La Junta de Castilla y León promociona la empresa de eventos del presidente de la Diputación de Burgos y del PP provincial, Borja Suárez, en su portal de Turismo. Cualquiera que busque qué visitar en Santa Gadea del Cid, un municipio que apenas supera los 160 habitantes, acaba en una web para contratar bodas.

El Monasterio Convento de Nuestra Señora del Espino es un Bien de Interés Cultural (BIC), una figura jurídica para reconocer y proteger elementos del patrimonio cultural, tanto muebles como inmuebles bajo la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Según la web de la Junta, el monasterio “fue fundado por Pedro López de Padilla y su esposa Isabel Pacheco Padilla en 1477. En el convento estuvo, durante un tiempo, el manuscrito original del Cantar del Mío Cid. Actualmente, es un monasterio de la Orden de los Benedictinos. Se visitan la Iglesia y el claustro, ambos góticos y del siglo XV. Destaca una talla gótica de la Virgen”. En el apartado “¿Cuándo visitarlo?”, aparece directamente el enlace a la empresa de Suárez, que publicita todos los servicios que ofrece: bodas, convenciones de empresas y servicios de cáterin.

En el portal de Turismo se informa de multitud de monasterios y se incluyen horarios de visita y tarifas, si bien no se enlazan empresas privadas como es el caso de Eventos El Espino. Según la Consejería de Cultura y Turismo lo ocurrido en este caso es una “desactualización” y se atribuye al error de una empresa externa que se encarga de la información web de Turismo y Patrimonio de Castilla y León. Tras contactar elDiario.es con la Consejería, se ha dado la orden de eliminar el enlace a la empresa de Borja Suárez.

Tal y como publicó elDiario.es, cuando Borja Suárez tomó el acta de concejal en el Ayuntamiento de Burgos incluyó en su declaración de bienes la posesión del 22% de las acciones de Eventos el Espino SL y otro 22% de una empresa relacionada con esta y con los mismos socios, El Granero de San Francisco SL. Al tener más del 10% de acciones de ambas empresas, por ley no podía contratar con el ayuntamiento del que forma parte, y, sin embargo, desde que Suárez entró en la corporación municipal, comenzaron las adjudicaciones de eventos que eran nulas de pleno derecho. Es más, Suárez amplió sus acciones en 2025 hasta llegar a tener el 33%, un tercio de la empresa, y no modificó su declaración de bienes.

Los contratos públicos no son solo del Ayuntamiento, también contrató a Eventos El Espino la Junta de Castilla y León a través de dos de sus consejerías, la de Economía y la de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Una vez que estalló el escándalo, la alcaldesa, Cristina Ayala, pidió un informe al secretario municipal, que concluyó que los contratos son nulos y que Suárez debió elegir entre las acciones y el acta. Aunque desde el Ayuntamiento y desde el PP se argumenta que no se conocía la relación de Suárez con Eventos El Espino, lo cierto es que fue el cáterin elegido para algunos eventos del Partido Popular de Burgos, tal y como publicó elDiario.es.

Mientras los partidos en la oposición, PSOE y Vox, piden su dimisión, Suárez se agarra al acta de concejal argumentando que la culpa es de los técnicos municipales, que no actuaron bloqueando los contratos que se adjudicaron a dedo a su empresa. También insistió en la indefensión que había sentido al no conocer la normativa vigente desde 1984 y 1985 que impide contratar con empresas de cargos públicos. Hasta el momento, Suárez, que asegura que se ha deshecho ya de las acciones que tenía, no ha dimitido. El Ayuntamiento tampoco ha aclarado cómo se va a devolver el dinero público que se pagó a Eventos El Espino.

El PSOE de Castilla-La Mancha ha vuelto a pedir hoy explicaciones sobre cómo gestiona Vox el dinero público y ha reprochado al líder regional David Moreno que no se pronuncie cuando otros dirigentes de su partido están reclamando cambios internos, más transparencia y la convocatoria de un congreso extraordinario en la formación ultra.

De igual forma ha pedido a Paco Núñez -presidente del PP de Castilla-La Mancha- que exiga a los alcaldes de su partido que gobiernan con Vox que investiguen cómo usa su socio de gobierno el dinero público.

Los socialistas se pronuncian así después de que la vicealcaldesa de Toledo y líder local de Vox en la capital volviese a pedir a su partido “más transparencia” sobre la gestión interna del dinero porque hay “dudas”, tal y como explicaba en una entrevista publicada este fin de semana el The Objetive. Inés Cañizares volvía a insistir en la necesidad de una reflexión interna apenas unas semanas después de firmar un manifiesto para exigir un congreso extraordinario.

Hoy el PSOE, a raíz de estas declaraciones, se pregunta “cuál ha sido el papel de David Moreno y de la Ejecutiva regional de Vox en Castilla-La Mancha y si van a ofrecer a la ciudadanía una explicación transparente sobre el destino y utilización de esos recursos” cuando el pasado mes de diciembre se conocía que habían destinado parte del dinero que la formación recibe por su representación en las Cortes de Castilla-La Mancha “para sufragar gastos de personal de la estructura nacional del partido”.

La Intervención del Parlamento autonómico detectó la práctica y eso provocó un cambio en el Reglamento que rige el funcionamiento de las Cortes regionales. Se aprobó una modificación con el fin de que los fondos públicos que reciben los grupos parlamentarios se dediquen exclusivamente actividades vinculadas a la política regional, sin que puedan desvivarse a otros fines, como por ejemplo mejorar las finanzas de los partidos nacionales.

Un dardo a Paco Núñez para investigar a sus socios de gobierno

El PSOE de Castilla-La Mancha se ha dirigido también al Partido Popular. Ha dejado caer que esta misma práctica “se habría reproducido en distintos ámbitos municipales de Castilla-La Mancha”, donde los 'populares' gobiernan con Vox.

Los socialistas lanzan un dardo a Paco Núñez al que interpelan sobre la cuestión, sobre cómo está usando Vox el dinero en el ámbito local. “No puede seguir guardando silencio ante unos hechos que afectan directamente a instituciones en las que gobierna con Vox o ha sostenido acuerdos con esta formación”, señalan.

Los socialistas preguntan directamente al presidente regional del PP si va a pedir a sus alcaldes y alcaldesas que investiguen el uso del dinero de sus ayuntamientos por parte de Vox, o si, por el contrario, “va a continuar actuando como si no estuviera ocurriendo nada”.

“Después de lo que están diciendo los propios dirigentes de Vox, el PP ya no puede parapetarse en la indiferencia ni en el silencio. Tiene la obligación política de exigir transparencia, depurar responsabilidades y garantizar que ni un solo euro público haya sido utilizado de forma irregular”, señalan desde el PSOE regional.

Después de lo que están diciendo los propios dirigentes de Vox, el PP ya no puede parapetarse en la indiferencia ni en el silencio. Tiene la obligación política de exigir transparencia, depurar responsabilidades y garantizar que ni un solo euro público haya sido utilizado de forma irregular

Por otro lado, han apuntado a que una de las primeras comprobaciones “debería realizarse en municipios como Talavera de la Reina”, donde consideran necesario “esclarecer con detalle” cualquier actuación relacionada con el uso de los fondos públicos por parte de Vox. En aquella localidad, el teniente de alcalde es David Moreno, líder regional de la formación ultra.

“El dinero público es de los ciudadanos y ciudadanas, no de los partidos. Y quien haya utilizado recursos institucionales para fines ajenos a su función tendrá que dar todas las explicaciones y asumir todas las responsabilidades”.

Sin embargo, desde el PP, la secretaria general Carolina Agudo se ha limitado a decir que su formación no valora los asuntos internos de otros partidos.

La grieta de Vox sigue agrandándose

Los socialistas consideran que la “crisis abierta de Vox ya no puede ocultarse” y creen que la situación ha ido escalando en los últimos meses.

Sobre la falta de transparencia, el runrún interno en Vox, han recordado varios casos que consideran “de enorme gravedad” como las supuestas irregularidades contables de la asociación juvenil satélite de Vox, Revuelta, relacionadas con fondos destinados a víctimas de la dana y que llegaron a salpicar al diputado por Toledo en el Congreso, Manuel Mariscal.

Que la grieta se agranda en Vox lo ha vuelto a poner hoy en evidencia el portavoz de la extrema derecha en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, que ha cargado contra Inés Cañizares, una de las más críticas en su exigencia de cuentas a su partido: “Cuando estuvo en las altas esferas del partido y vio cómo funcionaba, no se quejó absolutamente de nada”.

Los fondos reservados financian las operaciones más ocultas en la democracia española. Eso no quiere decir que sea dinero público que se pueda usar para cometer crímenes sin impunidad. No es dinero ilegal, no es dinero negro. Existe de manera oficial y hay gente que lo maneja aunque no sepamos exactamente cuánto es ni a qué se destina en concreto.

Gracias al juicio de la Operación Kitchen, que comenzó hace una semana, descubrimos para qué no deberían ser los fondos reservados: para que la cúpula del Ministerio del Interior y los mandos policiales durante el primer gobierno de Rajoy organizaran de forma ilegal la destrucción de pruebas para que la justicia no pudiera investigar la caja B del PP tras la publicación de los papeles de Bárcenas. Y todos los indicios apuntan a que así fue. Nos explica qué son los fondos reservados, para qué se han solido usar en España y para lo que sirven realmente con el periodista de elDiario.es Pedro Águeda. 

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El PSOE de Tenerife ha reclamado este jueves que la reparación del Auditorio Adán Martín sea asumida por el arquitecto Santiago Calatrava y las empresas responsables de la obra, al tiempo que ha denunciado el retraso de dos años en la tramitación del proyecto por parte del Cabildo.

El portavoz socialista en el Cabildo, Aarón Afonso, valora en un comunicado la publicación este miércoles del proyecto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) como “un paso necesario” y subraya que el grupo Socialista apoyará su ejecución, pero advierte también de que “llega dos años tarde”.

Afonso recordó que en junio de 2022, con el PSOE en el gobierno insular, se exigieron responsabilidades por los vicios ocultos detectados en la infraestructura tanto al arquitecto como a las empresas constructoras, fijando un plazo de 19 meses para la presentación del proyecto técnico, que vencía en enero de 2024.

“Sin embargo, el gobierno de Rosa Dávila ha ido concediendo prórrogas y finalmente el proyecto se ha presentado en febrero de 2026, dos años después”, denunció.

El Grupo Socialista insiste en que, pese a que la reparación es imprescindible para garantizar la seguridad y conservación del Auditorio, no puede recaer sobre los tinerfeños y tinerfeñas.

“Estamos hablando de una obra necesaria y urgente y vamos a apoyarla, pero lo que no puede ocurrir es que los errores constructivos los termine pagando la ciudadanía. Esa responsabilidad debe recaer en Santiago Calatrava y en las empresas que ejecutaron la obra”, afirmó Afonso.

Dudas sobre el coste

Asimismo, los socialistas alertan de la falta de claridad sobre el coste real de la intervención. Aunque el proyecto fija una inversión de 16,48 millones de euros sin IGIC (más de 17,6 millones con impuestos), recuerdan que en 2022 el anterior equipo de gobierno ya estimó que el coste podría ser superior al incorporar el lucro cesante derivado de un posible cierre del recinto.

En este contexto, el PSOE de Tenerife acusa al gobierno insular de haber sustituido la firmeza en la defensa del interés público por una estrategia de prórrogas y negociación que ha retrasado la solución a un problema estructural que afecta a uno de los principales iconos culturales de la Isla.

Los socialistas reiteran su apoyo a la ejecución de las obras, pero exigen transparencia, rigor y determinación para que la solución no suponga un nuevo coste para la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Puertollano, en Ciudad Real, gobernado por el PP, quiere organizar dos festejos taurinos para los días 2 y 3 de mayo en la ciudad. Para ello, ha sacado a licitación mediante un procedimiento negociado y sin publicidad, la contratación de ambos eventos. En concreto, una novillada sin picadores y una corrida de toros en el Coso Polivalente de la localidad, dentro del programa de la próxima Feria de mayo.

El precio de licitación, así como el valor estimado del contrato, asciende a 75.000 euros que, sumados a 15.750 euros de IVA (un 21%), asciende a un total de 90.750 euros.

Así se establece en el pliego de cláusulas administrativas del Portal de Contratación Pública que ha consultado este medio con motivo de una denuncia hecha pública por la Fundación Franz Weber. Este colectivo considera que será “dilapidar” dinero público ya que en la ciudad no existe “una demanda social real”.  

“Sin esta aportación municipal ningún promotor querría arriesgar su dinero, por lo que la realidad evidencia que no existe una demanda de la ciudadanía del municipio por la tauromaquia y esta debe ser subvencionada de forma importante”, argumentan.

Al mismo tiempo afirman que mientras todos los estudios sociológicos “muestran que existe una mayoría de castellanomanchegos que no asiste a corridas de toros ni otras convocatorias taurinas”, el uso de dinero público “ayuda a sostener la actividad de forma artificial”.

En el pliego, el Ayuntamiento precisa que se considera justificada la utilización del procedimiento negociado sin publicidad, al concurrir “razones artísticas, actuaciones artísticas únicas y de exclusividad que limitan la competencia efectiva en el mercado” y hace referencia a un informe técnico municipal con fecha del pasado 3 de marzo.

50 entradas gratis para el propio Ayuntamiento

Además, el pliego contempla, entre otras curiosidades, la obligación de la empresa adjudicataria de entregar 50 entradas gratis “que serán discrecionalmente distribuidas por esta”, es decir, se destinarían a la propia Corporación local.

De hecho, el gasto no solo será de más de 90.000 euros, ya que el Ayuntamiento detalla en el documento obligaciones el empleo de la Banda de Música municipal, personal de plaza y maquinaria, o la preparación del ruedo, lo que sumaría costes a sendos eventos.

La Fundación Franz Weber destaca que el anuncio del contrato se produce semanas después del nuevo posicionamiento del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas al respecto de la participación de niñas, niños y adolescentes en la tauromaquia en España. Pero en el pliego no indica la posibilidad de acceso bonificado o con oferta especial  para personas menores de edad.

El Grupo Municipal de Izquierda Unida también ha expresado su “más enérgico rechazo” a esta iniciativa. “Este tipo de festejos no solo promueven una práctica que genera sufrimiento animal, sino que también ponen en cuestión los valores éticos y los derechos de los animales en pleno siglo XXI”.

Esos fondos podrían emplearse en políticas culturales inclusivas, educación, equipamientos deportivos o actividades que fomenten el bienestar de toda la población

Grupo Municipal de Izquierda Unida

De igual forma, rechazan que se destinen recursos públicos a financiar y promocionar espectáculos “que no cuentan con el consenso ni el respaldo mayoritario de la ciudadanía”, cuando esos fondos podrían emplearse en “políticas culturales inclusivas, educación, equipamientos deportivos o actividades que fomenten el bienestar de toda la población”.

Aseguran que este posicionamiento ya lo han manifestado en el pasado ante otros eventos taurinos programados en la ciudad, calificándolos como “un retroceso injustificable que aparta a Puertollano de su potencial desarrollo cultural moderno y respetuoso con los derechos de los animales”.

Este medio se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Puertollano para conocer su opinión sobre estas valoraciones y también para saber si se permitirá la entrada a menores a estos dos eventos, sin que de momento haya habido respuesta.

Desde la llegada del PP al Ayuntamiento tras las elecciones municipales de 2023, el nuevo equipo de Gobierno municipal ha hecho varios intentos por recuperar la tauromaquia, el primero de ellos en septiembre de ese mismo año con motivo de las fiestas patronales en honor de la Virgen de Gracia.

Lo hicieron con un curso para aficionados de toreo de salón (una modalidad que simula esta práctica sin utilizar animales), así como una jornada de puertas abiertas en la Plaza de Toros, día en el que también se hizo una exhibición de toreo de salón en el Paseo de San Gregorio.

Desde entonces, el Ayuntamiento ha apostado por ser “un referente taurino” en la comarca, un objetivo que también busca con la celebración de los eventos licitados para mayo.

En 2011, en pleno estallido de la crisis económica, una mujer acudió a los servicios sociales de Benalmádena. Esta mujer pidió ayuda para comer, algo habitual entonces, pero también contó una historia inusual: decía ser administradora de una empresa de la que quería desvincularse.

Este municipio de poco más de 75.000 habitantes en la costa del sol malagueña estaba sufriendo especialmente el estallido de la burbuja inmobiliaria: muchas viviendas quedaron abandonadas a medio hacer, cientos de empresas se ahogaban en deudas que trataban de sortear con trucos societarios y miles de familias perdieron su casa. La Delegación de Bienestar Social, dirigida por entonces por el concejal Francisco Salido, abrió ficha a la mujer y empezó a atenderla. Diez meses después había sido desahuciada de su vivienda, pero había firmado una oferta para hacer una obra valorada en 50.000 euros en Puerto Marina, el puerto deportivo de la ciudad.

El caso fue documentado por el interventor municipal en un informe de auditoría que destapó un gran fraude en Puerto Marina. El informe incluía un dictamen pericial sobre algunas firmas en presupuestos de obra: los presupuestos eran falsos, aportados solo para aparentar competencia y sus verdaderos firmantes eran dos personas de confianza de un concejal y consejero delegado del puerto. Meses después, la UDEF tomó declaración a varios empresarios que declararon no saber nada de los presupuestos que supuestamente habían presentado.

14 años después, a finales de 2025, la Audiencia Provincial de Málaga condenó a Salido, concejal de Bienestar Social (Unión Centro Benalmádena) y consejero delegado de Puerto Marina y a José Manuel López Merino, gerente del puerto, a cuatro años y cuatro meses de prisión, por amañar contratos de obra en el puerto.

La sentencia fue dictada a finales de octubre y no es firme. Este caso y el del comedor social, con los mismos implicados, agitaron durante años la política local. La salida de la concejala denunciante del partido local que lideraba Salido facilitó la llegada al poder del PSOE y, a su vez, una purga en el PP con la salida de la alcaldesa Paloma García Gálvez, que había cesado al concejal investigado. El cierre casi simultáneo de ambos juicios es el epílogo en diferido de aquellos años tumultuosos.

Contratos fraccionados, prórrogas y presupuestos “mendaces”

La sentencia confirma lo que ya denunció el interventor hace una década. Salido y López Merino, consejero delegado y gerente de Puerto Marina (empresa municipal de Benalmádena) “se pusieron de acuerdo para favorecer” a un empresario ya fallecido, con la “adjudicación fraudulenta de servicios y obras”, detalla la sentencia de la Audiencia Provincial, dictada el pasado 30 de octubre.

Los magistrados concluyen que Salido y López Merino trucaron la contratación de obras de Puerto Marina valorados en 600.000 euros usando una amplia gama de fraudes: contratos fraccionados, presupuestos adulterados, facturas repetidas, prórrogas y presupuestos “mendaces” de empresas que nunca fueron conscientes de que avalaban la presunta concurrencia pública en licitaciones adulteradas.

Así consiguieron favorecer sistemáticamente a un empresario, ya fallecido, que se embolsó dos millones de euros en cuatro años, casi la mitad de todo lo que adjudicó el Puerto en ese tiempo, según recogió el interventor. Alguna empresa constituida por este empresario fue agraciada con contratos de más de 100.000 euros anuales apenas cuatro meses después de constituirse.

La Audiencia los condena por los delitos continuados de prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública y falsedad en documento oficial, rebajando la pena por la demora en enjuiciar unas irregularidades cometidas hace tres lustros.

La investigación judicial empezó con un auto de fecha 14 de noviembre de 2012 y concluyó en sentencia de 30 de octubre de 2025. Los magistrados admiten que esta demora no tiene justificación. “Es indudable” que la causa es “compleja”, pero eso “no puede justificar la dilación padecida”, que califica de “superextraordinaria” y no achaca a los acusados.

Licitaciones sin pliegos

Uno tramitaba los expedientes y el otro los firmaba, de forma “arbitraria y manifiestamente injusta”, según los magistrados, que describen un sistema carente de cualquiera de los controles fijados por la ley de contratos. Para esas licitaciones no había pliegos técnicos ni administrativos, de modo que no se establecían criterios de adjudicación ni duración. En alguno de los casos, no había ni proyecto en el momento de empezar la obra, por lo que era imposible contrastarlo con las certificaciones de obra, “pudiéndose facturar la cuantía que se estimase oportuna”, observan los magistrados.

Además, se fraccionaban artificialmente para evitar así rebasar el umbral de 100.000 euros y no tener que sacarlos a concurso público. En teoría se tramitaban como procedimiento negociado invitando a tres licitantes a presentar ofertas, pero en realidad todos los presupuestos los elaboraba el mismo empresario, que tenía varias mercantiles, o se confeccionaban en nombre de empresas y personas que habían contratado antes con Puerto Marina o con el empresario, y no tenían idea de lo que ocurría. El objetivo era dar una apariencia de competencia que no existía. Así llegó aquella mujer a presentar una oferta para hacer obras por 50.000 euros.

El empresario logró de esta forma el mantenimiento de la zona portuaria, el mantenimiento de los jardines, el realce de los muelles de atraque y las obras de peatonalización, todas por importes entre los 100.000 y los 150.000 euros. Además, facturaba un extra por trabajos supuestamente extraordinarios que, según los magistrados, estaban incluidos en los contratos principales. En total, al menos 630.000 euros entre agosto de 2011 y agosto de 2012.

Fuera de la sentencia quedan, en cambio, tres de los cuatro años bajo la lupa y las licitaciones a otro empresario también cuestionadas por el interventor, que valoraba los contratos irregulares en más de tres millones de euros. No consta que el Ayuntamiento haya exigido una responsabilidad contable.

“No culpable” por las cuentas del comedor social

El caso discurrió en paralelo a la investigación de las presuntas irregularidades en las cuentas del comedor social, de las que Salido era también responsable. La Fiscalía pedía para él ocho años de prisión por malversación al no justificar gran parte los gastos del comedor municipal, gestionado por una asociación con fondos públicos, y por infidelidad en la custodia de documentos públicos, que desaparecieron del área de Bienestar Social cuando el interventor se disponía a examinarlo.

De ese juicio Salido y los directivos de la asociación, un de ellos el cuñado de Salido, han sido exonerados: un jurado popular les declaró “no culpables”. Tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento (que actúa como acusación particular) han recurrido la sentencia por entender que el veredicto del jurado incurre en errores manifiestos al valorar las pruebas.

Cuando se destaparon los hechos, en 2014, la alcaldesa Paloma García Gálvez (PP) destituyó a Salido (Unión Centro Benalmádena), que vio cómo su grupo político se desmembraba con la salida de Encarnación Cortés, la concejala que había denunciado la trama.

Al interventor, que documentó en un detallado informe las irregularidades por las que ahora se ha condenado a Salido y López Merino, lo purgaron cambiándole de puesto, en una decisión que un juzgado obligó a corregir. El interventor fue jubilado contra su voluntad. Uno de los responsables de las firmas adulteradas es personal de confianza del actual alcalde de Benalmádena, José Antonio Lara (PP).

Tizona Comunicación S.L. —bautizada con el mismo nombre que una de las dos espadas del Cid Campeador— es una pequeña empresa que se creó en 2018 al calor del crecimiento de Vox y que ha hecho trabajos de consultoría y comunicación para el partido ultra. Vox empezó a contratarla en 2019, como han constatado fuentes oficiales del partido. Detrás de esta pyme están dos personas del círculo íntimo de Santiago Abascal: Kiko Méndez-Monasterio y Gabriel Ariza. El primero es la sombra de Abascal, ha llegado a pactar en autonomías y ha tenido un papel esencial en las reuniones con el PP, aunque no tiene ningún cargo orgánico en el partido. El segundo es hijo del empresario de comunicación Julio Ariza, alineado con Vox en sus planteamientos y dueño de Intereconomía. Ariza hijo también asiste al líder del partido en viajes internacionales.

A partir de 2019, esta consultora “ofreció servicios de asesoría en comunicación; diseño y producción de materiales audiovisuales; la gestión de la página web; proveyó a los cargos de Vox de resúmenes diarios de prensa y se encargó de la formación de candidatos (oratoria; entrevistas; preparación de debates electorales...)”, según ha publicado en un comunicado el partido. Ese año, el Tribunal de Cuentas pidió documentación a la empresa ante las dudas que suscitaron facturas por valor de medio millón de euros. La pregunta que hacía el máximo órgano fiscalizador de España era qué trabajos exactamente había hecho y por qué se habían confiado todos a la misma empresa. Tizona, según ha podido saber elDiario.es, aportó decenas de correos y documentación para sostener en qué consistían concretamente esas consultorías y trabajos por los que había cobrado.

Al año siguiente, Vox casi triplicó las facturas pagadas a la empresa: 1,3 millones que fueron a parar a Tizona, según adelantó El País y han confirmado a elDiario.es fuentes cercanas a la cúpula del partido. ¿Por qué esa importante subida en la cantidad de dinero? Según el comunicado, “a Tizona se le encargó también la redacción de posicionamientos políticos, análisis estratégicos y geopolíticos y la redacción de discursos para los cargos políticos (...)”. La carga de trabajo que asumió Tizona para poder dar estos servicios le llevó a mantener una plantilla en los años 2019 y 2020 que oscilaba entre los 20 y los 25 profesionales de todos los ámbitos de la comunicación“, decían en redes este martes para justificar los pagos.

Las cuentas de Tizona enviadas al registro no dicen lo mismo. En 2019 reflejan una media de 6 empleados. Al año siguiente, en 2020, reflejan 11 trabajadores fijos y uno “no fijo”. Con los años, los empleados se han reducido hasta cero trabajadores, que son los que la empresa admite en sus cuentas de 2024. De hecho, en su comunicado de esta semana, el partido admitía que ha ido absorbiendo en su cuenta de gastos los salarios de muchos de estos empleados de Tizona: “A medida que el partido fue creciendo y ganando músculo, algunos de los trabajadores de Tizona se fueron incorporando a la estructura del propio partido incluso en puestos de relevancia pública dada su demostrada valía e implicación con Vox”. Es decir, reconocían un trasvase de empleados. Gracias a esa operación, los costes en personal de Tizona han pasado de 526.000 euros en 2020 a cero euros en 2024, últimas cuentas disponibles.

En 2020, el año en que Vox decidió pagar 1,3 millones a la empresa —que tiene como administrador único a Méndez-Monasterio y como socio único a Kalma Lectura, de la que fue administrador Gabriel Ariza— el partido reflejó 14,9 millones de ingresos (de los cuales 9,8 procedían del Estado).

En esa partida se incluye el dinero que el partido matriz recaudó de sus 'sucursales' gracias a un sistema que algunos líderes que se marcharon de Vox consideraban una cuota forzosa e injusta. En 2020, Vox implantó unos convenios por los cuales los grupos municipales debían mandar dinero a la sede de Madrid a cambio de servicios de consultoría o asesoría en redes, marketing o contabilidad, un funcionamiento parecido al de las franquicias comerciales. elDiario.es ha tenido acceso al audio en el que la directiva de Vox explicó a líderes locales estos trasvases al partido nacional, justificando que les dan materiales o les asisten en sus dudas y les hacen publicidad en redes. Estos convenios generaron malestar en varios territorios y críticas entre algunos líderes, que no renovaron candidatura, que veían cómo su caja propia menguaba en favor de la directiva de Santiago Abascal, que ingresaba en sus cuentas el dinero y luego lo administraba como quería. Además, era de dudoso encaje legal según la ley de Bases de Régimen Local.

En las cuentas de 2020, el partido admite que ha recibido 75.000 euros de doce grupos de Vox que consiguieron representación en ayuntamientos españoles y 994.000 de cinco instituciones parlamentarias —incluidos Congreso y Senado— en concepto de “aportaciones por los servicios prestados” desde la sede nacional, admiten las cuentas. Entre esos grupos parlamentarios está también el de la Comunitat Valenciana —que aportó a Vox 132.000 euros—, Andalucía —que transfirió 250.000— y Aragón —62.000—. Es una cifra parecida a la que el partido destinó ese mismo año a la empresa de los asesores de Abascal.

Según sus cuentas, Tizona obtuvo unos ingresos ese año de 1,4 millones, es decir, prácticamente todo su negocio como empresa está en el dinero que consiguió de su cliente Vox. Esta sociedad también ha trabajado y facturado para el sindicato Solidaridad y para la Fundación Disenso, aunque nunca se ha revelado cuántas facturas ha emitido o por qué conceptos. De hecho, ese mismo año 2020 es cuando se constituyó el think tank de Vox, que lanzó también Méndez-Monasterio. Los lazos entre la empresa y Vox se cruzan en las sedes. Tizona ocupó el local del partido, que estaba en la calle Nicasio Gallego de Madrid, cuando este se mudó a un local más grande, en la calle Bambú de la capital.

Precisamente la relación del partido con los asesores, las transferencias millonarias a Disenso o los 63.000 euros anuales que El Confidencial publicó que le pagó a la esposa de Abascal, una empresa con vinculación indirecta con Ariza, son las críticas centrales de los disidentes de Vox, que piden transparencia y conocer las facturas y proveedores del partido —que se financia con fondos públicos y cuotas de militantes—. De momento, la formación de Santiago Abascal no ha hecho pública su cuenta de proveedores, pero sí ha iniciado trámites para expulsar a críticos como Iván Espinosa de los Monteros o a Ortega Smith, este último ya fuera del partido.

Vox no ha respondido a las preguntas de elDiario.es enviadas por escrito hace una semana, pero fuentes oficiales sí han admitido que a la empresa Tizona se le pagaron 1,3 millones de euros en el año 2020.

El Gobierno de Canarias continúa con su huida hacia adelante para ocultar los nombres de los beneficiarios de las ayudas por el volcán de La Palma. Después de mandar a los tribunales a la Comisionada de Transparencia, que ha pedido hacer público los listados, el Ejecutivo regional ha aumentado el presupuesto de la partida, alcanzando la cifra de 340 millones de euros, y ha difundido en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) una nueva relación de subvenciones sin detallar las identidades de quienes las reciben.

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, liderada por la palmera Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria), ha cerrado la puerta a indicar quiénes perciben esas ayudas (exceptuando a las empresas, que sí figuran) mediante una orden que busca “evitar la divulgación de la condición de persona afectada por la erupción volcánica” y el “conocimiento público de la situación económica y patrimonial preexistente de cada una de ellas”.

Las subvenciones pretenden “compensar los perjuicios económicos” de la erupción de 2021 para reparar “el valor total del daño producido” (aunque no se detalla cómo se calcula eso). Por lo que divulgar cuánto dinero reciben los afectados revelaría cuánto tenían el día antes del desastre, según la tesis del Gobierno, algo que “no debe ser objeto de publicación ni difusión”. El Ejecutivo autonómico se apoya en un informe jurídico interno que recoge el “soporte legal” de esa limitación: el artículo 20.8 de la Ley General de Subvenciones.

“No serán publicadas las subvenciones concedidas cuando la publicación de los datos del beneficiario (…) pueda ser contraria al respeto y la salvaguarda del honor, a la intimidad personal o familiar de las personas físicas (…) y a la propia imagen”, recoge esa disposición. La Intervención General de la Comunidad Autónoma se ha limitado a señalar que mientras la orden no sea anulada “resulta imperativo su cumplimiento”. Y la Intervención General del Estado también la ha avalado sin entrar en el fondo del asunto.

Pero la decisión no ha estado exenta de polémica. La Comisionada de Transparencia, la también palmera Noelia García (Partido Popular), alcaldesa de Los Llanos de Aridane cuando estalló el volcán, ha defendido que sí deben hacerse público los nombres a raíz de un recurso del presidente de una asociación de damnificados por la erupción, Tierra Bonita, porque ser afectado por una catástrofe natural es un acontecimiento fortuito y “no es un hecho negativo que menoscabe la consideración social de la persona”.

La Comisionada defiende que la única excepción válida para no publicar esa información es cuando se trata de datos “especialmente protegidos”, estos son, el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, los datos genéticos, biométricos o relativos a la salud, los relativos a la vida sexual o a las orientaciones sexuales, y los referidos a condenas e infracciones penales, según viene en el artículo 7 del reglamento de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), que hace referencia a una regulación europea aprobada en 2016.

García sostiene que “es evidente” que ninguno de estos datos sería revelado como consecuencia de la publicación de estas ayudas. “A mayor abundamiento”, agrega, ser una víctima de una erupción volcánica “no es una circunstancia que lesione el derecho al honor y la intimidad de la persona”, puesto que, en su opinión, no se genera “ningún perjuicio añadido” a los ya padecidos por la propia catástrofe.

Con respecto al conocimiento de la situación patrimonial previa de los afectados, la Comisionada es igual de tajante. “Es evidente que la misma no está compuesta únicamente por el patrimonio inmobiliario afectado, sino por otros posibles elementos patrimoniales y fuentes de ingreso que no se revelan con la publicación de las ayudas”.

La resolución resalta que estos argumentos “no deben empañar las sólidas razones de interés público” para la publicación de todas las cifras que la ley exige en materia de subvenciones y ayudas, “teniendo en cuenta que se trata de distribuir el dinero procedente del pago de los impuestos por los ciudadanos: conocer quiénes son las personas que reciben dinero público, detectar posibles irregularidades o errores, evitar duplicidades, casos de fraude o cobro indebido, etc.”.

La Comisionada requirió al Ejecutivo que publicase los datos en junio del año pasado. Le recordó también que la orden que regula y establece el carácter anónimo de las ayudas es un acto administrativo de rango inferior a la ley y “no puede determinar la inaplicación de la normativa”. Pero el Gobierno presentó un recurso contencioso-administrativo como respuesta, algo inédito hasta ahora en el Archipiélago.

Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma han vuelto a sostener que ocultar los datos personales de los beneficiarios “es el resultado del juicio de ponderación entre transparencia y protección de la intimidad de los afectados”, añadiendo además que divulgarlos “requeriría el consentimiento expreso de cada uno” de ellos.

Pero el punto más relevante del recurso es la aplicación de la ley canaria de volcanes, de iniciativa popular y reciente aprobación, para elevar la prohibición de la difusión de la información a rango de ley. Después del requerimiento de la Comisionada (y después también de que pasara por el Consejo Consultivo), el Gobierno regional enmendó esa norma para incorporar un artículo, el 10.6, que convierte en ley la ocultación de los nombres de los beneficiarios de las ayudas con efectos retroactivos desde 19 de septiembre de 2021, fecha de la erupción.

“¿Cómo se han repartido los fondos? ¿Quién cobró primero? ¿Quién cobró después? ¿Y quién se quedó fuera? ¿Por qué no se publican los listados de ayudas? ¿Qué tienen que ocultar? Algunos dirán que hoy no es el día para hablar de esto, pero yo digo que sí, porque a esta isla no solo la cubrió el volcán con ceniza, después de las elecciones también las ha cubierto el silencio”, expresó en sede parlamentaria la diputada socialista Alicia Vanooestende, de La Palma, cuando se dio a conocer el dictamen sobre la ley de volcanes, con la enmienda ya incluida.

El Ejecutivo autonómico defiende que “este argumento es por sí solo suficiente para la estimación del recurso”. Pero alega igualmente que la orden que regula las subvenciones tiene “naturaleza normativa” al ser de “vigencia indefinida”, pues en su opinión “innova el ordenamiento jurídico con vocación de permanencia”. El Gobierno cita jurisprudencia del Supremo para defender que su orden no se trata de “unas bases exclusivas para una sola convocatoria y solo válidas para su aplicación única”, sino que “tiene validez para sucesivas convocatorias y se incorpora al ordenamiento jurídico”.

Expertos en transparencia y protección de datos consultados por Canarias Ahora se muestran divididos en esta cuestión. Carles San José Amat, licenciado en Derecho y jefe de Inspección de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) durante casi doce de años, cree que revelar los nombres de los afectados no afecta a su intimidad, sino que es un dato personal, sin más.

“Conocer el valor de una vivienda o de un vehículo o de los bienes que has perdido son datos personales, pero no íntimos”, expone. Para él, la “intimidad” está reservada legalmente para categorías especiales de datos, como la ideología, la salud o la religión. Pero en este caso “no entra el límite porque, claro, aplicando esta regla de tres que hace el Gobierno de Canarias, cualquier dato personal económico es íntimo”.

José Amat utiliza como ejemplo las expropiaciones forzosas. Si un particular quisiera conocer cuánto le ha costado al Gobierno de Canarias expropiar una finca de la que se conoce su titular (nombre que sí se hace público), la administración estaría “obligada” a dar esa cifra “y con eso estaría revelando que esa persona ha cobrado un millón de euros”, por ejemplo, “pero no entra en el límite de la intimidad”.

“Es que estamos hablando de dinero público. La gente tiene derecho a saber qué hace la administración y cómo lo hace cuando se trata de ello. A ver si resulta que las ayudas se están dando solo a familias con determinado apellido, o si están beneficiando, no sé, a personas de determinadas poblaciones porque tienen un color político concreto”, cuestiona el experto.

La jurista especializada en protección de datos Jeimy Poveda, no obstante, advierte que las autoridades de protección de datos han sido “categóricas” a la hora de indicar a las administraciones que identificar a los beneficiarios de ayudas “cuando esto pudiera suponer un perjuicio a su derecho a la protección de datos” podría constituir un incumplimiento de la normativa.

Poveda sí considera que el hecho de haber sido víctima de una catástrofe natural sitúa en una “posición de vulnerabilidad” a los afectados y que ello “requiere de mayor protección”. Aunque propone una solución para “cumplir de manera proporcionada y, a partir de un balance de derechos, con el derecho a la transparencia”: la seudonimización de los datos y otras técnicas que eviten su publicación en abierto, “de tal manera que solo quienes estén inmersos en el proceso puedan conocer la información de los demás”.

“Eso no supone una limitación al derecho de transparencia: los interesados pueden conocer los criterios utilizados para decidir, el baremo y las puntuaciones; y la ciudadanía puede acceder a información agregada sin que la lista publicada permita, por criterios de individualización, localización u otros, identificar fácilmente al beneficiario por terceros ajenos al proceso”, razona la también directora de la consultoría Dataseg, en Tenerife.

Manuela Battaglini, abogada y directora ejecutiva de la consultora de ética digital Transparent Internet, también aboga por la seudonimización y el “acceso limitado” a quien acredite interés y capacidad de acceso a los datos “bajo absoluta confidencialidad”. A ella le parece que la eliminación total de los nombres “parece una medida exagerada”.

“Está claro que es necesario proteger a los interesados, en particular porque muchos de ellos están en situaciones de vulnerabilidad que de ser más conocida sufrirían un mayor grado de estigmatizacion social. Pero a su vez es legítimo pensar en la transparencia”, resume.

Por último, Noel Armas, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Sevilla, cree que “es discutible” acceder a este tipo de información porque la legislación de protección de datos “es muy celosa” al respecto, por lo que cualquier petición tendría que “estar muy bien justificada”. Como “solución de compromiso”, sí ve viable la entrega de listados “debidamente anonimizados” en los que pueda verse cuántas personas están recibiendo las subvenciones, cuánto dinero recibe cada una, si hay quienes han recibido ayudas y por qué o si existe alguna supervisión ‘a posteriori’ de los requisitos.

Tot va començar sobre una pista de pàdel. La data: setembre de 2003. L'escenari: el palau de Marivent, la residència estiuenca dels reis que havia de convertir-se en espai obert a la ciutadania i va acabar consolidant-se en espai només reservat al poder. Entre els seus murs, Jaume Matas i Iñaki Urdangarin es van intercanviar cops de dreta, però també alguna cosa més: cada cop anava afinant una relació de confiança de conseqüències encara imprevisibles. L'home que en aquell moment era duc de Palma havia convidat qui recentment iniciava el seu segon mandat al capdavant del Govern balear per abordar de manera informal projectes futurs, el preludi d'un negoci que acabaria cristal·litzant en un dels majors escàndols de corrupció, esquerdant al seu pas la imatge pública llaurada per la Casa Reial fins aleshores.

Més de vint anys després d'aquella trobada -que tant un com l'altre van narrar en dependències judicials- i transcorreguda una dècada des que arrencàs el judici del cas Nóos -el nom amb què Urdangarin i el seu exsoci Diego Torres van agrupar el seu entramat societari-, les entrevistes que l'exduc ha concedit les últimes setmanes amb motiu de la pròxima publicació del seu llibre Tot allò viscut han tornat al primer pla els interrogants que durant anys van sobrevolar les indagacions: quant diners públic va sortir de les arques autonòmiques, quina part es va considerar il·lícita i si, finalment, les administracions han recuperat aquestes quantitats. Urdangarin defensa que ja ha pagat pel que se'l va jutjar, però lamenta que l'estigma continua projectant-se sobre el seu nom.

L'estructura de Nóos va emergir d'entre els ingents papers del cas Palma Arena, la macrocausa en què l'aleshores jutge José Castro va concentrar les seves investigacions al voltant de les obres faraòniques -marca personal del president autonòmic que venia de ser ministre de Medi Ambient-, les adjudicacions irregulars i els contractes a dit que va patrocinar Matas durant la seva segona legislatura (2003-2007). La trama ordida al voltant de l'Institut Nóos, articulada com un mecanisme de captació de diners públic mitjançant contractes sense concurrència i l'aprofitament d'influències institucionals, va passar a engrossir la peça separada número 25. Aquelles incipients indagacions sobre el destí dels diners que el Govern balear havia abonat a l'entitat aparentment sense ànim de lucre per l'organització d'un fòrum sobre turisme i esport celebrat anys abans a Palma van acabar destapant un rosari d'irregularitats cuinades al marge de qualsevol control.

Va ser una trama que no es va limitar a Balears: la Comunitat Valenciana, governada aleshores per Francisco Camps, es va convertir en el segon gran escenari on l'Institut Nóos va trobar suport institucional per als seus projectes, que també van acabar sota escrutini judicial encara que amb un desenllaç econòmic i penal diferent al de les illes.

Les quantitats retornades

Malgrat que des de l'inici del cas Nóos les xifres milionàries vinculades a la causa van assolir ràpidament una magnitud que marcaria el relat públic de l'escàndol, no tots els diners van ser declarats il·lícits ni tota la despesa pública vinculada als projectes va ser considerada fraudulenta: el Tribunal Suprem va quantificar en 445.000 euros els diners estrictament malversats per Nóos “malgrat no haver-se produït la correlativa contraprestació”. Els serveis als quals obeïen aquestes facturacions, acompanyades de documents i informes sense utilitat acreditada, no van arribar a executar-se, i en aquesta operativa l'alt tribunal va atribuir a Urdangarin una implicació directa, tant en qualitat d'inductor com de cooperador necessari.

Amb tot, el Suprem va xifrar en 619.000 euros el dany econòmic via responsabilitat civil -l'Audiència Provincial de Balears, l'òrgan que a principis de 2016 va jutjar el cas, ho havia establert en 852.287-, en incloure altres partides que, tot i no encaixar plenament en el delicte de malversació, sí que van suposar un perjudici econòmic provat per a l'administració pública.

La Justícia va declarar provat que part de les quantitats defraudades per Nóos van acabar en empreses pantalla com Aizoon, S.L. -la societat d'Urdangarin era copropietari juntament amb la infanta Cristina- i altres mercantils creades o utilitzades per l'aleshores gendre del rei Joan Carles i Torres -a qui els tribunals van considerar peça central de l'entramat- per fragmentar contractes, desviar fons i dificultar la seva traçabilitat. Uns fets pels quals no només van ser condemnats tots dos socis, sinó també la germana de Felip VI com a partícip a títol lucratiu dels delictes de malversació de cabals públics i frau a l'administració comesos pel seu exmarit.

Durant la fase d'execució de la sentència, però, va succeir una cosa atípica: l'Audiència va ordenar a l'Executiu autonòmic que retornés 201.174 euros als dos excònjuges després que el Tribunal Suprem delimités a 619.000 euros la valoració jurídica del dany efectivament causat i provat. D'aquesta quantitat, a la germana de Felip VI li corresponia cobrar 68.479 euros i a l'exduc, 132.695.

La Justícia va ordenar al Govern que retornés 201.174 euros a la infanta i Urdangarin després que el Tribunal Suprem rebaixés la valoració del dany causat i provat a les arques públiques

A Balears, la major quantitat que el Govern de Matas va pagar a Nóos va ser la corresponent al patrocini de l'equip ciclista Illes Balears-Banesto: només aquest contracte va suposar un desemborsament global de 18 milions d'euros entre 2004 i 2006. A aquest import es van sumar altres convenis, com els vinculats als Illes Balears Fòrum -al voltant de 2,3 milions d'euros- que van situar el volum total de fons públics compromesos per sobre dels 20 milions.

El patrocini ciclista va ser una despesa políticament molt controvertida i gestionada amb controls laxos, però la Justícia no el va considerar il·lícit en la seva totalitat. Les magistrades que van jutjar la causa van entendre que va existir una contraprestació real, si bé van qüestionar la forma en què es van articular determinats serveis associats a aquest contracte, com els relatius a la denominada Oficina del Projecte, per la qual Nóos Consultoría Estratégica va arribar a cobrar 293.660 euros de diners públics. A aquesta quantitat es van sumar els 177.093 euros pagats per l'Institut Balear de Turisme (Ibatur) per un encàrrec d'assessorament i suport tècnic en matèria de turisme que, d'acord amb la sentència, no responia a una necessitat real de l'organisme públic, es va articular al marge dels controls administratius ordinaris i va servir com a via per desviar fons públics cap a l'entramat societari de Nóos. Per aquest motiu, va incloure la quantitat abonada en el càlcul del dany econòmic indemnitzable.

El Govern va pagar més de 20 milions d'euros a l'Institut Nóos

Comunitat Valenciana: 3,5 milions sense restitució ni condemna

A la Comunitat Valenciana, el govern de Camps i l'Institut Nóos van signar diversos convenis que van comportar el pagament d'uns 3,5 milions d'euros públics per a l'organització, entre 2004 i 2006, dels anomenats València Summit, l'adjudicació dels quals, assenyala la sentència, es va dur a terme sense concurrència pública i mitjançant un disseny administratiu que va afavorir directament l'entitat encapçalada per Urdangarin i Torres. El tribunal conclou, però, que no va quedar acreditada la inexistència d'una contraprestació real ni que es produís un desviament quantificable que justifiqués la restitució de fons públics com sí que va ocórrer a Balears.

A l'arxipèlag, els tribunals van apreciar una intervenció directa d'Urdangarin en el disseny dels projectes, en la definició dels seus continguts i en la forma d'adjudicació, fins al punt de concloure que la seva influència personal va ser determinant per esquivar els controls administratius. Aquesta constatació va permetre fixar una responsabilitat penal i econòmica concreta. A la Comunitat Valenciana, en canvi, la Justícia no va donar per acreditats aquest mateix grau de domini del fet ni un perjudici econòmic quantificable, cosa que va tancar la porta tant a condemnes penals com a la restitució de fons.

A la Comunitat Valenciana, la Justícia no va donar per acreditats aquest mateix grau de domini del fet ni un perjudici econòmic quantificable, cosa que va tancar la porta tant a condemnes penals com a la restitució de fons

Els cinc exalts càrrecs valencians que van ser jutjats per aquests fets van ser a més absolts en no quedar provat que coneguessin el caràcter fraudulent de l'operativa. “Es feien objectivament de forma no ajustada a la legislació, una legislació confusa, ambigua i susceptible d'exegesi dispars”, apuntava la resolució, però “els qui les feien no tenien consciència d'això”.

La influència d'Urdangarin

Sobre les relacions de poder que va aprofitar Urdangarin a les illes, la Justícia va assenyalar la seva amistat amb José Luis 'Pepote' Ballester, en aquell moment director d'Esports del Govern balear, gràcies a la qual “va aconseguir moure la voluntat” tant d'aquest com de Matas per obtenir un dels contractes investigats, “esquivant tota concurrència i els condicionants” que poguessin derivar-se d'una tramitació ajustada a la legalitat.

“Més encara -afegia la sentència-, el desenvolupament posterior de la seqüència amb la voluntariosa i disciplinada actitud d'acatament a totes les propostes [d'Urdangarin i Torres] per part del president Matas i el seu desenvolupament, acceptant preus, imposant decisions i sense reparar en obstacles burocràtics o remors de regles administratives, posa molt clarament de manifest que es va produir aquest subtil però patent i efectiu sotmetiment davant la posició del proponent [en al·lusió a Urdangarin], actitud que va buscar i va provocar deliberadament emparat en la seva notòria condició, combinada i reforçada per la seva amistat amb José Luis Ballester”.

La diferència entre les xifres milionàries que van envoltar el cas Nóos i les quantitats finalment considerades no implica, però, una relativització dels fets jutjats al voltant de la xarxa de societats instrumentals creada per Urdangarin i Torres per obtenir contractes públics de forma irregular i derivar beneficis, una conducta que, de fet, va fonamentar les condemnes penals que els van ser imposades: cinc anys i 10 mesos de presó per al primer i cinc anys i vuit mesos per al segon. Matas, per la seva banda, seria condemnat a tres anys i vuit mesos de presó per regar de fons públics l'entramat.

Urdangarin va ser condemnat a cinc anys i 10 mesos de presó i el seu soci Torres a cinc anys i vuit mesos. Matas, per la seva banda, seria condemnat a tres anys i vuit mesos de presó per regar de fons públics l'entramat

La sentència, que va suposar un punt d'inflexió institucional, va marcar una frontera nítida entre mala praxi i delicte penal, però també va evidenciar fins a quin punt les relacions personals, la confiança i l'absència de controls efectius poden convertir-se en una drecera cap als diners públic. Ho va deixar clar el tribunal en asseverar que Urdangarin va aconseguir quantioses quantitats de fons de les arques autonòmiques valer-se de la “situació de privilegi” que “gaudia com a conseqüència del seu matrimoni amb una filla de qui era aleshores cap d'Estat”. Marivent, aquell setembre de 2003, no va ser només l'escenari d'un partit de pàdel: va ser l'antesala d'un model de gestió que acabaria sotmès a lupa judicial.

Todo comenzó sobre una pista de pádel. La fecha: septiembre de 2003. El escenario: el palacio de Marivent, la residencia veraniega de los reyes que había de convertirse en espacio abierto a la ciudadanía y acabó consolidándose en espacio solo reservado al poder. Entre sus muros, Jaume Matas e Iñaki Urdangarin intercambiaron derechazos, pero también algo más: cada golpe iba afinando una relación de confianza de consecuencias aún inatisbables. El entonces duque de Palma había invitado a quien recién iniciaba su segundo mandato al frente del Govern balear para abordar de manera informal proyectos futuros, el preludio de un negocio que acabaría cristalizando en uno de los mayores escándalos de corrupción y resquebrajando a su paso la imagen pública aparentemente proyectada por la Casa Real hasta entonces.

Más de veinte años después de aquel encuentro -que tanto uno como otro narraron en dependencias judiciales- y transcurrida una década desde que arrancase el juicio del caso Nóos -el nombre bajo el que Urdangarin y su exsocio Diego Torres agruparon su entramado societario-, las entrevistas que el exduque ha concedido en las últimas semanas con motivo de la próxima publicación de su libroTodo lo vivido han devuelto al primer plano los interrogantes que durante años sobrevolaron las pesquisas: cuánto dinero público salió de las arcas autonómicas, qué parte se consideró ilícita y si, finalmente, las administraciones han recuperado todas esas cantidades. Urdangarin defiende que ya ha pagado por lo que se le juzgó, pero lamenta que el estigma continúa proyectándose sobre su nombre.

La estructura de Nóos emergió de entre los ingentes papeles del caso Palma Arena, la macrocausa en la que el entonces juez José Castro concentró sus investigaciones en torno a las obras faraónicas -marca personal del presidente autonómico que venía de ser ministro de Medio Ambiente con José María Aznar-, las adjudicaciones irregulares y los contratos a dedo que auspició Matas durante su segunda legislatura (2003-2007). Fruto de sus desmanes, el exdirigente balear del PP acabaría acumulando una larga cadena de condenas firmes que, en total, terminarían sumando más de ocho años de cárcel y medio siglo de inhabilitación.  

La trama urdida en torno al Instituto Nóos, articulada como un mecanismo de captación de dinero público mediante contratos sin concurrencia y el aprovechamiento de influencias institucionales, pasó a engrosar la pieza separada número 25 del caso Palma Arena. Aquellas incipientes pesquisas sobre el destino del dinero que el Govern balear había abonado a la entidad aparentemente sin ánimo de lucro por la organización de un foro sobre turismo y deporte celebrado años antes en Palma acabaron destapando un rosario de irregularidades cocinados al margen de cualquier control. Fue una trama que no se limitó a Balears: la Comunitat Valenciana, gobernada entonces por Francisco Camps, se convirtió en el segundo gran escenario donde el Instituto Nóos encontró respaldo institucional para sus proyectos, que también acabaron bajo escrutinio judicial aunque con un desenlace económico y penal diferente al de las islas.

Las cantidades devueltas

Pese a que desde el inicio del caso Nóos las cifras millonarias vinculadas a la causa alcanzaron rápidamente una magnitud que marcaría el relato público del escándalo, no todo el dinero fue declarado ilícito ni todo el gasto público vinculado a los proyectos fue considerado fraudulento: el Tribunal Supremo cuantificó en 445.000 euros el dinero estrictamente malversado por Nóos al señalar que no se había producido la “correlativa contraprestación” por tales pagos. Los servicios a los que obedecían dichas facturaciones, acompañadas de documentos e informes sin utilidad acreditada, no llegaron a ejecutarse, y en esa operativa el alto tribunal atribuyó a Urdangarin una implicación directa, tanto en calidad de inductor como de cooperador necesario.

Con todo, el Supremo cifró en 619.000 euros el daño económico que, en conjunto, debían resarcir vía responsabilidad civil Urdangarin, Torres y, como beneficiaria económica, la infanta Cristina -la Audiencia Provincial de Balears, el órgano que a principios de 2016 juzgó el caso, lo había establecido en 852.287-, al incluir otras partidas que, aun sin encajar plenamente en el delito de malversación, también supusieron un perjuicio para la administración pública.

La Justicia declaró probado que parte de las cantidades defraudadas por Nóos acabaron en empresas pantalla como Aizoon, S.L. -la sociedad de la que Urdangarin era copropietario junto a su exmujer- y otras mercantiles creadas o utilizadas por el entonces yerno del rey Juan Carlos y Diego Torres -a quien los tribunales consideraron pieza central del entramado- para fragmentar contratos y dificultar la trazabilidad de los fondos. Unos hechos por los que no solo fueron condenados penal y económicamente ambos socios, sino también la hermana de Felipe VI como partícipe a título lucrativo de los delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la administración cometidos por su exmarido.

Durante la fase de ejecución de la sentencia, sin embargo, sucedió algo atípico: la Audiencia ordenó al Ejecutivo autonómico que devolviera los 201.174 euros que los dos excónyuges habían pagado de más después de que el Supremo acotara de 852.287 a 619.000 euros la valoración jurídica del daño efectivamente causado y probado. De esa cantidad, a la hermana de Felipe VI le correspondía cobrar 68.479 euros y al exduque, 132.695.

La Justicia ordenó al Govern que devolviera 201.174 euros a la infanta y Urdangarín después de que el Tribunal Supremo rebajara la valoración del daño causado y probado a las arcas públicas

Las cifras del caso Nóos, contrato a contrato

En Balears, la mayor cantidad que el Govern de Matas pagó a Nóos fue la correspondiente al patrocinio del equipo ciclista Illes Balears-Banesto: solo ese contrato supuso un desembolso global de 18 millones de euros entre 2004 y 2006. A ese importe se sumaron otros convenios, como los vinculados a los Illes Balears Forum -en torno a 2,3 millones de euros-, que situaron el volumen total de fondos públicos comprometidos por encima de los 20 millones.

El patrocinio ciclista fue un gasto políticamente muy controvertido y gestionado con controles laxos, pero la Justicia no lo consideró ilícito en su totalidad. Las magistradas que juzgaron la causa entendieron que existió una contraprestación real, si bien cuestionaron la forma en que se articularon determinados servicios asociados a este contrato, como los relativos a la denominada Oficina del Proyecto, por la que Nóos Consultoría Estratégica llegó a cobrar 293.660 euros de dinero público. A esta cantidad se sumaron los 177.093 euros pagados por el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) por un encargo de asesoramiento y apoyo técnico en materia de turismo que, de acuerdo a la sentencia, no respondía a una necesidad real del organismo público, se articuló al margen de los controles administrativos ordinarios y sirvió como vía para desviar fondos públicos hacia el entramado societario de Nóos. Por ese motivo, incluyó la cantidad abonada en el cálculo del daño económico indemnizable.

El Govern pagó más de 20 millones de euros al Instituto Nóos

Comunitat Valenciana: 3,5 millones sin restitución ni condena

En la Comunitat Valenciana, el gobierno de Camps y el Instituto Nóos firmaron varios convenios que acarrearon el pago de unos 3,5 millones de euros públicos para la organización, entre 2004 y 2006, de los llamados Valencia Summit, cuya adjudicación, señala la sentencia, fue llevada a cabo sin concurso y mediante un diseño administrativo que favoreció directamente a la entidad encabezada por Urdangarin y Torres. El tribunal concluye, sin embargo, que no quedó acreditada la inexistencia de una contraprestación real ni que se produjera un desvío cuantificable que justificara la restitución de fondos públicos como sí ocurrió en Balears.

Tampoco consideró indemnizables los 382.203 euros que la Generalitat abonó al entramado Nóos por trabajos vinculados a los denominados Juegos Europeos, cuyo impulso político -dirigido a reforzar la proyección internacional de la Comunitat Valenciana como sede de grandes eventos deportivos- fue auspiciado por el exvicepresidente del Consell, Víctor Campos, y del entonces conseller de Cultura y exvicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons. Durante sus respectivas declaraciones como testigos, ambos defendieron las bondades de la contratación. Aunque la adjudicación se realizó sin concurrencia pública y el proyecto no acabó culminando tras la irrupción de otras candidaturas, la resolución acreditaba que los trabajos previos sí se llevaron a cabo.

En el archipiélago, los tribunales apreciaron una intervención directa de Urdangarin en el diseño de los proyectos, en la definición de sus contenidos y en la forma de adjudicación, hasta el punto de concluir que su influencia personal fue determinante para orillar los controles administrativos. Esa constatación permitió fijar una responsabilidad penal y económica concreta. En la Comunitat Valenciana, en cambio, la Justicia no dio por acreditado ese mismo grado de dominio del hecho ni un perjuicio económico cuantificable, lo que cerró la puerta tanto a condenas penales como a la restitución de fondos.

En la Comunitat Valenciana, la Justicia no dio por acreditado ese mismo grado de dominio del hecho ni un perjuicio económico cuantificable, lo que cerró la puerta tanto a condenas penales como a la restitución de fondos

Los cinco ex altos cargos valencianos que fueron juzgados por estos hechos fueron además absueltos al no quedar probado que conocieran el carácter fraudulento de la operativa. “Se hacían objetivamente de forma no ajustada a la legislación, una legislación confusa, ambigua y susceptible de exégesis dispares”, apuntaba la resolución, pero “quienes las hacían no tenían conciencia de ello”.

La influencia de Urdangarin

Sobre las relaciones de poder que aprovechó Urdangarin en las islas, la Justicia señaló su amistad con José Luis 'Pepote' Ballester, en aquel entonces director de Deportes del Govern balear, gracias a la cual “consiguió mover la voluntad” tanto de éste como de Matas para obtener uno de los contratos investigados, “orillando toda concurrencia y los condicionantes” que pudieran derivarse de una tramitación ajustada a la legalidad.

“Más aún -añadía la sentencia-, el desarrollo posterior de la secuencia con la voluntariosa y disciplinada actitud de acatamiento a todas las propuestas [de Urdangarin y Torres] por parte del presidente Matas y su desarrollo, aceptando precios, imponiendo decisiones y sin reparar en obstáculos burocráticos o rémoras de reglas administrativas, pone bien a las claras de manifiesto que se produjo ese sutil pero patente y efectivo sometimiento ante la posición del proponente [en alusión a Urdangarin], actitud que buscó y provocó deliberadamente amparado en su notoria condición, combinada y reforzada por su amistad con José Luis Ballester”.

La diferencia entre las cifras millonarias que rodearon el caso Nóos y las cantidades finalmente consideradas no implica, sin embargo, una relativización de los hechos juzgados en torno a la red de sociedades instrumentales urdida por Urdangarin y Torres para obtener contratos públicos de forma irregular y derivar beneficios, una conducta que, de hecho, fundamentó las condenas penales que les fueron impuestas: cinco años y 10 meses de prisión para el primero y cinco años y ocho meses para el segundo. Matas, por su parte, sería condenado a tres años y ocho meses de cárcel por regar de fondos públicos al entramado.

Urdangarin fue condenado a cinco años y 10 meses de prisión y su socio Torres a cinco años y ocho meses. Matas, por su parte, sería condenado a tres años y ocho meses de cárcel por regar de fondos públicos al entramado

La sentencia, que supuso un punto de inflexión institucional, marcó una frontera nítida entre mala praxis y delito penal, pero también evidenció hasta qué punto las relaciones personales, la confianza y la ausencia de controles efectivos pueden convertirse en un atajo hacia el dinero público. Lo dejó claro el tribunal al aseverar que Urdangarin logró cuantiosas cantidades de fondos de las arcas autonómicas valiéndose de la “situación de privilegio” que “disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces jefe del Estado”. Marivent, aquel septiembre de 2003, no fue solo el escenario de un partido de pádel: fue la antesala de un modelo de gestión que acabaría sometido a lupa judicial.

El Ayuntamiento de la Vila Joiosa ha aprobado una resolución de la Concejalía de Personal para abonar una gratificación extraordinaria de 3.500 euros a J.C.M.B., el intendente de la Policía Local cuyo nombramiento ha estado rodeado de acusaciones de enchufismo junto con otros cargos del cuerpo. El consistorio justifica formalmente este pago alegando un “compromiso profesional”, una “dedicación constante” y una supuesta mejora en la optimización operativa y organizativa del cuerpo para mejorar el servicio al ciudadano.

La resolución, firmada por el concejal de Personal Francisco Pérez Buigues, especifica que se trata de un “complemento salarial de actividad profesional” que cubre el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2025.

El documento cuenta con el visto bueno de la fiscalización de Intervención, fue aprobado el pasado 15 de diciembre, el día antes de que finalizara su asignación temporal, que era prorrogable hasta este 31 de enero de 2026.

Esta compensación económica directa se produce también tras no haber podido consolidar su situación en la cúpula policial de manera estable ante la presión jurídica, dado que el caso ha sido denunciado por Agustín López, presidente de la Agrupación Vecinal de la Vila Joiosa, ante la Fiscalía Anticorrupción.

El caso ha salpicado al propio alcalde de la Vila Joiosa, Marcos Zaragoza (PP), quien también está siendo investigado por la justicia por un presunto delito de prevaricación por estos nombramientos “a dedo” en la Policía Local.

La investigación, que se instruye en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la localidad, analiza la contratación de agentes que supuestamente no superaron los procesos de oposición obligatorios. Zaragoza ya ha tenido que declarar ante el juez por estos supuestos “enchufes”, en una causa que también afecta al jefe de Recursos Humanos del Ayuntamiento.

El gobierno del Cabildo de Tenerife (CC-PP) lleva casi un año sin aportar novedades sustanciales sobre la imprescindible mejora de un auditorio Adán Martín que, tal y como salta a la vista desde hace mucho tiempo y como admite la propia presidenta, Rosa Dávila, “se cae a cachos”. Y eso que la propia Dávila reaccionó con contundencia a las informaciones de Canarias Ahora y Diario de Avisos que denunciaron el lamentable estado de lo que se supone que es uno de los monumentos señera de la Isla (eso sí, lo hizo en otros medios), culpando de la situación a la inacción del PSOE y Cs en el mandato previo y subrayando que habían retomado la iniciativa de reforma con ímpetu y negociando con el arquitecto autor, el célebre y controvertido Santiago Calatrava, para acelerarla lo más posible.

Sin embargo, y tras aprobarse en enero de 2025 un millón de euros para costear un proyecto de rehabilitación que se había anunciado para noviembre del año anterior, se ha llegado a enero de 2026 sin prácticamente novedades de relevancia y con el auditorio con el mismo o peor estado. 

Esta situación se abordará este viernes en el pleno insular por una pregunta del PSOE, pero lo que resulta innegable es que se han ido incumpliendo los plazos anunciados y, al menos públicamente, sigue sin desvelarse quién asumirá los 24 millones de euros que, en principio, cuesta esa reforma, dadas las diferencias del Cabildo con el arquitecto sobre quién es el responsable de que la decoración exterior en forma de escamas brillantes de mármol (trencadis) se ha ido cayendo desde hace muchos años. Calatrava echa la culpa a las empresas que ejecutaron su proyecto primigenio y, aunque el gobierno anterior llegó a un acuerdo con las compañías, ha ido pasando el tiempo y la situación sigue igual.

Negativa a aportar el proyecto, aunque se puede recurrir legalmente

El actual pacto de CC y PP se ha agarrado al plazo de 18 meses que en su día también dio el gobierno del socialista Pedro Martín a Calatrava, pero, una vez recibió el proyecto de reforma, el actual gobierno se ha negado, desde enero de 2025, a entregárselo a la oposición. De hecho, en un escrito del 23 de ese mes, se argumenta esa negativa a entregar el proyecto a que se trata de “un documento técnico (…), no concluso y de carácter no definitivo”, por lo que “su difusión puede producir confusión y disfunciones interpretativas en un debate al margen del procedimiento que dificulten la eficacia en la pronta resolución del mismo”. Eso sí, aclara que la oposición tiene derecho a recurrir y tomar las medidas legales que considera necesarias en aras de la información y transparencia, pero se negó la entrega del proyecto.   

El PSOE ha roto con su especie de tregua o margen de tiempo al gobierno y por eso preguntará mañana por un proyecto y una reforma que, si es que finalmente cuesta 24 millones, supondrá un importante impacto porque aún no queda tampoco claro si obliga o no al cierre (se baraja el plazo de un año) del auditorio en su totalidad y, por tanto, de su intensa programación cultural y musical, al menos en las zonas más afectadas. El gobierno ha negado el cierre, pero se supone que eso lo debe determinar el proyecto, aún desconocido.  

Que sean 24 millones de euros o más dependerá también de cuándo se han hecho esos cálculos, ya que el área insular de Cultura sostuvo en 2024 que la reforma costaría 2,6 millones, pero un informe del Cabildo de 2017 ya hablaba de 15 millones y otro de 2022 lo elevó a esos 24.

A finales de 2024, Calatrava dijo que no se encontraba “capacitado para asumir la dirección facultativa de los trabajos de reparación del Auditorio”, por lo que no aceptó llevarla a cabo personalmente. Así se admite en la modificación de crédito elaborada por CC y PP en enero de 2025 para aprobar el millón de euros para el proyecto de la reforma.

No obstante, que haya cambios en las cifras respecto al auditorio es la historia de este supuesto referente de la Isla, impulsado y supuestamente mimado por CC. De hecho, lo que se dijo que iba a costar hace casi 27 años, 26,7 millones ,acabó triplicando esa cifra, hasta los 74, a los que habrá que añadir el millón del proyecto y los 24 de las obras (o lo que el IPC y demás propicien). 

Canarias Ahora pidió la versión del gobierno insular desde el martes de este semana, sin respuesta hasta ahora.

El Ayuntamiento de Calahorra invertirá 1.153.903,27 euros en la ampliación del aparcamiento de la Catedral, el desarrollo de la zona verde pública contigua y la construcción de una acera hasta el Santuario del Carmen. Este aparcamiento es el recinto donde se desarrollan los festivales Holika y Gran Reserva, que también reciben dinero público como patrocinio, y que ya intentaron ampliar su espacio con la deforestación sin ningún permiso de un soto de ribera protegido.

El proyecto, redactado por DH Proyectos de Ingeniería S.L.P., contempla la ampliación del camino de la ribera hasta los 12 metros de anchura, el acondicionamiento de una rampa de acceso peatonal a la nueva zona verde, mejoras en el camino de la ribera y en el acceso al aparcamiento de la Catedral, así como la instalación de nuevas redes de abastecimiento y saneamiento y de alumbrado público.

Celebración de espectáculos

Todas estas actuaciones además de mejorar y ampliar el entorno del parque del Cidacos permitirán la celebración de espectáculos públicos y eventos recreativos temporales como conciertos, autocine, circos, eventos deportivos, ferias,.. en este entorno de la ciudad, dinamizando la vida cultural, social y económica de Calahorra.  El ámbito de este proyecto es de 31.390 metros cuadrados aproximadamente. Comprende el aparcamiento de la Catedral y la parcela situada aguas abajo del puente y la mejora del camino de la ribera que conecta ambas zonas.

Para llevar a cabo esta actuación, principalmente, se llevará a cabo el acondicionamiento de la parcela de unos 7.200 metros cuadrados, ubicada al este del aparcamiento al otro lado del puente, que se encuentra en estado de abandono y llena de especies invasoras y muertas. Para ello, se harán labores de desbroce, poda y tala selectiva de ejemplares invasores, se demolerá la edificación existente, se terraplenará la parcela para adaptarla a la cota de la acera de la carretera de Azagra y se plantarán nuevas especies perimetrales. El acceso a esta parcela se hará por una nueva rampa peatonal. 

Además, se va a mejorar la accesibilidad del aparcamiento de la Catedral, tanto peatonal como rodada. Se reformará el camino de entrada al parking público, rebajando su rasante para adaptarla a la cota del aparcamiento y proyectando una plataforma única de acceso común más amplía, de 12 metros de anchura, con espacios peatonales ambos lados de la calzada.

Asimismo, se construirá una nueva escalera de acceso a este parking desde la calle Mediavilla, de hormigón armado y más ancha, que sustituirá a la metálica existente.

Otra de las actuaciones previstas es la conexión hasta la carretera de Azagra con una nueva acera que dé continuidad a la existente hasta el final del puente con 3 metros de anchura, así como un nuevo paso peatonal en las inmediaciones del cruce con la carretera de Azagra y el camino Ambilla, y un tramito de acera para conectar con las escaleras existentes junto al lavadero.

También se actuará en el camino de la ribera del río. Por un lado, se modificará su rasante en la zona bajo el puente de la calle Mediavilla, destinada al paso eventual de vehículos de emergencias y mantenimiento de servicios municipales. El objetivo es aumentar el gálibo vertical de paso bajo dicha estructura, hasta alcanzar los 4 metros y permitir el paso de vehículos bajo el puente. Y, por otro lado, se ampliará este camino hasta los 12 metros de anchura, de los cuales 7 serán exclusivos para uso peatonal y los otros 5 metros restantes para ciclistas y, eventualmente, para vehículos de emergencias y mantenimiento de servicios municipales.

La instalación de nuevas redes de saneamiento y abastecimiento en esta zona y un nuevo alumbrado están dentro de este proyecto. El tipo de iluminación prevista es mediante columnas dotadas de proyectores que cubren lumínicamente todas las superficies y accesos.  También se prevé la sustitución de las luminarias existentes en el tramo de la calle Mediavilla entre la glorieta y el puente sobre el río Cidacos, por unas nuevas con tecnología LED que permitan iluminar tanto el vial actual como la nueva acera proyectada.

Todas estas obras tienen un plazo de ejecución de 4 meses. 

Licitación de las obras

El proyecto, aprobado esta semana por la Junta de Gobierno Local, está publicado en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es) y la próxima semana la Junta de Gobierno Local aprobará el expediente de contratación para licitar las obras. 

Las empresas interesadas en realizar esta actuación dispondrán de 16 días naturales para presentar sus propuestas. 

Lucía (nombre ficticio a petición de la entrevistada) cuenta que estaba en una entrevista académica importante cuando su entrevistador, “una eminencia en su campo”, hizo un comentario algo extraño. Ella dice que respondió de modo casual. Pero él insistió con un gesto “como de sorna” sobre su perfil profesional que la descolocó. Solo unas horas más tarde cayó en la cuenta de “lo raro” que había sido ese mensaje. Y cuando buscó su nombre en Google, no lo podía creer.

Una página web a su nombre publicada sin su consentimiento hablaba sobre ella en primera persona, ofertaba servicios y cursos e incluía sus datos personales como su número de teléfono, DNI o dirección. En esa web se describe a Lucía, que ejerce como copywriter, como “una mujer, escritora, acompañante” que trabaja “con palabras, con intuiciones, con pausas”. Figura que es un espacio “para mujeres que sienten, piensan y crean en sintonía con lo natural”.

La página tiene una entrada de un blog personal con un texto muy íntimo que se presupone escrito por ella. También se ofertan cursos valorados en hasta 79 euros “para que puedas explorarte, aprender y crear desde un lugar auténtico”. Para “ayudarte a reconectar contigo, con tu voz y con tu propósito”. En la pestaña de aviso legal pone hasta que Lucía es la responsable de la web y que los contenidos publicados en ella “están protegidos como derechos de autor por la legislación en materia de propiedad intelectual”. Abundan imágenes aparentemente de stock y colores verde y blanco. Pocos dirían que se trata una página web que ella nunca autorizó.

La joven estaba interesada en contar con una web personal para integrar servicios, contacto, blog y otras funcionalidades que hasta entonces solventaba apoyándose en plataformas externas. Pero no así. Había sido beneficiaria del kit digital, un programa estatal financiado con fondos europeos para subvencionar la digitalización de autónomos y pymes que duró casi cuatro años, desde principios de 2022 hasta finales de 2025, y contó con un presupuesto de 3.400 millones de euros repartido en 858.000 ayudas.

Lucía contactó entonces con Orbidi, una agencia de marketing digital con sede en Canarias. Firmó con ellos un contrato valorado en 2.000 euros por la creación de una página web y presencia en internet. Y también acordó por 1.000 euros que la empresa se encargara de la tramitación de un nuevo ordenador para ella. Era la ayuda más popular del kit digital para autónomos. Eso lo hizo el 9 de abril de 2025. A partir de ahí comenzaron los problemas.

“Habiendo detallado todo lo que buscaba, recibí una respuesta descoordinada por parte de un montón de trabajadores que estaban muy perdidos. Me llegaron invitaciones a cuatro o cinco chats de WhatsApp, emails pidiéndome registrarme, bajarme una app, seguir pasos de no sé qué”, relata. “Una vez pasada la primera conversación con la comercial, y firmado el primer contrato, la comunicación se hizo una pesadilla, les pedía una cosa y me volvían a preguntar lo mismo varias veces”.

La joven expresó el 21 de abril que finalmente no deseaba aprobar el presupuesto para el desarrollo web, pero sí continuar con el envío del portátil. Lucía dice que no quería ceder nada de su trabajo a una agencia “tan desorganizada”. La normativa que regula el kit digital establece que cualquier acuerdo entre las partes solo es válido y tiene efectos “una vez realizada la comprobación de la conformidad” por Red.es, la empresa pública encargada de regular las condiciones del programa. Y Lucía destaca además que en el contrato firmado con Orbidi ponía que, de no realizarse servicio alguno, las partes “podían irse sin más”. Admite eso sí que no lo recuerda exactamente y que los términos y condiciones de la firma ya no los puede ver (cuando intenta hacerlo, le saltan los aprobados para contratos a partir del 15 de mayo).

Semanas después de cancelar el servicio, la joven continuó recibiendo “numerosos correos electrónicos y llamadas” de la empresa, incluso un borrador de una página web que incluía sus datos personales. Lucía volvió a pedir el cese inmediato de las comunicaciones. Y la compañía le contestó que su baja estaba “en tramitación”. Eso fue el 7 de mayo. Casi dos meses más tarde, el 2 de julio, descubrió que la página había sido publicada igualmente con información falsa. Orbidi le reconoció que su “solicitud de baja se gestionó, pero el error fue que no se dio de baja la web”. La joven decidió no interponer denuncia tras la eliminación de la página. Algunos de sus datos permanecieron indexados en Google durante meses, causándole más de un dolor de cabeza.

“A nivel profesional no hubo daño directo, afortunadamente, porque tuve mucho ojo con la información que compartí con ellos desde el principio. (…) Sin embargo, fue claramente vergonzoso y frustrante ver cómo mi perfil académico (que me llevó muchos años construir, donde la coherencia y el rigor lo son casi todo) quedó mezclado con todo eso justo cuando ya estaba llegando a un sitio importante”, remacha Lucía. “Estoy contenta de que haya pasado, me costó lucharlo un montón y al final la empresa reconoció su error”.

Canarias Ahora envió un cuestionario de preguntas a Orbidi vía email y también por WhatsApp, pero hasta la fecha de publicación de este reportaje, no ha obtenido respuesta.

El caso de Lucía ilustra el “salvaje oeste” en que se convirtió el mundo del marketing digital tras la aprobación del kit digital, según fuentes del sector consultadas. Una plataforma de afectados en Facebook recoge testimonios de decenas de personas que amenazan ahora con presentar demandas colectivas contra algunos de los llamados agentes digitalizadores, las empresas autorizadas por el Gobierno nacional para ofrecer los servicios informáticos del programa.

Hay quienes denuncian no haber recibido nunca el ordenador que reclamaron, que dicen que las webs entregadas son de mala calidad o que se sienten directamente estafados. El balance oficial del plan detalla que el 88% de los beneficiarios de las ayudas afirma no haber tenido problemas y que la puntuación media de las empresas es de 8,02 sobre 10. Pero el sentir dentro del sector es otro. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también ha recibido “alguna reclamación”.

“[El kit digital] ha servido como excusa para muchas empresas para crear productos a sobrecoste”, reflexiona Carlos Sánchez, de ‘El SEO Técnico’. “Quien ha encontrado la forma de rentabilizarlo ha sido el que ha vendido webs que en el mejor de los casos podrían valer 800 euros al precio mínimo de 3.000. Al final al cliente [el beneficiario de la subvención] le sale gratis, por lo que para muchos su modelo de negocio ha sido hacer muchísimas páginas con los mismos patrones a bajo coste”.

En esta línea ahonda Rafael Pavón, coordinador de páginas web en la empresa Ideaweb. Admite que el programa “nació como una buena idea”: impulsar la digitalización de pymes y autónomos tras la pandemia. Pero cree que ha estado “mal ejecutada” por la implantación de “requerimientos laxos” a la hora de medir la calidad de los agentes digitalizadores. Señala que solo se verificaban “criterios cuantificables, no la calidad” (se pedía tener una facturación acumulada de, al menos, 100.000 euros en los dos años anteriores), y que “eso ha dado pie a multitud de páginas web de terrible diseño, sin ningún criterio estético y con una arquitectura de contenidos deficiente e inexistente”.

También se critican los “retrasos” en los pagos por parte de la administración que hicieron huir a muchos profesionales, dejando el campo libre a agencias cuya prioridad era “conseguir clientes, cubrir el mínimo y conseguir más clientes”.

“Nos referimos a los autónomos que pidieron el kit de 2.000 euros para una web, por ejemplo, y luego les han dejado tirados. O los que al menos tuvieron la web, pero con un resultado que ni siquiera les representaba… Webs atropelladas, sin diseño ni arquitectura de información y entregadas con presión”, resume Pavón.

Para las fuentes, los “claros ganadores” han sido grandes compañías que, sin ser especialistas en diseño web, actuaron como intermediarios para captar la lluvia de dinero repartida (el periódico 'El Confidencial' reveló que dos de los tres agentes más contratados entre abril de 2022 y septiembre de 2023 fueron Vodafone y Orange). El medio ‘El País’ llegó a documentar el caso de una empresa que operaba como una “fábrica de webs baratas” subcontratando el trabajo en países como Venezuela por apenas 61 céntimos por página. Los “perdedores”, en cambio, han sido los que se dedicaban a esto anteriormente.

“Nos han reventado los clientes. Nadie del sector puede luchar contra el Gobierno ‘regalando’ dinero para tu web”, lamenta Pavón. Aquellos que tenían “webs funcionales” y que se vieron arrastrados por la fiebre del kit digital para actualizarla también se vieron perjudicados, agrega Sánchez. “Ha sido un auténtico drama. [Conozco] un negocio cuya pérdida [de posicionamiento en internet] fue tal que no pudo costearse una recuperación, ya que ni tenían copias de seguridad ni se las proporcionaron, por lo que se arruinaron por completo. En mi empresa era habitual que nos llegasen clientes para resolver problemas tan graves como este debido al kit digital”.

Miquel Serrat, de 'The Webmaster', insiste en que “la idea original era, sin duda, buena: España está a la cola de la Unión Europea en materia de digitalización de empresas y autónomos, y una subvención podía ser una buena forma de impulsar ese cambio”. Argumenta que “el problema no ha estado en el programa en sí ni en su gestión por parte de la administración pública, sino en muchas de las agencias acreditadas que han participado en su ejecución”.

“Lo más preocupante es que numerosos beneficiarios del kit digital desconocen que la web que les han creado es deficiente”, lamenta. Y eso, en su opinión, tiene consecuencias: “La web es el eje central de la comunicación de cualquier negocio. Tener una deficiente equivale, en la práctica, a sabotearse a uno mismo”.

El proyecto de Presupuesto municipal de Zaragoza para 2026 vuelve a poner sobre la mesa las prioridades políticas del Gobierno del PP en la ciudad. Las cuentas de los últimos ejercicios evidencian que el gasto en partidas relacionadas con luces decorativas se disparan hasta superar incluso lo que los populares destinan a sinhogarismo. En plena crisis social, este gasto experimenta un fuerte aumento pero no alcanza al desembolso en eventos luminosos. Como muestra, solo en la ornamentación navideña la corporación se habrá gastado más de cuatro millones de euros en tres años.

De aprobarse el presupuesto, pendiente de Vox, entre 2024 y 2026 el Ayuntamiento habrá destinado en concreto 4,1 millones de euros a la iluminación y decoración por Navidad, una cifra que contrasta con la evolución de otras políticas sociales y urbanas en una ciudad con crecientes problemas de exclusión residencial.

El presupuesto para ornamentación navideña ha experimentado una subida constante desde 2024. Ese año, el gasto fue de 750.000 euros. En 2025 se duplicó hasta alcanzar 1,5 millones, y en el proyecto de cuentas para 2026 asciende a 1,85 millones de euros. Esto supone 300.000 euros más que el año pasado y 1,1 millones más que en 2024, consolidando una de las mayores partidas de gasto discrecional del presupuesto municipal.

Además, la partida para el Zaragoza Luce –presentado este martes– pasa de 485.000 euros a 640.000 en las cuentas de este año, lo que lleva la suma a los 2,5 millones de euros. Y a esta cifra hay que añadir otras partidas vinculadas a eventos y decoración urbana, como los 130.000 euros destinados en 2026 a Zaragoza Florece, frente a los 100.000 del año anterior.

Sinhogarismo: sube, pero menos

El contraste más polémico aparece al comparar este incremento con el destinado a las políticas de atención a las personas sin hogar. Según los datos del Consistorio, el gasto total en 2024 fue de aproximadamente 818.000 euros, incluyendo urgencias sociales, alojamientos del Plan Primera Oportunidad y convenios con entidades como la Hermandad del Refugio, Fundación San Blas, Cáritas, Banco de Alimentos, Asociación Agustina de Aragón, Parroquia del Carmen y San Vicente de Paúl.

En 2025, el total destinado a este ámbito aumentó a 1.361.000 euros, sumando alojamientos de urgencia, contratos de servicios y convenios ampliados con otras entidades sociales. Para 2026, el gasto previsto asciende a 2.284.000 euros. Destaca la partida de 1.030.151 euros para los servicios del Albergue Municipal, el mayor incremento dentro de esta área, además de otros 125.000 euros para equipamiento y convenios nuevos o reforzados con organizaciones como Refugio, San Blas, SERCADE, Caritas, GAMBARU y Fundación San Ezequiel Moreno.

Aunque estas cifras muestran un crecimiento sostenido, el ritmo de incremento es inferior al de la partida de luces de Navidad, que solo en 2026 reserva 1,85 millones de euros, casi igualando todo el gasto destinado a sinhogarismo en la ciudad.

Más recursos sociales, según el Ayuntamiento

A pesar de este crecimiento a menor ritmo, desde el Ayuntamiento de Zaragoza insisten que el proyecto de Presupuesto para 2026 refuerza de forma clara las políticas sociales, especialmente las dirigidas a las personas mayores y al sinhogarismo.

De hecho, según los datos facilitados por el propio Consistorio, el aumento del presupuesto del Área de Políticas Sociales se dirige, en buena medida, a la mejora de estos servicios, considerados de gran relevancia social por su vinculación tanto a la crisis migratoria como al aumento del precio de la vivienda.

En este sentido, una vez concluida la reforma integral del Albergue Municipal, en la que el Ayuntamiento ha invertido 4 millones de euros, el proyecto de Presupuesto para 2026 ha duplicado la partida destinada a los servicios de este centro de acogida e inserción de personas sin hogar, que pasa de 519.545 euros a 1.030.151 euros. A esta cantidad se suman otros 125.000 euros destinados a mejorar el equipamiento de las instalaciones.

Asimismo, el Consistorio ha anunciado un refuerzo de la colaboración con entidades sociales sin ánimo de lucro que trabajan en la formación y la integración de personas sin hogar. Para ello, se pretenden crear nuevos convenios con la Fundación Dolores Sopeña (25.000 euros), Sercade (30.000 euros), Gambaru (30.000 euros) y la Fundación San Ezequiel Moreno (20.000 euros), así como incrementar los ya existentes con la Hermandad del Refugio, la Fundación San Blas, Cáritas, la Parroquia del Carmen, Ozanam y el Centro de Solidaridad.

Prioridades políticas bajo el foco

Desde el Gobierno municipal defienden que las partidas sociales han crecido de forma significativa y que el aumento porcentual es elevado. Sin embargo, la comparación directa entre ejercicios revela qué políticas reciben un mayor impulso presupuestario en términos absolutos.

Mientras la ornamentación navideña se consolida entre las propuestas de este mandato, la inversión en atención a las personas sin hogar avanza de forma más contenida y el mantenimiento urbano básico pierde peso año tras año.

Toledo, Talavera de la Reina y Puertollano se sitúan entre los ayuntamientos “pobres en inversión social” en 2024, según un informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, publicado este martes y que toma los datos correspondientes al Presupuesto Liquidado 2024 publicado el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Toledo dedicó el 4,4% del dinero público disponible a inversión social, con una inversión de 60,72 euros por habitante. Le sigue Puertollano, con el 4,8% de su presupuesto y 55,28 euros por habitante, mientras que Talavera destinó un 6,5% de su presupuesto, un total de 56,68 euros por habitante.

Casi 30 ayuntamientos dedican 200 euros por habitante

A nivel general, un total de 27 de los 404 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que hay en España, el 6,7% del total, han alcanzado la “excelencia” por su inversión en Servicios Sociales, con más de 200 euros por habitante al año. Esto supone un incremento de seis ayuntamientos con respecto al año anterior cuando eran 21.

En concreto, la asociación ha analizado, por undécimo año consecutivo, los presupuestos que los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de España dedican a la partida de 'Servicios Sociales y Promoción Social' que publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Del análisis se desprende que 27 ayuntamientos alcanzan la “excelencia”, con más de 200 euros por habitante al año. Estos representan el 9,5% de la población española con 3.052.548 habitantes. Mientras, 45 son clasificados en la categoría de “pobres” (uno menos que el año anterior), con un total de 3.191.950 vecinos.

Según señala la asociación, la mediana de gasto efectuada por el conjunto de los 404 Ayuntamientos analizados se sitúa en 106,48 euros por habitante, lo que representa un aumento del 4,36% más que el ejercicio precedente, con una inversión total en Servicios Sociales superior a los 4.261 millones de euros, un 6,2% más que en el ejercicio 2023.

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha anunciado este martes la aprobación de dos adendas para incrementar la financiación de las universidades públicas de la región, la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), y la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), con un total de 5 millones de euros de inversión.

Estas actualizaciones de contrato, que incrementan los presupuestos comprometidos para el periodo 2022-2026, tienen como objetivo “garantizar el compromiso de gratuidad de la primera matricula” en Castilla-La Mancha, según ha informado Padilla durante la rueda de prensa destinada a informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

El 87% del presupuesto será para la UCLM

“Teníamos una previsión y se ha confirmado de más de 5.100 alumnos y alumnas en esta matrícula”, ha informado la consejera portavoz. “Apostar por la universidad pública es también hacerla accesible y evidentemente esta implantación de la gratuidad de la primera matrícula es una parte muy importante en esa labor”, ha añadido.

En concreto, el 87% del presupuesto irá destinado a la UCLM, mientras el 13% restante se pondrá a disposición de la Universidad de Alcalá de Henares. “Evidentemente, el volumen de alumnado de la región en una y otra está más que justificado, el peso de la inversión”, ha destacado Padilla.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha ha pedido hoy a Vox que explique qué hizo con los fondos que pidió para las víctimas de Letur y Mira, tras la dana de octubre de 2024 después de que ofreciera a su organización juvenil oficiosa, Revuelta, como catalizador para la recogida y distribución de las donaciones hace ahora algo más de un año

“El 31 de octubre de 2024, muy insistentemente, el señor Moreno pedía fondos para los afectados de Letur y Mira, en Castilla-La Mancha”, ha recordado Ana Isabel Abengózar. Ese día, el líder de la formación de ultraderecha en la comunidad autónoma anunciaba que Vox había puesto en funcionamiento su estructura interna, a través de 'Solidaridad y Revuelta' - la organización juvenil oficiosa del partido- para gestionar la donación de elementos de primera necesidad destinados a las víctimas de la dana.

Ahora se han detectado supuestas irregularidades en la contabilidad de Revuelta conocidas a través de audios difundidos por los periódicos El Mundo y El Plural. Los fondos recaudados no habrían sido destinados a las víctimas de la dana, sino que habría sido desviados, y eso era conocido por la formación de Santiago Abascal. Este miércoles, el PSOE castellanomanchego ha puesto el foco en la presunta implicación del diputado de Vox y teniente de alcalde en Talavera de la Reina David Moreno, y también del diputado nacional por Toledo, el talaverano Manuel Mariscal, que aparece en los audios.

Los socialistas piden saber qué páso con los fondos recaudados por la organización juvenil para Mira y Letur y “si han llegado a su destino, que eran los afectados. Yo creo que es importante que conozcamos dónde ha ido ese dinero, por lo que estamos viendo a nivel nacional, lo recaudado para Valencia no fue a Valencia”, ha comentado la diputada regional socialista.

“Creo que hoy más que nunca se hace necesario que Vox diga, muestre y, por tanto, tengamos, si lo muestran, confianza en ellos, que muestre a dónde fueron esos fondos que su organización juvenil y que él mismo ponía a disposición para que Revuelta fuera quién los recabara”.

Interpelación al PP: “Pidan explicaciones a los socios de gobierno”

También se ha referido la diputada al Partido Popular, al recordar que el líder del Vox en Castilla-La Mancha es de Talavera de la Reina. Allí ejerce como teniente de alcalde en un gobierno con los 'populares'.

“El alcalde de Talavera de la Reina es el Partido Popular. Creo que más que ningún otro tiene que pedir explicaciones, luz y taquígrafos, sobre las cuentas, sobre los fondos municipales que utiliza Vox, en este caso, pero así en toda Castilla-La Mancha”.

En su opinión, “no puede ser” que el PP valore “lo de otros pero no valoren lo propio, y lo de los socios [de gobierno]”. Abengózar pide al PP que sea “serio, responsable y que si se pide explicaciones al de al lado, se la pida a los propios socios con lo que están compartiendo gobierno, con los que están gestionando pueblos y ciudades de Castilla-La Mancha”.

Inés Cañizares: “No hemos traspasado fondos al partido”

El PSOE pedía ayer al PP que se investiguen también las cuentas de Vox en los ayuntamientos donde ambos gobiernan de forma conjunta. Es el caso de Toledo, donde Carlos Velázquez (PP) tiene como número dos a Inés Cañizares, de Vox.

Sobre esta cuestión ha sido preguntada hoy la vicealcaldesa de Toledo. “Si lo que quieren saber es si nosotros traspasamos dinero para fines que no son los de la ciudad o para el partido, eso no lo hemos hecho ni lo vamos a hacer nunca jamás”.

“El dinero se queda en Toledo y se invierte en el grupo municipal”, ha concluido.

Sobre los audios en los que su compañero de filas, el diputado nacional por Toledo Manuel Mariscal, deja entrever la necesidad de 'adelantarse' a la posibilidad de disolver Revuelta porque con su actuación - las supuestas irregularidades contables- “a todos nos está llevando a algo malo”, Inés Cañizares ha dicho no estar preocupada. “Tengo las mismas informaciones que ustedes. No sé cuál es la verdad. Vox quería tener conocimiento de todos los movimientos que hacía esta asociación y al no tenerla, pretenden desvincularse”.

No ha querido ir más allá, aclaraba, tras asegurar que “no tiene más información”.

La vicealcaldesa de Toledo Inés Cañizares ha negado hoy que el grupo municipal de Vox que dirige haya traspasado fondos de dinero público que reciben de los presupuestos públicos municipales a su partido.

La edil salía así al paso de la interpelación del PSOE que lleva ya dos días pidiendo al PP que investigue las cuentas de Vox en los ayuntamientos donde ambos gobiernan de forma conjunta. Es el caso de Toledo, donde Carlos Velázquez (PP) tiene como número dos a Inés Cañizares, de Vox.

Sobre esta cuestión ha sido preguntada hoy la vicealcaldesa de Toledo, durante el tradicional encuentro navideño con la prensa. “Las cuentas son totalmente transparentes y limpias”, ha asegurado, tras la polvareda por el supuesto desvío de fondos de la dana por parte de Revuelta, la organización juvenil satélite de Vox y después de que el Grupo Parlamentario ultra en las Cortes de Castilla-La Mancha tuviera que devolver 34.000 euros que habían sido desviados a la dirección nacional de la formación, tal y como advirtió el interventor del Parlamento castellanomanchego.

Inés Cañizares asegura que su grupo dedica los fondos públicos que recibe “a aquello para lo que están concebidos y para el mantenimiento del grupo municipal” y sostiene que son “siempre acciones que están relacionadas con la ciudad de Toledo”.

Ante la insistencia de los periodistas durante una rueda de prensa hoy ha sido tajante: “Si lo que quieren saber es si nosotros traspasamos dinero para fines que no son los de la ciudad o para el partido, eso no lo hemos hecho ni lo vamos a hacer nunca jamás”.

“El dinero se queda en Toledo y se invierte en el grupo municipal”, ha concluido.

“No estaría de más que el Grupo Parlamentario diera explicaciones”

A Cañizares también le han preguntado si cree que su partido debería estar dando explicaciones sobre organización juvenil de Vox, Revuelta, implicada supuestamente en el desvío del dinero procedente de las donaciones destinadas a las víctimas de la dana.

No estaría de más que el Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha diera explicaciones

El PSOE de Castilla-La Mancha lleva dos días pidiendo explicaciones a la formación de ultraderecha. “Hombre, yo creo que con lo que el PSOE tiene ahora encima... Creo que son ellos los que tienen que dar explicaciones a nivel nacional”. Sin embargo ha querido dejar claro que no se trata de tirar del 'y tú más' y ha añadido que “no estaría de más que el Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha diera explicaciones”, sobre el destino de las donaciones a las víctimas de la dana gestionadas por Revuelta.

El Ayuntamiento de Valladolid dio una adjudicación directa de un contrato de “contenidos audiovisuales” a la empresa del exconcejal del PP en Medina del Campo, David Blanco Valmaseda, amparándose en el “franquiciado de dos medios nacionales” que servirían de plataforma para difundir esos contenidos. El primer contrato con Ramda Comunicación SLU lo firmó el propio alcalde, Jesús Julio Carnero, el 5 de abril de 2024 y el plazo de ejecución se alargaba durante ese mismo año.

Se trata de un contrato menor por valor de 12.100 euros. El objeto era “realizar contenidos audiovisuales durante el año 2024 sobre temas municipales”. En la justificación de la contratación se especifica literalmente que “el Ayuntamiento de Valladolid necesita contar con contenidos audiovisuales vinculados con las diferentes actividades que se realizan a lo largo del año”. Lo explica así: “Se trata de reportajes mensuales con entrevistas con la temática que elija la dirección de comunicación”. Otra cláusula precisa que los contenidos podrán ser “visionados” en distintas redes sociales, “quedando el material en propiedad del Ayuntamiento”.

En el apartado de “Justificación de la oferta seleccionada o imposibilidad de obtener tres ofertas” el Ayuntamiento alega que el motivo de la selección de la adjudicataria es “por no ser una productora convencional, pues ofrece dos plataformas para su difusión en el ámbito nacional”. En concreto, dice, “gestiona la delegación en Valladolid de dos medios de comunicación: La Jungla Radio, que tiene 11.000 seguidores en Facebook, Instagramn (sic) y X, y el medio nacional The Objetive (sic). ”Los contenidos serán publicados en los dos medios nacionales franquiciados: The Objetive (sic) y La Jungla“. En el contrato se justifica la no ampliación de la oferta a dos empresas más, ”porque Ramda Comunicación es la única productora que gestiona los dos citados medios de comunicación en Valladolid, por tanto ninguna otra empresa podría competir. Por ello se tramita al margen del acuerdo marco“, finaliza.

El contrato lo informa o propone el gestor del programa 01/9207 y lo visa el director del Gabinete de Gobierno y Relaciones del Ayuntamiento. Ambos son la misma persona, David Villanueva Valentín-Gamazo, sobrino del que fuera vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, que falleció poco antes de declarar como imputado en las causas Perla Negra y Trama Eólica, en el que estaba acusada parte de la cúpula de la Consejería de Economía, que dirigía el propio Villanueva.

David Villanueva fue asesor en la Junta de Castilla y León y cesó para recalar en el Ayuntamiento de la mano del alcalde, Jesús Julio Carnero, que es quien firma el contrato.

Respecto a la empresa Ramda Comunicación, se creó en 2022 y tiene su domicilio social en Medina del Campo, según datos del Registro Mercantil. Su propietario es David Blanco Valmaseda, que ha sido concejal del PP en Medina del Campo hasta 2012, una etapa en la que pudo conocer a Carnero, que fue presidente de la Diputación desde 2011 a 2019. Blanco Valmaseda pasó después por Ciudadanos.

The Objective y La Jungla Radio niegan cualquier relación “societaria o contractual”

“The Objective no tiene relación societaria ni contractual con Ramda SLU”, aseguran tajantemente desde ese medio a elDiario.es. Sí reconocen que saben quién es Blanco Valmaseda, ya que fue él quien se encargó de buscar dos colaboradores para ellos en Valladolid, y el propio Blanco también ha escrito varias informaciones en el digital. Sin embargo, los contenidos audiovisuales de los que habla el contrato nunca han sido difundidos en The Objective, aseguran desde la cabecera.

Algo parecido ocurre con La Jungla Radio. El locutor José Antonio Abellán ha explicado a elDiario.es que cede gratuitamente su contenido, programación de radio digital, a quien lo solicite. Así, en el año 2019, una persona de Medina del Campo solicitó difundir los programas de Abellán en un dial de Medina del Campo el 105.7 FM. Esta frecuencia nunca ha sido adjudicada, así que quien la explotase, por fuerza lo hacía de forma ilegal. Quien solicitó la cesión es Israel Arnanz, que actualmente es colaborador de The Objective y empleado de Ramda.

En la cuenta de X de La Jungla Radio Valladolid que no llega ni a los 4.000 seguidores, aparecen ahora dos diales distintos en los que se supone que se emiten los contenidos de Abellán, “(FM) Valladolid y Alfoz 96.7 / Medina del Campo 105.9”. No se ha adjudicado ninguna de las dos licencias y desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital aseguran que carecen de licencia de radio. En cuanto a los contenidos de esa cuenta aparecen efectivamente numerosas fotos y vídeos sobre la actividad del Ayuntamiento, y más concretamente de la concejala de Turismo, Blanca Jiménez Cuadrillero, que protagoniza numerosos vídeos.

Desde esta cuenta, se retuitean además artículos de The Objective. El Ayuntamiento, que tiene la propiedad de esos contenidos, gestiona su propia cuenta de X con más de 73.000 seguidores, y no ha explicado cuál es la utilidad de esa segunda “plataforma” que está por debajo de los 4.000 a la que ni siquiera repostea. En Instagram, La Jungla Radio Valladolid tiene 3.200 seguidores, mientras que el perfil del Ayuntamiento supera los 51.000.

ElDiario.es contactó con el Gobierno municipal para que explicasen qué comprobaciones hicieron sobre lo afirmado por Ramda Comunicación sobre unos franquiciados que han resultado ser inexistentes y que constituyen la razón principal por la que el contrato no forme parte del acuerdo marco de medios de comunicación y haya conseguido la adjudicación directa.

En un primer momento, discutieron la inexistencia del franquiciado mostrando las cuentas de La Jungla Radio Valladolid en X e Instagram y artículos en The Objective donde se incluyeron los tuits de La Jungla Radio Valladolid con los vídeos, algo inusual entre dos medios distintos. En algunos casos esos tuits se han linkado mal y ni siquiera se pueden previsualizar.

Aunque el Ayuntamiento reconoce que no se les pidió documentación que acreditase los sus supuestos “franquiciados”, aducen que no se ha producido engaño “porque los vídeos” están en las redes sociales mencionadas y también en su poder para utilizarlo “de forma interna”. Así restaron importancia a haber basado una adjudicación directa en un dato que ni siquiera comprobaron. “Nosotros contratamos la realización de varios vídeos y se han hecho. La publicación en los dos medios era un plus”, argumentan.

Además, se escudan en que Blanco Valmaseda estaba en el registro de proveedores del Ayuntamiento desde la etapa del ahora ministro Óscar Puente, por lo que no tenían por qué desconfiar. Sólo hay un contrato de 2021 por 484 euros para la realización de “cuñas de radio”.

El contrato de 2024 no es el único. En 2023 ya se contó con Ramda Comunicación para realizar varios vídeos sobre el soterramiento, el concurso de pinchos o el encendido de la iluminación navideña entre otros. Se les pagó 6.050 euros. Pero es que además, a lo largo de este año, se les ha contratado desde la Sociedad Mixta de Turismo, para que hagan los vídeos a la concejala del ramo, que es quien ha protagonizado casi todos desde 2023. Hasta el momento, han firmado dos contratos que suman poco más de 10.000 euros. Si lo han hecho basándose en el franquiciado o no, es algo que no ha podido comprobar elDiario.es, ya que se han mostrado, pero no se ha facilitado copia y no se ha permitido ni leerlos ni tomar fotos. Los vídeos encargados este año se han colocado en la cuenta de X de La Jungla Valladolid Radio y en The Objective, esta vez como enlace de Youtube, con una cuenta llamada CyLWoW que cuenta con 9 suscriptores y 15 vídeos. El más visto cuenta con 991 visualizaciones, pero la mayoría apenas llega a las 60.

Este diario intentó hablar sin éxito con los responsables de Ramda Comunicación.