En marzo de 2023 la Comisión Europea publicó su propuesta, que se alineaba con las propuestas de las empresas y que el directivo de Endesa calificó este martes de “muy razonable”.

La reforma finalmente pactada en diciembre persigue incentivar la inversión en capacidad de generación libre de emisiones, dotar de mayor flexibilidad (tanto de oferta como de demanda) al sistema eléctrico para lograr precios más estables e introducir medidas de protección de los consumidores. Pero, como señala un reciente estudio de Esade, “se queda corta en varios aspectos clave”.

En opinión del directivo de Endesa, la reforma pactada finalmente “confirma todo lo bueno que había en lo que teníamos”.

“La reforma ha terminado bien, se enfoca en el futuro y lo mejor de todo es que ha terminado”, señaló por su parte Patxi Calleja, director de Regulación de Iberdrola.

Su homólogo en Endesa recordó que “hemos pasado las dos crisis sin perder el suministro” y señaló que la reforma pactada en diciembre “lo que hace es cambiar el foco” y, de mirar “demasiado al mercado del corto plazo”, el precio diario, empieza “a mirar en los mercados a plazo, más largos”. 

Por un lado, incentivando los contratos bilaterales a largo plazo de energía renovable o PPA, de los que España es líder europeo ya desde hace años. La reforma plantea que los Gobiernos los incentiven pero “a ninguno de los dos se les obliga a hacer nada”.

La otra vía son los llamados contratos con diferencias, mediante contratos organizados por los Estados a través de subastas como las que se hacen en España desde hace años (la última se quedó prácticamente desierta). 

Según Alba, de las subastas que se han lanzado hasta ahora (las primeras las lanzó el PP), “si no me equivoco, no se ha construido nada, no ha habido ni un megavatio de generación que haya empezado a funcionar”, aun a riesgo de perder los avales depositados en su momento por los promotores. Los ganadores en esas subastas, según este directivo, han decidido ir al mercado en lugar de cobrar ese precio regulado.

La demanda, el “gran problema”

El responsable de Regulación de Endesa insistió en que en España, el “gran problema” es la falta demanda, con el consumo eléctrico en mínimos de 20 años y dudas sobre si en 2024 llegará a la recuperación pese a la apuesta por la electrificación.

Alba señaló que hay ya potencia renovable solicitada para cumplir los objetivos que recoge el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) “en muchos años”. Pero “la mayor parte de esa energía la vamos a tener que tirar” porque “no hay demanda”.

Una de las razones, “que no tenemos capacidad de red suficiente” para atender potenciales proyectos de grandes consumidores.

Su homólogo en Iberdrola consideró “fundamental” acelerar tramitaciones de parques y líneas de transmisión y reforzar la red para poder dar entrada a esos proyectos: por esos “retrasos”, afirmó Patxi Calleja, “no estamos dando accesos hoy a demanda industrial que ha solicitado accesos y estamos hablando de solicitudes por el 15 o 20% de la demanda eléctrica”. 

El responsable de Regulación de Iberdrola reclamó “proteger” los PPAs para que no se vean afectados los precios pactados por medidas tomadas a posteriori, porque el consumidor industrial “tiene miedo” de que cambie su estructura de costes con las renovables que contrata.

En este punto coincidió Darío López, director general de Solaria, que lamentó la reintroducción este año de impuestos como el del 7% a la generación, que aseguró que es “una distorsión sobre contratos ya firmados con los que no contábamos” que “destroza totalmente los números”, pese a que la exención de ese tributo siempre fue una medida de carácter temporal. 

Al igual que el responsable de Regulación de Iberdrola, el directivo de Solaria reclamó que se refuerce el almacenamiento y pidió aliviar la fiscalidad de la electricidad, que según Calleja soporta en España 60 figuras impositivas distintas. López también reclamó reforzar interconexiones porque sin ellas no puede haber un verdadero mercado europeo.

Pocas horas después de ese debate, la vicepresidenta Teresa Ribera reconocía en la sesión de control en el Senado que la reforma pactada en diciembre no tiene todo el alcance que le hubiera gustado al Gobierno de España. 

España, recordó Ribera, aboga por una reforma integral que permita un desarrollo igual en los 27 Estados miembros de los mercados de almacenamiento, de la disponibilidad para poder aprovechar mejor las infraestructuras de transporte energético para dar continuidad y atractivo a las inversiones en energías renovables, “que no se vean volcadas o forzadas a verter aquello que no se consume en un determinado momento”.

“Nos hubiera gustado, en efecto, paliar ese efecto del mercado marginalista que retribuye al precio más alto”, reconoció la titular de Transición Ecológica, que afirmó que España ha hecho esto a través de medidas domésticas, como ha sido la reforma de la tarifa regulada, dando estabilidad a medio y largo plazo, incorporando la referencia al precio del mercado a plazo. 

“Esto nos permite ver cómo España ofrece hoy unos precios a medio y largo plazo mucho más competitivos, mucho más bajos que los del resto de Europa”, subrayó Ribera.

El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a Iberdrola Generación, una de las antiguas filiales del grupo Iberdrola, y a cuatro de sus directivos acusados de un delito relativo al mercado y a los consumidores por haber ideado un sistema para incrementar el precio de la electricidad entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, en plena ola de frío.

El juez José Manuel Fernández Prieto afirma que la ley amparaba a la compañía para subir el precio de la electricidad y desacredita las conclusiones del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que señaló que la compañía manipuló el mercado y en el que se basaba la acusación de la Fiscalía Anticorrupción.

Era el primer juicio por presunta maquinación para alterar el precio de la luz al que se enfrentaba una empresa del sector. Fueron juzgados por del delito 281 del Código Penal, que sanciona al que sustraiga del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de forzar una alteración de precios o de perjudicar gravemente a los consumidores.

El fiscal pedía penas de dos años de prisión para los directivos y una multa de 5,4 millones de euros para Iberdrola al considerar que la compañía infló “sin causa legítima ni justificada” el precio de la luz en el período citado y, con ello, “perjudicó” a los consumidores y otros agentes del mercado. A su juicio, subió artificialmente los precios ofertados por sus centrales hidroeléctricas para que buena parte de su energía se quedase fuera de la casación del mercado diario en favor de otras centrales más caras, como el gas, dando lugar, de esa forma, a un alza de los precios de la energía eléctrica.

Pero la sentencia, fechada el 4 de enero, rebate que los precios de la energía hidroeléctrica en el tiempo de los hechos enjuiciados era “libre” para todas las compañías generadoras con la única limitación de no poder alcanzar los 180 euros el megavatio hora. Según el juez, “no consta acreditado, y ni tan siquiera se alega por las acusaciones en sus escritos de acusación” que el precio de la energía hidroeléctrica ofertada alcanzara esos 180 euros. Y, en consecuencia, subraya que “resulta francamente harto complicado apreciar la existencia de un delito por la realización de algo que no estaba prohibido y por tanto se encontraba legalmente permitido”.

El juez analiza en su resolución las periciales expuestas durante el juicio por los peritos de la CNMC, que afirmaron que otras compañías energéticas también ofertaron en esas fechas la energía hidroeléctrica por encima de los 80 euros megavatio hora y que, sin embargo, a esas otras empresas no se considera que hubieran cometido el delito. Y eso a pesar, dice el juez, de que “el único dato objetivo es el mismo”: ofertar por encima de los 80 euros el megavatio.

La acusación de la Fiscalía se basó en las conclusiones del informe de la CNMC, que determinó que la eléctrica manipuló el mercado y le impuso por ello una multa de 25 millones de euros que está suspendida a la espera de cómo acabara este juicio. El regulador calculó que la “conducta” de Iberdrola provocó un incremento del precio del mercado diario estimado en 7,2 euros el megavatio hora.

Pero el juez reduce las conclusiones de ese estudio a “meras estimaciones subjetivas” y afea a la CNMC haber realizado un “juicio de valor” en base a “un procedimiento poco claro”, pues los propios técnicos admitieron durante el juicio que no habían utilizado antes de estos hechos, ni posteriormente a los mismos el método usado para calcular el “precio razonable” al que Iberdrola debía haber ofertado su energía e imputarle una manipulación del mercado.

Según el juez, el regulado utilizó “un sistema ad hoc creado exclusivamente para este caso en concreto”. Y añade: “Se trata de meros estudios de probabilidad futurista en la que nunca se explican por los peritos los criterios de razonabilidad que alegan, ni por que se toman en consideración unos periodos temporales de comparación y no otros”. Esta fue precisamente una de las tesis de defensa de los acusados, que calificaron “inédito” el método utilizado.

Sin relación con el déficit de tarifa

El incremento de los precios se produjo después de que las empresas del sector constataran que el Estado finalmente no pondría los 3.600 millones de euros del déficit de tarifa que habría de cubrirse antes del siguiente 1 de enero. También coincidió con las semanas previas a la subasta de electricidad con la que hasta entonces se fijaba la tarifa doméstica (actualmente conocida como PVPC). Esa subasta fue finalmente suspendida por la CNMC “ante la concurrencia de circunstancias atípicas en el desarrollo de la misma y en un contexto de precios elevados”. Pero el magistrado desvincula esos hechos del aumento de los precios y no considera acreditado que las ofertas de la energía hidráulica realizada por Iberdrola fuera adoptada como “represalia”.

Al contrario, señala que las declaraciones en el juicio del entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, y del secretario de Estado, Alberto Nadal, dejan patente que existieron tensiones por dicho hecho pero que no fueron mayores que otras que habitualmente mantenían con las energéticas. La sentencia del Juzgado Central de lo Penal puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El primer juicio contra una compañía eléctrica celebrado en España por presunta manipulación del precio de la luz avista ya el final. Tras la exposición de las conclusiones de las acusaciones, este miércoles se inició en la Audiencia Nacional el turno de las defensas de los acusados: Iberdrola Generación y cuatro de sus altos cargos, que se exponen a una petición de dos años de cárcel por parte de la Fiscalía. Intervinieron los abogados de dos de los directivos, que pidieron su absolución y trataron de desacreditar las conclusiones del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que señaló que la compañía manipuló el precio de la luz y que es la principal arma de las acusaciones. 

El primero en intervenir fue Gonzalo Rodríguez-Mourullo, abogado de Ángel Chiarri, el directivo de más rango que se sienta en el banquillo. “Hay un clamoroso vacío probatorio”, se quejó el letrado en los primeros minutos de su alegato, en el que pidió la absolución de su cliente. El letrado afirmó que el “núcleo” del planteamiento del fiscal “no está en absoluto acreditado” y lamentó que se hubieran trasladado al ámbito penal “de manera artificiosa” hechos con “rasgos administrativos”. “Las acusaciones tienen una situación dramáticamente precaria en cuanto a la prueba practicada. No hubo estratagema”, dijo después la defensa de otro de los directivos, Gregorio Relaño. 

Ambos abogados cargaron contra la postura de las acusaciones y, especialmente, del fiscal Antonio Romeral, que había dejado claro un día antes que no admitía las alegaciones exculpatorias de Iberdrola y los directivos acusados y mantuvo la petición de condena que figura en el escrito de acusación que presentó en 2021: dos años de cárcel para los altos cargos y una multa para la compañía. No obstante, esa petición de multa sí quedó rebajada de 84,9 millones de euros a 5,4 para adecuarla a la regulación que estaba en vigor en el momento de los hechos. 

Según Romeral, Iberdrola “ideó” y “puso en funcionamiento” un sistema para incrementar el precio de la energía de manera “no justificada” entre el 29 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013 y los directivos implicados fueron los encargados de su “ejecución”. Esa maniobra consistió supuestamente en subir de manera artificial los precios ofertados por las centrales hidroeléctricas de Duero, Sil y Tajo, propiedad de Iberdrola, para que buena parte de su energía se quedase fuera de la casación del mercado diario en favor de otras centrales más caras, como el gas. 

Es un planteamiento que rechazan las defensas. Para ello, tanto el abogado de Chiarri, el que fuera director de Gestión de la Energía —ya jubilado—; como el de Relaño, que durante el período de los hechos era responsable de Optimización, se esforzaron en desacreditar las conclusiones del informe de la CNMC sobre el que se ha basado la acusación de la Fiscalía. Ese informe determinó que la eléctrica manipuló el mercado y le impuso por ello una multa de 25 millones de euros que está suspendida a la espera de cómo acabe este juicio. 

El regulador calculó que la “conducta” de Iberdrola Generación provocó un incremento del precio del mercado diario estimado en 7,2 euros el megavatio hora. En contraposición, Rodríguez-Mourullo calificó de “inédito” el método por el regulador para calcular el “precio razonable” al que Iberdrola debía haber ofertado su energía e imputarle una manipulación del mercado. Y justificó que el modelo utilizado por la compañía fue consistente con el utilizado en periodos anteriores y similar al que habitualmente emplean el resto de los productores en el mercado diario. 

Por su parte, el abogado de Relaño dijo que el sistema utilizado por la CNMC era “una simplificación”. “No se puede hacer un informe pericial que determine la oferta más razonable en cada una de las horas del día”, afirmó este abogado, que tiró de sarcasmo para referirse como “seres de luz” a las funcionarias del regulador que participaron en el expediente contra Iberdrola y también actuaron como peritos a petición del juez que instruyó la causa penal contra la compañía en la Audiencia Nacional. Ambas también comparecieron como testigos y afirmaron que no encontraron “justificación lógica” a la conducta de Iberdrola en 2013.

Rodríguez-Mourullo también dijo que el informe del regulador partía de una “distorsión inevitable”, pues no tuvo en cuenta que hubo una ciclogénesis explosiva [fuerte borrasca con rachas de viento de hasta 140 kilómetros por hora y lluvias de hasta 80 litros por metro cuadrado] que no estaba prevista y “lo cambió todo”. 

El martes, el fiscal había tratado el martes de revertir una de las principales líneas de defensa de los acusados, que argumentaron —entre otras cuestiones— que fue la “sequía persistente” y la previsión de falta de lluvias lo que les aconsejó “guardar” el agua de sus embalses y no sacarla al mercado. Es una tesis que el fiscal considera “injustificada”, pues al empezar diciembre las reservas de agua acumuladas en esos embalses eran “superiores” a las del mismo período de 2012 y “parejas” a las de 2011.

A este respecto, el abogado de Chiarri reconoció que las reservas “estuvieron en máximos históricos”, pero aseguró que en diciembre sufrieron un “descenso vertiginoso”. Y dijo que, de haber mantenido el ritmo de producción, podría haber habido problemas de suministro. También otorgó total relevancia al hecho de que en los registros en las sedes de la compañía que realizó la Guardia Civil durante la fase de instrucción no se encontró “ningún documento” en el que se pusiera de manifiesto cómo se habían gestado esas decisiones sobre “el supuesto cambio irregular de producción”. 

“Una mera conjetura”

El incremento de los precios objeto de investigación se produjo después de que las empresas del sector constataran que el Estado finalmente no pondría los 3.600 millones de euros del déficit de tarifa que habría de cubrirse antes del siguiente 1 de enero. También coincidió con las semanas previas a la subasta de electricidad con la que hasta entonces se fijaba la tarifa doméstica (actualmente conocida como PVPC). Esa subasta fue finalmente suspendida por la CNMC “ante la concurrencia de circunstancias atípicas”.  

Es una circunstancia por la que el fiscal pasó de puntillas en su exposición del martes. Romeral recordó que, durante el procedimiento, se enmarcó la subida de los precios “en un posible enfrentamiento con el Gobierno” e incluso como una suerte de “venganza” ante la decisión del Ejecutivo que entonces dirigía Mariano Rajoy en relación al déficit de tarifa. El fiscal, no obstante, se limitó a afirmar que considera “posible” que Iberdrola actuara en este caso con el objetivo de “influir en la economía y presionar al Gobierno”, aunque evitó establecer una relación directa entre ambos acontecimientos. 

El asunto, sin embargo, no pasó desapercibido para las defensas. “Es una mera conjetura huérfana de toda prueba, ni siquiera corroborada por quien pudiera haberlo hecho”, dijo el abogado de Chiarri en alusión al exministro José Manuel Soria y su entonces ‘número dos’, Álvaro Nadal. En sus declaraciones como testigos, ambos reconocieron que la retirada del déficit de tarifa “no gustó al sector y dio lugar a controversia” con las principales eléctricas pero desvincularon esa decisión de la escalada de precios. 

“El representante del Ministerio Fiscal nos habló de la subasta CESUR, de la polémica sobre el déficit de tarifa, del agua desaguada en 2021… Hay más cuestiones fácticas fuera de su escrito de acusación que dentro”, dijo el letrado de Relaño, que también muy crítico con la acusación ejercida por Facua, que calificó de “frívola”. La organización de consumidores mantuvo la petición de tres años de cárcel para cada uno de los directivos y aseguró en su informe que las “pruebas” expuestas durante la vista oral acreditan que la conducta de los acusados “no se sustenta en causa, legal o ambiental que la justifique o ampare”. No acudió a la sesión de este miércoles. 

Está previsto que este jueves realicen sus informes las defensas de los otros dos directivos que se sientan en el banquillo y de Iberdrola como persona jurídica. Durante su interrogatorio, el representante legal de la compañía defendió que la eléctrica actuó “de forma consistente” en un sistema “liberalizado” y negó que urdiera una estrategia para elevar el coste de la energía. Tras sus intervenciones los acusados podrán ejercer su derecho a la última palabra y el juicio quedará visto para sentencia.

El juicio contra Iberdrola por supuesta manipulación del mercado de la electricidad encara su recta final en la Audiencia Nacional tras más de un mes de interrogatorios a acusados, testigos y peritos. Acusaciones y defensas deben presentar sus escritos de conclusiones definitivas antes de que el proceso quede visto para sentencia. La Fiscalía Anticorrupción expuso este martes las suyas, en las que mantuvo que la compañía infló “sin causa legítima ni justificada” el precio de la luz entre el 29 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013  y, con ello, “perjudicó” a los consumidores y otros agentes del mercado. 

El fiscal anticorrupción Antonio Romeral mantuvo la petición de dos años de prisión e inhabilitación para cuatro de sus directivos, a los que señaló como quienes “tomaban las decisiones de forma autónoma respecto a los administradores de la compañía”. Respecto a Iberdrola Generación, el fiscal destacó su “dejación” y “falta de control” respecto a la actuación de esos altos directivos. No obstante, la solicitud de multa inicial de 84,9 millones de euros para la compañía quedó rebajada a 5,4 millones de euros. En su exposición, el fiscal explicó que su escrito de acusación inicial no tuvo en cuenta la redacción que tenía en el momento de los hechos el artículo 281 del Código Penal, que fue reformado posteriormente para ampliar la responsabilidad de las personas jurídicas. 

Durante más de hora y media, el representante del Ministerio Público trató de apuntalar su acusación, que defiende que la compañía llevó a cabo “un ardid o maquinación” que provocó un “incremento injustificado” del precio de un “bien de primera necesidad” como es la energía eléctrica. Esa maniobra consistió supuestamente en subir de manera artificial los precios ofertados por las centrales hidroeléctricas de Duero, Sil y Tajo, propiedad de Iberdrola, para que buena parte de su energía se quedase fuera de la casación del mercado diario en favor de otras centrales más caras, como el gas. 

Romeral, ‘número dos’ de Anticorrupción, trató de revertir una de las principales líneas de defensa de los acusados, que argumentaron —entre otras cuestiones— que fue la “sequía persistente” y la previsión de falta de lluvias lo que les aconsejó “guardar” el agua de sus embalses y no sacarla al mercado. Es una tesis que el fiscal considera “injustificada”, pues al empezar diciembre las reservas de agua acumuladas en esos embalses eran “superiores” a las del mismo período de 2012 y “parejas” a las de 2011. A pesar de la existencia de esas reservas, el nivel de producción “se bajó sin causa justificada”, afirmó el fiscal. “Podemos dar las vueltas que sea, pero no está justificado este nivel de producción”, amplió. 

En otro momento de su intervención, trató de evidenciar cómo Iberdrola actuó en el período analizado de manera diferente a cómo lo hizo después en “casos semejantes”. En este punto sacó a relucir el caso del verano de 2021, cuando desagüó sus embalses de cara al otoño a pesar de que la AEMET calificó ese año como “muy cálido y seco en Galicia, Castilla y León y Extremadura”, según su relato. “Entonces no se preservó el agua como se nos dice respecto a diciembre [de 2013]. La realidad es que había producible [las lluvias esperadas], lo hubo y era predecible que lo hubiese”, afirmó Romeral. 

El incremento de los precios se produjo después de que las empresas del sector constataran que el Estado finalmente no pondría los 3.600 millones de euros del déficit de tarifa que habría de cubrirse antes del siguiente 1 de enero. También coincidió con las semanas previas a la subasta de electricidad con la que hasta entonces se fijaba la tarifa doméstica (actualmente conocida como PVPC). Esa subasta fue finalmente suspendida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) “ante la concurrencia de circunstancias atípicas en el desarrollo de la misma y en un contexto de precios elevados en el mercado diario durante las semanas previas”. 

Es una circunstancia por la que el fiscal pasó de puntillas en su exposición. Romeral recordó que, durante el procedimiento, se enmarcó la subida de los precios “en un posible enfrentamiento con el Gobierno” e incluso como una suerte de “venganza” ante la decisión del Ejecutivo que entonces dirigía Mariano Rajoy en relación al déficit de tarifa. El fiscal, no obstante, se limitó a afirmar que considera “posible” que Iberdrola actuara en este caso con el objetivo de “influir en la economía y presionar al Gobierno”, aunque evitó establecer una relación directa entre ambos acontecimientos.

Cinco semanas de juicio

Durante cinco semanas han desfilado por la sala de vistas ubicada en la última planta del edificio que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid) más de una treintena de personas entre directivos de la compañía —los cuatros acusados y varios testigos—, representantes de comercializadoras de electricidad, trabajadores del sector y peritos especializados. También compareció como testigo el que fuera ministro de Industria durante el periodo investigado, José Manuel Soria. En su intervención, reconoció que el precio de la energía tuvo un precio “inusual” durante el período objeto de enjuiciamiento. Una sospecha de que “algo raro” estaba pasando que, según dijo, llevó al equipo que estaba en ese momento al frente de Industria a solicitar una investigación a la CNMC. 

En un primer informe, del 20 de diciembre, el regulador constató la existencia de “circunstancias atípicas” y anuló la subasta de electricidad de la que debía salir el precio a pagar por los consumidores en el siguiente trimestre. Dos años después, en noviembre de 2015, el regulador acabó determinando que la eléctrica había manipulado el mercado y le impuso por ello una multa de 25 millones de euros. La sanción, que está suspendida a la espera de cómo termine el procedimiento penal, fue por una práctica fraudulenta que tuvo un impacto estimado en el mercado eléctrico de unos 105 millones, según el regulador.

Las conclusiones de ese informe sustentan parte de la acusación contra Iberdrola por un presunto delito contra el mercado y los consumidores por el que, una década después, se han sentado en el banquillo una de las antiguas filiales del grupo Iberdrola, Iberdrola Generación, y cuatro de sus altos cargos. El fiscal también apuntó contra el principal argumento de la compañía, cuyo representante legal aseguró que había actuado “de forma consistente en un mercado liberalizado” y no había habido “ninguna manipulación”. “Hay una libertad de fijación de precios pero éste debe estar justificado”, dijo Romeral, que aludió a la “intencionalidad” con la que, según su criterio, actuó la eléctrica ante una conducta que no fue “ocasional”, pues se mantuvo en el tiempo.

Una de las sesiones más relevantes del juicio fue la comparecencia de los técnicos de la CNMC, así como las de los peritos de las defensas. Ambos expusieron visiones totalmente opuestas, informa Europa Press. Los primeros defendieron que no encontraron “justificación lógica” a la conducta de Iberdrola en 2013. Los segundos, sin embargo, defendieron que la compañía actuó de forma “coherente” porque procuró ahorrar agua embalsada pensando en el futuro dado que se esperaba un incremento del precio del gas, por lo que en realidad buscó “el beneficio” de los consumidores.

En su intervención, el fiscal puso en cuestión el informe realizado por la consultora Nera a petición de la defensa. “No es un informe pericial ad hoc (...). Lo único que hace es comentar el informe de la CNMC, hacer una crítica a lo aportado por los peritos judiciales”, afirmó Romeral, que también cuestionó que no aportaran un “precio alternativo”. En contraposición, afirmó que los peritos de la CNMC sí calcularon en sus informes un “precio razonable” de venta de la energía.

Durante los interrogatorios, los acusados también se esforzaron en acotar la incidencia del factor humano en el sistema de fijación de precios. Lo hicieron con alusiones a complejos “modelos matemáticos” y “protocolos de actuación” que tienen en cuenta una diversidad de variables y previsiones meteorológicas. Y tanto ellos como los directivos que comparecieron como testigos evitaron señalar a ningún alto cargo en concreto como el responsable último de dar el ‘sí’ definitivo a las ofertas. Mucho menos a la cúpula de la compañía, a la que situaron al margen de las decisiones “ejecutivas”. 

También varios responsables de compañías comercializadoras de energía justificaron ese aumento de los precios que se ofertaron por la electricidad coincidiendo en señalar que había escasa producción eólica, centrales nucleares “indisponibles”, aumento del precio del gas y en general una bajada de las temperaturas que provocó un aumento de la demanda, informa Europa Press. Es una argumentación similar a la esgrimida por los altos cargos acusados. 

La asociación de consumidores Facua, que ejerce la acusación particular, también mantuvo la petición de tres años de cárcel para cada uno de los directivos. En su informe, el letrado afirmó que las “pruebas” expuestas durante la vista oral acreditan que la conducta de los acusados “no se sustenta en causa, legal o ambiental que la justifique o ampare”. Por su parte, la acusación particular de Geoatlanter, una empresa minorista de energía que ejerce la acusación particular, también elevó a definitivas sus conclusiones. Su abogado, el exjuez del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín afirmó que lo ocurrido en el período objeto de enjuiciamiento “no había pasado nunca, fue una cosa inédita e inusual”. Afirmó, además, que de las testimonios de los testigos recogidos durante la vista se concluye que se produjo una “excepcionalidad” que no surgió de “manera espontánea”.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha autorizado el cierre temporal de un total de cinco plantas eléctricas de ciclo combinado, en los términos contenidos en la solicitud presentada en mayo de 2017 por Naturgy Generación, aunque ha rechazado la petición de indemnización de la energética.

En concreto el cierre afectaba a los ciclos combinados de gas de Palos de la Frontera 1 y 3, en Huelva; los grupos 2 y 3 en Cartagena y un grupo en Sagunto (Valencia). En octubre del año pasado, el Tribunal Supremo asumió la tarea de analizar la falta de respuesta del Gobierno a la solicitud de Naturgy de cerrar de manera temporal estas plantas.

En su fallo, el alto tribunal estima parcialmente el recurso de Naturgy contra la desestimación por silencio administrativo de la solicitud de cierre temporal por cuatro años de este grupo de plantas que presentó la compañía el 25 de mayo de 2017 ante la Dirección General de Política Energética, primero, y al secretario de Estado de Energía, después, alegando que, debido al bajo factor de carga, las centrales se habían visto afectadas con rentabilidad económica muy inferior a la necesaria para recuperar la inversión.

Así, el Supremo concluye que los efectos del doble silencio administrativo en este caso son las determinadas por la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece que “cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa”, sin que sea de aplicación la excepción prevista en el propio precepto referida a los supuestos en que, como consecuencia de la estimación, se transfieran al solicitante o a terceros facultades de servicio público.

Sin derecho a indemnización

El tribunal desestima la segunda pretensión de la parte recurrente, que pedía que se reconociese su derecho a ser indemnizada por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del hecho de haber mantenido a disposición del sistema eléctrico las cinco centrales a que se refiere su recurso, en el período comprendido entre la fecha en que la Administración debió responder a su solicitud de cierre, es decir, desde el 25 de mayo de 2018, hasta el momento en que gane firmeza la sentencia que ponga fin a las presentes actuaciones.

Naturgy señalaba que el importe de la indemnización habría de fijarse en ejecución de sentencia, una vez que sea conocida la fecha en la que puede proceder al cierre de las centrales.

En este sentido, el Supremo argumenta que la parte recurrente no acompañó su demanda de documento alguno que justificase la procedencia de la indemnización que reclama, como exige el artículo 56.3 de la Ley de la Jurisdicción, ni tampoco hizo ninguna referencia a ningún extremo relacionado con dicha pretensión, ni propuso medio de prueba alguno al respecto, según exige el artículo 60.1 de la Ley de la Jurisdicción para los puntos de hecho necesitados de prueba, sino que difirió todo lo relativo a la prueba de los daños y su cuantía a la fase de ejecución de sentencia.

Por ello, la sala del tribunal considera que no cabe suplir la prueba de los daños durante la fase procesal destinada a ello, que es el período de prueba, por una remisión en bloque de toda esa actividad de acreditación de los hechos constitutivos de la pretensión a una fase posterior a la sentencia que debe pronunciarse sobre la realidad de los mismos.

El que fuera ministro de Industria durante el tarifazo eléctrico de 2013, José Manuel Soria, compareció este miércoles como testigo en el juicio al que se enfrenta Iberdrola en la Audiencia Nacional. En su intervención, reconoció que desde principios de diciembre de ese año —y coincidiendo con las semanas previas a la subasta de electricidad de la que debía salir el precio a pagar por los consumidores en el siguiente trimestre— los técnicos del ministerio comenzaron a detectar una “evolución inusual” en el precio de la energía. Y que fue esa sospecha de que “algo raro” estaba pasando lo que les llevó a solicitar una investigación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 

En un primer informe, del 20 de diciembre, ese organismo acabó suspendiendo la subasta “ante la concurrencia de circunstancias atípicas en el desarrollo de la misma y en un contexto de precios elevados en el mercado diario durante las semanas previas”. A preguntas del abogado de una de las acusaciones, Soria respondió que se había basado en las conclusiones de de ese proceso de información previa para afirmar, en su día, que había habido manipulación del mercado. “Eso lo que me debió de venir a mi cuando me preguntan [en una entrevista en ABC] si creo que ha habido manipulación y yo digo que creo que sí, que no lo puedo demostrar pero creo que sí”, sostuvo este miércoles ante la sala. 

Dos años después, en noviembre de 2015, el regulador determinó que la eléctrica había manipulado el mercado y le impuso por ello una multa de 25 millones de euros. Las conclusiones de ese informe sustentan parte de la acusación contra Iberdrola por un presunto delito contra el mercado y los consumidores por el que, una década después, se sientan en el banquillo una de las antiguas filiales del grupo Iberdrola, Iberdrola Generación, y cuatro de sus altos cargos. La sanción, que está suspendida a la espera de cómo termine el procedimiento penal, fue por una práctica fraudulenta que tuvo un impacto estimado en el mercado eléctrico de unos 105 millones, según el regulador.

Tensiones por el déficit de tarifa

La vista está centrada en las causas que motivaron esa subida de los precios, que las acusaciones consideran injustificado. Ese incremento se produjo a partir de finales de noviembre de 2013, después de que las empresas del sector constataran que el Estado finalmente no pondría los 3.600 millones de euros del déficit de tarifa que habría de cubrirse antes del siguiente 1 de enero. También coincidió con las semanas previas a la citada subasta de electricidad con la que hasta entonces se fijaba la tarifa doméstica (actualmente conocida como PVPC). Esas subastas fueron sustituidas por el sistema actual, basado en el precio horario del mercado.

Durante el interrogatorio a Soria, sobrevoló la posible vinculación entre esa escalada de precios y la decisión que entonces tomó el Gobierno de Mariano Rajoy de no cubrir con un crédito extraordinario el millonario déficit de tarifa. Fue una decisión que, según explicó, “no gustó al sector y dio lugar a controversia”. “La relación con las compañías era muy fluida, pero basada casi siempre en la discrepancia. Particularmente, con las integradas en [la patronal] Unesa, que recurrían prácticamente todas las disposiciones del Ministerio de Industria”, sostuvo el exministro.

No obstante, rechazó aludir a enfrentamientos con directivos concretos. Y, en este punto, dijo que no recordaba haber pedido “contención” al presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, tal y como publicó El Mundo. “Me sorprendería mucho yo le llamara la atención”, aunque sí reconoció que era habitual que hubiera “pareceres distintos” entre el Ministerio y las grandes eléctricas. 

La Fiscalía pide una multa de 84,9 millones

La tesis del Ministerio Público es que Iberdrola “ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda”. Y que fueron los directivos implicados los encargados de su “ejecución”. Esa supuesta maniobra consistió en subir de manera artificial los precios ofertados por las centrales hidroeléctricas de Duero, Sil y Tajo, propiedad de Iberdrola, para que buena parte de su energía se quedase fuera de la casación del mercado diario en favor de otras centrales más caras, como el gas. 

La “consecuencia” de este “artificio”, según el Ministerio Público, es que el precio de la energía se encareció en 7,2 euros el megavatio hora, lo que supuso para la “compañía” un beneficio de 21,2 millones de euros. Por estos hechos Anticorrupción solicita una multa de 84,9 millones para Iberdrola Generación, así como dos años de prisión e inhabilitación y una multa de casi 150.000 euros para cada uno de los directivos.  

Frente a esta argumentación, los acusados se esforzaron durante sus interrogatorios en acotar la incidencia del factor humano en el sistema de fijación de precios. Lo hicieron con alusiones a complejos “modelos matemáticos” y “protocolos de actuación” que tienen en cuenta una diversidad de variables y previsiones meteorológicas. Y tanto ellos como los directivos que comparecieron como testigos evitaron señalar a ningún alto cargo en concreto como el responsable último de dar el ‘sí’ definitivo a las ofertas. Mucho menos a la cúpula de la compañía, a la que situaron al margen de las decisiones “ejecutivas”. 

También los responsables de varias compañías comercializadoras de energía justificaron un aumento de los precios que atribuyeron a factores como la escasa producción eólica, centrales nucleares “indisponibles”, aumento del precio del gas y en general una bajada de las temperaturas que provocó un aumento de la demanda, informa Europa Press. 

En la sesión de este miércoles también compareció como testigo el ingeniero Jorge Morales de Labra, director de Geoatlanter, una empresa minorista de energía que ejerce la acusación particular. Según sus cálculos, la actuación de Iberdrola generó a su compañía un perjuicio de 902.000 euros. A preguntas de fiscal, Morales de Labra afirmó que el período analizado se dieron circunstancias como una situación metereológicamente adversa o el aumento de precio del gas natural, pero sostuvo que “todo aquello no explicaba por sí solo el súbito incremento de precio”. Morales de Labra dijo, además, que en enero de 2014, como se había guardado “tanta agua” en diciembre, hubo que “desembalsar” agua de los embalses que utilizan las compañías para producir energía hidroeléctrica.

El que fuera secretario de Estado de Energía durante el tarifazo eléctrico de 2013, Alberto Nadal, compareció este miércoles como testigo en el juicio al que se enfrenta Iberdrola en la Audiencia Nacional. En su intervención, Nadal se mostró “de acuerdo” con los “informes” de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que determinaron que la eléctrica manipuló el mercado y le impuso por ello una multa de 25 millones de euros, pero trató de desvincular esa escalada de precios de la decisión que entonces tomó el Gobierno de Mariano Rajoy de no cubrir con un crédito extraordinario el millonario déficit de tarifa.  

“Seguramente reaccionaron, pero no más que otros casos (...). El clima era de pedir explicaciones, pero no de confrontación”, dijo en diferentes momentos del interrogatorio en relación a la actitud de las compañías eléctricas tras esa decisión del Ejecutivo. El incremento de los precios que ha llevado al banquillo a Iberdrola y cuatro de sus directivos se produjo a partir de finales de noviembre de 2013, después de que las empresas del sector constataran que el Estado finalmente no pondría los 3.600 millones de euros del déficit de tarifa que habría de cubrirse antes del siguiente 1 de enero. También coincidió con las semanas previas a la subasta de electricidad de la que debía salir el precio a pagar por los consumidores en el siguiente trimestre y que fue anulada.

A este respecto, Nadal afirmó que no recordaba que en este caso se generara mayor controversia con las eléctricas que con otros. Y explicó que tras la decisión de retirar esa aportación “rápidamente” se inició un “diálogo” con las empresas para avanzar en la definición de posibles mecanismos de titulización de la deuda del sector eléctrico. “Entre recibir 2.200 millones [relativos a cubrir los desfases en la retribución renovable]  y generar una deuda titulizable, las empresas preferían el crédito. Pero buscamos una solución”, afirmó Nadal, que explicó que eran habituales las reuniones entre directivos del sector y miembros del Ministerio de Industria que entonces dirigía José Manuel Soria y del que él era ‘número dos’ cuando había algún cambio regulatorio. 

En este sentido, explicó que aunque desde su departamento se hacía un “seguimiento diario” de los precios, el análisis del mercado corresponde a la CNMC. Y que es este el organismo encargado de analizar cualquier “movimiento anómalo” de los precios para determinar si responde a condiciones de mercado o hay detrás algún tipo de actuación irregular. No obstante, aseguró que en el período en el que se produjo ese aumento de los precios que la Fiscalía considera injustificado se produjeron factores externos —anticiclón de frío, menos disponibilidad de las centrales de gas...— que creaban un “escenario malo”, si bien “no daba lugar necesariamente a una observación distinta a la de otros episodios”.

En este punto evitó respaldar las declaraciones de Soria, que cuando era ministro dijo en una entrevista en ABC que había habido una “una clara manipulación o actuaciones para modificar los precios”. “¿Está de acuerdo con esa afirmación?”, le preguntó el exjuez José Antonio Martín Pallín, que ahora ejerce como abogado y representa a una de las acusaciones particulares. “Lo que estoy de acuerdo es con los resultados de los informes de la CNMC que es la competente para decir si la subasta es competitiva”, respondió Nadal.

Este organismo multó a la compañía con 25 millones de euros por estos mismos hechos al apreciar una infracción “muy grave” de la Ley del Sector Eléctrico. La sanción, que está suspendida a la espera de cómo termine el procedimiento penal, fue por una práctica fraudulenta que tuvo un impacto estimado en el mercado eléctrico de unos 105 millones, según el regulador.

Con esa conducta que llevó a Iberdrola ante los tribunales, la empresa logró un beneficio que la CNMC estimó en 21,5 millones y que Anticorrupción cifra en 21,2 millones. Ese “artificio”, en expresión de la Fiscalía, coincidió con un contexto de escalada de precios en el denominado 'pool' eléctrico que forzó la anulación de la subasta trimestral (Cesur) con la que hasta entonces se fijaba la tarifa doméstica (actualmente conocida como PVPC). Esas subastas fueron sustituidas por el sistema actual, basado en el precio horario del mercado.

Nadal, que actualmente está destinado como representante de España en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue el decimocuarto testigo en el procedimiento abierto contra Iberdrola. Para este miércoles también estaba prevista la comparecencia de Soria pero fue aplazada por motivos de salud. A partir del próximo 14 de noviembre, el juicio se adentrará en una nueva fase: la de los peritos propuestos por las partes. Las acusaciones dan total relevancia a las declaraciones de los técnicos de la CNMC, que confrontarán las tesis de la compañía. También comparecerán otros expertos que tratarán de apuntalar la versión de Iberdrola de que no hubo alteración de los precios. 

Tanto la compañía —encausada como persona jurídica— como los cuatro altos cargos negaron durante los interrogatorios las maniobras que les atribuye la Fiscalía Anticorrupción para inflar artificialmente el precio de la luz y lograr un beneficio multimillonario en perjuicio de los consumidores. Para sostener su tesis, los implicados se parapetaron tras los factores externos y los “modelos matemáticos” que utilizan los equipos a su cargo para fijar las ofertas al mercado mayorista de electricidad y evitaron señalar a ningún directivo en concreto como el responsable último de dar el ‘sí’ definitivo a la ofertas. Mucho menos a la cúpula de la compañía, a la que situaron al margen de las decisiones “ejecutivas”. 

Comercializadoras de otras compañías eléctricas

Los responsables de las compañías comercializadoras de energía que declararon el martes justificaron ese aumento de los precios que se ofertaron por la electricidad coincidiendo en señalar que había escasa producción eólica, centrales nucleares “indisponibles”, aumento del precio del gas y en general una bajada de las temperaturas que provocó un aumento de la demanda, informa Europa Press. Es una argumentación similar a la esgrimida por los altos cargos acusados.

En esa cuarta sesión del juicio desfilaron ante el juez hasta seis testigos. Uno de ellos fue Adolfo Javier de Rueda, directivo de Endesa, que puso el foco en que en esos momentos de finales de 2013 se dio también un acontecimiento relevante y es que la empresa estatal de gas de Argelia, uno de los principales proveedores de España, dejó de suministrar gas: “Por eso subió el precio (de este combustible) y en consecuencia subieron los precios de la energía eléctrica en España”.

Tras explicar que en Endesa la mayor parte de la energía producida se vende de forma bilateral a su propia comercializadora, por lo que su caso es considerablemente distinto al de Iberdrola, De Rueda confirmó que en ese mes de diciembre se sufrió sequía por falta de lluvias. Por otro lado, el directivo de Endesa señaló al plenario que existe una correlación entre el precio del mercado diario y el conocido como “hueco térmico”, que es aquella energía que debe ser producida por centrales térmicas, y que en esas fechas hubo más hueco por la mayor demanda y la menor producción, lo que provocó una mayor “presión” sobre el precio del gas.

Añadió que en Endesa ocurre como en Iberdrola y el resto de compañías, y es que el precio de la hidroeléctrica se sitúa teniendo en cuenta el coste del carbón o del gas por la regla del conocido como coste de oportunidad dado que es un bien escaso.

EDP no se vio afectado por subida de precios internacionales

Por su parte, Rodrigo Fernández, responsable de mercados de EDP, coincidió en señalar que en esa época no llovía, que se retrasaban las lluvias y que empezaron a tener problemas de suministro. También culpó a los mercados internacionales de la subida del precio del gas, algo que, añadió, provocó aumentos de precios en el mercado eléctrico porque “lo marca las centrales térmicas y al subir el gas los demás actores subieron precios”.

Con todo, apuntó que EDP no se vio afectado sobremanera por esas subida del mercado porque tienen referenciado el gas al barril de 'brent' dado que compran reservas, aunque sí que recordó que ese acumulado se fue agotando por la demanda y al acudir al mercado a corto los precios siempre son “notablemente más caros”.

Impacto menor para Acciona

El responsable de Acciona, Santiago Gómez, coincidi´ con el resto a la hora de describir la situación que se vivió a finales de 2013, y apuntó que en el caso de su compañía, que al igual que el resto además de producir energía debe comprar en el mercado, sí que pagaron más en esa época que se investiga aunque apuntó que de cara a su resultado global el impacto fue “menor” porque suelen hacer compras con anterioridad y referenciadas a mercados a futuro.

El que era por entonces responsable del sector en Gas Natural y que ya no trabaja para esa compañía ha señalado que transcurrido tanto tiempo solo recuerda que en 2013 hubo una subida del precio mayorista en el mercado pero que en la gasista no entraron a analizar las razones.

Al hilo, y preguntado por los alrededor de 3 millones que pudo costar a su compañía el aumento de los precios —tal y como sostuvo en su declaración en instrucción— explicó que Gas Natural acudía en esa época a las denominadas subastas CESUR, que era una subasta que fijaba el precio de la electricidad en las tarifas reguladas, y que procuraban cubrir el 100% de la demanda.

Recordó que a finales de 2013 se les adjudicó sólo el 80% por lo que quedaron expuestos al mercado en un 20%, cifra que explica el coste que señaló en instrucción. Con todo, afirmó que la subasta era trimestral y que la que afectaba a diciembre fue la que se produjo en septiembre.

“Nadie lo aprobaba, se plasmaba en el plan semanal”

En esta jornada comparecieron además dos trabajadoras de Iberdrola por su relación con el sistema por el que la compañía designaba precios a cada tipo de energía que ponía en el mercado. Cabe recordar que se celebraba una reunión semanal en la que participaban, según señalaron también este martes, técnicos de la energética y de la que salía un plan semanal con los precios a los que vendían.

En este sentido, Paloma Garbayo, que era 'trader' en esa reunión —los que analizaban todas las variables y calculaban con el sistema matemático el precio—, señaló que su jefe directo era uno de los encausados, Javier Paradinas, pero que éste no tenía la última palabra sobre los precios: “Nadie lo aprobaba, se plasmaba en el plan semanal y los expertos valoraban si los cálculos realizados eran consistentes”. Además, a preguntas de la defensa de Paradinas, señaló que con la cantidad de ofertas que se contemplaban (por cada día de la semana y por cada hora para cada central) es “impensable totalmente” que nadie decidiera cada uno de los precios.

Iberdrola Generación, una de las antiguas filiales del grupo Iberdrola, y cuatro de sus altos cargos han afrontado la primera de las siete semanas que tiene previsto extenderse su juicio por presunta manipulación del precio de la luz, el primero de estas características al que se enfrenta una empresa del sector. Por la sala de vistas ubicada en la última planta del edificio que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid) han desfilado hasta el momento una decena de directivos de la compañía, entre acusados y testigos. Y, sin matices, todos han defendido la misma versión: las maniobras que les atribuye la Fiscalía Anticorrupción para inflar artificialmente el precio de la luz en 2013 y lograr un beneficio multimillonario en perjuicio de los consumidores nunca existieron. 

“No hay ninguna conducta imputable a Iberdrola, que actuó de forma consistente en un mercado liberalizado. No ha habido ninguna manipulación”, afirmó desde el banquillo el director de los servicios jurídicos de Iberdrola España, que intervino en nombre de la eléctrica. Para sostener esa tesis, los implicados se parapetaron tras los “modelos matemáticos” que utilizan los equipos a su cargo para fijar las ofertas al mercado mayorista de electricidad y evitaron señalar a ningún directivo en concreto como el responsable último de dar el ‘sí’ definitivo a la ofertas. Mucho menos a la cúpula de la compañía, a la que situaron al margen de las decisiones “ejecutivas”. 

Por contra, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que Iberdrola “ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda”. Y que fueron los directivos implicados los encargados de su “ejecución”. Esa supuesta maniobra consistió en subir de manera artificial los precios ofertados por las centrales hidroeléctricas de Duero, Sil y Tajo, propiedad de Iberdrola, para que buena parte de su energía se quedase fuera de la casación del mercado diario en favor de otras centrales más caras, como el gas. 

La “consecuencia” de este “artificio”, según el Ministerio Público, es que el precio de la energía se encareció en 7,2 euros el megavatio hora, lo que supuso para la “compañía” un beneficio de 21,2 millones de euros. Por estos hechos Anticorrupción solicita una multa de 84,9 millones para Iberdrola Generación, así como dos años de prisión e inhabilitación y una multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros para cada uno de los directivos.  

Frente a la argumentación de las acusaciones, los altos cargos se esforzaron en acotar la incidencia del factor humano en el sistema de fijación de precios. Lo hicieron con alusiones a complejos “modelos matemáticos” y “protocolos de actuación” que tienen en cuenta una diversidad de variables y previsiones y tratando de llevar a los interrogatorios a un terreno muy técnico, lo que provocó incluso que en ocasiones el juez se reconociera “ignorante” en la materia y les pidiera concreción en sus argumentos.  

“¿Quién fijaba el precio entonces, una máquina?”, llegó a preguntar el fiscal anticorrupción, Antonio Romeral, ante las explicaciones del directivo de más rango implicado, Ángel Chiarri, interrogado durante la primera sesión. “Prácticamente sí, una herramienta informática”, respondió el acusado. “No es una persona con un lápiz y un papel en blanco (...). Todo el proceso está armado para evitar la irracionalidad de una persona”, añadió después a preguntas de una de las acusaciones. 

En las sucesivas declaraciones, el resto de implicados intentaron, en cierto modo, matizar esas palabras. Y, sobre todo, insistieron en que en esos cálculos automatizados tienen mucho que ver las previsiones meteorológicas, que sí realizan sus técnicos. Es una apreciación también hecha por Chiarri, que había destacado la “gran dificultad” de hacer esas estimaciones, y que va en la línea de apuntalar la versión de la eléctrica de que el aumento de los precios se debió sólo a criterios técnicos y factores externos. 

De hecho, esa es otra de las líneas de defensa de Iberdrola: si la compañía ofreció entre el 29 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013 el agua de sus embalses a precios superiores a los que lo había hecho unos días antes y la dejó, en consecuencia, fuera del mercado, fue porque hizo una “gestión prudente” de ese recurso ante la “sequía persistente”, pues se habían encadenado 43 días sin llover. Y en un contexto en el que sus modelos de previsiones les decían que durante los meses siguientes las lluvias serían escasas. “La historia nos decía que siempre que diciembre era seco, el 100% de los eneros lo eran y el 85% de los febreros”, ejemplificó Gregorio Relaño, que durante el período de los hechos era responsable de Optimización. 

Es una argumentación que choca con los datos acreditados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ya multó a la compañía con 25 millones de euros por estos mismos hechos. Esa sanción está suspendida a la espera de cómo termine el procedimiento penal. Según el regulador, al empezar diciembre las reservas de agua acumuladas en los embalses de la compañía eran “superiores” a las que había en los años precedentes y este nivel superior se mantuvo durante todo el mes. 

Capacidad de los embalses

Pero ante el juez, los implicados defendieron que como el agua es un recurso limitado y no puede comprarse en el mercado, su uso viene determinado no tanto por las reservas sino por el llamado producible hidráulico, que son las aportaciones de agua de lluvia. Así que, aunque los embalses estaban llenos, el precio de la oferta se disparó ante las previsiones de escasas lluvias. En su expediente, la CNMC recuerda que los datos del producible de la primera semana de diciembre para el conjunto de las tres cuencas apenas eran inferiores en 2013 respecto a los años precedentes y que, en todo caso, su impacto podía considerarse “muy reducido” frente al volumen de reservas acumuladas.

Más allá de las constantes alusiones a los criterios técnicos, tanto acusados como testigos explicaron que la decisión sobre los precios se tomaba en las reuniones del llamado plan semanal, donde participan el trader, un cargo técnico rotatorio que se encarga de hacer la propuesta concreta, así como diferente personal de los departamentos de Mercados y Planificación. Y, a pesar de su insistencia, el fiscal no logró que ninguno de los acusados ni testigos señalara a ningún directivo en concreto como el responsable último de dar el aval definitivo a la oferta con la que la empresa acudía al mercado mayorista.

“¿Quién dice adelante con esa propuesta [de la reunión del plan semanal]?”, preguntó Romeral a Javier Paradinas, uno de los implicados. El ejecutivo respondió que se aprobaba “colegiadamente” y que después se enviaba a “toda la dirección”, con lo que se suponía su “aceptación tácita”, aunque no señaló a nadie en concreto.

Esta versión fue refrendada también por uno de sus subordinados que en el momento de los hechos hizo durante una semana las funciones de trader. Este directivo reiteró que, tras las propuesta técnica, la “decisión” se tomaba de “forma colegiada” por todos los asistentes a esa reunión y que si nadie estaba en contra se “circulaba” a la cadena de mando, que tenía como último eslabón al citado Ángel Chiarri. Después, a preguntas de la defensa de este último concretó que no es factible que “alguien” indique cómo proceder ante cada una de las ofertas, pues se trata de “miles de números”. 

Durante las próximas semanas, está previsto que sigan compareciendo testigos propuestos por las partes. El próximo 25 de octubre está citado el exministro José Manuel Soria, que ya compareció en la fase de instrucción, cuando afirmó que había habido una clara manipulación de los precios. A partir del próximo 14 de noviembre, el juicio se adentrará en una nueva fase: la de los peritos propuestos por las partes. Las acusaciones dan total relevancia a las declaraciones de los técnicos de la CNMC, que confrontarán las tesis de la compañía. También comparecerán otros expertos que tratarán de apuntalar la versión de Iberdrola de que no hubo alteración de los precios. 

¡Buenos días!

¿Cómo estás? Nosotros estamos consternados con lo que está ocurriendo, una vez más, en Gaza. Es la enésima crisis entre Palestina e Israel que volverá a pagar, sobre todo, la ya castigada población palestina. Cuando era muy joven, me encantaban los cómics de Joe Kubert, creador de personajes como Sgto. Rock y director de la línea bélica de la editorial DC. Kubert mostraba la guerra tal y como es: cruda, injusta y terrible. Cada uno de sus cómics terminaba con la frase: “No hagáis la guerra nunca más”. Lamentablemente, parece que no hay forma de arreglar (o no se quiere) un conflicto que se viene arrastrando desde hace años.

Ante el horror que estamos presenciando, siempre queda la sensación de que tratar otros temas fuera de esta crisis humanitaria puede ser insustancial, pero el equipo de Internacional de elDiario.es está haciendo un trabajo espectacular y, ya sabéis, el dinero ni duerme ni descansa. Vamos a ello. 

En el anterior boletín ya hicimos un balance de cómo quedaban las pensiones públicas, tanto las contributivas en 2024 como las mínimas y no contributivas hasta 2027. Uno de los elementos más importantes es que, a pesar de estas subidas y las que vendrán en el futuro, el Gobierno calcula que el gasto en pensiones se situará en el 12,4% del PIB entre 2022 y 2050, lo que no activaría el mecanismo corrector de la AIReF, que se pondría en marcha si superase el 15%. Esto es importante porque así la Seguridad Social descarta más ajustes en las pensiones de cara a la jubilación del 'baby boom'.

Sin embargo, los mensajes que nos llegan desde la órbita de las pensiones privadas son muy diferentes. El presidente de Inverco, la patronal de los fondos de pensiones privados y otros vehículos de inversión colectiva, Ángel Martínez-Aldama, ha alertado del “riesgo sistémico” que implica el rescate sin límites de las aportaciones a los planes de pensiones que cumplan 10 años de antigüedad a partir de 2025, según permite la última reforma que aprobó el Gobierno. Es decir, el propio sector admite que si las personas que han decidido ahorrar un dinero durante unos años deciden sacarlo “podría ocasionar serios problemas” tanto en riesgo sistémico, como en los mercados y en la liquidez de los planes de pensiones privados. Para que luego vayan hablando de que el sistema público de pensiones tiene un problema de sostenibilidad. Por cierto, los planes de pensiones privados cerraron 2022 con unas pérdidas del 9,7%, según Inverco.

Esto nos lleva también al problema de los abogados que confiaron sus futuras pensiones a una entidad privada, la Mutualidad de la Abogacía. Los abogados aseguran que han sido “engañados” tras constatar que sus prestaciones apenas llegan a 300 o 400 euros al mes, por debajo incluso de las pensiones no contributivas. La Mutualidad defiende que ha hecho una gestión transparente de esos activos y de las rentas en las que derivarían y afirma que estos abogados tienen pensiones más bajas porque, históricamente, sus aportaciones han sido bajas. El conflicto está servido y la solución no es fácil. Al final, estas jubilaciones “indignas” de los abogados mutualistas ponen al descubierto los riesgos de las pensiones privadas.

El Gráfico

Es un goteo imparable. No paran las noticias sobre las negativas consecuencias de la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo en su lucha contra la inflación. En su intento de ahogar a la economía, se suceden los avisos de que esta política monetaria nos puede estar dirigiendo a una hecatombe económica.

Por un lado, se ha frenado el descenso del porcentaje de préstamos dudosos de impago en el 3,5% del total del crédito concedido a los hogares. Al mismo tiempo, aumentan los que entran en “vigilancia especial [un paso previo a ser considerados dudosos]”, hasta cerca del 7%, según los datos del Banco de España. En conjunto superan ya el 10%, un máximo no visto desde 2020. Las alarmas sobre el riesgo de morosidad de las familias han saltado. 

Entre otras cosas porque el Banco de España constata que en el caso de los hipotecados el esfuerzo medio roza el 40% (el 38,9%) de los ingresos familiares dedicados a pagar la vivienda. El gasto dedicado a un inmueble, ya sea en alquiler o en propiedad vía hipoteca, no debe suponer más del 30% de los ingresos de un hogar si se quiere mantener cierta salud financiera, un porcentaje recogido en la nueva Ley de Vivienda. Aquí te explicamos por qué las familias resisten el esfuerzo de pagar la vivienda que roza ya el 40% de sus ingresos, el máximo desde 2008.

El tema de la vivienda no es baladí ya que se convierte en un marcador definitivo de la precariedad. La red de ONG contra la pobreza EAPN destacan el bucle sin salida al que están sometidos los ciudadanos con menor renta: sin capacidad para poder comprar, más pobres por alquilar. 

A nivel empresarial tampoco hay buenas noticias. La concesión de hipotecas se hundió un 20% en julio y los préstamos a empresas retrocedieron un 4,1%, tras 8 meses consecutivos de descensos. La situación se está tornando complicada. El vicepresidente del BCE afirma que las perspectivas de estabilidad financiera de la eurozona son “frágiles”. 

La inflación de la zona euro cayó al 4,3% en septiembre, la tasa más baja desde 2021. En España, la inflación subió casi un punto en septiembre, al 3,5%, por la energía y sin tregua en los alimentos, aunque sigue siendo una de las más bajas de la UE. Con estos datos, lo normal es que el BCE rebajara su agresividad y no hubiera más subidas de tipos. Lo dice hasta el gobernador del Banco de España, para el que “mantener el nivel actual de los tipos de interés durante un período suficientemente largo será ampliamente consistente” con alcanzar el objetivo de inflación del 2%. Esperemos que no haya más subidas.

El Dato

46% de las empresas

Estas señalaron que no habían realizado una evaluación de riesgos psicosociales en una encuesta realizada por la compañía Adecco. Atención, que estamos hablando de que la mitad de las empresas desconoce cuáles son los riesgos a los que se enfrenta su plantilla que pueden provocar problemas de salud mental. Estos son los riesgos “menos evaluados en las empresas”, ha denunciado UGT en un informe, que advierte de que “no hay un cumplimiento real sino más bien formal para cubrir el expediente y eso no es prevención”. La salud mental no es un juego. Estrés, ansiedad o depresión son patologías cada vez más comunes en las empresas. Aquí tienes un reportaje donde te contamos qué debería revisar tu empresa para evitar riesgos para la salud mental.  

Entrepreneur

Hay gente que tiene suerte y le toca la lotería. Hay gente que tiene más suerte aun y cuenta con un dinero para comprar unas acciones que se revalorizan en poco tiempo y consiguen venderlas para sacar una buena tajada. Son cosas que pasan. El protagonista de nuestra sección 'Entrepreneur' de la semana es Joan Amigó, consejero delegado de Applus, aunque realmente la emprendedora parece que fue su esposa. El 26 de septiembre de 2022, Elisabeth Viñuales compró 16.000 acciones de Applus, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El pasado 14 de septiembre -coincidiendo con la presentación de una oferta por la compañía por el fondo de inversión Amber- la esposa de Amigó vendió los 16.000 títulos. Las plusvalías fueron del 69%. En ese año había habido otras ofertas de fondos por Applus. Hay gente a la que le toca la lotería, a otra gente, también. Aquí tienes más información sobre la visión bursátil de la señora de Amigó.

Cada vez que habla sube el pan

No hay ninguna conducta imputable a Iberdrola, que actuó de forma consistente en un mercado liberalizado. No ha habido ninguna manipulación

Francisco de Borja García — Representante legal de Iberdrola

Esto es como aquellas palabras de Mariano Rajoy de “todo es falso, salvo alguna cosa que es cierta”, cuando le preguntaron sobre la contabilidad B del Partido Popular. En este caso, Francisco de Borja es el abogado de Iberdrola en el juicio donde se acusa a la compañía eléctrica de manipular los precios de la electricidad en 2013. La Fiscalía solicita una multa de casi 85 millones para la compañía y reclama penas de prisión para cuatro directivos por idear y poner en funcionamiento un “sistema” para “incrementar el precio de la energía” y “perjudicar a los consumidores”. 

Claro, alguna cosa hay, además de la acusación del fiscal. De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso a la eléctrica una multa de 25 millones de euros por estos hechos. De ahí, que en la primera tanda de declaración de los directivos de Iberdrola se cuestionara la metodología del organismo regulador para sancionar por manipulación de mercado a la empresa que preside Ignacio Sánchez Galán.

Entonces, ¿de dónde salieron esos precios? ¿Quién ordenó la estrategia de elevar costes? Según los directivos de la compañía el modelo matemático de creación de precios, es decir, nadie. A preguntas del fiscal anticorrupción Antonio Romeral, los directivos aseguraron que estas decisiones no llegaban al Consejo de Administración, ni al consejero delegado, ni a la cúpula de la empresa, de la que no recibieron instrucciones. Vamos, que lo que salía del modelo matemático es lo que supuestamente iba a Misa. ¿Os imagináis que dicho modelo redujera los precios de la electricidad? Va a ser que no. ¿Se consultaría a la cúpula de Iberdrola qué hacer? Al momento. Aquí tienes más información del modelo matemático en el que se escuda Iberdrola para justificar sus precios desorbitados.

Bien público

Lord, magnate y filántropo afincado en Mónaco, el mayor donante de los conservadores del Reino Unido durante años e inversor inmobiliario en España a través de una cadena de sociedades controladas desde la Isla de Nevis, uno de los territorios offshore más opacos del mundo. Así es Irvine Laidlaw, el protagonista de esta investigación periodística. Laidlaw ha comprado numerosas bolsas de suelo en la periferia de Madrid para su explotación inmobiliaria. Las compañías que gestionan estos desarrollos son una docena de empresas radicadas en Madrid que pertenecen a una firma de Luxemburgo que es propiedad de una sociedad radicada en Nevis. En 2018, The Guardian calificaba a este territorio como el territorio offshore más opaco del planeta, “implicado en algunos de los más sórdidos escándalos financieros recientes” y muestra de “las dificultades que el mundo afronta para poner fin a la evasión, el fraude y la cleptocracia”. Aquí puedes leer este reportaje de investigación de Antonio M. Vélez.

Nos gusta la competencia

Ahora unos artículos de medios de la competencia que nos han parecido interesantes:

Aquí termina el boletín de esta semana. Ya sabes que si tienes una propuesta o una recomendación nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es. “No hagáis la guerra nunca más”.

¡Buena semana!

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La Audiencia Nacional acogió este miércoles la segunda jornada del juicio contra Iberdrola Generación, filial del grupo Iberdrola, y cuatro de sus directivos —uno de ellos está jubilado— por presunta manipulación del precio de la luz en el tarifazo de 2013. En una estrategia similar a la desplegada un día antes por los dos primeros altos cargos interrogados, el resto de acusados negaron que hubiera “consigna” alguna para elevar los costes de forma irregular en plena ola de frío y en medio de las tensiones que había con el Gobierno por el déficit de tarifa. Y, de nuevo, se escudaron en los “modelos matemáticos” que utilizan sus técnicos para fijar el precio al que ofrecen en el mercado mayorista la energía hidráulica que generan con sus embalses. 

“No hay ninguna conducta imputable a Iberdrola, que actuó de forma consistente en un mercado liberalizado. No ha habido ninguna manipulación”, afirmó desde el banquillo de los acusados Francisco de Borja García, representante legal de la compañía. Este directivo trató además de poner un cortafuegos entre las decisiones sobre la fijación de precios y la alta dirección de la compañía.

A preguntas del fiscal anticorrupción Antonio Romeral, afirmó que eran cuestiones circunscritas al “ámbito” de gestión de la Energía, que entonces dirigía otro de los acusados, Ángel Chiarri. Y que “no llegaban” ni al Consejo de Administración, que situó al margen del “plano ejecutivo” ni al consejero delegado porque “no estaba en su ámbito”. El resto de acusados también negaron haber informado o recibido instrucciones de la cúpula y defendieron que la subida del precio se debió a factores climáticos como la “sequía persistente” y la previsión de falta de lluvias. Insistieron, de hecho, en que otras compañías del sector también elevaron sus ofertas.

Gran parte del interrogatorio estuvo centrado en las particularidades del sistema de fijación de precios al que la compañía hace sus ofertas en el mercado mayorista. La tesis de las acusaciones es que Iberdrola subió de manera artificial el precio al que ofertaba la energía de sus embalses en el Duero, Tajo y Miño-Sil —que suponen el 50% de la potencia de esta tecnología en España— hasta lograr que quedaran fuera del mercado por la imposibilidad de “casar” las operaciones. Y que, de esa forma, sacó de la negociación de la subasta eléctrica la producción de esas centrales, que “dejaron de producir energía”, y que fueron reemplazadas por otras fuentes de energía más caras. 

Según la Fiscalía Anticorrupción, esa operación irregular produjo un perjuicio de más de 107 millones de euros, de los que 96,7 recayeron sobre el bolsillo de los hogares. El resto fue “soportado” por comercializadoras —varias están personadas como acusación particular— y aseguradoras. En contraposición, supuso un beneficio de 21,2 millones para la eléctrica.

Además de la compañía —acusada como persona jurídica— comparecieron este miércoles los subordinados de los dos directivos interrogados un día antes. Se trata de José Luis Rapún, que en el momento de los hechos era responsable de Gestión de Activos; y de Javier Paradinas, que entonces era responsable de Mercados a Corto Plazo y Generación Global. Ambos reconocieron que participaban en las reuniones del llamado plan semanal en las que cada jueves se deciden a cuánto se oferta el precio de la energía hidráulica, si bien de sus respuestas no quedó claro quién tomaba la decisión final sobre los precios. 

De nuevo, ambos definieron el sistema de fijación del precio al que se hacen las ofertas en el mercado como algo automatizado. A este respecto, Rapún afirmó que esa decisión se toma a través de un “conjunto de herramientas informáticas” y que es un técnico [el “trader”] el que “decide” en base a una serie de parámetros como la previsión de la demanda, de la producción renovable, del llamado producible (las lluvias esperadas) o los costes de combustible. Y que teniendo en cuenta esos “elementos técnicos” se hace una propuesta que se discute “de forma razonada y técnica”.

“La máquina son los modelos matemáticos que usamos para recoger las diferentes previsiones”, trató de aclarar después Paradinas. La alusión a la “máquina” ha había introducido un día antes el máximo directivo implicado, Ángel Chiarri, que argumentó que los precios se definían automáticamente mediante “una máquina” y la intervención humana solo se encargaba de “hacer estimaciones” sobre lo que iba a pasar en los meses siguientes en términos de precipitaciones, pero también otros factores que pueden incidir en los precios como la situación de las centrales nucleares. 

En la sesión de este miércoles, el fiscal insistió en esta cuestión. Y, sobre todo, trató de averiguar si había algún ejecutivo que tomara la decisión final sobre el precio más allá de esos procedimientos automatizados. “¿Quién dice adelante con esa propuesta [de la reunión del plan semanal]?”, preguntó de forma directa a Paradinas. El directivo respondió que se aprobaba “colegiadamente” y que después se enviaba a “toda la dirección”, con lo que se suponía su “aceptación tácita”, aunque no señaló a nadie en concreto.

Entre los altos cargos que recibían esa información estaban el citado Chiarri y el también acusado Gregorio Relaño, que entonces era responsable de Optimización, superiores jerárquicos de los interrogados este miércoles. Tanto Rapún como Paradinas negaron haber recibido “indicaciones” de estos superiores o de otros para fijar una u otra oferta. 

Tras la declaración de los acusados está previsto que el juicio se reanude este jueves con el interrogatorio de los testigos propuestos por las partes. Entre ellos, está citado en las jornadas siguientes el exministro José Manuel Soria, que ya compareció en la fase de instrucción. A partir de mediados de noviembre comparecerán diferentes peritos, incluidos los técnicos de la CNMC. La previsión es que el juicio quede visto para sentencia el 1 de diciembre. 

El tarifazo eléctrico de 2013 empezó a enjuiciarse este martes en la Audiencia Nacional. En el banquillo se sientan Iberdrola Generación, filial del grupo Iberdrola, y cuatro de quienes fueran sus directivos a quienes la Fiscalía acusa de idear y poner en funcionamiento un “sistema” para “incrementar el precio de la energía” y “perjudicar a los consumidores”. En la primera sesión comparecieron los ejecutivos Ángel Chiarri, que en el momento de los hechos era director de Gestión de la Energía; y Gregorio Relaño, entonces responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading. 

Ante el juez, ambos negaron que hubiera manipulación del mercado y desvincularon la escalada de precios de las tensiones con el Gobierno —entonces en manos del Partido Popular—, que sólo unos días antes del inicio de ese incremento sostenido había decidido que el Estado no pondría los 3.600 millones de euros del déficit de tarifa que habría de cubrirse antes del siguiente 1 de enero. “No hubo consigna, estrategia ni ninguna cosa rara”, insistió Chiarri, que al igual que Relaño defendió que su actuación se enmarcó en los parámetros de “autonomía plena”, que en ningún caso recibieron instrucciones a nivel empresarial y que se utilizó la “metodología” habitual para fijar el precio en el que se ofertaría su energía hidraúlica en el mercado. 

Buena parte del interrogatorio, por momentos muy técnico, estuvo centrado en las particularidades del sistema de fijación de precios. Ambos directivos trataron de desmontar la tesis de las acusaciones de que Iberdrola subió de manera artificial el precio al que ofertaba la energía de sus embalses en el Duero, Tajo y Miño-Sil hasta lograr que quedaran fuera del mercado por la imposibilidad de “casar” las operaciones. Y que con esa estrategia sacó de la negociación de la subasta eléctrica la producción de esas centrales, con lo que fueron reemplazadas por otras fuentes de energía más caras, como las centrales de ciclo combinado, que queman gas natural. 

A este respecto, ambos ejecutivos aseguraron que la compañía ofertó entre el 29 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013 el agua de sus embalses a precios superiores a los que lo había hecho unos días antes en una “gestión prudente” ante la “sequía persistente” y la previsión de falta de lluvias.

Chiarri, ya jubilado, reconoció que los embalses tenían en 2013 unas “buenas reservas” gracias a las precipitaciones del año anterior, pero afirmó que la mitad de ellas se habían gastado en el inicio de noviembre. Y que fue entonces cuando se decidió que “algo” había que hacer para retener ese “ahorro” teniendo en cuenta además las previsiones de sus técnicos de que sería un invierno seco. “La historia nos decía que siempre que diciembre era seco, el 100% de los eneros lo eran y el 85% de los febreros”, amplió después Relaño. 

Durante sus declaraciones, los dos altos cargos definieron el sistema de fijación del precio al que se hacen las ofertas en el mercado como algo automatizado. “No es una persona con un lápiz y un papel en blanco (...). Todo el proceso está armado para evitar la irracionalidad de una persona”, llegó a decir Chiarri.

Así, explicaron que la decisión sobre a cuánto se oferta el precio de la energía hidráulica se toma en las reuniones del llamado plan semanal, donde participan el trader [un cargo rotatorio], así como diferente personal de los departamentos de Mercados y Planificación. Y que, para ello, se sirven de una “herramienta informática” en la que se tienen en cuenta elementos como la previsión de precios a futuro, con la “gran dificultad” —en palabras de Chiarri— de estimar qué va a pasar en los meses siguientes en términos de precipitaciones, pero también otros factores que pueden incidir en los precios como la situación de las centrales nucleares. 

Por otro lado, ambos directivos también trataron de apuntalar la tesis de que la compañía no tenía incentivos para elevar el precio dado su “posición neta compradora”. Esto es, que los supuestos beneficios obtenidos con el incremento del precio no compensaban ni el mayor coste de adquisición por la comercializadora libre del grupo ni el menor ingreso provocado por la reducción de la producción de sus centrales. “La realidad es que compró más de lo que se vendió”, aseveró Relaño. 

Durante el interrogatorio, ambos altos cargos cuestionaron algunos de los aspectos del expediente por el que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso a la compañía una multa de 25 millones de euros por estos mismos hechos. Esa multa está suspendida a la espera de cómo termine el procedimiento penal. Según Relaño, el regulador utilizó un “método inédito y no presente en la literatura” para imputarle una manipulación del mercado. Un sistema que contrapuso al de Iberdrola, que definió como “más profundo y más fino” a la hora de construir previsiones de precios futuros.

Está previsto que el juicio se reanude este miércoles con el interrogatorio de José Luis Rapún Jiménez, responsable de Gestión de Activos, y Javier Paradinas Zorrilla, responsable de Mercados a Corto Plazo y Generación Global y del representante legal de Iberdrola Generación. A partir del día 24 y durante ocho sesiones está previsto que se sienten ante el juez de lo Penal de la Audiencia Nacional los testigos propuestos por las partes. Entre ellos, José Manuel Soria, que ya compareció en la fase de instrucción. También está citado como testigo el que fuera secretario de Estado de Energía en el momento en el que tuvieron lugar los hechos, Alberto Nadal, que actualmente está destinado como representante de España en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Nueva York.

“De delitos no voy a hablar. Ha habido una clara manipulación o actuaciones para modificar los precios. Además, se ha hecho de una manera muy burda”. El 21 de diciembre de 2013 el entonces ministro de Industria José Manuel Soria, del Partido Popular, respondía así en una entrevista en ABC a la pregunta de si había habido irregularidades en el sistema de fijación de precios en el mercado de la electricidad. En plena ola de frío y con las economías de los hogares ya muy castigadas por las subidas de impuestos y las rebajas salariales, el precio mayorista de la electricidad se había disparado a importes no vistos en más de una década. 

Ese incremento sostenido había comenzado a finales de noviembre, después de que las empresas del sector constataran que el Estado finalmente no pondría los 3.600 millones de euros del déficit de tarifa que habría de cubrirse antes del siguiente 1 de enero. Y coincidió con las semanas previas a la subasta de electricidad de la que debía salir el precio a pagar por los consumidores en el siguiente trimestre. El impacto fue tal que más de una veintena de grandes siderúrgicas y cementeras paralizaron total o parcialmente sus plantas ante la escalada de precios. Sólo entonces, el Gobierno accedió a intervenir —a través de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC)— y acabó anulando una subasta que habría provocado incrementos de más del 11% en las tarifas. El escándalo derivó también en un cambio en el modelo de fijación de precios. 

Una década después, Iberdrola Generación, filial del grupo Iberdrola, y cuatro de quienes fueran sus directivos se sientan en el banquillo en la Audiencia Nacional por un presunto delito contra el mercado y los consumidores. La Fiscalía Anticorrupción les acusa de idear y poner en funcionamiento un “sistema” para “incrementar el precio de la energía” a través de sus centrales hidroeléctricas con el objetivo de “provocar una subida del precio” y “perjudicar a los consumidores”. Según el Ministerio Público, esa operación irregular produjo un perjuicio de más de 107 millones de euros, de los que 96,7 recayeron sobre el bolsillo de los hogares. El resto fue “soportado” por comercializadoras —varias están personadas como acusación particular— y aseguradoras. En contraposición, supuso un beneficio de 21,2 millones para la compañía. 

Anticorrupción solicita una multa de casi 84,9 millones de euros para Iberdrola Generación, así como dos años de prisión e inhabilitación y una multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros para los directivos Ángel Chiarri Toscano, director de Gestión de la Energía; Gregorio Relaño Cobián, responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading; José Luis Rapún Jiménez, responsable de Gestión de Activos, y Javier Paradinas Zorrilla, responsable de Mercados a Corto Plazo y Generación Global. La asociación de consumidores Facua, que ejerce la acusación particular, eleva la petición de multa para la compañía a 107,5 millones de euros y pide tres años de cárcel para cada uno de los directivos. 

Un juicio “histórico”

Las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es hablan de “procedimiento histórico”. Es la primera vez que una gran eléctrica se enfrenta a un juicio penal acusada de maquinar para alterar el precio de la energía. La tesis de las acusaciones es que Iberdrola subió de manera artificial el precio al que ofertaba la energía de sus embalses en el Duero, Tajo y Miño-Sil —que suponen el 50% de la potencia de esta tecnología en España— hasta lograr que quedaran fuera del mercado por la imposibilidad de “casar” las operaciones. Es decir, sacó de la negociación de la subasta eléctrica la producción de esas centrales, que “dejaron de producir energía”, dice el fiscal Antonio Romeral en su escrito de acusación. 

En España, el mercado mayorista de la electricidad funciona bajo un sistema marginalista que gestiona el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). Cada productor accede con un precio determinado y se van cruzando sus ofertas con la demanda de las distribuidoras, las comercializadoras y los grandes consumidores: es lo que se denomina casación. Pero la clave es que todas las tecnologías cobran el precio marcado por la última tecnología que permite casar oferta y demanda y que es la más cara, sin importar lo que les haya costado producir esa electricidad. 

En el escrito del fiscal queda patente que Iberdrola ofertó entre el 29 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013 el agua de sus embalses a precios muy superiores a los que lo había hecho tan solo unos días antes. Así, afirma que entre el 2 y el 29 de noviembre, la oferta despachada no superó los 70 euros el megavatio hora y que el 92% de la misma —866,4 GW— no superó los 50 euros. En lo que respecta a la energía no despachada, el 48% se ofertó en unas bandas de precio superiores a los 80 euros el megavatio hora. Por contraposición, en el período investigado, el 32% de la energía despachada —183,7 GW— y el 94% de la no despachado lo fue en unas bandas de precio superiores a los 80 euros el megavatio hora.

La consecuencia fue que esas centrales hidroeléctricas fueron reemplazadas por otras fuentes de energía. Principalmente, por las centrales de ciclo combinado (que queman gas natural), de “coste superior y en un rango de precios también más elevado situado entre los 80 o 90 euros el megavatio hora frente a la media de precios de la energía proveniente de las centrales hidráulicas situado entre 45 y 55 euros el megavatio hora”, sostiene el escrito del fiscal. Las acusaciones ponen de manifiesto que la conducta de Iberdrola sólo cesó por “circunstancias externas”. El 24 de diciembre se produjo una ciclogénesis explosiva que trajo fuertes borrascas y viento, lo que provocó la reducción del precio de la energía por la importante aportación de fuentes renovables.

Por estos mismos hechos, Iberdrola ya fue multada el 24 de noviembre de 2015 por la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC, que apreció una infracción “muy grave” de la Ley del Sector Eléctrico. La sanción, que Iberdrola recurrió ante la Audiencia Nacional, fue de 25 millones de euros, por una práctica fraudulenta que tuvo un impacto estimado en el mercado eléctrico de unos 105 millones, según el regulador. Esa multa está suspendida a la espera de cómo termine el procedimiento penal. Entonces, la compañía acusó al regulador de haber utilizado una “metodología simplista” para imputarle una manipulación del mercado. 

Fuentes de Iberdrola insisten en que la compañía ofertó su electricidad a precios más elevados siguiendo un criterio de “prudencia” en un escenario de sequía. De esta forma, logró detener la caída de las reservas y evitar una situación de escasez que habría llevado a una reducción de la generación hidráulica y a precios de mercado más elevados. Estas mismas fuentes sostienen, además, que la compañía no tenía “incentivos” para elevar el precio dado su “posición neta compradora”. Defienden, en este sentido, que los supuestos beneficios obtenidos con el incremento del precio no compensaban ni el mayor coste de adquisición por la comercializadora libre del grupo ni el menor ingreso provocado por la reducción de la producción de sus centrales.

El juicio arrancará el próximo martes 17 de octubre con las cuestiones previas y el interrogatorio de los acusados. A partir del día 24 y durante ocho sesiones está previsto que se sienten ante el juez de lo Penal de la Audiencia Nacional los testigos propuestos por las partes. Entre ellos, José Manuel Soria, que ya compareció en la fase de instrucción y se ratificó en las declaraciones que había hecho en la citada entrevista en ABC. También está citado como testigo el que fuera secretario de Estado de Energía en el momento en el que tuvieron lugar los hechos, Alberto Nadal, que actualmente está destinado como representante de España en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Nueva York y colabora puntualmente como experto con la consultora KPMG.

Las acusaciones dan total relevancia a las declaraciones de los peritos de la CNMC, que comparecerán a partir de mediados de noviembre. Durante la fase de instrucción, estos técnicos del organismo público afirmaron que Iberdrola manipuló el mercado al ofrecer su energía hidráulica “a precios artificialmente elevados”, lo que provocó que quedara fuera y que accedieran fuentes de producción más caras. También comparecerán otros expertos que tratarán de apuntalar la versión de la compañía de que no hubo manipulación del mercado. La previsión es que el juicio quede visto para sentencia el 1 de diciembre.