El Gobierno de Castilla-La Mancha va a invertir más de un millón de euros en la rehabilitación de la Ronda Suroeste de Toledo. Es una infraestructura básica para facilitar la movilidad de la ciudad de Toledo y su zona metropolitana, pero además, la CM-40, es la carretera principal si se quiere acceder al parque temático Puy du Fou.

El año pasado lo visitaron más de 1,7 millones de personas, “con lo que supone eso de desgaste para la vía”, según ha reconocido el director general de Carreteras, David Merino, que ha estado en la obra que se está llevando a cabo en la CM-40. “Esta variante soporta un creciente tráfico de vehículos que en alguno de sus tramos llega a 17.000 vehículos al día, gran parte de ellos vehículos pesados”.

Así que ha informado de que con esta obra “se va a proceder al fresado y reposición del pavimento del carril derecho de vehículos pesados en ambas calzadas, que se encontraba agrietado y había perdido su capacidad portante y además, se va a actuar en el pavimento de dos enlaces que se encuentran en mal estado”.

El parque afronta en la actualidad un proceso de ampliación en 36.000 m2, con una veintena de nuevas instalaciones y en el horizonte de 2035 se espera escalar en visitas a más de dos millones de turistas al año, incluso tres millones según otras cifras que se manejan, lo que supondría duplicar el número de visitas anuales.

Durante la tramitación de permisos ambientales para ampliar el parque temático, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha considerado “asumible” el tráfico previsto en la zona en el año horizonte 2035 durante el periodo punta de la mañana y dice que no se detectan problemas en horario de tarde o noche, en la CM-40. Los tres hoteles de Puy du Fou tendrán unas 500 habitaciones y estarán todos abiertos en 2032.

Puy du Fou pide un autobús urbano al ayuntamiento de Toledo

De forma reciente, y coincidiendo con el proyecto de ampliación del parque temático que ya tiene el visto bueno ambiental del Gobierno regional, la empresa multinacional que lo gestiona proponía que el Ayuntamiento de Toledo dedicase un autobús urbano, de forma expresa, para conectar la ciudad con Puy du Fou.

Sobre esta cuestión, Vox propuso impulsar una línea de autobús urbano a Puy du Fou, que financie “total o parcialmente” la empresa multinacional francesa, y que fue rechazada en el Pleno de Toledo -con el voto en contra de PSOE e IU y la abstención del PP-. “Un servicio público no puede estar al servicio de una empresa privada; esto no es un servicio esencial”, comentó el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, del PP, ante la moción del Grupo Municipal del partido ultra con la idea.

Todo está en The Wire, se decía por parte de los fanáticos de la serie de David Simon sobre la corrupción sistémica en Baltimore, que no era más que un trasunto de la corrupción en cualquier lugar del denominado mundo libre. La obra maestra del periodista trasciende a la ciudad portuaria norteamericana porque tiene el valor de hacerse universalizable y explicar el mundo entero. Es sencillo escudriñar en sus capítulos y encontrar alguna secuencia que enseñe cómo funciona nuestra sociedad y la representación corrupta que tiene en la política. 

Sigue el dinero, decía Lester Freamon, el policía que estudiaba desde una oficina cochambrosa y con pocos recursos la criminalidad de la ciudad estadounidense. Porque seguir el dinero enseña con claridad diáfana los casos de corrupción que tenemos estos días copando la agenda pública y que quedan enmarañados entre mil noticias inconexas, el ruido político, la falta de contextualización mediática y la ceguera sectaria de quien es minucioso con la corrupción ajena y encuentra cualquier justificación con la propia en aras de un bien mayor que puede ser derrocar al Gobierno o impedir la llegada de la reacción al poder. Para los que no justifican ninguna y entienden que la moral pública recta es un bien superior encontraran algo de luz siguiendo el dinero. 

Es imperativo acudir a la doctrina Freamon para entender los casos de los familiares y la corrupción con los que tenemos que lidiar estos días. Todos aquellos españoles que tienen problemas para llegar a final de mes, aquellos que saben lo que cuesta llenar la cesta de la compra, los que entienden que no pueden pagar 1000 euros al mes por un alquiler porque ganar eso cuesta sangre, sudor y lágrimas, saben, conocen, entienden con claridad, que nadie cobra 250.000 euros por maquetar unos informes que han gastado 18.000 euros hacer, y que nadie paga 500.000 euros por una empresa que tiene dos máquinas de depilar. Saben lo que cuesta cada cosa, y sobre todo saben lo que se sufre para ganarlo, pero sobre todo comprenden que nadie regala nada y menos esas fortunas que para una familia de clase trabajadora son toda una vida.

El noviete de la lideresa tenía una vida normal, no demasiado ostentosa, viviendo bien pero sin lujos, en un piso normal y corriente de un pueblo de la periferia de Madrid, hasta que conoció a Isabel Díaz Ayuso y su nivel de vida se disparó al calor de las concesiones y comisiones vinculadas a la presidencia de su novia. Ni más ni menos que 4,4 millones de euros se llevó Alberto González Amador desde que es novio de Isabel Díaz Ayuso por chanchullos con Quirón, que es la joya de la corona de la privatización de la sanidad que la lideresa favorece regando de dinero público a la empresa que le paga el ático al novio y que ella disfruta como partícipe a título lucrativo. Para lograr ese suntuoso negocio pagó medio millón de euros para comprar una empresa a la mujer del directivo de Quirón con el que hacía negocios. Una empresa de belleza que solo tenía un ordenador viejo y dos máquinas de depilar. Hacienda, que no es tonta, y cualquiera de nosotros, que tampoco lo somos, sospechamos que esa compra no era más que una simulación para pagarle una comisión al directivo del que dependían esos millones de euros que el consorte de la quironesa se agendó en solo tres años de noviazgo. 

Lester Freamon en The Wire pedía que siguiéramos el dinero porque siempre tiene línea ascendente y llegaría un momento en el que las instituciones querrían intervenir para cortocircuitar ese rastro según iba subiendo, en la serie, el policía tenía como intención llegar al senador Clay Davis, que era el destinatario final de más alto nivel y en el que se truncó la investigación. El caso del novio de Ayuso se puede considerar fiel descriptor de la doctrina Freamon porque cuando el caso empezó a escalar hacia la frutera mayor de la comunidad se inició una campaña que acabó con el Fiscal General del Estado lapidado con la colaboración del colegio de abogados de Madrid, que logró de manera sorpresiva la concesión de una universidad privada por parte de Ayuso, y un Tribunal Supremo echado al monte que aseguró sin disimulo que condenaba a alguien por un hecho que habría podido cometer él u otra persona de “su entorno”. 

Seguir el dinero es una buena manera de no perderse y no dejarse llevar por el relativismo moral de aceptar para los propios aquello que no toleramos para los otros. Cuando tengas dudas sobre los casos de corrupción y sientas que el ruido es tan ensordecedor que impide comprender nada simplemente sigue el dinero y verás lo fácil que es hallar todo lo podrido siguiendo su olor. La gente honrada vive de su trabajo y no puede aceptar que quienes buscan su favor con promesas para lograr su voto le pastoree intentando explicar que es normal enriquecerse de imaginativas formas fraudulentas solo porque aquel que odias tiene otras formas igual de imaginativas de enriquecerse. Seguid el dinero, el rastro no engaña.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado a la Audiencia de Málaga que dicte una nueva sentencia en el caso en el que fue absuelto el exedil de Benalmádena Francisco Salido por unas ayudas concedidas en 2011 a una asociación local para un comedor. Así, se estima parcialmente los recursos, pero solo cuanto al delito de infidelidad en la custodia de documento.

Un jurado popular consideró no culpable al entonces edil de Bienestar Social de los delitos de infidelidad en la custodia de documento y de malversación de caudales públicos en relación con el convenio suscrito por el Ayuntamiento con una asociación local para destinar ayudas a actuaciones de carácter social, como un comedor, y los documentos relacionados con estas subvenciones.

La magistrada-presidenta de dicho tribunal dictó una sentencia en la que absolvía al acusado de los dos delitos; pero ahora el TSJA ha estimado parcialmente los recursos de las acusaciones y anula dicha resolución, instando a que se dicte otra por la misma magistrada “y, con libertad de criterio, en relación al delito de infidelidad en la custodia de documentos, se motive y argumente la comisión o no del mismo por el concejal”.

“No era por ello responsable”

Así, se insta a que se llegue “a una conclusión condenatoria o absolutoria por dicho delito” en la nueva sentencia, “tomando en consideración lo que el jurado ha declarado probado desde un punto de vista no técnico ni jurídico, complementándolo, analizándolo y desgranado en derecho sus consecuencias”; pero “manteniendo su contenido respecto del delito de malversación de caudales públicos que se confirma íntegramente”, por lo que se mantiene la absolución.

En cuanto al delito de infidelidad de documentos, según la sentencia dictada en su momento, este acusado, “si bien era el concejal del Ayuntamiento de Benalmádena encargado del Área de Bienestar Social, no era por ello responsable de la custodia de los expediente y la documentación relativa a los procedimientos seguidos en dicha área”.

Se consideró probado que una vez iniciado expediente para comprobar el correcto cumplimiento del convenio, Salido junto con dos de los acusados “retiraron de las dependencias de la Unidad de Bienestar Social copia de las facturas entregadas como anexo” en la memoria justificativa de la subvención 2011 a 2012 y toda la documentación de otras ayudas.

En este sentido, el Tribunal de Málaga se mostró de acuerdo con que se retiró la documentación “sin firmar ningún documento justificando”, pero añadía que cuando Intervención solicitó dicha información los acusados “entregaron la que tenían hasta ese momento”, apuntando que “los gastos están justificados”.

“No se analiza por qué y en qué condición extrajo documentación”

Ahora, el TSJA señala que “si bien el concejal podría no ser el custodio directo de la documentación, no puede excluirse sin más que era el responsable político y de gestión que incluiría al menos cierta responsabilidad en el deber de custodia”, y en tal sentido “no se analiza en la sentencia el alcance jurídico de por qué y en qué condición extrajo la documentación pese, al parecer, la oposición del jefe de servicio”.

“Es incontrovertido que en su condición de concejal se llevó la documentación y no se motiva suficientemente en la sentencia su responsabilidad jurídica sobre la custodia de los documentos y consecuencias normativas de ello sobre el hecho enjuiciado, ni con qué finalidad se llevó la documentación; cualquier otra persona no hubiera podido hacerlo en las circunstancias en que se verificó”, dice el alto Tribunal andaluz.

Por eso añade que “la ausencia de motivación al respecto en la sentencia de la magistrada, que se limita a reproducir la conclusión del jurado en este aspecto, conculca derechos fundamentales en relación al derecho a la tutela judicial efectiva que exige una respuesta fáctica y jurídica, razonada y razonable, a todos los aspectos que son sometidos a debate en el juicio oral”.

Esto lleva a declarar la nulidad parcial de la sentencia dictada, como así se solicita subsidiariamente por el ministerio fiscal, “para que por la magistrada-presidenta, respetándose su decisión y argumentación respecto del delito de malversación de caudales públicos que confirmamos y que deberá permanecer invariable, dicte otra” en relación al de infidelidad en la custodia de documentos y “se motive y argumente la comisión o no del mismo” por el exedil.

El 27 de març de 2026, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, va anunciar que Disney gravaria als estudis de la Ciutat de la Llum, a Alacant, la superproducció cinematogràfica Enredados, la versió de carn i ossos del gran èxit d'animació amb què la multinacional de l'entreteniment va ingressar més de 650 milions d'euros el 2010.

Tanmateix, 23 dies abans de l'anunci del cap del Consell, el 4 de març, Sol Films 2026 SLU —filial d'Anima Stilking Films SL i productora encarregada del film— ja havia traslladat la seua seu social de Màlaga a Alacant. Setmanes abans d'aquest moviment administratiu clau, desenes de treballadors de la companyia ja operaven a les instal·lacions de la Generalitat preparant decorats a l'espera de l'arribada dels actors.

L'anunci de Pérez Llorca a penes havia despertat expectació en el sector audiovisual i va arribar quan la productora ja portava prop d'un mes i mig treballant a la Ciutat de la Llum. No va ser fins a la presentació dels pressupostos de 2026, divendres passat, 29 de maig, quan es va fer públic el cost que suposarà per a les arques públiques la pel·lícula dirigida per Michael Gracey: cinc milions d'euros consignats en la secció de Despeses Diverses i articulats com a Projecte Estratègic de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana.

“És una ajuda com les que es donen a Ford, PowerCo (Volkswagen) o Stadler”, expliquen fonts de la Conselleria d'Economia. Aquestes tres multinacionals reben ajudes públiques de la Generalitat per a les respectives factories d'automòbils, bateries i trens.

L'anunci d'aquesta injecció de cinc milions d'euros a la productora malaguenya —ara amb seu a Alacant— ha generat malestar en el sector audiovisual valencià, que no se sent ni involucrat ni beneficiari del projecte. A més, l'escassa informació disponible fins ara sobre l'arribada de la producció de Disney a la Ciutat de la Llum ha alimentat alguns rumors que des de la Generalitat han tractat de desmentir, entre aquests, que la pel·lícula només es rodaria durant cinc dies a Alacant.

La realitat és que els rodatges van començar a l'abril i que ja hi ha centenars de persones treballant a la Ciutat de la Llum, segons expliquen des de la Conselleria d'Economia i treballadors consultats per elDiario.es. El rodatge es prolongarà entre huit i deu mesos, segons la versió oferida per Pérez Llorca i altres fonts coneixedores de la producció.

Encara que el gruix de les gravacions es realitzarà als estudis de cinema de la Generalitat, també està previst rodar escenes en diferents punts de la Comunitat Valenciana, així com a Burgos, Girona, Tarragona i Àlaba. Entre els noms previstos figuren la parella protagonista formada per Teagan Croft (Titanes) i Milo Manheim (Zombies), a més d'intèrprets coneguts com Kathryn Hahn (The Studio) i Diego Luna (Y tu mamá también).

El debat sobre els cinc milions

La controvèrsia sobre l'ajuda pública se centra en com s'articularà i sota quin concepte s'abonarà. “L'ajuda a Disney com a projecte estratègic s'està tramitant com absolutament tots els projectes estratègics de la Comunitat Valenciana. Es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana un decret amb tots els informes preceptius que justifiquen la subvenció nominativa”, argumenten des de la Conselleria d'Economia a preguntes d'elDiario.es.

Les mateixes fonts afegeixen: “Les dades d'impacte es publicaran juntament amb el decret. Com ocorre amb tots els projectes estratègics, l'entitat beneficiària haurà d'acreditar mitjançant factures abonades l'impacte econòmic per a poder rebre la subvenció”.

Segons la Conselleria, el pressupost de la Generalitat, en tindre rang de llei, obliga el Consell al seu compliment i tant la seua elaboració com la seua aprovació han sigut “totalment respectuoses amb les normes de transparència i publicitat”.

“Una vegada aprovat el pressupost, el procediment de concessió de l'ajuda, mitjançant decret del Consell, se sotmés a un rigorós procés administratiu que garanteix, a més de la transparència, tots els informes jurídics i econòmics favorables, tant de l'Advocacia com de Pressupostos i Intervenció. Les xifres d'impacte també seran públiques en el moment de l'aprovació del decret”, apunten.

Per a rebre els diners, l'empresa haurà d'acreditar l'impacte econòmic promés a la Comunitat Valenciana mitjançant “una auditoria específica en la qual haurà d'aportar tota la documentació, incloses les factures abonades”. Segons les mateixes fonts, aquest impacte “està garantit tant en ocupació com en proveïdors” i quedarà “absolutament fiscalitzat”.

Preocupació per un possible conflicte amb les normes europees de competència

En el sector audiovisual ha emergit una preocupació de fons: que algun competidor denuncie aquestes ajudes davant les autoritats europees de competència, com va ocórrer el 2010 amb una denúncia impulsada per un estudi britànic i que va acabar anys després amb el tancament de la Ciutat de la Llum.

La justícia europea va obligar la Generalitat a retornar 265 milions d'euros en ajudes públiques i no va ser fins al 2022 quan es va alçar la sanció, després de les negociacions impulsades per l'expresident Ximo Puig i el Govern d'Espanya.

En un comunicat conjunt, les associacions de productores audiovisuals de la Comunitat Valenciana van recordar que aquella sanció de la UE per ajudes d'Estat il·legals “va provocar un enorme perjudici per a tota la indústria audiovisual espanyola i valenciana, truncant el desenvolupament d'una infraestructura cridada a convertir-se en un dels grans motors audiovisuals d'Europa”.

“Per això, resulta inevitable preguntar-se qui garanteix hui que determinades decisions no tornen a posar en risc el futur de la Ciutat de la Llum i de tot l'ecosistema audiovisual construït al seu voltant”, van denunciar.

Davant aquestes sospites, fonts de la Conselleria d'Economia sostenen que no preveuen un escenari similar al que va motivar el tancament dels estudis. “No té res a veure”, asseguren. Segons les mateixes fonts, “l'ajuda com a projecte estratègic compta amb tots els informes favorables”.

En el sector, tanmateix, persisteixen els dubtes. “Donen l'ajuda perquè treballen a la Ciutat de la Llum i el problema és que l'activitat en aquests estudis és molt baixa i els números no ixen. Injectar diners perquè passen de roig a negre ens situa una altra vegada en l'escenari del 2012. I això fa por. Ningú vol que tanquen la Ciutat de la Llum”, argumenta un conegut productor valencià.

Només 6,7 milions per a tot el sector audiovisual valencià

El sector audiovisual valencià també ha criticat l'elevat import destinat a la superproducció de Disney. “Resulta significatiu destinar una inversió directa de cinc milions d'euros a una empresa recentment traslladada a Alacant per a un únic rodatge quan a penes es consignen 6,7 milions per a tota la producció audiovisual valenciana”, van denunciar les associacions en un comunicat.

“Són 6,7 milions d'euros que impliquen desenes d'empreses valencianes i que obliguen a reinvertir un mínim del 150 % d'aquests diners en companyies i personal valencià. Parlem de produccions que es perllonguen durant tres anys i que han aconseguit èxits tant en festivals com la Berlinale, Canes o Sant Sebastià com pel que fa al nombre d'espectadors arreu del món. Una repercussió i una projecció reals de la imatge de la Comunitat Valenciana d'un valor incalculable”, van reivindicar.

La productora de Disney, que no ha respost a les telefonades ni a les preguntes enviades per correu electrònic dimarts passat per elDiario.es, ja està treballant als platons d'Alacant des de fa quatre mesos. Mentrestant, el procés administratiu per a injectar l'ajuda de cinc milions segueix el seu curs, encara que no hi haurà diners disponibles fins que s'aproven els pressupostos, que ja tenen el sí del PP i Vox.

El 27 de marzo de 2026, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anunció que Disney grabaría en los estudios de la Ciudad de la Luz, en Alicante, la superproducción cinematográfica Enredados, la versión de carne y hueso del gran éxito de animación con el que la multinacional del entretenimiento ingresó más de 650 millones de euros en 2010.

Sin embargo, 23 días antes del anuncio del jefe del Consell, el 4 de marzo, Sol Films 2026 SLU —filial de Anima Stilking Films SL y productora encargada del filme— ya había trasladado su sede social de Málaga a Alicante. Semanas antes de ese movimiento administrativo clave, decenas de trabajadores de la compañía ya operaban en las instalaciones de la Generalitat preparando decorados a la espera de la llegada de los actores.

El anuncio de Pérez Llorca apenas había despertado expectación en el sector audiovisual y llegó cuando la productora ya llevaba cerca de un mes y medio trabajando en la Ciudad de la Luz. No fue hasta la presentación de los presupuestos de 2026, el pasado viernes 29 de mayo, cuando se hizo público el coste que supondrá para las arcas públicas la película dirigida por Michael Gracey: cinco millones de euros consignados en la sección de Gastos Diversos y articulados como Proyecto Estratégico de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana.

“Es una ayuda como las que se da a Ford, PowerCo (Volkswagen) o Stadler”, explican fuentes de la Conselleria de Economía. Estas tres multinacionales reciben ayudas públicas de la Generalitat para sus respectivas factorías de automóviles, baterías y trenes.

El anuncio de esta inyección de cinco millones de euros a la productora malagueña —ahora con sede en Alicante— ha generado malestar en el sector audiovisual valenciano, que no se siente ni involucrado ni beneficiario del proyecto. Además, la escasa información disponible hasta ahora sobre la llegada de la producción de Disney a la Ciudad de la Luz ha alimentado algunos bulos que desde la Generalitat han tratado de desmentir, entre ellos, que la película solo iba a rodarse durante cinco días en Alicante.

La realidad es que los rodajes comenzaron en abril y que ya hay cientos de personas trabajando en la Ciudad de la Luz, según explican desde la Conselleria de Economía y trabajadores consultados por elDiario.es. El rodaje se prolongará entre ocho y diez meses, según la versión ofrecida por Pérez Llorca y otras fuentes conocedoras de la producción.

Aunque el grueso de las grabaciones se realizará en los estudios de cine de la Generalitat, también está previsto rodar escenas en distintos puntos de la Comunitat Valenciana, así como en Burgos, Girona, Tarragona y Álava. Entre los nombres previstos figuran la pareja protagonista formada por Teagan Croft (Titanes) y Milo Manheim (Zombies), además de intérpretes conocidos como Kathryn Hahn (The Studio) y Diego Luna (Y tu mamá también).

El debate sobre los cinco millones

La controversia sobre la ayuda pública radica en cómo se articulará y bajo qué concepto se abonará.

“La ayuda a Disney como proyecto estratégico se está tramitando como absolutamente todos los proyectos estratégicos de la Comunitat Valenciana. Se publicará en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana un decreto con todos los informes preceptivos que justifican la subvención nominativa”, argumentan desde la Conselleria de Economía a preguntas de elDiario.es.

Las mismas fuentes añaden: “Los datos de impacto se publicarán junto con el decreto. Como ocurre con todos los proyectos estratégicos, la entidad beneficiaria tendrá que acreditar mediante facturas pagadas el impacto económico para poder recibir la subvención”.

Según la Conselleria, el presupuesto de la Generalitat, al tener rango de ley, obliga al Consell a su cumplimiento y tanto su elaboración como su aprobación han sido “totalmente respetuosas con las normas de transparencia y publicidad”.

“Una vez aprobado el presupuesto, el procedimiento de concesión de la ayuda, mediante decreto del Consell, sigue un riguroso proceso administrativo que garantiza, además de la transparencia, todos los informes jurídicos y económicos favorables, tanto de la Abogacía como de Presupuestos e Intervención. Las cifras de impacto también serán públicas en el momento de aprobación del decreto”, apuntan.

Para recibir el dinero, la empresa tendrá que acreditar el impacto económico prometido en la Comunitat Valenciana mediante “una auditoría específica en la que deberá aportar toda la documentación, incluidas las facturas abonadas”. Según las mismas fuentes, ese impacto “está garantizado tanto en empleo como en proveedores” y quedará “absolutamente fiscalizado”.

Preocupación por un posible conflicto con las normas europeas de competencia

En el sector audiovisual ha emergido una preocupación de fondo: que algún competidor denuncie estas ayudas ante las autoridades de competencia europeas, como ocurrió en 2010 con una denuncia impulsada por un estudio británico y que acabó años después con el cierre de la Ciudad de la Luz.

La justicia europea obligó a la Generalitat a devolver 265 millones de euros en ayudas públicas y no fue hasta 2022 cuando se levantó el castigo, tras las negociaciones impulsadas por el expresidente Ximo Puig y el Gobierno de España.

En un comunicado conjunto, las asociaciones de productoras audiovisuales de la Comunitat Valenciana recordaron que aquella sanción de la UE por ayudas de Estado ilegales “provocó un enorme perjuicio para toda la industria audiovisual española y valenciana, truncando el desarrollo de una infraestructura llamada a convertirse en uno de los grandes motores audiovisuales de Europa”.

“Por ello, resulta inevitable preguntarse quién garantiza hoy que determinadas decisiones no vuelvan a poner en riesgo el futuro de Ciudad de la Luz y de todo el ecosistema audiovisual construido a su alrededor”, denunciaron.

Ante estas sospechas, fuentes de la Conselleria de Economía sostienen que no contemplan un escenario similar al que motivó el cierre de los estudios. “No tiene nada que ver”, aseguran. Según las mismas fuentes, “la ayuda como proyecto estratégico cuenta con todos los informes favorables”.

En el sector, sin embargo, persisten las dudas. “Dan la ayuda para que trabajen en la Ciudad de la Luz y el problema es que la actividad en esos estudios es muy baja y los números no salen. Inyectar dinero para que pasen de rojo a negro nos sitúa otra vez en el escenario de 2012. Y eso da miedo. Nadie quiere que cierren la Ciudad de la Luz”, argumenta un conocido productor valenciano.

Solo 6,7 millones para todo el sector audiovisual valenciano

El sector audiovisual valenciano también ha criticado el elevado importe destinado a la superproducción de Disney.

“Resulta significativo destinar una inversión directa de cinco millones de euros a una empresa recién trasladada a Alicante para un único rodaje cuando apenas se consignan 6,7 millones para toda la producción audiovisual valenciana”, denunciaron las asociaciones en un comunicado.

“Son 6,7 millones de euros que implican a decenas de empresas valencianas y que obligan a reinvertir un mínimo del 150% de ese dinero en compañías y personal valenciano. Hablamos de producciones que se prolongan durante tres años y que han logrado éxitos tanto en festivales como la Berlinale, Cannes o San Sebastián como en número de espectadores en todo el mundo. Una repercusión y una proyección real de la imagen de la Comunitat Valenciana de un valor incalculable”, reivindicaron.

La productora de Disney, que no ha respondido a las llamadas y las preguntas por correo electrónico enviadas el pasado martes por elDiario.es, ya está trabajando en los platós de Alicante desde hace cuatro meses. Mientras tanto, el proceso administrativo para inyectar la ayuda de cinco millones sigue su curso, aunque no habrá dinero disponible hasta que se aprueben los presupuestos, que ya tienen el sí de PP y Vox.

Una decena de colectivos ecologistas han firmado un manifiesto este viernes, 5 de junio, con motivo del Día Mundial del Medioambiente, para exigir que se paralice la construcción del proyecto de la conexión subfluvial, un túnel de 3,2 kilómetros que cruzará por debajo de la ría del Nervión-Ibaizabal, uniendo directamente la rotonda de Artaza (Leioa/Getxo) con la rotonda de Ballonti (Portugalete/Sestao/Trapagaran).

Desde el anuncio del proyecto, cuyas obras con un presupuesto total de 543,7 millones de euros y que comenzarazán este año, la Diputación de Bizkaia defiende que la subfluvial será una alternativa al tensionado puente de Rontegi, único paso de tráfico rodado entre ambas márgenes en 11 kilómetros. Permitirá recorrer en 4 minutos lo que hoy se tarda cerca de 15, siempre que el tráfico sea fluido, y se construirá totalmente soterrado, sin afectar al paisaje ni a la superficie del entorno, según la versión oficial. “Serán dos túneles gemelos, uno para cada sentido, cada uno con dos carriles y arcenes de seguridad, preparados para absorber gran volumen de tráfico y mejorar la fluidez en toda la red viaria. El futuro subfluvial unirá las rotondas de Artaza (Leioa) y Ballonti (Portugalete) en apenas 4 minutos, gracias a un trazado de 3,2 km de túnel y 2 km adicionales de accesos soterrados, descongestionanado ejes saturados como el puente Rontegi, La Avanzada y la A-8 en Barakaldo. El túnel bajo la ría se proyecta como una alternativa que redistribuirá el tráfico y reducirá en 38.000 vehículos diarios de media la carga sobre Rontegi. Según las estimaciones, también aligerará a La Avanzada en 18.500 vehículos diarios y a la A-8 en otros 17.500. Así, el subfluvial registrará una intensidad media de 50.000 vehículos diarios”, informan desde la entidad foral.

Sin embargo, para los colectivos ecologistas entre los que se encuentran Subflubiala EZ (asociación vecinal creada para manifestarse contra este proyecto en concreto), Fridays For Future, Ekologistak Martxan, Sukar Horia, Greenpeace, Jauzi Ekosoziala, Extinction Rebellion, Herri Bideak Kate Barik Elkartea, Euskal Gune Ekosozialista, Eguzki, Meatzaldea Bizirik, Eguzkizaleak Konpartsa y Biziz Bizi, el proyecto supone una “importante amenaza contra el medioambiente”. “La construcción de la autovía subfluvial de Lamiako provocará un deterioro del medioambiente. Para su construcción se destruirán importantes espacios verdes, como el parque Artaza, pulmón verde de Getxo y Leioa, y las bocas del túnel se convertirán en chimeneas de gases contaminantes. Esto tendrá un impacto negativo muy importante en las vecinas de la zona, y especialmente en las personas más vulnerables, como las personas mayores y los niños que estudian en el instituto de Artaza-Romo”, lamentan las asociaciones.

Los niños a los que se refieren los ecologistas en el manifiesto son los alumnos del IES Artaza Romo, en Getxo, cuya dirección ha comunicado a las familias que el alumnado del edificio RomoHandi se trasladará durante el próximo curso 2026/2027 a otros centros del municipio, en concreto al Colegio de Romo y al Colegio de Lamiako por las obras previstas en el centro y que forman parte de las actuaciones necesarias para adaptar el edificio durante el desarrollo del proyecto del subfluvial.

Otra de las cuestiones que critican en relación con el medioambiente es que, según sostienen, “la subfluvial provocará irremediablemente el aumento de las emisiones del sector del transporte, debido al fenómeno de la demanda inducida, tal y como se reconoce en la documentación oficial, con aumentos del tráfico del 33% para 2048”. “De hecho, la declaración de impacto ambiental del proyecto reconoce explícitamente que el proyecto es contrario a los principios de movilidad sostenible recogidos en los planes europeos, estatales y autonómicos, como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El planeta está pidiendo ayuda, y esa ayuda requiere detener proyectos ecocidas como la subfluvial, e invertir en fomentar el transporte público y la movilidad activa, reducir la contaminación y proteger los espacios verdes y naturales”, critican los ecologistas.

Por ello, los colectivos firmantes, preocupados por el medio ambiente y comprometidos con la movilidad sostenible, han instado a la Diputación Foral de Bizkaia a que suspenda la construcción de la autovía subfluvial de Lamiako y que “invierta los más de 500 millones de euros presupuestados en políticas de movilidad sostenible, que refuercen el transporte público y desincentiven el uso del automóvil privado”. “Las próximas décadas son decisivas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, reducir la contaminación, y recuperar y proteger la biodiversidad y espacios naturales. En concreto, en Euskadi, el sector del transporte es el que más emisiones de gases de efecto invernadero genera, el 41% del total según IHOBE, el único sector en el que siguen aumentando, y la mayoría de esas emisiones provienen del transporte por carretera. Además, produce una importante contaminación atmosférica, debido no solo a las emisiones por el tubo de escape, pero también por las partículas generadas por el desgaste de frenos, asfalto y neumáticos. Esto, unido a la destrucción de espacios naturales para la construcción de grandes autopistas, como el caso de Bolintxu y la Supersur, coloca al sector del transporte como uno de los ejes clave de la acción medioambiental en Euskadi”, han concluido.

El 11 de octubre de 2021 el Museo Vasco de Bilbao (Euskal Museoa) cerró sus puertas al público con el objetivo de reformar el antiguo edificio del Casco Viejo que lo acogía. Tras casi cinco años, la pinacoteca, que busca seguir siendo “la puerta a la cultura vasca”, pero con un foco más internacional, ha vuelto a abrir sus puertas, este jueves a medios de comunicación y a representantes institucionales y el próximo 10 de junio al público en general con entrada gratuita durante los 10 primeros. “Queremos convertirnos en la puerta a la cultura vasca y que este sea un museo de sociedad con un marcado carácter internacional en el que el público local y aquellas personas que nos visitan conozcan la historia, cultura y costumbres del pueblo vasco. Como no, el euskera, la sabia que hace crecer este proyecto que camina desde la tradición y las raíces hasta la visión más contemporánea. Nuestro objetivo con esta reforma integral de los espacios es que se reunieran las condiciones museológicas para la exhibición de la colección ajustada a las normativas actuales sobre todo de accesibilidad, sostenibilidad y de actividad museística”, ha explicado durante la presentación del nuevo museo la Directora Gerente de Euskal Museo Bilbao, Sorkunde Aiarza.

El museo ha “ganado” más de 5.000 metros cuadrados dedicado a exposiciones con las nuevas obras que han abarcado distintos edificios. Para ello, se ha contado con una inversión por parte de la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao de 20.397.401,53 euros. Además del ámbito arquitectónico, la entidad plantea una nueva museografía en la que se han recuperado y restaurando piezas de la colección nunca antes mostradas al público. En la reforma han intervenido cerca de 800 profesionales, se han utilizado más de 200.000 kilos de acero en hormigones armados, 1.500 metros cuadrados de nuevos forjados de distinta tipología y 12.000 metros cuadrados de revestimientos de mortero de cal en paredes exteriores, interiores y techos. “Para la colocación de los vidrios del edificio Claustro ha sido necesario abrir huecos en los forjados, de modo que, mediante una grúa, pudieran descender por estos accesos abiertos hasta la planta correspondiente. Una vez en cada nivel, y con la ayuda de un robot mecánico y ventosas, los vidrios se han ido colocando uno a uno. Se trata de piezas de gran tamaño, con un peso aproximado de 800 kg. El proyecto plantea una síntesis entre los orígenes del conjunto histórico - clasicismo romano importado por los Jesuitas en el s.XVII - y los materiales de la tradición de la cultura vasca vinculados al lugar, como son la piedra, la madera y el acero. El resultado pretende una arquitectura unificadora y austera resuelta mediante sistemas constructivos tradicionales diseñados desde una óptica contemporánea”, ha detallado el arquitecto Antonio Vaíllo.

Con el final de la remodelación, el museo cuenta con distintos espacios, empezando por 'Misericordia', la planta baja que supone la carta de presentación del Museo, “las raíces del roble”, como han querido expresar los arquitectos que han desarrollado el proyecto. “Aquí tienen cabida el territorio y el patrimonio antropológico; este último, representado por piezas joya icono de gran volumen de los fondos del Museo, como la cocina económica para leña y carbón fabricada a comienzos de la década de 1940 por la fundición bilbaína Sagarduy e Hijos para el Restaurante Victor de Bilbao”, han detallado.

Le sigue el 'Claustro' del siglo XVII, en torno al cual se articulaba el antiguo colegio de los Jesuitas. Se trata del espacio que acoge la exposición semipermanente ofreciendo una visión general del patrimonio histórico y antropológico colectivo del pueblo vasco. Preside este espacio el ídolo de Mikeldi, una escultura zoomorfa de bulto redondo, datada en la II Edad del Hierro (Siglos V -- I a.C.) y que se ha convertido en una de las piezas más significativas de Euskal Museoa.

Además, el museo cuenta con la sala Unamuno, un espacio con su “propia entidad y discurso”, según han detallado, pero que por el momento no estará visible al público, ya que se mostrará en una segunda fase que tendrá lugar en septiembre y octubre. “El objetivo es dignificar estos espacios dentro de la gran renovación museográfica dándoles mayor protagonismo y visibilidad de forma individual”, han destacado. Otra de las salas, bajo el nombre de 'Bil(v)bao', muestra la transformación de la Villa en un pujante territorio industrial en torno a la Ría y 'Lapikotik' se trata de un laboratorio gastronómico destinado a talleres y creación.

El museo mostrará también su depósito de obras a partir de visitas guiadas junto al equipo técnico para conocer de primera mano cómo se conservan y se restauran las piezas de la colección, exposiciones temporales que irán cambiando a lo largo del año y 'Kurtze', un edificio extra en el que se encuentra la sala polivalente para celebrar conferencias o coloquios, la biblioteca o el área de conocimiento, destinado al servicio educativo de la institución. En este último, se realizarán actividades y talleres familiares diseñados por parte del Departamento de Educación del Gobierno vasco.

50.000 piezas de la cultura vasca

La colección etnográfica del Museo Vasco cuenta con 50.000 piezas -objetos, fotografías, documentos y testimonio- que muestran la riqueza material e inmaterial de la sociedad vasca a través de sus tradiciones y procesos de cambio cultural durante más de cinco siglos. “El interés inicial por recopilar y documentar la diversidad del patrimonio cultural vasco se ha ampliado con obra gráfica y fotográfica. Así, las piezas transcienden del contexto puramente etnográfico, abriendo nuevas líneas de investigación que continúan desarrollándose y contribuyendo a ampliar las visiones y conexiones con la historia cultural vasca”, han informado desde el museo.

El museo acoge en sus distintas secciones espacios dedicados al pastoreo, a la vestimenta antigua de los vascos o a materiales como sillería y ebanistería, procedentes de ámbitos agrícolas, domésticos, artesanales, industriales y urbanos. A modo de ejemplo se muestran las dimensiones de la troje del caserío de Ortuguren de Elorrio, un telar de Zeanuri para transmitir los conocimientos de la época, grabados de las 'lertxun marrak' (grabados que los pastores vascos tallaban a navaja en la corteza de los álamos durante su estancia en las montañas del oeste de Estados Unidos en California, Nevada y Oregón durante los siglos XIX y XX) o la propia cocina del antiguo restaurante Víctor de Bilbao, creado en los años 40, cuyas cazuelas, mostradas en el museo, alimentaban a una ciudad industrial en crecimiento.

El alcalde de Bilbao ha descrito el museo como algo “vivo, inclusivo y abierto al mundo”. “La reapertura de Euskal Museoa Bilbao supone un hito para nuestra ciudad, y así se presenta: como un museo vivo, inclusivo y abierto al mundo, al servicio de la ciudadanía y la cultura vasca. Hablamos de una institución centenaria con un fuerte arraigo en el Casco Viejo y en la historia de la Villa, que hoy se renueva para seguir siendo guardián de la identidad, la memoria y el patrimonio cultural vasco, a la altura de un museo de proyección internacional. Y es que la cultura ha sido siempre uno de los pilares sobre los que se ha construido Bilbao; una cultura como bien común y de cohesión social”, ha expresado.

Por su parte, Elixabete Etxanobe, Diputada de General de Bizkaia, ha señalado que el museo es “un espacio diferencial dentro de un sistema más amplio”. “Bizkaia ha construido una red de infraestructuras culturales coherente y ambiciosa. Y en ese sistema, Euskal Museoa ocupa una posición singular: un punto de encuentro que da coherencia a todo ese conjunto. Un lugar que nos presenta al mundo y donde la ciudadanía vasca puede encontrar el hilo que conecta su hoy con una memoria de siglos”, ha concluido.

Esta semana el Gobierno ha presentado en la Moncloa el sello 'España. Cultura Viva', una marca de excelencia para exportar nuestra creación al mundo dentro del Plan Nacional de Acción Cultural en el Exterior 2026-2028 . Mientras tanto, en algún pueblo de Cuenca, de Guadalajara o de Albacete, una ermita románica espera que alguien recuerde que existe. Y un alcalde de treinta habitantes ofrece una casa por un euro a cambio de que alguien venga a habitarla. Entre la espada y la pared, la cultura española busca su puerta del medio.

La espada es el escaparate. La política cultural convertida en marca, en sello, en hashtag para Bienales y cumbres iberoamericanas . Una cultura que se mide en exportaciones, en presencia en Seúl o en São Paulo, en la capacidad de seducir mercados. No está mal: un país que no se cuenta fuera, se borra dentro. Pero cuando la cultura se piensa solo como producto exterior, el patrimonio que no cabe en el folleto turístico se queda esperando una subvención que llega tarde, poco y mal.

La pared es la nostalgia. La idea de que el patrimonio rural es un asunto de arqueólogos y de cronistas locales, una colección de piedras venerables que hay que proteger del paso del tiempo como si fueran flores secas. Castilla-La Mancha acaba de convocar 450.000 euros para investigar patrimonio arqueológico y paleontológico , y Toledo inaugura la exposición del VIII Centenario de la Catedral Primada . Son buenas noticias, ninguna duda. Pero si el patrimonio se convierte solo en yacimiento, en vitrina o en efeméride, deja de ser cultura viva y se vuelve cultura embalsamada.

La puerta del medio es otra cosa. Es entender que el patrimonio no se exporta ni se entierra: se habita. Que una iglesia visigoda en un pueblo de cincuenta vecinos no necesita un sello internacional ni una urna de cristal, sino vecinos que entren a misa, niños que jueguen en su atrio, ferias que la rodeen, columnistas que la nombren. Que las casas a un euro no son una anécdota pintoresca para titulares de domingo, sino un síntoma: el patrimonio construido se cae porque ya no hay quien lo mire. Y lo que no se mira, no existe.

Esa puerta del medio exige una política cultural que se atreva a ser, a la vez, ambiciosa hacia fuera y minuciosa hacia dentro. Que financie la exposición de la catedral de Toledo y, en el mismo presupuesto, restaure el lavadero de un pueblo de la Serranía. Que presuma de Cervantes en el Instituto homónimo de Seúl y, simultáneamente, garantice que en Sigüenza, en Belmonte o en Alarcón haya librerías abiertas. Que entienda que la marca 'España. Cultura Viva' solo será verdad cuando la cultura siga viva donde más cuesta mantenerla: en los territorios que llevan décadas perdiendo gente, escuelas y memoria.

Porque la espada hiere y la pared detiene, pero la puerta del medio obliga a caminar. Y caminar, en esta España vaciada que tantas veces se ha nombrado y que transita a través de la cultura hacia la España Disponible, sigue siendo el verbo más político que conocemos. Disponible no es vacía: es la que ofrece espacio, silencio, piedra, oficio y memoria a quien quiera ponerlos a trabajar. La que deja de definirse por lo que ha perdido y empieza a contarse por lo que aún tiene para dar. Quien no quiera elegir entre la cultura escaparate y la cultura museo tendrá que aprender a defender una tercera: la cultura habitada. La que no se exporta ni se conserva: la que, sencillamente, se vive. Esa es la puerta del medio. Y esa es, también, la única España que merece la pena seguir nombrando.

El Grupo Municipal Socialista de Ciudad Real ha denunciado lo que considera “un escándalo” en la gestión del alcalde, Francisco Cañizares (PP), tras destinarse cerca de 4.500 euros de fondos del Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo (IMPEFE) “a sufragar gastos relacionados con un acto del Partido Popular Europeo celebrado en la capital”.

La portavoz socialista, Sara Martínez, ha acusado al regidor de realizar “una utilización partidista y absolutamente vergonzosa del dinero público” y ha advertido de que “este asunto no termina aquí, porque el PSOE seguirá exigiendo explicaciones y responsabilidades políticas”, explican desde la formación política.

Según ha explicado Martínez en rueda de prensa, el Gobierno municipal habría cargado al Plan Estratégico del IMPEFE varias facturas vinculadas directamente a un encuentro político del Partido Popular Europeo. Entre los gastos asegura el PSOE “se encuentran 2.500 euros para la sonorización del acto, 1.820 euros destinados a una cena y otros 170 euros correspondientes a una visita cultural, alcanzando un importe cercano a los 4.500 euros”.

“No estamos hablando de dinero abstracto, sino de recursos públicos que salen de los impuestos de todos los vecinos y vecinas de Ciudad Real y que deberían destinarse a generar empleo, apoyar al pequeño comercio, a autónomos y autónomas, a planes de formación y a oportunidades laborales para jóvenes y personas desempleadas”, ha lamentado Martínez.

El Ayuntamiento de Burgos, a través de su alcaldesa, Cristina Ayala, ha responsabilizado a los técnicos municipales por la contratación de catering a la empresa de su concejal y presidente de la Diputación y del PP, Borja Suárez, pero no les ha abierto expediente. Así lo han confirmado desde el Consistorio, desde donde tan sólo trasladan que se están “revisando” todos los contratos con Eventos El Espino SL.

 “Podíamos no haber hecho nada, podíamos no haber hecho un protocolo, pero en mi autoexigencia ética quiero que se las cosas se hagan como se tienen que hacer, nuestra ética es hacer mejor las cosas, incluso cuando nuestros servicios técnicos cometen un error como es el caso”, dijo Ayala en el último Pleno en el que se realizó una “toma de razón”, sobre la situación de Suárez. El Ayuntamiento sólo se interesó por los contratos de la empresa de su concejal cuando elDiario.es publicó la información: Borja Suárez tenía el 22% de una empresa -según su declaración de bienes, aunque luego reconoció un 33% a este medio- y aunque la ley prohíbe contratar cuando un concejal tiene más del 10%, se hizo. La normativa también contempla que Suárez debió ser obligado a elegir entre ser concejal y tener una empresa; sin embargo, eso nunca ocurrió. Los contratos son nulos de pleno de derecho, pero el dinero no se ha devuelto.

Lejos de asumir responsabilidades, Suárez culpó a los técnicos y aseguró que la ley dejaba “indefensos” a los concejales, y que se sentía “desamparado”. En los mismos términos se pronunció Ayala, y en otros muy similares el secretario municipal que aconsejó realizar un protocolo para que lo ocurrido no se repitiese. Borja Suárez aseguró en un primer momento que se desharía de las acciones “con harto dolor” y paulatinamente. La semana pasada aseguró en el Pleno que ya no tenía acciones de Eventos El Espino. ElDiario.es preguntó al Ayuntamiento si Suárez ha presentado algún documento que certifique que ya no tiene acciones, y éste ha sugerido que se remita a la periodista al Registro Mercantil. La gestión de conocer la titularidad real de cualquier empresa está vetada a todo el que no tenga interés legítimo, o lo que es lo mismo: a quien no sea socio o administrador de la mercantil en concreto. El Ayuntamiento no ha aclarado cómo ha podido constatar que la afirmación de Suárez es cierta.

La investigación de elDiario.es ha revelado hasta el momento no sólo que Suárez incumplió la ley, también que el Ayuntamiento comenzó a contratar a Eventos El Espino, una empresa creada en 2008, cuando Suárez entro en la corporación como concejal. Además, aunque desde el Ayuntamiento se niegan injerencias y afirman que a pesar de que lo reflejó en su declaración de bienes nadie sabía que esa empresa era suya, el PP de Burgos, presidido por Suárez, ha contratado a la empresa para eventos en los que acudieron cargos públicos, incluidos el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, o la propia Cristina Ayala. No sólo eso, además la Junta de Castilla y León ha estado publicitando, de manera opaca, a Eventos El Espino, incluyendo el enlace de su web de organización de bodas y otros eventos en el portal de Turismo y Patrimonio del gobierno autonómico.

Los partidos de la oposición, PSOE y Vox, han solicitado la dimisión de Borja Suárez sin éxito hasta el momento.

La Junta de Castilla y León promociona la empresa de eventos del presidente de la Diputación de Burgos y del PP provincial, Borja Suárez, en su portal de Turismo. Cualquiera que busque qué visitar en Santa Gadea del Cid, un municipio que apenas supera los 160 habitantes, acaba en una web para contratar bodas.

El Monasterio Convento de Nuestra Señora del Espino es un Bien de Interés Cultural (BIC), una figura jurídica para reconocer y proteger elementos del patrimonio cultural, tanto muebles como inmuebles bajo la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Según la web de la Junta, el monasterio “fue fundado por Pedro López de Padilla y su esposa Isabel Pacheco Padilla en 1477. En el convento estuvo, durante un tiempo, el manuscrito original del Cantar del Mío Cid. Actualmente, es un monasterio de la Orden de los Benedictinos. Se visitan la Iglesia y el claustro, ambos góticos y del siglo XV. Destaca una talla gótica de la Virgen”. En el apartado “¿Cuándo visitarlo?”, aparece directamente el enlace a la empresa de Suárez, que publicita todos los servicios que ofrece: bodas, convenciones de empresas y servicios de cáterin.

En el portal de Turismo se informa de multitud de monasterios y se incluyen horarios de visita y tarifas, si bien no se enlazan empresas privadas como es el caso de Eventos El Espino. Según la Consejería de Cultura y Turismo lo ocurrido en este caso es una “desactualización” y se atribuye al error de una empresa externa que se encarga de la información web de Turismo y Patrimonio de Castilla y León. Tras contactar elDiario.es con la Consejería, se ha dado la orden de eliminar el enlace a la empresa de Borja Suárez.

Tal y como publicó elDiario.es, cuando Borja Suárez tomó el acta de concejal en el Ayuntamiento de Burgos incluyó en su declaración de bienes la posesión del 22% de las acciones de Eventos el Espino SL y otro 22% de una empresa relacionada con esta y con los mismos socios, El Granero de San Francisco SL. Al tener más del 10% de acciones de ambas empresas, por ley no podía contratar con el ayuntamiento del que forma parte, y, sin embargo, desde que Suárez entró en la corporación municipal, comenzaron las adjudicaciones de eventos que eran nulas de pleno derecho. Es más, Suárez amplió sus acciones en 2025 hasta llegar a tener el 33%, un tercio de la empresa, y no modificó su declaración de bienes.

Los contratos públicos no son solo del Ayuntamiento, también contrató a Eventos El Espino la Junta de Castilla y León a través de dos de sus consejerías, la de Economía y la de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Una vez que estalló el escándalo, la alcaldesa, Cristina Ayala, pidió un informe al secretario municipal, que concluyó que los contratos son nulos y que Suárez debió elegir entre las acciones y el acta. Aunque desde el Ayuntamiento y desde el PP se argumenta que no se conocía la relación de Suárez con Eventos El Espino, lo cierto es que fue el cáterin elegido para algunos eventos del Partido Popular de Burgos, tal y como publicó elDiario.es.

Mientras los partidos en la oposición, PSOE y Vox, piden su dimisión, Suárez se agarra al acta de concejal argumentando que la culpa es de los técnicos municipales, que no actuaron bloqueando los contratos que se adjudicaron a dedo a su empresa. También insistió en la indefensión que había sentido al no conocer la normativa vigente desde 1984 y 1985 que impide contratar con empresas de cargos públicos. Hasta el momento, Suárez, que asegura que se ha deshecho ya de las acciones que tenía, no ha dimitido. El Ayuntamiento tampoco ha aclarado cómo se va a devolver el dinero público que se pagó a Eventos El Espino.

El PSOE de Castilla-La Mancha ha vuelto a pedir hoy explicaciones sobre cómo gestiona Vox el dinero público y ha reprochado al líder regional David Moreno que no se pronuncie cuando otros dirigentes de su partido están reclamando cambios internos, más transparencia y la convocatoria de un congreso extraordinario en la formación ultra.

De igual forma ha pedido a Paco Núñez -presidente del PP de Castilla-La Mancha- que exiga a los alcaldes de su partido que gobiernan con Vox que investiguen cómo usa su socio de gobierno el dinero público.

Los socialistas se pronuncian así después de que la vicealcaldesa de Toledo y líder local de Vox en la capital volviese a pedir a su partido “más transparencia” sobre la gestión interna del dinero porque hay “dudas”, tal y como explicaba en una entrevista publicada este fin de semana el The Objetive. Inés Cañizares volvía a insistir en la necesidad de una reflexión interna apenas unas semanas después de firmar un manifiesto para exigir un congreso extraordinario.

Hoy el PSOE, a raíz de estas declaraciones, se pregunta “cuál ha sido el papel de David Moreno y de la Ejecutiva regional de Vox en Castilla-La Mancha y si van a ofrecer a la ciudadanía una explicación transparente sobre el destino y utilización de esos recursos” cuando el pasado mes de diciembre se conocía que habían destinado parte del dinero que la formación recibe por su representación en las Cortes de Castilla-La Mancha “para sufragar gastos de personal de la estructura nacional del partido”.

La Intervención del Parlamento autonómico detectó la práctica y eso provocó un cambio en el Reglamento que rige el funcionamiento de las Cortes regionales. Se aprobó una modificación con el fin de que los fondos públicos que reciben los grupos parlamentarios se dediquen exclusivamente actividades vinculadas a la política regional, sin que puedan desvivarse a otros fines, como por ejemplo mejorar las finanzas de los partidos nacionales.

Un dardo a Paco Núñez para investigar a sus socios de gobierno

El PSOE de Castilla-La Mancha se ha dirigido también al Partido Popular. Ha dejado caer que esta misma práctica “se habría reproducido en distintos ámbitos municipales de Castilla-La Mancha”, donde los 'populares' gobiernan con Vox.

Los socialistas lanzan un dardo a Paco Núñez al que interpelan sobre la cuestión, sobre cómo está usando Vox el dinero en el ámbito local. “No puede seguir guardando silencio ante unos hechos que afectan directamente a instituciones en las que gobierna con Vox o ha sostenido acuerdos con esta formación”, señalan.

Los socialistas preguntan directamente al presidente regional del PP si va a pedir a sus alcaldes y alcaldesas que investiguen el uso del dinero de sus ayuntamientos por parte de Vox, o si, por el contrario, “va a continuar actuando como si no estuviera ocurriendo nada”.

“Después de lo que están diciendo los propios dirigentes de Vox, el PP ya no puede parapetarse en la indiferencia ni en el silencio. Tiene la obligación política de exigir transparencia, depurar responsabilidades y garantizar que ni un solo euro público haya sido utilizado de forma irregular”, señalan desde el PSOE regional.

Después de lo que están diciendo los propios dirigentes de Vox, el PP ya no puede parapetarse en la indiferencia ni en el silencio. Tiene la obligación política de exigir transparencia, depurar responsabilidades y garantizar que ni un solo euro público haya sido utilizado de forma irregular

Por otro lado, han apuntado a que una de las primeras comprobaciones “debería realizarse en municipios como Talavera de la Reina”, donde consideran necesario “esclarecer con detalle” cualquier actuación relacionada con el uso de los fondos públicos por parte de Vox. En aquella localidad, el teniente de alcalde es David Moreno, líder regional de la formación ultra.

“El dinero público es de los ciudadanos y ciudadanas, no de los partidos. Y quien haya utilizado recursos institucionales para fines ajenos a su función tendrá que dar todas las explicaciones y asumir todas las responsabilidades”.

Sin embargo, desde el PP, la secretaria general Carolina Agudo se ha limitado a decir que su formación no valora los asuntos internos de otros partidos.

La grieta de Vox sigue agrandándose

Los socialistas consideran que la “crisis abierta de Vox ya no puede ocultarse” y creen que la situación ha ido escalando en los últimos meses.

Sobre la falta de transparencia, el runrún interno en Vox, han recordado varios casos que consideran “de enorme gravedad” como las supuestas irregularidades contables de la asociación juvenil satélite de Vox, Revuelta, relacionadas con fondos destinados a víctimas de la dana y que llegaron a salpicar al diputado por Toledo en el Congreso, Manuel Mariscal.

Que la grieta se agranda en Vox lo ha vuelto a poner hoy en evidencia el portavoz de la extrema derecha en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, que ha cargado contra Inés Cañizares, una de las más críticas en su exigencia de cuentas a su partido: “Cuando estuvo en las altas esferas del partido y vio cómo funcionaba, no se quejó absolutamente de nada”.

Los fondos reservados financian las operaciones más ocultas en la democracia española. Eso no quiere decir que sea dinero público que se pueda usar para cometer crímenes sin impunidad. No es dinero ilegal, no es dinero negro. Existe de manera oficial y hay gente que lo maneja aunque no sepamos exactamente cuánto es ni a qué se destina en concreto.

Gracias al juicio de la Operación Kitchen, que comenzó hace una semana, descubrimos para qué no deberían ser los fondos reservados: para que la cúpula del Ministerio del Interior y los mandos policiales durante el primer gobierno de Rajoy organizaran de forma ilegal la destrucción de pruebas para que la justicia no pudiera investigar la caja B del PP tras la publicación de los papeles de Bárcenas. Y todos los indicios apuntan a que así fue. Nos explica qué son los fondos reservados, para qué se han solido usar en España y para lo que sirven realmente con el periodista de elDiario.es Pedro Águeda. 

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El PSOE de Tenerife ha reclamado este jueves que la reparación del Auditorio Adán Martín sea asumida por el arquitecto Santiago Calatrava y las empresas responsables de la obra, al tiempo que ha denunciado el retraso de dos años en la tramitación del proyecto por parte del Cabildo.

El portavoz socialista en el Cabildo, Aarón Afonso, valora en un comunicado la publicación este miércoles del proyecto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) como “un paso necesario” y subraya que el grupo Socialista apoyará su ejecución, pero advierte también de que “llega dos años tarde”.

Afonso recordó que en junio de 2022, con el PSOE en el gobierno insular, se exigieron responsabilidades por los vicios ocultos detectados en la infraestructura tanto al arquitecto como a las empresas constructoras, fijando un plazo de 19 meses para la presentación del proyecto técnico, que vencía en enero de 2024.

“Sin embargo, el gobierno de Rosa Dávila ha ido concediendo prórrogas y finalmente el proyecto se ha presentado en febrero de 2026, dos años después”, denunció.

El Grupo Socialista insiste en que, pese a que la reparación es imprescindible para garantizar la seguridad y conservación del Auditorio, no puede recaer sobre los tinerfeños y tinerfeñas.

“Estamos hablando de una obra necesaria y urgente y vamos a apoyarla, pero lo que no puede ocurrir es que los errores constructivos los termine pagando la ciudadanía. Esa responsabilidad debe recaer en Santiago Calatrava y en las empresas que ejecutaron la obra”, afirmó Afonso.

Dudas sobre el coste

Asimismo, los socialistas alertan de la falta de claridad sobre el coste real de la intervención. Aunque el proyecto fija una inversión de 16,48 millones de euros sin IGIC (más de 17,6 millones con impuestos), recuerdan que en 2022 el anterior equipo de gobierno ya estimó que el coste podría ser superior al incorporar el lucro cesante derivado de un posible cierre del recinto.

En este contexto, el PSOE de Tenerife acusa al gobierno insular de haber sustituido la firmeza en la defensa del interés público por una estrategia de prórrogas y negociación que ha retrasado la solución a un problema estructural que afecta a uno de los principales iconos culturales de la Isla.

Los socialistas reiteran su apoyo a la ejecución de las obras, pero exigen transparencia, rigor y determinación para que la solución no suponga un nuevo coste para la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Puertollano, en Ciudad Real, gobernado por el PP, quiere organizar dos festejos taurinos para los días 2 y 3 de mayo en la ciudad. Para ello, ha sacado a licitación mediante un procedimiento negociado y sin publicidad, la contratación de ambos eventos. En concreto, una novillada sin picadores y una corrida de toros en el Coso Polivalente de la localidad, dentro del programa de la próxima Feria de mayo.

El precio de licitación, así como el valor estimado del contrato, asciende a 75.000 euros que, sumados a 15.750 euros de IVA (un 21%), asciende a un total de 90.750 euros.

Así se establece en el pliego de cláusulas administrativas del Portal de Contratación Pública que ha consultado este medio con motivo de una denuncia hecha pública por la Fundación Franz Weber. Este colectivo considera que será “dilapidar” dinero público ya que en la ciudad no existe “una demanda social real”.  

“Sin esta aportación municipal ningún promotor querría arriesgar su dinero, por lo que la realidad evidencia que no existe una demanda de la ciudadanía del municipio por la tauromaquia y esta debe ser subvencionada de forma importante”, argumentan.

Al mismo tiempo afirman que mientras todos los estudios sociológicos “muestran que existe una mayoría de castellanomanchegos que no asiste a corridas de toros ni otras convocatorias taurinas”, el uso de dinero público “ayuda a sostener la actividad de forma artificial”.

En el pliego, el Ayuntamiento precisa que se considera justificada la utilización del procedimiento negociado sin publicidad, al concurrir “razones artísticas, actuaciones artísticas únicas y de exclusividad que limitan la competencia efectiva en el mercado” y hace referencia a un informe técnico municipal con fecha del pasado 3 de marzo.

50 entradas gratis para el propio Ayuntamiento

Además, el pliego contempla, entre otras curiosidades, la obligación de la empresa adjudicataria de entregar 50 entradas gratis “que serán discrecionalmente distribuidas por esta”, es decir, se destinarían a la propia Corporación local.

De hecho, el gasto no solo será de más de 90.000 euros, ya que el Ayuntamiento detalla en el documento obligaciones el empleo de la Banda de Música municipal, personal de plaza y maquinaria, o la preparación del ruedo, lo que sumaría costes a sendos eventos.

La Fundación Franz Weber destaca que el anuncio del contrato se produce semanas después del nuevo posicionamiento del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas al respecto de la participación de niñas, niños y adolescentes en la tauromaquia en España. Pero en el pliego no indica la posibilidad de acceso bonificado o con oferta especial  para personas menores de edad.

El Grupo Municipal de Izquierda Unida también ha expresado su “más enérgico rechazo” a esta iniciativa. “Este tipo de festejos no solo promueven una práctica que genera sufrimiento animal, sino que también ponen en cuestión los valores éticos y los derechos de los animales en pleno siglo XXI”.

Esos fondos podrían emplearse en políticas culturales inclusivas, educación, equipamientos deportivos o actividades que fomenten el bienestar de toda la población

Grupo Municipal de Izquierda Unida

De igual forma, rechazan que se destinen recursos públicos a financiar y promocionar espectáculos “que no cuentan con el consenso ni el respaldo mayoritario de la ciudadanía”, cuando esos fondos podrían emplearse en “políticas culturales inclusivas, educación, equipamientos deportivos o actividades que fomenten el bienestar de toda la población”.

Aseguran que este posicionamiento ya lo han manifestado en el pasado ante otros eventos taurinos programados en la ciudad, calificándolos como “un retroceso injustificable que aparta a Puertollano de su potencial desarrollo cultural moderno y respetuoso con los derechos de los animales”.

Este medio se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Puertollano para conocer su opinión sobre estas valoraciones y también para saber si se permitirá la entrada a menores a estos dos eventos, sin que de momento haya habido respuesta.

Desde la llegada del PP al Ayuntamiento tras las elecciones municipales de 2023, el nuevo equipo de Gobierno municipal ha hecho varios intentos por recuperar la tauromaquia, el primero de ellos en septiembre de ese mismo año con motivo de las fiestas patronales en honor de la Virgen de Gracia.

Lo hicieron con un curso para aficionados de toreo de salón (una modalidad que simula esta práctica sin utilizar animales), así como una jornada de puertas abiertas en la Plaza de Toros, día en el que también se hizo una exhibición de toreo de salón en el Paseo de San Gregorio.

Desde entonces, el Ayuntamiento ha apostado por ser “un referente taurino” en la comarca, un objetivo que también busca con la celebración de los eventos licitados para mayo.

En 2011, en pleno estallido de la crisis económica, una mujer acudió a los servicios sociales de Benalmádena. Esta mujer pidió ayuda para comer, algo habitual entonces, pero también contó una historia inusual: decía ser administradora de una empresa de la que quería desvincularse.

Este municipio de poco más de 75.000 habitantes en la costa del sol malagueña estaba sufriendo especialmente el estallido de la burbuja inmobiliaria: muchas viviendas quedaron abandonadas a medio hacer, cientos de empresas se ahogaban en deudas que trataban de sortear con trucos societarios y miles de familias perdieron su casa. La Delegación de Bienestar Social, dirigida por entonces por el concejal Francisco Salido, abrió ficha a la mujer y empezó a atenderla. Diez meses después había sido desahuciada de su vivienda, pero había firmado una oferta para hacer una obra valorada en 50.000 euros en Puerto Marina, el puerto deportivo de la ciudad.

El caso fue documentado por el interventor municipal en un informe de auditoría que destapó un gran fraude en Puerto Marina. El informe incluía un dictamen pericial sobre algunas firmas en presupuestos de obra: los presupuestos eran falsos, aportados solo para aparentar competencia y sus verdaderos firmantes eran dos personas de confianza de un concejal y consejero delegado del puerto. Meses después, la UDEF tomó declaración a varios empresarios que declararon no saber nada de los presupuestos que supuestamente habían presentado.

14 años después, a finales de 2025, la Audiencia Provincial de Málaga condenó a Salido, concejal de Bienestar Social (Unión Centro Benalmádena) y consejero delegado de Puerto Marina y a José Manuel López Merino, gerente del puerto, a cuatro años y cuatro meses de prisión, por amañar contratos de obra en el puerto.

La sentencia fue dictada a finales de octubre y no es firme. Este caso y el del comedor social, con los mismos implicados, agitaron durante años la política local. La salida de la concejala denunciante del partido local que lideraba Salido facilitó la llegada al poder del PSOE y, a su vez, una purga en el PP con la salida de la alcaldesa Paloma García Gálvez, que había cesado al concejal investigado. El cierre casi simultáneo de ambos juicios es el epílogo en diferido de aquellos años tumultuosos.

Contratos fraccionados, prórrogas y presupuestos “mendaces”

La sentencia confirma lo que ya denunció el interventor hace una década. Salido y López Merino, consejero delegado y gerente de Puerto Marina (empresa municipal de Benalmádena) “se pusieron de acuerdo para favorecer” a un empresario ya fallecido, con la “adjudicación fraudulenta de servicios y obras”, detalla la sentencia de la Audiencia Provincial, dictada el pasado 30 de octubre.

Los magistrados concluyen que Salido y López Merino trucaron la contratación de obras de Puerto Marina valorados en 600.000 euros usando una amplia gama de fraudes: contratos fraccionados, presupuestos adulterados, facturas repetidas, prórrogas y presupuestos “mendaces” de empresas que nunca fueron conscientes de que avalaban la presunta concurrencia pública en licitaciones adulteradas.

Así consiguieron favorecer sistemáticamente a un empresario, ya fallecido, que se embolsó dos millones de euros en cuatro años, casi la mitad de todo lo que adjudicó el Puerto en ese tiempo, según recogió el interventor. Alguna empresa constituida por este empresario fue agraciada con contratos de más de 100.000 euros anuales apenas cuatro meses después de constituirse.

La Audiencia los condena por los delitos continuados de prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública y falsedad en documento oficial, rebajando la pena por la demora en enjuiciar unas irregularidades cometidas hace tres lustros.

La investigación judicial empezó con un auto de fecha 14 de noviembre de 2012 y concluyó en sentencia de 30 de octubre de 2025. Los magistrados admiten que esta demora no tiene justificación. “Es indudable” que la causa es “compleja”, pero eso “no puede justificar la dilación padecida”, que califica de “superextraordinaria” y no achaca a los acusados.

Licitaciones sin pliegos

Uno tramitaba los expedientes y el otro los firmaba, de forma “arbitraria y manifiestamente injusta”, según los magistrados, que describen un sistema carente de cualquiera de los controles fijados por la ley de contratos. Para esas licitaciones no había pliegos técnicos ni administrativos, de modo que no se establecían criterios de adjudicación ni duración. En alguno de los casos, no había ni proyecto en el momento de empezar la obra, por lo que era imposible contrastarlo con las certificaciones de obra, “pudiéndose facturar la cuantía que se estimase oportuna”, observan los magistrados.

Además, se fraccionaban artificialmente para evitar así rebasar el umbral de 100.000 euros y no tener que sacarlos a concurso público. En teoría se tramitaban como procedimiento negociado invitando a tres licitantes a presentar ofertas, pero en realidad todos los presupuestos los elaboraba el mismo empresario, que tenía varias mercantiles, o se confeccionaban en nombre de empresas y personas que habían contratado antes con Puerto Marina o con el empresario, y no tenían idea de lo que ocurría. El objetivo era dar una apariencia de competencia que no existía. Así llegó aquella mujer a presentar una oferta para hacer obras por 50.000 euros.

El empresario logró de esta forma el mantenimiento de la zona portuaria, el mantenimiento de los jardines, el realce de los muelles de atraque y las obras de peatonalización, todas por importes entre los 100.000 y los 150.000 euros. Además, facturaba un extra por trabajos supuestamente extraordinarios que, según los magistrados, estaban incluidos en los contratos principales. En total, al menos 630.000 euros entre agosto de 2011 y agosto de 2012.

Fuera de la sentencia quedan, en cambio, tres de los cuatro años bajo la lupa y las licitaciones a otro empresario también cuestionadas por el interventor, que valoraba los contratos irregulares en más de tres millones de euros. No consta que el Ayuntamiento haya exigido una responsabilidad contable.

“No culpable” por las cuentas del comedor social

El caso discurrió en paralelo a la investigación de las presuntas irregularidades en las cuentas del comedor social, de las que Salido era también responsable. La Fiscalía pedía para él ocho años de prisión por malversación al no justificar gran parte los gastos del comedor municipal, gestionado por una asociación con fondos públicos, y por infidelidad en la custodia de documentos públicos, que desaparecieron del área de Bienestar Social cuando el interventor se disponía a examinarlo.

De ese juicio Salido y los directivos de la asociación, un de ellos el cuñado de Salido, han sido exonerados: un jurado popular les declaró “no culpables”. Tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento (que actúa como acusación particular) han recurrido la sentencia por entender que el veredicto del jurado incurre en errores manifiestos al valorar las pruebas.

Cuando se destaparon los hechos, en 2014, la alcaldesa Paloma García Gálvez (PP) destituyó a Salido (Unión Centro Benalmádena), que vio cómo su grupo político se desmembraba con la salida de Encarnación Cortés, la concejala que había denunciado la trama.

Al interventor, que documentó en un detallado informe las irregularidades por las que ahora se ha condenado a Salido y López Merino, lo purgaron cambiándole de puesto, en una decisión que un juzgado obligó a corregir. El interventor fue jubilado contra su voluntad. Uno de los responsables de las firmas adulteradas es personal de confianza del actual alcalde de Benalmádena, José Antonio Lara (PP).

Tizona Comunicación S.L. —bautizada con el mismo nombre que una de las dos espadas del Cid Campeador— es una pequeña empresa que se creó en 2018 al calor del crecimiento de Vox y que ha hecho trabajos de consultoría y comunicación para el partido ultra. Vox empezó a contratarla en 2019, como han constatado fuentes oficiales del partido. Detrás de esta pyme están dos personas del círculo íntimo de Santiago Abascal: Kiko Méndez-Monasterio y Gabriel Ariza. El primero es la sombra de Abascal, ha llegado a pactar en autonomías y ha tenido un papel esencial en las reuniones con el PP, aunque no tiene ningún cargo orgánico en el partido. El segundo es hijo del empresario de comunicación Julio Ariza, alineado con Vox en sus planteamientos y dueño de Intereconomía. Ariza hijo también asiste al líder del partido en viajes internacionales.

A partir de 2019, esta consultora “ofreció servicios de asesoría en comunicación; diseño y producción de materiales audiovisuales; la gestión de la página web; proveyó a los cargos de Vox de resúmenes diarios de prensa y se encargó de la formación de candidatos (oratoria; entrevistas; preparación de debates electorales...)”, según ha publicado en un comunicado el partido. Ese año, el Tribunal de Cuentas pidió documentación a la empresa ante las dudas que suscitaron facturas por valor de medio millón de euros. La pregunta que hacía el máximo órgano fiscalizador de España era qué trabajos exactamente había hecho y por qué se habían confiado todos a la misma empresa. Tizona, según ha podido saber elDiario.es, aportó decenas de correos y documentación para sostener en qué consistían concretamente esas consultorías y trabajos por los que había cobrado.

Al año siguiente, Vox casi triplicó las facturas pagadas a la empresa: 1,3 millones que fueron a parar a Tizona, según adelantó El País y han confirmado a elDiario.es fuentes cercanas a la cúpula del partido. ¿Por qué esa importante subida en la cantidad de dinero? Según el comunicado, “a Tizona se le encargó también la redacción de posicionamientos políticos, análisis estratégicos y geopolíticos y la redacción de discursos para los cargos políticos (...)”. La carga de trabajo que asumió Tizona para poder dar estos servicios le llevó a mantener una plantilla en los años 2019 y 2020 que oscilaba entre los 20 y los 25 profesionales de todos los ámbitos de la comunicación“, decían en redes este martes para justificar los pagos.

Las cuentas de Tizona enviadas al registro no dicen lo mismo. En 2019 reflejan una media de 6 empleados. Al año siguiente, en 2020, reflejan 11 trabajadores fijos y uno “no fijo”. Con los años, los empleados se han reducido hasta cero trabajadores, que son los que la empresa admite en sus cuentas de 2024. De hecho, en su comunicado de esta semana, el partido admitía que ha ido absorbiendo en su cuenta de gastos los salarios de muchos de estos empleados de Tizona: “A medida que el partido fue creciendo y ganando músculo, algunos de los trabajadores de Tizona se fueron incorporando a la estructura del propio partido incluso en puestos de relevancia pública dada su demostrada valía e implicación con Vox”. Es decir, reconocían un trasvase de empleados. Gracias a esa operación, los costes en personal de Tizona han pasado de 526.000 euros en 2020 a cero euros en 2024, últimas cuentas disponibles.

En 2020, el año en que Vox decidió pagar 1,3 millones a la empresa —que tiene como administrador único a Méndez-Monasterio y como socio único a Kalma Lectura, de la que fue administrador Gabriel Ariza— el partido reflejó 14,9 millones de ingresos (de los cuales 9,8 procedían del Estado).

En esa partida se incluye el dinero que el partido matriz recaudó de sus 'sucursales' gracias a un sistema que algunos líderes que se marcharon de Vox consideraban una cuota forzosa e injusta. En 2020, Vox implantó unos convenios por los cuales los grupos municipales debían mandar dinero a la sede de Madrid a cambio de servicios de consultoría o asesoría en redes, marketing o contabilidad, un funcionamiento parecido al de las franquicias comerciales. elDiario.es ha tenido acceso al audio en el que la directiva de Vox explicó a líderes locales estos trasvases al partido nacional, justificando que les dan materiales o les asisten en sus dudas y les hacen publicidad en redes. Estos convenios generaron malestar en varios territorios y críticas entre algunos líderes, que no renovaron candidatura, que veían cómo su caja propia menguaba en favor de la directiva de Santiago Abascal, que ingresaba en sus cuentas el dinero y luego lo administraba como quería. Además, era de dudoso encaje legal según la ley de Bases de Régimen Local.

En las cuentas de 2020, el partido admite que ha recibido 75.000 euros de doce grupos de Vox que consiguieron representación en ayuntamientos españoles y 994.000 de cinco instituciones parlamentarias —incluidos Congreso y Senado— en concepto de “aportaciones por los servicios prestados” desde la sede nacional, admiten las cuentas. Entre esos grupos parlamentarios está también el de la Comunitat Valenciana —que aportó a Vox 132.000 euros—, Andalucía —que transfirió 250.000— y Aragón —62.000—. Es una cifra parecida a la que el partido destinó ese mismo año a la empresa de los asesores de Abascal.

Según sus cuentas, Tizona obtuvo unos ingresos ese año de 1,4 millones, es decir, prácticamente todo su negocio como empresa está en el dinero que consiguió de su cliente Vox. Esta sociedad también ha trabajado y facturado para el sindicato Solidaridad y para la Fundación Disenso, aunque nunca se ha revelado cuántas facturas ha emitido o por qué conceptos. De hecho, ese mismo año 2020 es cuando se constituyó el think tank de Vox, que lanzó también Méndez-Monasterio. Los lazos entre la empresa y Vox se cruzan en las sedes. Tizona ocupó el local del partido, que estaba en la calle Nicasio Gallego de Madrid, cuando este se mudó a un local más grande, en la calle Bambú de la capital.

Precisamente la relación del partido con los asesores, las transferencias millonarias a Disenso o los 63.000 euros anuales que El Confidencial publicó que le pagó a la esposa de Abascal, una empresa con vinculación indirecta con Ariza, son las críticas centrales de los disidentes de Vox, que piden transparencia y conocer las facturas y proveedores del partido —que se financia con fondos públicos y cuotas de militantes—. De momento, la formación de Santiago Abascal no ha hecho pública su cuenta de proveedores, pero sí ha iniciado trámites para expulsar a críticos como Iván Espinosa de los Monteros o a Ortega Smith, este último ya fuera del partido.

Vox no ha respondido a las preguntas de elDiario.es enviadas por escrito hace una semana, pero fuentes oficiales sí han admitido que a la empresa Tizona se le pagaron 1,3 millones de euros en el año 2020.

El Gobierno de Canarias continúa con su huida hacia adelante para ocultar los nombres de los beneficiarios de las ayudas por el volcán de La Palma. Después de mandar a los tribunales a la Comisionada de Transparencia, que ha pedido hacer público los listados, el Ejecutivo regional ha aumentado el presupuesto de la partida, alcanzando la cifra de 340 millones de euros, y ha difundido en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) una nueva relación de subvenciones sin detallar las identidades de quienes las reciben.

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, liderada por la palmera Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria), ha cerrado la puerta a indicar quiénes perciben esas ayudas (exceptuando a las empresas, que sí figuran) mediante una orden que busca “evitar la divulgación de la condición de persona afectada por la erupción volcánica” y el “conocimiento público de la situación económica y patrimonial preexistente de cada una de ellas”.

Las subvenciones pretenden “compensar los perjuicios económicos” de la erupción de 2021 para reparar “el valor total del daño producido” (aunque no se detalla cómo se calcula eso). Por lo que divulgar cuánto dinero reciben los afectados revelaría cuánto tenían el día antes del desastre, según la tesis del Gobierno, algo que “no debe ser objeto de publicación ni difusión”. El Ejecutivo autonómico se apoya en un informe jurídico interno que recoge el “soporte legal” de esa limitación: el artículo 20.8 de la Ley General de Subvenciones.

“No serán publicadas las subvenciones concedidas cuando la publicación de los datos del beneficiario (…) pueda ser contraria al respeto y la salvaguarda del honor, a la intimidad personal o familiar de las personas físicas (…) y a la propia imagen”, recoge esa disposición. La Intervención General de la Comunidad Autónoma se ha limitado a señalar que mientras la orden no sea anulada “resulta imperativo su cumplimiento”. Y la Intervención General del Estado también la ha avalado sin entrar en el fondo del asunto.

Pero la decisión no ha estado exenta de polémica. La Comisionada de Transparencia, la también palmera Noelia García (Partido Popular), alcaldesa de Los Llanos de Aridane cuando estalló el volcán, ha defendido que sí deben hacerse público los nombres a raíz de un recurso del presidente de una asociación de damnificados por la erupción, Tierra Bonita, porque ser afectado por una catástrofe natural es un acontecimiento fortuito y “no es un hecho negativo que menoscabe la consideración social de la persona”.

La Comisionada defiende que la única excepción válida para no publicar esa información es cuando se trata de datos “especialmente protegidos”, estos son, el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, los datos genéticos, biométricos o relativos a la salud, los relativos a la vida sexual o a las orientaciones sexuales, y los referidos a condenas e infracciones penales, según viene en el artículo 7 del reglamento de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), que hace referencia a una regulación europea aprobada en 2016.

García sostiene que “es evidente” que ninguno de estos datos sería revelado como consecuencia de la publicación de estas ayudas. “A mayor abundamiento”, agrega, ser una víctima de una erupción volcánica “no es una circunstancia que lesione el derecho al honor y la intimidad de la persona”, puesto que, en su opinión, no se genera “ningún perjuicio añadido” a los ya padecidos por la propia catástrofe.

Con respecto al conocimiento de la situación patrimonial previa de los afectados, la Comisionada es igual de tajante. “Es evidente que la misma no está compuesta únicamente por el patrimonio inmobiliario afectado, sino por otros posibles elementos patrimoniales y fuentes de ingreso que no se revelan con la publicación de las ayudas”.

La resolución resalta que estos argumentos “no deben empañar las sólidas razones de interés público” para la publicación de todas las cifras que la ley exige en materia de subvenciones y ayudas, “teniendo en cuenta que se trata de distribuir el dinero procedente del pago de los impuestos por los ciudadanos: conocer quiénes son las personas que reciben dinero público, detectar posibles irregularidades o errores, evitar duplicidades, casos de fraude o cobro indebido, etc.”.

La Comisionada requirió al Ejecutivo que publicase los datos en junio del año pasado. Le recordó también que la orden que regula y establece el carácter anónimo de las ayudas es un acto administrativo de rango inferior a la ley y “no puede determinar la inaplicación de la normativa”. Pero el Gobierno presentó un recurso contencioso-administrativo como respuesta, algo inédito hasta ahora en el Archipiélago.

Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma han vuelto a sostener que ocultar los datos personales de los beneficiarios “es el resultado del juicio de ponderación entre transparencia y protección de la intimidad de los afectados”, añadiendo además que divulgarlos “requeriría el consentimiento expreso de cada uno” de ellos.

Pero el punto más relevante del recurso es la aplicación de la ley canaria de volcanes, de iniciativa popular y reciente aprobación, para elevar la prohibición de la difusión de la información a rango de ley. Después del requerimiento de la Comisionada (y después también de que pasara por el Consejo Consultivo), el Gobierno regional enmendó esa norma para incorporar un artículo, el 10.6, que convierte en ley la ocultación de los nombres de los beneficiarios de las ayudas con efectos retroactivos desde 19 de septiembre de 2021, fecha de la erupción.

“¿Cómo se han repartido los fondos? ¿Quién cobró primero? ¿Quién cobró después? ¿Y quién se quedó fuera? ¿Por qué no se publican los listados de ayudas? ¿Qué tienen que ocultar? Algunos dirán que hoy no es el día para hablar de esto, pero yo digo que sí, porque a esta isla no solo la cubrió el volcán con ceniza, después de las elecciones también las ha cubierto el silencio”, expresó en sede parlamentaria la diputada socialista Alicia Vanooestende, de La Palma, cuando se dio a conocer el dictamen sobre la ley de volcanes, con la enmienda ya incluida.

El Ejecutivo autonómico defiende que “este argumento es por sí solo suficiente para la estimación del recurso”. Pero alega igualmente que la orden que regula las subvenciones tiene “naturaleza normativa” al ser de “vigencia indefinida”, pues en su opinión “innova el ordenamiento jurídico con vocación de permanencia”. El Gobierno cita jurisprudencia del Supremo para defender que su orden no se trata de “unas bases exclusivas para una sola convocatoria y solo válidas para su aplicación única”, sino que “tiene validez para sucesivas convocatorias y se incorpora al ordenamiento jurídico”.

Expertos en transparencia y protección de datos consultados por Canarias Ahora se muestran divididos en esta cuestión. Carles San José Amat, licenciado en Derecho y jefe de Inspección de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) durante casi doce de años, cree que revelar los nombres de los afectados no afecta a su intimidad, sino que es un dato personal, sin más.

“Conocer el valor de una vivienda o de un vehículo o de los bienes que has perdido son datos personales, pero no íntimos”, expone. Para él, la “intimidad” está reservada legalmente para categorías especiales de datos, como la ideología, la salud o la religión. Pero en este caso “no entra el límite porque, claro, aplicando esta regla de tres que hace el Gobierno de Canarias, cualquier dato personal económico es íntimo”.

José Amat utiliza como ejemplo las expropiaciones forzosas. Si un particular quisiera conocer cuánto le ha costado al Gobierno de Canarias expropiar una finca de la que se conoce su titular (nombre que sí se hace público), la administración estaría “obligada” a dar esa cifra “y con eso estaría revelando que esa persona ha cobrado un millón de euros”, por ejemplo, “pero no entra en el límite de la intimidad”.

“Es que estamos hablando de dinero público. La gente tiene derecho a saber qué hace la administración y cómo lo hace cuando se trata de ello. A ver si resulta que las ayudas se están dando solo a familias con determinado apellido, o si están beneficiando, no sé, a personas de determinadas poblaciones porque tienen un color político concreto”, cuestiona el experto.

La jurista especializada en protección de datos Jeimy Poveda, no obstante, advierte que las autoridades de protección de datos han sido “categóricas” a la hora de indicar a las administraciones que identificar a los beneficiarios de ayudas “cuando esto pudiera suponer un perjuicio a su derecho a la protección de datos” podría constituir un incumplimiento de la normativa.

Poveda sí considera que el hecho de haber sido víctima de una catástrofe natural sitúa en una “posición de vulnerabilidad” a los afectados y que ello “requiere de mayor protección”. Aunque propone una solución para “cumplir de manera proporcionada y, a partir de un balance de derechos, con el derecho a la transparencia”: la seudonimización de los datos y otras técnicas que eviten su publicación en abierto, “de tal manera que solo quienes estén inmersos en el proceso puedan conocer la información de los demás”.

“Eso no supone una limitación al derecho de transparencia: los interesados pueden conocer los criterios utilizados para decidir, el baremo y las puntuaciones; y la ciudadanía puede acceder a información agregada sin que la lista publicada permita, por criterios de individualización, localización u otros, identificar fácilmente al beneficiario por terceros ajenos al proceso”, razona la también directora de la consultoría Dataseg, en Tenerife.

Manuela Battaglini, abogada y directora ejecutiva de la consultora de ética digital Transparent Internet, también aboga por la seudonimización y el “acceso limitado” a quien acredite interés y capacidad de acceso a los datos “bajo absoluta confidencialidad”. A ella le parece que la eliminación total de los nombres “parece una medida exagerada”.

“Está claro que es necesario proteger a los interesados, en particular porque muchos de ellos están en situaciones de vulnerabilidad que de ser más conocida sufrirían un mayor grado de estigmatizacion social. Pero a su vez es legítimo pensar en la transparencia”, resume.

Por último, Noel Armas, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Sevilla, cree que “es discutible” acceder a este tipo de información porque la legislación de protección de datos “es muy celosa” al respecto, por lo que cualquier petición tendría que “estar muy bien justificada”. Como “solución de compromiso”, sí ve viable la entrega de listados “debidamente anonimizados” en los que pueda verse cuántas personas están recibiendo las subvenciones, cuánto dinero recibe cada una, si hay quienes han recibido ayudas y por qué o si existe alguna supervisión ‘a posteriori’ de los requisitos.

Tot va començar sobre una pista de pàdel. La data: setembre de 2003. L'escenari: el palau de Marivent, la residència estiuenca dels reis que havia de convertir-se en espai obert a la ciutadania i va acabar consolidant-se en espai només reservat al poder. Entre els seus murs, Jaume Matas i Iñaki Urdangarin es van intercanviar cops de dreta, però també alguna cosa més: cada cop anava afinant una relació de confiança de conseqüències encara imprevisibles. L'home que en aquell moment era duc de Palma havia convidat qui recentment iniciava el seu segon mandat al capdavant del Govern balear per abordar de manera informal projectes futurs, el preludi d'un negoci que acabaria cristal·litzant en un dels majors escàndols de corrupció, esquerdant al seu pas la imatge pública llaurada per la Casa Reial fins aleshores.

Més de vint anys després d'aquella trobada -que tant un com l'altre van narrar en dependències judicials- i transcorreguda una dècada des que arrencàs el judici del cas Nóos -el nom amb què Urdangarin i el seu exsoci Diego Torres van agrupar el seu entramat societari-, les entrevistes que l'exduc ha concedit les últimes setmanes amb motiu de la pròxima publicació del seu llibre Tot allò viscut han tornat al primer pla els interrogants que durant anys van sobrevolar les indagacions: quant diners públic va sortir de les arques autonòmiques, quina part es va considerar il·lícita i si, finalment, les administracions han recuperat aquestes quantitats. Urdangarin defensa que ja ha pagat pel que se'l va jutjar, però lamenta que l'estigma continua projectant-se sobre el seu nom.

L'estructura de Nóos va emergir d'entre els ingents papers del cas Palma Arena, la macrocausa en què l'aleshores jutge José Castro va concentrar les seves investigacions al voltant de les obres faraòniques -marca personal del president autonòmic que venia de ser ministre de Medi Ambient-, les adjudicacions irregulars i els contractes a dit que va patrocinar Matas durant la seva segona legislatura (2003-2007). La trama ordida al voltant de l'Institut Nóos, articulada com un mecanisme de captació de diners públic mitjançant contractes sense concurrència i l'aprofitament d'influències institucionals, va passar a engrossir la peça separada número 25. Aquelles incipients indagacions sobre el destí dels diners que el Govern balear havia abonat a l'entitat aparentment sense ànim de lucre per l'organització d'un fòrum sobre turisme i esport celebrat anys abans a Palma van acabar destapant un rosari d'irregularitats cuinades al marge de qualsevol control.

Va ser una trama que no es va limitar a Balears: la Comunitat Valenciana, governada aleshores per Francisco Camps, es va convertir en el segon gran escenari on l'Institut Nóos va trobar suport institucional per als seus projectes, que també van acabar sota escrutini judicial encara que amb un desenllaç econòmic i penal diferent al de les illes.

Les quantitats retornades

Malgrat que des de l'inici del cas Nóos les xifres milionàries vinculades a la causa van assolir ràpidament una magnitud que marcaria el relat públic de l'escàndol, no tots els diners van ser declarats il·lícits ni tota la despesa pública vinculada als projectes va ser considerada fraudulenta: el Tribunal Suprem va quantificar en 445.000 euros els diners estrictament malversats per Nóos “malgrat no haver-se produït la correlativa contraprestació”. Els serveis als quals obeïen aquestes facturacions, acompanyades de documents i informes sense utilitat acreditada, no van arribar a executar-se, i en aquesta operativa l'alt tribunal va atribuir a Urdangarin una implicació directa, tant en qualitat d'inductor com de cooperador necessari.

Amb tot, el Suprem va xifrar en 619.000 euros el dany econòmic via responsabilitat civil -l'Audiència Provincial de Balears, l'òrgan que a principis de 2016 va jutjar el cas, ho havia establert en 852.287-, en incloure altres partides que, tot i no encaixar plenament en el delicte de malversació, sí que van suposar un perjudici econòmic provat per a l'administració pública.

La Justícia va declarar provat que part de les quantitats defraudades per Nóos van acabar en empreses pantalla com Aizoon, S.L. -la societat d'Urdangarin era copropietari juntament amb la infanta Cristina- i altres mercantils creades o utilitzades per l'aleshores gendre del rei Joan Carles i Torres -a qui els tribunals van considerar peça central de l'entramat- per fragmentar contractes, desviar fons i dificultar la seva traçabilitat. Uns fets pels quals no només van ser condemnats tots dos socis, sinó també la germana de Felip VI com a partícip a títol lucratiu dels delictes de malversació de cabals públics i frau a l'administració comesos pel seu exmarit.

Durant la fase d'execució de la sentència, però, va succeir una cosa atípica: l'Audiència va ordenar a l'Executiu autonòmic que retornés 201.174 euros als dos excònjuges després que el Tribunal Suprem delimités a 619.000 euros la valoració jurídica del dany efectivament causat i provat. D'aquesta quantitat, a la germana de Felip VI li corresponia cobrar 68.479 euros i a l'exduc, 132.695.

La Justícia va ordenar al Govern que retornés 201.174 euros a la infanta i Urdangarin després que el Tribunal Suprem rebaixés la valoració del dany causat i provat a les arques públiques

A Balears, la major quantitat que el Govern de Matas va pagar a Nóos va ser la corresponent al patrocini de l'equip ciclista Illes Balears-Banesto: només aquest contracte va suposar un desemborsament global de 18 milions d'euros entre 2004 i 2006. A aquest import es van sumar altres convenis, com els vinculats als Illes Balears Fòrum -al voltant de 2,3 milions d'euros- que van situar el volum total de fons públics compromesos per sobre dels 20 milions.

El patrocini ciclista va ser una despesa políticament molt controvertida i gestionada amb controls laxos, però la Justícia no el va considerar il·lícit en la seva totalitat. Les magistrades que van jutjar la causa van entendre que va existir una contraprestació real, si bé van qüestionar la forma en què es van articular determinats serveis associats a aquest contracte, com els relatius a la denominada Oficina del Projecte, per la qual Nóos Consultoría Estratégica va arribar a cobrar 293.660 euros de diners públics. A aquesta quantitat es van sumar els 177.093 euros pagats per l'Institut Balear de Turisme (Ibatur) per un encàrrec d'assessorament i suport tècnic en matèria de turisme que, d'acord amb la sentència, no responia a una necessitat real de l'organisme públic, es va articular al marge dels controls administratius ordinaris i va servir com a via per desviar fons públics cap a l'entramat societari de Nóos. Per aquest motiu, va incloure la quantitat abonada en el càlcul del dany econòmic indemnitzable.

El Govern va pagar més de 20 milions d'euros a l'Institut Nóos

Comunitat Valenciana: 3,5 milions sense restitució ni condemna

A la Comunitat Valenciana, el govern de Camps i l'Institut Nóos van signar diversos convenis que van comportar el pagament d'uns 3,5 milions d'euros públics per a l'organització, entre 2004 i 2006, dels anomenats València Summit, l'adjudicació dels quals, assenyala la sentència, es va dur a terme sense concurrència pública i mitjançant un disseny administratiu que va afavorir directament l'entitat encapçalada per Urdangarin i Torres. El tribunal conclou, però, que no va quedar acreditada la inexistència d'una contraprestació real ni que es produís un desviament quantificable que justifiqués la restitució de fons públics com sí que va ocórrer a Balears.

A l'arxipèlag, els tribunals van apreciar una intervenció directa d'Urdangarin en el disseny dels projectes, en la definició dels seus continguts i en la forma d'adjudicació, fins al punt de concloure que la seva influència personal va ser determinant per esquivar els controls administratius. Aquesta constatació va permetre fixar una responsabilitat penal i econòmica concreta. A la Comunitat Valenciana, en canvi, la Justícia no va donar per acreditats aquest mateix grau de domini del fet ni un perjudici econòmic quantificable, cosa que va tancar la porta tant a condemnes penals com a la restitució de fons.

A la Comunitat Valenciana, la Justícia no va donar per acreditats aquest mateix grau de domini del fet ni un perjudici econòmic quantificable, cosa que va tancar la porta tant a condemnes penals com a la restitució de fons

Els cinc exalts càrrecs valencians que van ser jutjats per aquests fets van ser a més absolts en no quedar provat que coneguessin el caràcter fraudulent de l'operativa. “Es feien objectivament de forma no ajustada a la legislació, una legislació confusa, ambigua i susceptible d'exegesi dispars”, apuntava la resolució, però “els qui les feien no tenien consciència d'això”.

La influència d'Urdangarin

Sobre les relacions de poder que va aprofitar Urdangarin a les illes, la Justícia va assenyalar la seva amistat amb José Luis 'Pepote' Ballester, en aquell moment director d'Esports del Govern balear, gràcies a la qual “va aconseguir moure la voluntat” tant d'aquest com de Matas per obtenir un dels contractes investigats, “esquivant tota concurrència i els condicionants” que poguessin derivar-se d'una tramitació ajustada a la legalitat.

“Més encara -afegia la sentència-, el desenvolupament posterior de la seqüència amb la voluntariosa i disciplinada actitud d'acatament a totes les propostes [d'Urdangarin i Torres] per part del president Matas i el seu desenvolupament, acceptant preus, imposant decisions i sense reparar en obstacles burocràtics o remors de regles administratives, posa molt clarament de manifest que es va produir aquest subtil però patent i efectiu sotmetiment davant la posició del proponent [en al·lusió a Urdangarin], actitud que va buscar i va provocar deliberadament emparat en la seva notòria condició, combinada i reforçada per la seva amistat amb José Luis Ballester”.

La diferència entre les xifres milionàries que van envoltar el cas Nóos i les quantitats finalment considerades no implica, però, una relativització dels fets jutjats al voltant de la xarxa de societats instrumentals creada per Urdangarin i Torres per obtenir contractes públics de forma irregular i derivar beneficis, una conducta que, de fet, va fonamentar les condemnes penals que els van ser imposades: cinc anys i 10 mesos de presó per al primer i cinc anys i vuit mesos per al segon. Matas, per la seva banda, seria condemnat a tres anys i vuit mesos de presó per regar de fons públics l'entramat.

Urdangarin va ser condemnat a cinc anys i 10 mesos de presó i el seu soci Torres a cinc anys i vuit mesos. Matas, per la seva banda, seria condemnat a tres anys i vuit mesos de presó per regar de fons públics l'entramat

La sentència, que va suposar un punt d'inflexió institucional, va marcar una frontera nítida entre mala praxi i delicte penal, però també va evidenciar fins a quin punt les relacions personals, la confiança i l'absència de controls efectius poden convertir-se en una drecera cap als diners públic. Ho va deixar clar el tribunal en asseverar que Urdangarin va aconseguir quantioses quantitats de fons de les arques autonòmiques valer-se de la “situació de privilegi” que “gaudia com a conseqüència del seu matrimoni amb una filla de qui era aleshores cap d'Estat”. Marivent, aquell setembre de 2003, no va ser només l'escenari d'un partit de pàdel: va ser l'antesala d'un model de gestió que acabaria sotmès a lupa judicial.

Todo comenzó sobre una pista de pádel. La fecha: septiembre de 2003. El escenario: el palacio de Marivent, la residencia veraniega de los reyes que había de convertirse en espacio abierto a la ciudadanía y acabó consolidándose en espacio solo reservado al poder. Entre sus muros, Jaume Matas e Iñaki Urdangarin intercambiaron derechazos, pero también algo más: cada golpe iba afinando una relación de confianza de consecuencias aún inatisbables. El entonces duque de Palma había invitado a quien recién iniciaba su segundo mandato al frente del Govern balear para abordar de manera informal proyectos futuros, el preludio de un negocio que acabaría cristalizando en uno de los mayores escándalos de corrupción y resquebrajando a su paso la imagen pública aparentemente proyectada por la Casa Real hasta entonces.

Más de veinte años después de aquel encuentro -que tanto uno como otro narraron en dependencias judiciales- y transcurrida una década desde que arrancase el juicio del caso Nóos -el nombre bajo el que Urdangarin y su exsocio Diego Torres agruparon su entramado societario-, las entrevistas que el exduque ha concedido en las últimas semanas con motivo de la próxima publicación de su libroTodo lo vivido han devuelto al primer plano los interrogantes que durante años sobrevolaron las pesquisas: cuánto dinero público salió de las arcas autonómicas, qué parte se consideró ilícita y si, finalmente, las administraciones han recuperado todas esas cantidades. Urdangarin defiende que ya ha pagado por lo que se le juzgó, pero lamenta que el estigma continúa proyectándose sobre su nombre.

La estructura de Nóos emergió de entre los ingentes papeles del caso Palma Arena, la macrocausa en la que el entonces juez José Castro concentró sus investigaciones en torno a las obras faraónicas -marca personal del presidente autonómico que venía de ser ministro de Medio Ambiente con José María Aznar-, las adjudicaciones irregulares y los contratos a dedo que auspició Matas durante su segunda legislatura (2003-2007). Fruto de sus desmanes, el exdirigente balear del PP acabaría acumulando una larga cadena de condenas firmes que, en total, terminarían sumando más de ocho años de cárcel y medio siglo de inhabilitación.  

La trama urdida en torno al Instituto Nóos, articulada como un mecanismo de captación de dinero público mediante contratos sin concurrencia y el aprovechamiento de influencias institucionales, pasó a engrosar la pieza separada número 25 del caso Palma Arena. Aquellas incipientes pesquisas sobre el destino del dinero que el Govern balear había abonado a la entidad aparentemente sin ánimo de lucro por la organización de un foro sobre turismo y deporte celebrado años antes en Palma acabaron destapando un rosario de irregularidades cocinados al margen de cualquier control. Fue una trama que no se limitó a Balears: la Comunitat Valenciana, gobernada entonces por Francisco Camps, se convirtió en el segundo gran escenario donde el Instituto Nóos encontró respaldo institucional para sus proyectos, que también acabaron bajo escrutinio judicial aunque con un desenlace económico y penal diferente al de las islas.

Las cantidades devueltas

Pese a que desde el inicio del caso Nóos las cifras millonarias vinculadas a la causa alcanzaron rápidamente una magnitud que marcaría el relato público del escándalo, no todo el dinero fue declarado ilícito ni todo el gasto público vinculado a los proyectos fue considerado fraudulento: el Tribunal Supremo cuantificó en 445.000 euros el dinero estrictamente malversado por Nóos al señalar que no se había producido la “correlativa contraprestación” por tales pagos. Los servicios a los que obedecían dichas facturaciones, acompañadas de documentos e informes sin utilidad acreditada, no llegaron a ejecutarse, y en esa operativa el alto tribunal atribuyó a Urdangarin una implicación directa, tanto en calidad de inductor como de cooperador necesario.

Con todo, el Supremo cifró en 619.000 euros el daño económico que, en conjunto, debían resarcir vía responsabilidad civil Urdangarin, Torres y, como beneficiaria económica, la infanta Cristina -la Audiencia Provincial de Balears, el órgano que a principios de 2016 juzgó el caso, lo había establecido en 852.287-, al incluir otras partidas que, aun sin encajar plenamente en el delito de malversación, también supusieron un perjuicio para la administración pública.

La Justicia declaró probado que parte de las cantidades defraudadas por Nóos acabaron en empresas pantalla como Aizoon, S.L. -la sociedad de la que Urdangarin era copropietario junto a su exmujer- y otras mercantiles creadas o utilizadas por el entonces yerno del rey Juan Carlos y Diego Torres -a quien los tribunales consideraron pieza central del entramado- para fragmentar contratos y dificultar la trazabilidad de los fondos. Unos hechos por los que no solo fueron condenados penal y económicamente ambos socios, sino también la hermana de Felipe VI como partícipe a título lucrativo de los delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la administración cometidos por su exmarido.

Durante la fase de ejecución de la sentencia, sin embargo, sucedió algo atípico: la Audiencia ordenó al Ejecutivo autonómico que devolviera los 201.174 euros que los dos excónyuges habían pagado de más después de que el Supremo acotara de 852.287 a 619.000 euros la valoración jurídica del daño efectivamente causado y probado. De esa cantidad, a la hermana de Felipe VI le correspondía cobrar 68.479 euros y al exduque, 132.695.

La Justicia ordenó al Govern que devolviera 201.174 euros a la infanta y Urdangarín después de que el Tribunal Supremo rebajara la valoración del daño causado y probado a las arcas públicas

Las cifras del caso Nóos, contrato a contrato

En Balears, la mayor cantidad que el Govern de Matas pagó a Nóos fue la correspondiente al patrocinio del equipo ciclista Illes Balears-Banesto: solo ese contrato supuso un desembolso global de 18 millones de euros entre 2004 y 2006. A ese importe se sumaron otros convenios, como los vinculados a los Illes Balears Forum -en torno a 2,3 millones de euros-, que situaron el volumen total de fondos públicos comprometidos por encima de los 20 millones.

El patrocinio ciclista fue un gasto políticamente muy controvertido y gestionado con controles laxos, pero la Justicia no lo consideró ilícito en su totalidad. Las magistradas que juzgaron la causa entendieron que existió una contraprestación real, si bien cuestionaron la forma en que se articularon determinados servicios asociados a este contrato, como los relativos a la denominada Oficina del Proyecto, por la que Nóos Consultoría Estratégica llegó a cobrar 293.660 euros de dinero público. A esta cantidad se sumaron los 177.093 euros pagados por el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) por un encargo de asesoramiento y apoyo técnico en materia de turismo que, de acuerdo a la sentencia, no respondía a una necesidad real del organismo público, se articuló al margen de los controles administrativos ordinarios y sirvió como vía para desviar fondos públicos hacia el entramado societario de Nóos. Por ese motivo, incluyó la cantidad abonada en el cálculo del daño económico indemnizable.

El Govern pagó más de 20 millones de euros al Instituto Nóos

Comunitat Valenciana: 3,5 millones sin restitución ni condena

En la Comunitat Valenciana, el gobierno de Camps y el Instituto Nóos firmaron varios convenios que acarrearon el pago de unos 3,5 millones de euros públicos para la organización, entre 2004 y 2006, de los llamados Valencia Summit, cuya adjudicación, señala la sentencia, fue llevada a cabo sin concurso y mediante un diseño administrativo que favoreció directamente a la entidad encabezada por Urdangarin y Torres. El tribunal concluye, sin embargo, que no quedó acreditada la inexistencia de una contraprestación real ni que se produjera un desvío cuantificable que justificara la restitución de fondos públicos como sí ocurrió en Balears.

Tampoco consideró indemnizables los 382.203 euros que la Generalitat abonó al entramado Nóos por trabajos vinculados a los denominados Juegos Europeos, cuyo impulso político -dirigido a reforzar la proyección internacional de la Comunitat Valenciana como sede de grandes eventos deportivos- fue auspiciado por el exvicepresidente del Consell, Víctor Campos, y del entonces conseller de Cultura y exvicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons. Durante sus respectivas declaraciones como testigos, ambos defendieron las bondades de la contratación. Aunque la adjudicación se realizó sin concurrencia pública y el proyecto no acabó culminando tras la irrupción de otras candidaturas, la resolución acreditaba que los trabajos previos sí se llevaron a cabo.

En el archipiélago, los tribunales apreciaron una intervención directa de Urdangarin en el diseño de los proyectos, en la definición de sus contenidos y en la forma de adjudicación, hasta el punto de concluir que su influencia personal fue determinante para orillar los controles administrativos. Esa constatación permitió fijar una responsabilidad penal y económica concreta. En la Comunitat Valenciana, en cambio, la Justicia no dio por acreditado ese mismo grado de dominio del hecho ni un perjuicio económico cuantificable, lo que cerró la puerta tanto a condenas penales como a la restitución de fondos.

En la Comunitat Valenciana, la Justicia no dio por acreditado ese mismo grado de dominio del hecho ni un perjuicio económico cuantificable, lo que cerró la puerta tanto a condenas penales como a la restitución de fondos

Los cinco ex altos cargos valencianos que fueron juzgados por estos hechos fueron además absueltos al no quedar probado que conocieran el carácter fraudulento de la operativa. “Se hacían objetivamente de forma no ajustada a la legislación, una legislación confusa, ambigua y susceptible de exégesis dispares”, apuntaba la resolución, pero “quienes las hacían no tenían conciencia de ello”.

La influencia de Urdangarin

Sobre las relaciones de poder que aprovechó Urdangarin en las islas, la Justicia señaló su amistad con José Luis 'Pepote' Ballester, en aquel entonces director de Deportes del Govern balear, gracias a la cual “consiguió mover la voluntad” tanto de éste como de Matas para obtener uno de los contratos investigados, “orillando toda concurrencia y los condicionantes” que pudieran derivarse de una tramitación ajustada a la legalidad.

“Más aún -añadía la sentencia-, el desarrollo posterior de la secuencia con la voluntariosa y disciplinada actitud de acatamiento a todas las propuestas [de Urdangarin y Torres] por parte del presidente Matas y su desarrollo, aceptando precios, imponiendo decisiones y sin reparar en obstáculos burocráticos o rémoras de reglas administrativas, pone bien a las claras de manifiesto que se produjo ese sutil pero patente y efectivo sometimiento ante la posición del proponente [en alusión a Urdangarin], actitud que buscó y provocó deliberadamente amparado en su notoria condición, combinada y reforzada por su amistad con José Luis Ballester”.

La diferencia entre las cifras millonarias que rodearon el caso Nóos y las cantidades finalmente consideradas no implica, sin embargo, una relativización de los hechos juzgados en torno a la red de sociedades instrumentales urdida por Urdangarin y Torres para obtener contratos públicos de forma irregular y derivar beneficios, una conducta que, de hecho, fundamentó las condenas penales que les fueron impuestas: cinco años y 10 meses de prisión para el primero y cinco años y ocho meses para el segundo. Matas, por su parte, sería condenado a tres años y ocho meses de cárcel por regar de fondos públicos al entramado.

Urdangarin fue condenado a cinco años y 10 meses de prisión y su socio Torres a cinco años y ocho meses. Matas, por su parte, sería condenado a tres años y ocho meses de cárcel por regar de fondos públicos al entramado

La sentencia, que supuso un punto de inflexión institucional, marcó una frontera nítida entre mala praxis y delito penal, pero también evidenció hasta qué punto las relaciones personales, la confianza y la ausencia de controles efectivos pueden convertirse en un atajo hacia el dinero público. Lo dejó claro el tribunal al aseverar que Urdangarin logró cuantiosas cantidades de fondos de las arcas autonómicas valiéndose de la “situación de privilegio” que “disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces jefe del Estado”. Marivent, aquel septiembre de 2003, no fue solo el escenario de un partido de pádel: fue la antesala de un modelo de gestión que acabaría sometido a lupa judicial.