El oro ha dejado de responder a los cánones del mercado. Durante décadas, el metal precioso ha ocupado un lugar casi místico en la praxis bursátil. Cuando la inflación repunta, las tensiones geopolíticas aumentan o la confianza en las divisas se resquebraja, el manual clásico recomienda adquirir sus onzas. Sin apenas límites de gasto en las carteras de capital. Sin embargo, 2026 está desmontando buena parte de ese relato.

El contexto es sumamente contradictorio y complica cualquier justificación que trate de analizar los cinco meses que el oro lleva a la deriva, en los que su cotización se ha dejado un 28% de su registro histórico de enero, cuando el valor de su onza tocó los 5.600 dólares. Después de un 2025 de bonanza excepcional, esta semana se ha acomodado por debajo de los 4.000 dólares.

No son pocas las causas que explican este fenómeno paranormal. Pero, entre todas ellas, resalta una. La corrección, de especial calibre, comparable a la de 2013, se produce cuando la inflación americana vuelve a máximos de tres años y supera el 4%, señal de corrección en Wall Street que, sin embargo, aún no se ha consumado.

Esta paradoja esconde un cambio estructural sobre la fijación de los precios de los activos y de los tipos de interés en unos mercados que navegan al son de la inteligencia artificial (IA) y su narrativa de inversiones billonarias para ganar productividad y llegar al final de la carrera competitiva global con el cetro de la hegemonía monetaria y económica.

En 2013, se adujeron motivos que, en la actualidad, pueden parecer peregrinos. Al menos, varios de ellos. Entonces, el nada articulado consenso del mercado hablaba de que la inflación, después del colapso crediticio de 2008 y de la crisis de la deuda europea de 2012, había muerto y que los bancos centrales, con tipos próximos a cero, imprimían dinero a mansalva, lo que generaría una inevitable escalada de precios. Otros expertos achacaron su reajuste al fin del pánico financiero que siguió a la quiebra de Lehman Brothers y, en consecuencia, al abandono inversor del metal precioso como valor refugio.

La ristra de causas asumió teorías manidas como la de una “normal” recogida de beneficios, una supuesta fragilidad de la economía china, que perdió lustre, pero que seguía con un dinamismo trimestral del 7,7% e incluso, tesis conspiranoicas que apuntaban al epitafio de la era del oro por el fulgurante despegue del PIB americano y de su dólar. Aunque, por encima de todas, destacó el factor bitcoin, la divisa digital a la que se le empezó a colgar el cartel del oro cripto.

Múltiples causas, ninguna de especial calado

Ninguna de estas valoraciones explicó, por sí misma, su debacle. Ahora, tampoco sobresale un argumentario fundamentado. Salvo ciertos vestigios de que ha perdido su oráculo geopolítico. Ya no parece que esté a expensas de la evolución del dólar o de la política monetaria de una Fed que —como admite su ya expresidente, Jerome Powell— está sometida a una “prueba de estrés” por la injerencia de la Administración Trump en su soberanía.

Por si fuera poco, tampoco sigue la estela del petróleo, el otro patrón que explicaba —al menos, hasta ahora— su comportamiento bursátil. Así lo admite Deutsche Bank: “La correlación entre el oro amarillo y el oro negro se ha difuminado”. Y de esta forma igual de elocuente, lo sintetiza Nikolaos Panigirtzoglou, estratega de JPMorgan, al valorar su desacoplamiento del bitcoin, su alma gemela en el negocio cripto. “No observamos un quebranto total entre ambos, pero sí el desmantelamiento simultáneo de la misma narrativa de inversión”, aclara.

Los inversores, en paralelo, están retirándose del llamado debasement trade, y ese repliegue “se ha acelerado especialmente con la caída flotante del bitcoin”, que ha firmado su peor mes, este pasado junio, desde la quiebra de la plataforma de negocio de criptodivisas FTX en 2022, con un retroceso del 20% en su valor. Por el empeoramiento del sentimiento inversor, la salida masiva de fondos desde Wall Street y las expectativas alcistas de los tipos de interés en EEUU.

El concepto debasement trade describe una estrategia de inversión basada en la idea de que los gobiernos, enfrentados a descomunales deudas y déficits, recurrirán a unas tácticas monetarias expansivas y tolerarán umbrales de inflación por encima de los estipulados en los estatutos de sus bancos centrales. Bajo este escenario, en el que también juega el actual baile de divisas, los inversores escogen activos escasos o no ligados a monedas, como el oro, la plata o el bitcoin.

Ahora, esta tendencia, ha saltado en pedazos. En especial por parte de la versión Trump 2.0 y su nuevo emisario en la Fed, Kevin Warsh, símbolo de la pérdida de soberanía monetaria.

Pero el oro posee un ADN más complejo: “No es un hedge (riesgo) automático contra la inflación, sino contra la pérdida de credibilidad de la política económica y monetaria de EEUU”, dice Mark Fandetti, de Armstrong Advisory Group. “Su cotización sube cuando la inflación es demasiado alta y las autoridades monetarias son pasivas, y deja de hacerlo cuando reaccionan con rapidez”.

Según Panigirtzoglou, el bienio trumpista actual ha situado a ciertos activos bajo unos relatos similares de protección frente a pérdidas de riqueza derivadas del ajuste de divisas —sobre todo, del dólar— y el aumento de la deuda soberana. Sin embargo, todo ha cambiado tras el giro de la Fed hacia posiciones restrictivas para frenar el shock de la energía por la guerra en Irán.

“El resultado es una fuga coordinada de capitales de ETF —vehículos de inversión a caballo entre fondos y acciones— respaldados por el oro y criptoactivos como bitcoin”, aclara Panigirtzoglou. Para Nicky Shiels de MKS PAMP, “la historia del mercado ha virado 180 grados”, ya que el dinero “ha dejado de perseguir la protección del metal precioso frente a la depreciación de monedas” y ahora se mueve “por criterios de IA y salidas a bolsa como las de SpaceX, Anthropic u OpenAI”. El relato debasement trade “ha perdido fuerza”, precisa. Así lo revela la corrección del oro en el segundo trimestre de 2026, en el que las hostilidades en Oriente Próximo han impulsado los IPC en todo el mundo. Pese a lo cual, la onza cedió un 14% desde abril, su peor caída trimestral.

Orden de prioridades: los tipos de interés de Warsh

Aunque también contribuye a su retroceso otro factor catalizador, la designación de Warsh. Tom Price, de Panmure Liberum, cree que el mercado ha asumido que la prioridad de la Fed vuelve a ser la derrota de la inflación, perspectiva que eleva el rendimiento de la deuda y los costes de poseer un activo que, como el metal precioso, no genera intereses.

El oro, pues, ha perdido varias de sus brújulas. Entre otras, su capacidad de amortiguación frente a riesgos geopolíticos o los impulsos del dólar. En Deutsche Bank ven un giro de prioridades. En esta renovada jerarquía de factores, el mercado “ha reordenado sus urgencias”. La geopolítica se ha vuelto secundaria y los tipos en EEUU, en la gran preocupación inversora. “Si el mercado descuenta un endurecimiento monetario futuro, el resto de factores se neutraliza”. El oro, al fin y al cabo, también compite contra el bono americano. Especialmente, el de 10 años, que rinde en torno al 4,5%. Es decir, rivaliza con un activo que ofrece beneficios.

Y Warsh, bien sea por quitarse el cartel de marioneta de Trump o por combatir una inflación que se traslada al bolsillo de unos consumidores que votarán en las midterm de noviembre, parece dispuesto a mover ficha al alza.

Goldman Sachs vislumbra escenarios diferenciados. Si la Fed mantiene tipos, el oro recuperará el nivel de los 4.800; si se materializa un ciclo de tres o cuatro subidas, su valor se hundirá hacia los 3.800 dólares.

Pero tampoco hay que desdeñar la resaca de una “exuberancia irracional” del mercado. Con un dólar que ha recuperado parte de su valor perdido en 2025 por el impulso que le otorgan siempre las tensiones geopolíticas como la guerra en Irán, el colapso de Ormuz y la escalada del petróleo. “Las bolsas llevan semanas corrigiendo estos excesos” dice Chris Beauchamp, de IG Markets: “es como si el valor de la onza sufriera la resaca de su propia efervescencia”, tras su escalada vertical de 2025, con la revitalización del dólar y las subidas de tipos como “detonantes de sus ventas”.

En esta reconfiguración ocupa otro lugar destacado el excepcionalismo estadounidense, suerte de principio sacrosanto en Wall Street que confiere mayores rentabilidades a activos americanos en el subconsciente inversor frente a cualquier valor foráneo. Es en este punto en el que juegan un papel protagonista las acciones vinculadas a la IA y su presunta burbuja especulativa. La bolsa surcoreana —y su índice Kospi, tecnológico— ha constatado varias caídas que apuntan a que los activos con sello algorítmico podrían haber ido demasiado lejos y que han personificado firmas de chips y de alta tecnología.

Fiebre amarilla en los bancos centrales

Aunque también surgen otros dos factores: el acopio de oro por parte de los bancos centrales y la especulación. Las autoridades monetarias están repatriando lingotes desde la invasión rusa de Ucrania de manera excepcional. Aducen que ya no se identifica el metal precioso como activo financiero, sino como un plácet de seguridad nacional en una era de fragmentación geopolítica y autonomía estratégica. En medio de movimientos de riesgos de capital con sello IA que actúan como imán bursátil.

Wall Street ha firmado entre abril y junio el mejor trimestre en renta variable desde 2020. Con tensiones bélicas, escalada del crudo y dudas sobre las valoraciones de la IA. Impulsado por la resistencia del PIB americano, beneficios empresariales sólidos y el entusiasmo por el algoritmo. El S&P 500 ha repuntado un 14,9%. “Comportamiento que describe un mercado maduro”, dice Jeff Buchbinder, de LPL Financial, pero que “no explica que todos los activos vinculados a la IA justifiquen su valoración”, advierte Torsten Sløk, economista jefe de Apollo. Para Jean Boivin, director del BlackRock Investment Institute, “todos los cambios estructurales suelen crear focos de exuberancia en los mercados” que demandan a los inversores distinguir los valores ganadores de los que se mueven por impulsos especulativos.

En este clima, los bancos centrales, según el World Gold Council, elevaron en 2025 en un 19% sus stocks de oro, buscando precisamente rebajar su exposición a estos gestos especulativos. El porcentaje de autoridades monetarias que mantienen reservas en el Banco de Inglaterra (BoE) cayó del 64% al 57% en un año, mientras la custodia de oro de la Fed descendió del 17% al 14% en el primer trimestre de 2026. La Banque de France repatrió 129 toneladas del metal precioso de Nueva York entre julio de 2025 y enero de 2026 y el de la India ha reducido sus reservas de oro en el exterior del 55% en marzo de 2023 al 22% en marzo de 2026.

Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, se ha quedado este miércoles sin licencia para operar en Europa y deja en el aire a más de un millón de clientes en el continente y a más de medio millón de usuarios en España, según estimaciones del sector.

La entrada en vigor del Reglamento Europeo de Mercados de Criptoactivos, conocido como MiCA, obliga a cualquier plataforma de servicios de activos digitales a tener una licencia oficial otorgada por al menos un Estado miembro para poder operar en el territorio comunitario. Esta medida pretende proteger al consumidor, mitigar la volatilidad y dotar al sector de una estructura legal sólida, transparente y comparable al marco legislativo de las entidades bancarias.

El reglamento impone controles estrictos contra el blanqueo de capitales mediante procesos de identificación de clientes, además de exigir transparencia en la estructura corporativa de las empresas. Este martes expiró el periodo transitorio general de la normativa, abriendo paso a la entrada en vigor de la prohibición de operar para todas aquellas firmas que no hubieran conseguido esa validación en cualquiera de los países miembros.

Hasta ahora, las entidades que operaban bajo el registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual y custodia de monederos gestionados por los distintos estados han podido continuar desarrollando su actividad mientras se adaptaban al nuevo marco regulatorio europeo. Sin embargo, desde este momento, las entidades que no hayan obtenido autorización expresa de los supervisores comunitarios deberán cesar su actividad o articular mecanismos para garantizar una migración ordenada de clientes y activos.

Este es el caso de Binance, el más llamativo porque cuenta con millones de usuarios en todo el mundo, después de la reciente retirada de su solicitud de licencia ante la Comisión del Mercado de Capitales de Grecia.

La compañía, creada en 2017 y que arrastra el impacto del expediente penal de su fundador en Estados Unidos, no podrá operar en los países de la Unión Europea (UE), aunque asegura en su propia web que los fondos de sus clientes “permanecen seguros y protegidos, y seguirán siendo accesibles en todo momento”.

Binance ha afirmado que no abandona la región, sino que planea reorientar su estrategia para “obtener la autorización en otro Estado miembro de la UE en los próximos meses”. “Europa es una región importante para Binance, y nuestra ambición de operar bajo un marco MiCA claro, justo y armonizado”, asegura la plataforma.

Europa es una región importante para Binance, y nuestra ambición de operar bajo un marco MiCA claro, justo y armonizado

Binance

A pesar de sus planes futuros, la realidad deja a la compañía en una situación en la que ha tenido que suspender el registro de nuevos usuarios en múltiples países europeos y con la prohibición de captar dinero nuevo. Este acontecimiento ha hecho que unas 200 firmas alternativas que sí cuentan con MiCA se hayan visto beneficiadas por su capacidad operativa y abiertas a recibir el capital y los clientes afectados por la suspensión de Binance.

El pasado viernes, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, reiteró esta prohibición europea y descartó que pudiera haber excepciones o prórrogas para conseguir esa licencia. A finales de la semana pasada 14 empresas en España estaban autorizadas para prestar servicios de criptoactivos, a lo que se sumarían seis más que habían notificado su interés por conseguir la licencia.

Desde su lanzamiento en 2017, el bitcóin ha multiplicado su precio por más de 58, desde los 994,47 dólares a los 58.300 dólares de este martes, y por más de 126 cuando marcó su máximo de 126.198,07 dólares, en octubre de 2025.

El juez que investiga al expresidente del CD Tudelano Ramón Lázaro le sitúa al frente de una organización criminal, en la que también estarían implicadas su madre, su pareja, una prima suya, su asesor fiscal, un especialista en inversiones y otra persona que se encargaba de canalizar el dinero procedente del amaño de partidos, y que le sirvió para su enriquecimiento “ilícito” valiéndose de su posición de propietario de dos clubes deportivos. Para ello Lázaro habría recurrido, además de al amaño de partidos, al desvío de fondos de los equipos y al fraude en subvenciones públicas, entre otros presuntos delitos.

En el auto en que ha dictado su puesta en libertad, el magistrado detalla una amplia red de delitos: pertenencia a grupo criminal, corrupción entre particulares, estafa, apropiación indebida agravada, blanqueo de capitales, fraude en subvenciones, falsedad documental y alzamiento de bienes. Todos ellos cometidos durante su etapa al frente de los equipos CD Tudelano (de la Segunda: RFEF) y el Club Ribera de fútbol sala. Se da la circunstancia de que Lázaro vendió el Tudelano hace unas semanas y puso en venta el Ribera.

“Ramón Lázaro desde su llegada al CD Tudelano en 2022 y Ribera Futbol Sala en 2023 inició una amplia amalgama de actividades criminales destinadas exclusivamente a su enriquecimiento ilícito”, expone el juez en su auto en el que se recogen mensajes, llamadas interceptadas por la policía y el seguimiento de movimientos bancarios. Una operación de la Policía Nacional que ha contado con el apoyo de la Europol y la Interpol para el rastreo de los flujos de dinero internacionales con la compra de criptomonedas.

Y es que fue esa última operación que realizó Ramón Lázaro antes de que el magistrado emitiera la orden de su arresto el pasado 8 de junio. Según se recoge en el auto, de nueve páginas, Lázaro pretendía invertir en criptodivisas los 1,43 millones de euros que iba a percibir por la venta del CD Tudelano para “tenerlo debajo de la alfombra unos meses” y establecer “una segunda capa de seguridad” para que fueran inembargables, tal y como le explicó a su asesor financiero en una conversación telefónica intervenida.

Así, el 27 de mayo transfirió 900.000 euros y, posteriormente otros 530.000 euros, a una cuenta bancaria en Alemania que funcionaría, según el juez, como una “pasarela” para transferir el dinero al Reino Unido y a Irlanda del Norte con “la finalidad” de convertirlo en criptomonedas. Durante el registro de su domicilio el 8 de junio la Policía se incautó de un dispositivo con las claves de su monedero digital y el juez pudo bloquear y embargar 530.000 euros antes de que Lázaro llevara a cabo la operación.

Pero la mayoría de los delitos que se le imputan fueron cometidos presuntamente antes de la venta del equipo y que se remontan al año 2022, cuando lo adquirió. Entre ellos se encontraría el desvío ilícito de fondos del Tudelano y del Ribera Navarra, el otro club del que era propietario, para la compra de inmuebles que ponía a nombre de su mujer. En total cuatro inmuebles para los que utilizó 735.000 euros de las cuentas de los dos equipos de su propiedad.

Amaños y apuestas

También se le atribuye el haber amañado partidos comprando a jugadores de equipos rivales y haber utilizado esos amaños para realizar apuestas ilegales. En el auto se recogen conversaciones de Ramón Lázaro con futbolistas a los que les dice cosas como que “con dinero se soluciona todo” o “el viernes voy a ir a un piso a hacer diabluras, les voy a dar 10.000 a cada uno”. El magistrado destaca un diálogo con un jugador del Oviedo B, equipo contra el que el Tudelano se jugaba el ascenso a Primera RFEF, y que le pedía a cambio 10.000 euros:

-Quiero (emoticono de dinero) pero no vale dejarme perder yo si quiero juegue o no juegue no meto gol a cambio de algo.

-Pues tú dirás a cambio de que (sic).

-Mira juegue de titular o no juegue de titular q (sic) no se sabe aún, dejarme ganar no me voy a dejar ganar, pero si me das pasta no meto gol yo.

-Yo el viernes 5000 euros y trato. Y luego vamos a follarnos a unas.

-Trato 5000 el viernes y sábado no meto gol. Trato cerrado. Si la tengo para empujar y meto te devuelvo la pasta y ahora marcho a dormir mañana hablamos, nos vemos el viernes.

Estos amaños, según el juez, eran utilizados a su vez por Ramón Lázaro para participar en apuestas deportivas. Así, se recoge una conversación que tiene con una persona que, según el magistrado, se dedicaba a trasladar el dinero proveniente de los amaños. Esta persona le pregunta si apuesta a “Tudelano todo?”, “osea (sic) los 6 mil”, antes del partido que va a enfrentar al Tudelano con el Ejea, con cuyos jugadores se había acordado el amaño (“localiza a 10 y os doy 1000 euros a cada uno”). Lázaro le responde que “Si” (sic).

Doblaje de patrocinios y subvenciones fraudulentas

El juez también le imputa haber organizado un sistema de “doblaje de patrocinios deportivos” para favorecer a empresarios locales que efectuaban importantes aportaciones, en concepto de patrocinio, que Ramón Lázaro “reintegraba gran parte, en efectivo, a dicho patrocinador, sin desde luego declarar tal operación a la Hacienda Pública”, apunta el magistrado. “Sabemos que todos los patrocinadores cogen dinero en B, o cantáis y nos decís que patrocinadores cogen dinero en B, o no negociamos”, se recoge en una de las conversaciones intervenidas. “Si no se hace con el regalo, no hay nadie”, apostilló.

También se le imputa un delito de falsedad documental por inflar facturas para poder acceder a subvenciones públicas. Una de esas subvenciones, concedida por el Gobierno de Navarra, fue utilizada según el juez “para su exclusivo lucro personal”. En concreto se refiere al intento de compra del Osasuna Magna (comúnmente conocido como Xota). El auto incluye una conversación de Ramón Lázaro con el gerente de este equipo en el que le informa de que ha cobrado “225.000 euros de la subvención” y tras revisar el contrato que ha realizado para la compra del Osasuna Magna, comprueba que el 31 de mayo de 2026 le vence “un pago de 100.000 euros”, con lo cual solo le restarían por pagar “35.000 euros”. El gerente le responde que están “mal de dinero” por lo que Lázaro realiza el pago de los 135.000 euros que quedan por pagar para formalizar la compra del club. “Por tanto, parece claro y evidente que de la subvención que ha cobrado Ramón Lázaro, 135.000 euros los va a destinar a la compra de otro equipo de fútbol sala, concretamente el Osasuna Magna, también conocido como Xota”, concluye el juez.

Con todo, tras prestar declaración, el juez ha decidido dejarlo en libertad provisional porque entiende que no existe riesgo de fuga porque le ha retirado el pasaporte, ni de destrucción de pruebas porque ya se han realizado los registros y se le han intervenido dispositivos y se le han bloqueado las cuentas bancarias.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha reconocido a seis inversores de la empresa Arbistar que fueron estafados el derecho a cobrar alrededor de 900.000 euros, después de haber optado por la vía civil en vez de la penal, como la mayoría de los miles de recurrentes.

Las cantidades se calculan según el valor que tenían las criptomonedas en septiembre de 2021, fecha en la que se presentó la reclamación en los Juzgados de Arona, más los intereses correspondientes.

Sin embargo, la Audiencia Provincial rechaza los recursos de dos administradores de otras tantas empresas que representan a ocho inversores, al ratificar que deben acudir al juzgado de lo mercantil y no al civil, como ocurre entre particulares.

La abogada de Gran Canaria Conchi Viera, que representa a 1.800 estafados en la vía penal, ha indicado que las posibilidades reales de que estas personas lleguen a cobrar el dinero ahora reconocido son prácticamente nulas.

Según ha explicado, los pocos fondos que se han encontrado están embargados y los primeros en cobrar servirán para saldar deudas con Hacienda y las de quienes han recurrido a la vía penal, donde hasta ahora los tribunales les ha dado la razón.

En estos momentos son dos los directivos condenados por la Audiencia Nacional por estafa y organización criminal a 16,5 y 11 años de cárcel por estafar 200 millones a 32.000 personas, y a la vez se ha abierto otra pieza separada por blanqueo que involucra a los diez imputados de la primera causa.

En su momento, la Audiencia Provincial tinerfeña anuló el fallo de un Juzgado de Arona que se ponía del lado de la empresa de criptomonedas Arbistar frente a la petición de un inversor que reclamaba que le devolvieran cerca de medio millón de euros.

En segunda instancia se acordó no proceder a analizar el recurso del supuesto estafado, pero también revocar el fallo favorable a la entidad y dejar sin efecto todo lo actuado, al considerar que la competencia recae en el ámbito mercantil.

En este último fallo de la Audiencia Provincial se recuerda que en un principio se planteó una discusión, que llegó a ser de “relativa frecuencia” en estos procesos, sobre la acumulación de recursos en la vía civil y mercantil con el fin de evitar sentencias contradictorias.

Sin embargo, el Tribunal Supremo (TS) determinó en 2012 que, cuando se trata de acciones promovidas contra administradores y reguladas por la Ley de Sociedades de Capital, la competencia corresponde a los Juzgados de lo Mercantil.

El Parlamento Europeo ha votado este martes a favor de levantar la inmunidad al líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) y eurodiputado, Luis Alvise Pérez, para que sea juzgado por el Tribunal Supremo por un caso de financiación ilegal.

Los europarlamentarios de la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara que estudiaron este caso ya habían decidido la semana pasada que la protección de Alvise fuera suspendida por 20 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra.

Esta es ya la segunda vez que la Eurocámara acuerda por mayoría levantar la inmunidad a Alvise Pérez. En la anterior ocasión fue para que sea juzgado por el Supremo por el supuesto acoso contra la fiscal de delitos de odio, Susana Gisbert.

En el caso de financiación ilegal, tal y como reveló elDiario.es, el agitador de extrema derecha está investigado por financiar su candidatura de las últimas elecciones europeas con los 100.000 euros que Álvaro Romillo, empresario de las criptomonedas y también imputado por el colapso de su club de inversiones, le dio en Madrid pocas horas antes de que empezara la campaña electoral.

Alvise contactó con Romillo, apodado 'CryptoSpain', para colaborar y finalmente obtener dinero de cara a las elecciones europeas de 2024. Un día antes de lanzarse a la carretera y empezar su campaña, Alvise acudió a las oficinas de una empresa de Romillo y recogió 100.000 euros en efectivo.

Romillo ha reconocido que entregó el dinero y el propio Alvise lo confesó en su declaración judicial voluntaria del pasado mes de julio de 2025. Según su versión, el dinero no era para financiar la candidatura en la que consiguió casi 800.000 votos y tres escaños en Bruselas, sino para “capitalizarse a nivel personal” por el sorteo de su sueldo que prometió a sus seguidores y votantes.

El Ministerio Público dejó claro que no se quedó convencido con las explicaciones de Alvise y explicó que había “indicios racionales de criminalidad”. En medio año de diligencias la Policía concluyó que Alvise recibió esos 100.000 euros en efectivo para financiar su campaña y no por otros motivos esgrimidos por el agitador, que pasó de afirmar que era dinero cobrado por “trabajos” como “autónomo” a decir que era para hacer frente al sorteo de su sueldo.

“Ocultando los gastos electorales”

La Fiscalía destacó que Alvise cobró ese dinero en efectivo “con el objeto de financiar su campaña electoral a las elecciones al Parlamento Europeo del año 2024”, mientras Romillo abría wallets [monederos digitales donde están las criptomonedas] para que sus seguidores pudieran hacer donaciones en criptomonedas. Lo hizo, además, “ocultando a las autoridades encargadas de supervisar los gastos electorales la existencia de tal donación”. Según las acusaciones que pesan sobre él, Se Acabó La Fiesta nunca explicó al Tribunal de Cuentas de dónde sacó el dinero para financiar la candidatura.

El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, acordó mandar a prisión sin fianza a Romillo por supuesta estafa con criptomonedas en noviembre de 2025. Romillo fue detenido tras hallar una cuenta vinculada al empresario con 29 millones de euros en Singapur nutrida con el dinero de los inversores del Madeira Invest Club (MIC) supuestamente estafados. El juez acordó el procesamiento de Romillo y otros nueve procesados y les impuso una fianza solidaria por una cantidad superior a los 247 millones de euros. Les procesó por estafar presuntamente más de 185 millones, entre enero de 2023 y septiembre de 2024, a 3.062 inversores.

Además se le ha atribuido a Romillo un presunto fraude fiscal de 88 millones de euros. El magistrado instructor entiende que hay “indicios racionales y suficientes” de que Romillo “habría llevado a cabo una conducta defraudatoria” mediante “la omisión de ingresos reales que reflejan su verdadera capacidad económica” en los ejercicios 2023 y 2024.

En el caso del hostigamiento a la fiscal, el Supremo señaló que se investiga a Alvise por posibles injurias, coacciones y delito de odio contra Gisbert. El político ultra lanzó varios mensajes sobre esta fiscal en febrero de 2024 en su canal de Telegram. Alvise inició una de sus múltiples campañas de señalamientos a los fiscales especialistas en delitos de odio. En dos de los mensajes, Alvise publicó varias fotografías de la fiscal, que denunció al agitador por injurias y amenazas.

Otras causas pendientes de Alvise

Además, Alvise está acusado en el Alto Tribunal por acosar a los dos eurodiputados de su propio partido y por difundir una prueba falsa de PCR del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, un delito que el político ultra admitió ante los tribunales que había cometido.

La última querella presentada contra el eurodiputado en el Supremo ha sido por parte del alcalde de Algeciras, José Antonio Landaluce, por un presunto delito de amenazas. El regidor estuvo acusado por malversación y acoso sexual, pero el Supremo archivó en enero la querella que presentó el PSOE. El Supremo indicó que se aprecia un delito de amenazas condicionales con carácter subsidiario por parte del político ultra contra el regidor.

El partido de Alvise Pérez se fue de vacío de las elecciones en Andalucía del pasado domingo. Es la tercera vez que Se Acabó la Fiesta no logra representación en unas elecciones autonómicas, pero en esta ocasión ha conseguido sumar más de 105.000 papeletas y un 2,5% del voto en la tierra del eurodiputado. Alvise lo ha celebrado apuntando a las generales: “Perseveramos. Cuando entremos al Congreso en las próximas generales habrá un antes y un después”.

Se hicieron con las claves bancarias, se transfirieron varias cantidades de dinero y las utilizaron para comprar monedas virtuales. Sucedió en noviembre de 2020: la cuenta bancaria del Colegio ‘Nuestra Señora de los Infantes’, considerado el más antiguo de España y de régimen concertado, sufrió un revés inesperado. Varias personas consiguieron hacerse con las claves del centro docente y, sin el conocimiento y ni la autorización del colegio, realizaron tres transferencias para después invertir el dinero en criptomonedas. Es decir, un ‘criptorrobo’ en toda regla.

Los tres presuntos autores de los hechos fueron identificados y detenidos y esta semana son juzgados en la Audiencia Provincial de Toledo. La Fiscalía pide dos años de prisión para dos de los acusados, y nueve meses para el tercero de ellos.

La suma total de las tres transferencias fraudulentas alcanzó un valor de 31.555 euros que fue restituido un año después al colegio afectado.

Según el escrito de la Fiscalía, consultado por este medio, los tres acusados, una vez recibidas las transferencias en las respectivas cuentas corrientes de su titularidad, obraron “con afán de lucro”: procedieron a seguir las instrucciones que “personas desconocidas” les iban confiriendo en torno al destino que habían de dar al dinero recibido, quedándose los acusados con una “suculenta comisión”.

Transferencias para comprar monedas virtuales

Concretamente, una de las acusadas recibió 13.600 euros en su cuenta a través de una empresa de compraventa de criptomonedas y procedió a la compra de moneda virtual, en dos operaciones, por importes de 5.000 y 1.000 euros respectivamente. Posteriormente, a través de otra empresa del mismo calibre procedió a la compra de criptomonedas por importe de 4.500 euros.

Para dichas operaciones de compra la acusada no dudó en facilitar todas sus claves bancarias, su propia imagen, a través de selfies que le pedían desde las empresas de criptomonedas para corroborar su identidad, y sus datos identificativos.

Similares operaciones fueron efectuadas por el segundo de los acusados, el cual tras recepcionar en su cuenta casi 14.000 euros, facilitó igualmente todos sus datos identificativos, de imagen y bancarios, para comprar moneda virtual, en dos operaciones por importe de 4.800 y 3.100 euros, la compra de 3.000 euros en criptomonedas, apropiándose, en concepto de comisión, de otra parte del dinero recibido.

El último de los acusados recibió una cantidad en su cuenta sensiblemente menor, de 3.985 euros, y realizó cuatro reintegros en cajeros por importe de 1.600, 400, 500 y 300 euros; y otro reintegro por 1.170 euros, hasta disponer de la totalidad del efectivo, “fraudulentamente transferido”.

Los hechos descritos fueron denunciados ante la Policía Nacional por el Colegio ‘Nuestra Señora de los Infantes en diciembre de 2020.

El Ministerio Público considera que los hechos narrados son constitutivos de tres delitos de blanqueo de capitales, y por ello procede imponer a una de las personas acusadas la pena de dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 40.500 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un mes de prisión, así como el abono de las costas procesales.

Para el segundo de los acusados, por el mismo delito, pide igualmente la pena de dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 41.900 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un mes de prisión, y abono de las costas procesales.

Finalmente, para el tercer implicado, propone la pena de nueve meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 11.955 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de 15 días de prisión, y abono de las costas procesales.

El Colegio ‘Nuestra Señora de los Infantes’ es un centro concertado y diocesano. Pertenece a la Archidiócesis de Toledo, pero recibe financiación pública. Es considerado uno de los colegios más antiguo de España, fundado en el siglo VI, consolidándose como institución educativa en 1552 por el Cardenal Silíceo. Actualmente, imparte educación desde Infantil hasta Bachillerato y se le considera uno de los centros más prestigiosos de la ciudad.

El apartamento vacacional cerca de las ruinas romanas de Pompeya era “asqueroso” y olía a “una mezcla de humedad y alcantarilla”, según un usuario en Google Maps. Yo nunca lo visité, pero le puse cinco estrellas.

Hice lo mismo con un hotel DoubleTree de Hilton al otro lado del Támesis, un hotel Ibis budget en el este de Londres que forma parte del grupo Accor, un Travelodge céntrico y el cercano Hyatt Place; algunas de las marcas hoteleras más conocidas del mundo. Entre medias se mezclaban solicitudes de reseñas para hostales y pensiones en Génova, Nápoles, Maastricht, Cracovia y Bruselas. Durante unos días tuve un nuevo trabajo: escribir reseñas falsas en Google Maps a cambio de criptomonedas.

Todas las marcas hoteleras que respondieron a una solicitud de comentarios para este reportaje afirmaron que no tenían nada que ver con las reseñas y, de hecho, aseguraron no haber visto nunca nada parecido. Entonces, ¿qué está pasando? La respuesta parece ofrecer una pequeña pincelada sobre la enorme y creciente industria de las estafas online, que está socavando la confianza en las valoraciones de los clientes —una parte vital del comercio electrónico— y costando a los consumidores miles de millones de euros al año.

Pero las reseñas de hoteles podrían no ser el objetivo principal de la estafa: de hecho, el blanco principal de los estafadores era probablemente yo, al igual que todas las demás personas tentadas a escribir las reseñas.

“Es un placer conocerte”, fue el primer mensaje de “Sharon Roberts”, una cuenta de Telegram ya eliminada que era, casi con toda seguridad, un seudónimo. No era el primer mensaje que recibía: mi número está en alguna lista de víctimas potenciales, por lo que me llegan dos o tres ofertas de trabajo al mes. Esta vez decidí comprobar si las promesas de ganar hasta 800 libras (unos 916 euros) al día eran ciertas.

Tras responder, siguieron nueve días de insistencia, instrucciones y mensajes motivadores para intentar convencerme de que aceptara el trabajo. “¿Es esto legal?”, pregunté. La confusa respuesta de Sharon, en un inglés que no parecía propio de un hablante nativo, fue: “Colaboramos con operadores de SMS a través de la publicación de ofertas de trabajo en Telegram y SMS”.

Pero Sharon era solo una reclutadora. Los estafadores más profesionalizados han adoptado la división del trabajo, asignando cada fase del engaño a un especialista. Sharon me derivó a una “recepcionista” que se hacía llamar Victoria Castillo; de nuevo, no había pruebas de que el nombre perteneciera a la persona real. Victoria me guio en el proceso de configurar un monedero de criptomonedas en una plataforma de intercambio estadounidense y en cómo aceptar pagos en USDC, una stablecoin vinculada al valor del dólar. (Según la legislación británica, los receptores de pagos en criptomonedas deben declarar su origen. “Puedes ignorar eso”, fue el consejo de Victoria cuando le pregunté por la notificación).

Las fotos de perfil de Victoria mostraban a una mujer rubia frente al perfil de una ciudad no identificada, o con un impecable traje de esquí blanco junto a una pista nevada. Dijo que vivía en Nueva York pero que había nacido en el Reino Unido. Las búsquedas inversas de imágenes sugirieron que el rostro de esa persona coincidía con fotografías de varios sitios web pornográficos.

Internet ha permitido que el fraude se convierta en una industria verdaderamente global. Investigadores de todo el mundo han detectado un aumento de este tipo de estafas operadas desde países con leyes laxas, como Camboya, Myanmar o Rusia. En algunos casos, los propios estafadores son víctimas de trata y esclavitud en centros de estafas que funcionan como prisiones. Cuando más tarde le preguntamos a Victoria si corría algún peligro, su respuesta fue: “¿Ah? Siempre estoy a salvo”. Su perfil no daba ninguna indicación de dónde se encontraba.

Serpil Hall, una consultora de fraude que lleva 20 años luchando contra los estafadores, afirma haber visto un gran aumento en el volumen de estafas online en los últimos seis o siete años, impulsado por nuevas tecnologías que facilitan a los delincuentes la suplantación de empresas oficiales. “En lo que respecta a las estafas, se están volviendo muy hábiles”, señala. “Especialmente con la IA, la IA generativa y ahora la IA agéntica”, bots que pueden operar de forma independiente y realizar acciones en el mundo real, potencialmente contra las víctimas.

Suplantación de empresas

Mis empleadores no parecían estar utilizando las herramientas más sofisticadas, pero lo compensaban con el volumen. Victoria me dirigió a un canal de Telegram independiente, con el nombre y una imagen corporativa aproximada de Quad Marketing Agency, una gran empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York.

Un portavoz de Quad declaró: “Quad no tenía información sobre este canal y no está afiliada a él de ninguna manera. Estamos revisando este asunto y tomaremos las medidas justificadas y apropiadas con respecto a este uso no autorizado del nombre de Quad y la consiguiente imitación de nuestro logotipo”.

El canal que pretendía ser Quad, fácilmente accesible para cualquier persona en Telegram, tiene 16.800 suscriptores, mientras que otro canal casi idéntico cuenta con 14.700, lo que permite vislumbrar la escala industrial de la operación. Un portavoz de Telegram afirmó que cuentan con un “robusto sistema antispam” que previene muchas estafas antes de que comiencen.

“Aunque lamentablemente las estafas están presentes en todas las redes sociales, Telegram elimina rutinariamente este tipo de fraudes de su plataforma como parte de sus procesos normales de moderación”, señaló el portavoz. “Los moderadores, apoyados por herramientas de IA personalizadas, supervisan proactivamente las partes públicas de la plataforma y aceptan denuncias para eliminar millones de contenidos dañinos cada día, incluyendo estafas de reseñas fraudulentas”.

Los moderadores, apoyados por herramientas de IA personalizadas, supervisan proactivamente las partes públicas de la plataforma y aceptan denuncias para eliminar millones de contenidos dañinos cada día

Portavoz de Telegram

Los canales publican un flujo constante de “trabajo” de 8:00 a 19:00 (hora del Reino Unido): hasta 14 reseñas, pagadas inicialmente a 5 dólares por cada una. Estas se intercalan con “tareas comerciales”, en las que el trabajador envía criptomonedas y los empleadores le devuelven la misma cantidad con una generosa comisión añadida. Desde el 12 de marzo, el canal había publicado casi 6.000 mensajes solicitando reseñas falsas.

Accor y Travelodge afirmaron que no tenían nada que ver con las reseñas falsas y que tratarían de garantizar que no se publicara ninguna. Un portavoz de Travelodge declaró: “Nos tomamos muy en serio la integridad de las valoraciones de los clientes y, como establece nuestra política, no creamos, encargamos ni publicamos reseñas falsas bajo ninguna circunstancia”. The Guardian también contactó con Hilton y Hyatt Place para obtener comentarios, pero no hubo respuesta.

Otra oferta de trabajo de reseñas falsas ligeramente diferente, también organizada a través de Telegram, utilizaba la imagen de HotelsCombined (parte del grupo Booking.com) para solicitar reseñas de hoteles en lugares tan distantes como Bucarest, Bali y Tailandia a través de un sitio web diseñado a medida por los estafadores.

Un portavoz de Booking.com señala que solo los clientes con estancias confirmadas pueden publicar reseñas, lo que sugiere que es poco probable que las falsas lleguen a publicarse. El portavoz añade: “Esas medidas, combinadas con equipos especializados y sistemas automatizados, significan que contamos con un procedimiento robusto para detectar y prevenir reseñas que no cumplan con nuestras directrices de contenido”.

Cómo utilizan a las víctimas

Había varias formas posibles en las que los estafadores podrían haber estado utilizando a víctimas como yo.

En primer lugar, las reseñas en internet han facilitado que los delincuentes vendan productos y servicios fraudulentos. La Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido (CMA) descubrió en 2023 que los textos de reseñas falsas en productos causan un perjuicio anual de entre 50 y 312 millones de libras a los consumidores británicos (y eso sin incluir servicios como los hoteles). La CMA afirmó que entre el 11% y el 15% de todas las reseñas eran falsas en los productos que examinó, incluyendo auriculares Bluetooth, planchas, hervidores, sillas de escritorio, botellas de agua, esterillas de yoga y aspiradoras.

Ese es un dinero que, esencialmente, se embolsan los estafadores, lo que hace que el trabajo de los reseñadores falsos sea potencialmente valioso. Es poco probable que alguna de las grandes cadenas hoteleras haya pagado por reseñas falsas, pero el servicio está fácilmente disponible a través de búsquedas en internet y podría resultar tentador para un operador más pequeño.

Luego están las transacciones en sí mismas. Recibí 5 dólares en USDC por cada reseña falsa. Chainalysis, una firma que rastrea transacciones en blockchain —a menudo en colaboración con las fuerzas de seguridad—, señaló que los monederos que realizaron los pagos y otros vinculados a ellos siguen un patrón constante que revela la escala industrial de las estafas. Los monederos se recargan desde otros lugares antes de enviar decenas de miles de pequeños pagos, presuntamente a reclutas como yo. Estos monederos solían repartir entre 300.000 y 600.000 dólares en USDC antes de transferir el dinero restante.

Bajo las leyes introducidas en el Reino Unido el pasado abril, las plataformas web como Google que albergan reseñas deben tener políticas claras para la prevención y eliminación de valoraciones falsas e incentivadas, marcar actividades sospechosas y garantizar, en la medida de lo posible, que las reseñas publicadas sean auténticas y no engañosas.

Tras la presión de la CMA, Google acordó este año hacer más para identificar y eliminar reseñas falsas. Y, para mi tranquilidad, mi racha de valoraciones fraudulentas activó una respuesta automática. Al menos algunas parecen haber sido bloqueadas por los sistemas de Google.

Google afirmó que toma medidas rápidas contra los malos actores eliminando el contenido que infringe sus políticas, suspendiendo cuentas e incluso emprendiendo acciones legales. La empresa señaló que ha eliminado más de 240 millones de reseñas falsas desde 2024 —la gran mayoría antes de que fueran visibles— y que ha restringido 900.000 cuentas por violar sus normas.

La estafa del cerdo

Hall explica que quienes se dedican a las reseñas falsas han recurrido a “bots humanos” porque “las empresas se están adelantando y aplicando medidas” para detectar la actividad fraudulenta. Sin embargo, añadió que lo más probable es que los estafadores estuvieran haciendo un “doble juego”: usar mi trabajo, pero también utilizar los pagos para el blanqueo de capitales, antes de estafarme a mí al final del proceso.

Las criptomonedas desempeñan un papel crucial. Por diseño, los activos digitales registran todas las transacciones en una cadena de bloques pública. Pero el “tumbling” (unir dinero negro en una sola cuenta, dividirlo y recombinarlo muchas veces) puede ayudar a ocultar su origen, un servicio muy valioso para los grupos criminales.

Tras aprovecharse de mi trabajo, la atención de los estafadores se centró finalmente en sacarme dinero; una versión a menor escala de las estafas de “matanza del cerdo”, en las que los delincuentes “ceban” a sus objetivos ganándose su confianza para luego huir con grandes sumas de dinero. Victoria me dijo que la única forma de continuar sería realizar una “tarea comercial”, que consistía en pagar 50 dólares para recibir 60 de vuelta.

Una tabla publicada regularmente en el canal detallaba de forma muy útil lo que podía esperar si seguía adelante: pagos cada vez mayores reportarían beneficios cada vez más altos, alcanzando un máximo de 16.000 dólares por un desembolso inicial de 10.000.

Aunque el estafador pueda realizar unos pocos pagos iniciales para infundir confianza en las víctimas, el objetivo final es huir con los fondos

Jacqueline Burns Koven — jefa de inteligencia de ciberamenazas en Chainalysis

Jacqueline Burns Koven, jefa de inteligencia de ciberamenazas en Chainalysis, señala: “Esto parece similar a las estafas de empleo. Básicamente, un fraude donde la gente se registra para hacer 'tareas' y acumular un saldo, para luego tener que pagar si quieren retirar ese dinero o 'actualizar' su cuenta. Aunque el estafador pueda realizar unos pocos pagos iniciales para infundir confianza en las víctimas, el objetivo final es huir con los fondos”.

Victoria enviaba recordatorios motivacionales diarios para intentar que me involucrara, pero la cuenta de gastos de The Guardian no llega para enviar miles de libras a posibles estafadores, así que llegué al final del camino. Cuando le revelé que era periodista y le pregunté quién era realmente, se quejó de que estaba invadiendo su privacidad antes de dejar de responder. No contestó a una solicitud detallada de comentarios.

Gané 30 dólares por varias horas de trabajo repartidas a lo largo de semanas. Mientras tanto, un par de mensajes más han llegado a mi Telegram: mujeres jóvenes ofreciendo más trabajo.

La sala de apelación de la Audiencia Nacional ha duplicado las penas de cárcel para los creadores de la plataforma de criptomonedas Arbistar, que estafaron entre 2019 y 2020 a unas 9.500 personas, al considerarlos una organización criminal, tal y como solicitaban la Fiscalía y las acusaciones.

En la sentencia, se eleva de 8 a 16,5 años de cárcel la pena para el principal encausado Santiago F.J. y de 6 a 11,5 años la de su socio Diego Felipe F.N. y el incremento de las penas también se justifica al entender que el fraude cometido es “singularmente grave”, dado que concurría una actividad defraudatoria prolongada y sistemática.

La sentencia apelada tipificó el delito como una estafa continuada pero rechazó aplicar el tipo agravado al no ver acreditado que alguna de las estafas por sí sola superara los 50.000 euros, pese a que reconocía decenas de miles de bitcoin defraudados y fijaba un perjuicio muy superior a 250.000 euros.

Ahora también se tiene en cuenta la captación de un número extraordinariamente elevado de inversores, un perjuicio patrimonial de magnitud excepcional y la utilización de una estructura organizada y estable con reparto funcional.

El Tribunal condena a los dos fundadores de Arbistar, empresa afincada en el sur de Tenerife, a indemnizar a las miles de personas que se incluyen en el listado aportado por la Fiscalía en las cantidades que se determinaran en la ejecución de la sentencia y mantiene la absolución de las cuatro acusados y tres sociedades.

De resto la sala de apelación asume íntegramente los hechos probados de la sentencia inicial, que considera probado que entre los años 2019 y 2020 los acusados junto con otras personas no identificadas, crearon y dirigieron un entramado societario encabezado por Arbistar “con la finalidad aparente de ofrecer servicios de inversión en criptomonedas, fundamentalmente mediante un supuesto sistema automatizado de arbitraje denominado Community Bot (CB)”.

Este sistema se presentaba públicamente como un software capaz de generar altas rentabilidades estables mediante operaciones automáticas de arbitraje entre distintos mercados de criptodivisas, lo que atrajo a decenas de miles de inversores, que transferían sus bitcoins (BTC) a direcciones controladas por Arbistar.

Los informes periciales y policiales demostraron que el sistema funcionaba, en realidad, como un esquema defraudatorio, en el que los fondos de nuevos inversores se utilizaban para aparentar pagos a inversores anteriores, sin respaldo en actividad económica real.

Así se produjo la captación masiva de inversores y engaño continuado mediante una intensa actividad de promoción comercial, eventos, redes sociales y líderes de captación, comunicaciones directas con los inversores, y la suscripción de contratos digitales que formalizaban la supuesta inversión.

“El fallo consideró probado que hubo una estafa continuada de carácter masivo, basada en un engaño mediante la oferta de un producto inexistente, con uso de contratos digitales, y con control de los fondos por parte de los acusados principales”, indica la Audiencia Nacional.

La abogada canaria Conchi Viera, que representa a casi 2.000 estafados, cree que el nuevo fallo supone “el reconocimiento judicial más claro hasta ahora de la gravedad del fraude que sufrieron personas que confiaron sus ahorros en un sistema que se presentaba como tecnológicamente sofisticado y seguro.”

La letrada destaca también la importancia práctica de la resolución respecto a la reparación en cuanto que se reiteran los criterios para calcular las indemnizaciones en función de los bitcoins entregados y su valoración, ya establecidos en la sentencia de primera instancia, y “sienta un precedente muy importante en estafas con criptoactivos”

Ahora el trabajo se centra en la ejecución y que esta resolución se traduzca en una reparación “real y efectiva para quienes perdieron su dinero”, añade la abogada. 

La estafa de la criptomoneda LIBRA, disparada a partir de un tuit de Javier Milei el 14 de febrero de 2025, tiene al presidente argentino contra las cuerdas. La causa hibernó en un juzgado federal de Buenos Aires durante un año, pero en el último mes han surgido pruebas que comprometen al mandatario ultraderechista como presunto artífice y benefactor de un fraude de decenas de millones de dólares.

La reciente filtración de un peritaje informático que el fiscal de la causa mantenía oculto ha cambiado la dinámica del procedimiento y tiene al Gobierno desconcertado. Una de las últimas pruebas, obtenida del teléfono móvil del lobista tecnológico Mauricio Novelli, es el borrador de un plan para pagar al mandatario cinco millones de dólares de forma escalonada en función de unas actuaciones pactadas con Milei y su hermana, Karina, secretaria general de la Presidencia.

También ha trascendido un frenesí de diálogos telefónicos minutos antes y después de aquella publicación de febrero del año pasado, además giros por importe de cientos de miles de dólares a billeteras electrónicas y transferencias bancarias ejecutadas por Novelli y sus socios a medida que se iba cumpliendo el plan.

La secuencia y los datos están constatados en el expediente y en un informe de una comisión de investigación de la Cámara de Diputados. El fiscal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez de Giorgi, ambos conocidos en el fuero criminal federal —similar a la Audiencia Nacional en España—, apenas hicieron avanzar la causa en el año transcurrido.

La criptomoneda desconocida

El empresario estadounidense Hayden Davis lanzó el token de LIBRA, una criptodivisa desconocida que pasó de valer 0,3 dólares a casi cinco tras el tuit de promoción de Milei. Minutos antes y después de la publicación, unos pocos operadores, supuestamente vinculados a Davis y su socio Novelli, compraron activos por decenas de millones de dólares. En poco más de una hora, el precio comenzó a desplomarse. Se estima que unos 40.000 inversores de todo el mundo cayeron en la trampa, y unas pocas decenas hicieron un gran negocio al retirarse a tiempo, con ganancias estimadas de hasta 200 millones de dólares.

En estos 13 meses se fueron conociendo pruebas de la trama, como las visitas del lobista Novelli a la Casa Rosada en 2024 o los tres encuentros de Davis con el presidente, así como los que tuvo el dirigente con el también lobista Manuel Terrones Godoy. En uno de los pocas actuaciones que realizó en la causa, el fiscal Taiano ordenó un peritaje del teléfono incautado a Novelli. El informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General detectó que Novelli había borrado todos sus intercambios con el presidente y sus socios en LIBRA, pero algunos mensajes y archivos temporales pudieron ser rescatados.

La filtración comenzó a divulgarse en medios críticos del Gobierno de ultraderecha, pero también en los diarios Clarín y La Nación. Además, el sitio La Justa reveló la semana pasada que la DATIP había rescatado un archivo con un borrador de un contrato entre Davis y Milei por “asesoramiento” en materia de blockchain —la tecnología de las criptomonedas— además de transferencias por cientos de miles de dólares. A partir de la divulgación, el fiscal Taiano lo incorporó al expediente y se abrió la caja de Pandora.

“Los chats muestran que Milei mintió”

El diputado del Partido Socialista Esteban Paulón, integrante de la Comisión de Diputados que conformaron opositores peronistas de izquierda y de centro, dice en declaraciones a elDiario.es que la revelación deja expuesto al mandatario. “Los chats de Novelli muestran que Milei mintió, que en todo momento tuvo conocimiento de toda la operatoria de LIBRA y que no es verdad que le pareció interesante y la compartió en sus redes [como el presidente había esgrimido]. Milei estaba al tanto de toda la operación. Las 200 llamadas telefónicas que aparecen en las 72 horas previas al lanzamiento de LIBRA y la explicación posterior evidencian que había una acción sumamente coordinada entre distintos actores: Milei, Noveli, Terrones Godoy, Hayden Davis y Karina Milei”, acusa.

El sitio El Destape localizó el sábado el archivo de donde se hablaba de los cinco millones de dólares. El documento, que Novelli borró del teléfono, pero del que se halló una copia de baja calidad generada por el propio aparato, es una anotación en la que su autor se comunica con sus socios y donde detalla lo que se supone es el inicio de un plan de pagos: 1,5 millones de dólares como adelanto, otros 1,5 millones por un tuit donde Milei anunciara a Davis como asesor y dos millones más tras la firma del contrato en persona junto a Karina Milei.

Gabinete de crisis con los estafadores

Al comparar el esquema con el comportamiento de Milei en sus redes se comprueba que, en efecto, este anunció la asesoría de Davis y que el presidente y los protagonistas de la trama cripto se sacaron fotos en Casa Rosada poco antes del mensaje de lanzamiento de la criptomoneda. Mensajes de Novelli y Davis los muestran celebrando la firma de un “deal”, que sería el contrato. Un periodista de Clarín publicó que vio ese contrato con la firma de Davis y Milei. Además, el estadounidense alardeó ante terceros en EEUU que controlaba a “ese nigga”, en referencia a Milei, porque le pagaba a su hermana.

De las anotaciones de Novelli se desprende que el propio lobista ejercía algún tipo de autoridad sobre Milei. En un momento, dice a sus amigos que tomaría el móvil del presidente argentino y tuitearía. Otro texto refleja indicaciones sobre cómo Milei debía retractarse en la misma noche del 14 de febrero, cuando el escándalo crecía y el grupo trataba de apagar las llamas. Milei se desdijo a medianoche de la recomendación de compra del criptoactivo fraudulento siguiendo precisamente esas indicaciones generales de Novelli.

Un dato clave que complica todavía más la posición del presidente argentino es que su tuit original contenía un código para acceder al contrato, que consiste en unos 40 caracteres con letras y números. En una entrevista, el presidente argentino dijo que su recomendación se debió a un impulso momentáneo por algo que había visto en redes. Sin embargo, el código no había aparecido en ningún lado.

Tres días después de ejecutarse la operación, Milei dio una entrevista a un canal de televisión de Clarín de la que trascendió —por un error al subir el contenido en bruto a Youtube— que un asesor había interrumpido el diálogo tras decir el presidente argentino algo inconveniente. Los archivos de Novelli reflejan también que él coordinó con Milei qué decir y qué ocultar en esa entrevista, según La Nación.

Un posible testaferro

Otro de los sucesos controvertidos fue la transferencia de un millón de dólares en activos digitales desde una cuenta atribuida a Davis a un jubilado de modestos medios. Con los datos conocidos ahora, crece la sospecha de que el destinatario real pudiese haber sido Milei o algún otro intermediario.

También ha salido a la luz una factura por 250.000 dólares del 5 de enero de 2025, 40 días antes del lanzamiento de LIBRA, firmada por Pía Novelli (hermana de Mauricio) a nombre de Kelsier Ventures, la empresa de Davis. Pía fue con su madre el primer día hábil después del lanzamiento de LIBRA a vaciar la caja de seguridad que su hermano había abierto 10 días antes.

El diputado Paulón sostiene que el borrador del acuerdo por cinco millones de dólares deberá modificar el curso de la causa. “Cuando ves el contrato que aparece en el celular de Novelli y lo cruzas con los pasos y las acciones que Milei llevó adelante, coinciden prácticamente con una sincronía increíble. Lo que ahora tiene que determinar la Justicia es si efectivamente ese pago se realizó”. Paulon añade que ha solicitado que se inicie un expediente disciplinario contra el fiscal Taiano “por las demoras en la causa”. Más aún:   legisladores de la oposición anunciaron que lanzarán una segunda comisión investigadora del caso $LIBRA y denunciarán a Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal por “entorpecer el pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso de la Nación”.

El acuerdo para que el presidente Javier Milei escribiera el tuit impulsando la criptomoneda $LIBRA incluyó el pago de cinco millones de dólares, según reveló este sábado una investigación de El Destape. De acuerdo a un archivo encontrado en el teléfono móvil del lobista Mauricio Novelli, el precio pactado por la estafa $LIBRA fue un pago de 1,5 millones de dólares por adelantado, otra suma similar por el tuit, y otros dos millones de dólares por la firma de un contrato en persona junto a su hermana Karina, secretaria General de la Presidencia.

De acuerdo con la investigación, el borrador del contrato fue acordado entre Novelli y Hayden Davis, el CEO de Kelsier Ventures y creador del token $LIBRA. El archivo fue creado el 11 de febrero de 2025, tres días antes de que se lanzara la cripto y estallara el escándalo.

El contrato, en inglés, establece:

Hola amigos,

Este es el acuerdo final discutido con H.

$1,5 M de tokens líquidos o cash como adelanto

$1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis

$2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoriaen blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y revision con Javier y Karina

El archivo estaba en los dispositivos secuestrados a Novelli por la justicia y suma una nueva prueba sobre el rol del presidente y su hermana. Se conoce después de que las partes pudieran acceder a las pericias que habían sido ocultadas por el fiscal Eduardo Taiano, según denuncia la abogada Natalia Volosin.

Este sábado, además, se conocieron los registros de llamadas incorporados a la investigación judicial por el caso del criptoactivo $LIBRA que revelan una intensa comunicación entre el entorno más cercano del presidente Javier Milei y el lobista argentino Mauricio Novelli durante las horas previas al lanzamiento del token y también después de su colapso.

Un jubilado argentino está siendo investigado en el marco del caso por la estafa de la criptomoneda $LIBRA, después de que se constatara que recibió 1 millón de dólares en activos digitales desde una cuenta atribuida a Hayden Davis, señalado como promotor de la operación en la que miles de personas fueron supuestamente estafadas hace un año.

El destinatario de la transferencia fue identificado como Orlando Rodolfo Mellino, de 75 años y oriundo del municipio bonaerense de Tigre. Según los datos incorporados a la causa, la transferencia se realizó el 30 de enero de 2025, el mismo día en que Davis se reunió con el presidente argentino, Javier Milei, y difundió una imagen junto al mandatario en redes sociales.

El ultraderechista ha sido acusado de promover la criptomoneda y causar pérdidas millonarias a sus seguidores, porque compartió en la red social X el número de contrato de esa moneda digital, desconocida hasta el momento y que no era de acceso público.

La información sobre Orlando Rodolfo Mellino ha surgido de registros aportados por la plataforma de intercambio cripto Bitget, que confirmó que una de las billeteras bajo análisis estaba asociada al jubilado.

De acuerdo con un dictamen del fiscal Eduardo Taiano, minutos antes de la publicación de la foto de Davis con Milei, dos direcciones vinculadas al empresario enviaron el valor equivalente a 507.500 dólares cada una a una cuenta identificada como “CPS9”. “Esta información permitió conocer que el propietario de CPS9 es Orlando Mellino”, señala el documento judicial.

Pocas horas después, esa suma fue reenviada —en cuatro transferencias realizadas en apenas 13 minutos— a otra billetera cuyo titular aún no ha sido identificado.

Sospechas sobre el circuito financiero

Los investigadores evalúan ahora si estas cuentas funcionaron como plataformas de salida para blanquear fondos y facilitar la conversión del dinero virtual en efectivo.

El expediente también ha incorporado movimientos posteriores al derrumbe del valor de $LIBRA, que causó pérdidas a más de 100.000 billeteras y cuya promoción contó con la “colaboración imprescindible” de Javier Milei, según una comisión de investigación de diputados. Tras la caída de la criptomoneda, Davis compensó al empresario estadounidense Dave Portnoy, quien había invertido cinco millones de dólares en el proyecto.

Como el inversor mantiene públicas sus billeteras virtuales, los peritos pudieron rastrear la dirección desde la cual se efectuó el reembolso, lo que contribuyó a reconstruir parte del recorrido del dinero. La investigación busca determinar ahora si Mellino actuó como intermediario, prestanombre o eslabón operativo dentro de una estructura más amplia vinculada a la presunta criptoestafa.

El informe de la comisión parlamentaria, firmado por 15 diputados, incluye pruebas que comprometen a Milei desde el origen mismo del caso $LIBRA. Según dijo a elDiario.es el pasado mes de noviembre Oscar Agost Carreño, diputado disidente del PRO (partido de Mauricio Macri, aliado de Milei), se registró un rug pull (en español, tirón de alfombra, significa que desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token, atraen inversores para que aumente su valor para luego repentinamente retirar los fondos y llevarse el dinero) que se repitió varias veces.

Por esa maniobra, 114.410 billeteras sufrieron pérdidas, 498 perdieron más de 100.000 dólares; 3.144 perdieron entre 10.000 y 100.000 dólares. Sólo 36 ganaron más de 1 millón cada una.

Investigadas doce personas por hacer de “mulas bancarias” de una organización criminal internacional. La Guardia Civil, en el marco de la operación “Vicentius”, ha investigado a doce personas como presuntos autores de delitos de estafa, blanqueo de capitales y acceso ilícito a sistemas informáticos. Se trata de ocho hombres y cuatro mujeres de entre 20 y 75 años, residentes en diferentes puntos del territorio nacional. 

La persona perjudicada por este entramado criminal sufrió un perjuicio económico de 432.000 euros en criptoactivos.

Además, los agentes identificaron a dos residentes, como presuntos integrantes de la organización criminal, y constataron que los datos personales y bancarios de la afectada también fueron utilizados para solicitar a su nombre dos préstamos bancarios por un importe de 10.450 euros. Esto elevó la estafa inicial a un total de 442.650 euros.

La operación se inicia en La Rioja

Esta operación se inició cuando la víctima presentó una denuncia ante la Guardia Civil en La Rioja. El motivo fue la detección de movimientos bancarios que no reconocía y la imposibilidad de recuperar las supuestas inversiones que había realizado en una plataforma de criptomonedas. En su denuncia explicó que había sido contactada meses atrás por unos supuestos asesores financieros a través de plataformas digitales. Le convencieron para realizar una pequeña inversión inicial con la promesa de obtener beneficios extraordinarios.

Los criminales facilitaron a la víctima el acceso a una plataforma web falsa. En ella podía visualizar gráficos y datos manipulados que mostraban cómo su capital crecía supuestamente de forma exponencial y en tiempo real. Esto llevó a la perjudicada a realizar sucesivas transferencias de dinero cada vez mayores con el fin de maximizar sus ingresos.

Una vez ganada su confianza, los estafadores la convencieron para instalar en sus dispositivos electrónicos un software de acceso remoto denominado “AnyDesk” con el pretexto de prestarle asistencia técnica para gestionar operaciones más complejas. Sin embargo, esta aplicación permitió a los ciberdelincuentes tomar el control total de su ordenador y de su teléfono móvil, accediendo directamente a sus credenciales bancarias y a toda su información personal.

Con el control de los equipos y de las claves bancarias, los responsables de la trama vaciaron totalmente las cuentas personales de la víctima, así como de otras que gestionaba desde sus dispositivos informáticos, pertenecientes a la empresa en la que trabajaba.

Además del capital sustraído, utilizaron su identidad para suscribir préstamos de concesión inmediata, incrementando el perjuicio económico. Este sofisticado entramado técnico y psicológico permitió rastrear la red internacional de blanqueo asociada a la estafa.

Los investigados eran las “mulas bancarias”

Los investigados en esta operación desempeñaban el papel de “mulas bancarias”. Estas personas actúan como intermediarios, cediendo sus cuentas o abriendo otras nuevas para recibir el dinero estafado a las víctimas.

Su función principal consiste en extraer, mover, fragmentar y redistribuir los fondos que reciben de los responsables de la organización. Para ello, realizan transferencias sucesivas a otras cuentas, tanto nacionales como extranjeras, o convierten el dinero en criptomonedas. Con estas operaciones encadenadas logran dificultar la trazabilidad del dinero, proteger la identidad de los verdaderos criminales y ocultar el origen ilícito de los fondos.

La investigación permitió rastrear hasta 42 transferencias dirigidas a cuentas ubicadas en Dinamarca, Lituania, Reino Unido y China, lo que facilitó seguir el recorrido del dinero y destapar una red criminal de carácter internacional con ramificaciones en Europa y Asia. La investigación continúa abierta y centrada en determinar el destino final de los fondos para su posible recuperación.

Denuncia telemática

La Guardia Civil recuerda a los perjudicados por este tipo de delito la posibilidad de poder presentar denuncia telemática sin tener que acudir a una instalación oficial.

Puede acceder a la Sede Electrónica de la Guardia Civil, bien de forma directa, o bien desde la web corporativa de Guardia Civil o por medio del siguiente enlace https://web.guardiacivil.es/es/tramites/denuncias/denuncia-electronica/.

Además, en esta plataforma se pueden realizar otros cuatro procedimientos penales –daños, hurtos, sustracción de vehículos y sustracción en interior de vehículos- y dos procedimientos administrativos –pérdida o extravío de documentación y localización de documentación-. 

Para acceder a los formularios específicos, se deberá realizar a través del sistema Cl@ve que permite identificar de forma inequívoca al denunciante que interpone la denuncia e informarle de los derechos que le asisten como denunciante. Una vez completado el formulario, la denuncia no resultará válida hasta ser revisada y confirmada formalmente a través de la Sede Electrónica.

¿Qué deparará el nuevo año en los mercados globales? ¿Habrá crisis financiera? ¿Convertirá la inteligencia artificial (IA) sus inversiones de ficción en valoraciones reales? ¿Dominará de nuevo la volatilidad bursátil? ¿O acontecerá solo una corrección más o menos brusca?

Recién estrenado el nuevo ejercicio, cinco bloques analíticos dejan una hoja de ruta inicial de por qué derroteros podrían circular las expectativas inversoras. En cualquier escenario, 2026 estará gobernado por la geopolítica y las recetas económicas de la Administración Trump y, en paralelo, por los activos tecnológicos.

1. Los iconos de la IA americana marcan la senda tecnológica occidental

Los dos primeros ejecutivos de Nvidia y Oracle, Jensen Huang y Larry Ellison, han rivalizado por ser, junto a Elon Musk, los empresarios de cabecera de Donald Trump. Sus emporios se han convertido en estandartes del auge de la IA, en sostenes del negocio de los chips y de la fiebre constructora de centros de datos, aunque también en sensores de alarma de rampantes deudas corporativas.

Las revalorizaciones bursátiles de Nvidia y Oracle revelan que la IA ha dejado de ser una historia de software brillante para convertirse en un fenómeno industrial, intensivo en capital y energía. En ese giro, Nvidia —aproximándose a los 4,5 billones de dólares de capitalización, tamaño similar al PIB de Japón, cuarto del planeta— se ha consolidado como proveedor hegemónico de la demanda que reclaman las firmas de computación. Mientras, Oracle (560.000 millones de dólares, los PIB de Tailandia o Noruega) se ha erigido en arquitecta y financiadora de sus infraestructuras. Juntas representan la promesa estructural de la IA y las tensiones que empiezan a emerger bajo su creciente músculo inversor.

Nvidia es el epicentro tecnológico. Sus GPUs [Unidades de procesamiento gráfico] Blackwell ejercen de estándares de entrenamiento de modelos de IA avanzados y catapultan una expansión sin precedentes de los centros de datos por todo el mundo. El resto de sus compañeras de las Siete Magníficas (Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Meta y Tesla) son sus clientes preferenciales.

Oracle, por su parte, ha llevado a cabo una reinvención excepcional: de vender software corporativo a convertirse en suministrador de cloud neutral para IA, firmando contratos colosales —sobre todo, con OpenAI— y financiando data centers con deuda a gran escala. El mensaje implícito es claro: la IA ya no es ligera ni barata; es una carrera contrarreloj de ladrillo y hormigón para sus armazones, de silicio para sus circuitos integrados.

Pero también es fuente de endeudamiento. La red de acuerdos circulares que se están confeccionando en torno a estos dos colosos corporativos, con capitales cruzados, compromisos anticipados de compra de chips y préstamos fuera de balance, recuerda episodios pasados de exuberancia tecnológica. “Si dentro de un año hablamos de una burbuja de la IA, estos pactos concéntricos serán los primeros en estallar”, advierte Brian Colello, analista de Morningstar, que describe un círculo vicioso: Nvidia invierte en OpenAI; esta se compromete a comprar enormes volúmenes de chips y esos compromisos, a su vez, justifican nuevas inversiones en centros de datos y más financiación. Y está la duda de cuándo caduca un chip y si los plazos de amortización de esas inversiones serán suficientes.

A juicio de Colello, el quid de esta cuestión no reside en el crecimiento de la demanda, sino en que todos estos flujos de capital e ingresos se empiecen a validar entre unos mismos actores, adelantando beneficios futuros aún inexistentes. “Si la monetización real de la IA se retrasa o decepciona, esa red de compromisos cruzados puede amplificar el ajuste”, alerta. No tanto porque falle esa tecnología, sino porque la ingeniería financiera haya inflado la percepción de la IA como tracción económica.

Jim Morrow, consejero delegado de Callodine Capital, lo plantea en términos automovilísticos: “Estamos en la fase del ciclo en la que el neumático toca el asfalto”. Pero queda por ver si estas inversiones masivas se traducen en retornos reales. De no ser así, el coche se saldrá de la pista.

A diferencia de la crisis punto.com de 2000, las bigtechs generan beneficios y las valoraciones de Nvidia y Oracle no rozan niveles delirantes, dice el consenso del mercado. Pero todo cambio de régimen provoca alteraciones y la IA ha pasado de promesa intangible a una apuesta económica que traslada actividad en productividad y esta en competitividad, lo que genera una serie de riesgos sistémicos asociados a la energía, financiación y concentración de empresas.

En consecuencia —resalta Morrow— el éxito de Nvidia y Oracle no dependerá solo de su liderazgo tecnológico, sino de si la economía puede absorber y rentabilizar los cimientos físicos sobre los que hoy se levanta la revolución artificial.

2. Oro y petróleo: la pareja de danza en las crisis se separa

El oro metálico se dispara y engorda su leyenda de valor refugio (¡en una fase de bonanza bursátil!) y el petróleo se ancla a un barril barato, en torno a 60 dólares, por un exceso de oferta en el mercado de la que participa activamente la OPEP+. Son tiempos complejos de explicar.

El contraste entre oro y crudo en 2025 dice más sobre la economía global que cualquier indicador aislado. El metal precioso encadena topes históricos, impulsado por recortes de tipos y riesgos geopolíticos, y el crudo lidia en un mundo de sobreabundancia inaudito, donde la oferta crece más rápido de lo que la demanda geopolítica o macroeconómica puede absorber.

El oro se ha beneficiado de una convergencia poco frecuente. A la expectativa de un dinero más barato en EEUU (viento de cola clásico para su rendimiento) se une una geopolítica cada vez más indigesta. Ahmad Assiri, analista de Pepperstone, lo expresa elocuentemente: “Las fricciones geopolíticas han vuelto al centro del relato” y el metal dorado “refuerza su demanda como valor refugio”, aunque en un clima de euforia bursátil. Además, las compras de lingotes de bancos centrales y las fuertes entradas en ETF —fondos cotizados— han engordado su cotización con una intensidad desconocida desde los setenta.

El petróleo, en cambio, enfrenta el problema opuesto: demasiado suministro. Sudamérica se ha convertido en su nuevo maná, con Brasil, Guyana y Argentina aumentando producción a ritmos que recuerdan a la revolución del esquisto estadounidense de la década pasada. Pero el contexto es distinto. El negocio del fracking de EEUU no remonta y las firmas texanas se sitúan en riesgo de quiebra, escenario que persigue la estrategia de inundar el mercado de barriles de la OPEP+.

Eso explica la sobreproducción. Pero Arabia Saudí y Rusia han empezado a relajar sus aumentos para defender cuota de mercado. La táctica del cártel en 2025 fue elevar el precio del barril y evitar una pérdida de relevancia en un mercado fragmentado y multipolar. El resultado es un crudo atrapado entre tensiones geopolíticas, con expectativas catastróficas que empujan al alza, pero que se diluyen milagrosamente durante los conflictos, y un exceso latente de cuotas que limita cualquier rally sostenido.

Vistos en comandita, ambos mercados reflejan una misma ansiedad. El oro prospera porque el mundo duda de la estabilidad monetaria y política y el petróleo sufre porque la oferta responde mejor que la coordinación internacional. En esa asimetría se dibuja el mapa económico de 2026, donde la abundancia física, la escasez de certezas y las preferencias por activos que prometen protección antes que crecimiento, volverán a ser las tónicas imperantes.

3. Los mercados de capitales buscan espacios de racionalidad

Frente a la volatilidad de 2025, los analistas recomiendan a los inversores aguzar el ingenio, escudriñar sus diagnósticos, apostar por la prudencia y elegir bien sus valores en unas necesarias rotaciones de carteras. Teorema que roza la utopía bursátil. “Salgan ahí fuera y demuestren lo que valen”. Grosso modo, es la frase que diría un maestro de ceremonias en un acto de graduación académica al despedir de la universidad a sus recién licenciados.

Dos de las grandes casas de inversión coinciden en que 2026 no será un ejercicio para apuestas temerarias. Tras el largo ciclo post-Covid de expansión crediticia, alimentado por estímulos monetarios y fiscales, disrupciones tecnológicas y concentración bursátil, el entorno se perfila más incierto y con menor margen de error para los inversores.

Goldman Sachs describe un escenario de crecimiento global moderado, inflación más contenida pero persistente, y bancos centrales reacios a volver a políticas laxas. En ese contexto, aconseja rebajar expectativas de rentabilidad, priorizar calidad de balances y asumir que la volatilidad va a ser estructural, no pasajera.

JP Morgan refuerza esta lectura y apuesta por escenarios benignos de difícil visibilidad; sobre todo, si el crecimiento decepciona o los tipos permanecen elevados. Recomienda diversificar las carteras y atender a activos defensivos por estar en una fase más tardía del ciclo. Sus expertos no ven crisis inminente, pero atisban un cambio de régimen inversor con menos exuberancia y elecciones de activos más selectivos por los riesgos geopolíticos y financieros entrelazados.

4. ¿Vuelven los bailes de divisas?

El yen marcó el último Allegro ma non troppo de tensión de 2025 en los mercados cambiarios. La debilidad del dólar americano fue la nota dominante de un año que reavivó el debate sobre su hegemonía como reserva global. Aunque su posición dominante sigue intacta, hay tensiones crecientes. La depreciación del billete verde —cercana al 10% frente a la cesta de divisas de naciones de rentas altas— ha acabado afectando a mercados emergentes y al G7. Su caída ha empujado al yen a un retroceso prolongado, pese a la reciente subida de tipos del Banco de Japón hasta máximos de casi 30 años.

Las divisas del G-7 pierden competitividad con sus revalorizaciones indeseadas. El euro y la libra se suman al yen y a otras divisas asiáticas. Todo ello, para regocijo de Washington, que subrepticiamente ampara un dólar débil como soporte del empleo y la actividad. Esta presión ha comenzado a trasladarse a los BRICS, que no disimulan ya su intención de construir sistemas alternativos al dólar, con su propia red de transacciones y sus reservas de divisas compartidas.

5. Las stablecoins, en ayuda de los criptoactivos

La tabla rasa del dólar ha llegado a cuestionar las versiones digitales del billete verde, el euro o la libra, bajo los controles de sus respectivos bancos centrales. La Administración Trump y su Ley Genius lanzan la idea de que las multinacionales utilicen sus propias monedas, conocidas como stablecoins. Los principales bancos de inversión americanos y alguna bigtech, con Meta a la cabeza, que ya creó su prototipo en 2019, el diem (originariamente, libra), barajan su implantación. También Amazon, Visa o Walmart.

El asunto es de tal envergadura que Financial Times habla de 2026 como año de su lanzamiento y como la herramienta que concederá credibilidad a un sector financiero al alza en los mercados. El dominio de las transferencias de pagos transfronterizos también está en juego. Otro negocio emergente en una banca que cada vez más se reinventa con alternativas híbridas y ecosistemas digitales.

Todo ello, en un entorno en el que el bitcoin consolidó su reinado cripto, más por estatus que por precio. En 2025 se volvió a subir a una montaña rusa de emociones bursátiles, con un refugio narrativo favorable y una imagen de ancla de balances corporativos. Su cotización cerró débil el año, pero la institucionalización de sus inversiones en 2026 a través de ETFs, tesorerías y bajo regulaciones más claras y benévolas apuntan a un reforzamiento de su valor de mercado si no surgen burbujas especulativas de envergadura. El bitcoin, junto a las stablecoins, gana peso en el universo token.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido mantener en prisión provisional a Álvaro Romillo, acusado de un presunto fraude a más de 3.000 inversores por más de 185 millones de euros. Los jueces han rechazado las alegaciones de la defensa de Romillo, el empresario del sector de las criptomonedas que financió a Alvise Pérez. Consideran que existe riesgo de fuga por la “ingente capacidad económica” de la que dispone en el extranjero, lo que le permitiría vivir “holgadamente” en países en los que evitar las posibles órdenes de busca y captura. El instructor del caso, José Luis Calama, lo envió a la cárcel el pasado 7 de noviembre. 

La resolución de la Sala señala que durante la investigación se han localizado transferencias por valor de casi 13 millones de euros en una cuenta bancaria de Singapur, que recibió más de 29 millones de euros de otra abierta en un Banco de Portugal, que era utilizada presuntamente por el investigado para desviar los fondos recibidos por los inversores. Desde ella, añade, se desviaron aproximadamente 18 millones de dólares a una cuenta bancaria ubicada en Tailandia. 

A ello se añade, indica el tribunal, que el empresario posee bienes inmuebles, vehículos de lujo y embarcaciones en diferentes países, a lo que se suma la localización de una cuenta en criptomonedas de la que es titular con más de siete millones de euros, de los que solo él puede disponer. Por tanto tiene una ingente capacidad económica en el extranjero que le permitiría vivir holgadamente y radicarse en países donde evitar las órdenes de busca y captura que pudieran dictarse.

Romillo está siendo investigado en la Audiencia Nacional por la ruina del Madeira Invest Club, un club de inversión en criptomonedas que, según el juez, escondía “un entramado societario internacional” con sociedades y cuentas bancarias que dan la vuelta al mundo para “recibir los fondos de la estafa” y “blanquear” el dinero de los perjudicados.

Este procedimiento transcurre en paralelo al iniciado tras la confesión de Romillo, que dirigió un escrito a la Fiscalía General del Estado en el que aseguraba haber pagado 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez. Eso derivó en la apertura de una causa contra el eurodiputado por financiación ilegal en la que Romillo también figura como investigado. En su escrito a la Fiscalía, el empresario se ofrecía a liquidar sus bienes para compensar a los inversores, procedentes de sectores diversos y con aportaciones significativas.

Después de tres meses de trabajo, la Comisión investigadora $LIBRA de Diputados concluyó que hubo una “colaboración imprescindible” de Javier Milei en la estafa con la criptomoneda en la que 114.410 billeteras sufrieron pérdidas en febrero. La comisión sugirió al Congreso que investigue al presidente argentino por “mal desempeño”. Así lo detalla el informe final, de más de 200 páginas, que se presentó este martes en el Parlamento.

Negligencia y falta de controles

“Los hechos analizados y la responsabilidad política por esta Comisión determinada hacen necesario que el Congreso evalúe si el Presidente de la Nación incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, señala el primer punto de las conclusiones. El presidente de dicha comisión, el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica (centroderecha liberal), lo ratifica a elDiario.es. “Milei usó su investidura para beneficiar a privados en la estafa con la criptomoneda. Hubo negligencia y falta de controles. Recomendamos que se evalúe el mal desempeño”.

La Constitución señala que la Cámara de Diputados es la única que puede denunciar ante el Senado por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones. En la comisión señalan que ellos no pueden impulsar el juicio político pero sugieren que se evalúe el mal desempeño y el daño. Algo que difícilmente avance, sobre todo con la composición que tendrá la Cámara y las comisiones a partir del mes que viene.

¿Fraude planificado?

Quince de 28 diputados firmaron el informe final con pruebas que comprometen al mandatario ultraderechista desde el origen mismo del caso $LIBRA. El presidente fue la primera persona en el mundo que compartió en la red social X el número de contrato de una moneda digital desconocida que no era de acceso público. Hoy día sigue sin explicar cómo lo obtuvo. Ese dato, afirman, refuerza la hipótesis de un vínculo previo y directo con los creadores de la criptomoneda.

“Estamos en condiciones de confirmar que $LIBRA es un esquema de fraudes planificado compatible con una presunta estafa”, afirma a elDiario.es Oscar Agost Carreño, diputado disidente del PRO, partido de Mauricio Macri -aliado de Milei-. “Hubo un ´rug pull´ (en español, tirón de alfombra, significa que desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token, atraen inversores para que aumente su valor para luego repentinamente retirar los fondos y llevarse el dinero) que se repitió varias veces.

Por esa maniobra, 114.410 billeteras sufrieron pérdidas, 498 perdieron más de cien mil dólares, 3144 perdieron entre diez mil y cien mil dólares. Sólo 36 ganaron más de un millón cada una.

“Mlei estuvo involucrado primero como influencer en economía: luego siendo diputado; después de manera indirecta promocionando a KiIPProtocol y ya con $LIBRA se animó a ser él quien la promocionó. Es decir, fueron probando hasta llegar al máximo nivel”, sositene Carreño. Esto significa que no fue un hecho aislado. En diciembre de 2024 se registró una maniobra financiera similar vinculada a la moneda digital de KIP Protocol, en la que también participó Milei.

El grupo parlamentario rechazó la versión de que el líder de La Libertad Avanza “no conocía los pormenores del proyecto y que simplemente difundió información pública carecen de sustento fáctico”.

La comisión investigadora $LIBRA asegura haber identificado la titularidad de las billeteras y haber trazado los vínculos económicos directos entre los empresarios argentinos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales y el estadounidense Hayden Davis -el empresario que lanzó $LIBRA y tuvo encuentros con Milei en Casa Rosada, vehiculizados por Karina Milei-. También, el análisis técnico de la blockchain detectó flujos de fondos entre estos actores que coinciden con los montos y las fechas señalados en investigaciones previas que describen un presunto acuerdo de cooperación destinado a monetizar la imagen de Milei.

Las billeteras identificadas podrían ser “cuevas” cripto a través de las cuales se podrían haber liquidado las criptomonedas en efectivo. Las transacciones de gran envergadura pueden resultar importantes para la investigación que está llevando adelante la justicia federal de Estados Unidos.

Javier y Karina Milei

En una resolución de octubre de 2025, la Jueza de Nueva York, Jennifer Rochon, señaló que los dueños de los fondos obtenidos con $LIBRA podrían ser Javier Milei y Karina Milei. En esa línea, el informe de la comisión $LIBRA, ya en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano, indicó que “por la alta gravedad institucional y la malversación de la investidura presidencial, esta comisión señala: ”Que Javier Milei y Karina Milei (hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia) tienen responsabilidad política en la sucesión de hechos vinculados a la criptomoneda $LIBRA“.

Además, los legisladores resolvieron denunciar penalmente a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional que sistemáticamente se negaron a colaborar con la investigación, entorpeciendo el ejercicio de nuestras facultades constitucionales, por posible incumplimiento de los deberes de funcionario público“.

El diputado Carreño es consciente de que pasados nueve meses del escándalo de la criptomoneda, y a menos de un mes de la instalación del nuevo Congreso, impulsar un juicio político se torna una misión imposible. “Con el viejo o el nuevo Congreso, tenemos claro que aunque contemos con pruebas muy importantes, al mismo tiempo sabemos que es un tema inentendible para el ciudadano de pie y para muchos parlamentarios y periodistas”.

El informe también dedica un capítulo al rol del Gobierno ultra, al que atribuye responsabilidades políticas en el lanzamiento y caída de $LIBRA. Allí se enumeran interpelaciones realizadas al exjefe de Gabinete (ministros) Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo y el titular de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, de las cuales solo el entonces jefe de Gabinete respondió, negando vínculos entre el Estado y el proyecto.

Si bien el dictamen no produce efectos inmediatos, quedará como soporte institucional para futuras acciones, incluidas posibles presentaciones ante la Corte Suprema.

Es una de las palabras más repetidas en los últimos meses en el sector financiero: stablecoin. Se trata de un tipo de criptomoneda cuyo valor está anclado a divisas reales, lo que le da más estabilidad, aunque no está —ni mucho menos— exenta de riesgos. Es decir, las stablecoins son un tipo de token que, en teoría, podría servir para descentralizar el sistema financiero, pero que en realidad está siendo dominado por grandes corporaciones privadas, en su mayoría, estadounidenses. En ese escenario, los grandes bancos españoles no quieren perder terreno y entidades como Caixabank, BBVA o Santander están acelerando sus pasos. 

No lo están haciendo de forma conjunta, apostando por una stablecoin que aúne a todo el sector bancario español, sino que han optado por iniciativas diferentes. Por un lado, Caixabank se ha aliado con diferentes entidades europeas —como ING, Danske Bank o UniCredit— para crear una stablecoin vinculada al euro. Por otro, BBVA trabaja en su propia moneda de cara a 2026 y también bajo el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea. Mientras, Santander estudia dar un paso similar pero de la mano de otros nueve grandes bancos, como Bank of America, Barclays, Citigroup o Goldman Sachs, en una moneda que estaría ligada a divisas del G7. Y hay más bancos analizando qué hacer, como Bankinter, que descarta lanzarse en solitario, pero reconoce que está analizando “varios consorcios” como puerta de entrada a las stablecoins.

Tampoco los bancos centrales están fuera de este 'boom' de las stablecoins, que además van a tener que convivir con el euro digital, también en proceso de desarrollo. De hecho, en los últimos días, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, defendió el papel de las stablecoins y de las monedas digitales, pero siempre bajo el paraguas de una regulación que dé garantías. “En la transición al dinero digital es importante que el BCE tenga un papel central porque es esencial a la hora de dar seguridad al sistema de pagos y tiene que seguir haciéndolo en este nuevo mundo”, aseguró Escrivá en una conferencia organizada por Santander, en la que participaba su presidenta Ana Botín. 

“No veo nada que impida a los bancos europeos colaborar en tener stablecoins, en particular en proyectos transfronterizos”, aseguró el gobernador, pero siempre dentro de un sistema donde se garantice “la misma seguridad” que tienen las divisas de siempre. “Imagina un mundo en el que todo se mueve con stablecoins, que son adecuadas para ciertos activos como la deuda soberana. Si hubiera una crisis, ¿quién dará la liquidez? El banco central. Es quien tiene esa función, porque tiene la posibilidad de crear dinero sin límite”, recalcó Escrivá a Botín.

Ligada a divisas reales

El sector ve esencial que las stablecoins sean monedas digitales, pero ancladas —en todo o en parte— a divisas reales. “La vinculación a una divisa es precisamente lo que garantiza su estabilidad”, explica Francisco Maroto, responsable de Blockchain y Activos Digitales de BBVA. “El valor de las criptomonedas suele ser volátil”, añade, “porque depende de la oferta y la demanda en los mercados, mientras que el valor de las stablecoins va a la par de la moneda tradicional a la que está asociada. Esto aumenta la confianza de los usuarios, porque saben que por cada una de ellas existe un respaldo equivalente en dinero real u otros activos seguros. En la práctica significa que pueden convertirla en euros cuando quieran”. “Además, es lo que hará posible que las stablecoins se integren en el sistema financiero, ya que se podrán utilizar en las operaciones del día a día que he mencionado sin riesgo añadido de que el valor fluctúe”, concluye el responsable de activos digitales de BBVA.

En la misma dirección señalan fuentes de Caixabank. “Estar ligadas a una divisa como el euro garantiza estabilidad de valor, evitando fluctuaciones. Al mismo tiempo, ofrece confianza al usuario, al saber que su dinero digital equivale a euros reales, y proporciona facilidad de integración con el sistema financiero tradicional”, explican.

Las stablecoins convivirán con el euro digital y serán conceptos diferentes. “El euro digital será emitido por el Banco Central Europeo (BCE), mientras que la stablecoin es una iniciativa privada regulada por MiCA”, diferencian las citadas fuentes de Caixabank. “Además, la stablecoin puede ofrecer servicios adicionales como pagos programables. Ambas pueden convivir y complementarse en distintos usos: el euro digital como dinero público, y la stablecoin como solución flexible para pagos digitales”.

“El emisor de una stablecoin suele ser una fintech o una entidad de dinero electrónico. Mientras que el emisor de una moneda digital de Banco Central (como el euro digital) es el propio Banco Central”, aclara Coty de Monteverde, responsable de criptoactivos de Grupo Santander. “Y el dinero que lo respalda también es diferente. En el caso de las stablecoins, las reservas suelen ser un mix de depósitos bancarios y de activos líquidos de alta calidad, como pueden ser bonos soberanos de corto plazo que pueden liquidarse rápidamente. En el caso de las monedas como el euro digital, lo que las respalda es el dinero del propio Banco Central, que tiene riesgo cero en todos los sentidos. En el caso de las stablecoins, la regulación está avanzando mucho en hacerlas lo más robustas posible. Su riesgo dependerá de la entidad que las emite y de la calidad de sus reservas”, explica.

¿Y qué van a suponer las stablecoins para los clientes de un banco? “Permitirán realizar pagos o transferencias en tiempo real, sin depender de horarios bancarios ni de la coordinación entre diferentes intermediarios”, apunta Francisco Maroto. “El objetivo es que pueda utilizarse para agilizar operaciones financieras complejas sobre redes de blockchain, como la compraventa de bonos o acciones tokenizadas, o para agilizar los pagos internacionales, que pueden ser lentos y costosos”, añade el responsable de Blockchain y Activos Digitales de BBVA. Mientras, Caixabank también cita su capacidad de reducir costes en las operaciones digitales. 

“El éxito de una stablecoin, para un cliente, será que no se entere de que se está usando esa tecnología, que simplemente mejore los procesos, ya sea que sus pagos sean instantáneos en cualquier parte del mundo, a bajo coste, que cuando vaya a realizar una operación cuente con una stablecoin o una moneda digital que mejore su experiencia de usuario, le mejore la vida”, argumenta Coty de Monteverde.

Riesgos de monedas lanzadas por el sector privado

Las stablecoins están al alza, con un valor de mercado que supera los 350.000 millones de dólares, el equivalente a más de 300.000 millones de euros, como se ve en el siguiente gráfico.

Dominan monedas digitales estadounidenses como Tether, USD o Ethena. Y la sexta por valoración de mercado (casi 3.000 millones de dólares) es la emitida por World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas que el presidente republicano, Donald Trump, y sus hijos Eric y Donald Jr. 

Hay que tener en cuenta, además, que las stablecoins no están exentas de riesgo de quiebra, como en otras criptomonedas, ni de burbuja. “Sí, existe ese riesgo si no hay respaldo suficiente o si se pierde la confianza”, señala Caixabank. De ahí que la entidad participada por el Estado haya operado por una stablecoin “con respaldo en euros, regulación MiCA y supervisión bancaria, para evitar escenarios como el colapso de otras criptos”.

“Los casos de inestabilidad se dieron en proyectos sin supervisión ni transparencia como la quiebra de la stablecoin algorítmica Terra/Luna”, señala Francisco Maroto. “Una stablecoin bien respaldada y regulada no debería generar una burbuja ni colapsar como otras criptomonedas, porque su valor está vinculado a una divisa y cubierto por activos reales. MiCA exige reservas auditadas y controladas para garantizar un uso seguro, por lo que el riesgo de quiebra se reduce al mínimo. El riesgo para la empresa que los emite sería la falta de adopción, es decir, que nadie la utilice y, por lo tanto, la empresa no sea viable”.

Agentes de la Guardia Civil han detenido este jueves a Álvaro Romillo, el empresario del sector de las criptomonedas que financió a Alvise Pérez, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. La detención se ha producido en el marco de la causa abierta en la Audiencia Nacional y tras hallar una cuenta vinculada al empresario con 29 millones de euros en Singapur nutrida con el dinero de los inversores del Madeira Invest Club (MIC) supuestamente estafados. El juez José Luis Calama decreta su detención para “asegurar su comparecencia” en la declaración prevista para este viernes en la Audiencia Nacional.

En una resolución fechada este jueves, el juez afirma que dos informes del Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria aportados recientemente a la causa ponen en evidencia existencia de “sólidos indicios” de que el empresario “movido por un ánimo de enriquecimiento ilícito, desarrolló un negocio fraudulento de captación masiva de fondos que eran desviados a su propio patrimonio personal”.

Romillo está siendo investigado en la Audiencia Nacional por la ruina del Madeira Invest Club, un club de inversión en criptomonedas que, según el juez, escondía “un entramado societario internacional” con sociedades y cuentas bancarias que dan la vuelta al mundo para “recibir los fondos de la estafa” y “blanquear” el dinero de los perjudicados.

Son hechos que, a juicio del magistrado, podrían ser constitutivos de un delito de estafa agravada con afectación de “una generalidad de personas”, otro de organización criminal y otro de blanqueo que podrían suponerle penas de prisión de más de treinta años de cárcel. Y eso es algo que, unido a la disposición de grandes cantidades de dinero en el extranjero, permiten “presumir” que pudiera “evadirse al extranjero” y no acudir a su citación judicial prevista para este mismo viernes.

El citado informe de la UCO, al que ha tenido acceso elDiario.es, pone al descubierto la compleja “organización criminal” urdida por Romillo, que incluía 52 sociedades y 106 cuentas bancarias y activos en al menos 15 países. La Guardia Civil le atribuye el “rol imprescindible” de “líder” dentro de la organización desde sus inicios en 2023. El club de inversión habría recaudado 261 millones de euros con supuestas inversiones en relojes, vehículos, inmuebles, startups, oro, metales preciosos, alcoholes y otros coleccionables. 

El atestado afirma que la plataforma puesta en marcha por Romillo reproduce “el patrón de un esquema Ponzi” o de estafa piramidal. El extenso análisis de cuentas bancarias ha permitido demostrar que las recompras y beneficios se abonaban con fondos de otros perjudicados y no con los supuestos beneficios generados por las inversiones. 

Los fondos de los afectados acabaron en cuentas vinculadas a Romillo o sus socios a través de varias vías. Por un lado, con la transferencia de al menos 7,6 millones de dólares en criptomonedas a cuentas suyas o de su socio Borja Lara en diferentes exchanges o plataformas de compraventa de criptomonedas. Y, por otro, con el desvío de más de 29 millones de euros de dos cuentas portuguesas nutridas con dinero “procedente de los perjudicados por la presunta estafa” hacia una cuenta de una sociedad de Hong Kong radicada en Singapur.

Este procedimiento transcurre en paralelo al iniciado tras la confesión de Romillo, que dirigió un escrito a la Fiscalía General del Estado en el que aseguraba haber pagado 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez. Eso derivó en la apertura de una causa contra el eurodiputado por financiación ilegal en la que Romillo también figura como investigado. En su escrito a la Fiscalía, el empresario se ofrecía a liquidar sus bienes para compensar a los inversores, procedentes de sectores diversos y con aportaciones significativas.

“Europa no puede permitirse el lujo de depender excesivamente de soluciones de pago extranjeras”, sentenció Piero Cipollone, miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE). La aprobación de la Ley Genius por parte de Estados Unidos el pasado julio por la que se regulan las conocidas como stablecoins, criptomonedas respaldadas por el dólar, ha encendido todas las alarmas en la Eurozona. El proyecto del euro digital comenzó a gestarse en 2021 para reducir la dependencia de Europa de los sistemas de pago estadounidenses como Visa, Mastercard o PayPal, pero como cualquier iniciativa en la Unión Europea, los cruces de intereses, burocracia e instituciones que quieren llevar la voz cantante han retrasado su implantación.

Abierta la espita de las criptomonedas como instrumento de geopolítica por parte de Donald Trump, la parsimonia institucional europea ha devenido en un impulso para que la moneda digital europea esté operativa en 2029, aunque todavía quedan obstáculos por solventar. No es solo un asunto de política internacional, también es un debate sobre si debe ser una iniciativa pública o privada, ya que los bancos europeos no quieren dejar escapar una buena tajada este suculento pastel financiero.

Cipollone ha avisado de que la promoción por parte del gobierno estadounidense de las stablecoins respaldadas por dólares “genera preocupaciones sobre la estabilidad financiera y la autonomía estratégica de Europa”, ya que podría dar lugar a que “los depósitos en euros se trasladen a Estados Unidos y a un mayor fortalecimiento del papel del dólar en los pagos transfronterizos”.

Las stablecoins sumaban un valor de mercado de 256.000 millones de dólares el pasado agosto. El 99% de este mercado está vinculado al dólar y a dos emisores, Tether y Circle, ambas empresas tecnológicas financieras de EEUU. Más del 60% de las stablecoins están respaldadas por bonos del Tesoro de EEUU. Las stablecoins denominadas en euros tienen una capitalización de mercado inferior a los 350 millones, según cálculos del BCE.

“Las stablecoins están transformando las finanzas globales, con el dólar estadounidense a la cabeza. Sin una respuesta estratégica, la soberanía monetaria y la estabilidad financiera europeas podrían erosionarse. Los riesgos asociados son evidentes y no debemos minimizarlos. Los desafíos de las stablecoins no nacionales abarcan desde la resiliencia operativa, la seguridad y solidez de los sistemas de pago, la protección del consumidor, la estabilidad financiera, la soberanía monetaria, la protección de datos, hasta el cumplimiento de las regulaciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”, escribe Jürgen Schaaf, asesor de Infraestructuras de Mercado y Pagos del BCE.

El euro digital funcionaría como una especie de monedero digital, accesible a todos los ciudadanos de la eurozona, donde el dinero depositado en euros estaría directamente garantizado por el BCE, eliminando el riesgo asociado a posibles quiebras bancarias. El pasado 19 de septiembre los ministros de Economía de la zona euro acordaron que el límite de cantidad que podría tener ese monedero digital se establezca cada dos años, un “gran avance” que llevó a Cipollone a vaticinar como posible fecha de lanzamiento del euro digital “mediados de 2029”, aunque tiene que tener el respaldo del Parlamento Europeo.

“Europa tiene que protegerse”

“La nueva situación geopolítica lo ha cambiado todo”, señala Fernando Navarrete, eurodiputado del PP y ponente de la normativa sobre el euro digital en el Parlamento Europeo. Navarrete, que fue director de gabinete del anterior gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, tenía muchas dudas de la necesidad de un euro digital antes de la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, pero ahora entiende “que Europa tiene que protegerse”. Ahora bien, defiende que se tendría que dejar en manos privadas la puesta en marcha de sistemas digitales europeos de pago.

“Un euro digital público puede provocar inestabilidad financiera si todos los ciudadanos dejan sus cuentas corrientes en bancos y llevan todo su dinero al BCE, que es consciente de ese peligro, pero aún no ha diseñado un límite. Por otro lado, ¿cómo funcionaría cuando se produzcan tensiones políticas debido a una crisis financiera? Puede ser un coladero. Además, al ser una iniciativa pública se estaría desincentivando la innovación del sector privado. También hay reticencias en una parte de la población por la privacidad de la información financiera en manos de una entidad pública. Finalmente, va a ser obligatorio, se va a obligar a bancos y a empresas a su uso”, argumenta Navarrete.

Frente a esta postura, uno de los mayores defensores del euro digital es el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, que avisa que aunque el euro es “la columna vertebral del sistema de pagos europeo, un instrumento de identidad y soberanía económica europeas”, Europa depende en un 72% de redes no europeas para los pagos minoristas con tarjeta. El euro digital serviría para consolidar “un área única de pagos europea y protegerla frente a riesgos futuros”.

Navarrete defiende que ya hay opciones privadas viables en Europa con el sistema de pagos Bizum, utilizado en España, Italia y Grecia, y el sistema Wero, que funciona en Bélgica, Alemania, Francia y Holanda. Aunque admite que es cierto que las entidades financieras europeas llevan años sin ponerse de acuerdo sobre la utilización de un único sistema de pago digital en toda Europa, cree que ahora se podría conseguir una solución tecnológica que los hiciera compatibles. En caso de que no sea así, asume que el BCE debería entrar en escena con el euro digital ante los riesgos geopolíticos que la nueva escena internacional plantea.

Hay otros factores, el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, apuntó esta semana en una conferencia que dejando solo en manos privadas el dinero digital “muchas cosas podrían salir mal. No podemos apoyar la innovación solo por la innovación”. Además, puntualizó que “como bancos centrales no se aceptará ninguna evolución que debilite la capacidad para implementar la política monetaria eficazmente. No debe debilitarse el papel de ancla del dinero del banco central”.

La carrera en Europa no ha hecho más que empezar. Es cierto que los bancos europeos se están moviendo, pero al igual que las instituciones del continente todavía de una manera un tanto lenta porque también les toca el bolsillo. Priscille Szeradzki, presidenta de la European Association of Co-operative Banks (EACB) apunta que “el proyecto del euro digital minorista genera preocupación por su potencial para desplazar las soluciones de pago europeas existentes y socavar la capacidad de préstamo de los bancos. Debemos garantizar que el euro digital no desplace las soluciones de pago europeas ni restrinja la capacidad de préstamo de los bancos. Es fundamental que los responsables políticos apoyen las iniciativas de la UE que prioricen la soberanía europea en las finanzas digitales, garantizando así que Europa cuente con las herramientas necesarias para competir a nivel mundial”.

Aunque el discurso se emplaza también dentro de la defensa de la soberanía financiera europea, también hay otros motivos. Un informe realizado por PricewaterhouseCoopers (PwC) por encargo de las grandes patronales europeas de banca -European Association of Co-operative Banks (EACB), European Banking Federation (EBF) y European Savings and Retail Banking Group (ESBG)- señala que la implantación del euro digital del BCE supondría desafíos operativos como los costes que irían desde actualizaciones en las aplicaciones de banca móvil, la integración de la tarjeta física del euro digital y cajeros automáticos, sucursales y puntos de venta. Los bancos participantes enfrentarían costos iniciales estimados de 18.000 millones para las entidades de la zona euro.

En cuanto a las stablecoins, nueve bancos europeos han creado un consorcio para desarrollar una stablecoin en euros, cuyo lanzamiento está previsto para 2026. La alianza bancaria cuenta con las entidades UniCredit, ING, DekaBank, Banca Sella, KBC, Danske Bank, SEB AB, CaixaBank y Raiffeisen Bank. “La iniciativa puede marcar un paso importante en la construcción de un ecosistema digital de pagos europeos robusto y confiable que refuerce la autonomía estratégica europea en el ámbito de los pagos”, ya que el mercado de stablecoins está dominado por el dólar, explicó Mariona Vicens, directora de Transformación Digital y Advanced Analytics de CaixaBank, el único banco español que, de momento, participa en el proyecto.

La Audiencia Nacional condenó esta semana a penas de cárcel a los principales acusados en la primera estafa a gran escala con criptomonedas que se juzga en España. Es un fallo inédito, que detalla un fraude masivo y piramidal con 32.000 inversores a los que estafaron más de 200 millones de euros bajo la promesa de rentabilidades tan atractivas como imposibles. El fallo obliga a los condenados a restituir el dinero defraudado actualizado al precio de cotización actual, pero varios de los abogados personados como acusación reconocen que esos fondos nunca regresarán a los bolsillos de sus clientes, pues con los bienes embargados apenas se cubrirá una “ínfima” parte. Y para ello, además, habrá que esperar a que la sentencia sea firme. 

La ley establece que cuando existen indicios de criminalidad contra una persona, el investigado deberá consignar una fianza para asegurar que puede resarcir a los afectados. Si no lo hace, el siguiente paso es decretar el embargo de sus bienes. En esta causa, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordó en 2022 el embargo de “todo tipo de cuenta bancaria, ya sea de criptomonedas u otra moneda de curso legal” de los principales acusados, Santiago Fuentes y Diego Felipe Fernández, ahora condenados a ocho y seis años de cárcel, respectivamente. 

El magistrado reclamó embargar en cada caso bienes hasta cubrir los 50 millones de euros que, como medida cautelar, se fijaron en un principio como responsabilidad para pagar a los perjudicados si eran condenados, como finalmente ha ocurrido. El juez también embargó un chalé en Sofía (Bulgaria) y un Mercedes de alta gama a Diego Felipe Fernández.

Sin embargo, varios de los abogados personados en la causa reconocen que los bienes incautados al ‘broker’ y a su socio —y cuyo decomiso pide la sentencia— no llegan ni para resarcir a una mínima parte de los perjudicados personados en el procedimiento o reconocidos por la Fiscalía, que ascienden a 9.494 personas. La sentencia, no obstante, reconoce que el resto de afectados pueden solicitar indemnización “a través del procedimiento civil correspondiente”. 

“Es muy poco lo que se ha conseguido embargar y no habrá para repartir casi nada. Será ínfimo lo que cobren los perjudicados. Hay vehículos —que además se devalúan con el paso del tiempo— y algo en criptomonedas. Todavía no se ha tasado, pero no creo que llegue ni al millón de euros”, explica el abogado Miguel Ángel Fernández-Salinero, que ha calculado que sólo sus clientes deberían ser indemnizados con más de once millones de euros de acuerdo a lo establecido en la sentencia. La clave es que la mayor parte del dinero estafado estaría albergado en lo que se conoce como “monederos fríos”. Esto es, que no están vinculados a una plataforma y que operan sin conexión a internet, lo que hace muy difícil su rastreo.

Este letrado cree, no obstante, que los condenados podrían valorar la posibilidad de intentar reducir sus condenas reparando el daño causado. Pero Santiago Fuentes está en prisión desde junio de 2023, por lo que sólo le quedarían dos años para cumplir los dos tercios de la condena que le abrirían la posibilidad de acceder a la libertad condicional, lo que también arroja dudas sobre su disposición a poner los fondos al alcance de los afectados. 

“Con esta condena tan baja Santiago Fuentes puede pensar ‘estoy dos años y pico más en prisión y, luego, a disfrutar de la vida’. De todas formas, nosotros ya hemos mostrado nuestra disposición a negociar. En el caso de mis clientes, las propias defensas de los acusados han reconocido que hemos aportado las pruebas forenses válidas y que hemos acreditado la condición de perjudicados”, añade Fernández-Salinero. 

“El dinero y los bienes retenidos no cubren ni la millonésima parte de las indemnizaciones de las que podemos estar hablando”, reconoce también el letrado Jesús López Pelaz, que ha defendido los intereses de una treintena de afectados. Este letrado admite que la “única opción” que tienen en este momento los representantes de los perjudicados para que sus clientes accedan a las indemnizaciones que figuran en la sentencia es que los investigadores puedan encontrar algunos wallets [monederos digitales donde están las criptomonedas] en los dispositivos electrónicos que se le incautaron al cabecilla. 

Este letrado concede, en todo caso, que la existencia de esos fondos no ha quedado acreditada por los agentes que han intervenido como peritos en el juicio. Y pone el foco en los interrogantes “técnicos” que todavía rodean a este tipo de causas que presentan enormes desafíos para la investigación y persecución.

“Todavía no sabemos si se puede embargar un wallet o si, por el contrario, lo que queda decomisado es el ordenador y lo que se embarga es el ordenador”, afirma. Este letrado considera que esta primera sentencia ha supuesto una “oportunidad perdida” para asentar algunos criterios que resultan clave en este tipo de investigaciones, como “la manera en la que deben acreditarse las pruebas y las acreditaciones o qué se va a considerar o no probado por el tribunal”. 

El abogado Francisco Jiménez, socio del despacho Zaballos Abogados y vicepresidente de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, que ejerce la acusación popular en varias causas de estafas, también lamenta que en este caso “la recuperación de los activos vaya a ser prácticamente imposible”.

“Las cantidades embargadas son mínimas y lo esperable es que, en el trámite de ejecución de la sentencia una vez sea firme, los condenados se declaren insolventes y ahí se acabe todo”, dice este letrado, que cree que la sentencia sobre Arbistar también pone de manifiesto que las autoridades llegan tarde a la trazabilidad de los wallets y al embargo de los activos, lo que genera impunidad e impide que las víctimas puedan ser resarcidas. 

Jiménez pone el ejemplo de la causa abierta contra el empresario que financió a Alvise Pérez, que está imputado por una estafa con criptomonedas en la Audiencia Nacional y que el pasado agosto denunció un robo a punta de pistola en su domicilio. “¿Cómo es posible que este señor, que lleva casi un año investigado, todavía tenga en su casa lingotes de oro, joyas, relojes y dinero en efectivo? ¿Pero dónde está la Justicia? Con esta sentencia vemos que sale muy barato y lucrativo estafar en España”, sentencia. 

En su última memoria, la Fiscalía General del Estado recomendaba precisamente establecer una unidad dentro de la Audiencia Nacional con “expertos en informática forense, análisis de datos y criptomonedas” que colaboraría con otros organismos nacionales e internacionales para investigar y perseguir este tipo de delitos financieros. También reclamaba reforzar la formación de las fuerzas de seguridad, de jueces, fiscales y magistrados en la investigación de estos delitos, así como implementar medidas para la protección de las víctimas y la recuperación de los daños causados.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado con penas de ocho y seis años de cárcel a dos de los fundadores de la web Arbistar que estafaron, entre 2019 y 2020, un total de 200 millones de euros a 32.000 personas que invirtieron en criptomonedas a través de dicha plataforma. También deberán devolver a los afectados las inversiones realizadas en bitcoins con el valor que ese dinero digital tiene en el día de la sentencia, fechada el 16 de septiembre.

Los magistrados de la Sección Tercera imponen una pena de ocho años de cárcel al cabecilla Santiago Fuentes Jover por delitos continuados de estafa y falsedad en documentos privados y de seis años a su socio Diego Felipe Fernández Nojarova por el primero de los delitos. En cambio, absuelven a los otros cuatro acusados de los delitos de estafa, organización criminal y falsedad documental que les atribuían la Fiscalía y las acusaciones. Absuelve también a Jover y a Fernández Nojarova de organización criminal y a, este último, además, de estafa. La Fiscalía pedía 29 años y 9 meses de prisión para el cabecilla, al igual que el despacho Aránguez Abogados, que representa a 3.822 afectados. 

El fallo acuerda que los dos condenados, en concepto de responsabilidad civil, indemnicen a las personas que se incluyen en el listado aportado por la Fiscalía y que suman un total de 9.494 perjudicados. Igualmente se acuerda la clausura permanente de la página web de Arbistar, que fue la utilizada para la comisión del fraude.

Las pesquisas se iniciaron en septiembre de 2020 en un juzgado de Arona (Tenerife), donde los acusados tenían abierta la oficina desde la que grabaron algunos de sus vídeos de captación. Cinco meses después, ese juzgado se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, que había abierto unas diligencias por los mismos hechos. La investigación acabó derivando en una macroinvestigación de 7.800 folios distribuidos en 24 tomos y siete piezas separadas: el ‘caso Arbistar’. 

Arbistar es el nombre de la plataforma que ofrecía sistemas automatizados para invertir en criptomonedas. Lograron captar a miles de inversores bajo la promesa de que habían confeccionado un robot que sacaba beneficio de las diferencias de precios entre los diferentes exchanges o plataformas de compraventa de criptomonedas. Esto es, que permitía localizar los exchanges en los que los bitcoins (un tipo de criptomoneda) se ofrecían a un precio más bajo para su venta instantánea a un precio más elevado. Los exchanges funcionan de forma similar a una casa de cambio tradicional, pero en lugar de euros o dólares, se intercambian criptomonedas como bitcoin, ethereum o litecoin. 

Tras instalar ese supuesto programa automatizado en su ordenador personal y enviar las criptomonedas al monedero electrónico de Arbistar, el cliente perdía el control sobre su capital y no podía retirarlo en los siguientes dos meses. En ese tiempo, el inversor solo debía esperar a recibir las ganancias, que inicialmente se cifraban en torno a un 8% y un 15% mensual y que se abonaban los sábados, con la opción de sumar la cantidad a la inversión inicial u optar por el reembolso.

La sentencia concluye, sin embargo, que ese robot carecía de operatividad, era un “mecanismo inversor ficticio” y “no podía tener ganancias del arbitraje de criptodivisas”, salvo por “operaciones manuales de los propios investigados, que dudosamente hubieran obtenido suficiente rentabilidad para pagar los rendimientos prometidos a las decenas de miles de usuarios”. Los jueces afirman también que los condenados establecieron unas condiciones para la inversión en ese robot “totalmente carentes de realidad” y que simularon “una contratación ficticia para dar apariencia formal de realidad” al sistema.

La consecuencia de ello fue que “perdieron totalmente su control” del dinero que entregaron a Arbistar “a consecuencia del error al que fueron inducidos por esas falsas promesas de alta rentabilidad”.

La Sala detalla cómo Arbistar se promocionó y captó inversores, en su mayoría minoristas, en presentaciones y eventos públicos celebrados en diferentes hoteles o salas de congresos, dentro del territorio nacional, todos ellos difundidos a través de YouTube. A través de estas labores de promoción, señala la Audiencia, consiguieron que numerosas personas contrataran con Arbistar entre el 8 de mayo de 2019 y el 12 de septiembre de 2020.

La Sala detalla el funcionamiento del sistema de inversión y explica que el acceso a los productos debía hacerse previa invitación proporcionada por un cliente de Arbicorp o la propia página web de Arbistar. Una vez recibía la invitación, el cliente debía optar por el producto correspondiente, realizando la aportación en bitcoins, momento a partir del cual solo tenía constancia de la aportación a través de la plataforma correspondiente al producto contratado, donde podía verificar su saldo y, en su caso, las ganancias acumuladas mediante la introducción de su nombre de usuario y contraseña. Así, se podía comprobar las aportaciones a la plataforma, los retiros y los compoundings (reinversión automática de los rendimientos generados) realizados, las licencias de los bots que habían adquirido y sus datos personales.