El Casino de Agricultura de València ha expulsado a la logia masónica Germanías 8, que formaba parte del ente en calidad de socio corporativo. La convivencia entre los masones y la añeja institución fue completamente pacífica durante seis años hasta que el vicepresidente de la junta directiva entró de sopetón en una de las reuniones mensuales a puerta cerrada de la logia y vio a los masones con su característico atuendo, lo que desató serios reparos por parte de los principales dirigentes del casino. El casino se ha librado de la logia, que practica el rito de la emulación y pertenece a la masonería regular, con una expulsión definitiva votada por aplastante mayoría en la junta directiva. La primera reunión de los masones de este año ya se ha celebrado fuera del casino, que aún conserva simbología franquista bien visible en sus instalaciones.

La correspondencia entre Germanías 8 y la junta directiva de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deporte, a la que ha tenido acceso elDiario.es, detalla los hitos que han llevado a la expulsión de los masones, un hecho que revela, según fuentes de la logia consultadas por este periódico, un acto grave de “masofobia”.

Los masones aterrizaron en 2017 en el Casino de Agricultura, situado en la céntrica calle de las Comedias. Cuatro años después, la logia se convirtió en socia corporativa de la institución. Tras cada reunión mensual, una treintena de masones cenaba en el restaurante del casino, con el que mantenían un acuerdo.

El conflicto se desencadenó el pasado 24 de marzo. El vicepresidente de la junta directiva, Carlos de Vargas y Gómez Pantoja, durante la celebración de una reunión a puerta cerrada de los masones, “entró en el salón, de manera poco decorosa” y “dando voces”, afirma el representante de la logia en una carta remitida a la junta directiva.

De Vargas, director general de Feria Valencia entre 2006 y 2012, espetó a los masones que “ya está bien” y les conminó a no reunirse “nunca más” en el casino. Tras la “breve interrupción”, el vicepresidente de la junta directiva “accedió a salir del salón acompañado por un socio”.

Nunca hubo anteriormente “ninguna queja ni desavenencia por ninguna de las partes”, según indica la carta del representante masónico.

“Entendemos que el cargo de vicepresidente no le faculta para interrumpir eventos de los socios corporativos, ni mucho menos para hacerlo de manera tan ruda”, se quejaba el representante de la logia en la misiva.

“Reunidos con una indumentaria masónica”

Otra carta, firmada el pasado 4 de julio por el presidente de la junta directiva, Manuel Sánchez Luengo, explicaba que el vicepresidente De Vargas, al entrar en el salón, “constató” que “estaban reunidos con una indumentaria de la sociedad masónica a la que pertenecen” y que “este tipo de manifestaciones no podían tener lugar” en el seno del Casino de Agricultura.

“Cuando se les aceptó”, apostillaba la misiva del presidente, “se entendió que ustedes iban a realizar reuniones pero en ningún caso iban a realizar actos de masonería en la sociedad, dado que para eso tiene ustedes sus templos donde celebrar sus rituales y donde pueden lógicamente utilizar todos los símbolos que les caracterizan”.

Sánchez Luengo, además, reprochaba a la logia: “A mayor abundamiento, cuando ustedes fueron admitidos en la sociedad, deberían de haber explicitado claramente cuál era el contenido de las actividades que iban a realizar”.

La carta consideraba que los masones habían cometido, a tenor de los estatutos del casino, un “acto grave”, además de “difamante y lesivo”, por lo que pedía a la logia que “voluntariamente” presentara su “renuncia” como socios corporativos.

En su respuesta, el representante de la logia declinó la renuncia sugerida y expresó su “respetuosa pero firme disconformidad con las acusaciones vertidas”. Y, también, recordó: “Las actividades masónicas son perfectamente legales en el ordenamiento jurídico español y están amparadas por el derecho fundamental de asociación reconocido en el artículo 22 de la Constitución Española”.

La masonería, apostillaba la misiva, es una “institución filosófica, filantrópica y progresista” que “ha contribuido históricamente al desarrollo de los ideales democráticos, los derechos humanos y el progreso social”. Además, “muchos de los padres de la democracia moderna y defensores de las libertades civiles han sido masones”.

El representante de Germanías 8 concluyó: “No existe base racional alguna para considerar que las actividades masónicas sean intrínsecamente dañinas o lesivas para terceros”.

“Prejuicios anacrónicos e infundados”

La “preocupante” equiparación entre eventos masónicos y actos difamatorios y lesivos, a los que aludía el presidente de la junta directiva, suponía, a juicio de la logia, una “manifestación de prejuicios anacrónicos e infundados que no tienen cabida en una sociedad democrática del siglo XXI”, propios de “épocas oscuras de nuestra historia, cuando la intolerancia y el sectarismo prevalecían sobre la razón y el respeto a la diversidad”.

La conducta del presidente del Casino de Agricultura “resulta indebidamente discriminatoria y, por tanto, contraria al ordenamiento jurídico vigente, con las consecuencias que de ello pudieran derivarse”, agregaba la última carta de la logia.

Este diario ha contactado tanto con el responsable de comunicación de la institución como con la gerente para tratar de obtener la versión de la junta directiva sobre la expulsión del casino, sin obtener respuesta.

Una plataforma de juego online llamada Need for Spin —vinculada a la sociedad GBL Solutions N.V., con sede fiscal en Curazao (Países Bajos)— opera presuntamente de forma irregular en España. Esta empresa posee una licencia para operar en su país de origen, pero no una para hacerlo en territorio español, según ha podido saber elDiario.es. Este requisito es obligatorio según la ley española que regula el juego. De hecho, el nombre de la sociedad no figura en el buscador de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), dependiente del Ministerio de Consumo. Tampoco aparece el dominio web asociado a la empresa neerlandesa.

Fuentes del Ministerio de Consumo explican a este diario que las empresas del juego deben aparecer en los listados de operadores con licencia y que deben “cumplir la regulación en cuanto a las advertencias de juego seguro y prohibición de juego para los menores”. Sin embargo, han recordado que no pueden “dar información sobre operadores concretos, salvo que las sanciones sean firmes en vía administrativa”. GBL Solutions N.V. no ha respondido a las consultas realizadas por este diario.

La norma que regula el juego en España —cada país miembro de la UE tiene su propia regulación— es la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. En su artículo 39 establece lo que se consideran infracciones muy graves. Entre ellas, se recogen las actividades incluidas en el ámbito de la aplicación de la norma del juego que se realizan “careciendo del título habilitante correspondiente”, es decir, sin licencia. Esta plataforma, además, opera bajo el dominio “.com”. La ley determina, en su artículo 10, los procedimientos que hay que llevar a cabo para obtener una licencia. En el apartado 4.d) se recoge la obligatoriedad de implantar un sitio web específico con nombre de dominio bajo “.es”. El incumplimiento de este requisito también se considera una falta muy grave. Estas pueden ser sancionadas con multas de entre uno y 50 millones de euros, como fija el artículo 42 de la norma.

La última vez que la DGOJ otorgó licencias fue en diciembre de 2017. GBL Solutions N.V. se creó en 2020, según figura en el Registro Mercantil de Curazao. Albert Agustinoy, abogado de Cuatrecasas experto en regulación de juego, afirma que la norma no reconoce licencias extranjeras. “Esta infracción supone multas que pueden variar de uno a cincuenta millones de euros, así como a ser declarado inelegible para solicitar licencias hasta un plazo máximo de cuatro años”, asegura.

Explica además, que al tratarse de un casino online, una de sus principales estrategias para atraer nuevos clientes consiste en el uso de campañas de marketing dirigidas y personalizadas. Así es cómo GBL Solutions llegó a la vida de Manuel (nombre ficticio). “No paraban de llegarme mensajes SMS para que apostara”, comenta. Manuel está en el registro de autoprohibidos. Sin embargo, es bombardeado constantemente con publicidad de esta índole. “Si estás autoprohibido no puedes entrar a ninguna web de apuestas, sin embargo, aquí puedes acceder sin ningún tipo de restricción”, afirma.

Agustinoy explica que en estas webs también existe una aceptación pasiva, es decir, sin hacer ningún tipo de campaña, que un jugador español se inscriba y empiece a jugar con ellos. “En estos casos la DGOJ tiene capacidad para iniciar expedientes sancionadores. Además, puede instar al bloqueo de direcciones IP vinculadas a ofertas no autorizadas de este tipo de juegos”, sentencia.

Curazao, puerta de entrada al juego ilegal

La ley también contempla la obligación de la autoridad competente de publicar las resoluciones de los expedientes sancionadores a través de su página web. En los años 2024 y 2025, la DGOJ ha resuelto 22 expedientes sancionadores por infracciones muy graves, debido a que en cada uno de los casos las plataformas de juego estaban operando “careciendo del título habilitante correspondiente”, es decir, sin licencia.

Nueve de las empresas infractoras tenían su residencia fiscal en Curazao, tres figuran en otras jurisdicciones mientras que la autoridad competente no ha podido determinar la ubicación de las diez restantes, lo que muestra la complejidad del entramado fiscal con el que operan algunas de ellas.

En el último procedimiento resuelto contra una empresa con sede fiscal en Curazao, ésta fue sancionada con 5 millones de euros por su presunta actividad irregular, que consistió en operar sin licencia. Además, se condenó a la empresa a inhabilitación para la realización de las actividades de juego previstas en el artículo 1 de la Ley 13/2011 por un período de cuatro años como “consecuencia de una infracción tipificada como muy grave en el artículo 39” de la ley y de conformidad con lo que establece el artículo 42 de la misma norma.

Pese a que la resolución ordenó a la empresa el “cese inmediato de la actividad de juego ilegal en España” no era firme, ya que cabía presentar contra ella recurso de reposición en el plazo de un mes o su impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a partir día siguiente a su notificación.

El expediente sancionador recoge, en los antecedentes de hecho, que la medida cautelar se aplica para garantizar tres objetivos. El primero, la tutela del interés público, mediante “la prevención de actividades que pudieran dar lugar a fraude, blanqueo de capitales y otros problemas de orden público”; la defensa de “los intereses de terceros”, concretamente, los usuarios de este tipo de productos y, de modo particular, de los menores de edad y de las personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (es decir, el registro de autoprohibición) y para evitar “el mantenimiento de los efectos de la infracción”. Los antecedentes de hecho coinciden con los objetivos que pretende garantizar la ley de regulación del juego.

Eupago colabora con la plataforma irregular

GBL Solutions N.V procesa sus transacciones financieras a través de Eupago, una empresa con sede principal en Oporto, fundada en 2014 y autorizada por el Banco de Portugal como institución de pago. La función de Eupago es actuar como intermediario en transacciones económicas entre usuarios y empresas que venden productos o servicios, gestionando pagos tanto en internet como en puntos físicos.

Este diario ha enviado en dos ocasiones un correo electrónico asociado a la empresa en Portugal, después de haber contactado por whatsapp con el CEO de España. En estas consultas, se preguntaba a Eupago si la empresa era consciente de las presuntas irregularidades de la plataforma del juego, si colaboraba con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Consumo para la prevención de estas prácticas y si iba a tomar medidas. La primera consulta fue realizada el 4 de diciembre de 2025.

Eupago también tiene una oficina en Madrid, cuya actividad está supervisada por el Banco de España. Según Manuel, al registrarte en la web, Eupago aparece como método de pago predeterminado. “Al realizar un cargo, te redirige automáticamente sin necesidad de registro, y lo hace enviando códigos de comercio falsos. En mi caso, cuando realizaba un pago al casino, en el extracto bancario aparecía como si fuera un consumo de gas”, relata Manuel. Este diario ha podido comprobar la veracidad de ambas afirmaciones.

Desde 2016, Eupago ha recibido 348.825,25 euros en fondos europeos. De ellos, 11.500 euros han sido otorgados por el Gobierno de España en 2025, mientras que el resto de las subvenciones provienen de Portugal, como figura en la plataforma de contratos públicos de ambos países. Por su parte, Agustinoy señala que la DGOJ tiene la capacidad de instar a los proveedores de servicios de pago a que no gestionen transacciones vinculadas a operadores de juego sin licencia que actúan fuera del marco legal.

El empresario Miquel Suqué Mateu, quien lideraba el grupo Perelada junto a sus hermanos, ha fallecido este domingo a los 63 años, según ha avanzado la agencia La Vanguardia.

El grupo empresarial agrupa negocios de vino, hoteles, restaurantes, automoción, museos, festivales musicales y casinos. Suqué era presidente de Casinos Grup Perelada y asumía también la gestión de los hoteles del grupo.

Además, el grupo Perelada llegó a trabajar también el mercado de los vehículos eléctricos de la más alta gama Hispano Suiza. En marzo de 2019, presentaron en el Salón de Ginebra el primer modelo de la nueva etapa de la marca, el HS Carmen, en honor a su madre de los tres hermanos, y del que únicamente se fabricaron 19 unidades. La marca de automóviles fue fundada por su bisabuelo Damián Mateu en 1904.

Licenciado en Derecho, también cursó estudios relacionados con el turismo, el ocio y el márquetin en la Universidad de Rhode Island (Estados Unidos). En 1993, una vez regresó de cursar sus estudios, se incorporó al grupo Perelada, donde fue el máximo responsable de la expansión y el desarrollo internacional de la división de casinos.

Las personas que conocieran a un hombre que murió en Castilla y León el pasado noviembre de 2021, cuando tenía 42 años, pueden convertirse en herederos de los 102.448,75 euros que ofrece el casino “online” donde esta persona tenía una cuenta abierta.

Por consejo de sus abogados, que apelan a la Ley de Protección de Datos, este casino no da más detalles de la persona que con su fallecimiento ha dejado esta cantidad de dinero intacta, aunque la pista aportada del mes en el que se produjo la muerte y la temprana edad pueden limitar el número de familias que responsan a este llamamiento de la empresa, según han explicado a EFE fuentes de la compañía Playuzu.

En un comunicado, este casino ha explicado que desde el fallecimiento de esta persona nadie se ha puesto en contacto para reclamar este dinero, para lo que tendrían que aportar la documentación correspondiente a su legitimidad como herederos.

Tras una primera búsqueda infructuosa de tres años, los responsables del casino han puesto en marcha esta investigación y lo han puesto en conocimiento de los medios de comunicación para intentar localizar a los familiares o beneficiarios legales del jugador, cuyo saldo sigue intacto en la plataforma desde el momento de su fallecimiento.

Este llamamiento público trata de contactar con las personas que pudieran ser herederas de este hombre pero que quizás desconocieran la existencia de esta cuenta en este casino.

Para facilitar el contacto, la empresa ha habilitado un correo electrónico (herencia@playuzu.es), a través del que esperan que personas que tengan algún familiar o conocido que murió a los 42 años en esas fechas de 2021 puedan reclamar esta cuantía.

El director de Operaciones del casino, Jonathan Amselem, ha argumentado en el comunicado que emprenden esta campaña porque se toman “muy en serio la gestión de los fondos” de sus clientes y quieren que este dinero llegue a sus legítimos herederos.

“Hacemos un llamamiento público con la esperanza de localizar a los familiares del jugador y entregarles la cantidad que les corresponde”, ha resumido.

En declaraciones a EFE, Amselem ha detallado que tuvieron conocimiento de esta situación porque la normativa que rige para este tipo de negocios implica el cruce de bases de datos oficiales, especialmente para impedir el juego de menores y también para otras acciones de supervisión.

Sobre la frecuencia con la que suelen producirse este tipo de situaciones, el representante del casino, que comenzó a operar en 2020, ha reconocido que “no suelen darse” mucho, pero ha destacado la importancia de la cuantía y ha defendido la política de transparencia de la compañía.

Preguntado por la derivada fiscal que puede tener este ingreso para los herederos, Amselem ha explicado que se trata de una cuestión ajena a la empresa, ya que lo que harán será aportar íntegramente los más de 100.000 euros hallados en la cuenta y posteriormente serán los beneficiarios los que tengan que cumplir con los pagos que correspondan.

Por el momento no han recibido reclamación alguna por parte de potenciales herederos, quienes ha insistido que tendrán que demostrar esa condición para recibir el pago.

El Parlament catalán ha aprobado este miércoles la proposición de ley para modificar la fiscalidad de los centros recreativos turísticos que afectarán a proyectos como el Hard Rock, con el apoyo de PSC, ERC, los Comuns y la CUP, la abstención de Aliança Catalana (AC), y el 'no' de Junts, PP y Vox.

El debate y votación de la propuesta, que nace de dos iniciativas de ERC y los Comuns, se preveía sustanciar en el último pleno de 2024, pero Junts presentó una petición de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que lo impidió.

La proposición mantiene los impuestos actuales al juego, que para los casinos con más volumen de negocio es del 55%, y elimina la rebaja hasta el 10% que se aprobó en 2014, que entraría en vigor cuando se iniciaran las actividades del juego y apuestas en el primer casino situado en el centro turístico de Vila-Seca y Salou (Tarragona), el denominado Hard Rock.

La Cámara ha rechazado las enmiendas a la totalidad que habían presentado PP y Junts, con el 'no' de PSC-Units, ERC, los Comuns y CUP y el 'sí' del resto de grupos, y también han quedado rechazadas la decena de enmiendas presentadas por la CUP tanto a la exposición de motivos como al articulado del texto.

ERC Y LOS COMUNS

Entre impulsores de la proposición, la diputada Raquel Sans ha defendido que su partido siempre ha tenido la misma posición, pero que en la anterior legislatura no existían las mayorías para revocar los privilegios fiscales, y ha afeado a PSC y Junts que en campaña electoral Sílvia Paneque y Carles Puigdemont dijeran que no era un proyecto adecuado para la Costa Brava.

“¿Los ciudadanos de Tarragona debemos conformarnos con lo que no quieren en ningún otro lado? Tan bueno no será el proyecto si no lo quieren en su casa”, ha dicho.

Por su parte, la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha dicho que la votación es una victoria colectiva porque se ha alejado el riesgo de convertir Cataluña en “Las Vegas de Europa” y que el debate sobre el Hard Rock no es sobre el modelo territorial solo de Tarragona, sino que --textualmente-- afecta al país entero: “La responsabilidad de los partidos políticos y de los gobiernos es poner límites a quienes quieren hacer negocio con nuestras vidas”, ha valorado.

RESTO DE LOS GRUPOS

Desde el PSC, Jordi Riba ha expresado que el sentido de su voto responde a la voluntad de cumplir “de manera rigurosa e inequívoca todos los acuerdos”, y ha dicho que la decisión de si tirará adelante el proyecto es única y exclusivamente del promotor porque, según él, no es cierto que se haya decidido si 'sí' o si 'no' al Hard Rock, sino que lo que se ha derogado son sólo las medidas fiscales que rebajaban el tipo fiscal aplicado al juego del 55% al 10%.

El diputado de Junts Joaquim Calatayud ha asegurado que el Hard Rock tiene tantas cosas positivas como el proyecto de Lotte Energy en Mont-roig (Tarragona), y ha pedido al Govern: “Sed valientes, procurad para que este proyecto salga adelante. No estamos hablando de casino, sino de hoteles y centros comerciales”, ha afirmado.

El diputado del PP Pere Lluís Huguet ha recriminado a los socialistas que serán los responsables de que caiga un proyecto como el Hard Rock que preveía, apunta, 12.000 puestos de trabajo, y ha advertido que cambiar la fiscalidad modifica las condiciones estructurales del concurso del casino, lo que implicará, a su juicio, una indemnización millonaria.

El diputado de Vox Javier Ramírez ha lamentado que, sin el Hard Rock, se pueden perder más de 12.000 puestos de trabajo en Tarragona, ha asegurado que el proyecto cuenta con el apoyo de la mayoría de grupos políticos en los ayuntamientos de la zona, y ha criticado que el PSC ha cambiado de posición porque el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, “tenía que ser presidente a cualquier precio y bajo cualquier circunstancia”.

La líder de la CUP en el Parlament, Laia Estrada, ha alertado de que, con la eliminación de los privilegios fiscales, no se acaba con el Hard Rock porque no se modifica el Plan Director Urbanístico (PDU); ha lamentado el papel del Govern que presidía ERC durante la anterior legislatura y ha dicho que su formación no es la del 'no' a todo: “En cualquier caso, somos las del 'no' a su mierda de políticas que nos quieren reservar para el Camp de Tarragona”.

La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha dicho que lo que se ha votado no es el fin del proyecto Hard Rock y que tan solo se revierten algunas disposiciones de un proyecto que, considera, es fácilmente asociable al incremento de ludopatías y a un modelo turístico de masificación: “Lo que tenemos delante es el enésimo intento de los Comuns y de ERC de demostrar que inciden en el Govern de la Generalitat pese a ser irrisoria su influencia”, ha sostenido.

La rana gigante de casi cuatro metros que ocupa una de las aceras del paseo de Recoletos, junto a la céntrica plaza madrileña de Colón, parecía tener los días contados en noviembre. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tumbó en octubre el último intento de la entidad que publicita, el casino Gran Madrid, para que esta particular escultura se quedara más tiempo del autorizado por el Ayuntamiento de Madrid.

Ocho meses después, sin embargo, el anfibio sigue sin regresar a su charca. Fuentes del Ejecutivo municipal afirman a Somos Madrid que están esperando a que la resolución sea firme para actuar. “Contra la sentencia del TSJM emitida el 26 de octubre de 2023 cabía recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que Casino de Juego Gran Madrid presentó el 29 de enero de 2024”, precisan. Así, el Gobierno Municipal y la entidad de recintos de juego siguen pendientes a este dictamen para bien retirar definitivamente la figura o bien mantenerla en la vía pública.

10 años en Colón, tres de ellos sin permiso municipal

El elemento, oficialmente bautizado como Rana de la Fortuna, fue colocado en abril de 2014 y en principio tenía permiso municipal para quedarse un año, con posibilidad de prorrogar otro más. Pero el Consistorio fue concediendo permisos anuales hasta que en 2021 el por entonces concejal de Centro, José Fernández (actual responsable del área de Familias, Igualdad y Políticas Sociales), ordenó resolver la autorización demanial de ocupación del espacio público.

Además, el edil popular instó al casino a que desmontara la instalación y repusiera la acera su estado original. Pero la entidad privada se negó a desalojar los 15,75 metros cuadrados de vía pública que ocupa actualmente la rana, así como a retirar los cinco focos a ras de pavimento que la iluminan cada noche.

A partir de ahí comenzó el periplo judicial para la retirada del animal inerte, primero en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid: “No existe un derecho preexistente a la ocupación de la vía pública de forma permanente”, indicaba la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2022 por este organismo. El escrito precisaba que “la permanencia de la escultura durante un período superior a cuatro años” era contraria a la ley si la intervención animal no había obtenido previamente una concesión.

El Ayuntamiento de Madrid había justificado previamente la denegación de la prórroga con dos informes técnicos, pero al casino no le pareció suficiente y decidió recurrir al TSJM para intentar mantener su tan reconocible batracio en la calle, frente a su negocio.

La última sentencia del tribunal autonómico volvió a dar la razón al Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida y obligó a la retirada del conjunto escultórico. “Las autorizaciones habrán de otorgarse por tiempo determinado. Su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, será de cuatro años”, recordaba la resolución.

Además, el escrito señalaba que debería haber sido desmontada en el año 2018, debido a un plazo máximo “que en este caso ya había sido ampliamente rebasado”. El TSJM aclaraba igualmente que “la circunstancia de que hayan existido prórrogas anteriores (...) no supone reconocimiento de derecho subjetivo alguno”, aludiendo a otros fallos judiciales previos de este mismo tribunal.

El Casino se ampara en la autoría: “Uno de los creadores más originales del panorama”

Entre sus argumentos desestimados, el Casino Gran Madrid ponía en valor la obra del artista urbano dEmo [Eladio de Mora], a quien definió como “uno de los creadores más originales del panorama artístico español”. El TSJM calificó esta frase de “cuestiones puramente valorativas”, junto a otras expresadas por el Casino para defender la permanencia de la escultura. Entre ellas se encontraban el carácter innovador y futurista de los edificios junto a los que se sitúa la rana. La sentencia condenó al pago de las costas procesales de la segunda instancia, hasta un máximo de 2.000 euros.

El casino tuvo entonces dos posibilidades: intentar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo o, en su defecto, retirar la escultura. Este periódico se puso en contacto con la entidad para preguntar cuáles serían sus próximos pasos, sin obtener ninguna respuesta al respecto. Finalmente, optaron por proseguir con la vía judicial para evitar, o al menos postergar, el momento en el que salte la rana.

“Es una pena que se abandone nuestro patrimonio histórico y cultural; y más cuando vemos todos los días cómo se gastan cantidades ingentes de dinero en otras cosas”. Habla Pepe, vecino de Torreagüera, una pedanía murciana de 9.000 habitantes situada entre carriles de huerta y a los pies del monte Miravete. Se refiere al antiguo Casino de la Sociedad Agraria de la localidad y a la casa de Antonete Gálvez, hijo predilecto de Murcia, que fue cedida al Ayuntamiento de la capital murciana en 2002 y que, en los últimos años, ha sufrido varios derrumbes de sus muros convirtiéndola en “una ruina”, al igual que le ha pasado al edificio del Casino. “Es una pena porque ambas construcciones son parte de nuestra historia y nuestra memoria colectiva”, insiste Pepe.

La casa del revolucionario murciano se encuentra protegida y es de propiedad municipal, al igual que el huerto que la rodea. Gálvez fue una “figura imprescindible” de la historia del municipio murciano por su contribución en favor de la autonomía regional dentro de un sistema republicano federal a finales del siglo XIX, que desembocó en la Rebelión Cantonal de 1873. Varias asociaciones, entre las que se encuentra Huermur, dedicada a la conservación del patrimonio de la Huerta de Murcia, han denunciado la situación a la Consejería murciana de Cultura y a la Concejalía de Urbanismo del Consistorio capitalino.

Desde Huermur afirman que “a pesar de las denuncias presentadas, tuvo que intervenir el Defensor del Pueblo para obligar al Ayuntamiento murciano a llevar a cabo reparaciones de urgencia, que fueron las últimas que se hicieron y se quedaron a medias, de modo que la casa está a punto de caerse. Desde entonces no ha habido noticia alguna”.

A pesar de ello la asociación conservacionista sigue luchando por encontrar “una solución definitiva”. Para ello, va a presentar una reclamación de los presupuestos anuales y que se dote una partida económica para la rehabilitación de la casa de Antonete que ponga fin a esta situación que “es una absoluta vergüenza”, aseguran.

“Son muchos años ya de idas y vueltas de expedientes y reclamaciones; pedimos medidas urgentes antes de que se cayese la fachada principal, urgía una intervención integral, pero no se hizo”, se quejan desde Huermur al tiempo que recuerdan que se trata de patrimonio municipal, que debe conservarse y servir para los fines para los que se recuperó por parte del Ayuntamiento: “Debería poder ser visitada para difundir la figura de Antonete Gálvez, que fue muy importante en el siglo XIX murciano y también fue una figura relevante a nivel federal en la I República”.

'La Gloriosa', el exilio y las Cortes

Antonete nació en el seno de una familia de labradores en esta pedanía en 1819. Compaginando el trabajo de la huerta con aprender a leer y escribir, se fue impregnando de las ideas liberales que le inculcaban los libros y su propio padre.

En 1843 ya dirigía una columna de las Milicias Nacionales de Torreagüera. Junto a la política y la oratoria, la lucha armada siempre fue uno de los instrumentos que Antonete mejor supo utilizar para defender los ideales en los que creía. En septiembre de 1868, Antonete se dirige a Murcia con 500 jóvenes para secundar la revolución denominada 'La Gloriosa'.

El federalista murciano fue condenado a pena de muerte, tras lo cual se embarcó desde Torrevieja hacia Orán, no volviendo a su tierra hasta la amnistía de marzo de 1870. Tras la aprobación de la I República española en febrero de 1873 Antonete ocupó el cargo de diputado en las Cortes y recibió el título de presidente de honor del Partido Federalista Murciano por su lucha incansable por expandir los ideales republicanos.

“El corazón de la vida social del pueblo”

La pedanía murciana lucha también por preservar su casino, construido a principios de la década de los 50 con una sobria interpretación del art decó. Este edificio, que “alguna vez fue corazón de la vida social del pueblo”, se encuentra ahora en un “estado de abandono absoluto”, asegura por teléfono Pedro J. Fernández, portavoz de la plataforma creada en defensa de este espacio.

Este “sitio de reunión” contaba con una cantina, un salón de baile, una zona recreativa y hasta una terraza en el último piso para que los socios disfrutaran de las tardes de verano. Una de las vecinas de la localidad recuerda que lo primero que hizo su marido, oriundo de la pedanía murciana a diferencia de ella, fue llevarla al casino tras casarse.

“Con 18 años empecé a ir al Casino”, recuerda con nostalgia Pepe, vecino y exsocio de la Sociedad Agrícola. “Iba a leer el periódico La Verdad y Línea, y de Madrid llegaban ABC y Pueblo; yo leía Pueblo porque era vespertino y esas eran las noticias más frescas”. También se reunían jóvenes y mayores “a echar partidas de ajedrez o de ping-pong, y de billar pero español; había una mesa preciosa de marfil y caoba”.

Levantado con las aportaciones de agricultores y ganaderos

El casino alcanzó su esplendor a finales de los 60 y en los años 70, y llegó a tener más de 1.200 socios en una pedanía con una población por aquel entonces de 4.000 personas. “Venía mucha gente de fuera, era un casino muy popular, que levantaron nuestros padres con sus aportaciones, la mayoría agricultores y ganaderos”, cuenta Pepe. Su padre invirtió en total cerca de 800 pesetas, “pero hubo quien donó hasta 20.000, un disparate para la época”.

Pero en la década de los 90, cuenta, empezó a decaer “como otros negocios locales”, por eso se cedió al Ayuntamiento. “Cuando yo tenía seis años, aquí había dos cines, reconvertidos ahora uno en ferretería y el otro en un bloque de edificios; y aquello no se ponía mantener por la proliferación de grandes superficies y otras ofertas de entretenimiento”.

Los socios cedieron una parte del casino en la década de los noventa al Consistorio capitalino que lo convirtió en una consulta médica. En 2009 decidieron transferirle al Ayuntamiento murciano la parte restante del ala oeste a cambio de que permaneciera como un “espacio para todo el pueblo, para hacer actividades”.

Desde entonces, la falta de inversión municipal ha dejado al edificio en un estado de “deterioro generalizado”, denuncian desde la plataforma, al tiempo que reclaman que el espacio requiere una inversión de más del 50% de su valor.

El edificio ha sufrido varios incidentes, el más significativo de ellos ocurrió en agosto de 2023 cuando un falso techo se derrumbó en la sala contigua a la que los integrantes de la Agrupación Musical Cristo del Valle estaban ensayando.

La concejalía murciana de Salud se ha propuesto recientemente construir un nuevo centro de salud en todo el edificio, a pesar de que en los programas de previsión de atención primaria no aparece Torreagüera como destino prioritario. Con esta propuesta el Partido Popular, que gobierna la pedanía, “está renunciando” a una de las promesas de su programa electoral en 2019, como fue “la rehabilitación del casino”, explica Pedro J. Fernández. Este proyecto resultó, además, ganador del proceso de participación ciudadana que convocó la Administración local con un presupuesto participativo de 150.000 euros y que fue aprobado en pleno municipal en mayo de 2023.

La falta de infraestructuras culturales en esta pedanía murciana ha afectado al desempeño de sus actividades sociales: “El concurso anual de relatos lo hemos tenido que celebrar en sitios donde no cabe la gente, además de que la Agrupación Musical Cristo del Valle no tiene ya un lugar de ensayo”, apuntan desde la plataforma.

Protegido por la Ley de Patrimonio Cultural

Las voces en defensa del casino de Torreagüera han encontrado eco en las medidas legales impulsadas por Huermur que presentó en marzo en la Consejería murciana de Cultura una solicitud de declaración de bien inventariado a favor del casino de Torreagüera. Al no haber recibido “una resolución expresa” en el plazo de un mes, el procedimiento, según la asociación, se habría iniciado y dicha edificación estaría a día de hoy protegida por la Ley de Patrimonio Cultural, sin la posibilidad de ser derribado.

La plataforma ciudadana creada para defender el casino de Torreagüera ha recogido alrededor de 400 firmas para que se rehabilite este espacio que pertenecía a la Sociedad Recreativa Circulo Agrícola. Argumentan que allí es donde se han vivido momentos importantes de la vida de generaciones de los habitantes del pueblo, además de resaltar su valor arquitectónico: “Es necesario que se lleven a cabo acciones para recuperar este espacio porque lo que tires ahora ya no podrá ser patrimonio del futuro”, expone Fernández.

A pesar de los esfuerzos de este periódico por contactar con la alcaldesa de Torreagüera, Silvia Almarcha, no ha habido respuesta.

De todas las posibilidades que había de que la política catalana volviera a condicionar la de todo el país, la última que podíamos esperar es que tuviera que ver con un macrocasino. Bien mirado, al final puede ser una conclusión lógica si tenemos en cuenta la cantidad de partidos catalanes que han montado sus estrategias en la última década a partir de apuestas muy locas con pocas opciones de éxito. Lo mismo se podría decir de otras iniciativas que partieron de Madrid con la intención de ocuparse de Catalunya. 

Pedro Sánchez y el PSOE han puesto buena cara ante la decisión inevitable de olvidarse de los presupuestos de 2024. Habrán tenido que ensayarla. No olvidemos que se decía que la aprobación de la ley de amnistía sería el parteaguas que iniciaría una etapa de estabilidad en la legislatura, amarrando a Junts y Esquerra al bloque de gobierno. Después de la tormenta de la amnistía, vendría la calma, afirmaban convencidos. No hay que guardar los paraguas. La bolita sigue dando vueltas a la ruleta y no está claro dónde va a caer. 

María Jesús Montero dijo que extender hasta final de año la prórroga de las cuentas de 2023 es “lo más sensato” teniendo en cuenta “esta vertiginosa realidad que nos convoca todos los días”. No cabe duda de que es un frenazo en un momento en que el Gobierno pretendía pisar el acelerador. Con el doble pack de amnistía y presupuestos, pensaba cortar de raíz las especulaciones del PP sobre una legislatura corta. La jugada no ha salido del todo bien. La única parte buena es que los socios del Gobierno se han mostrado comprensivos. De momento.

En política, conviene aprender las lecciones. Con la negociación de la amnistía, los socialistas se han visto en la insólita tesitura de tener que mediar entre Junts y ERC, o bien negociar con uno pensando en lo que dirá el otro. Esa incómoda posición podía repetirse en la discusión presupuestaria con el agravante de que hacerlo en la campaña electoral, con los dos partidos catalanes vigilándose mutuamente, lo convertía en una tarea tan difícil como desactivar un explosivo con las manos enfundadas en guantes de boxeo.

El rechazo de los comuns al abortado proyecto de presupuestos del Govern se ha justificado por la ausencia del veto a la construcción de un complejo de casino y hoteles en Tarragona promovido por la multinacional Hard Rock, una apuesta por el turismo masivo con fuerte impacto ecológico. Es una idea faraónica de los tiempos de Artur Mas cuando la Generalitat quería contar con su propio Eurovegas. Desde entonces, ha visto reducidas sus dimensiones hasta 700.000 metros cuadrados con un 57% de superficie dedicado a hoteles.

El complejo contaría con un casino inmenso, del que se ha dicho que sería el séptimo mayor de Europa con 1.200 máquinas tragaperras y 300 mesas de juego. Cuenta con el rechazo de los comuns, la CUP y grupos ecologistas, el apoyo decidido del PSC y Junts y una actitud de Esquerra que podríamos calificar de ambivalente. Es decir, le gustaría estar en contra, pero gobernar es duro y tiene que estar a favor.

El partido de Pere Aragonés votó en el Parlament contra una propuesta de anular el proyecto en marzo de 2023. Sólo unos meses después, el conseller de Salud, Manel Balcells, dijo que “todo lo que fomente el juego y aumente el riesgo de ludopatía va en contra de la salud pública”. Lo definió como una concesión para sacar adelante los presupuestos, pero no ocultó que preferiría que no vea la luz. De hecho, confiaba en que otros le solucionaran el problema: “Tengo la esperanza de que los promotores del Hard Rock den marcha atrás”. Lástima que en política las cosas no ocurran por sí solas.

Ya hace meses Jéssica Albiach, líder de los comuns en el Parlament, dejó claro que nadie podía contar con ellos para sacar adelante la operación inmobiliaria y turística, en especial por la persistencia de la sequía. El complejo podría llegar a consumir tanta agua al año como la población de Reus (108.000 habitantes). “Ni nos manda Madrid ni nos manda la Caixa”, afirmó Albiach esta semana, refiriéndose a los beneficios millonarios que el banco obtendrá de la venta de los terrenos para Hard Rock. Escucharemos más veces esa frase en la campaña.

“Planteamos al Govern que no podía estar un macrocasino que trae delincuencia, inseguridad, precariedad laboral, y problemas de sequía, salud mental y adicciones”, ha dicho Albiach en una entrevista con elDiario.es.

Los socialistas están muy molestos con Yolanda Díaz por no haber obligado a los comuns a aceptar el proyecto. El PSOE es un partido federal, pero en estos casos políticamente sensibles se hace lo que dice Madrid. Sumar es distinto. Díaz no es la líder de Sumar en el mismo sentido que Pedro Sánchez es el líder del PSOE. La vicepresidenta tiene demasiados frentes internos abiertos como para añadirles otro más con sus aliados catalanes, que son además una de sus principales fuentes de apoyo.

Aquí todo el mundo está molesto con alguien. A Díaz no le ha gustado que Sánchez abandone la idea de los presupuestos para este año. Aragonès está molesto con Díaz, porque los comuns no se han tragado el sapo del Hard Rock como ha hecho ERC por imposición del PSC. El presidente de la Generalitat quería que ella presionara a los de Albiach, lo que resulta irónico, porque a Esquerra no le gustó mucho que Díaz viajara allí para intentar convencerles de que votaran a favor de la reforma laboral. Ada Colau está molesta con Aragonès por responsabilizarle de “su fracaso” al no haber convencido al PSC de que no pusiera Hard Rock como condición indispensable para aprobar las cuentas. Carles Puigdemont está molesto con ERC, porque hubiera necesitado más tiempo para la aplicación de la amnistía y que él pudiera presentarse como candidato sin asumir demasiados riesgos legales.

Para ser todos aliados, o semialiados, no se puede decir que tengan la mejor de las relaciones. Pero, como dice Montero, todo forma parte de esta “vertiginosa realidad”, donde un casino puede dar el cerrojazo al Gobierno catalán y dejar al Gobierno central sin debate presupuestario hasta el otoño. Qué peligroso es el juego.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha desestimado el recurso presentado por la empresa propietaria de una máquina de apuestas instalada en un local contra la multa de 50.000 euros que le impuso la Comunidad Autónoma por permitir que un menor jugase en la misma.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que la Consejería de Economía y Hacienda consideró que el hecho, que fue descubierto por la Policía Local, suponía una infracción muy grave de la legislación del juego de la Región de Murcia y sancionó con una multa de 50.000 euros tanto al local como a la titular de la máquina de apuestas, la ahora recurrente.

El juzgado de lo Contencioso de Murcia al que correspondió su demanda señaló que la empresa propietaria del salón de apuestas asumió su responsabilidad y pagó la multa, no así la titular de la máquina, que consideró que no era posible que una misma acción pudiera originar dos sanciones individuales e independientes.

El juzgado desestimó su recurso y confirmó la resolución administrativa, por lo que la demandante apeló esa sentencia ante la Sala de lo Contencioso del TSJRM que tampoco le ha dado la razón.

Dice la Sala que la normativa regional establece que un mismo hecho puede originar la incoación de dos expedientes individuales e independientes, que es lo ocurrido en este caso, por lo que la resolución de la Consejería estuvo ajustada a derecho.

Y concluye que su sentencia no es firme, ya que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo si el asunto presenta interés casacional.

¡Buenos días!

Esta ha sido una semana llena de presentaciones de resultados de las principales empresas del Ibex que han devenido en un nuevo aquelarre contra las políticas del Gobierno de coalición. El acuerdo de gobierno firmado entre PSOE y Sumar ha encendido los ánimos en las direcciones de petroleras, bancos y eléctricas, que no han dudado en criticar el impuesto especial que ahora se pretende prorrogar.

Ha sido una de las paradojas del momento: directivos hablando de inseguridad jurídica, impuestos injustos o discriminación a la vez que anunciaban beneficios de miles de millones, en algunos casos ganancias récord, de sus empresas.   

Es el caso de la banca, las seis principales entidades financieras (CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja) anunciaron un beneficio de 19.761 millones de euros entre enero y septiembre de este año, casi un 24% más que el obtenido en los mismos meses de 2022. Las quejas fueron constantes. Gonzalo Gortázar, consejero delegado de Caixabank, señaló que la rentabilidad del banco es “razonable” y que “no se están produciendo beneficios extraordinarios”, para luego asegurar que “el impuesto no corresponde a la realidad y es discriminatorio”. El consejero delegado del Banco Santander, Héctor Grisi, apuntó que el impuesto a la banca “estigmatiza” al sector. 

A pesar de la queja, la realidad es que el tributo no afecta tanto a los resultados de las entidades financieras. El Banco de España concluye que la banca “más que compensa” el impacto del impuesto con la subida de los ingresos. Solo supone un 4,1% del beneficio anual. 

En el lado de la energía, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, insistió en que el impuesto a las energéticas pone al sector en “desventaja competitiva” con otros países europeos, mientras que el consejero delegado de la petrolera Repsol, Josu Jon Imaz, fue de los más duros llegando a amenazar con llevarse las inversiones a otro país si se mantenía el impuesto especial. “Tenemos que proteger, lo primero de todo, a nuestros accionistas”, subrayó Imaz. 

Los accionistas o los ciudadanos. Durante el debate del Estado de la Nación, en julio de 2022, el presidente Pedro Sánchez anunció los impuestos especiales a la banca y las energéticas. La temporalidad del tributo atemperó la marejada, pero la posibilidad de que se mantenga en el tiempo ha provocado un terremoto en el centro del poder en España. Las empresas del Ibex le van a hacer una fuerte oposición al Gobierno de coalición. 

El Dato

2,9%

Es el dato de inflación de octubre en la eurozona, el mejor registro desde agosto de 2021. Se trata de una caída importante en comparación con el mes anterior, que se situó en el 4,3%. A pesar de la rebaja en el dato global de la inflación, la subyacente -que excluye los precios de energía y alimentos frescos por ser los más volátiles- se situó en el 4,2%. A ver cómo evolucionan los precios de los alimentos, de momento las grandes empresas de distribución y consumo (Unilever, Pepsi, Nestlé, etc.) no bajan sus precios pero buscan ganar clientes haciendo más descuentos. Llevan más de un año aprovechando la inflación para engordar sus ingresos pero en los últimos meses, la capacidad de compra de sus clientes se ha limitado.

Los efectos de la agresiva política monetaria del Banco Central Europeo se están empezando a notar en la economía. No es extraño que el BCE decidiese mantener los tipos de interés ante los riesgos de recesión. A pesar de esta pausa, el euríbor no da tregua. El índice de referencia de las hipotecas volvió a subir en octubre al 4,165%, un máximo no visto desde 2008. Si quieres saber cómo afecta a tu hipoteca, aquí tienes una calculadora.

 El Gráfico

24,1 millones de personas forman el mercado laboral de España. Son cifras récord. En los próximo años el país se enfrenta al reto del incremento de las personas dispuestas a trabajar con el objetivo de reducir los niveles de paro, que alcanza a 2,8 millones de personas, la tasa de desempleo más elevada de la Unión Europea. Sin embargo, hay buenas noticias, este verano se alcanzó el máximo histórico de trabajadores en España, casi 21,3 millones de personas ocupadas. Ampliar la población activa y trabajadora, donde la inmigración juega un papel clave, figura entre los objetivos de España y muchos otros países para consolidar el Estado del Bienestar, en cuestiones clave como el mantenimiento de las pensiones públicas. La OCDE publicó su informe anual en el que apuntaba la necesidad de la población extranjera para impulsar el crecimiento económico en el futuro ante el envejecimiento de la población. Mucha más información y datos sobre el mercado de trabajo español en este enlace.   

Cada vez que habla sube el pan

España es el segundo de nuestros grandes mercados en Europa en el que estamos tomando medidas para mejorar la competitividad y las perspectivas de crecimiento del Grupo

Margherita Della Valle — Consejera delegada de Vodafone 

Buen eufemismo de la consejera delegada de Vodafone. La realidad es que competir es difícil y en un mercado como el de las telecomunicaciones, mucho más. La operadora británica anunció a comienzos de año la puesta en revisión de su actividad en España. Durante años ha sido una división deficitaria. Esta semana, Vodafone anunció el acuerdo de venta al fondo británico Zegona de su filial española por 5.000 millones de euros. La consejera delegada de Vodafone achacó la operación a que “el mercado ha enfrentado desafíos con retornos estructuralmente bajos”, aunque a la vez asegura que es su segundo gran mercado. La realidad, Vodafone ha fracasado en España. La operación de venta llega en un momento de convulsión del sector en España: el Estado entrará en Telefónica a través de la SEPI un cuarto de siglo después de su privatización para hacer frente al desembarco saudí en su accionariado, mientras Orange y MásMóvil están pendientes de Bruselas para cerrar su fusión. Aquí te explicamos cómo la falta de rentabilidad de las telecos por la guerra de precios va a redefinir el sector estratégico de las grandes operadoras en España.

Entrepreneur

Hay empresas familiares o familias empresariales en España que son fascinantes. Una de ellas son los Suqué Mateu. Son de esas sagas de emprendedores que siempre cuenta con ayuda del Estado, la Comunidad Autónoma u otros. Dueños de la marca automovilística Hispano-Suiza, bodegueros, coleccionistas de arte, lo que les da dinero de verdad son los casinos y las apuestas. En 2011 crearon una empresa de juego online que trasladaron a Ceuta para aprovechar las ventajas fiscales que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy para competir a la baja con Gibraltar. La sociedad tiene como nombre Casino Barcelona Interactivo y disparó su cifra de negocios un 27% en 2022: 386,4 millones. Herederos de empresarios como el falangista Miguel Mateu, amigo personal de Francisco Franco, primer alcalde franquista de Barcelona, fundador y presidente de la patronal catalana Foment. Se adaptaron fácilmente a la democracia. En 1979 abrieron su primer casino y. en 1987, los Suqué se hicieron con la gestión de las loterías de la Generalitat de Cataluña. En los 90, protagonizaron un escándalo de financiación ilegal de Convergència, tras la denuncia del entonces director financiero del grupo del desvío de millones desde Casinos de Catalunya al partido de Jordi Pujol. Causalidades o no, Juan Piqué, abogado de Pujol en el caso Banca Catalana, era accionista de Casinos de Catalunya. El caso fue archivado pese a que el juez admitió que Convergència se financió de forma irregular. Fascinante. Aquí tienes más información de los negocios de los Suqué Mateu.

Letras que son un tesoro

Acaba de llegar a España esta maravilla editada por Deusto. Se trata de una versión en cómic de 'Capital e ideología', de Thomas Piketty. La periodista económica Claire Alet y el dibujante Benjamin Adam han realizado una adaptación de la magna obra del economista francés para explicar de dónde vienen las desigualdades y por qué persisten. Con un esfuerzo notable para resumir las 1.248 páginas de la obra original, el cómic narra en poco más de 170 páginas las vicisitudes de una saga familiar de la élite para entender por qué se da el mantenimiento de los privilegios y la desigualdad en la historia. Entretenido y de fácil lectura para jóvenes y mayores, os lo recomendamos.

Bien público

Se acabaron los años de vinos y rosas para las grandes tecnológicas. Por fin, las principales administraciones del mundo empiezan a meter en vereda a un grupo de empresas que ha conseguido un poder inmenso por la escasa regulación del sector tecnológico. Los primero pasos ante los tribunales los dio la Unión Europea, que acaba de aprobar un gran paquete legislativo que aumenta su capacidad de acción sobre estas compañías. Pero ahora ha sido Estados Unidos la que ha empezado a cerrar un círculo. En mes y medio se han acelerado tres causas a gran escala en este país contra Meta, Amazon y Google. Procesos judiciales que no solo va a determinar el futuro de estas compañías sino cómo serán las redes sociales, el comercio electrónico y la publicidad digital. Las acusaciones son muy graves: adicción y toxicidad para la salud mental de los usuarios, prácticas monopolistas, manipulación de precios y acuerdos privados ilegales. Puedes leer cómo los procesos penales van a cambiar el futuro de internet en este reportaje de Carlos del Castillo. 

Nos gusta la competencia

A partir de ahora os ofrecemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

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La empresa de juego online de los Suqué Mateu, la familia que controla el negocio de los casinos en Catalunya, ya tiene cifras de facturación propias de un gigante. En 2022, su sociedad Casino Barcelona Interactivo SA disparó su cifra de negocios casi un 27%, hasta registrar un nuevo récord de 386,4 millones, según las cuentas anuales que acaban de remitir al Registro Mercantil, disponibles a través de Insight View.

Los Suqué crearon esta filial en 2011, cuando se legalizó el juego online en España, y la trasladaron en 2020 a Ceuta para aprovechar las ventajas fiscales que ofrece la ciudad autónoma a este sector. En los últimos años la empresa ha tenido un crecimiento espectacular. De facturar apenas 1,67 millones en 2016, pasó a tener una cifra de negocios de más de 150 millones en 2019. Su progresión ha seguido firme, hasta llegar a los más de 386 millones del pasado ejercicio. 

Las cifras contrastan con los 419 millones que facturó en 2021 (último ejercicio disponible en el Registro Mercantil) todo el holding de la familia, Inverama. Uno de los emblemas del conglomerado de los Suqué Mateu, sus bodegas Perelada & Chivite, sigue en números rojos, como reconocía el grupo familiar en marzo, tras facturar en 2022 unos 64 millones.

Seis veces menos de lo que ingresó en el mismo ejercicio Casino Barcelona Interactivo, que obtiene el 97,6% de su cifra de negocios del negocio de casino online y máquinas de azar. El resto viene de las apuestas deportivas. Este medio contactó con la empresa, sin obtener respuesta.

La filial repartió el pasado ejercicio 372 millones en premios a los jugadores, un 25,8% más. Descontados los gastos, como los de personal (tiene una plantilla de 25 empleados), y tras abonar por Impuesto de Sociedades unos 785.000 euros, se anotó un beneficio neto de algo más de 4 millones, frente a los 1,78 millones de ganancias de 2021. 

La empresa tiene su sede en un inmueble en la calle Jaúdenes de Ceuta, alquilado a una sociedad de la familia Bentolila, comerciantes muy conocidos en la ciudad autónoma y emblemas de la comunidad judía ceutí.

Crecimiento “espectacular”

“Somos uno de los Casinos más importantes a nivel mundial en cuanto a torneos de Poker, albergamos eventos tan importantes como el European Poker Tour desde 2004, así que en nuestra versión online no nos podíamos quedar atrás”, dice Casino Barcelona Online en su web.

En ella explican que “el casino online en español ha crecido de manera espectacular y Casino Barcelona ha sido y quiere seguir siendo uno de sus mayores protagonistas”. 

“Junto a la más amplia variedad de tragaperras online, te espera también el póker, el blackjack, etc. Además, no faltan tampoco las más diversas modalidades de ruleta online, entre la que destacan la opción en directo o las potentes Lightning Roulette y Ruleta Quantum”. 

Afirman que cuentan con “el mayor catálogo de ruletas en vivo del momento”, con “crupiers las 24 horas del día”, y apuestas deportivas con “la mayor selección de deportes, eventos y mercados para que hagas tus pronósticos”.

La empresa pertenece al holding Inverama, también conocido como Grup Peralada, que en 2021 (último ejercicio disponible) presentó unas pérdidas de 12,3 millones, tras los números rojos de 32,6 millones registrados en el año de la explosión del coronavirus.

Con 936 empleados (el 61%, en la actividad de juego), el origen de este centenario grupo empresarial se remonta a 1923. Con él los hermanos Javier, Isabel y Miguel Suqué Mateu operan en sectores como el vitivinícola, del ocio, la industria, el inmobiliario y la cultura. El último ranking de ricos de El Mundo sitúa a este clan de la alta burguesía catalana en el puesto 115 de las mayores fortunas de España, con un patrimonio estimado de 500 millones.

Coleccionistas de arte y cuarta generación de esta dinastía, los Suqué Mateu son propietarios de varias bodegas, con 450 hectáreas de viñedos propios y capacidad para vender 20 millones de botellas y presencia en 100 países.

El emblema es su espectacular bodega en el Empordà, inaugurada en 2022 y en la que han invertido 46 millones, que incluye un hotel de lujo o un campo de golf de 18 hoyos. Su centro de operaciones es el castillo de Peralada (Girona), que alberga un museo o uno de sus tres casinos en Catalunya. En él organizan el famoso festival cultural que se celebra desde 1987. 

Tienen también casinos en Barcelona y Tarragona (suyos son tres de los cuatro que existen en Catalunya) y, fuera de España, explotan establecimientos de este tipos en Chile, Uruguay y Argentina. 

El hermano menor, Miguel Suqué Mateu, es el que se ocupa del negocio del juego, los hoteles y de la marca automovilística Hispano-Suiza, fundada en 1904 por su bisabuelo, Damián Mateu, junto al ingeniero suizo Marc Birkigt, y que la familia resucitó en 2019 para vender espectaculares coches a medida.

“El juego de azar no tiene riesgo. La banca siempre gana. Por estadística. El azar es la gestión. O la licencia, que obtienes y la puedes perder”, explicaba hace unas semanas Miguel Suqué Mateu en un elogioso reportaje en El País.

Un riesgo que en el caso de la pata online ha quedado solventado este año, tras prorrogar la Dirección General de Ordenación del Juego, dependiente del Ministerio de Consumo, las licencias que desde 2011 tenía Casino Barcelona Interactivo para juegos de Ruleta, Blackjack, Otras apuestas y Apuestas Deportivas.

Pujolismo

Los Suqué son herederos de empresarios como el falangista Miguel Mateu, primer alcalde franquista de Barcelona, expresidente de La Caixa y fundador y presidente de la patronal catalana Foment. También son una familia históricamente vinculada con el clan Pujol.

El padre de los tres hermanos, el ingeniero químico Arturo Suqué, fallecido en 2021 a los 90 años y ex presidente del Círculo de Economía, fue consejero de La Caixa y del Banco España, miembro de la junta directiva del Barça y compañero de pupitre del ex molt honorable. 

Arturo Suqué fue también el artífice de la entrada de la familia en el sector del juego, con la apertura en 1979 del primer casino en el castillo que heredó su esposa, Carmen Mateu. En 1987, los Suqué se hicieron con la gestión de las loterías de la Generalitat, que explotaron de forma ininterrumpida hasta 2005. Más tarde, estuvieron entre los operadores interesados en el macrocomplejo BCN World que impulsó hace años en Tarragona el empresario Enrique Bañuelos, símbolo de la burbuja inmobiliaria.

En los 90, la familia protagonizó el primer gran escándalo de financiación ilegal de Convergència. Un ex director financiero del grupo denunció el desvío de cantidades millonarias al partido procedentes de Casinos de Cataluña, presidida por Arturo Suqué, y que tenía como accionista a Juan Piqué, que había sido abogado de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana.

El denominado caso Casinos fue archivado definitivamente en 1998 tras nueve años de investigación. El juez precisó que Convergencia se financió de forma irregular, pero el hecho no era constitutivo de delito, como determinó el Tribunal Supremo en el caso Filesa.

La fiebre de hoteles de lujo en el centro de Madrid acaba de sumar un nuevo proyecto a una lista cada vez más abultada. Estará en el número 17 de la calle Alcalá, junto al Casino de Madrid y en una zona con numerosos alojamientos de alto nivel como el Four Seasons, que tiene enfrente.

El futuro hotel contará con 60 habitaciones distribuidas en ocho plantas, donde también habrá restaurante y terraza. Dos sótanos completan la distribución propuesta en el proyecto, al que ha tenido acceso Somos Madrid y que se distribuye a lo largo de algo más de 3.500 m² de superficie construida.

La propiedad del edificio corresponde a los Gut Revoredo, familia de empresarios que gestiona Proactinmo SL, titular del edificio, a través de la empresa Gubel SL, administradora única. Gubel está presidida por Bárbara Gut Revoredo, hija de Helena Revoredo, la dueña de Prosegur.

Las cifras sobre la rentabilidad de este negocio son apabullantes. Según el estudio económico presentado al Ayuntamiento de Madrid, la reforma costará 3,8 millones de euros de inversión pero el hotel, una vez abierto, facturará 2,6 millones anuales con unos beneficios de 773.588 euros -siguiendo cálculos conservadores, indica la memoria-, por lo que en solo cinco años se recuperaría la inversión inicial. De las obras y la gestión del edificio se encargará la empresa Byou Hotels, cuyos impulsores gestionan ya otros hoteles de lujo como los Tayko de Bilbao o Sevilla.

El nuevo hotel abrirá en el epicentro del turismo madrileño, con otros seis alojamientos de lujo en sus alrededores. A un lado del edificio se encuentra el Hotel Regina y al otro lado, el NH Collection Casino de Madrid. Según la memoria del proyecto, que ha sido elaborado por Angulo Arquitectura y cuenta con el visto bueno del Ayuntamiento de Madrid, “la implantación del uso hotelero permitirá que en todo el edificio se mejore la arquitectura interior de manera homogénea, mejorando su funcionalidad, se salvaguarde y recupere el patrimonio edificado, se colabore en la actividad económica del centro histórico de Madrid y mejore la oferta de estancia”.

Antiguas oficinas del BBVA

El edificio sobre el que se asentará el hotel fue construido en 1949, después de la demolición del anterior inmueble que ocupaba la finca. Allí se instalaron primero las oficinas del Banco Rural y Mediterráneo, luego fue espacio de trabajo para Hércules Hispano de Seguros y finalmente sede de oficinas de BBVA Seguros hasta su venta y vaciado. En su fachada destacan cuatro columnas y algunos otros elementos neoclásicos.

Las obras autorizadas una vez que se dé luz verde al plan especial del hotel, actualmente en fase de exposición pública, incluyen la reestructuración parcial para añadir un nuevo núcleo de comunicación vertical, demolición de forjados y de la entreplanta en el fondo de la parcela, reestructuración de uno de sus patios y otras obras exteriores de modificación de huecos de fachada a patios, además de otras reformas en la azotea.

Tiembla Dubái. Sufre Abu Dabi. El norteño y exiguo emirato de Ras al Jaima ha decidido salir del ostracismo y poner en solfa a las dos joyas de Emiratos Árabes Unidos (EAU): quiere convertirse en el futuro paraíso de los milmillonarios.

Con una extensión similar a la localidad de Lorca (Murcia), Ras al Jaima fue el primer emirato en lograr la independencia de Reino Unido, en 1971, y el único de los siete que no lo hizo de forma mancomunada, como sus hermanos de la federación, en la que ingresó en febrero de 1972.

Fronterizo con Omán y gobernado por el jeque Saud bin Saqr al-Qasimi, educado en Michigan, ahora pelea por el imperio de los ricos. A 45 minutos del Aeropuerto Internacional de Dubái, el escaparate del lujo de los EAU, Ras al Jaima está transformando su fisonomía a marchas forzadas.

Desde la azotea de su RAK International Corporate Centre se aprecian sus villas lujosas en construcción o en venta, que bordean la costa oeste del Golfo Pérsico y, por supuesto, el proyecto Las Vega, en el que Wynn Resorts ha empleado 3.900 millones de dólares para convertir a este territorio en otro destino universal del juego, las apuestas y el dispendio.

Es solo una pica de la visión estratégica que su jeque quiere inculcar a un emirato conocido hasta ahora por sus cumbres montañosas en un territorio dominado por el desierto y sus empresas de cerámica.

Porque Ras al Jaima busca atraer a las mayores riquezas individuales del planeta. Bajo su concepción transformadora, Al-Qasimi ha puesto en liza mecanismos fiscales y financieros de atracción de inversiones foráneas para la construcción de complejos hoteleros de cinco estrellas, centros industriales y tecnológicos y empresas turísticas con atractivos catálogos de aventura. Con ello pretende captar el interés de un amplio abanico de países para convertirlo en paraíso de grandes fortunas y centro financiero y empresarial en el convulso Oriente Próximo.

Para comodidad de los multimillonarios que aterrizan fugaz o estacionalmente en alguno de los emiratos de su federación, el diminuto reino ofrece programas de ciudadanía por inversiones. Se ha instaurado también una zona con libertad plena para activos digitales y virtuales. El resultado: decenas de miles de empresas de capital extranjero se han inscrito en las oficinas del RAK, su centro internacional corporativo y donde opera su registro oficial de entidades mercantiles.

Por si fuera poco, se ha convertido en un auténtico hub del diseño y de la fabricación de yates de lujo. Deportistas como los españoles Rafael Nadal o Fernando Alonso están entre los clientes de algunas de las firmas navales más prestigiosas del mundo, con delegaciones en Ras al Jaima. Estas compañías se han enfrascado en una carrera inversora por construir en este emirato grandes catamaranes de competición para luego trasladar sus prototipos a sus catálogos de venta de milmillonarios.

Algunos ya están en sus instalaciones con contratos por valor de 30 millones de euros, según Bloomberg.

Izzat Dajani, antiguo ejecutivo de Goldman Sachs, cree que la imagen del diminuto emirato “ya transciende de ser Las Vegas del Golfo Pérsico” porque se ha convertido, “por la acción de sus autoridades gubernamentales, en un ejemplo de retorno inminente de inversiones por múltiples vías, desde los cauces financieros, a los sociales, comerciales, económicos y culturales”.

Sin embargo, su andadura en la búsqueda del Santo Grial de las inversiones no ha sido sencilla. En 2013 el Real Madrid canceló su estancia en un resort termal de 1.000 millones de dólares porque el proyecto, ideado por una compañía con sede en Luxemburgo, entró en suspensión de pagos.

Sus hileras de edificios fantasmagóricos que se adentraban en el desierto han dado paso a apartamentos residenciales de lujo como el Julphar Towers. Dubái es todavía la joya de la corona de las grandes riquezas que se instalan en la Península Arábiga, pero Al Jaima empieza a mostrar un esplendor radiante.

Reclamo turístico, ventajas residenciales

En 2022, este territorio registró su récord histórico de visitantes anuales. Más de 1,1 millones de personas pernoctaron allí al menos una noche, un aumento del 16%. Más de un 40% procedía de países ajenos a su zona de influencia, el Golfo Pérsico. Los rusos están entre los más adeptos; en especial, desde el estallido de la guerra en Ucrania, cuando se intensificaron los vuelos directos desde Moscú y San Petersburgo a los EAU. Pero también han incrementado su afluencia turistas de nacionalidad kazaja o británica, entre otros.

Ahora se busca la llegada masiva de riquezas chinas, al calor de ventajas económicas, residenciales y financieras a largo plazo, al más puro estilo de los paraísos fiscales caribeños y europeos que, además, disfrutan de estar fuera de la lista negra de enclaves con prácticas tributarias dañinas.

Esto hace presagiar, según anticipan algunos estudios como uno reciente de EY, que el emirato tiene potencial para cuadruplicar su censo de turistas en 2030 y elevar su población habitual de los casi 400.000 actuales a 650.000, a pesar de que seguirá acogiendo a una parte ínfima de los más de 9 millones de los EAU.

Tras esta estrategia está la mano derecha del jeque, el gobernador Saud, su hija Amneh Al Qasimi, educada en Standford Business School y presidenta de la Oficina de Inversiones y Desarrollo de Ras al Jaima. “Es la que ha incrustado ese área de ambición al plan financiero y estratégico y la que ha logrado convertir al emirato en una alternativa a Dubái”, dice una nota para inversores de la inmobiliaria Knight Frank.

Todo ello a la espera de que empiece a funcionar el casino de Wynn Resort y de que el proyecto acabe con las prohibiciones y reticencias sociales de la Sharia. La estricta a ley islámica que rige en todo EAU deja ventanas abiertas a según qué costumbres procedentes del extranjero o de los residentes o turistas foráneos.

Grandes grupos hoteleros como Mövenpick o Radisson abrieron en 2022 nuevos complejos con más de 8.000 nuevas habitaciones en el pequeño reino, que tiene apenas 64 kilómetros de costa. Otros 19 emporios han emprendido ya iniciativas burocráticas para conseguir licencias de construcción, desde Westin a Nobu. Casi 6.000 estancias adicionales se construirán en los próximos cinco años. Muchas con capital ruso detrás, mayoritariamente para turismo de sol, playa y actividades de ocio y diversión en el desierto.

También se venden como atractivo prolongadas horas de fiesta en complejos hoteleros y resorts de cinco estrellas, con viajes programados en jet privados desde cada vez más capitales del mundo. Gran parte de los aviones son propiedad de los hoteles, que permiten embarques urgentes, de hasta 16 pasajeros, si los desplazamientos no exceden de 12 horas de vuelo. Otro punto de conflicto competitivo con Dubái.

“El de Ras al Jaima es un concepto más de entretenimiento que de estancia turística”, aclara Kabir Mulchandani, presidente y fundador de Five Global Holdings, uno de los hoteles que ofrece los vuelos privados, amenizados, en ocasiones, por dj’s con amplias trayectorias en clubs nocturnos de EAU. Cada vuelo se fleta a razón de 13.000 o 14.000 dólares la hora si son directos, aunque el montante con escalas puede alcanzar los 195.000 dólares en un trayecto con varias paradas entre Londres y Dubái, por ejemplo.

Morir de éxito

La declaración de competencia del pequeño emirato coincide con ciertos vestigios de que la prolongada etapa de prosperidad de sus dos hermanos mayores, Dubái y Abu Dabi, empezaría a entrar en un periodo de cierta decadencia.

Dubái, por ejemplo, necesitaría parar durante uno o dos años sus procesos de construcción de viviendas para evitar un desastre económico, el estallido de su peligrosa burbuja inmobiliaria y la corrección de su desmesurada oferta residencial. “Estamos ante una encrucijada”, aseguraba recientemente el presidente de Damac properties PJSC, Hussain Sajwani, a Bloomberg. “Si no aceptamos el asunto y le ponemos remedio vamos directos al colapso”, indicaba.

El sector inmobiliario de Dubái ha sido catalogado por firmas como UBS como una de las burbujas especulativas de precios de mayor dimensión global. Aunque el techo llegó ya hace cinco años, se ha sostenido hasta que la espiral inflacionista y la sobreabundancia de su oferta inmobiliaria han forzado un ajuste de precios que, en algunos meses, ha sido del 30%. Y lo que es peor, con un fervor constructor de nuevas viviendas que alcanzará este año las 30.000. Más del doble de las ratios de una demanda muy vinculada a grandes patrimonios.

No es la primera vez que el paraíso del dinero de Dubái sufre sombras. En 2018 esta icónica ciudad mostró un déficit de espacio de oficinas, restaurantes y oferta de ocio que se saldó con una fuga masiva de expatriados y empresas que provocaron el peor ejercicio de su mercado bursátil desde el colapso crediticio de 2008.

Fue entonces cuando su emir convocó a un centenar de ejecutivos en su palacio residencial y sentó las bases de una más benevolente legislación de visados para extranjeros y facilidades fiscales, financieras y laborales. Un sistema con el que se confeccionó la imagen de resort de ricos y centro operativo de bancos y empresas con intereses globales.

Lo mismo que ahora intenta tejer su homólogo de sangre real de Ras al Jaima. Un esquema que, a los ojos de Fahad Al Gergawi, responsable de Inversiones en Dubai FDI, “tiene sus ciclos y así debemos aceptarlo”, porque “nos obliga a ser creativos cada cierto tiempo” en el desafío de que “logremos perpetuar nuestra marca de paraíso de la riqueza global”.

El impulso de Abu Dabi y su poderoso hub financiero, centro de negocios internacionales e incubadora de startups ha contribuido a la expansión de la economía de EAU, que creció al 8% en 2022 y mantiene un ritmo dinámico este año.

Mientras, la autoridad del otro gran emirato de la federación dirige una estrategia de diversificación de sus exportaciones energéticas ante la debilidad manifestada por China, con sus bancos batiendo las expectativas de beneficios y jugando un papel cada vez más activo en la financiación de los flujos comerciales internacionales. Entre otros motivos, por la captación de casi medio centenar de hedge funds especialmente activos en inversiones en firmas que operan en el mercado logístico y de tránsito de mercancías.  

El pleno del Parlament ha aprobado este martes la reforma de la ley del juego de 2014, aunque lo ha hecho con el conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, haciendo visible su disconformidad con las excepciones a la publicidad de casinos en zonas turísticas impulsadas por el PSIB y con el voto particular de Unidas Podemos en esta cuestión.

“Es el juego parlamentario”, ha reconocido Yllanes durante la defensa de la norma en referencia a la enmienda impulsada por el PSIB y con el apoyo de PP, CS y Vox para que los casinos sí que puedan hacer publicidad en aeropuertos, zonas turísticas y hoteles. “Tengo muchas dudas de que un aeropuerto sea un lugar turístico. Por ellos entran y salen los ciudadanos de Balears”, ha añadido.

En su defensa del proyecto de ley, Yllanes ha admitido que “hubiera sido deseable” que no hubiera publicidad de los establecimientos de juego en ningún lugar ni en ningún momento.

Unidas Podemos había pedido en varias ocasiones durante la tramitación el mantenimiento del texto original que salió del Consell de Govern contemplando la prohibición de la publicidad. Finalmente, solo MÉS per Mallorca y Més per Menorca han apoyado el voto particular en este sentido.

“En los casinos trabajan personas”

En su intervención, la diputada del PSIB Irene Triay ha justificado la excepción en el hecho de que los sindicatos habían expresado su preocupación por los puestos de trabajo. “En los casinos trabajan personas y el PSIB siempre ha defendido a los trabajadores”, ha apuntado.

Según Triay, el 70 por ciento de los clientes de casinos en Mallorca son turistas y en Menorca y Eivissa este porcentaje se eleva al 90 por ciento. La diputada ha concluido afirmando que “el enemigo es el juego online”.

El portavoz de la formación morada, Alejandro López, ha defendido el voto particular de su grupo. “Por desgracia”, ha señalado, el PSIB junto a partidos de la oposición han permitido la excepción. Según López, la prohibición de la publicidad, sin excepciones, es más acorde a la filosofía de la ley “por tratar el juego como una actividad legal que puede causar graves problemas”.

López, además, ha rechazado la “excusa” de que son extranjeros porque, ha argumentado, también entre los turistas también puede haber personas que están pudiendo ser tratadas por adicciones.

Podem: “Han comprado el relato de la patronal”

El portavoz de la formación morada también se ha referido a la intención de la oposición de excluir a las 'escoletas' de la distancia de los 500 metros y les ha acusado de “comprar el relato de la patronal”. “Claro que no se van a jugar el juguete, pero puede haber padres o familiares que estén siendo tratados y que tienen derecho a acudir seguros a por los niños”, ha afirmado.

Sobre esto, los diputados de Unidas Podemos han lucido en sus escaños carteles con la leyenda “la ludopatía no es un juego ni para residentes ni para turistas”.

En la misma línea, la diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar ha calificado como “una mala opción” la enmienda del PSIB y ha reclamado que no haya excepciones a la publicidad. Sobre el aeropuerto, en línea con lo apuntado con el conseller, Campomar ha recordado que por estas infraestructuras “transitan residentes de todas las edades y los turistas saben de sobra dónde están los casinos”.

El diputado del PP Sebastià Sagreras ha admitido que él “también estaría molesto” si uno de sus socios le hubiera rebajado una ley salida del Consell de Govern.

Regulación de distancias y ratios

La nueva norma aumenta a 500 metros la distancia de los salones de juego a los centros educativos y sociosanitarios, incluidas las guarderías, y establece una distancia mínima entre locales de 500 metros tanto en Palma como en el resto de municipios, tras aprobarse una enmienda de El PI.

La ley, ha explicado el conseller, pretende proteger los colectivos más vulnerables y ofrecer la máxima seguridad y protección jurídica a los ciudadanos, así como atender la necesidad de planificar la ubicación de las salas de juego y locales de apuestas, para prevenir las externalidades negativas que la actividad puede ocasionar, y corregir las disfunciones que produce el crecimiento desordenado de este tipo de establecimientos.

“Desde el principio de legislatura dejamos claro un mensaje como Govern: no queríamos que nuestras islas fueran un 'Las Vegas low cost' o el Macao del sur de Europa”, ha destacado el vicepresidente del Govern.

La norma fija igualmente el tope a la ratio actual de salones de juego y locales específicos de apuestas en el territorio del archipiélago, que se limita a la media estatal de 75 por cada millón de habitantes empadronados en la comunidad autónoma. Actualmente Balears se encuentra en 120 por millón de habitantes.

Letreros y fachadas

La ley regula también los letreros y elementos que cubren las fachadas de los establecimientos de juego y determina que se tendrán que retirar los más llamativos.

“Esta modificación de la Ley no es solamente una cuestión puntual en lo referente a una actividad económica concreta, sino una reflexión sobre qué modelo de ciudad y pueblo queremos, si queremos de veras un ocio saludable para nuestros niños y si, como sociedad, nos interesan más unos cuántos intereses particulares o el bien común y la opinión de nuestras conciudadanas y conciudadanos”, ha concluido Yllanes.

La capital de Galicia y símbolo del cristianismo en Europa también quiere tener una gran superficie para juegos de azar. El lugar elegido es el bajo comercial del hotel Araguaney, en pleno centro de la zona nueva de la ciudad. En los años noventa, el local fue lugar de peregrinación para los jóvenes compostelanos. Allí donde se emplazaba una de las discotecas más famosas de la época ha puesto sus ojos el Grupo Comar, empresa propietaria del Casino Atlántico de A Coruña. Como adelantó esta semana El Correo Gallego y ha podido confirmar elDiario.es, las reformas ya tienen el visto bueno del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, pero todavía no se ha solicitado la licencia de actividad. En los despachos de la Vicepresidencia Segunda de la Xunta de Galicia ya tienen constancia de la presentación de la solicitud de autorización del nuevo casino que, de ser aceptado, estará necesariamente vinculado como sala anexa al de A Coruña. La Lei do Xogo de Galicia solo permite un gran casino por provincia y, como mucho, una sala satélite añadida.

La información trasciende en un momento decisivo para las salas de juego en territorio gallego. Los tres grupos políticos del Parlamento de Galicia se encuentran inmersos en una negociación para tratar de actualizar la normativa autonómica. Según confirman fuentes presentes en esa comisión, poner o no limitaciones a la proliferación de más casinos en las grandes ciudades es justo el punto de confrontación más claro entre Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego y Partido Socialista. La oposición aboga por poner más cercos al juego mientras que el Gobierno gallego parece querer abrir más los cotos, según las mismas fuentes implicadas en la negociación. En ese sentido, la dependencia de las salas anexas al casino matriz y sus limitaciones horarias y de tamaño parece ser un escollo para el negocio del Grupo Comar y Luckia, la empresa que gestiona el Casino de A Toxa y su sala anexa en el Puerto de Vigo.

En cuanto la Xunta de Galicia dé el visto bueno al emplazamiento del nuevo casino y las obras se hayan concluido, el Grupo Comar deberá solicitar el permiso de apertura en la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior. Desde ahí, se comprobarán la tramitación de los expedientes y si la reforma acometida en el local es adecuada. Fuentes del sector explican que, salvo defectos formales, lo más probable es que el Gobierno de Alfonso Rueda emita el permiso de apertura. Y este, por último, tendrá que ser avalado por la corporación municipal expidiendo la licencia de actividad en la capital gallega. Con todo, la sala tendrá que regirse en todo momento como satélite del casino de A Coruña y esto implica algunas limitaciones comerciales. Podrá estar abierto solo cuando esté abierto su casino matriz; no podrá ser más grande que el 80% de la superficie del original; y tampoco podrá estar situado a menos de 150 metros de centros educativos. A priori, parece que si sigue estas indicaciones de la actual ley, el nuevo casino no incurrirá en ninguna incompatibilidad.

Fuentes conocedoras del proyecto explican a esta redacción que la idea de Grupo Comar es tener listos todos los trámites para abrir en temporada alta. Es decir, en los meses de verano y coincidiendo en el tiempo con la mayor afluencia turística en Santiago de Compostela. En esa época, la presión de visitantes en la ciudad es tal que puede llegar a duplicar su población.

El Ayuntamiento se opone a la instalación

El alcalde de la ciudad, Xosé Sánchez Bugallo, se ha mostrado públicamente en contra del nuevo casino: “Si dependiese de nosotros no sería favorable”. Sánchez Bugallo ha defendido que la licencia administrativa es competencia de la Xunta de Galicia y no del Ayuntamiento. Según explica, no le consta que nada de esto le fuese consultado al consistorio. Además, recalcó que la competencia municipal se limita a la licencia de obras y la de primera ocupación, ya que “probablemente la licencia de actividad este sustituida por una declaración responsable”.

La crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos llegaba a España en forma de pinchazo de la burbuja inmobiliaria, por lo que todos los gobiernos estaban necesitados de buenas noticias económicas. A principios de la década pasada, el gigante del juego Las Vegas Sands buscaba un lugar donde emplazar lo que llamaban “Eurovegas” y la Generalitat presidida entonces por Artur Mas, que se describía como 'business-friendly', se agarró a aquella oportunidad como una de sus propuestas estrella. 

Difícilmente podría imaginar entonces que, una década después, ese proyecto, al que luego se le llamó BCN World y, más tarde, Hard Rock, sería el principal escollo que entorpece el acuerdo de presupuestos entre ERC y PSC.

Tanto los socialistas como Junts reclaman ahora al Govern de Pere Aragonès un “compromiso político” explícito para conseguir que el macro complejo de turismo y juego se materialice. Los republicanos, que nunca se han entusiasmado por la idea del Hard Rock, se revuelven y aducen que el proyecto sigue los necesarios trámites administrativos y que, de todas formas, su puesta en marcha no se incluye en las partidas de los presupuestos que se están negociando.

Pero para el PSC el Hard Rock es sobre todo el símbolo de que la Generalitat vuelve a ser aquella administración favorable a los negocios y a la promoción económica, una senda que a su juicio abandonó por el procés. Por eso, junto al complejo turístico en la localidad de Vila-seca (Tarragona), los socialistas también reclaman al Govern compromisos en otras iniciativas ligadas al cemento, como la ampliación del Aeropuerto de El Prat o la autovía conocida como el cuarto cinturón.

A favor de su petición de dinamizar el Hard Rock, los socialistas tienen a la patronal, a los hosteleros y a los dos ayuntamientos directamente afectados por el complejo, Vila-seca y Salou. Sin embargo, el que se propone ser uno de los espacios recreativos más grandes de Europa tiene enfrente a ecologistas y a la plataforma Aturem el Hard Rock y, de forma más matizada, despierta dudas en los sindicatos. Mercè Puig es la secretaria general de CCOO en Tarragona y recuerda que, cuando ella accedió a ese cargo, la idea del complejo turístico ya llevaba tiempo anunciada. Su sindicato siempre ha puesto en duda las grandes cifras de empleo que esgrimen los impulsores, que han llegado a hablar de hasta 20.000 puestos de trabajo.

“Nosotros no podemos posicionarnos a favor ni en contra por la sencilla razón de que no conocemos qué se pretende hacer. Después de todo lo que ha pasado en ocho años, nadie nos ha llamado para explicarnos si el proyecto sigue adelante tal como estaba, si se ha modificado, reducido o adaptado, ni en qué medida”, explica Puig. Por eso desde el sindicato mayoritario reclaman conocer qué inversiones se proyectan, cuántos puestos de trabajo y de qué calidad. “Si hay trabajo, a mí me da igual si es en el sector servicios, industria, limpieza o turismo. Lo que sí me importa es la calidad del trabajo, que la empresa cumpla los convenios, pague a sus trabajadores y que sea seria”, afirma.

Un plan que no acaba de arrancar

La historia del complejo recreativo de Vila-seca es larga y con curvas, como demuestra el hecho de que haya tenido hasta tres sobrenombres. Inicialmente se llamó Eurovegas, aunque el promotor de aquella idea, Las Vegas Sands, pronto se decantó por un emplazamiento en la Comunidad de Madrid donde finalmente tampoco se llevó a cabo. A finales de 2012 la empresa Veremonte tomó el relevo y presentó una idea bajo el nombre de BCN World. La idea seguía siendo la misma que la anterior: un macrocasino de 30.000 metros cuadrados, otros 425.000 destinados a plaza hotelera, 50.000 más de espacio comercial y 120.000 de grandes espacios para eventos. Todo ello comportaría, calculan, unos 5.000 millones de euros de inversión.

En el caso de Veremonte el emplazamiento estaba claro: debía realizarse al lado de Port Aventura, uno de los parques de atracciones más grandes de Europa, en un unos terrenos rústicos que CriteriaCaixa, propiedad de la Fundación La Caixa, había ido adquiriendo décadas atrás y que estaba dispuesta a vender si se recalificaban. Veremonte afirmaba que podía asegurar la inversión y la Generalitat puso facilidades en forma de modificaciones legislativas, como la rebaja de los impuestos del juego del 55% al 10%, medida que entraría en vigor con el inicio del funcionamiento de BCN World.

Pero las cosas se empezaron a torcer cuando la tramitación del plan director urbanístico (PDU) se alargó debido, entre otras cosas, a la complejidad de encajar los cambios de usos del suelo a la legislación nacional y a las normas comunitarias, también en materia medioambiental. En 2015 los rumores de que Veremonte podría abandonar la operación se confirmaron. La Generalitat corrió a buscar inversores y acabó reuniendo a tres candidatos: la china Melco, la tradicional casa catalana de casinos Peralada y la americana Hard Rock. El pánico cundió en 2017 cuando los dos primeros se retiraron y el único que mantuvo la apuesta fue el grupo que tiene como emblema los hoteles con forma de guitarra eléctrica.

“La Generalitat necesitaba retener a Hard Rock, así que hizo un plan urbanístico a la medida de sus intereses, cambiaron la ley para concederles una licencia de casino… En fin, hicieron lo que les dio la gana”, denuncia Eloi Redón, portavoz de la plataforma Aturem Hard Rock. Las facilidades llegaron a tal punto que la Generalitat aceptó hacer de avalista entre la vendedora de los terrenos, CriteriaCaixa, y la compradora, Hard Rock, de forma que la administración tiene la obligación de desembolsar 120 millones según se apruebe el PDU, mientras que la promotora puede bajarse de la operación si se acabase modificando el proyecto tal como ellos lo planean.

De hecho, que el proyecto se acabe teniendo que modificar es algo más que una riesgo remoto. En 2020, el Tribunal Superior de Justicia catalán anuló parcialmente el plan urbanístico del complejo, lo que obligó a la Generalitat a tratar de reencajar de nuevo los usos del suelo sin afectar el proyecto de edificación. Un sudoku que por el momento el Departamento de Territorio no ha resuelto y que sigue en fase de tramitación.

Oportunidad de futuro o proyecto desfasado

El ayuntamiento de Vila-seca ha presentado 21 alegaciones al borrador del PDU de la Generalitat. Podrían parecer muchas pero, según el alcalde Pere Segura, son las habituales. “El proyecto nos encaja perfectamente, pero queremos que se tenga en cuenta cuestiones de movilidad, medioambiente...”, explica. Con todo, su apoyo a la llegada del complejo es total. “Nos ayudará a transformar el turismo, a desestacionalizarlo y a dirigirlo hacia el mundo cultural y del espectáculo. También obviamente hacia el mundo del juego, que tiene mucho tirón en Asia, pero esta no es la parte central para una empresa como Hard Rock, que vive sobre todo de la música”, aduce Segura, alcalde de Junts y que gobierna en coalición con el PSC.

La mayoría de los defensores del proyecto en el Camp de Tarragona aluden a esta necesidad de desestacionalizar el turismo que recibe la zona, muy centrado en Port Aventura. “Somos un destino muy familiar y por tanto muy vinculado a las vacaciones escolares de verano. Hemos buscado actividades para todo el año, por ejemplo con eventos deportivos, pero necesitamos otros proyectos que generen trabajo más estable y durante los 365 días al año”, explica Berta Cabré, presidenta de la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo (FEHT) de Tarragona.

En un sentido similar, los empresarios consideran que el complejo pondrá Vila-seca y Salou en el mapa mundial del turismo de compras, algo que ahora mismo está muy centrado en Barcelona. “El proyecto se ha transformado como debía transformarse, menos plaza hotelera y menos casino, y más parte de shopping. Creemos que ha encajado desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental y social y conforme a las necesidades que teníamos”, argumenta Cabré.

Con nada de lo anterior está de acuerdo Eloi Redón, de Aturem Hard Rock, la plataforma que agrupa el movimiento de vecinos y activistas contrarios al complejo. Según explica Redón, sus objeciones se resumen en cuatro ejes: ser un “modelo económico obsoleto”, los problemas medioambientales que comporta por su emplazamiento, el problema del juego y la ludopatía y, por último, lo que bajo su criterio sería un “pelotazo” para Caixabank gracias a la venta asegurada por la Generalitat.

“Uno de los principales problemas es que perpetúa un modelo de turismo de masas que ya está muy desarrollado en la Costa Dorada y que ha traído consecuencias nefastas”, asegura Redón, que expone que la zona de Salou no ha parado de crecer en visitantes hasta alcanzar los dos millones en 2019 mientras, en paralelo, el poder adquisitivo de la población descendía, hasta llegar a una renta familiar media un 25% por debajo del resto de la comarca.

Desde esta plataforma también ponen el foco en la cuestión medioambiental, debido a que las edificaciones afectarían de lleno dos zonas que forman parte de la europea Red Natura 2000, como son la Sequia Major y el Prat d'Albinyana. “Es un ataque sin precedentes a una de las ultimas zonas protegidas de la comarca”, resume Redón.

La pelota, en el tejado de la Generalitat

Tanto las organizaciones empresariales como los alcaldes de Vila-seca y Salou vienen reclamando con insistencia a la Generalitat que desencalle la tramitación del plan urbanístico para dar luz verde al inicio de las obras. “A lo largo de la década pasada las culpas del retraso pueden estar más repartidas, pero ahora mismo quien lo está parando es la Generalitat”, subraya contundente el alcalde de Vila-seca, que reclama que el Govern trabaje con premura, se marque unos plazos y “corrija lo que haya que corregir”. Su postura se asemeja a la que, a nivel catalán, mantiene tanto Junts, su partido, como el PSC. Ambos han puesto como condición a Aragonès, no que desencalle la tramitación del plan urbanístico, pero sí que se comprometa públicamente con el proyecto.

Por su parte, el Govern guarda silencio sobre el Hard Rock, a la espera de que lleguen los informes preceptivos de varias consellerias. Uno de los más importantes, el de Acción Climática, es por el momento desfavorable, al entender que la última modificación del plan urbanístico no cumple los requisitos ambientales, tal como reveló hace unos meses el diario Ara. Sin embargo, el documento puede modificarse para encajar en las condiciones del supervisor, algo que en su momento el Govern dio a entender que estudiaba.

“El Hard Rock sigue los trámites administrativos que le corresponden, está encarrilado y se hará”, aseguró Oriol Junqueras está semana en una entrevista en 8tv. Aunque no es una voz del Govern, sí es una de las pocas veces que un dirigente de ERC se ha posicionado con más contundencia en público sobre el futuro del macrocomplejo desde que tienen la presidencia. Si con ello los republicanos han convencido a los socialistas es una incógnita que puede despejarse esta misma semana si finalmente hay acuerdo de presupuestos.

Se llama Sergio, pero se podría llamar de cualquier otra manera . Ha dado una entrevista en un diario de papel de la Región y es escalofriante: según Sergio empezó con el mundo de las apuestas bien joven. Actualmente tiene 22 y el dato de dinero gastado asusta.

No es raro que esto pase en esta comunidad, sólo hay que pasearse por cualquier calle de nuestras ciudades o barrios, abarrotadas de carteles y luces de locales de apuestas, más que quioscos y librerías. A eso le sumamos casinos enormes, bien guapos, con buena publicidad.

Que eso pase en esta Región es un fracaso de nuestra sociedad, de los que nos gobiernan aquí y en general de todos nosotros. Que chavales jóvenes empiecen a apostar con esa facilidad se debe a muchas cosas, entre otras al poco control que hay de las personas que entran en estos establecimientos, de la cercanía a colegios, institutos y demás. Que en los puestos de alta dirección de esas empresas de apuestas esté gente cercana a la política o que han estado dentro de la política nos da una idea del poco interés que hay en controlar eso .

Si un joven se ve atrapado en una enfermedad como la ludopatía no es por un solo factor, está claro. Pero si no se le ponen ayudas a estos jóvenes para que no recurran o tengan tentación para acudir a esas máquinas de apuestas es por la sencilla razón de que no interesa.

Un ejemplo cercano, una escuela de música: un buen ambiente para lo menores y sobre todo el realizan una afición sana, apenas tiene ayudas. Al contrario, cuesta dinero. Ni para instrumentos tienen, ni un local en condiciones. A la comunidad no le interesa eso. Si quieres estudiar musical te lo pagas .

Pero como ese ejemplo muchos más. Apenas hay plazas públicas para natación, que además es sano e incluso recomendable por médicos. Academias privadas hay para todo, pero para los jóvenes tener un ambiente lúdico sano y público según en qué sitios es casi imposible.

A todo esto hay que sumar que durante la pandemia y mientras existían medidas anticovid, en estos los locales de apuestas las restricciones eran menores que en otros sitios. Claro, no sea que algunos que ponen pasta se enfaden .

Lástima. Lástima que algunos jóvenes -y también menos jóvenes por que no decirlo- se vean encerrados en este mundo que destruye y destroza incluso familias de por vida, mientras algunos se forran a costa de esta gente, y además como el gobierno regional les rebaja los impuestos. Esos impuestos que influye en ayudas precisamente para fomentar el ocio sano.

Apañados vamos, en esta Región tenemos otro récord negativo, y son muchos: el de más casas de apuestas por kilómetro cuadrado.

“Firmé un día sábado y el lunes estaban despidiendo a los que estaban en la directiva. Y de día en día iban sacando uno a uno. Entonces ya tuve entendido que a mí también me iba a tocar”. Es el testimonio de Rocío Mardeli Terrones, una de las trabajadoras despedidas tras adherirse al sindicato SUTECA en Perú. La sindicalización de los trabajadores fue seguida, en cuestión de días, del despido de toda su directiva al completo y poco a poco de decenas de quienes se afiliaron, como Rocío. Las dos empresas responsables son la chilena Dreams y el gigante español del juego Cirsa, en manos del fondo buitre Blackstone desde 2018 y propietario de la famosa casa de apuestas Sportium, además de numerosos casinos, bingos y otra serie de salones de juego en España y Latinoamérica.

Los despidos masivos, e inmediatos, de los miembros del recién formado SUTECA por parte de las dos empresas extranjeras han centrado la atención de los sindicatos peruanos y ha derivado en una investigación del Ministerio de Trabajo del país andino, a través de su Inspección de Trabajo, la Sunafil, como adelantó La Cadena Ser.

El propio Ministerio de Trabajo ha difundido el caso de Rocío Mardeli Terrones, en su defensa de una reciente legislación para ampliar los derechos sindicales, que critica el sector empresarial y partidos conservadores en el Congreso.

En Cirsa, primera empresa del sector del juego en España, no se pronuncian sobre el número de despidos, ni sus causas pese a la repercusión del caso. “La información acerca de la desvinculación de los trabajadores responde a una cuestión de gestión interna local de la empresa en Perú y por el momento preferimos no hacer ningún comentario adicional”, se limitan a responde a este medio.  

Denuncias de represión sindical

La organización sindical internacional UNI Américas fue una de las primeras en denunciar los despidos, que interpretan como una represalia empresarial por la organización de los trabajadores y, por tanto, una violación de los derechos básicos de los trabajadores.

“El 19 de julio, el Sindicato Único de Trabajadores de Entretenimiento, Casinos y Afines, SUTECA, presentó oficialmente su registro ante el Ministerio de Trabajo peruano, lo que supone un gran avance para los trabajadores del sector en términos de organización y derechos laborales, ya que es el primer sindicato que los agrupa”, denuncian en UNI Américas. “Al día siguiente, Cirsa, una empresa española de juegos y ocio, y Dreams, una empresa chilena, despidieron a los nueve miembros de la junta directiva del sindicato”. Desde UNI Américas explican que cuatro miembros de la directiva trabajaban en el Casino Miami, de Cirsa, y otros cinco en el Casino Fiesta, de Dreams. Todos acabaron en la calle de manera inmediata.

Y no fueron los únicos, con más salidas de trabajadores a cuentagotas, como explica en el vídeo Rocío Mardeli Terrones. Los despidos alcanzaron a personas con varios años de antigüedad, como ella, tras siete años en su puesto de trabajo y que ahora se queda sin sustento para sus tres hijas menores, indica el Ministerio de Trabajo. En total, Cirsa despidió a “18 afiliados” de SUTECA y Dreams a otros “22 miembros más” del sindicato, cifran en UNI Américas a elDiario.es.

Un responsable de la organización sindical entregó el pasado 18 de agosto al presidente peruano, Pedro Castillo, una carta de denuncia del caso. “Quiero precisarle que hay un sindicato único de casinos y tragamonedas, que por haber formado solamente su sindicato, donde son 80.000 [trabajadores], han despedido a más de 80 personas. Son empresarios españoles y chilenos, le dejo acá el documento del sindicato”, exponía el representante de UNI Américas.

“El gerente general del Casino Miami [de Cirsa], al recibir la notificación de la creación del sindicato, aseguró a los tres miembros de la directiva presentes que el casino respetaría el derecho de cada trabajador de afiliarse al sindicato sin represalias”, critican además en UNI Américas. La organización sindical reitera que, aunque Cirsa alegó a los trabajadores que se trataba de “despidos arbitrarios”, legales en otros contextos, son “ilegales por el fuero sindical y por su vínculo claro como represalia a la actividad sindical al ocurrir al otro día del registro del sindicato”.

Cirsa deberá responder por los despidos

Tras UNI Américas, las denuncias de los sindicatos se han multiplicado, afectando a las grandes centrales del país. Como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), entre otros, que han exigido al Gobierno peruano que tome cartas en el asunto. No solo desde el Ministerio de Trabajo, que ya está investigando el caso, sino también del de Justicia y de Derechos Humanos por la violación de los derechos de los trabajadores y el Punto Nacional de Contacto de la OCDE en el país, para analizar la conducta empresarial.

“El Ministerio de Trabajo y su rama de investigación de casos están en el proceso de investigar. El ministro de Trabajo ya se reunió con la directiva [de SUTECA] para mostrar que están tomando el caso en serio. Esperamos resultados de la investigación pronto”, confían en UNI Américas.

La organización internacional de sindicatos indica que está “en diálogo con la empresa en España”. “En conjunto con CCOO y UGT estamos en diálogo con Cirsa y esperamos encontrar una solución que pasa por lograr la reposición de los compañeros y compañeras despedidos”, explican desde UNI Américas.

En cualquier caso, las autoridades peruanas ya están en marcha analizando un caso que, además, ha ganado relevancia con el telón de fondo del nuevo decreto del Ministerio de Trabajo para reforzar los derechos sindicales. El propio Ministerio ha dado relevancia al caso, urgiendo a la inspección del país (Sunafil) a informar con celeridad al Gobierno de sus averiguaciones al respecto.

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Cáceres han identificado a dos ocupantes de un vehículo, de nacionalidad asiática, mientras realizaban un dispositivo de prevención en la A5, en el término municipal de Trujillo, a los que han intervenido 116.060 euros en billetes de diferentes cuantías, según han informado hoy fuentes de la Benemérita.

Los hechos tuvieron lugar en la mañana del 14 de julio, cuando Agentes de la Guardia Civil pararon a este vehículo cuando circulaba a la altura de Trujillo, procedente de Lisboa con dirección a Madrid. En el vehículo viajaban dos ocupantes de nacionalidad china de 51 y 33 años de edad, respectivamente.

Tras realizar un registro superficial del vehículo y de sus pertenencias, los agentes hallaron en el interior de una riñonera y de una mochila gran cantidad de medios de pago.

Una vez trasladados los ocupantes del vehículo al Puesto de la Guardia Civil de Trujillo (Cáceres), manifestaron no haber realizado la correspondiente declaración de movimiento de Medios de Pago y que el dinero provenía de Lisboa, siendo la recaudación de un casino.

La Guardia Civil levantó acta de intervención del dinero, entregando a los portadores la cantidad de 1000 euros en concepto mínimo de supervivencia, y se les informó de que los hechos pudieran ser constitutivos de una infracción administrativa recogida en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Importe igual o superior a 100.000 euros

El propietario del dinero deberá ahora acreditar su legal procedencia, sin perjuicio del expediente sancionador abierto, pudiendo suponerle una multa, si se demostrase la clara intención de ocultarlo o no se acreditara debidamente su origen.

Navarra trabaja en una nueva ley con la que se busca una mayor restricción del juego de azar ante el aumento en los últimos años del número de apuestas realizadas, sobre todo entre los jóvenes, y los casos de ludopatía entre este sector de la sociedad. Este miércoles, el Gobierno foral ha mostrado su conformidad a la toma en consideración de la proposición de Ley Foral de modificación de la Ley Foral del juego que los dos principales grupos que sustentan el Ejecutivo de María Chivite, PSN y Geroa Bai, han llevado al Parlamento para su debate. Entre las medidas más destacadas recogidas en la propuesta de modificación de la norma se encuentran la prohibición de abrir salones de juego a menos de 300 metros de centros educativos, sanitarios o residencias de personas con discapacidad intelectual o la instalación de un control remoto en las máquinas de apuestas instaladas en bares.

Según ha apuntado el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Navarra, el Ejecutivo ha optado por apoyar la iniciativa parlamentaria presentada por PSN y Geroa Bai por ir “en la línea de actuación mantenido por el Ejecutivo foral que ya en octubre de 2019 inició unos trabajos preliminares” para el cambio de la norma con la creación de un grupo interdepartamental dentro del Gobierno en el que se trataron distintas propuestas, muchas de ellas recogidas en la iniciativa presentada en la Cámara foral por estos dos grupos. De ser aprobada en el pleno, para el que todavía no hay fechas, las modificaciones serán incluidas en la ley foral del juego.

El grueso de las medidas recogidas en la iniciativa buscan poner coto a los salones de juego, de cuya proliferación llevan alertando tiempo las asociaciones de ayuda y prevención a la ludopatía, al igual del cada vez mayor número de jóvenes y menores de edad que acuden con frecuencia a estos locales. Así, se recoge que no se podrán otorgar autorizaciones para instalar establecimientos específicos de juego a menos de 300 metros de centros públicos o privados de educación en que se impartan enseñanzas regladas a personas menores de edad, centros oficiales para la rehabilitación de personas jugadoras patológicas, centros residenciales de personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental, centros sanitarios, deportivos, culturales y recreativos y casas de la Juventud. Al mismo tiempo, se establece una distancia mínima entre establecimientos de juegos y apuestas de al menos 300 metros. Los ayuntamientos de la comunidad foral podrán ampliar estas distancias si así lo consideran.

Sobre los salones de juego, también se especifica que “los lugares, locales y establecimientos autorizados deberán diferenciarse de los bares y establecimientos de hostelería. No podrán servirse bebidas de alta graduación ni publicitar promociones relacionadas con bebidas alcohólicas”.

Tareas “socioeducativas” para los menores que incumplan la ley

También se recoge que las máquinas de juego y apuestas deportivas que se instalen en locales de hostelería deberán contar con un control remoto, como el que ya tienen las de tabaco, para evitar “el acceso al juego a las personas incursas en prohibiciones del juego o a menores de edad”. Se detalla que se establecerá un periodo de adaptación para que las máquinas que ya estén instaladas puedan incorporar el sistema de activación-desactivación por control remoto.

En el apartado de sanciones, se plantea que los menores que incumplan la ley en lugar de recibir una sanción leve en forma de multa económica realicen “tareas socioeducativas o medidas en beneficio de la comunidad”.

Además, se prohíbe la inserción de publicidad de todo tipo de apuestas deportivas del ámbito de Navarra en equipaciones, instalaciones, patrocinios o similares en cualquier tipo de competición, actividad o evento deportivo, siempre y cuando la entidad de que se trate tenga su domicilio social en la comunidad foral y la competición, actividad o evento deportivo sea de ámbito local o autonómico. No podrán optar ni obtener subvenciones públicas aquellas actividades deportivas que estén patrocinadas, en todo o parte, o tengan publicidad de empresas dedicadas al juego en todas sus modalidades.

Por último, se recoge que el Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Economía y Hacienda y en el plazo de ocho meses desde la entrada en vigor de la modificación en caso de ser aprobada, deberá realizar un estudio sobre la fiscalidad referida al juego en la comunidad foral.