S. Y. (Shanghái, 1987) y Z. W. (Hebei, 1985), asentados en València y detenidos en el marco de la 'Operación Karasu', pasaron cinco meses en prisión provisional, a su juicio, como consecuencia de un “error de transcripción” de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Por el contrario, la UDEF se reafirma en la atribución a S. Y. de la titularidad de un criptomonedero por el que circularon 21,5 millones de dólares para blanquear fondos de una presunta organización criminal.

Por su parte, la titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería, que centraliza el procedimiento, ha desestimado los recursos de la defensa de ambos investigados, que solicitaban el sobreseimiento libre, al ver indicios de un presunto delito de blanqueo de capitales, en sintonía con la postura de la fiscal.

El matrimonio, investigado en la causa, relata en esta entrevista con elDiario.es su paso por distintas prisiones españolas y su batalla para cuestionar el entuerto en el que están implicados. Se trata de dos expolicías chinos que, según relatan, abandonaron todo en su país de origen para instalarse en España. El 14 de enero de 2025, un operativo policial irrumpió en su vivienda para arrestarlos. Su hijo, de apenas ocho años, pasó dos meses en un centro de menores.

S. Y. y Z. W. han contestado por escrito las preguntas de este diario.

¿Cómo vivieron la detención del 14 de enero de 2025?

S. Y.: Fue una experiencia aterradora, un infierno. Aquella madrugada todavía estábamos durmiendo cuando, de repente, un enorme dispositivo policial rodeó nuestra casa. Calculo que había alrededor de un centenar de policías armados. Habían acordonado la zona y también había un helicóptero en el aire. Los GEO derribaron la puerta del garaje, la de la casa y la del dormitorio. Un grupo numeroso de policías con casco irrumpió en nuestra habitación y apuntó con pistolas a la cabeza de mi marido. Me di cuenta de que también había una cámara grabándolo todo. Yo seguía en pijama. Me esposaron con las manos a la espalda y una agente no dejaba de grabarme. Estaba aterrorizada.

Z. W.: Fue como pasar del mundo de los vivos al infierno. El 14 de enero de 2025 me desperté sobresaltado. Oí cómo derribaban la puerta de la casa y parecía que entraba mucha gente. Mi primera reacción fue pensar que habían entrado ladrones. Inmediatamente después comenzaron los golpes fortísimos contra la puerta del dormitorio, acompañados de muchos gritos que no conseguía entender. Agentes de operaciones especiales con casco irrumpieron en la habitación apuntándome a la cabeza con pistolas. Me inmovilizaron en el suelo. Nos esposaron a mi esposa y a mí con las manos a la espalda.

Una agente que llevaba una cámara se arrodilló para grabar de cerca mi cara mientras yo estaba inmovilizado en el suelo. Nos llevaron a mi esposa y a mí al salón. Vi a mi hijo bajar desde el piso de arriba. Desde detrás de nosotros, vio las esposas que llevábamos puestas. El estruendo del helicóptero lo llenaba todo. Sabía que estaba suspendido justo encima del tejado de nuestra casa, a muy poca altura. El jardín y la calle estaban llenos de policías. Calculo que había más de un centenar. Utilizaron máquinas para perforar en todas las habitaciones. El ruido ensordecedor duró todo el día.

¿Qué bienes les fueron intervenidos?

Z. W.: La Policía también intervino toda mi colección de puros cubanos. Muchos eran de edición limitada. Mis coches y motocicletas también fueron intervenidos y, según nos han dicho, la Policía ya los ha destinado a su propio uso. Dentro de los coches seguían la bicicleta de mi hijo y otros objetos personales. Se llevaron mi Harley-Davidson y estimó el valor de aquella motocicleta de segunda mano, del año 2008, entre 5.000 y 90.000 euros. También se llevaron un casco y equipamiento por valor de varios cientos de euros. Nada de esto quedó reflejado en el inventario de efectos intervenidos.

¿Cuándo supieron a qué se debía la detención?

S. Y.: Lo único que nos enseñaron fue una hoja. Decía que se trataba de un caso en Almería, relacionado con una organización criminal que blanqueaba dinero para otra organización criminal dedicada a la trata de personas. En la hoja se mencionaba a personas árabes y chinas, y se me consideraba un “miembro importante” de esa organización, que administraba un monedero de criptomonedas. Apenas había más información concreta. Ni siquiera sabíamos qué lugar era Almería. Yo nunca había estado allí. Al principio, incluso creímos que decían “Alemán” (en referencia a Alemania).

Después, cuando intervinieron nuestros teléfonos y ordenadores y nos pidieron las contraseñas, se las facilitamos con total colaboración. Pensaba que todo podría aclararse enseguida y que nos dejarían en libertad muy pronto. En aquellos dispositivos estaba almacenada toda la información de nuestra vida desde que terminamos la universidad. Hay que tener en cuenta que quienes realmente se dedican a este tipo de delitos suelen cambiar de teléfono periódicamente.

¿Qué fue lo que más les impactó de aquella detención?

S. Y.: Para mí, lo más doloroso no fue solo mi propia detención. Fue ver a mi hijo bajar las escaleras acompañado por policías completamente armados, ver cómo presenciaba que esposaban a sus padres, con los restos de las puertas esparcidos por el suelo, los policías revolviéndolo todo y el ruido ensordecedor de los taladros percutores, sin que nadie pudiera explicarle por qué estaba pasando aquello.

Además, éramos inmigrantes inversores que habíamos llegado a España cinco años antes. No teníamos familiares aquí, no hablábamos español y nunca habíamos tenido contacto con un abogado penalista. Me sentía desesperada. Tampoco sabía adónde iban a llevar a mi hijo. No fue hasta que llevábamos cuatro meses en prisión, cuando se levantó el secreto de las actuaciones y supimos que el punto de partida central de todas aquellas graves acusaciones contra nosotros era que la Policía me había atribuido erróneamente una dirección de un monedero de criptomonedas que había transferido más de 21 millones de USDT [Tether, una criptomoneda estable equivalente al dólar].

¿A qué se dedicaban profesionalmente en China? ¿Cuáles eran sus puestos concretos en la Policía?

Z. W.: Mi esposa y yo trabajamos durante más de diez años en la Policía de Shanghái, principalmente en tareas relacionadas con la investigación criminal. Mi puesto concreto estaba en el Departamento de Mando de la Jefatura de Policía de Shanghái. Me encargaba de revisar los informes de investigación de las unidades subordinadas. Cuando dejé el cuerpo, tenía el rango de superintendente de policía de primera clase.

S. trabajaba en el Departamento de Apoyo Logístico de la Jefatura de Policía de Shanghái, donde se ocupaba de las finanzas del cuerpo. Cuando dejó el servicio, tenía el rango de superintendente de policía de segunda clase. Los dos tenemos formación universitaria y durante muchos años trabajamos con investigaciones, pruebas, actas de declaración y procedimientos penales.

¿De dónde procede su patrimonio y qué tipo de permiso de residencia tenían?

Z. W.: En 2019 vinimos a vivir a España con una autorización de residencia no lucrativa. Los bienes que tenemos en España proceden principalmente de la venta de nuestro patrimonio legítimo en China. De 2018 a 2020, mi esposa, nuestros padres y yo vendimos, sucesivamente, tres apartamentos en Shanghái. El valor total de esas propiedades superaba los 1,5 millones de euros. Antes de emigrar a España, también vendimos nuestros coches, motocicletas y el resto de nuestros bienes. Retiramos íntegramente los ingresos y los ahorros acumulados durante muchos años de trabajo.

En la práctica, renunciamos a todo lo que teníamos en Shanghái, reunimos todos los fondos disponibles y los llevamos a España para empezar una nueva vida. Nuestro abogado, Juan Antonio Signes, presentó al juzgado toda esa cadena documental en su solicitud de sobreseimiento libre: los contratos de venta de los inmuebles de Shanghái, los justificantes de pago de impuestos y la documentación acreditativa de los fondos, formalizada ante notario y legalizada por el consulado español; además de la documentación de todo el proceso mediante el cual cambiamos el dinero a euros en China y lo transferimos a bancos españoles, bien desde China, bien desde Hong Kong.

¿A qué se han dedicado desde que llegaron a España?

Z. W.: Desde que llegamos a España también hemos obtenido ingresos para vivir mediante el alquiler de inmuebles, presentando las correspondientes declaraciones fiscales conforme a la ley. Además, producimos vídeos cortos para nuestras redes sociales. Aceptamos encargos de seguidores para recomendar productos españoles y ayudarles a comprarlos, entre otros servicios. También prestamos determinados servicios de intermediación por los que cobramos comisiones.

China tiene un control de divisas estricto y cada adulto dispone de un límite anual para cambiar moneda extranjera. Por eso, trasladar al extranjero los fondos de una familia exige hacerlo a lo largo de varios años, utilizar los límites de distintos familiares o pasar por cuentas en Hong Kong.

En su informe de investigación, la UDEF describió esas remesas escalonadas como un “fraccionamiento” sospechoso. Sin embargo, esa es precisamente la forma a la que muchas familias chinas corrientes se ven obligadas a recurrir para transferir legalmente su propio dinero al extranjero.

¿Qué tipo de contenido publicaban en redes sociales?

Z. W.: Nuestro contenido se dirige principalmente a usuarios de habla china, tanto a la comunidad china de España como a personas de habla china de todo el mundo. Utilizamos sobre todo plataformas chinas como Xiaohongshu, Douyin y WeChat. Entre las distintas plataformas sumamos más de 300.000 seguidores. Compartimos información sobre la cultura española, gastronomía, turismo, consumo, sector inmobiliario y puros, entre otros temas, y también grabamos nuestra vida cotidiana. Soy yo quien aparece ante la cámara dando las explicaciones.

Entre Xiaohongshu, Douyin y WeChat sumamos más de 300.000 seguidores en redes sociales

¿Cómo impactó la detención en su actividad en redes sociales?

Z. W.: Cuando la Policía publicó posteriormente el vídeo de la 'Operación Karasu', aparecían en él muchas imágenes fácilmente reconocibles del exterior de nuestra casa, del jardín y del interior. Muchos seguidores ya habían visto nuestra vivienda y podían identificarla sin dificultad. Aunque la Policía no mostró nuestras caras en el vídeo, todas aquellas imágenes de nuestra casa eran, en la práctica, nuestras tarjetas de identidad.

 ¿Cómo fue la primera declaración ante el juez?

S. Y.: Cuando supimos que teníamos que ingresar inmediatamente en prisión, sentimos que se nos venía el mundo encima. Hasta ese momento, habíamos seguido creyendo que todo era un malentendido, que el juez esclarecería enseguida la verdad y que nos dejaría volver a casa. O, al menos, que nos concedería la libertad bajo fianza, tal como creíamos que funcionaba la justicia en los países occidentales. Porque, de verdad, no entendíamos en absoluto qué relación podíamos tener con las acusaciones que aparecían en aquel papel que nos habían mostrado el día de la detención.

¿Cómo fue la experiencia en prisión?

S. Y.: Nunca había imaginado que mi vida pudiera tener alguna relación con una prisión. No sabía por qué estaba encerrada, no sabía cómo estaba mi hijo y no sabía cuánto tiempo iba a permanecer allí. Esa sensación era lo que más me atormentaba. Mi marido y yo estábamos recluidos por separado. Yo solo hablaba un español muy básico, por lo que muchas cosas dentro de la cárcel me resultaban difíciles. Al principio no podía dormir en absoluto. Después, cuando el agotamiento pudo conmigo, conseguí dormir, pero tenía pesadillas todas las noches y me despertaba sobresaltada cada hora. Poco a poco, con mi español básico, fui pidiendo ayuda a otras presas y conseguí llamar a mi madre, que estaba en Shanghái.

Una familia de tres personas que llevaba una vida normal había quedado, de repente, dividida en tres lugares distintos

Estaba completamente separada de mi marido y de mi hijo. Una familia de tres personas que llevaba una vida normal había quedado, de repente, dividida en tres lugares distintos. No sabía dónde estaba mi hijo ni cómo se encontraba. No podía soportarlo. Me pasaba los días sentada, ausente, llorando. Mi marido y yo llegamos a querer acabar con nuestra vida. En prisión escribí una carta de despedida, saqué los cordones de los zapatos y me preparé para ahorcarme en la estructura de la cama a medianoche. Lo intenté. Era posible. En la cultura asiática tenemos una práctica que consiste en demostrar nuestra inocencia con la muerte. El abogado avisó a la prisión de que yo quería suicidarme, y allí me recetaron antidepresivos. Lo que me permitió seguir adelante fue pensar en mi hijo y en mis padres. Mi madre me insistía por teléfono en que fuera fuerte, aunque era muy difícil.

Aquellos cinco meses fueron la etapa más oscura de nuestra vida. Todavía hoy, cuando pienso en aquellos días, tiemblo de pies a cabeza.

Z. W.: Al igual que mi esposa, nunca había imaginado que algún día acabaría en prisión. También sufrí registros corporales humillantes. Me tomaron las huellas, me fotografiaron y me obligaron a desnudarme por completo. Durante los primeros días seguía pensando que la Policía Nacional aclararía pronto el error y nos dejaría volver a casa. O que, si no podía resolverse tan deprisa, al menos el juzgado nos concedería la libertad bajo fianza para que pudiéramos regresar y cuidar de nuestro hijo. Pero, poco a poco, todas esas esperanzas se desvanecieron.

No sabía cuánto tiempo iba a estar allí. Oía a muchos presos decir que en España todo era muy lento, y que la justicia era aún más lenta. Eso me llevó a la desesperación. Yo también escribí una carta de despedida y fabriqué un instrumento, preparándome para decir adiós a este mundo. Quería demostrar con mi muerte que era inocente. Cuando supe que mi esposa también quería suicidarse, hice un gran esfuerzo por superar aquella idea. No quería que nuestro hijo se quedara huérfano.

¿Por cuántas prisiones pasaron?

S. Y.: En cinco meses pasé por cinco prisiones. En cada traslado tenía que volver a soportar la dureza del viaje, adaptarme de nuevo y someterme a los registros corporales de los funcionarios, que me resultaban humillantes cada vez. Estuvimos encarcelados desde el 14 de enero de 2025 hasta mediados de junio: cinco meses enteros. Aquella repentina puesta en libertad bajo fianza también resultó extraña, porque no la habíamos solicitado nosotros.

Z. W.: Pasé por tres prisiones. Los asfixiantes vehículos de traslado y los humillantes registros corporales me dejaron recuerdos dolorosos que nunca podré olvidar.

¿Qué ocurrió con su hijo?

Z. W.: Nuestro hijo fue llevado a un centro de menores, donde permaneció dos meses. Todavía hoy nos habla de aquella experiencia. Tiene miedo de volver a perdernos y de que lo lleven otra vez allí. Ahora ya tiene 10 años, pero le da muchísimo miedo estar solo. En casa, a menudo permanecemos en silencio.

S. Y.: Cuando nos detuvieron, solo tenía ocho años. Mientras dormía, agentes del GEO armados con ametralladoras lo despertaron en su cama y lo llevaron escaleras abajo. Vio a sus padres esposados con las manos a la espalda. Como no teníamos otros familiares en España, tras nuestra detención simultánea lo llevaron a un centro de menores, donde vivió aproximadamente dos meses.

Al enterarse de nuestra detención, mis padres perdieron el conocimiento y se desmayaron

Esta es, quizá, la parte más dolorosa de todo lo sucedido para mí. Al principio, cuando ingresó en el centro de acogida, tuvo que dejar de ir al colegio. De no haber sido por la ayuda de un buen amigo nuestro, posiblemente lo habrían obligado a cambiar de centro escolar.

Nuestros amigos hicieron un esfuerzo enorme. Finalmente, ayudaron a mi madre a viajar desde China a España, recoger a nuestro hijo en el centro de acogida y llevárselo a Shanghái. Mis padres están jubilados y tienen cerca de 70 años. Al enterarse de nuestra detención perdieron el conocimiento y se desmayaron. Además, conseguir el visado para que mi madre viniera a España fue un proceso lleno de dificultades. Se lo denegaron dos veces y no lo obtuvo hasta el tercer intento. Durante todo ese tiempo, mis padres sufrieron una angustia y un dolor inmensos.

¿Qué consecuencias ha tenido todo esto para su familia y sus relaciones sociales?

Z. W.: Ha destruido casi por completo nuestra vida. No solo en España, sino también en China. Hemos perdido nuestra reputación, a nuestros amigos y a la inmensa mayoría de nuestros familiares. Mis padres han cortado el contacto conmigo. Sienten vergüenza. Los padres de mi esposa también soportan una enorme presión social en Shanghái. Para ayudarnos a reunir el dinero de los abogados y de las fianzas, se han endeudado enormemente.

Nuestra reputación en la comunidad china de España y en las redes sociales chinas ha sufrido un golpe devastador

En el plano social, nuestra reputación en la comunidad china de España y en las redes sociales chinas ha sufrido un golpe devastador. Ya no puedo seguir publicando, como antes, aquellos contenidos en los que compartíamos una vida normal. Ya no nos atrevemos a salir con tranquilidad.

¿Cuál es su situación actual?

Z. W.: Seguimos teniendo la condición de investigados. Todas nuestras cuentas bancarias están bloqueadas, nuestros inmuebles están sujetos a restricciones y nuestros vehículos y otros bienes siguen intervenidos o destinados al uso de la Policía. Seguimos soportando una pesada carga de deudas. Además, no supimos hasta septiembre de este año que, en abril del año pasado, cuando todavía estábamos en prisión, el juzgado había dictado un auto que autorizaba la subasta de nuestros inmuebles. De no haber sido por los recursos de otros encausados, quizá los tres ya nos habríamos quedado sin hogar, durmiendo en la calle. Fuera siguen circulando muchas difamaciones y rumores sobre nosotros.

Mi esposa perdió su situación de residencia legal porque, cuando le correspondía renovarla, estaba en prisión

Procuramos evitar el contacto con otras personas chinas. Mi esposa perdió su situación de residencia legal porque, cuando le correspondía renovarla, estaba en prisión. Ahora su abogado de extranjería le dice que, debido a su registro de detención, no puede solicitar la residencia legal. Nuestros pasaportes están retenidos en el juzgado y no podemos salir de España. Mi esposa no puede volver a China a visitar a sus padres, a su abuela materna y a su abuelo paterno (todos son de edad avanzada y padecen enfermedades).

S. Y.: No sabemos cuándo terminará la causa. Hay quien dice que harán falta tres años; otros dicen que podrían ser diez. Y esas etiquetas que se han difundido permanecerán para siempre en internet y en la memoria de la gente.

Un matrimoni de ciutadans xinesos establit a València manté una batalla contra la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional per considerar que van ser detinguts en el marc de l’“Operació Karasu” a conseqüència d’un suposat error de la investigació. Es tracta de S. Y. (Xangai, 1987) i de Z. W. (Hebei, 1985), dos expolicies xinesos detinguts al seu domicili d’una localitat pròxima a la capital del Túria el 14 de gener de 2025. La parella, que figura com a investigada en la causa per un presumpte delicte de blanqueig de capitals en el si d’una organització criminal, va passar cinc mesos en presó provisional. El fill de tots dos, de huit anys, va estar en un centre de menors durant dos mesos. També denuncien que l’arrest va propiciar la seua marginació de la comunitat xinesa, en haver sigut reconeguts públicament a conseqüència de la seua dedicació a la creació de contingut en xarxes socials —asseguren sumar 300.000 seguidors entre Xiaohongshu, Douyin i WeChat—.

L’“Operació Karasu” va desarticular, segons el Ministeri de l’Interior, l’organització criminal “més poderosa a escala internacional” en l’especialitat de blanqueig mitjançant el mètode hawala, un sistema informal de transferència de diners que funciona mitjançant una xarxa d’intermediaris i es basa en la confiança, sense moure físicament els diners en efectiu d’un lloc a un altre.

La presumpta xarxa “proporcionava suport econòmic a activitats orientades al tràfic d’éssers humans i tràfic de drogues” en el marc d’una trama, investigada inicialment per la Unitat Central de Xarxes d’Immigració Il·legal i Falsedats Documentals (UCRIF) de la Policia Nacional, que comptava amb una “branca àrab” encarregada de la “recepció dels diners en qualsevol part del món” i amb una segona “branca d’origen xinés”, que “facilitava els diners a Espanya a petició de l’anterior, rebent-ne la compensació en criptodivises”, a manera de “banca clandestina”. Les investigacions van comptar amb la col·laboració d’Europol i van culminar amb un dispositiu en què van participar 250 agents, amb detencions en diverses ciutats espanyoles, inclosa la del matrimoni xinés, una experiència que S. Y. qualifica d’“aterridora”.

La UDEF vinculava la dona —S. Y.— amb un criptomoneder pel qual van circular 1.435 transaccions per un import total de 21,5 milions de dòlars —tant en entrades com en eixides—, a manera d’adreça “pont” o d’“intermediari”. Un informe policial que consta en el sumari de la causa, al qual ha tingut accés elDiario.es, explica que es tracta del criptoactiu USDT, popularment conegut com a Tether, “la peculiaritat del qual es basa en el fet que el seu preu no fluctua (stablecoin), ja que està associat al valor del dòlar nord-americà”. Aquesta criptomoneda, deia l’informe, “és utilitzada habitualment per organitzacions criminals i, específicament, en la banca hawala, en evitar la volatilitat d’altres criptoactius com el Bitcoin”.

La plaça número 3 de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància d’Almeria, que centralitza el procediment, va ordenar el bloqueig dels béns que la dona comparteix amb el seu marit —cinc habitatges—, i també dels vehicles del matrimoni, entre els quals una Harley-Davidson de segona mà a nom de Z. W. L’anàlisi elaborada per la UDEF va concloure que la parella compartia un “alt patrimoni en habitatges”, xifrat en 780.000 euros, sense haver recorregut a “cap préstec hipotecari” i “abonant els pagaments a través de xecs nominatius o lliuraments d’efectiu”.

Ells defensen que, abans d’arribar a Espanya el 2019 amb una autorització de residència no lucrativa, van vendre tres apartaments a Shanghai per un valor total que “superava els 1,5 milions d’euros”.

Un “error involuntari” en l’anàlisi

Una vegada alçat el secret de sumari, la defensa va qüestionar l’atribució a S. Y. de la titularitat del moneder pel qual havien circulat els 21,5 milions de dòlars. La UDEF va reconéixer, en resposta a les al·legacions de l’advocat del matrimoni xinés i després d’una “revisió exhaustiva del material analític i documental”, un “error involuntari de transliteració en la fase de buidatge i transcripció de dades durant el procés d’anàlisi on-chain”, segons indica un ofici del 22 de desembre de 2025.

L’adreça de criptoactius inicialment atribuïda a S. Y. no pertanyia a la plataforma Binance, com s'afirmava inicialment. “L’error ve donat”, segons explica l’ofici, “en interpretar erròniament” que l’adreça “pertany a la investigada quan la interpretació correcta és la vinculació entre totes dues” —entre el moneder sospitós i el de S. Y.— mitjançant una de les transaccions investigades en el procediment, per la qual s’havia sol·licitat informació a Binance Espanya quan la causa romania sota secret.

Els investigadors havien demanat el 27 de setembre de 2024 a Binance, la plataforma en línia d’intercanvi de criptomonedes més gran per volum d’operacions diàries, una “nova sol·licitud d’informació, a fi d’actualitzar dades sobre una sèrie d’adreces entre les quals es trobaria la de la investigada”.

“Una vegada identificat l’incident, es va contrastar novament la informació blockchain, reconstruir la traçabilitat completa de les transaccions i determinar la naturalesa de l’adreça efectivament atribuïda a la investigada”, afirma l’ofici policial. Després d’una “nova avaluació tecnicoforense” i ja “esmenada l’atribució inicial errònia a Binance” —a conseqüència de la “confusió tècnica per transliteració d’adreces”—, la UDEF va reafirmar que continuava existint un “vincle operatiu i financer” entre el moneder que efectivament pertanyia a S. Y. i la presumpta organització criminal investigada en l’“Operació Karasu”.

Rebaixa dels indicis a un “possible control” del moneder

En les seues noves conclusions, la UDEF veia “patrons” que “sustenten” l’“existència d’interacció financera” amb la presumpta xarxa investigada, en un “context compatible amb activitats de banca clandestina”. A més, asseverava que la dona, “en identificar l’adreça qüestionada com a pertanyent a un moneder ImToken”, va fer un “reconeixement de coneixement intern”, la qual cosa seria un “indici de relació directa amb aquesta adreça” —Z. W., marit de S. Y., sosté que ho van saber després d’encarregar una anàlisi a Bitrace, “una empresa especialitzada en investigacions de cadena de blocs amb seu a Hong Kong”—.

En un segon ofici, del passat 10 de març, els agents al·ludien a “indicis de vinculació econòmica entre les persones investigades i l’adreça de criptomonedes objecte d’anàlisi” i a “elements que apunten a l’eventual coneixement de l’activitat desenvolupada” a través del criptomoneder. L’ofici assegurava que, a l’espera de l’informe definitiu i després de l’“anàlisi preliminar” d’un telèfon mòbil intervingut al matrimoni, “s’ha localitzat novament” l’adreça de criptoactius per la qual van circular els fons presumptament il·lícits. S. Y. explica que, “amb total col·laboració”, havia facilitat durant la detenció les contrasenyes dels dispositius intervinguts, inclòs el telèfon.

La Policia va continuar buscant indicis. “La presència d’aquesta adreça en les dades extretes [del terminal telefònic] constitueix un element objectiu addicional de vinculació, com també un indici rellevant que podria apuntar al possible control, utilització o, almenys, coneixement de l’activitat associada a aquesta per part dels investigats”, conclou l’ofici de la UDEF en referència a la parella.

Per la seua banda, l’advocat que exerceix la defensa de S. Y. i de Z. W., el penalista Juan Antonio Signes, declara que a la seua clienta “se li va atribuir un moneder de la xarxa TRON que no era seu, era una adreça de pas per la qual circulaven fons de tercers”, tal com “ha reconegut la mateixa unitat investigadora per escrit en dos oficis”, segons remarca.

“L’adreça que Binance associava realment a la meua clienta era una altra de diferent, així que l’error es va produir en atribuir-li aquesta adreça en l’anàlisi policial”, afirma el lletrat. No obstant això, fonts pròximes a la investigació consultades per aquest diari asseguren que es va tractar d’un simple error de “copia i enganxa”, es reafirmen en l’atribució de la titularitat “real” del moneder pont a la dona i auguren que l’informe definitiu reunirà tots els indicis.

El lletrat de la parella, per la seua banda, creu que “aquesta atribució era l’únic vincle directe que els relacionava amb l’organització investigada, i una vegada cau no queda res que els connecte amb els fets que van donar origen a la causa”.

Z. W., que afirma haver sigut superintendent de Policia de primera classe al Departament de Comandament de la Prefectura de Policia de Shanghai abans d’arribar a Espanya, exclama: “Vam ser nosaltres, les persones investigades, els qui, després d’eixir en llibertat sota fiança, vam pagar una investigació independent i vam presentar-ne els resultats al jutjat, i només després, el 22 de desembre de 2025, la UDEF ho va reconéixer per escrit”.

El moneder va continuar funcionant

La defensa també al·lega que, durant l’estada en presó provisional del matrimoni xinés, el moneder investigat va continuar “funcionant” i va fer “38 operacions per més de 691.000 dòlars, quan ells no tenien accés ni a un telèfon ni a un ordinador”. Per contra, fonts policials asseguren que podria tractar-se de moviments programats automàticament abans de la detenció.

“Aquesta atribució era l’únic vincle directe que els relacionava amb l’organització investigada, i una vegada cau no queda res que els connecte amb els fets que van donar origen a la causa”, rebla l’advocat Juan Antonio Signes.

D’altra banda, la UDEF també imputa a S. Y. el pagament d’uns 50.000 dòlars al moneder pont investigat. “A parer nostre, es tracta d’una reconstrucció a posteriori de la hipòtesi incriminatòria”, afirma Z. W. “Es va tractar d’una única operació amb un comerciant xinés d’Alacant, que ens va facilitar l’adreça de cobrament. Només vam fer aquesta operació amb aquesta persona i després no hi vam tornar a tindre cap relació. Ni aquest comerciant ni la persona que ens el va presentar figuren en la causa Karasu”, defensa l’home.

L’advocat del matrimoni puntualitza que, una vegada “caiguda l’atribució del moneder, no es pot mantindre la mateixa imputació buscant-li un altre suport diferent del que la va justificar” i destaca que aquesta operació per un import de 50.000 dòlars “va just en sentit contrari el que exigeix la mateixa tesi policial”. “La investigació sosté que l’anomenada branca xinesa aportava efectiu a canvi de criptomoneda, i aquest moviment no encaixa en aquest esquema sinó en l’invers, de manera que, lluny de reforçar la hipòtesi de la UDEF, la contradiu”, sosté Signes.

La defensa, en els escrits que figuren en el sumari, descarta que el patrimoni immobiliari a Espanya de S. Y. i de Z. W., i també els seus vehicles, provinguen del blanqueig. El lletrat ha aportat “119 documents que acrediten d’on ve”. “Hi ha vendes d’immobles a Shanghai i rendes del treball a la Xina, amb certificacions notarials legalitzades i traduïdes i amb la seua tributació. Hi ha transferències bancàries a Espanya a través d’entitats supervisades entre 2019 i 2024, i ací rendes de lloguer i les seues declaracions d’IRPF. Tots els diners van entrar pel banc i tot és traçable”, afirma.

Sobre les nombroses caixes de puros que es van intervindre a Z. W., l’advocat al·lega que “no integren cap patrimoni opac, sinó una col·lecció formada per un aficionat amb activitat pública de divulgació acreditada, adquirida en establiments oficials d’Espanya i de Cuba i composta per peces d’edició limitada i numerades”. I argumenta que “col·leccionar puros, per valuosos que siguen, no és ni pot ser blanqueig de capitals”.

“Reduïda la causa al seu esquelet, no queda absolutament res en peu, excepte el dany ja causat, cinc mesos de presó i tot un patrimoni bloquejat, alçat tot això sobre un error que el seu propi autor confessa”, reprotxa l’advocat.

La jutgessa insta a demanar “aclariments” en un eventual judici

La defensa va sol·licitar el sobreseïment lliure de la causa per al matrimoni i el desbloqueig dels seus béns i comptes. Juan Antonio Signes sosté en el seu recurs que tota la investigació del presumpte blanqueig va partir d’una premissa “errònia”, reconeguda per la UDEF “primer com a error de transcripció i després com a error material”.

La fiscal, per la seua banda, va esgrimir que la petició de sobreseïment es basava en un error en la fase de bolcat i en la transcripció de dades, que havia tingut la seua “rectificació tècnica corresponent” per part dels investigadors, els quals van aportar finalment una “traçabilitat de l’adreça correcta” amb la qual “es manté la imputació” de S. Y., segons afirma la representant del Ministeri Públic en el seu escrit del passat 14 de juliol.

La titular de la plaça número 3 de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància d’Almeria, en una providència del 30 de juliol, va denegar el sobreseïment lliure en apreciar indicis d’un presumpte delicte de blanqueig de capitals i a l’espera de l’informe final de la UDEF —tot això “sense perjudici del que ulteriorment puga acordar-se arran de la instrucció de la present causa”—.

La magistrada també considera, segons afirma en una interlocutòria dictada el passat 24 de setembre, que la UDEF va posar en coneixement del jutjat l’“oportuna rectificació” i va contestar les al·legacions de la defensa.

Una altra resolució de la instructora de la mateixa data va denegar l’obtenció de la documentació en brut aportada per Binance que manejava la UDEF, tal com havia sol·licitat la defensa. La jutgessa, coincidint amb el criteri del Ministeri Fiscal, creu que les diligències proposades per l’advocat del matrimoni xinés “no resulten imprescindibles ni útils per a l’esclariment dels fets”.

La resolució juducial, que no és ferma i pot ser recorreguda en apel·lació, reclama la defensa a citar els investigadors de la UDEF en l’eventual judici oral, “per a sol·licitar els aclariments que consideren convenients”.

Un matrimonio de ciudadanos chinos asentado en València mantiene una batalla contra la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional al considerar que fueron detenidos en el marco de la 'Operación Karasu' por un supuesto error de la investigación. Se trata de S. Y. (Shanghái, 1987) y de Z. W. (Hebei, 1985), dos expolicías chinos detenidos en su vivienda de una localidad cercana a la capital del Túria el 14 de enero de 2025. La pareja, que figura como investigada en la causa por un presunto delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, pasó cinco meses en prisión provisional. El hijo de ambos, de ocho años, estuvo en un centro de menores durante dos meses. También denuncian que el arresto propició su marginación de la comunidad china, al haber sido reconocidos públicamente como consecuencia de su dedicación a la creación de contenido en redes sociales (aseguran sumar 300.000 seguidores entre Xiaohongshu, Douyin y WeChat).

La 'Operación Karasu' desarticuló, según el Ministerio del Interior, la organización criminal “más poderosa a nivel internacional” en la especialidad de blanqueo mediante el método hawala, un sistema informal de transferencia de dinero que funciona mediante una red de intermediarios y se basa en la confianza, sin mover físicamente el efectivo de un lugar a otro.

La presunta red “proporcionaba soporte económico a actividades orientadas al tráfico de seres humanos y tráfico de drogas” en el marco de una trama, investigada inicialmente por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional, que contaba con una “rama árabe” encargada de la “recepción del dinero en cualquier parte del mundo” y con una segunda “rama de origen chino”, que “facilitaba el dinero en España bajo la petición de la anterior, recibiendo su compensación en criptodivisas”, a modo de “banca clandestina”. Las pesquisas contaron con la colaboración de Europol y culminaron con un dispositivo en el que participaron 250 agentes, con detenciones en varias ciudades españolas, incluyendo la del matrimonio chino, una experiencia que S. Y. tilda de “aterradora”.

La UDEF vinculaba a la mujer —S. Y.— con un criptomonedero por el que circularon 1.435 transacciones por un importe total de 21,5 millones de dólares (tanto en entradas como en salidas), a modo de dirección “puente” o de “intermediario”. Un informe policial que consta en el sumario de la causa, al que ha tenido acceso elDiario.es, explica que se trata del criptoactivo USDT, popularmente conocido como Tether, “cuya peculiaridad se basa en que su precio no fluctúa (stablecoin), dado que está asociado al valor del dólar estadounidense”. Esa criptomoneda, decía el informe, “es utilizada comúnmente por organizaciones criminales y, específicamente, en la banca hawala, al evitar la volatilidad de otros criptoactivos como el Bitcoin”.

La Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería, que centraliza el procedimiento, ordenó el bloqueo de los bienes que la mujer comparte con su marido (cinco viviendas), así como los vehículos del matrimonio, entre ellos una Harley-Davidson de segunda mano a nombre de Z. W. El análisis elaborado por la UDEF concluyó que la pareja compartía un “alto patrimonio en viviendas”, cifrado en 780.000 euros, sin haber recurrido a “ningún préstamo hipotecario” y “abonando los pagos a través de cheques nominativos o entregas de efectivo”.

Ellos defienden que, antes de aterrizar en España en 2019 con una autorización de residencia no lucrativa, vendieron tres apartamentos en Shanghái por un valor total que “superaba los 1,5 millones de euros”.

Un “error involuntario” en el análisis

Una vez levantado el secreto de sumario, la defensa cuestionó la atribución a S. Y. de la titularidad del monedero por el que habían circulado los 21,5 millones de dólares. La UDEF reconoció, en contestación a las alegaciones del abogado del matrimonio chino y tras una “revisión exhaustiva del material analítico y documental”, un “error involuntario de transliteración en la fase de volcado y transcripción de datos durante el proceso de análisis on-chain”, según indica un oficio del 22 de diciembre de 2025.

La dirección de criptoactivos inicialmente atribuida a S. Y. no pertenecía a la plataforma Binance, como se afirmaba en un informe del 6 de noviembre de 2024. “El error viene dado”, según abunda el oficio, “al interpretar erróneamente” que la dirección “pertenece a la investigada cuando la interpretación correcta es la vinculación entre ambas” (entre el monedero sospechoso y el de S. Y.) mediante una de las transacciones investigadas en el procedimiento, por la que se le había solicitado información a Binance España cuando la causa permanecía bajo secreto.

Los investigadores habían pedido el 27 de septiembre de 2024 a Binance, la mayor plataforma online de intercambio de criptomonedas por volumen de operaciones diarias, una “nueva solicitud de información, a fin de actualizar datos sobre una serie de direcciones en las que se encontraría la de la investigada”.

“Una vez identificado el incidente, se procedió a cotejar nuevamente la información blockchain, reconstruir la trazabilidad completa de las transacciones y determinar la naturaleza de la dirección efectivamente atribuida a la investigada”, afirma el oficio policial. Tras una “nueva evaluación técnico-forense” y ya “subsanada la atribución inicial errónea a Binance” (a consecuencia de la “confusión técnica por transliteración de direcciones”), la UDEF reafirmó que seguía existiendo un “vínculo operativo y financiero” entre el monedero que efectivamente pertenecía a S. Y. y la presunta organización criminal investigada en la 'Operación Karasu'.

Rebaja de los indicios a un “posible control” del monedero

En sus nuevas conclusiones, la UDEF veía “patrones” que “sustentan” la “existencia de interacción financiera” con la presunta red investigada, en un “contexto compatible con actividades de banca clandestina”. Además, aseveraba que la mujer, “al identificar la dirección cuestionada como perteneciente a un monedero Imtoken”, hizo un “reconocimiento de conocimiento interno”, lo cual sería un “indicio de relación directa con dicha dirección” (Z. W., marido de S. Y., sostiene que lo supieron tras encargar un análisis a Bitrace, “una empresa especializada en investigaciones de cadena de bloques con sede en Hong Kong”).

En un segundo oficio, del pasado 10 de marzo, los agentes aludían a “indicios de vinculación económica entre las personas investigadas y la dirección de criptomonedas objeto de análisis” y a “elementos que apuntan al eventual conocimiento de la actividad desarrollada” a través del criptomonedero. El oficio aseguraba que, a la espera del informe definitivo y tras el “análisis preliminar” de un teléfono móvil intervenido al matrimonio, “se ha localizado nuevamente” la dirección de criptoactivos por la que circularon los fondos presuntamente ilícitos. S. Y. explica que, “con total colaboración”, había entregado durante la detención las contraseñas de sus dispositivos intervenidos, incluido el teléfono.

La Policía continuó buscando indicios. “La presencia de dicha dirección en los datos extraídos [del terminal telefónico] constituye un elemento objetivo adicional de vinculación, así como un indicio relevante que podría apuntar al posible control, utilización o, cuando menos, conocimiento de la actividad asociada a la misma por parte de los investigados”, concluye el oficio de la UDEF en referencia a la pareja.

Por su parte, el abogado que ejerce la defensa de S. Y. y de Z. W., el penalista Juan Antonio Signes, declara que a su clienta “se le atribuyó un monedero de la red TRON que no era suyo, era una dirección de paso por la que circulaban fondos de terceros”, tal como “ha reconocido la propia unidad investigadora por escrito en dos oficios”, según remarca.

“La dirección que Binance asociaba realmente a mi clienta era otra distinta, así que el error se produjo al atribuirle esa dirección en el análisis policial”, afirma el letrado. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación consultadas por este diario aseguran que se trató de un mero error de “cortapega”, se reafirman en la atribución de la titularidad “real” del monedero puente a la mujer y auguran que el informe definitivo reunirá todos los indicios.

El letrado de la pareja, por su parte, cree que “esa atribución era el único vínculo directo que los relacionaba con la organización investigada, y una vez cae no queda nada que los conecte con los hechos que dieron origen a la causa”.

Z. W., que afirma haber sido superintendente de Policía de primera clase en el Departamento de Mando de la Jefatura de Policía de Shanghái antes de llegar a España, exclama: “Fuimos nosotros, las personas investigadas, quienes, después de salir en libertad bajo fianza, pagamos una investigación independiente y presentamos sus resultados al juzgado, y solo después, el 22 de diciembre de 2025, la UDEF lo reconoció por escrito”.

El monedero siguió funcionando

La defensa también alega que, durante la estancia en prisión provisional del matrimonio chino, el monedero investigado siguió “funcionando” y realizó “38 operaciones por más de 691.000 dólares, cuando ellos no tenían acceso ni a un teléfono ni a un ordenador”. Por el contrario, fuentes policiales aseguran que podría tratarse de movimientos programados automáticamente previamente a la detención.

“Esa atribución era el único vínculo directo que los relacionaba con la organización investigada, y una vez cae no queda nada que los conecte con los hechos que dieron origen a la causa”, remacha el abogado Juan Antonio Signes.

Por otro lado, la UDEF también imputa a S. Y. el pago de unos 50.000 dólares al monedero puente investigado. “A nuestro juicio, se trata de una reconstrucción a posteriori de la hipótesis incriminatoria”, afirma Z. W. “Se trató de una única operación con un comerciante chino de Alicante, que nos facilitó la dirección de cobro. Solo realizamos esa operación con esa persona y después no volvimos a tener ninguna relación. Ni ese comerciante ni la persona que nos lo presentó figuran en la causa Karasu”, defiende el hombre.

El abogado del matrimonio puntualiza que, una vez “caída la atribución del monedero, no se puede mantener la misma imputación buscándole otro apoyo distinto del que la justificó” y destaca que esa operación por un importe de 50.000 dólares “va justo en sentido contrario al que exige la propia tesis policial”. “La investigación sostiene que la llamada rama china aportaba efectivo a cambio de criptomoneda, y este movimiento no encaja en ese esquema sino en el inverso, de modo que, lejos de reforzar la hipótesis de la UDEF, la contradice”, sostiene Signes.

La defensa, en los escritos que figuran en el sumario, descarta que el patrimonio inmobiliario en España de S. Y. y de Z. W., así como sus vehículos, provengan del blanqueo. El letrado ha aportado “119 documentos que acreditan de dónde viene”. “Hay ventas de inmuebles en Shanghái y rentas del trabajo en China, con certificaciones notariales legalizadas y traducidas y con su tributación. Hay transferencias bancarias a España a través de entidades supervisadas entre 2019 y 2024, y aquí rentas de alquiler y sus declaraciones de IRPF. Todo el dinero entró por banco y todo es trazable”, afirma.

Sobre las numerosas cajas de puros que se le intervinieron a Z. W., el abogado alega que “no integran patrimonio opaco alguno, sino una colección formada por un aficionado con actividad pública de divulgación acreditada, adquirida en establecimientos oficiales de España y de Cuba y compuesta por piezas de edición limitada y numeradas”. Y argumenta que “coleccionar puros, por valiosos que sean, no es ni puede ser blanqueo de capitales”.

“Reducida la causa a su esqueleto, no queda absolutamente nada en pie, salvo el daño ya causado, cinco meses de prisión y un patrimonio entero bloqueado, levantado todo ello sobre un error que su propio autor confiesa”, reprocha el abogado.

La jueza emplaza a pedir “aclaraciones” en un eventual juicio

La defensa solicitó el sobreseimiento libre de la causa para el matrimonio y el desbloqueo de sus bienes y cuentas. Juan Antonio Signes sostiene en su recurso que toda la investigación del presunto blanqueo partió de una premisa “errónea”, reconocida por la UDEF “primero como error de transcripción y después como error material”.

La fiscal, por su parte, esgrimió que la petición de sobreseimiento se basaba en un error en la fase de volcado y en la transcripción de datos, que había tenido su “rectificación técnica correspondiente” por parte de los investigadores, quienes aportaron finalmente una “trazabilidad de la dirección correcta” con la que “se mantiene la imputación” de S. Y., según afirma la representante del Ministerio Público en su escrito del pasado 14 de julio.

La titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería, en una providencia del 30 de julio, denegó el sobreseimiento libre al ver indicios de un presunto delito de blanqueo de capitales y a la espera del informe final de la UDEF (todo ello “sin perjuicio de lo que ulteriormente pudiera acordarse a resultas de la instrucción de la presente causa”).

La magistrada también considera, según afirma en un auto dictado el pasado 24 de septiembre, que la UDEF puso en conocimiento del juzgado la “oportuna rectificación” y contestó a las alegaciones de la defensa.

Otra resolución de la instructora de la misma fecha denegó la obtención de la documentación en bruto aportada por Binance que manejaba la UDEF, tal como solicitada la defensa. La jueza, coincidiendo con el criterio del Ministerio Fiscal, cree que las diligencias propuestas por el abogado del matrimonio chino “no resultan imprescindibles ni útiles para el esclarecimiento de los hechos”.

El auto, que no es firme y puede ser recurrido en apelación, emplaza a la defensa a citar a los investigadores de la UDEF en el eventual juicio oral, “para solicitar las aclaraciones que tengan por conveniente”.

La Guardia Civil ha investigado en Cáceres a cuatro personas de una misma familia por estafar cerca de 700.000 euros a varias víctimas mediante falsas inversiones en criptomonedas, para lo que simulaban ganancias con extractos bancarios, fotografías y vídeos y organizaban eventos y viajes internacionales para ganarse su confianza.

La investigación comenzó a raíz de una denuncia presentada en septiembre de 2025 por una persona que afirmó haber sido víctima de una estafa iniciada en 2024, después de entregar distintas cantidades de dinero mediante transferencias para invertir en criptomonedas.

Durante las pesquisas, los agentes localizaron a más víctimas y determinaron que el dinero era recibido a través de distintas cuentas bancarias de varios miembros del grupo y que se utilizaban más de 90 tarjetas bancarias de diferentes entidades para recibir y mover los fondos.

Según ha informado este lunes la Guardia Civil, uno de los investigados se habría aprovechado de la confianza de vecinos de una localidad del norte de Cáceres para captar el dinero y posteriormente simulaba que las inversiones se habían realizado. Para aparentar las ganancias utilizaba extractos bancarios, fotografías y vídeos de supuestos beneficios, algunos de ellos por cantidades superiores al millón de euros. Posteriormente solicitaba nuevos pagos con el argumento de que eran necesarios para desbloquear las cuentas y recuperar los beneficios.

Para reforzar estas peticiones, los investigados habrían utilizado sin autorización el nombre de distintos bufetes de abogados y falsificados documentos. También realizaban viajes internacionales y organizaban grandes eventos que difundían entre los vecinos para reforzar la apariencia de solvencia y de que el dinero procedía de sus propias inversiones.

La investigación cifra en más de 500.000 euros el dinero presuntamente estafado a víctimas residentes en el norte de la provincia de Cáceres y en otros 180.000 euros el obtenido de seis personas residentes en Alicante que procedían de la misma localidad cacereña.

Los investigados son tres hombres y una mujer, a quienes se atribuyen delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, usurpación del estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente y los cuatro investigados permanecen a la espera de juicio. 

Durante siglos, el dinero fue una prerrogativa exclusiva de los Estados. Las monedas metálicas, los billetes emitidos por bancos centrales y, más tarde, el dinero electrónico creado por la banca comercial conformó un sistema asentado sobre una misma premisa: cualquier euro, dólar o yen mantiene idéntico valor con independencia de quién lo custodie o del canal por el que circule. Este dogma, que el Banco de Pagos Internacionales (BIS, según sus siglas en inglés), denomina singleness of money (unidad del dinero), constituye el fundamento de la confianza en el sistema financiero moderno y explica por qué hogares, empresas y gobiernos lo aceptan como medio de pago, depósito de valor y unidad de cuenta.

Pero la revolución digital emprendida hace años y catapultada por la IA ha introducido un nuevo resorte. La tecnología blockchain permite crear activos que se transfieren de manera instantánea y programable. En este contexto es en el que ha emergido las stablecoins o monedas vinculadas a un activo de referencia, generalmente una divisa estable y con influencia global, versión monetaria de las criptomonedas tradicionales. Creadas con tokens cuyo precio permanece vinculado al dólar, al euro u otra moneda fiduciaria gracias a una reserva de efectivo, depósitos bancarios o deuda pública.

Sin embargo, lo que comenzó, hace un puñado de años, como una herramienta para facilitar las operaciones en mercados de criptoactivos, se ha transformado en una infraestructura utilizada para pagos internacionales, remesas, e-commerce y acumulación de ahorro; muy en especial, en las economías con monedas débiles.

El crecimiento ha sido vertiginoso. En apenas seis años, las stablecoins han pasado tener un valor de mercado de menos de 10.000 millones de dólares a superar los 300.000 millones. Casi el 98% de ese mercado está denominado en dólares. Tether y Circle, dos grandes emisores mundiales, poseen buena parte de sus reservas en letras del Tesoro estadounidense y otros activos líquidos. Esta composición ha convertido a las stablecoins en un comprador estructural de deuda pública americana y ha abierto una conexión inédita entre la innovación financiera privada y la federal en EEUU.

Para Eswar Prasad, profesor de Economía de la Universidad Cornell y autor de The Future of Money, el fenómeno trasciende del ámbito de las criptomonedas. A su juicio, las stablecoins suponen “una nueva etapa en la evolución global del dólar” y pueden modificar “la competencia entre monedas de reserva, la transmisión de las estrategias monetarias y el funcionamiento de la arquitectura financiera internacional”.

EEUU, Europa y China juegan al ‘monopoly’ digital

La Administración Trump ha decidido aprovechar esa oportunidad. La aprobación de la Genius Act, en verano de 2025, convierte a las stablecoins en parte del sistema monetario estadounidense al concretar requisitos de respaldo íntegro de sus operaciones con activos líquidos y reembolsos en sus transacciones.

El mensaje estratégico es nítido: EEUU pretende que el dólar siga siendo la moneda hegemónica también en la economía tokenizada, en los pagos transfronterizos y en las futuras redes financieras construidas sobre las cadenas blockchain.

Europa observa con perplejidad la maniobra de un presidente que se declara un apasionado de los criptoactivos y que admite haber ganado 1.400 millones de dólares en el primer año de su segundo mandato en inversiones con sello cripto (más de 2.300 millones si el espectro se amplía al conjunto de su familia). El BCE teme que emisiones masivas de stablecoins denominadas en dólares reduzca el papel de la divisa europea en los pagos digitales, desplace depósitos desde la banca comercial hacia emisores privados y dificulte su estrategia monetaria.

Christine Lagarde, su presidenta, insiste en que la autoridad del euro no trata de impedir que las stablecoins existan. Pero sí evitar que la innovación desemboque en una pérdida de soberanía monetaria. En alusión a que el euro digital que opere en una infraestructura europea propia que permita hacer uso de los avances tecnológicos sin depender de plataformas gestionadas desde otras jurisdicciones, sería una alternativa de libre competencia indispensable frente al universo del dólar.

La reciente intervención de EEUU vendiendo euros para apuntalar el yen, sin coordinación previa con el BCE, concede credibilidad a la idea de que la política monetaria ha entrado en una nueva fase de rivalidad estratégica. Barry Eichengreen, profesor de Economía en Berkeley, comparte estas inquietudes europeas. A su juicio, Trump desea que las divisas se conviertan en armas de poder geopolítico, mientras Lagarde insiste en que Europa posea una infraestructura monetaria hecha a imagen y semejanza del euro que evite una creciente dependencia del dólar.

Ante esta tesitura, la posición del Banco de Pagos Internacionales (BIS, autoridad monetaria de los bancos centrales y regulador de las normas bancarias) añade una tercera carta a este juego de naipes geoestratégico. Pablo Hernández de Cos, su director general y el más serio aspirante a suceder a la presidenta francesa del BCE, admite que la tokenización puede abaratar los pagos internacionales, acelerar la liquidación de operaciones y aportar programabilidad al dinero. Sin embargo, el exgobernador del Banco de España alerta de que las stablecoins no se liquidan en dinero del banco central y que, por tanto, no garantizan plenamente la convertibilidad al valor nominal durante episodios de tensión financiera.

En el terreno de los riesgos, De Cos también menciona el peligro sobre la integridad de los pagos, la prevención del blanqueo y la eficacia de la política monetaria “si una parte significativa de los depósitos migra a emisores no bancarios”. En consecuencia, el BIS defiende una arquitectura basada en dinero de cada banco central, depósitos bancarios tokenizados y activos financieros interoperables dentro de plataformas comunes.

China, por su parte, apuesta por una estrategia distinta. Apenas muestra interés en promover stablecoins privadas como instrumento de internacionalización del renminbi, la denominación del yuan en los mercados cambiarios. Aunque su táctica se centra en un yuan digital que emita directamente su autoridad monetaria a través de plataformas internacionales como el proyecto mBridge, concebido para facilitar pagos transfronterizos entre bancos centrales. Sin embargo, diversas entidades chinas y operadores vinculados a Hong Kong estudian fórmulas para emitir stablecoins en yuanes que complementen la expansión internacional de la moneda china en los mercados digitales.

Las pistas regulatorias entran a escena

Detrás de estas diferencias regulatorias se perfila una competencia feroz sobre el control de las infraestructuras monetarias del siglo XXI. EEUU apuesta por un modelo donde las empresas innoven sobre una base regulada y respaldada por activos públicos; Europa busca preservar el papel del banco central como emisor de referencia del dinero digital; y el BIS intenta evitar que la fragmentación tecnológica erosione la unidad del sistema monetario internacional.

China sopesa ambas alternativas. Mantiene, por un lado, el tránsito del dinero y de las redes de pago bajo estrecho control de su autoridad monetaria, así como el fomento de la innovación digital para adecuar los canales de circulación del yuan. Pero al mismo tiempo permite que Hong Kong tenga un régimen propio con reglas específicas para el uso de stablecoins, que abre una vía de escape en las restrictivas leyes de Pekín sobre criptodivisas.

La trascendencia de este dilema crece porque la digitalización no afecta únicamente al dinero. Bancos, gestoras y bolsas experimentan con la tokenización. Mientras las plataformas de pagos desarrollan redes capaces de liquidar operaciones casi en tiempo real y, en paralelo, compañías como Circle, Stripe y Coinbase idean infraestructuras pensadas para un futuro en el que agentes autónomos de IA intercambien información, poder de computación o servicios especializados.

La moneda digital abandona así su rol de instrumento de pago entre personas y empresas y se erige en un lenguaje operativo entre máquinas. De ahí la importancia de concretar quién emite, supervisa y gobierna las transacciones monetarias a través de redes financieras en mercados tokenizados. Y la primera meta volante es la que debe decidir su arquitectura digital. Aunque la segunda exige el rediseño del sistema monetario mundial, en un mercado a años luz de converger hacia un único modelo y en el que conviven distintas tecnologías y estrategias monetarias.

La mayoría de las stablecoins operan sobre redes públicas de blockchain como Ethereum, Solana o Base, donde todo usuario puede verificar sus operaciones y gestionar aplicaciones a través de contratos inteligentes. Los expertos convienen en admitir que este modus operandi favorece la interoperabilidad, la innovación y la programación automática de pagos, aunque a la vez alertan sobre sus desafíos supervisores, de privacidad y de prevención del blanqueo de capitales.

Frente a ese modelo descentralizado emerge otra corriente para tokenizar depósitos bancarios, bonos, acciones o fondos de inversión dentro de redes autorizadas (permissioned blockchains) con actores previamente identificados y sujetos a regulación. El BIS cree que esta vía no romper el vínculo entre el dinero privado y el emitido por el banco central.

Morgan Stanley comparte esta visión al precisar que la tokenización reduce costes operativos, acelera la liquidación de operaciones y aumenta la eficiencia de la banca mayorista sin necesidad de sustituir el sistema financiero existente.

Pero hay una segunda incógnita de calado sobre el ancla que debe sostener las divisas digitales. Con un claro vencedor: el dólar, moneda a la que están vinculadas alrededor del 98% de las stablecoins. En esta tesitura, la UE ha instaurado el reglamento MiCA, que permite emitir stablecoins en euros. Pese al temor del BCE por su expansión, que sacaría depósitos del sistema bancario y complicaría su política monetaria. Aunque el FMI --y el BIS-- apoyan como tercera vía la creación de stablecoins respaldadas por una cesta de divisas internacionales en línea con la metodología de los Derechos Especiales de Giro del Fondo, su unidad prestamista.

Un activo digital vinculado al dólar, euro, yen, libra esterlina y dólar canadiense –recalcan sus expertos– “reduciría la dependencia respecto a una única divisa y ofrecería una referencia más estable para el comercio internacional y los mercados financieros”.

Banco Santander y BBVA se han sumado a una veintena de instituciones financieras internacionales, entre ellas la estadounidense Bank of America o el alemán Deutsche Bank, que crearán una nueva empresa en este segundo semestre del año para emitir una solución de 'stablecoin' (criptomoneda estable), que se lanzaría al mercado en el primer semestre de 2027.

Según han anunciado este martes en un comunicado, la nueva compañía, cuyo nombre se anunciará más adelante, respaldará la emisión de una solución de 'stablecoin' y operará a escala mundial, según recoge EFE.

En un principio, se centrará en una oferta de 'stablecoin' denominada en dólares estadounidenses, con la ambición a largo plazo de ampliar la emisión a otras monedas de países del G7, priorizando una oferta denominada en euros.

La iniciativa aprovechará la experiencia de las instituciones financieras participantes para ofrecer una solución que combine estándares de cumplimiento propios del sector bancario, una gobernanza rigurosa, capacidades de distribución y una gestión de riesgos institucional, han explicado en su comunicado.

Esta solución de criptomoneda se utilizará en diversos ámbitos, incluidos los mercados mayoristas, institucionales y minoristas, donde el uso de una forma fiable de dinero digital aporte ventajas a los clientes, tales como los pagos transfronterizos y la liquidación de activos digitales.

El grupo tiene como objetivo lanzar su solución de 'stablecoin' al mercado en el primer semestre de 2027.

En octubre de 2025, el grupo, compuesto entonces sólo por diez bancos frente a los 21 de ahora, informó de que estaba explorando la emisión de una forma de dinero digital respaldada por reservas en una proporción de 1:1, configurada como un activo de pago estable disponible en redes 'blockchain' públicas.

Actualmente, el grupo está integrado por veintiuna instituciones financieras en diversas regiones.

En Norteamérica, pertenecen a ese grupo Bank of America, Capital One, Citi, Fidelity Investments, Goldman Sachs, PNC Financial Services, Scotiabank, TD Bank Group, Wells Fargo y WisdomTree. Banco Santander, BBVA, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Lloyds Banking Group, Coöperatieve Rabobank U.A. y UBS son los bancos europeos que están en ese grupo, en el que también se integran el japonés MUFG Bank, el sudafricano Standard Bank y la compañía de Abu Dabi Sirius International Holding.

El magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar ha rechazado íntegramente el recurso con el que el eurodiputado ultra Alvise Pérez pretendía evitar el rastreo de información clave sobre la financiación de la campaña tras la que concurrió a las europeas de 2024. En un auto del 30 de julio, al que ha tenido acceso elDiario.es, el instructor confirma el rastreo policial de los monederos virtuales de criptomonedas y los requerimientos de información dirigidos tanto a su partido como al Tribunal de Cuentas que había acordado a petición del PSOE, personado como acusación popular.

El magistrado afirma que son “informes necesarios para asegurar la investigación” abierta al agitador ultra por haber cobrado 100.000 euros en efectivo de un empresario de las criptomonedas semanas antes de la campaña de los citados comicios. Entre esas tres diligencias está la petición de un informe a la Policía para analizar los tres monederos de criptomonedas que ese empresario, Álvaro Romillo, creó para que Alvise pudiera recibir donaciones anónimas que le permitieran eludir el control del Tribunal de Cuentas. Romillo está imputado en este caso y también por una supuesta estafa con criptomonedas.

El Supremo rechaza el argumento de la defensa del eurodiputado, que pretendía anular este rastreo alegando que el político nunca dispuso de la “frase semilla”, una especie de clave maestra que permite acceder a los fondos. Y que, en consecuencia, “nunca ostentó la titularidad, posesión ni capacidad de disposición sobre dichos activos”. Antes de recibir el dinero, Alvise trasladó al empresario sus “necesidades”, entre las que citaba “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas” para pagar mítines, publicidad y actos de campaña, tal y como recogen los mensajes intercambiados entre ambos y como reveló elDiario.es.

Entre las diligencias acordadas, el juez reclamó también al representante legal de Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido creado por Alvise, la contabilidad, libros de tesorería, balances e inventarios, cuenta de ingresos y gastos, movimientos de cuentas, operaciones de capital, informe del Tribunal de Cuentas sobre su fiscalización, así como los justificantes de los pagos efectuados para sostener la campaña electoral de las europeas en 2024.

Asimismo, figura el requerimiento de información al Tribunal de Cuentas para que aporte el informe de fiscalización y toda la documentación presentada por la formación sobre esos comicios. El magistrado defiende que las tres diligencias acordadas se acomodan al “objeto de esta causa”, según la autorización otorgada por la Eurocámara. El pasado mayo, el Parlamento Europeo votó a favor de retirar la inmunidad a Alvise para que pueda ser juzgado por este caso.

Además, el instructor tiene pendiente decidir todavía si acuerda el rastreo de sus movimientos bancarios personales desde el año 2023, tal y como reclamó el PSOE. En su escrito, la defensa de Alvise sostiene que sería una diligencia “totalmente prospectiva” y pide acotarla, en todo caso, a las fechas de los hechos. Esto es, entre el 9 de abril y el 9 de junio de 2024. El eurodiputado alega que ese fue el período en el que estuvo operativa la agrupación de electores SALF, que se acabó registrando después como partido político con el mismo nombre.

A este respecto, el magistrado precisa que la solicitud del PSOE para revisar esas cuentas “no se ha resuelto aún”. Por otro lado, el instructor del Supremo también descarta la pretensión de Alvise de concluir de manera inmediata la instrucción y pasar directamente a la fase de juicio oral. En su recurso, su defensa aludía a la “pena de banquillo” por la “exposición pública” y “constante afectación personal” que supone cada actuación judicial para el eurodiputado.

Atestado de la Policía

Tal y como desveló elDiario.es, el 27 de mayo de 2024 Alvise acudió a las oficinas de una de las compañías del empresario Álvaro Romillo para recoger 100.000 euros en efectivo pocas horas antes de lanzarse a la carretera a promocionar su candidatura a las elecciones europeas, donde finalmente obtuvo tres escaños.

En los meses previos, las conversaciones entre el agitador y el empresario, publicadas por este periódico, revelan que Alvise dijo que necesitaba “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas” para afrontar gastos electorales e indemnizaciones por juicios. A cambio, prometió al empresario que legislaría a favor del sector de las criptomonedas, dado que confiaba en ser “llave de Gobierno” entre PP y Vox en España.

Tras la apertura de la causa, el juez ofreció a Alvise declarar de forma voluntaria. Lo hizo en julio del año pasado, cuando reconoció que cobró esos 100.000 euros en “fajos” de billetes guardados en una “maleta de deporte negra” como contraprestación por su participación en un “evento” sobre criptomonedas en el Hipódromo de Madrid. Y que el objetivo era poder “tener un extra” para “afrontar” su vida debido a la promesa de sortear su salario, algo que solo ha hecho con dos mensualidades.

Un informe de la Policía aportado a la causa concluyó que “no hay dato alguno” en las conversaciones que ambos mantuvieron que corrobore que el dinero era el pago por un trabajo. El atestado califica de “veraz” la entrega de esos 100.000 euros y afirma que su “génesis” se produjo siempre “bajo la motivación subyacente de financiar parte de la campaña electoral a la que concurría la agrupación SALF a las elecciones del Parlamento Europeo ocurridas en junio de 2024”.

Según el informe, el interés del empresario estaba relacionado con sus “expectativas de negocio” de cara a “involucrar” a los seguidores de Alvise como clientes de sus negocios, si bien “siempre fue consciente” de que sus acciones “conducirían” a financiar al político.

La transcripción de la declaración de Alvise ante el juez del Supremo evidencia que el agitador de extrema derecha se vio en apuros cuando el instructor le pidió que detallara en qué había gastado el dinero recibido del empresario. Alvise afirmó que inicialmente guardó el dinero en su domicilio y que ya había utilizado aproximadamente la mitad, mientras que el resto se encontraba en un lugar “seguro”, aunque no en su casa. Explicó que destinó parte de esos fondos a lo que él definió como gastos personales, entre los que citó “cenas con fuentes de información” o reuniones con “personas afines”.

Ante esta respuesta, el juez le preguntó si ese uso no podía considerarse, en realidad, como una actividad vinculada a su formación, lo que supondría un indicio de financiación ilegal de partidos políticos. Alvise lo negó y alegó que él tenía “tres vidas diferentes”. “Tengo la vida como eurodiputado y ahí utilizo las dietas, cuando estoy con el partido y tengo que organizar un evento en un hotel (...) utilizo el dinero del partido convenientemente, según la ley de financiación de partidos políticos (...); y cuando tengo que hacer viajes personales a conocer gente antes siquiera de que tuviéramos confirmado el partido político —que es diferente a la agrupación de electores— (...) utilizo mi dinero privado”, afirmó.

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández a un joven de 23 años como presunto autor de un robo con violencia y una estafa, tras sustraer el teléfono móvil de un turista y acceder a criptoactivos por valor de unos 28.400 euros. Los hechos tuvieron lugar en el sur de Gran Canaria.

Según ha informado este miércoles la Jefatura Superior de Policía de Canarias, el arrestado fue detenido en Alicante, donde pasó a disposición judicial, tras llegar al aeropuerto en un vuelo procedente de Francia. En el marco de la investigación, los agentes también han identificado e investigado a una mujer de 30 años por su presunta relación con el desplazamiento de los activos digitales.

Los hechos se produjeron la madrugada del pasado 31 de diciembre en un centro comercial y de ocio nocturno de la localidad turística de Playa del Inglés, a raíz de una denuncia de un ciudadano extranjero que dijo haber sido robado mientras se encontraba en uno de los establecimientos de este área comercial.

Según su relato, dos jóvenes se acercaron a él y entablaron conversación hasta que en un momento dado, le arrebataron el teléfono móvil de las manos, propinándole uno de ellos una patada, para después huir del lugar.

Minutos después, ya desde su hotel, la víctima accedió a su ordenador portátil con la intención de bloquear el terminal sustraído, momento en el que comprobó que se había ordenado la transferencia de todos sus fondos en criptoactivos, un total de 33.000 'Tether' (USDT), hacia una billetera privada.

A día de hoy, esos 33.000 'Tether' equivalen a unos 28.400 euros, si bien el cambio en este tipo de criptoactivos es muy volátil.

Un grupo organizado con robos en diferentes zonas turísticas

A raíz de la denuncia, agentes de la Policía Nacional iniciaron una investigación para determinar el destino de los activos digitales e identificar a las personas relacionadas con su movimiento.

Ello permitió comprobar que los fondos habían sido transferidos a distintas plataformas de intercambio de criptoactivos y que parte de ellos habían sido convertidos posteriormente en euros, detectándose numerosos pagos en establecimientos de alimentación, ocio y viajes de Alicante y Madrid.

En el transcurso de la investigación, los agentes detectaron la existencia de un grupo organizado relacionado con robos cometidos en diferentes zonas turísticas de Valencia, Málaga, y el sur de Gran Canaria y Tenerife, especializado en la sustracción de criptomonedas.

Se pudo determinar que los integrantes del grupo recurrían en algunos casos a la violencia y, en otros, al uso de sustancias añadidas a las bebidas de las víctimas con el objetivo de disminuir o anular su voluntad.

Esta investigación ha sido desarrollada por agentes de la UDEF de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas, mientras que la detención fue practicada por funcionarios de Policía Judicial del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

La investigación se encuentra judicializada en San Bartolomé de Tirajana, ha precisado el cuerpo policial en el comunicado.

El oro ha dejado de responder a los cánones del mercado. Durante décadas, el metal precioso ha ocupado un lugar casi místico en la praxis bursátil. Cuando la inflación repunta, las tensiones geopolíticas aumentan o la confianza en las divisas se resquebraja, el manual clásico recomienda adquirir sus onzas. Sin apenas límites de gasto en las carteras de capital. Sin embargo, 2026 está desmontando buena parte de ese relato.

El contexto es sumamente contradictorio y complica cualquier justificación que trate de analizar los cinco meses que el oro lleva a la deriva, en los que su cotización se ha dejado un 28% de su registro histórico de enero, cuando el valor de su onza tocó los 5.600 dólares. Después de un 2025 de bonanza excepcional, esta semana se ha acomodado por debajo de los 4.000 dólares.

No son pocas las causas que explican este fenómeno paranormal. Pero, entre todas ellas, resalta una. La corrección, de especial calibre, comparable a la de 2013, se produce cuando la inflación americana vuelve a máximos de tres años y supera el 4%, señal de corrección en Wall Street que, sin embargo, aún no se ha consumado.

Esta paradoja esconde un cambio estructural sobre la fijación de los precios de los activos y de los tipos de interés en unos mercados que navegan al son de la inteligencia artificial (IA) y su narrativa de inversiones billonarias para ganar productividad y llegar al final de la carrera competitiva global con el cetro de la hegemonía monetaria y económica.

En 2013, se adujeron motivos que, en la actualidad, pueden parecer peregrinos. Al menos, varios de ellos. Entonces, el nada articulado consenso del mercado hablaba de que la inflación, después del colapso crediticio de 2008 y de la crisis de la deuda europea de 2012, había muerto y que los bancos centrales, con tipos próximos a cero, imprimían dinero a mansalva, lo que generaría una inevitable escalada de precios. Otros expertos achacaron su reajuste al fin del pánico financiero que siguió a la quiebra de Lehman Brothers y, en consecuencia, al abandono inversor del metal precioso como valor refugio.

La ristra de causas asumió teorías manidas como la de una “normal” recogida de beneficios, una supuesta fragilidad de la economía china, que perdió lustre, pero que seguía con un dinamismo trimestral del 7,7% e incluso, tesis conspiranoicas que apuntaban al epitafio de la era del oro por el fulgurante despegue del PIB americano y de su dólar. Aunque, por encima de todas, destacó el factor bitcoin, la divisa digital a la que se le empezó a colgar el cartel del oro cripto.

Múltiples causas, ninguna de especial calado

Ninguna de estas valoraciones explicó, por sí misma, su debacle. Ahora, tampoco sobresale un argumentario fundamentado. Salvo ciertos vestigios de que ha perdido su oráculo geopolítico. Ya no parece que esté a expensas de la evolución del dólar o de la política monetaria de una Fed que —como admite su ya expresidente, Jerome Powell— está sometida a una “prueba de estrés” por la injerencia de la Administración Trump en su soberanía.

Por si fuera poco, tampoco sigue la estela del petróleo, el otro patrón que explicaba —al menos, hasta ahora— su comportamiento bursátil. Así lo admite Deutsche Bank: “La correlación entre el oro amarillo y el oro negro se ha difuminado”. Y de esta forma igual de elocuente, lo sintetiza Nikolaos Panigirtzoglou, estratega de JPMorgan, al valorar su desacoplamiento del bitcoin, su alma gemela en el negocio cripto. “No observamos un quebranto total entre ambos, pero sí el desmantelamiento simultáneo de la misma narrativa de inversión”, aclara.

Los inversores, en paralelo, están retirándose del llamado debasement trade, y ese repliegue “se ha acelerado especialmente con la caída flotante del bitcoin”, que ha firmado su peor mes, este pasado junio, desde la quiebra de la plataforma de negocio de criptodivisas FTX en 2022, con un retroceso del 20% en su valor. Por el empeoramiento del sentimiento inversor, la salida masiva de fondos desde Wall Street y las expectativas alcistas de los tipos de interés en EEUU.

El concepto debasement trade describe una estrategia de inversión basada en la idea de que los gobiernos, enfrentados a descomunales deudas y déficits, recurrirán a unas tácticas monetarias expansivas y tolerarán umbrales de inflación por encima de los estipulados en los estatutos de sus bancos centrales. Bajo este escenario, en el que también juega el actual baile de divisas, los inversores escogen activos escasos o no ligados a monedas, como el oro, la plata o el bitcoin.

Ahora, esta tendencia, ha saltado en pedazos. En especial por parte de la versión Trump 2.0 y su nuevo emisario en la Fed, Kevin Warsh, símbolo de la pérdida de soberanía monetaria.

Pero el oro posee un ADN más complejo: “No es un hedge (riesgo) automático contra la inflación, sino contra la pérdida de credibilidad de la política económica y monetaria de EEUU”, dice Mark Fandetti, de Armstrong Advisory Group. “Su cotización sube cuando la inflación es demasiado alta y las autoridades monetarias son pasivas, y deja de hacerlo cuando reaccionan con rapidez”.

Según Panigirtzoglou, el bienio trumpista actual ha situado a ciertos activos bajo unos relatos similares de protección frente a pérdidas de riqueza derivadas del ajuste de divisas —sobre todo, del dólar— y el aumento de la deuda soberana. Sin embargo, todo ha cambiado tras el giro de la Fed hacia posiciones restrictivas para frenar el shock de la energía por la guerra en Irán.

“El resultado es una fuga coordinada de capitales de ETF —vehículos de inversión a caballo entre fondos y acciones— respaldados por el oro y criptoactivos como bitcoin”, aclara Panigirtzoglou. Para Nicky Shiels de MKS PAMP, “la historia del mercado ha virado 180 grados”, ya que el dinero “ha dejado de perseguir la protección del metal precioso frente a la depreciación de monedas” y ahora se mueve “por criterios de IA y salidas a bolsa como las de SpaceX, Anthropic u OpenAI”. El relato debasement trade “ha perdido fuerza”, precisa. Así lo revela la corrección del oro en el segundo trimestre de 2026, en el que las hostilidades en Oriente Próximo han impulsado los IPC en todo el mundo. Pese a lo cual, la onza cedió un 14% desde abril, su peor caída trimestral.

Orden de prioridades: los tipos de interés de Warsh

Aunque también contribuye a su retroceso otro factor catalizador, la designación de Warsh. Tom Price, de Panmure Liberum, cree que el mercado ha asumido que la prioridad de la Fed vuelve a ser la derrota de la inflación, perspectiva que eleva el rendimiento de la deuda y los costes de poseer un activo que, como el metal precioso, no genera intereses.

El oro, pues, ha perdido varias de sus brújulas. Entre otras, su capacidad de amortiguación frente a riesgos geopolíticos o los impulsos del dólar. En Deutsche Bank ven un giro de prioridades. En esta renovada jerarquía de factores, el mercado “ha reordenado sus urgencias”. La geopolítica se ha vuelto secundaria y los tipos en EEUU, en la gran preocupación inversora. “Si el mercado descuenta un endurecimiento monetario futuro, el resto de factores se neutraliza”. El oro, al fin y al cabo, también compite contra el bono americano. Especialmente, el de 10 años, que rinde en torno al 4,5%. Es decir, rivaliza con un activo que ofrece beneficios.

Y Warsh, bien sea por quitarse el cartel de marioneta de Trump o por combatir una inflación que se traslada al bolsillo de unos consumidores que votarán en las midterm de noviembre, parece dispuesto a mover ficha al alza.

Goldman Sachs vislumbra escenarios diferenciados. Si la Fed mantiene tipos, el oro recuperará el nivel de los 4.800; si se materializa un ciclo de tres o cuatro subidas, su valor se hundirá hacia los 3.800 dólares.

Pero tampoco hay que desdeñar la resaca de una “exuberancia irracional” del mercado. Con un dólar que ha recuperado parte de su valor perdido en 2025 por el impulso que le otorgan siempre las tensiones geopolíticas como la guerra en Irán, el colapso de Ormuz y la escalada del petróleo. “Las bolsas llevan semanas corrigiendo estos excesos” dice Chris Beauchamp, de IG Markets: “es como si el valor de la onza sufriera la resaca de su propia efervescencia”, tras su escalada vertical de 2025, con la revitalización del dólar y las subidas de tipos como “detonantes de sus ventas”.

En esta reconfiguración ocupa otro lugar destacado el excepcionalismo estadounidense, suerte de principio sacrosanto en Wall Street que confiere mayores rentabilidades a activos americanos en el subconsciente inversor frente a cualquier valor foráneo. Es en este punto en el que juegan un papel protagonista las acciones vinculadas a la IA y su presunta burbuja especulativa. La bolsa surcoreana —y su índice Kospi, tecnológico— ha constatado varias caídas que apuntan a que los activos con sello algorítmico podrían haber ido demasiado lejos y que han personificado firmas de chips y de alta tecnología.

Fiebre amarilla en los bancos centrales

Aunque también surgen otros dos factores: el acopio de oro por parte de los bancos centrales y la especulación. Las autoridades monetarias están repatriando lingotes desde la invasión rusa de Ucrania de manera excepcional. Aducen que ya no se identifica el metal precioso como activo financiero, sino como un plácet de seguridad nacional en una era de fragmentación geopolítica y autonomía estratégica. En medio de movimientos de riesgos de capital con sello IA que actúan como imán bursátil.

Wall Street ha firmado entre abril y junio el mejor trimestre en renta variable desde 2020. Con tensiones bélicas, escalada del crudo y dudas sobre las valoraciones de la IA. Impulsado por la resistencia del PIB americano, beneficios empresariales sólidos y el entusiasmo por el algoritmo. El S&P 500 ha repuntado un 14,9%. “Comportamiento que describe un mercado maduro”, dice Jeff Buchbinder, de LPL Financial, pero que “no explica que todos los activos vinculados a la IA justifiquen su valoración”, advierte Torsten Sløk, economista jefe de Apollo. Para Jean Boivin, director del BlackRock Investment Institute, “todos los cambios estructurales suelen crear focos de exuberancia en los mercados” que demandan a los inversores distinguir los valores ganadores de los que se mueven por impulsos especulativos.

En este clima, los bancos centrales, según el World Gold Council, elevaron en 2025 en un 19% sus stocks de oro, buscando precisamente rebajar su exposición a estos gestos especulativos. El porcentaje de autoridades monetarias que mantienen reservas en el Banco de Inglaterra (BoE) cayó del 64% al 57% en un año, mientras la custodia de oro de la Fed descendió del 17% al 14% en el primer trimestre de 2026. La Banque de France repatrió 129 toneladas del metal precioso de Nueva York entre julio de 2025 y enero de 2026 y el de la India ha reducido sus reservas de oro en el exterior del 55% en marzo de 2023 al 22% en marzo de 2026.

Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, se ha quedado este miércoles sin licencia para operar en Europa y deja en el aire a más de un millón de clientes en el continente y a más de medio millón de usuarios en España, según estimaciones del sector.

La entrada en vigor del Reglamento Europeo de Mercados de Criptoactivos, conocido como MiCA, obliga a cualquier plataforma de servicios de activos digitales a tener una licencia oficial otorgada por al menos un Estado miembro para poder operar en el territorio comunitario. Esta medida pretende proteger al consumidor, mitigar la volatilidad y dotar al sector de una estructura legal sólida, transparente y comparable al marco legislativo de las entidades bancarias.

El reglamento impone controles estrictos contra el blanqueo de capitales mediante procesos de identificación de clientes, además de exigir transparencia en la estructura corporativa de las empresas. Este martes expiró el periodo transitorio general de la normativa, abriendo paso a la entrada en vigor de la prohibición de operar para todas aquellas firmas que no hubieran conseguido esa validación en cualquiera de los países miembros.

Hasta ahora, las entidades que operaban bajo el registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual y custodia de monederos gestionados por los distintos estados han podido continuar desarrollando su actividad mientras se adaptaban al nuevo marco regulatorio europeo. Sin embargo, desde este momento, las entidades que no hayan obtenido autorización expresa de los supervisores comunitarios deberán cesar su actividad o articular mecanismos para garantizar una migración ordenada de clientes y activos.

Este es el caso de Binance, el más llamativo porque cuenta con millones de usuarios en todo el mundo, después de la reciente retirada de su solicitud de licencia ante la Comisión del Mercado de Capitales de Grecia.

La compañía, creada en 2017 y que arrastra el impacto del expediente penal de su fundador en Estados Unidos, no podrá operar en los países de la Unión Europea (UE), aunque asegura en su propia web que los fondos de sus clientes “permanecen seguros y protegidos, y seguirán siendo accesibles en todo momento”.

Binance ha afirmado que no abandona la región, sino que planea reorientar su estrategia para “obtener la autorización en otro Estado miembro de la UE en los próximos meses”. “Europa es una región importante para Binance, y nuestra ambición de operar bajo un marco MiCA claro, justo y armonizado”, asegura la plataforma.

Europa es una región importante para Binance, y nuestra ambición de operar bajo un marco MiCA claro, justo y armonizado

Binance

A pesar de sus planes futuros, la realidad deja a la compañía en una situación en la que ha tenido que suspender el registro de nuevos usuarios en múltiples países europeos y con la prohibición de captar dinero nuevo. Este acontecimiento ha hecho que unas 200 firmas alternativas que sí cuentan con MiCA se hayan visto beneficiadas por su capacidad operativa y abiertas a recibir el capital y los clientes afectados por la suspensión de Binance.

El pasado viernes, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, reiteró esta prohibición europea y descartó que pudiera haber excepciones o prórrogas para conseguir esa licencia. A finales de la semana pasada 14 empresas en España estaban autorizadas para prestar servicios de criptoactivos, a lo que se sumarían seis más que habían notificado su interés por conseguir la licencia.

Desde su lanzamiento en 2017, el bitcóin ha multiplicado su precio por más de 58, desde los 994,47 dólares a los 58.300 dólares de este martes, y por más de 126 cuando marcó su máximo de 126.198,07 dólares, en octubre de 2025.

El juez que investiga al expresidente del CD Tudelano Ramón Lázaro le sitúa al frente de una organización criminal, en la que también estarían implicadas su madre, su pareja, una prima suya, su asesor fiscal, un especialista en inversiones y otra persona que se encargaba de canalizar el dinero procedente del amaño de partidos, y que le sirvió para su enriquecimiento “ilícito” valiéndose de su posición de propietario de dos clubes deportivos. Para ello Lázaro habría recurrido, además de al amaño de partidos, al desvío de fondos de los equipos y al fraude en subvenciones públicas, entre otros presuntos delitos.

En el auto en que ha dictado su puesta en libertad, el magistrado detalla una amplia red de delitos: pertenencia a grupo criminal, corrupción entre particulares, estafa, apropiación indebida agravada, blanqueo de capitales, fraude en subvenciones, falsedad documental y alzamiento de bienes. Todos ellos cometidos durante su etapa al frente de los equipos CD Tudelano (de la Segunda: RFEF) y el Club Ribera de fútbol sala. Se da la circunstancia de que Lázaro vendió el Tudelano hace unas semanas y puso en venta el Ribera.

“Ramón Lázaro desde su llegada al CD Tudelano en 2022 y Ribera Futbol Sala en 2023 inició una amplia amalgama de actividades criminales destinadas exclusivamente a su enriquecimiento ilícito”, expone el juez en su auto en el que se recogen mensajes, llamadas interceptadas por la policía y el seguimiento de movimientos bancarios. Una operación de la Policía Nacional que ha contado con el apoyo de la Europol y la Interpol para el rastreo de los flujos de dinero internacionales con la compra de criptomonedas.

Y es que fue esa última operación que realizó Ramón Lázaro antes de que el magistrado emitiera la orden de su arresto el pasado 8 de junio. Según se recoge en el auto, de nueve páginas, Lázaro pretendía invertir en criptodivisas los 1,43 millones de euros que iba a percibir por la venta del CD Tudelano para “tenerlo debajo de la alfombra unos meses” y establecer “una segunda capa de seguridad” para que fueran inembargables, tal y como le explicó a su asesor financiero en una conversación telefónica intervenida.

Así, el 27 de mayo transfirió 900.000 euros y, posteriormente otros 530.000 euros, a una cuenta bancaria en Alemania que funcionaría, según el juez, como una “pasarela” para transferir el dinero al Reino Unido y a Irlanda del Norte con “la finalidad” de convertirlo en criptomonedas. Durante el registro de su domicilio el 8 de junio la Policía se incautó de un dispositivo con las claves de su monedero digital y el juez pudo bloquear y embargar 530.000 euros antes de que Lázaro llevara a cabo la operación.

Pero la mayoría de los delitos que se le imputan fueron cometidos presuntamente antes de la venta del equipo y que se remontan al año 2022, cuando lo adquirió. Entre ellos se encontraría el desvío ilícito de fondos del Tudelano y del Ribera Navarra, el otro club del que era propietario, para la compra de inmuebles que ponía a nombre de su mujer. En total cuatro inmuebles para los que utilizó 735.000 euros de las cuentas de los dos equipos de su propiedad.

Amaños y apuestas

También se le atribuye el haber amañado partidos comprando a jugadores de equipos rivales y haber utilizado esos amaños para realizar apuestas ilegales. En el auto se recogen conversaciones de Ramón Lázaro con futbolistas a los que les dice cosas como que “con dinero se soluciona todo” o “el viernes voy a ir a un piso a hacer diabluras, les voy a dar 10.000 a cada uno”. El magistrado destaca un diálogo con un jugador del Oviedo B, equipo contra el que el Tudelano se jugaba el ascenso a Primera RFEF, y que le pedía a cambio 10.000 euros:

-Quiero (emoticono de dinero) pero no vale dejarme perder yo si quiero juegue o no juegue no meto gol a cambio de algo.

-Pues tú dirás a cambio de que (sic).

-Mira juegue de titular o no juegue de titular q (sic) no se sabe aún, dejarme ganar no me voy a dejar ganar, pero si me das pasta no meto gol yo.

-Yo el viernes 5000 euros y trato. Y luego vamos a follarnos a unas.

-Trato 5000 el viernes y sábado no meto gol. Trato cerrado. Si la tengo para empujar y meto te devuelvo la pasta y ahora marcho a dormir mañana hablamos, nos vemos el viernes.

Estos amaños, según el juez, eran utilizados a su vez por Ramón Lázaro para participar en apuestas deportivas. Así, se recoge una conversación que tiene con una persona que, según el magistrado, se dedicaba a trasladar el dinero proveniente de los amaños. Esta persona le pregunta si apuesta a “Tudelano todo?”, “osea (sic) los 6 mil”, antes del partido que va a enfrentar al Tudelano con el Ejea, con cuyos jugadores se había acordado el amaño (“localiza a 10 y os doy 1000 euros a cada uno”). Lázaro le responde que “Si” (sic).

Doblaje de patrocinios y subvenciones fraudulentas

El juez también le imputa haber organizado un sistema de “doblaje de patrocinios deportivos” para favorecer a empresarios locales que efectuaban importantes aportaciones, en concepto de patrocinio, que Ramón Lázaro “reintegraba gran parte, en efectivo, a dicho patrocinador, sin desde luego declarar tal operación a la Hacienda Pública”, apunta el magistrado. “Sabemos que todos los patrocinadores cogen dinero en B, o cantáis y nos decís que patrocinadores cogen dinero en B, o no negociamos”, se recoge en una de las conversaciones intervenidas. “Si no se hace con el regalo, no hay nadie”, apostilló.

También se le imputa un delito de falsedad documental por inflar facturas para poder acceder a subvenciones públicas. Una de esas subvenciones, concedida por el Gobierno de Navarra, fue utilizada según el juez “para su exclusivo lucro personal”. En concreto se refiere al intento de compra del Osasuna Magna (comúnmente conocido como Xota). El auto incluye una conversación de Ramón Lázaro con el gerente de este equipo en el que le informa de que ha cobrado “225.000 euros de la subvención” y tras revisar el contrato que ha realizado para la compra del Osasuna Magna, comprueba que el 31 de mayo de 2026 le vence “un pago de 100.000 euros”, con lo cual solo le restarían por pagar “35.000 euros”. El gerente le responde que están “mal de dinero” por lo que Lázaro realiza el pago de los 135.000 euros que quedan por pagar para formalizar la compra del club. “Por tanto, parece claro y evidente que de la subvención que ha cobrado Ramón Lázaro, 135.000 euros los va a destinar a la compra de otro equipo de fútbol sala, concretamente el Osasuna Magna, también conocido como Xota”, concluye el juez.

Con todo, tras prestar declaración, el juez ha decidido dejarlo en libertad provisional porque entiende que no existe riesgo de fuga porque le ha retirado el pasaporte, ni de destrucción de pruebas porque ya se han realizado los registros y se le han intervenido dispositivos y se le han bloqueado las cuentas bancarias.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha reconocido a seis inversores de la empresa Arbistar que fueron estafados el derecho a cobrar alrededor de 900.000 euros, después de haber optado por la vía civil en vez de la penal, como la mayoría de los miles de recurrentes.

Las cantidades se calculan según el valor que tenían las criptomonedas en septiembre de 2021, fecha en la que se presentó la reclamación en los Juzgados de Arona, más los intereses correspondientes.

Sin embargo, la Audiencia Provincial rechaza los recursos de dos administradores de otras tantas empresas que representan a ocho inversores, al ratificar que deben acudir al juzgado de lo mercantil y no al civil, como ocurre entre particulares.

La abogada de Gran Canaria Conchi Viera, que representa a 1.800 estafados en la vía penal, ha indicado que las posibilidades reales de que estas personas lleguen a cobrar el dinero ahora reconocido son prácticamente nulas.

Según ha explicado, los pocos fondos que se han encontrado están embargados y los primeros en cobrar servirán para saldar deudas con Hacienda y las de quienes han recurrido a la vía penal, donde hasta ahora los tribunales les ha dado la razón.

En estos momentos son dos los directivos condenados por la Audiencia Nacional por estafa y organización criminal a 16,5 y 11 años de cárcel por estafar 200 millones a 32.000 personas, y a la vez se ha abierto otra pieza separada por blanqueo que involucra a los diez imputados de la primera causa.

En su momento, la Audiencia Provincial tinerfeña anuló el fallo de un Juzgado de Arona que se ponía del lado de la empresa de criptomonedas Arbistar frente a la petición de un inversor que reclamaba que le devolvieran cerca de medio millón de euros.

En segunda instancia se acordó no proceder a analizar el recurso del supuesto estafado, pero también revocar el fallo favorable a la entidad y dejar sin efecto todo lo actuado, al considerar que la competencia recae en el ámbito mercantil.

En este último fallo de la Audiencia Provincial se recuerda que en un principio se planteó una discusión, que llegó a ser de “relativa frecuencia” en estos procesos, sobre la acumulación de recursos en la vía civil y mercantil con el fin de evitar sentencias contradictorias.

Sin embargo, el Tribunal Supremo (TS) determinó en 2012 que, cuando se trata de acciones promovidas contra administradores y reguladas por la Ley de Sociedades de Capital, la competencia corresponde a los Juzgados de lo Mercantil.

El Parlamento Europeo ha votado este martes a favor de levantar la inmunidad al líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) y eurodiputado, Luis Alvise Pérez, para que sea juzgado por el Tribunal Supremo por un caso de financiación ilegal.

Los europarlamentarios de la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara que estudiaron este caso ya habían decidido la semana pasada que la protección de Alvise fuera suspendida por 20 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra.

Esta es ya la segunda vez que la Eurocámara acuerda por mayoría levantar la inmunidad a Alvise Pérez. En la anterior ocasión fue para que sea juzgado por el Supremo por el supuesto acoso contra la fiscal de delitos de odio, Susana Gisbert.

En el caso de financiación ilegal, tal y como reveló elDiario.es, el agitador de extrema derecha está investigado por financiar su candidatura de las últimas elecciones europeas con los 100.000 euros que Álvaro Romillo, empresario de las criptomonedas y también imputado por el colapso de su club de inversiones, le dio en Madrid pocas horas antes de que empezara la campaña electoral.

Alvise contactó con Romillo, apodado 'CryptoSpain', para colaborar y finalmente obtener dinero de cara a las elecciones europeas de 2024. Un día antes de lanzarse a la carretera y empezar su campaña, Alvise acudió a las oficinas de una empresa de Romillo y recogió 100.000 euros en efectivo.

Romillo ha reconocido que entregó el dinero y el propio Alvise lo confesó en su declaración judicial voluntaria del pasado mes de julio de 2025. Según su versión, el dinero no era para financiar la candidatura en la que consiguió casi 800.000 votos y tres escaños en Bruselas, sino para “capitalizarse a nivel personal” por el sorteo de su sueldo que prometió a sus seguidores y votantes.

El Ministerio Público dejó claro que no se quedó convencido con las explicaciones de Alvise y explicó que había “indicios racionales de criminalidad”. En medio año de diligencias la Policía concluyó que Alvise recibió esos 100.000 euros en efectivo para financiar su campaña y no por otros motivos esgrimidos por el agitador, que pasó de afirmar que era dinero cobrado por “trabajos” como “autónomo” a decir que era para hacer frente al sorteo de su sueldo.

“Ocultando los gastos electorales”

La Fiscalía destacó que Alvise cobró ese dinero en efectivo “con el objeto de financiar su campaña electoral a las elecciones al Parlamento Europeo del año 2024”, mientras Romillo abría wallets [monederos digitales donde están las criptomonedas] para que sus seguidores pudieran hacer donaciones en criptomonedas. Lo hizo, además, “ocultando a las autoridades encargadas de supervisar los gastos electorales la existencia de tal donación”. Según las acusaciones que pesan sobre él, Se Acabó La Fiesta nunca explicó al Tribunal de Cuentas de dónde sacó el dinero para financiar la candidatura.

El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, acordó mandar a prisión sin fianza a Romillo por supuesta estafa con criptomonedas en noviembre de 2025. Romillo fue detenido tras hallar una cuenta vinculada al empresario con 29 millones de euros en Singapur nutrida con el dinero de los inversores del Madeira Invest Club (MIC) supuestamente estafados. El juez acordó el procesamiento de Romillo y otros nueve procesados y les impuso una fianza solidaria por una cantidad superior a los 247 millones de euros. Les procesó por estafar presuntamente más de 185 millones, entre enero de 2023 y septiembre de 2024, a 3.062 inversores.

Además se le ha atribuido a Romillo un presunto fraude fiscal de 88 millones de euros. El magistrado instructor entiende que hay “indicios racionales y suficientes” de que Romillo “habría llevado a cabo una conducta defraudatoria” mediante “la omisión de ingresos reales que reflejan su verdadera capacidad económica” en los ejercicios 2023 y 2024.

En el caso del hostigamiento a la fiscal, el Supremo señaló que se investiga a Alvise por posibles injurias, coacciones y delito de odio contra Gisbert. El político ultra lanzó varios mensajes sobre esta fiscal en febrero de 2024 en su canal de Telegram. Alvise inició una de sus múltiples campañas de señalamientos a los fiscales especialistas en delitos de odio. En dos de los mensajes, Alvise publicó varias fotografías de la fiscal, que denunció al agitador por injurias y amenazas.

Otras causas pendientes de Alvise

Además, Alvise está acusado en el Alto Tribunal por acosar a los dos eurodiputados de su propio partido y por difundir una prueba falsa de PCR del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, un delito que el político ultra admitió ante los tribunales que había cometido.

La última querella presentada contra el eurodiputado en el Supremo ha sido por parte del alcalde de Algeciras, José Antonio Landaluce, por un presunto delito de amenazas. El regidor estuvo acusado por malversación y acoso sexual, pero el Supremo archivó en enero la querella que presentó el PSOE. El Supremo indicó que se aprecia un delito de amenazas condicionales con carácter subsidiario por parte del político ultra contra el regidor.

El partido de Alvise Pérez se fue de vacío de las elecciones en Andalucía del pasado domingo. Es la tercera vez que Se Acabó la Fiesta no logra representación en unas elecciones autonómicas, pero en esta ocasión ha conseguido sumar más de 105.000 papeletas y un 2,5% del voto en la tierra del eurodiputado. Alvise lo ha celebrado apuntando a las generales: “Perseveramos. Cuando entremos al Congreso en las próximas generales habrá un antes y un después”.

Se hicieron con las claves bancarias, se transfirieron varias cantidades de dinero y las utilizaron para comprar monedas virtuales. Sucedió en noviembre de 2020: la cuenta bancaria del Colegio ‘Nuestra Señora de los Infantes’, considerado el más antiguo de España y de régimen concertado, sufrió un revés inesperado. Varias personas consiguieron hacerse con las claves del centro docente y, sin el conocimiento y ni la autorización del colegio, realizaron tres transferencias para después invertir el dinero en criptomonedas. Es decir, un ‘criptorrobo’ en toda regla.

Los tres presuntos autores de los hechos fueron identificados y detenidos y esta semana son juzgados en la Audiencia Provincial de Toledo. La Fiscalía pide dos años de prisión para dos de los acusados, y nueve meses para el tercero de ellos.

La suma total de las tres transferencias fraudulentas alcanzó un valor de 31.555 euros que fue restituido un año después al colegio afectado.

Según el escrito de la Fiscalía, consultado por este medio, los tres acusados, una vez recibidas las transferencias en las respectivas cuentas corrientes de su titularidad, obraron “con afán de lucro”: procedieron a seguir las instrucciones que “personas desconocidas” les iban confiriendo en torno al destino que habían de dar al dinero recibido, quedándose los acusados con una “suculenta comisión”.

Transferencias para comprar monedas virtuales

Concretamente, una de las acusadas recibió 13.600 euros en su cuenta a través de una empresa de compraventa de criptomonedas y procedió a la compra de moneda virtual, en dos operaciones, por importes de 5.000 y 1.000 euros respectivamente. Posteriormente, a través de otra empresa del mismo calibre procedió a la compra de criptomonedas por importe de 4.500 euros.

Para dichas operaciones de compra la acusada no dudó en facilitar todas sus claves bancarias, su propia imagen, a través de selfies que le pedían desde las empresas de criptomonedas para corroborar su identidad, y sus datos identificativos.

Similares operaciones fueron efectuadas por el segundo de los acusados, el cual tras recepcionar en su cuenta casi 14.000 euros, facilitó igualmente todos sus datos identificativos, de imagen y bancarios, para comprar moneda virtual, en dos operaciones por importe de 4.800 y 3.100 euros, la compra de 3.000 euros en criptomonedas, apropiándose, en concepto de comisión, de otra parte del dinero recibido.

El último de los acusados recibió una cantidad en su cuenta sensiblemente menor, de 3.985 euros, y realizó cuatro reintegros en cajeros por importe de 1.600, 400, 500 y 300 euros; y otro reintegro por 1.170 euros, hasta disponer de la totalidad del efectivo, “fraudulentamente transferido”.

Los hechos descritos fueron denunciados ante la Policía Nacional por el Colegio ‘Nuestra Señora de los Infantes en diciembre de 2020.

El Ministerio Público considera que los hechos narrados son constitutivos de tres delitos de blanqueo de capitales, y por ello procede imponer a una de las personas acusadas la pena de dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 40.500 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un mes de prisión, así como el abono de las costas procesales.

Para el segundo de los acusados, por el mismo delito, pide igualmente la pena de dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 41.900 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un mes de prisión, y abono de las costas procesales.

Finalmente, para el tercer implicado, propone la pena de nueve meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 11.955 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de 15 días de prisión, y abono de las costas procesales.

El Colegio ‘Nuestra Señora de los Infantes’ es un centro concertado y diocesano. Pertenece a la Archidiócesis de Toledo, pero recibe financiación pública. Es considerado uno de los colegios más antiguo de España, fundado en el siglo VI, consolidándose como institución educativa en 1552 por el Cardenal Silíceo. Actualmente, imparte educación desde Infantil hasta Bachillerato y se le considera uno de los centros más prestigiosos de la ciudad.

El apartamento vacacional cerca de las ruinas romanas de Pompeya era “asqueroso” y olía a “una mezcla de humedad y alcantarilla”, según un usuario en Google Maps. Yo nunca lo visité, pero le puse cinco estrellas.

Hice lo mismo con un hotel DoubleTree de Hilton al otro lado del Támesis, un hotel Ibis budget en el este de Londres que forma parte del grupo Accor, un Travelodge céntrico y el cercano Hyatt Place; algunas de las marcas hoteleras más conocidas del mundo. Entre medias se mezclaban solicitudes de reseñas para hostales y pensiones en Génova, Nápoles, Maastricht, Cracovia y Bruselas. Durante unos días tuve un nuevo trabajo: escribir reseñas falsas en Google Maps a cambio de criptomonedas.

Todas las marcas hoteleras que respondieron a una solicitud de comentarios para este reportaje afirmaron que no tenían nada que ver con las reseñas y, de hecho, aseguraron no haber visto nunca nada parecido. Entonces, ¿qué está pasando? La respuesta parece ofrecer una pequeña pincelada sobre la enorme y creciente industria de las estafas online, que está socavando la confianza en las valoraciones de los clientes —una parte vital del comercio electrónico— y costando a los consumidores miles de millones de euros al año.

Pero las reseñas de hoteles podrían no ser el objetivo principal de la estafa: de hecho, el blanco principal de los estafadores era probablemente yo, al igual que todas las demás personas tentadas a escribir las reseñas.

“Es un placer conocerte”, fue el primer mensaje de “Sharon Roberts”, una cuenta de Telegram ya eliminada que era, casi con toda seguridad, un seudónimo. No era el primer mensaje que recibía: mi número está en alguna lista de víctimas potenciales, por lo que me llegan dos o tres ofertas de trabajo al mes. Esta vez decidí comprobar si las promesas de ganar hasta 800 libras (unos 916 euros) al día eran ciertas.

Tras responder, siguieron nueve días de insistencia, instrucciones y mensajes motivadores para intentar convencerme de que aceptara el trabajo. “¿Es esto legal?”, pregunté. La confusa respuesta de Sharon, en un inglés que no parecía propio de un hablante nativo, fue: “Colaboramos con operadores de SMS a través de la publicación de ofertas de trabajo en Telegram y SMS”.

Pero Sharon era solo una reclutadora. Los estafadores más profesionalizados han adoptado la división del trabajo, asignando cada fase del engaño a un especialista. Sharon me derivó a una “recepcionista” que se hacía llamar Victoria Castillo; de nuevo, no había pruebas de que el nombre perteneciera a la persona real. Victoria me guio en el proceso de configurar un monedero de criptomonedas en una plataforma de intercambio estadounidense y en cómo aceptar pagos en USDC, una stablecoin vinculada al valor del dólar. (Según la legislación británica, los receptores de pagos en criptomonedas deben declarar su origen. “Puedes ignorar eso”, fue el consejo de Victoria cuando le pregunté por la notificación).

Las fotos de perfil de Victoria mostraban a una mujer rubia frente al perfil de una ciudad no identificada, o con un impecable traje de esquí blanco junto a una pista nevada. Dijo que vivía en Nueva York pero que había nacido en el Reino Unido. Las búsquedas inversas de imágenes sugirieron que el rostro de esa persona coincidía con fotografías de varios sitios web pornográficos.

Internet ha permitido que el fraude se convierta en una industria verdaderamente global. Investigadores de todo el mundo han detectado un aumento de este tipo de estafas operadas desde países con leyes laxas, como Camboya, Myanmar o Rusia. En algunos casos, los propios estafadores son víctimas de trata y esclavitud en centros de estafas que funcionan como prisiones. Cuando más tarde le preguntamos a Victoria si corría algún peligro, su respuesta fue: “¿Ah? Siempre estoy a salvo”. Su perfil no daba ninguna indicación de dónde se encontraba.

Serpil Hall, una consultora de fraude que lleva 20 años luchando contra los estafadores, afirma haber visto un gran aumento en el volumen de estafas online en los últimos seis o siete años, impulsado por nuevas tecnologías que facilitan a los delincuentes la suplantación de empresas oficiales. “En lo que respecta a las estafas, se están volviendo muy hábiles”, señala. “Especialmente con la IA, la IA generativa y ahora la IA agéntica”, bots que pueden operar de forma independiente y realizar acciones en el mundo real, potencialmente contra las víctimas.

Suplantación de empresas

Mis empleadores no parecían estar utilizando las herramientas más sofisticadas, pero lo compensaban con el volumen. Victoria me dirigió a un canal de Telegram independiente, con el nombre y una imagen corporativa aproximada de Quad Marketing Agency, una gran empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York.

Un portavoz de Quad declaró: “Quad no tenía información sobre este canal y no está afiliada a él de ninguna manera. Estamos revisando este asunto y tomaremos las medidas justificadas y apropiadas con respecto a este uso no autorizado del nombre de Quad y la consiguiente imitación de nuestro logotipo”.

El canal que pretendía ser Quad, fácilmente accesible para cualquier persona en Telegram, tiene 16.800 suscriptores, mientras que otro canal casi idéntico cuenta con 14.700, lo que permite vislumbrar la escala industrial de la operación. Un portavoz de Telegram afirmó que cuentan con un “robusto sistema antispam” que previene muchas estafas antes de que comiencen.

“Aunque lamentablemente las estafas están presentes en todas las redes sociales, Telegram elimina rutinariamente este tipo de fraudes de su plataforma como parte de sus procesos normales de moderación”, señaló el portavoz. “Los moderadores, apoyados por herramientas de IA personalizadas, supervisan proactivamente las partes públicas de la plataforma y aceptan denuncias para eliminar millones de contenidos dañinos cada día, incluyendo estafas de reseñas fraudulentas”.

Los moderadores, apoyados por herramientas de IA personalizadas, supervisan proactivamente las partes públicas de la plataforma y aceptan denuncias para eliminar millones de contenidos dañinos cada día

Portavoz de Telegram

Los canales publican un flujo constante de “trabajo” de 8:00 a 19:00 (hora del Reino Unido): hasta 14 reseñas, pagadas inicialmente a 5 dólares por cada una. Estas se intercalan con “tareas comerciales”, en las que el trabajador envía criptomonedas y los empleadores le devuelven la misma cantidad con una generosa comisión añadida. Desde el 12 de marzo, el canal había publicado casi 6.000 mensajes solicitando reseñas falsas.

Accor y Travelodge afirmaron que no tenían nada que ver con las reseñas falsas y que tratarían de garantizar que no se publicara ninguna. Un portavoz de Travelodge declaró: “Nos tomamos muy en serio la integridad de las valoraciones de los clientes y, como establece nuestra política, no creamos, encargamos ni publicamos reseñas falsas bajo ninguna circunstancia”. The Guardian también contactó con Hilton y Hyatt Place para obtener comentarios, pero no hubo respuesta.

Otra oferta de trabajo de reseñas falsas ligeramente diferente, también organizada a través de Telegram, utilizaba la imagen de HotelsCombined (parte del grupo Booking.com) para solicitar reseñas de hoteles en lugares tan distantes como Bucarest, Bali y Tailandia a través de un sitio web diseñado a medida por los estafadores.

Un portavoz de Booking.com señala que solo los clientes con estancias confirmadas pueden publicar reseñas, lo que sugiere que es poco probable que las falsas lleguen a publicarse. El portavoz añade: “Esas medidas, combinadas con equipos especializados y sistemas automatizados, significan que contamos con un procedimiento robusto para detectar y prevenir reseñas que no cumplan con nuestras directrices de contenido”.

Cómo utilizan a las víctimas

Había varias formas posibles en las que los estafadores podrían haber estado utilizando a víctimas como yo.

En primer lugar, las reseñas en internet han facilitado que los delincuentes vendan productos y servicios fraudulentos. La Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido (CMA) descubrió en 2023 que los textos de reseñas falsas en productos causan un perjuicio anual de entre 50 y 312 millones de libras a los consumidores británicos (y eso sin incluir servicios como los hoteles). La CMA afirmó que entre el 11% y el 15% de todas las reseñas eran falsas en los productos que examinó, incluyendo auriculares Bluetooth, planchas, hervidores, sillas de escritorio, botellas de agua, esterillas de yoga y aspiradoras.

Ese es un dinero que, esencialmente, se embolsan los estafadores, lo que hace que el trabajo de los reseñadores falsos sea potencialmente valioso. Es poco probable que alguna de las grandes cadenas hoteleras haya pagado por reseñas falsas, pero el servicio está fácilmente disponible a través de búsquedas en internet y podría resultar tentador para un operador más pequeño.

Luego están las transacciones en sí mismas. Recibí 5 dólares en USDC por cada reseña falsa. Chainalysis, una firma que rastrea transacciones en blockchain —a menudo en colaboración con las fuerzas de seguridad—, señaló que los monederos que realizaron los pagos y otros vinculados a ellos siguen un patrón constante que revela la escala industrial de las estafas. Los monederos se recargan desde otros lugares antes de enviar decenas de miles de pequeños pagos, presuntamente a reclutas como yo. Estos monederos solían repartir entre 300.000 y 600.000 dólares en USDC antes de transferir el dinero restante.

Bajo las leyes introducidas en el Reino Unido el pasado abril, las plataformas web como Google que albergan reseñas deben tener políticas claras para la prevención y eliminación de valoraciones falsas e incentivadas, marcar actividades sospechosas y garantizar, en la medida de lo posible, que las reseñas publicadas sean auténticas y no engañosas.

Tras la presión de la CMA, Google acordó este año hacer más para identificar y eliminar reseñas falsas. Y, para mi tranquilidad, mi racha de valoraciones fraudulentas activó una respuesta automática. Al menos algunas parecen haber sido bloqueadas por los sistemas de Google.

Google afirmó que toma medidas rápidas contra los malos actores eliminando el contenido que infringe sus políticas, suspendiendo cuentas e incluso emprendiendo acciones legales. La empresa señaló que ha eliminado más de 240 millones de reseñas falsas desde 2024 —la gran mayoría antes de que fueran visibles— y que ha restringido 900.000 cuentas por violar sus normas.

La estafa del cerdo

Hall explica que quienes se dedican a las reseñas falsas han recurrido a “bots humanos” porque “las empresas se están adelantando y aplicando medidas” para detectar la actividad fraudulenta. Sin embargo, añadió que lo más probable es que los estafadores estuvieran haciendo un “doble juego”: usar mi trabajo, pero también utilizar los pagos para el blanqueo de capitales, antes de estafarme a mí al final del proceso.

Las criptomonedas desempeñan un papel crucial. Por diseño, los activos digitales registran todas las transacciones en una cadena de bloques pública. Pero el “tumbling” (unir dinero negro en una sola cuenta, dividirlo y recombinarlo muchas veces) puede ayudar a ocultar su origen, un servicio muy valioso para los grupos criminales.

Tras aprovecharse de mi trabajo, la atención de los estafadores se centró finalmente en sacarme dinero; una versión a menor escala de las estafas de “matanza del cerdo”, en las que los delincuentes “ceban” a sus objetivos ganándose su confianza para luego huir con grandes sumas de dinero. Victoria me dijo que la única forma de continuar sería realizar una “tarea comercial”, que consistía en pagar 50 dólares para recibir 60 de vuelta.

Una tabla publicada regularmente en el canal detallaba de forma muy útil lo que podía esperar si seguía adelante: pagos cada vez mayores reportarían beneficios cada vez más altos, alcanzando un máximo de 16.000 dólares por un desembolso inicial de 10.000.

Aunque el estafador pueda realizar unos pocos pagos iniciales para infundir confianza en las víctimas, el objetivo final es huir con los fondos

Jacqueline Burns Koven — jefa de inteligencia de ciberamenazas en Chainalysis

Jacqueline Burns Koven, jefa de inteligencia de ciberamenazas en Chainalysis, señala: “Esto parece similar a las estafas de empleo. Básicamente, un fraude donde la gente se registra para hacer 'tareas' y acumular un saldo, para luego tener que pagar si quieren retirar ese dinero o 'actualizar' su cuenta. Aunque el estafador pueda realizar unos pocos pagos iniciales para infundir confianza en las víctimas, el objetivo final es huir con los fondos”.

Victoria enviaba recordatorios motivacionales diarios para intentar que me involucrara, pero la cuenta de gastos de The Guardian no llega para enviar miles de libras a posibles estafadores, así que llegué al final del camino. Cuando le revelé que era periodista y le pregunté quién era realmente, se quejó de que estaba invadiendo su privacidad antes de dejar de responder. No contestó a una solicitud detallada de comentarios.

Gané 30 dólares por varias horas de trabajo repartidas a lo largo de semanas. Mientras tanto, un par de mensajes más han llegado a mi Telegram: mujeres jóvenes ofreciendo más trabajo.

La sala de apelación de la Audiencia Nacional ha duplicado las penas de cárcel para los creadores de la plataforma de criptomonedas Arbistar, que estafaron entre 2019 y 2020 a unas 9.500 personas, al considerarlos una organización criminal, tal y como solicitaban la Fiscalía y las acusaciones.

En la sentencia, se eleva de 8 a 16,5 años de cárcel la pena para el principal encausado Santiago F.J. y de 6 a 11,5 años la de su socio Diego Felipe F.N. y el incremento de las penas también se justifica al entender que el fraude cometido es “singularmente grave”, dado que concurría una actividad defraudatoria prolongada y sistemática.

La sentencia apelada tipificó el delito como una estafa continuada pero rechazó aplicar el tipo agravado al no ver acreditado que alguna de las estafas por sí sola superara los 50.000 euros, pese a que reconocía decenas de miles de bitcoin defraudados y fijaba un perjuicio muy superior a 250.000 euros.

Ahora también se tiene en cuenta la captación de un número extraordinariamente elevado de inversores, un perjuicio patrimonial de magnitud excepcional y la utilización de una estructura organizada y estable con reparto funcional.

El Tribunal condena a los dos fundadores de Arbistar, empresa afincada en el sur de Tenerife, a indemnizar a las miles de personas que se incluyen en el listado aportado por la Fiscalía en las cantidades que se determinaran en la ejecución de la sentencia y mantiene la absolución de las cuatro acusados y tres sociedades.

De resto la sala de apelación asume íntegramente los hechos probados de la sentencia inicial, que considera probado que entre los años 2019 y 2020 los acusados junto con otras personas no identificadas, crearon y dirigieron un entramado societario encabezado por Arbistar “con la finalidad aparente de ofrecer servicios de inversión en criptomonedas, fundamentalmente mediante un supuesto sistema automatizado de arbitraje denominado Community Bot (CB)”.

Este sistema se presentaba públicamente como un software capaz de generar altas rentabilidades estables mediante operaciones automáticas de arbitraje entre distintos mercados de criptodivisas, lo que atrajo a decenas de miles de inversores, que transferían sus bitcoins (BTC) a direcciones controladas por Arbistar.

Los informes periciales y policiales demostraron que el sistema funcionaba, en realidad, como un esquema defraudatorio, en el que los fondos de nuevos inversores se utilizaban para aparentar pagos a inversores anteriores, sin respaldo en actividad económica real.

Así se produjo la captación masiva de inversores y engaño continuado mediante una intensa actividad de promoción comercial, eventos, redes sociales y líderes de captación, comunicaciones directas con los inversores, y la suscripción de contratos digitales que formalizaban la supuesta inversión.

“El fallo consideró probado que hubo una estafa continuada de carácter masivo, basada en un engaño mediante la oferta de un producto inexistente, con uso de contratos digitales, y con control de los fondos por parte de los acusados principales”, indica la Audiencia Nacional.

La abogada canaria Conchi Viera, que representa a casi 2.000 estafados, cree que el nuevo fallo supone “el reconocimiento judicial más claro hasta ahora de la gravedad del fraude que sufrieron personas que confiaron sus ahorros en un sistema que se presentaba como tecnológicamente sofisticado y seguro.”

La letrada destaca también la importancia práctica de la resolución respecto a la reparación en cuanto que se reiteran los criterios para calcular las indemnizaciones en función de los bitcoins entregados y su valoración, ya establecidos en la sentencia de primera instancia, y “sienta un precedente muy importante en estafas con criptoactivos”

Ahora el trabajo se centra en la ejecución y que esta resolución se traduzca en una reparación “real y efectiva para quienes perdieron su dinero”, añade la abogada. 

La estafa de la criptomoneda LIBRA, disparada a partir de un tuit de Javier Milei el 14 de febrero de 2025, tiene al presidente argentino contra las cuerdas. La causa hibernó en un juzgado federal de Buenos Aires durante un año, pero en el último mes han surgido pruebas que comprometen al mandatario ultraderechista como presunto artífice y benefactor de un fraude de decenas de millones de dólares.

La reciente filtración de un peritaje informático que el fiscal de la causa mantenía oculto ha cambiado la dinámica del procedimiento y tiene al Gobierno desconcertado. Una de las últimas pruebas, obtenida del teléfono móvil del lobista tecnológico Mauricio Novelli, es el borrador de un plan para pagar al mandatario cinco millones de dólares de forma escalonada en función de unas actuaciones pactadas con Milei y su hermana, Karina, secretaria general de la Presidencia.

También ha trascendido un frenesí de diálogos telefónicos minutos antes y después de aquella publicación de febrero del año pasado, además giros por importe de cientos de miles de dólares a billeteras electrónicas y transferencias bancarias ejecutadas por Novelli y sus socios a medida que se iba cumpliendo el plan.

La secuencia y los datos están constatados en el expediente y en un informe de una comisión de investigación de la Cámara de Diputados. El fiscal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez de Giorgi, ambos conocidos en el fuero criminal federal —similar a la Audiencia Nacional en España—, apenas hicieron avanzar la causa en el año transcurrido.

La criptomoneda desconocida

El empresario estadounidense Hayden Davis lanzó el token de LIBRA, una criptodivisa desconocida que pasó de valer 0,3 dólares a casi cinco tras el tuit de promoción de Milei. Minutos antes y después de la publicación, unos pocos operadores, supuestamente vinculados a Davis y su socio Novelli, compraron activos por decenas de millones de dólares. En poco más de una hora, el precio comenzó a desplomarse. Se estima que unos 40.000 inversores de todo el mundo cayeron en la trampa, y unas pocas decenas hicieron un gran negocio al retirarse a tiempo, con ganancias estimadas de hasta 200 millones de dólares.

En estos 13 meses se fueron conociendo pruebas de la trama, como las visitas del lobista Novelli a la Casa Rosada en 2024 o los tres encuentros de Davis con el presidente, así como los que tuvo el dirigente con el también lobista Manuel Terrones Godoy. En uno de los pocas actuaciones que realizó en la causa, el fiscal Taiano ordenó un peritaje del teléfono incautado a Novelli. El informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General detectó que Novelli había borrado todos sus intercambios con el presidente y sus socios en LIBRA, pero algunos mensajes y archivos temporales pudieron ser rescatados.

La filtración comenzó a divulgarse en medios críticos del Gobierno de ultraderecha, pero también en los diarios Clarín y La Nación. Además, el sitio La Justa reveló la semana pasada que la DATIP había rescatado un archivo con un borrador de un contrato entre Davis y Milei por “asesoramiento” en materia de blockchain —la tecnología de las criptomonedas— además de transferencias por cientos de miles de dólares. A partir de la divulgación, el fiscal Taiano lo incorporó al expediente y se abrió la caja de Pandora.

“Los chats muestran que Milei mintió”

El diputado del Partido Socialista Esteban Paulón, integrante de la Comisión de Diputados que conformaron opositores peronistas de izquierda y de centro, dice en declaraciones a elDiario.es que la revelación deja expuesto al mandatario. “Los chats de Novelli muestran que Milei mintió, que en todo momento tuvo conocimiento de toda la operatoria de LIBRA y que no es verdad que le pareció interesante y la compartió en sus redes [como el presidente había esgrimido]. Milei estaba al tanto de toda la operación. Las 200 llamadas telefónicas que aparecen en las 72 horas previas al lanzamiento de LIBRA y la explicación posterior evidencian que había una acción sumamente coordinada entre distintos actores: Milei, Noveli, Terrones Godoy, Hayden Davis y Karina Milei”, acusa.

El sitio El Destape localizó el sábado el archivo de donde se hablaba de los cinco millones de dólares. El documento, que Novelli borró del teléfono, pero del que se halló una copia de baja calidad generada por el propio aparato, es una anotación en la que su autor se comunica con sus socios y donde detalla lo que se supone es el inicio de un plan de pagos: 1,5 millones de dólares como adelanto, otros 1,5 millones por un tuit donde Milei anunciara a Davis como asesor y dos millones más tras la firma del contrato en persona junto a Karina Milei.

Gabinete de crisis con los estafadores

Al comparar el esquema con el comportamiento de Milei en sus redes se comprueba que, en efecto, este anunció la asesoría de Davis y que el presidente y los protagonistas de la trama cripto se sacaron fotos en Casa Rosada poco antes del mensaje de lanzamiento de la criptomoneda. Mensajes de Novelli y Davis los muestran celebrando la firma de un “deal”, que sería el contrato. Un periodista de Clarín publicó que vio ese contrato con la firma de Davis y Milei. Además, el estadounidense alardeó ante terceros en EEUU que controlaba a “ese nigga”, en referencia a Milei, porque le pagaba a su hermana.

De las anotaciones de Novelli se desprende que el propio lobista ejercía algún tipo de autoridad sobre Milei. En un momento, dice a sus amigos que tomaría el móvil del presidente argentino y tuitearía. Otro texto refleja indicaciones sobre cómo Milei debía retractarse en la misma noche del 14 de febrero, cuando el escándalo crecía y el grupo trataba de apagar las llamas. Milei se desdijo a medianoche de la recomendación de compra del criptoactivo fraudulento siguiendo precisamente esas indicaciones generales de Novelli.

Un dato clave que complica todavía más la posición del presidente argentino es que su tuit original contenía un código para acceder al contrato, que consiste en unos 40 caracteres con letras y números. En una entrevista, el presidente argentino dijo que su recomendación se debió a un impulso momentáneo por algo que había visto en redes. Sin embargo, el código no había aparecido en ningún lado.

Tres días después de ejecutarse la operación, Milei dio una entrevista a un canal de televisión de Clarín de la que trascendió —por un error al subir el contenido en bruto a Youtube— que un asesor había interrumpido el diálogo tras decir el presidente argentino algo inconveniente. Los archivos de Novelli reflejan también que él coordinó con Milei qué decir y qué ocultar en esa entrevista, según La Nación.

Un posible testaferro

Otro de los sucesos controvertidos fue la transferencia de un millón de dólares en activos digitales desde una cuenta atribuida a Davis a un jubilado de modestos medios. Con los datos conocidos ahora, crece la sospecha de que el destinatario real pudiese haber sido Milei o algún otro intermediario.

También ha salido a la luz una factura por 250.000 dólares del 5 de enero de 2025, 40 días antes del lanzamiento de LIBRA, firmada por Pía Novelli (hermana de Mauricio) a nombre de Kelsier Ventures, la empresa de Davis. Pía fue con su madre el primer día hábil después del lanzamiento de LIBRA a vaciar la caja de seguridad que su hermano había abierto 10 días antes.

El diputado Paulón sostiene que el borrador del acuerdo por cinco millones de dólares deberá modificar el curso de la causa. “Cuando ves el contrato que aparece en el celular de Novelli y lo cruzas con los pasos y las acciones que Milei llevó adelante, coinciden prácticamente con una sincronía increíble. Lo que ahora tiene que determinar la Justicia es si efectivamente ese pago se realizó”. Paulon añade que ha solicitado que se inicie un expediente disciplinario contra el fiscal Taiano “por las demoras en la causa”. Más aún:   legisladores de la oposición anunciaron que lanzarán una segunda comisión investigadora del caso $LIBRA y denunciarán a Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal por “entorpecer el pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso de la Nación”.

El acuerdo para que el presidente Javier Milei escribiera el tuit impulsando la criptomoneda $LIBRA incluyó el pago de cinco millones de dólares, según reveló este sábado una investigación de El Destape. De acuerdo a un archivo encontrado en el teléfono móvil del lobista Mauricio Novelli, el precio pactado por la estafa $LIBRA fue un pago de 1,5 millones de dólares por adelantado, otra suma similar por el tuit, y otros dos millones de dólares por la firma de un contrato en persona junto a su hermana Karina, secretaria General de la Presidencia.

De acuerdo con la investigación, el borrador del contrato fue acordado entre Novelli y Hayden Davis, el CEO de Kelsier Ventures y creador del token $LIBRA. El archivo fue creado el 11 de febrero de 2025, tres días antes de que se lanzara la cripto y estallara el escándalo.

El contrato, en inglés, establece:

Hola amigos,

Este es el acuerdo final discutido con H.

$1,5 M de tokens líquidos o cash como adelanto

$1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis

$2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoriaen blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y revision con Javier y Karina

El archivo estaba en los dispositivos secuestrados a Novelli por la justicia y suma una nueva prueba sobre el rol del presidente y su hermana. Se conoce después de que las partes pudieran acceder a las pericias que habían sido ocultadas por el fiscal Eduardo Taiano, según denuncia la abogada Natalia Volosin.

Este sábado, además, se conocieron los registros de llamadas incorporados a la investigación judicial por el caso del criptoactivo $LIBRA que revelan una intensa comunicación entre el entorno más cercano del presidente Javier Milei y el lobista argentino Mauricio Novelli durante las horas previas al lanzamiento del token y también después de su colapso.

Un jubilado argentino está siendo investigado en el marco del caso por la estafa de la criptomoneda $LIBRA, después de que se constatara que recibió 1 millón de dólares en activos digitales desde una cuenta atribuida a Hayden Davis, señalado como promotor de la operación en la que miles de personas fueron supuestamente estafadas hace un año.

El destinatario de la transferencia fue identificado como Orlando Rodolfo Mellino, de 75 años y oriundo del municipio bonaerense de Tigre. Según los datos incorporados a la causa, la transferencia se realizó el 30 de enero de 2025, el mismo día en que Davis se reunió con el presidente argentino, Javier Milei, y difundió una imagen junto al mandatario en redes sociales.

El ultraderechista ha sido acusado de promover la criptomoneda y causar pérdidas millonarias a sus seguidores, porque compartió en la red social X el número de contrato de esa moneda digital, desconocida hasta el momento y que no era de acceso público.

La información sobre Orlando Rodolfo Mellino ha surgido de registros aportados por la plataforma de intercambio cripto Bitget, que confirmó que una de las billeteras bajo análisis estaba asociada al jubilado.

De acuerdo con un dictamen del fiscal Eduardo Taiano, minutos antes de la publicación de la foto de Davis con Milei, dos direcciones vinculadas al empresario enviaron el valor equivalente a 507.500 dólares cada una a una cuenta identificada como “CPS9”. “Esta información permitió conocer que el propietario de CPS9 es Orlando Mellino”, señala el documento judicial.

Pocas horas después, esa suma fue reenviada —en cuatro transferencias realizadas en apenas 13 minutos— a otra billetera cuyo titular aún no ha sido identificado.

Sospechas sobre el circuito financiero

Los investigadores evalúan ahora si estas cuentas funcionaron como plataformas de salida para blanquear fondos y facilitar la conversión del dinero virtual en efectivo.

El expediente también ha incorporado movimientos posteriores al derrumbe del valor de $LIBRA, que causó pérdidas a más de 100.000 billeteras y cuya promoción contó con la “colaboración imprescindible” de Javier Milei, según una comisión de investigación de diputados. Tras la caída de la criptomoneda, Davis compensó al empresario estadounidense Dave Portnoy, quien había invertido cinco millones de dólares en el proyecto.

Como el inversor mantiene públicas sus billeteras virtuales, los peritos pudieron rastrear la dirección desde la cual se efectuó el reembolso, lo que contribuyó a reconstruir parte del recorrido del dinero. La investigación busca determinar ahora si Mellino actuó como intermediario, prestanombre o eslabón operativo dentro de una estructura más amplia vinculada a la presunta criptoestafa.

El informe de la comisión parlamentaria, firmado por 15 diputados, incluye pruebas que comprometen a Milei desde el origen mismo del caso $LIBRA. Según dijo a elDiario.es el pasado mes de noviembre Oscar Agost Carreño, diputado disidente del PRO (partido de Mauricio Macri, aliado de Milei), se registró un rug pull (en español, tirón de alfombra, significa que desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token, atraen inversores para que aumente su valor para luego repentinamente retirar los fondos y llevarse el dinero) que se repitió varias veces.

Por esa maniobra, 114.410 billeteras sufrieron pérdidas, 498 perdieron más de 100.000 dólares; 3.144 perdieron entre 10.000 y 100.000 dólares. Sólo 36 ganaron más de 1 millón cada una.

Investigadas doce personas por hacer de “mulas bancarias” de una organización criminal internacional. La Guardia Civil, en el marco de la operación “Vicentius”, ha investigado a doce personas como presuntos autores de delitos de estafa, blanqueo de capitales y acceso ilícito a sistemas informáticos. Se trata de ocho hombres y cuatro mujeres de entre 20 y 75 años, residentes en diferentes puntos del territorio nacional. 

La persona perjudicada por este entramado criminal sufrió un perjuicio económico de 432.000 euros en criptoactivos.

Además, los agentes identificaron a dos residentes, como presuntos integrantes de la organización criminal, y constataron que los datos personales y bancarios de la afectada también fueron utilizados para solicitar a su nombre dos préstamos bancarios por un importe de 10.450 euros. Esto elevó la estafa inicial a un total de 442.650 euros.

La operación se inicia en La Rioja

Esta operación se inició cuando la víctima presentó una denuncia ante la Guardia Civil en La Rioja. El motivo fue la detección de movimientos bancarios que no reconocía y la imposibilidad de recuperar las supuestas inversiones que había realizado en una plataforma de criptomonedas. En su denuncia explicó que había sido contactada meses atrás por unos supuestos asesores financieros a través de plataformas digitales. Le convencieron para realizar una pequeña inversión inicial con la promesa de obtener beneficios extraordinarios.

Los criminales facilitaron a la víctima el acceso a una plataforma web falsa. En ella podía visualizar gráficos y datos manipulados que mostraban cómo su capital crecía supuestamente de forma exponencial y en tiempo real. Esto llevó a la perjudicada a realizar sucesivas transferencias de dinero cada vez mayores con el fin de maximizar sus ingresos.

Una vez ganada su confianza, los estafadores la convencieron para instalar en sus dispositivos electrónicos un software de acceso remoto denominado “AnyDesk” con el pretexto de prestarle asistencia técnica para gestionar operaciones más complejas. Sin embargo, esta aplicación permitió a los ciberdelincuentes tomar el control total de su ordenador y de su teléfono móvil, accediendo directamente a sus credenciales bancarias y a toda su información personal.

Con el control de los equipos y de las claves bancarias, los responsables de la trama vaciaron totalmente las cuentas personales de la víctima, así como de otras que gestionaba desde sus dispositivos informáticos, pertenecientes a la empresa en la que trabajaba.

Además del capital sustraído, utilizaron su identidad para suscribir préstamos de concesión inmediata, incrementando el perjuicio económico. Este sofisticado entramado técnico y psicológico permitió rastrear la red internacional de blanqueo asociada a la estafa.

Los investigados eran las “mulas bancarias”

Los investigados en esta operación desempeñaban el papel de “mulas bancarias”. Estas personas actúan como intermediarios, cediendo sus cuentas o abriendo otras nuevas para recibir el dinero estafado a las víctimas.

Su función principal consiste en extraer, mover, fragmentar y redistribuir los fondos que reciben de los responsables de la organización. Para ello, realizan transferencias sucesivas a otras cuentas, tanto nacionales como extranjeras, o convierten el dinero en criptomonedas. Con estas operaciones encadenadas logran dificultar la trazabilidad del dinero, proteger la identidad de los verdaderos criminales y ocultar el origen ilícito de los fondos.

La investigación permitió rastrear hasta 42 transferencias dirigidas a cuentas ubicadas en Dinamarca, Lituania, Reino Unido y China, lo que facilitó seguir el recorrido del dinero y destapar una red criminal de carácter internacional con ramificaciones en Europa y Asia. La investigación continúa abierta y centrada en determinar el destino final de los fondos para su posible recuperación.

Denuncia telemática

La Guardia Civil recuerda a los perjudicados por este tipo de delito la posibilidad de poder presentar denuncia telemática sin tener que acudir a una instalación oficial.

Puede acceder a la Sede Electrónica de la Guardia Civil, bien de forma directa, o bien desde la web corporativa de Guardia Civil o por medio del siguiente enlace https://web.guardiacivil.es/es/tramites/denuncias/denuncia-electronica/.

Además, en esta plataforma se pueden realizar otros cuatro procedimientos penales –daños, hurtos, sustracción de vehículos y sustracción en interior de vehículos- y dos procedimientos administrativos –pérdida o extravío de documentación y localización de documentación-. 

Para acceder a los formularios específicos, se deberá realizar a través del sistema Cl@ve que permite identificar de forma inequívoca al denunciante que interpone la denuncia e informarle de los derechos que le asisten como denunciante. Una vez completado el formulario, la denuncia no resultará válida hasta ser revisada y confirmada formalmente a través de la Sede Electrónica.