Enorme tirón de orejas de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha a los ayuntamientos de las cinco capitales de provincia y de Talavera de la Reina por no desplegar en su totalidad zonas de bajas emisiones (ZBE). En su último informe de fiscalización sobre el cumplimiento de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, donde se exige la creación de estas áreas para municipios de más de 50.000 habitantes, este órgano desvela un “retraso generalizado” y un panorama “desigual en la región”. De hecho, habla de “riego de ineficiencia en la utilización de los fondos públicos” puesto que muchos de los ayuntamientos recibieron dinero para su puesta en marcha.

Actualmente, la realidad que muestra Castilla-La Mancha es que, de las seis ciudades que están obligadas -Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo-, únicamente Cuenca y Ciudad Real las tienen en funcionamiento, mientras que Albacete y Talavera de la Reina han aprobado las suyas recientemente, aunque todavía no han entrado en vigor. Por su parte, Guadalajara y Toledo todavía carecen de su propia ZBE tras fracasar sus propuestas por diferentes motivos.

En el informe, consultado por este periódico, la Cámara de Cuentas detalla el caso de Guadalajara, donde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha declaró el pasado mes de abril la nulidad de su ordenanza reguladora al no quedar acreditada la existencia de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) previo y vigente que la contemplara, dejando sin cobertura jurídica la norma.

En el caso de Ciudad Real, sin embargo, el documento fiscalizador detalla que sí se aprobó definitivamente el PMUS en noviembre de 2025 y se publicó la ordenanza reguladora de la ZBE el 30 de diciembre de 2025. Actualmente, dispone de plataforma de gestión, control de accesos por cámara y red de sensores de calidad del aire. Pero no ha sido implantada en su totalidad.

Ordenanzas aprobadas, pero sin despliegue completo

Una situación similar se ha producido en Cuenca: el Ayuntamiento aprobó definitivamente su ordenanza en noviembre de 2025, fijando la entrada en vigor y funcionamiento de la zona de bajas emisiones el 1 de enero de 2026 bajo un régimen inicial informativo (sin sanciones inmediatas) que aún no se ha desplegado completamente.

En Albacete, se aprobó inicialmente la ordenanza en abril de 2025, encontrándose en fase avanzada la instalación del equipamiento tecnológico y cámaras, con previsión de finalización durante el año 2026, sin que por el momento se haya implantado.

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ejecutó la instalación de medios técnicos y sistemas de control de accesos, y aprobó inicialmente la ordenanza en octubre de 2025, estando pendiente la aprobación definitiva y publicación del texto final para su efectividad.

Finalmente, Toledo aprobó el proyecto técnico en septiembre de 2025, pero el pleno municipal rechazó la aprobación inicial de la ordenanza en noviembre del mismo año. Posteriormente, los servicios municipales iniciaron la modificación del proyecto técnico para reordenar la tramitación normativa.

La Cámara de Cuentas precisa que entre los motivos aducidos por las entidades locales para explicar las demoras figuran recursos contractuales, complejidad técnica, cautela jurídica tras anulaciones judiciales de ordenanzas en otras ciudades, la no superación de límites de contaminación en mediciones locales o falta de financiación previa.

Pero este órgano que la implantación de las ZBE ha contado con una inyección de recursos procedentes principalmente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR-NextGenerationEU) y de programas autonómicos como el PIMA-CC, así como convenios con el Gobierno castellanomanchego. Y al hilo de ello, destaca un “riesgo relevante de ineficiencia en la utilización de fondos públicos”, dada la desproporción entre la financiación concedida y la falta zonas operativas.

El informe detalla esto último ciudad por ciudad. Albacete recibió 11,6 millones del PRTR estatal y 2,3 millones por otras adjudicaciones. La Cámara de Cuentas destaca el alto volumen de fondos captados para transformación urbana, con “adjudicaciones realizadas” sin contar con la ordenanza aprobada a fecha de marzo de 2025.

Según el documento, Guadalajara, por su parte, recibió 5,6 millones de euros del mismo fondo y también de convenios con el Gobierno autonómico, y otros 6,9 millones de otros convenios. La Cámara destaca el “elevado grado de ejecución de obras”, desarrollo tecnológico y aparcamientos disuasorios. No obstante, recuerda la mencionada resolución judicial y la “alta dependencia de fondos externos”.

En Toledo, son algo más de 3 millones de euros los que el informe recaba derivados del PRTR y otros 3,4 millones de otros convenios. Al respecto, apunta de una “elevada desalineación” ya que, del primer importe, a fecha de marzo de 2025, solo se habían gastado 50.000 euros. Por su parte, el Ayuntamiento de Ciudad Real ha indicado que el establecimiento de la ZBE se ha articulado mediante contratos, convenios y actuaciones internas. El importe de las contrataciones asciende a un total de 3,5 millones de euros.

Talavera de la Reina ha realizado, por su parte, adjudicaciones ejecutadas en itinerarios peatonales y ciclocalles, pero “sin contar con proyecto técnico ni ordenanza aprobada”. En total, el informe detalla 2,4 millones asignados del PRTR estatal y 2,3 millones de otros convenios.

En cuanto a la ciudad de Cuenca, el informe detalla que tan solo hay 321.000 euros de fondos públicos asignados para la ZBE. Al respecto, concluye que debido a la falta total de ejecución y justificación del proyecto subvencionado por el programa PIMA-CC, se exigió la devolución del anticipo de 50.000 euros percibido más 6.615 euros en intereses de demora, perdiendo el resto de la ayuda.

Recomendaciones: los ayuntamientos deben priorizar las ZBE

Debido a este panorama, el informe de fiscalización incluye recomendaciones formales dirigidas a estos ayuntamientos. Con carácter general, destaca principalmente la petición de impulsar “con carácter prioritario” la aprobación y puesta en funcionamiento de las ZBE, acelerando la tramitación de los proyectos técnicos y ordenanzas para disponer de zonas plenamente operativas, incluyendo el régimen sancionador. Todo ello, recuerda, exige también garantizar su integración previa en los Planes de Movilidad Urbana Sostenible y desplegar “sistemas eficaces de control y seguimiento”.

Concretamente, al Ayuntamiento de Guadalajara le insta a tramitar su zona de bajas emisiones garantizando su integración previa en un PMUS vigente, elaborando el preceptivo proyecto técnico, sometiéndolo a información pública y asegurando un adecuado “control jurídico” del expediente.

Hay otra recomendación dirigida a todas las entidades locales, pero en especial al Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Propone reforzar los sistemas de seguimiento y evaluación mediante la disponibilidad de información “periódica, fiable y suficiente” sobre la calidad del aire para medir los resultados alcanzados.

Al Ayuntamiento de Cuenca le propone revisar y completar el proyecto técnico de la ZBE para subsanar deficiencias en su diagnóstico, planificación y diseño, garantizando su coherencia con el planeamiento municipal. Asimismo, le requiere incorporar un plan de comunicación y participación ciudadana, un sistema de seguimiento desarrollado y someter el proyecto al trámite preceptivo de información pública antes de su aprobación definitiva.

Y a todos ellos, la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha recomienda vincular la actividad contractual y las adjudicaciones públicas al desarrollo efectivo de la política de zonas de bajas emisiones, asegurando el cumplimiento estricto de los plazos fijados por los mencionados programas de subvenciones para evitar riesgos de devolución de fondos o cobro de intereses de demora por falta de ejecución.

En sus alegaciones, casi todos los ayuntamientos fiscalizados comunicaron a este órgano la adopción de determinadas actuaciones orientadas a la mejora ambiental y de la movilidad urbana, pero la Cámara lo deja claro: esas medidas “no sustituyen” la obligación legal de implantar una ZBE en los términos exigidos por la normativa.

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, ha asegurado que la investigación judicial abierta por un presunto acoso laboral a una funcionaria del área de Urbanismo no condicionará su intención de presentarse como candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales de mayo de 2027. Ha señalado que asiste “con total tranquilidad y serenidad” a las diligencias del juzgado y ha defendido que su forma de actuar con los empleados municipales responde a un nivel de “exigencia” y “rigor” que, ha dicho, aplica a todos los funcionarios públicos.

Así lo ha manifestado este martes en una rueda de prensa en la que ha respondido a las preguntas de los medios sobre la citación judicial del próximo 25 de noviembre y sobre la polémica por el vehículo del concejal de Deportes, Javier Trujillo, aparcado en dependencias municipales.

“Estoy muy tranquilo y también el partido”

Preguntado por si el recorrido judicial del asunto puede afectar a su decisión de cara a la precampaña o generar recelos en su partido, Ruiz ha dicho desconocer “los derroteros” que tomará el procedimiento, pero se ha mostrado convencido de que ni él ni el Partido Popular están preocupados. “Estoy muy tranquilo, el partido está tranquilo”, ha afirmado.

Sobre las diligencias judiciales, el regidor ha subrayado que se trata de “una denuncia que pone un particular, una funcionaria, a una persona que ejerce un cargo político”, y que surge, a su juicio, “de la forma de actuar, del rigor o de la forma que tiene de actuar un político”. Ha defendido que el asunto debe “aparcarse” y que “cuando haya una sentencia judicial, si es que llega a haberla, y el juez decida lo que decida, entonces será el momento de hablar y de tomar decisiones”.

Sobre su candidatura, ha sido claro: “Tengo muy claro que en mayo de 2027, en principio si no hay ningún cambio, yo seré el candidato a la Alcaldía por parte del Partido Popular”. Ha matizado que sería así “salvo que el partido decida traer otro candidato que considere que está más preparado que el actual alcalde”, algo que, ha precisado, “a día de hoy no se plantea en el Partido Popular”.

Tengo muy claro que en mayo de 2027, en principio si no hay ningún cambio, yo seré el candidato a la Alcaldía por parte del Partido Popular

“Una cosa es acoso y otra, exigencia”

Ruiz ha rechazado de plano las acusaciones de acoso laboral y ha vinculado su comportamiento con la funcionaria al nivel de exigencia que, según ha explicado, aplica a toda la plantilla municipal. “Una cosa es la palabra o el término acoso y otra es exigencia, rigor a la hora de ser profesionales cada uno en su trabajo; son términos totalmente diferentes”, ha afirmado.

“Por mi parte no ha habido acoso laboral a ningún trabajador de esta casa, se puede demostrar y así lo haremos cuando nos llame a declarar el juez”, ha añadido.

El alcalde ha asegurado que su forma de actuar va a ser siempre la que “viene realizando” desde que tomó el cargo de la Alcaldía: “Con responsabilidad, actuando con el rigor que tienen que ostentar los cargos públicos”.

Ha explicado que exige a cualquier funcionario que proteja los intereses de los ciudadanos y los intereses municipales“, algo que, ha dicho, ”se llama proteger el dinero público, proteger la atención al ciudadano“.

En ese sentido, ha afirmado que será “igual de exigente” con el resto de empleados públicos, “que al final son funcionarios que pagamos todos los ciudadanos y que se deben un respeto a los ciudadanos y sobre todo a la defensa de los intereses municipales”.

Cita para declarar el 25 de noviembre

Respecto a la citación para declarar el 25 de noviembre, Ruiz ha asegurado que el equipo de gobierno está “totalmente tranquilo, sereno” y que “lo único que ha cambiado de hace unos meses a la fecha es que nos ha llegado una citación para que vayamos al juzgado a declarar”.

No obstante, ha calificado de “sorprendente” que los afectados se enteraran “por la prensa” días antes de que llegue la citación. Según ha relatado, la notificación les llegó el lunes “en torno a las once de la mañana, cuando ya estaba en todos los medios nacionales”. “Evidentemente, alguien tiene mucho interés en que se haga un debate político y público de esta citación”, ha sostenido.

“Si otros quieren usar esto para hacer política, allá ellos; no es la forma que tenemos nosotros de hacer política y lo nuestro es trabajar, es gestión, es quitar la deuda y, con ese dinero, seguir invirtiendo en nuestra ciudad trayendo oportunidades para nuestros jóvenes, empresas, trabajo, dinamismo..., en definitiva, la ciudad del futuro que queremos para nuestros vecinos”, ha declarado.

Da por “zanjado” el caso del coche de un concejal

En la misma comparecencia, y a preguntas de los periodistas, el alcalde ha dado por “zanjada” la polémica por el coche de un concejal de Deportes, Javier Trujillo, aparcado en dependencias municipales, a pesar de que “sigan saliendo fotografías”. A su juicio, el asunto quedó cerrado en el Pleno y, posteriormente, el viernes con las disculpas del edil.

Ruiz ha reiterado lo que dijo en el Pleno. “Este alcalde no había dado autorización a ningún concejal para usar como parking privado ninguna instalación pública, y lo vuelvo a reiterar: nadie tiene autorización”, ha repetido.

También ha recordado que el propio concejal admitió públicamente que hizo “un uso indebido de esa instalación”, y ha considerado que “ha quedado así demostrado”. “El que quiera seguir sacando fotografías, seguir utilizándolas en las redes para intentar políticamente cambiar algo de esta ciudad, que siga adelante, pero nosotros tenemos que estar centrados en trabajar”, ha añadido.

Preguntado por la petición de responsabilidades y por las informaciones que apuntan a que el vehículo habría sido utilizado también por una persona con relación familiar directa con el concejal, Ruiz ha admitido que “hay que exigir responsabilidades”, pero ha rechazado que el caso justifique una dimisión. “De ahí a que tenga que dimitir por el uso indebido de una instalación, considero que no es una actitud para dimitir, ni un caso para dimitir, y lo digo abiertamente”, ha afirmado. Ha precisado que, si hubiera habido “otras negligencias” en su labor como concejal, será “el primero que hubiera obligado a que dimitiera”.

Considero que no es una actitud para dimitir, ni un caso para dimitir, y lo digo abiertamente

Ruiz también ha replicado al secretario general del PSOE, que había hablado de una “escalada en la gravedad” del asunto. El alcalde ha pedido a los socialistas que “cada vez que den una rueda de prensa no mientan a los ciudadanos con falsas verdades”, y les ha acusado de “coger noticias o frases aisladas y crear su propio discurso”.

Ha negado haber admitido en el Pleno que el concejal usara la instalación para uso particular, y ha sostenido que sus declaraciones acreditan “quién dice la verdad cuando coge un micrófono y quién falta a la verdad”. “No voy a perder más tiempo en el secretario general del PSOE, que está utilizando la misma política que vemos a nivel nacional”, ha concluido.

El PSOE pregunta a Paco Núñez si pedirá su dimisión

Sobre este tema ha hablado hoy en Toledo el secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, quien se ha dirigido al presidente regional del PP, Paco Núñez, para saber “si va a pedir explicaciones y a exigir la dimisión del alcalde de Puertollano” o bien, decía, “va a callar por temor a que Génova convoque finalmente el congreso del PP y le muevan el sillón”.

El también diputado ha reclamado al líder del PP castellanomanchego que se pronuncie y le ha recordado otros casos en su partido sobre los que le ha afeado que no hable. Quiere saber “si le parecen bien las expresiones machistas y vejatorias de otros alcaldes de su partido, la apología del franquismo que han hecho algunos de sus concejales o que, por ejemplo, un concejal de Villarrobledo convocara una oposición y se presentara él mismo”, ha expuesto.

García-Navas ha asegurado que la “cobardía política” de Núñez en realidad esconde también “una doble moral”, porque los ‘populares’, ha lamentado, “no ven la viga en su ojo y ven la paja en el ojo ajeno”.

Paco Núñez reafirma al alcalde como candidato

Paco Núñez ha evitado pronunciarse sobre la imputación del alcalde de Puertollano, apuntando que “siempre he mantenido por costumbre y de manera coherente no pronunciarme sobre procedimientos judiciales en curso”, según recoge Europa Press.

Por el contrario, ha trasladado su confianza en Ruiz, y su apoyo a que sea nuevamente candidato a la alcaldía, asegurando que “va a gobernar Puertollano con mayoría absoluta en la siguiente legislatura”.

El concejal de Obras y Deportes del Ayuntamiento de Puertollano, Javier Trujillo, ha pedido disculpas este viernes tras reconocer que utilizó una instalación municipal (deportiva) para aparcar su vehículo particular, para un fin que nada tenía que ver con su condición de edil.

Las explicaciones han llegado después de que el periódico digital El Plural publicase una fotografía facilitada por vecinos de la zona, en la que se observa el vehículo particular del edil del PP estacionado dentro del recinto municipal del complejo María Luisa Cabañero, a escasos metros de su domicilio y rodeado de plazas de estacionamiento controlado por zona azul.

Se sabe, según este periódico, que hay más imágenes y vídeos de las mismas circunstancias en distintos momentos. El complejo 'María Luisa Cabañero' depende, precisamente, del área de Deportes que dirige el propio concejal, que también ostenta las competencias de Obras y Mantenimiento en Puertollano.

El alcalde tuvo que salir ayer a decir que le pediría cuentas a su concejal durante el Pleno municipal, después de que tanto PSOE, como Vox e IU planteasen preguntas sobre el asunto. “No existe ninguna autorización municipal para aparcar de forma particular en ninguna instalación del Ayuntamiento”, afirmaba Miguel Ángel Ruiz, quien aseguró desconocer si el concejal dejó ahí “puntualmente” su vehículo “para realizar gestiones o visitas de trabajo al complejo” y aseguró que en todo caso se le pediría “la oportuna explicación”.

Se habló del tema durante la sesión plenaria. El portavoz de IU, Jesús Manchón, precisó que “no iba a pedir su dimisión por ello”, pero defendió el Pleno del Ayuntamiento como “el lugar adecuado” para que ofrezca algún tipo de explicación, sin ánimo de “hacer sangre”.

El portavoz de Vox, Félix Canal, se sumó a la petición, concediendo que el edil tenía oportunidad de explicarse, antes de valorar lo ocurrido.

El PSOE fue más duro, en un comunicado posterior. Exigió responsabilidades al alcalde de la localidad, Miguel Ángel Ruiz por haber usado la instalación pública como “garaje particular” con el fin de evitar el pago de la zona azul o el alquiler de una plaza de aparcamiento en la zona céntrica de la ciudad. Lo califican de “abuso inaceptable” y una “prueba irrefutable de abuso de poder” por parte de un responsable público que percibe una retribución bruta anual de 36.773 euros procedentes del dinero público.

El edil se disculpa y niega abuso de poder: “No volverá a ocurrir”

El concejal las ha ofrecido al reconocer que “no fue una decisión acertada” y que “no volverá a ocurrir”.

En su escrito, dirigido a los vecinos de la localidad, Trujillo ha admitido entender el malestar generado tras las informaciones aparecidas en los últimos días y ha manifestado que acepta las críticas vertidas sobre su actuación.

Javier Trujillo explica que, aunque “ocasionalmente” ha estacionado su coche en la zona de la piscina municipal, esto no ha sido “en absoluto la práctica habitual durante su etapa como concejal”. Señala que utiliza habitualmente su turismo particular -y no la flota municipal- para desplazarse a obras, eventos e instalaciones deportivas del municipio.

Tratando de desmarcarse de cualquier acusación sobre privilegios por su cargo, Trujillo ha defendido que en ningún momento existió “abuso de poder, trato de favor ni utilización” de su responsabilidad política para obtener ventaja alguna.

“Se trató de un error personal que asumo y por el que pido disculpas”, ha remarcado.

Para argumentar que cumple con la normativa como el resto de la ciudadanía, el responsable municipal de Obras y Deportes ha señalado que hace uso de las zonas de aparcamiento ordinarias y que ha abonado tanto los tickets correspondientes como las multas interpuestas por infracciones de estacionamiento.

En concreto, ha detallado que en los últimos tres años ha abonado más de 1.200 euros tras recibir un total de 79 denuncias (22 de ellas en la calle Numancia y aledaños), unos datos que, según indica, son “fácilmente comprobables a través de los correspondientes registros administrativos”.

Pide “respeto” a su privacidad y no ha planteado dimitir

Por otro lado, también ha hecho un llamamiento al respeto hacia su ámbito privado y el de su familia. Aunque considera que “la crítica política y la exigencia de responsabilidades forman parte de la vida pública”, ha advertido de que la difusión de datos e imágenes personales que afecten a la intimidad familiar “excede de lo que debe ser el legítimo debate público”.

A este respecto, ha apelado a la protección recogida en el artículo 18.1 de la Constitución Española sobre el derecho al honor, la intimidad personal, familiar y a la propia imagen, así como a la normativa de protección de datos personales.

Tras ofrecer estas explicaciones, Javier Trujillo ha concluido reafirmando su intención de seguir trabajando “con dedicación y responsabilidad al servicio de los vecinos de Puertollano”, y no habla en ningún momento de dimisión por lo ocurrido.

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha descartado que los ocho diputados socialistas que representan a la comunidad autónoma vayan a romper la disciplina de voto en el Congreso cuando tengan que pronunciarse sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Desde su punto de vista eso no es “razonable”.

Hoy ha sido preguntado por los medios sobre esta cuestión después de que en los últimos días se deslizase esta idea desde diversos ámbitos políticos e institucionales vinculados al PSOE castellanomanchego. Sabrido ha dicho contemplar “muchas cuestiones” aunque ninguna de ellas le lleva “a pensar, ni siquiera remotamente, que pudiera haber un acto de indisciplina en el Congreso los Diputados de Castilla-La Mancha”.

“En el Congreso se podrá debatir el modelo de financiación. Por ello, a priori, decir que no se va a votar o se va a votar me parece inoportuno. En segundo lugar, yo a los que conozco personalmente y políticamente, no creo que estén en esa clave”, ha dicho en alusión a eso ocho parlamentarios, entre los que se encuentra el actual secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos, Sergio Gutiérrez.

“No creo que apoyar al Gobierno de España sea traicionar a Castilla-La Mancha”

El delegado se ha explayado hoy en sus declaraciones, después de hacer evidente las tensiones internas en los últimos días, en una entrevista concedida a elDiario.es Castilla-La Mancha.

“En tercer lugar no me parece razonable, y es que como no lo contemplo ni me parece razonable, no creo que apoyar al Gobierno de España sea traicionar a Castilla-La Mancha”.

“Entiendo que los diputados en el Congreso de los Diputados, de los que yo me siento muy orgulloso, fueron elegidos dentro de una lista encabezada a nivel nacional por Pedro Sánchez, votada fundamentalmente por gente progresista. Y votar en contra de Pedro Sánchez en el Congreso sería defraudar a los que votaron a Pedro Sánchez y satisfacer a la derecha y a la extrema derecha, que desde hace mucho tiempo abogan por derribar a Pedro Sánchez”, ha zanjado.

El Gobierno de Page insiste: “Nos opondremos de todas todas”

En paralelo, el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha vuelto hoy a rechazar la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica que plantea el Ejecutivo español.

“No es un buen sistema de financiación para Castilla-La Mancha”, es más, ha dicho el vicepresidente, es “un pésimo sistema de financiación para Castilla-La Mancha” y “no vale decir que vamos a recibir más dinero del que recibimos actualmente”. “Faltaría más que, después de 12 años en aprobar un sistema de financiación, que el Estado no pusiera más recursos para las comunidades autónomas”.

Según el vicepresidente socialista, “no se trata de que recibamos más dinero” sino que “se trata de cómo se distribuye ese dinero” porque con la propuesta que se hace de distribución “salimos más perjudicados que con el actual sistema”.

Según ha explicado José Luis Martínez Guijarro, un castellanomanchego va a recibir todos los años algo más de 200 euros menos que un catalán para financiar los servicios públicos. “¿Por qué?”, se ha preguntado el vicepresidente.

“No se trata de que haya más dinero en el sistema de financiación, sino de cómo se reparte y esto lo provoca el criterio de ordinalidad”, que a su juicio es “una barbaridad” porque “quien más tiene, tiene más derechos”. “Eso es inaceptable; el delegado del Gobierno tendrá el mandato de defenderlo pero es indefendible desde una óptica progresista”, ha apostillado.

En todo caso, matizaba, desde el gobierno de Emiliano García-Page van a seguir oponiéndonos “de todas todas” a ese sistema de financiación y esperan que “no salga”.

“Esperamos que el Gobierno de España le entre un poco de cordura y acabe no presentándolo y que nos sentemos todas las comunidades autónomas porque es un sistema que está avalado por dos comunidades autónomas: por Catalunya, que es la gran beneficiada, y por Canarias, que tiene un régimen especial, y por lo tanto el sistema de financiación no se le aplica de una misma manera que al resto de las comunidades autónomas”. Es un argumento similar al que mantiene el Gobierno castellanomanchego en la última década.

Dos adjudicaciones millonarias en plena crisis migratoria que la ciudad autónoma de Ceuta acaba de formalizar sin publicidad previa y que han ido a parar a familiares directos de cargos de la máxima confianza del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. Tal y como puede comprobarse en el perfil oficial de Contratación Pública, los dos contratos tienen fecha de 27 agosto, una de las jornadas más duras vividas en la ciudad desde la entrada fronteriza masiva del 30 de julio.

Ese jueves tuvo lugar el brote de violencia explícita más grave hasta la fecha. A las manifestaciones masivas que se convocaron bajo el lema “invasores, expulsión”, y que fueron secundadas por el propio Vivas y por el Partido Popular, les siguieron después ataques a la prensa y fuertes disturbios que incluyeron el bloqueo de ayuda humanitaria y el incendio de los asentamientos de migrantes en la playa de Benítez. Ese mismo día, dos viejos conocidos de Juan Jesús Vivas se garantizaron ingresos de varios millones de euros del presupuesto público.

El contrato más cuantioso de los que hasta ahora ha adjudicado durante la crisis migratoria el gobierno ceutí ha ido a parar a la empresa Absercon. En concreto, 3.267.698,08 euros para “obras de adecuación y habitabilidad de los espacios de acogida de menores motivada por la situación generada tras la entrada masiva de inmigrantes provenientes del Reino de Marruecos los pasados 30 y 31 de julio de 2026”.

Según el boletín oficial del registro mercantil, el propietario y administrador único de Absercon es Bartolomé Sánchez-París Contreras, un hombre que forma parte incluso de un círculo personal cercano a Juan Jesús Vivas. Porque su hermano, Javier Sánchez-París Contreras, es un hombre de la máxima confianza del presidente y ostenta actualmente un puesto de asesor en el gobierno autónomo, donde desempeña el cargo de secretario administrativo de presidencia con un sueldo público de 35.635 euros. Ingresos que compagina con los de su trabajo en la federación ceutí de fútbol. Pero ese vínculo personal tan directo no se entiende sin la figura del padre de Bartolomé y Javier, Francisco Sánchez París, exjefe de gabinete de Vivas en la Asamblea de Ceuta entre 2006 y 2011 y amigo íntimo desde la infancia.

Hay un segundo contrato, de 2.483.175 euros, que también ha ido a parar a la empresa de otro familiar directo de un cargo de confianza de Juan Jesús Vivas. El mismo 27 de agosto, y también sin anuncio de licitación en el portal de contratación, se formalizó la adjudicación de un encargo de “mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la iluminación) y productos de limpieza” para los espacios de acogida de menores. Y fue a parar a la Ferretería Doncel, un comercio local que, según el registro mercantil, dirige Manuel Jesús Doncel de Luna, primo hermano de Juan Manuel Doncel, presidente del Puerto de Ceuta y otro de los hombres de máxima confianza de Vivas.

La trayectoria de Doncel está ligada estrechamente a la carrera política de Vivas. El presidente ceutí lo llegó a nombrar consejero de fomento de su gobierno en 2008 y, años después, su propio jefe de gabinete, dando cuenta de la máxima cercanía y confianza entre ambos. También Vivas fue quien lo nombró en 2019 presidente del Puerto de Ceuta, cargo que desempeña hoy día.

Contactados por este periódico, desde el gobierno ceutí admiten que se trata de dos contratos adjudicados sin publicidad y sin que otras empresas, locales o de fuera de Ceuta, tuvieran posibilidad de acceder a esas adjudicaciones. Pero niegan que el motivo tenga que ver con los vínculos familiares de los cargos de confianza del presidente.

“Los contratos se han tramitado al amparo del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, que permite recurrir a la contratación de emergencia cuando una situación excepcional exige una actuación inmediata por parte de la Administración. Los días 30 y 31 de julio se produjo una situación extraordinaria que hizo necesario actuar con carácter inmediato para habilitar espacios de acogida, adecuar instalaciones y disponer de suministros y equipamientos en el ámbito de menores no acompañados. En estas circunstancias, la ley permite no acudir al procedimiento ordinario de licitación, precisamente para que los plazos administrativos no impidan dar una respuesta inmediata”, argumentan desde la ciudad autónoma.

Defiende el gobierno de Vivas que “la contratación de emergencia no supone ausencia de control ni de expediente administrativo” y que, en cualquier caso, está “respaldada por los informes técnicos y jurídicos del Órgano de Contratación de la Ciudad Autónoma, que justifica la necesidad de actuar por la vía de emergencia”. “Hay que distinguir entre la contratación ordinaria, que está sometida a los procedimientos de publicidad y concurrencia correspondientes, y la contratación de emergencia, que tiene un régimen jurídico específico. Esperar a una licitación ordinaria habría sido incompatible con la necesidad de respuesta inmediata que planteaba la situación”, concluyen.

El Gobierno central aprobó a finales de agosto una inyección de emergencia de 65 millones de euros y posteriormente anunció un plan de choque integral de 309 millones para responder de forma directa a la crisis migratoria. Un paquete económico, presentado a principios de septiembre de 2026 por el Consejo de Ministros, que representa aproximadamente el 16% del PIB de la ciudad autónoma y engloba tanto las medidas de emergencia iniciales como los planes de recuperación.

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Aquí nadie quiere que el gran premio de Fórmula 1 que este domingo se disputa en Madrid vuelva a repetirse. “Nos han mentido desde el primer momento. Claro que esto nos ha costado dinero público. Por el momento, más de 300 millones de euros”, dice Constantino Blanco. Él es portavoz de la Plataforma STOP Fórmula 1, una de las entidades que han convocado esta media mañana una concentración cerca de Ifema, por donde discurre el circuito Madring, para denunciar el “despilfarro y los recortes en servicios públicos” que a su entender supone un evento de estas características. Por lo pronto, la Plataforma realiza estos días mediciones homologables del sonido para denunciar posteriormente el incumplimiento legal de los niveles de ruido ante la Fiscalía de Medio Ambiente.

En torno a medio millar de personas han secundado la convocatoria, según las organizaciones que firman el cartel. Delegación del Gobierno rebaja esa cifra a los 180 asistentes. Blanco describe así lo que han vivido este fin de semana: “Han convertido el barrio en una zona no habitable en el que han perjudicado a 10.000 vecinos”. Desde su punto de vista, la construcción del Madring ha supuesto un “despilfarro monumental, un atentado ecológico y una ilegalidad”. 

Basa su postulado en el informe que la Consejería de Medio Ambiente emitió hace año y medio. “Para que el gran premio se pudiera celebrar, avisaron de que habría que trasladar a los vecinos. Lo sabían desde el primer momento y en lugar de parar el proyecto, siguieron adelante con él. No solo es el ruido ensordecedor, sino las obras que nos vamos a comer durante los cuatro meses previos de montaje y otros dos después. Quieren que cada año, estemos la mitad con obras”, se ha explayado el portavoz de la Plataforma STOP Fórmula 1 en Madrid. Mientras tanto, a su alrededor, cánticos como “nuestros barrios no son un circuito”, “no queremos podios ni campeones, queremos barrios con soluciones” y “lo paga el vecindario, se forra el empresario”.

Las mediciones de ruido que ya han sido realidad días atrás se acercan a los 105 decibelios cuando lo permitido está en 55. “En recepción auditiva, esto es 27 veces más de lo que un oído debe soportar. Cuando vimos la prueba de los coches en agosto, nos quedamos todos en shock”, ha asegurado este vecino del barrio de Las Cárcavas, en donde se ubica la mayor parte de afectados.

Afectaciones para el vecindario

Mientras a su alrededor coreaban “este circuito es ilegal”, el portavoz de la Plataforma ha recalcado que “las ganancias no van a revertir en el barrio, que hay dos bares y un bazar, esto va todo a las elites ligadas a la Fórmula 1”. “Lo último de lo que nos hemos enterado es que han desalojado varias camas de la Uci del Ramón y Cajal por si acabo hubiera accidentes durante la competición”, se queja Blanco a unos 250 metros de la salida del metro de Feria de Madrid, a donde les ha conducido la Policía.

Cerca de él ha estado Antonio Ibáñez, miembro de la misma Plataforma convocante que se ha acercado a la protesta “porque los problemas de ruido y tráfico, con cortes de calles, accesos saturados y alteraciones del transporte público no se pueden aguantar más”. Este vecino madrileño ha alertado que el gran premio ha disparado el problema de la gentrificación en esta zona de la ciudad. “Hay ofertas carísimas de pisos turísticos, y eso que todos los del entorno son ilegales, pero no los cierran. Y los hoteles igual, por las nubes”, comenta.

La Plataforma STOP Fórmula 1 estima en 319 millones de euros los recursos públicos que ya han ido a parar al gran premio de Madrid. “Y eso que nos enfrentamos a una falta de transparencia brutal. Solo hemos tenido acceso a los contratos a través del portal de licitaciones de Ifema, todos los demás gastos no están ahí pero también llegarán”, añade Ibáñez. Este mismo afectado ha incidido en que habrá que ver la recaudación final del evento: “Veo muchos anuncios, pero aquí habrá que ir a los datos exactos de ganancias, a ver si tienen las mismas expectativas para el año que viene, porque yo creo que puede suceder lo que ocurrió en Valencia”.

Un nutrido grupo de educadora infantiles, en huelga indefinida desde el pasado 7 de abril, ha secundado la concentración. “Mucha gasolina, mucho campeón, pero para las escuelas, ¿dónde está la inversión?”, han gritado. Rosa Marín, portavoz de estas trabajadoras, ha indicado a este medio que “el dinero público tiene que ir para mejorar los servicios públicos y no para esto, que no para de hacer ruido, que contamina y que la ciudadanía de Madrid no quieren aquí”. “¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para que unos pocos ricos puedan hacer lo que les dé la gana? Perdonad, pero necesitamos escuelas públicas infantiles decentes”, ha exigido.

El ruido, un problema de salud pública

Ibáñez, por su parte, opina que, por encima del circuito, lo que está en juego es un modelo de ciudad. “Esto es ya la guinda de la tarde de un modelo de ciudad basado en grandes acontecimientos con graves perjuicios para la vida de la gente que vive en los barrios”, ha aseverado. Enrique Astiz, integrante de la plataforma Madrid contra el Ruido, piensa lo mismo. Él también se ha acercado a la protesta esta mañana: “Lo que ocurre con el ruido es comparable a la contaminación ambiental. Es uno de los factores que más impacta en la salud de la ciudadanía”, ha defendido.

Diversas investigaciones científicas a las que se refiere una y otra vez avalan su postura. “Señores, queremos una ciudad para vivir, no para enseñar a los que vienen de fuera. Queremos unos gobernantes que se preocupen de los ciudadanos, no que faciliten la llegada de 340.000 turistas”, ha enfatizado. 

Madrid contra el Ruido intenta continuamente hacer pedagogía para que la gente entienda que la contaminación acústica es un problema de salud pública: “Esto ya no se sostiene con la excusa del beneficio de la ciudad. Será beneficio para los pocos comercios que hay en la zona y para algunos empresarios, pero la ciudadanía no obtiene ningún beneficio de no poder estar tranquila en su casa durante un fin de semana completo”.

Contra los macroeventos, a favor de lo público

A esta concentración contra el despilfarro, tal y como la han denominado los convocantes, también se ha unido Jorge Rodrigo, militante del Sindicato de Inquilinas de la capital. “La llegada Fórmula 1 está teniendo efectos directos sobre el mercado inmobiliario”. El activista se refiere a algunas informaciones publicadas esta semana que señalan cómo “inversores internacionales están aprovechando el evento para buscar viviendas de lujo y los alquileres temporales en algunas zonas ha llegado a multiplicarse hasta un 1.000 % respecto a semanas normales”.

Este colectivo que lucha por el derecho a una vivienda digna ha criticado que el Gobierno regional mienta, en sus propios términos. “Constantemente nos dicen que faltan recursos para garantizar derechos básicos, como la vivienda o la educación, y, sin embargo, aquí los vemos utilizando nuestro dinero para alojar eventos a los cuales pueden acceder solo personas con un alto poder adquisitivo”, ha expresado Jorge mientras un militante del Sindicato sostenía una pancarta: “Destruyes nuestros barrios por unos putos millonarios”.

En torno a las 13.00 horas, un comunicado final ha rematado la protesta. Han utilizado el texto para reivindicar un fortalecimiento de los servicios públicos frente a eventos como la Fórmula 1: “Necesitamos más profesionales en la sanidad pública y en los servicios de urgencias y menos listas de espera. Necesitamos más escuelas e institutos en los nuevos barrios; más profesores, menos barracones y aulas saturadas. Necesitamos más escuelas infantiles públicas y profesionales con un salario digno”. Asimismo, han reivindicado un Plan Integral de Vivienda Social, una mejoría del transporte público y más personal en los servicios de dependencia y atención social. 

“El dinero público debe estar donde están las necesidades de la gente. La Fórmula 1 se presenta como sinónimo de progreso, inversión y modernidad. Pero para quienes vivimos en los barrios próximos al circuito, sobre todo significa ruido, contaminación, congestión de tráfico, restricciones de movilidad y fuertes molestias para miles de vecinos”, han continuado. Por otro lado, se han mostrado en contra de “priorizar los grandes negocios y los macroeventos cuando existen necesidades sociales urgentes que siguen sin respuesta”. Por último, han exigido a los gobernantes de la ciudad y la región que oigan sus demandas: “Queremos que quienes gobiernan escuchen a quienes sostienen Madrid todos los días”.

A diferencia del deteriorado circuito de València, el de Montmeló (Barcelona) luce en perfecto estado. La instalación catalana que acoge el gran premio de Fórmula 1 tampoco tiene los problemas de ruido que han soliviantado a los vecinos de Madrid. Los tres certámenes sí tienen en común, como tantos macroeventos deportivos, la inyección de dinero público como parte esencial para su celebración y funcionamiento.

El circuito catalán ha sumado este verano un nuevo capítulo en el reverso del glamour atribuido a las carreras automovilísticas: la Fiscalía ha abierto una investigación al que fuera secretario general de la conselleria de Empresa en el Govern de ERC entre 2021 y 2024, Oriol Sagrera, por su puerta giratoria en el circuito.

En virtud de su cargo público, Sagrera era consejero delegado de Circuits de Catalunya S.L., la empresa pública propietaria de la infraestructura. Apenas tres semanas después de dejar la conselleria, fue nombrado consejero delegado de Fira Circuit, la sociedad privada a la que la Generalitat, cuando Sagrera era el número dos del departamento de Empresa, concedió la gestión del circuito.

Tal y como adelantó El Periódico y ha confirmado elDiario.es, la Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias de investigación sobre la puerta giratoria de Sagrera tras recibir el expediente incoado en la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC).

El caso que investiga la Fiscalía suma un nuevo capítulo a las polémicas que arrastra la celebración de grandes premios de motociclismo y Fórmula 1 en Catalunya. Históricamente, la actividad del circuito de Montmeló ha dependido de las ayudas públicas para subsistir, pese a que los responsables políticos de distintos colores alegan que las competiciones producen un retorno positivo en la economía catalana.

Tras varias peticiones, el grupo parlamentario de la CUP logró en la anterior legislatura que el Govern de Aragonès le entregara el contrato que firmó en 2022 con la empresa que organiza la Fórmula 1 para garantizar las carreras en Montmeló hasta 2026. A partir de este año y hasta 2032, los grandes premios serán bianuales.

En virtud del contrato, entre 2022 y 2026, la empresa pública Circuits de Catalunya se comprometió a pagar un total de 127 millones de dólares (casi 110 millones de euros) para celebrar y promocionar la carrera. El acuerdo establecía que esas cantidades “no están sujetas a impuestos en España”.

No fue el único desembolso de dinero a la empresa privada estadounidense que organiza las carreras de Fórmula que se formalizó en el contrato. El circuito catalán tuvo que afrontar obras en para renovar el paddock (la zona interior de la instalación, donde conviven trabajan los equipos cuando no hay actividad en pista) y las instalaciones por 24,7 millones y pagar 2,5 millones de euros en concepto de propiedad intelectual.

Además, la Generalitat se comprometió a avalar el 100% de los pagos en caso de que Circuits no pudiera asumirlos.

El caso de Sagrera

Sagrera fue secretario general de la conselleria de Empresa y Trabajo entre 2021 y 2024, que encabezó Roger Torrent. Durante su mandato, el departamento del que era 'número dos' transformó la gestión del circuito y aprobó sucesivas inyecciones de dinero público para celebrar los grandes premios de coches y motos.

A propuesta de su conselleria, la Generalitat concedió 7,7 millones al año entre 2022 y 2026 para la promoción de la Fórmula 1, más otros 24,7 millones para financiar las obras previstas para la celebración de la prueba. Para las pruebas de motociclismo, las ayudas económicas en el mismo periodo ascendieron a 45 millones.

En los coletazos de la legislatura de Aragonès, en abril de 2024, la conselleria de Empresa adjudicó de forma directa a Fira de Barcelona un contrato de 20 años para la explotación y gestión de la actividad del circuito, que sigue siendo propiedad de una empresa pública donde la Generalitat tiene mayoría. La sociedad gestora es Fira Circuit.

Sagrera cesó como secretario general del departamento el 27 de agosto de 2024. Menos de un mes después, el 16 de septiembre, Fira de Barcelona lo nombró consejero delegado de Fira Circuit. Desde inicios de 2025, el ex alto cargo ya no ocupa la máxima responsabilidad de la sociedad, si bien se mantiene como consejero responsable de las carreras de Formula 1 y MotoGP.

La ley de incompatibilidades de la Generalitat fija un periodo de dos años durante el que cualquier ex alto cargo no puede desempeñar actividades privadas relacionadas con los expedientes y asuntos en los que ha intervenido desde la administración pública.

La puerta giratoria de Sagrera ha terminado en la mesa de la Fiscalía de Barcelona después de que Junts intentara a finales de 2024, sin éxito, recabar los informes jurídicos que justificaron su designación y que el ex alto cargo diera explicaciones en el Parlament por su nombramiento como consejero delegado de Fira Circuit.

El partido de Carles Puigdemont solo obtuvo el apoyo de Vox para que comparecieran ante la Cámara el propio Sagrera, su sucesor en el Govern de Salvador Illa como secretario general del departamento de Empresa, Pol Gibert; y exaltos cargos del Govern de Pere Aragonès como el que fuera su secretario del Govern, Xavier Bernadí; la exsecretaria de administración y función pública Alicia Corral y el exsecretario de Empresa y Competitividad Albert Castellanos.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado hoy el Acuerdo sobre un nuevo modelo de financiación para las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con estatuto de autonomía.

En el caso de Castilla-La Mancha, el modelo propuesto incrementará en 1.248 millones al año los recursos que recibiría con el modelo vigente actualmente. Este territorio es de los que más verá crecer porcentualmente sus recursos, con casi un 14% más respecto a los recursos que recibiría en 2027 con el modelo vigente.

Se trata de un paso “fundamental” para poner en marcha un sistema de financiación que incrementará los recursos que reciben los territorios en 20.975 millones de euros.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha calificado el consejo celebrado hoy como “histórico” al recordar que el actual sistema de financiación lleva caducado 12 años y cuya reforma ha sido reclamada por todas las Comunidades Autónomas“. En este sentido, ha recordado que el acuerdo aprobado hoy es fruto de un trabajo que se inició ya en 2021 y que ha contado con múltiples reuniones multilaterales y bilaterales, donde todas las comunidades autónomas han participado.

Bases y principios del nuevo modelo

El nuevo modelo de financiación autonómica incorpora nuevos criterios de reparto, mejoras metodológicas y se circunscribe a principios que para el Ejecutivo son prioritarios:

Se incluye una nueva propuesta de población ajustada que contempla variables que dan respuesta al reto de la despoblación e incorpora una estratificación más precisa de los grupos de población.

-Incremento de la capacidad tributaria, que eleva la autonomía y la corresponsabilidad fiscal y refuerza el principio de suficiencia.

-Se amplía, refuerza y garantiza la solidaridad interterritorial a través de un mecanismo de nivelación horizontal equitativo, objetivo y transparente.

-La nivelación vertical también queda garantizada con una aportación adicional de la Administración central que permitirá elevar la inversión en sanidad y educación pública y en políticas sociales.

-La mayor autonomía también se refleja en la posibilidad de que las comunidades reciban la recaudación del IVA generado por las pymes en sus territorios.

-El modelo se adapta a las nuevas realidades al incluir un fondo para hacer frente al desafío del cambio climático

-Garantía de statu quo, por el que ninguna comunidad recibe menos que con el anterior modelo.

La mejora de la financiación en el caso de Castilla-La Mancha se explica porque es una de las comunidades beneficiadas por los criterios de población ajustada. En concreto, su población ajustada es un 4% mayor que su población. Es decir, para el modelo de financiación, Castilla-La Mancha tiene 81.000 habitantes más de los que aparecen en su padrón.

Asimismo, es una de las comunidades que más recursos recibe de la nivelación horizontal, es decir, de la solidaridad interterritorial, según el Ejecutivo nacional.

Entregas a cuenta

El Ministerio de Hacienda ya comunicó a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla las entregas a cuenta (EECC) que recibirán del sistema de financiación autonómica en el año 2027. El conjunto de los territorios recibirá el próximo ejercicio 170.529 millones de euros, un 8,11% más que en 2026. Esto supone un nuevo récord en recursos del sistema de financiación para las autonomías, que ven incrementados una vez más los fondos que reciben del Estado con respecto al año anterior, tal y como ha ocurrido desde el inicio del Gobierno progresista de Pedro Sánchez.

Sumando la liquidación a esas EECC, el total de recursos del sistema de financiación que recibirán será de 185.593 millones, un 9,1% más en comparación con 2026. Una transferencia histórica que, ha recordado Arcadi España, se incrementará aún más si se aprueba el nuevo modelo de financiación.

En el caso de Castilla-La Mancha, sus entregas a cuenta aumentarán hasta los 8.074 millones, un 8% más que en 2026. Si se suma a esta cifra la previsión de liquidación de 2025, la financiación total se eleva hasta los 8.537 millones. Es decir, un 9,7% superior en comparación con el anterior ejercicio. “Nunca el Gobierno castellanomanchego había contado con tantos recursos”, señalan desde el Gobierno de España.

Esto supone un volumen de recursos histórico que permitirá a esta CCAA cumplir con sus compromisos ante la ciudadanía de ofrecer unos servicios públicos accesibles y de calidad. Lo que ha sido posible gracias a la política económica del Ejecutivo, que ha permitido reducir el desempleo por debajo del 10% por primera vez en 18 años y liderar el crecimiento de las grandes economías de la UE. Y que se produce por la responsabilidad del Ejecutivo de dar todas las facilidades a las CCAA para que desplieguen sus políticas sociales.

L’Ajuntament de València té un problema seriós amb la transparència. El consistori que dirigeix María José Catalá acumula queixes del Síndic de Greuges, el defensor del poble valencià, per no publicar informació sobre els seus regidors en els canals previstos. Ni informa sobre les empreses amb les quals treballen el regidor de Contractació i el portaveu de Vox, ni sobre els desplaçaments en cotxe oficial de l’alcaldessa, ni sobre els viatges que fa la regidora de Turisme a càrrec d’una fundació pública.

Aquesta última qüestió, que afecta l’edil Paula Llobet (PP) i la Fundació Las Naves, ha provocat l’enèsim retret del Síndic, que reclama que publique en el portal de transparència un llistat amb tots els viatges dels anys 2024, 2025 i 2026. Llobet presideix la fundació dedicada a la innovació i, com a responsable de Turisme, fa nombrosos viatges cada any. Els que corren directament a càrrec del consistori es publiquen en la seua pàgina web, però no hi ha informació sobre les actuacions que realitza amb la fundació pública. El portal de transparència de Las Naves té informació sobre contractació, pressupostos i patrimoni, però no ofereix cap detall sobre dietes, desplaçaments o altres despeses. En els comptes anuals del 2025 apareixen deu referències a viatges —“nombre d’actuacions de posicionament internacional per a la captació de fons. Formats que impliquen viatges a trobades nacionals o internacionals”—, però no s’especifica qui els ha realitzat ni quin ha sigut el seu cost.

El regidor de Compromís Pere Fuset, que va denunciar davant del Síndic aquesta opacitat, assenyala que s’han fet viatges institucionals a Singapur, Dubai, Silicon Valley o Medellín, sobre els quals el govern no ha facilitat informació detallada malgrat les sol·licituds de Compromís.

Per a Fuset, la reclamació del Síndic confirma que hi ha “un greu problema de fons en la falta de transparència de l’equip de govern de Catalá sobre l’ús dels diners públics”. En aquest sentit, el regidor de Compromís ha subratllat que el dret d’accés a la informació és “una eina bàsica de control democràtic” i ha advertit que “quan un govern oculta dades sobre l’ús de diners públics, està afeblint les institucions i sembrant sospites”.

El regidor de Compromís va demanar a l’Ajuntament les despeses de la fundació agrupades per data i destinació, a més de l’objecte de cada viatge i les despeses relacionades. L’Ajuntament es va negar a facilitar-les perquè la pregunta “no s’ajusta a la via reglamentària”, en assenyalar que “la iniciativa no es contrau a un viatge, una actuació o una decisió singularitzada, sinó que projecta, amb vocació d’exhaustivitat, una petició global i indeterminat sobre el conjunt de les despeses de viatge de tres exercicis pressupostaris”. En lloc d’això, el consistori va oferir a Fuset que concertara una cita a la Fundació Las Naves i consultara ell mateix els expedients dels últims tres anys.

Amb tot, l’Ajuntament va defensar que “totes les despeses a les quals es refereix la iniciativa han sigut realitzades en el marc de les activitats pròpies de la Fundació, en compliment dels seus fins fundacionals i d’acord amb els principis d’eficiència, economia i control en la gestió dels recursos públics”.

Després de la negativa, Compromís va demanar emparament a Alcaldia, que va tornar a negar-li la informació, i va acabar acudint al Síndic de Greuges, que dona la raó a l’edil. La institució considera que “si les preguntes que plantegen els regidors no es responen de manera ràpida, clara i congruent, aquest procediment de transparència i control no serveix per a res, ja que resulta impossible fiscalitzar i participar en la gestió dels assumptes públics, perquè s’impedeix injustificadament l’exercici del dret fonamental a exercir el càrrec per al qual han sigut elegits democràticament per la ciutadania”. El Síndic reclama al consistori que facilite aquest llistat al regidor de l’oposició.

El Codi de Bon Govern de l’Ajuntament obliga a publicar periòdicament la relació dels viatges institucionals fets, amb indicació de l’objecte, la destinació, el cost i la justificació.

El Ayuntamiento de València tiene un serio problema con la transparencia. El consistorio que dirige María José Catalá acumula quejas del Síndic de Gregues, el defensor del pueblo valenciano, por no publicar información sobre sus concejales en los canales previstos. Ni informa sobre las empresas con las que trabaja el concejal de contratación ni el portavoz de Vox, ni sobre los desplazamientos en coche oficial de la alcaldesa, ni sobre los viajes que hace la concejala de Turismo a cargo de una fundación pública.

Esta última cuestión, que atañe a la edil Paula Llobet (PP) y a la Fundación Las Naves, ha provocado el enésimo reproche del Síndic, que reclama que publique un listado con todos los viajes de los años 2024, 2025 y 2026 en el portal de transparencia. Llobet preside la fundación dedicada a la innovación, y como responsable de turismo realiza numerosos viajes al año. Los que corren a cargo directamente del consistorio se publican en su página web, pero no hay información de las acciones que realiza con la fundación pública. El portal de transparencia de Las Naves tiene información sobre contratación, presupuestos y patrimonio, pero no un detalle sobre dietas, desplazamientos u otros gastos. En las cuentas anuales de 2025 aparecen 10 referencias a viajes (“número de actuaciones de posicionamiento internacional para la captación de fondos. Formatos que implican viajes a encuentros nacionales o internacionales”), pero no se especifica quién los ha realizado ni su coste.

El concejal de Compromís Pere Fuset, quien denunció ante el Síndic la opacidad, señala que se han realizado viajes institucionales a Singapur, Dubái, Silicon Valley o Medellín, sobre los que el gobierno no ha facilitado información detallada pese a las solicitudes de Compromís.

Para Fuset, la reclamación del Síndic confirma que existe “un grave problema de fondo en la falta de transparencia del equipo de gobierno de Catalá sobre el uso del dinero público”. En este sentido, el concejal de Compromís ha subrayado que el derecho de acceso a la información es “una herramienta básica de control democrático” y ha advertido de que “cuando un gobierno oculta datos sobre el uso de dinero público, está debilitando las instituciones y sembrando las sospechas”.

El concejal de Compromís pidió al Ayuntamiento los gastos de la fundación agrupados por fecha y destino, además del objeto del viaje y sus gastos relacionados. El Ayuntamiento se negó a facilitárselos porque la pregunta “no se ajusta a la vía reglamentaria” al señalar que “la iniciativa no se contrae a un viaje, una actuación o una decisión singularizada, sino que proyecta, con vocación de exhaustividad, un requerimiento global e indeterminado sobre el conjunto de los gastos de viaje de tres ejercicios presupuestarios”. En su lugar, el consistorio le ofreció a Fuset que concertara una cita en la Fundación Las Naves y mirara él mismo los expedientes de los últimos tres años.

Con todo, el Ayuntamiento defendió que “todos los gastos a los cuales se refiere la iniciativa han sido realizados en el marco de las actividades propias de la Fundación, en cumplimiento de sus fines fundacionales y de acuerdo con los principios de eficiencia, economía y control en la gestión de los recursos públicos”.

Tras la negativa, Compromís pidió amparo a alcaldía, que volvió a negar la información, y terminó acudiendo al Síndic de Greuges, que da la razón al edil. La institución considera que “si las preguntas que plantean los regidores no se responden de manera rápida, clara y congruente, este procedimiento de transparencia y control no sirve para nada, puesto que resulta imposible fiscalizar y participar en la gestión de los asuntos públicos, porque se impide injustificadamente el ejercicio del derecho fundamental a ejercer el cargo para el cual han sido democráticamente elegidos por la ciudadanía”. Reclama al consistorio que facilite este listado al concejal de la oposición.

El código de buen gobierno del Ayuntamiento obliga a publicar de forma periódica la relación de los viajes institucionales realizados, indicando su objeto, destino, coste y justificación.

El consistorio responde al edil, en un comunicado, que no oculta nada y puede ir a buscar los documentos cuando quiera.

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a invertir más de un millón de euros en la rehabilitación de la Ronda Suroeste de Toledo. Es una infraestructura básica para facilitar la movilidad de la ciudad de Toledo y su zona metropolitana, pero además, la CM-40, es la carretera principal si se quiere acceder al parque temático Puy du Fou.

El año pasado lo visitaron más de 1,7 millones de personas, “con lo que supone eso de desgaste para la vía”, según ha reconocido el director general de Carreteras, David Merino, que ha estado en la obra que se está llevando a cabo en la CM-40. “Esta variante soporta un creciente tráfico de vehículos que en alguno de sus tramos llega a 17.000 vehículos al día, gran parte de ellos vehículos pesados”.

Así que ha informado de que con esta obra “se va a proceder al fresado y reposición del pavimento del carril derecho de vehículos pesados en ambas calzadas, que se encontraba agrietado y había perdido su capacidad portante y además, se va a actuar en el pavimento de dos enlaces que se encuentran en mal estado”.

El parque afronta en la actualidad un proceso de ampliación en 36.000 m2, con una veintena de nuevas instalaciones y en el horizonte de 2035 se espera escalar en visitas a más de dos millones de turistas al año, incluso tres millones según otras cifras que se manejan, lo que supondría duplicar el número de visitas anuales.

Durante la tramitación de permisos ambientales para ampliar el parque temático, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha considerado “asumible” el tráfico previsto en la zona en el año horizonte 2035 durante el periodo punta de la mañana y dice que no se detectan problemas en horario de tarde o noche, en la CM-40. Los tres hoteles de Puy du Fou tendrán unas 500 habitaciones y estarán todos abiertos en 2032.

Puy du Fou pide un autobús urbano al ayuntamiento de Toledo

De forma reciente, y coincidiendo con el proyecto de ampliación del parque temático que ya tiene el visto bueno ambiental del Gobierno regional, la empresa multinacional que lo gestiona proponía que el Ayuntamiento de Toledo dedicase un autobús urbano, de forma expresa, para conectar la ciudad con Puy du Fou.

Sobre esta cuestión, Vox propuso impulsar una línea de autobús urbano a Puy du Fou, que financie “total o parcialmente” la empresa multinacional francesa, y que fue rechazada en el Pleno de Toledo -con el voto en contra de PSOE e IU y la abstención del PP-. “Un servicio público no puede estar al servicio de una empresa privada; esto no es un servicio esencial”, comentó el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, del PP, ante la moción del Grupo Municipal del partido ultra con la idea.

Todo está en The Wire, se decía por parte de los fanáticos de la serie de David Simon sobre la corrupción sistémica en Baltimore, que no era más que un trasunto de la corrupción en cualquier lugar del denominado mundo libre. La obra maestra del periodista trasciende a la ciudad portuaria norteamericana porque tiene el valor de hacerse universalizable y explicar el mundo entero. Es sencillo escudriñar en sus capítulos y encontrar alguna secuencia que enseñe cómo funciona nuestra sociedad y la representación corrupta que tiene en la política. 

Sigue el dinero, decía Lester Freamon, el policía que estudiaba desde una oficina cochambrosa y con pocos recursos la criminalidad de la ciudad estadounidense. Porque seguir el dinero enseña con claridad diáfana los casos de corrupción que tenemos estos días copando la agenda pública y que quedan enmarañados entre mil noticias inconexas, el ruido político, la falta de contextualización mediática y la ceguera sectaria de quien es minucioso con la corrupción ajena y encuentra cualquier justificación con la propia en aras de un bien mayor que puede ser derrocar al Gobierno o impedir la llegada de la reacción al poder. Para los que no justifican ninguna y entienden que la moral pública recta es un bien superior encontraran algo de luz siguiendo el dinero. 

Es imperativo acudir a la doctrina Freamon para entender los casos de los familiares y la corrupción con los que tenemos que lidiar estos días. Todos aquellos españoles que tienen problemas para llegar a final de mes, aquellos que saben lo que cuesta llenar la cesta de la compra, los que entienden que no pueden pagar 1000 euros al mes por un alquiler porque ganar eso cuesta sangre, sudor y lágrimas, saben, conocen, entienden con claridad, que nadie cobra 250.000 euros por maquetar unos informes que han gastado 18.000 euros hacer, y que nadie paga 500.000 euros por una empresa que tiene dos máquinas de depilar. Saben lo que cuesta cada cosa, y sobre todo saben lo que se sufre para ganarlo, pero sobre todo comprenden que nadie regala nada y menos esas fortunas que para una familia de clase trabajadora son toda una vida.

El noviete de la lideresa tenía una vida normal, no demasiado ostentosa, viviendo bien pero sin lujos, en un piso normal y corriente de un pueblo de la periferia de Madrid, hasta que conoció a Isabel Díaz Ayuso y su nivel de vida se disparó al calor de las concesiones y comisiones vinculadas a la presidencia de su novia. Ni más ni menos que 4,4 millones de euros se llevó Alberto González Amador desde que es novio de Isabel Díaz Ayuso por chanchullos con Quirón, que es la joya de la corona de la privatización de la sanidad que la lideresa favorece regando de dinero público a la empresa que le paga el ático al novio y que ella disfruta como partícipe a título lucrativo. Para lograr ese suntuoso negocio pagó medio millón de euros para comprar una empresa a la mujer del directivo de Quirón con el que hacía negocios. Una empresa de belleza que solo tenía un ordenador viejo y dos máquinas de depilar. Hacienda, que no es tonta, y cualquiera de nosotros, que tampoco lo somos, sospechamos que esa compra no era más que una simulación para pagarle una comisión al directivo del que dependían esos millones de euros que el consorte de la quironesa se agendó en solo tres años de noviazgo. 

Lester Freamon en The Wire pedía que siguiéramos el dinero porque siempre tiene línea ascendente y llegaría un momento en el que las instituciones querrían intervenir para cortocircuitar ese rastro según iba subiendo, en la serie, el policía tenía como intención llegar al senador Clay Davis, que era el destinatario final de más alto nivel y en el que se truncó la investigación. El caso del novio de Ayuso se puede considerar fiel descriptor de la doctrina Freamon porque cuando el caso empezó a escalar hacia la frutera mayor de la comunidad se inició una campaña que acabó con el Fiscal General del Estado lapidado con la colaboración del colegio de abogados de Madrid, que logró de manera sorpresiva la concesión de una universidad privada por parte de Ayuso, y un Tribunal Supremo echado al monte que aseguró sin disimulo que condenaba a alguien por un hecho que habría podido cometer él u otra persona de “su entorno”. 

Seguir el dinero es una buena manera de no perderse y no dejarse llevar por el relativismo moral de aceptar para los propios aquello que no toleramos para los otros. Cuando tengas dudas sobre los casos de corrupción y sientas que el ruido es tan ensordecedor que impide comprender nada simplemente sigue el dinero y verás lo fácil que es hallar todo lo podrido siguiendo su olor. La gente honrada vive de su trabajo y no puede aceptar que quienes buscan su favor con promesas para lograr su voto le pastoree intentando explicar que es normal enriquecerse de imaginativas formas fraudulentas solo porque aquel que odias tiene otras formas igual de imaginativas de enriquecerse. Seguid el dinero, el rastro no engaña.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado a la Audiencia de Málaga que dicte una nueva sentencia en el caso en el que fue absuelto el exedil de Benalmádena Francisco Salido por unas ayudas concedidas en 2011 a una asociación local para un comedor. Así, se estima parcialmente los recursos, pero solo cuanto al delito de infidelidad en la custodia de documento.

Un jurado popular consideró no culpable al entonces edil de Bienestar Social de los delitos de infidelidad en la custodia de documento y de malversación de caudales públicos en relación con el convenio suscrito por el Ayuntamiento con una asociación local para destinar ayudas a actuaciones de carácter social, como un comedor, y los documentos relacionados con estas subvenciones.

La magistrada-presidenta de dicho tribunal dictó una sentencia en la que absolvía al acusado de los dos delitos; pero ahora el TSJA ha estimado parcialmente los recursos de las acusaciones y anula dicha resolución, instando a que se dicte otra por la misma magistrada “y, con libertad de criterio, en relación al delito de infidelidad en la custodia de documentos, se motive y argumente la comisión o no del mismo por el concejal”.

“No era por ello responsable”

Así, se insta a que se llegue “a una conclusión condenatoria o absolutoria por dicho delito” en la nueva sentencia, “tomando en consideración lo que el jurado ha declarado probado desde un punto de vista no técnico ni jurídico, complementándolo, analizándolo y desgranado en derecho sus consecuencias”; pero “manteniendo su contenido respecto del delito de malversación de caudales públicos que se confirma íntegramente”, por lo que se mantiene la absolución.

En cuanto al delito de infidelidad de documentos, según la sentencia dictada en su momento, este acusado, “si bien era el concejal del Ayuntamiento de Benalmádena encargado del Área de Bienestar Social, no era por ello responsable de la custodia de los expediente y la documentación relativa a los procedimientos seguidos en dicha área”.

Se consideró probado que una vez iniciado expediente para comprobar el correcto cumplimiento del convenio, Salido junto con dos de los acusados “retiraron de las dependencias de la Unidad de Bienestar Social copia de las facturas entregadas como anexo” en la memoria justificativa de la subvención 2011 a 2012 y toda la documentación de otras ayudas.

En este sentido, el Tribunal de Málaga se mostró de acuerdo con que se retiró la documentación “sin firmar ningún documento justificando”, pero añadía que cuando Intervención solicitó dicha información los acusados “entregaron la que tenían hasta ese momento”, apuntando que “los gastos están justificados”.

“No se analiza por qué y en qué condición extrajo documentación”

Ahora, el TSJA señala que “si bien el concejal podría no ser el custodio directo de la documentación, no puede excluirse sin más que era el responsable político y de gestión que incluiría al menos cierta responsabilidad en el deber de custodia”, y en tal sentido “no se analiza en la sentencia el alcance jurídico de por qué y en qué condición extrajo la documentación pese, al parecer, la oposición del jefe de servicio”.

“Es incontrovertido que en su condición de concejal se llevó la documentación y no se motiva suficientemente en la sentencia su responsabilidad jurídica sobre la custodia de los documentos y consecuencias normativas de ello sobre el hecho enjuiciado, ni con qué finalidad se llevó la documentación; cualquier otra persona no hubiera podido hacerlo en las circunstancias en que se verificó”, dice el alto Tribunal andaluz.

Por eso añade que “la ausencia de motivación al respecto en la sentencia de la magistrada, que se limita a reproducir la conclusión del jurado en este aspecto, conculca derechos fundamentales en relación al derecho a la tutela judicial efectiva que exige una respuesta fáctica y jurídica, razonada y razonable, a todos los aspectos que son sometidos a debate en el juicio oral”.

Esto lleva a declarar la nulidad parcial de la sentencia dictada, como así se solicita subsidiariamente por el ministerio fiscal, “para que por la magistrada-presidenta, respetándose su decisión y argumentación respecto del delito de malversación de caudales públicos que confirmamos y que deberá permanecer invariable, dicte otra” en relación al de infidelidad en la custodia de documentos y “se motive y argumente la comisión o no del mismo” por el exedil.

El 27 de març de 2026, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, va anunciar que Disney gravaria als estudis de la Ciutat de la Llum, a Alacant, la superproducció cinematogràfica Enredados, la versió de carn i ossos del gran èxit d'animació amb què la multinacional de l'entreteniment va ingressar més de 650 milions d'euros el 2010.

Tanmateix, 23 dies abans de l'anunci del cap del Consell, el 4 de març, Sol Films 2026 SLU —filial d'Anima Stilking Films SL i productora encarregada del film— ja havia traslladat la seua seu social de Màlaga a Alacant. Setmanes abans d'aquest moviment administratiu clau, desenes de treballadors de la companyia ja operaven a les instal·lacions de la Generalitat preparant decorats a l'espera de l'arribada dels actors.

L'anunci de Pérez Llorca a penes havia despertat expectació en el sector audiovisual i va arribar quan la productora ja portava prop d'un mes i mig treballant a la Ciutat de la Llum. No va ser fins a la presentació dels pressupostos de 2026, divendres passat, 29 de maig, quan es va fer públic el cost que suposarà per a les arques públiques la pel·lícula dirigida per Michael Gracey: cinc milions d'euros consignats en la secció de Despeses Diverses i articulats com a Projecte Estratègic de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana.

“És una ajuda com les que es donen a Ford, PowerCo (Volkswagen) o Stadler”, expliquen fonts de la Conselleria d'Economia. Aquestes tres multinacionals reben ajudes públiques de la Generalitat per a les respectives factories d'automòbils, bateries i trens.

L'anunci d'aquesta injecció de cinc milions d'euros a la productora malaguenya —ara amb seu a Alacant— ha generat malestar en el sector audiovisual valencià, que no se sent ni involucrat ni beneficiari del projecte. A més, l'escassa informació disponible fins ara sobre l'arribada de la producció de Disney a la Ciutat de la Llum ha alimentat alguns rumors que des de la Generalitat han tractat de desmentir, entre aquests, que la pel·lícula només es rodaria durant cinc dies a Alacant.

La realitat és que els rodatges van començar a l'abril i que ja hi ha centenars de persones treballant a la Ciutat de la Llum, segons expliquen des de la Conselleria d'Economia i treballadors consultats per elDiario.es. El rodatge es prolongarà entre huit i deu mesos, segons la versió oferida per Pérez Llorca i altres fonts coneixedores de la producció.

Encara que el gruix de les gravacions es realitzarà als estudis de cinema de la Generalitat, també està previst rodar escenes en diferents punts de la Comunitat Valenciana, així com a Burgos, Girona, Tarragona i Àlaba. Entre els noms previstos figuren la parella protagonista formada per Teagan Croft (Titanes) i Milo Manheim (Zombies), a més d'intèrprets coneguts com Kathryn Hahn (The Studio) i Diego Luna (Y tu mamá también).

El debat sobre els cinc milions

La controvèrsia sobre l'ajuda pública se centra en com s'articularà i sota quin concepte s'abonarà. “L'ajuda a Disney com a projecte estratègic s'està tramitant com absolutament tots els projectes estratègics de la Comunitat Valenciana. Es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana un decret amb tots els informes preceptius que justifiquen la subvenció nominativa”, argumenten des de la Conselleria d'Economia a preguntes d'elDiario.es.

Les mateixes fonts afegeixen: “Les dades d'impacte es publicaran juntament amb el decret. Com ocorre amb tots els projectes estratègics, l'entitat beneficiària haurà d'acreditar mitjançant factures abonades l'impacte econòmic per a poder rebre la subvenció”.

Segons la Conselleria, el pressupost de la Generalitat, en tindre rang de llei, obliga el Consell al seu compliment i tant la seua elaboració com la seua aprovació han sigut “totalment respectuoses amb les normes de transparència i publicitat”.

“Una vegada aprovat el pressupost, el procediment de concessió de l'ajuda, mitjançant decret del Consell, se sotmés a un rigorós procés administratiu que garanteix, a més de la transparència, tots els informes jurídics i econòmics favorables, tant de l'Advocacia com de Pressupostos i Intervenció. Les xifres d'impacte també seran públiques en el moment de l'aprovació del decret”, apunten.

Per a rebre els diners, l'empresa haurà d'acreditar l'impacte econòmic promés a la Comunitat Valenciana mitjançant “una auditoria específica en la qual haurà d'aportar tota la documentació, incloses les factures abonades”. Segons les mateixes fonts, aquest impacte “està garantit tant en ocupació com en proveïdors” i quedarà “absolutament fiscalitzat”.

Preocupació per un possible conflicte amb les normes europees de competència

En el sector audiovisual ha emergit una preocupació de fons: que algun competidor denuncie aquestes ajudes davant les autoritats europees de competència, com va ocórrer el 2010 amb una denúncia impulsada per un estudi britànic i que va acabar anys després amb el tancament de la Ciutat de la Llum.

La justícia europea va obligar la Generalitat a retornar 265 milions d'euros en ajudes públiques i no va ser fins al 2022 quan es va alçar la sanció, després de les negociacions impulsades per l'expresident Ximo Puig i el Govern d'Espanya.

En un comunicat conjunt, les associacions de productores audiovisuals de la Comunitat Valenciana van recordar que aquella sanció de la UE per ajudes d'Estat il·legals “va provocar un enorme perjudici per a tota la indústria audiovisual espanyola i valenciana, truncant el desenvolupament d'una infraestructura cridada a convertir-se en un dels grans motors audiovisuals d'Europa”.

“Per això, resulta inevitable preguntar-se qui garanteix hui que determinades decisions no tornen a posar en risc el futur de la Ciutat de la Llum i de tot l'ecosistema audiovisual construït al seu voltant”, van denunciar.

Davant aquestes sospites, fonts de la Conselleria d'Economia sostenen que no preveuen un escenari similar al que va motivar el tancament dels estudis. “No té res a veure”, asseguren. Segons les mateixes fonts, “l'ajuda com a projecte estratègic compta amb tots els informes favorables”.

En el sector, tanmateix, persisteixen els dubtes. “Donen l'ajuda perquè treballen a la Ciutat de la Llum i el problema és que l'activitat en aquests estudis és molt baixa i els números no ixen. Injectar diners perquè passen de roig a negre ens situa una altra vegada en l'escenari del 2012. I això fa por. Ningú vol que tanquen la Ciutat de la Llum”, argumenta un conegut productor valencià.

Només 6,7 milions per a tot el sector audiovisual valencià

El sector audiovisual valencià també ha criticat l'elevat import destinat a la superproducció de Disney. “Resulta significatiu destinar una inversió directa de cinc milions d'euros a una empresa recentment traslladada a Alacant per a un únic rodatge quan a penes es consignen 6,7 milions per a tota la producció audiovisual valenciana”, van denunciar les associacions en un comunicat.

“Són 6,7 milions d'euros que impliquen desenes d'empreses valencianes i que obliguen a reinvertir un mínim del 150 % d'aquests diners en companyies i personal valencià. Parlem de produccions que es perllonguen durant tres anys i que han aconseguit èxits tant en festivals com la Berlinale, Canes o Sant Sebastià com pel que fa al nombre d'espectadors arreu del món. Una repercussió i una projecció reals de la imatge de la Comunitat Valenciana d'un valor incalculable”, van reivindicar.

La productora de Disney, que no ha respost a les telefonades ni a les preguntes enviades per correu electrònic dimarts passat per elDiario.es, ja està treballant als platons d'Alacant des de fa quatre mesos. Mentrestant, el procés administratiu per a injectar l'ajuda de cinc milions segueix el seu curs, encara que no hi haurà diners disponibles fins que s'aproven els pressupostos, que ja tenen el sí del PP i Vox.

El 27 de marzo de 2026, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anunció que Disney grabaría en los estudios de la Ciudad de la Luz, en Alicante, la superproducción cinematográfica Enredados, la versión de carne y hueso del gran éxito de animación con el que la multinacional del entretenimiento ingresó más de 650 millones de euros en 2010.

Sin embargo, 23 días antes del anuncio del jefe del Consell, el 4 de marzo, Sol Films 2026 SLU —filial de Anima Stilking Films SL y productora encargada del filme— ya había trasladado su sede social de Málaga a Alicante. Semanas antes de ese movimiento administrativo clave, decenas de trabajadores de la compañía ya operaban en las instalaciones de la Generalitat preparando decorados a la espera de la llegada de los actores.

El anuncio de Pérez Llorca apenas había despertado expectación en el sector audiovisual y llegó cuando la productora ya llevaba cerca de un mes y medio trabajando en la Ciudad de la Luz. No fue hasta la presentación de los presupuestos de 2026, el pasado viernes 29 de mayo, cuando se hizo público el coste que supondrá para las arcas públicas la película dirigida por Michael Gracey: cinco millones de euros consignados en la sección de Gastos Diversos y articulados como Proyecto Estratégico de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana.

“Es una ayuda como las que se da a Ford, PowerCo (Volkswagen) o Stadler”, explican fuentes de la Conselleria de Economía. Estas tres multinacionales reciben ayudas públicas de la Generalitat para sus respectivas factorías de automóviles, baterías y trenes.

El anuncio de esta inyección de cinco millones de euros a la productora malagueña —ahora con sede en Alicante— ha generado malestar en el sector audiovisual valenciano, que no se siente ni involucrado ni beneficiario del proyecto. Además, la escasa información disponible hasta ahora sobre la llegada de la producción de Disney a la Ciudad de la Luz ha alimentado algunos bulos que desde la Generalitat han tratado de desmentir, entre ellos, que la película solo iba a rodarse durante cinco días en Alicante.

La realidad es que los rodajes comenzaron en abril y que ya hay cientos de personas trabajando en la Ciudad de la Luz, según explican desde la Conselleria de Economía y trabajadores consultados por elDiario.es. El rodaje se prolongará entre ocho y diez meses, según la versión ofrecida por Pérez Llorca y otras fuentes conocedoras de la producción.

Aunque el grueso de las grabaciones se realizará en los estudios de cine de la Generalitat, también está previsto rodar escenas en distintos puntos de la Comunitat Valenciana, así como en Burgos, Girona, Tarragona y Álava. Entre los nombres previstos figuran la pareja protagonista formada por Teagan Croft (Titanes) y Milo Manheim (Zombies), además de intérpretes conocidos como Kathryn Hahn (The Studio) y Diego Luna (Y tu mamá también).

El debate sobre los cinco millones

La controversia sobre la ayuda pública radica en cómo se articulará y bajo qué concepto se abonará.

“La ayuda a Disney como proyecto estratégico se está tramitando como absolutamente todos los proyectos estratégicos de la Comunitat Valenciana. Se publicará en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana un decreto con todos los informes preceptivos que justifican la subvención nominativa”, argumentan desde la Conselleria de Economía a preguntas de elDiario.es.

Las mismas fuentes añaden: “Los datos de impacto se publicarán junto con el decreto. Como ocurre con todos los proyectos estratégicos, la entidad beneficiaria tendrá que acreditar mediante facturas pagadas el impacto económico para poder recibir la subvención”.

Según la Conselleria, el presupuesto de la Generalitat, al tener rango de ley, obliga al Consell a su cumplimiento y tanto su elaboración como su aprobación han sido “totalmente respetuosas con las normas de transparencia y publicidad”.

“Una vez aprobado el presupuesto, el procedimiento de concesión de la ayuda, mediante decreto del Consell, sigue un riguroso proceso administrativo que garantiza, además de la transparencia, todos los informes jurídicos y económicos favorables, tanto de la Abogacía como de Presupuestos e Intervención. Las cifras de impacto también serán públicas en el momento de aprobación del decreto”, apuntan.

Para recibir el dinero, la empresa tendrá que acreditar el impacto económico prometido en la Comunitat Valenciana mediante “una auditoría específica en la que deberá aportar toda la documentación, incluidas las facturas abonadas”. Según las mismas fuentes, ese impacto “está garantizado tanto en empleo como en proveedores” y quedará “absolutamente fiscalizado”.

Preocupación por un posible conflicto con las normas europeas de competencia

En el sector audiovisual ha emergido una preocupación de fondo: que algún competidor denuncie estas ayudas ante las autoridades de competencia europeas, como ocurrió en 2010 con una denuncia impulsada por un estudio británico y que acabó años después con el cierre de la Ciudad de la Luz.

La justicia europea obligó a la Generalitat a devolver 265 millones de euros en ayudas públicas y no fue hasta 2022 cuando se levantó el castigo, tras las negociaciones impulsadas por el expresidente Ximo Puig y el Gobierno de España.

En un comunicado conjunto, las asociaciones de productoras audiovisuales de la Comunitat Valenciana recordaron que aquella sanción de la UE por ayudas de Estado ilegales “provocó un enorme perjuicio para toda la industria audiovisual española y valenciana, truncando el desarrollo de una infraestructura llamada a convertirse en uno de los grandes motores audiovisuales de Europa”.

“Por ello, resulta inevitable preguntarse quién garantiza hoy que determinadas decisiones no vuelvan a poner en riesgo el futuro de Ciudad de la Luz y de todo el ecosistema audiovisual construido a su alrededor”, denunciaron.

Ante estas sospechas, fuentes de la Conselleria de Economía sostienen que no contemplan un escenario similar al que motivó el cierre de los estudios. “No tiene nada que ver”, aseguran. Según las mismas fuentes, “la ayuda como proyecto estratégico cuenta con todos los informes favorables”.

En el sector, sin embargo, persisten las dudas. “Dan la ayuda para que trabajen en la Ciudad de la Luz y el problema es que la actividad en esos estudios es muy baja y los números no salen. Inyectar dinero para que pasen de rojo a negro nos sitúa otra vez en el escenario de 2012. Y eso da miedo. Nadie quiere que cierren la Ciudad de la Luz”, argumenta un conocido productor valenciano.

Solo 6,7 millones para todo el sector audiovisual valenciano

El sector audiovisual valenciano también ha criticado el elevado importe destinado a la superproducción de Disney.

“Resulta significativo destinar una inversión directa de cinco millones de euros a una empresa recién trasladada a Alicante para un único rodaje cuando apenas se consignan 6,7 millones para toda la producción audiovisual valenciana”, denunciaron las asociaciones en un comunicado.

“Son 6,7 millones de euros que implican a decenas de empresas valencianas y que obligan a reinvertir un mínimo del 150% de ese dinero en compañías y personal valenciano. Hablamos de producciones que se prolongan durante tres años y que han logrado éxitos tanto en festivales como la Berlinale, Cannes o San Sebastián como en número de espectadores en todo el mundo. Una repercusión y una proyección real de la imagen de la Comunitat Valenciana de un valor incalculable”, reivindicaron.

La productora de Disney, que no ha respondido a las llamadas y las preguntas por correo electrónico enviadas el pasado martes por elDiario.es, ya está trabajando en los platós de Alicante desde hace cuatro meses. Mientras tanto, el proceso administrativo para inyectar la ayuda de cinco millones sigue su curso, aunque no habrá dinero disponible hasta que se aprueben los presupuestos, que ya tienen el sí de PP y Vox.

Una decena de colectivos ecologistas han firmado un manifiesto este viernes, 5 de junio, con motivo del Día Mundial del Medioambiente, para exigir que se paralice la construcción del proyecto de la conexión subfluvial, un túnel de 3,2 kilómetros que cruzará por debajo de la ría del Nervión-Ibaizabal, uniendo directamente la rotonda de Artaza (Leioa/Getxo) con la rotonda de Ballonti (Portugalete/Sestao/Trapagaran).

Desde el anuncio del proyecto, cuyas obras con un presupuesto total de 543,7 millones de euros y que comenzarazán este año, la Diputación de Bizkaia defiende que la subfluvial será una alternativa al tensionado puente de Rontegi, único paso de tráfico rodado entre ambas márgenes en 11 kilómetros. Permitirá recorrer en 4 minutos lo que hoy se tarda cerca de 15, siempre que el tráfico sea fluido, y se construirá totalmente soterrado, sin afectar al paisaje ni a la superficie del entorno, según la versión oficial. “Serán dos túneles gemelos, uno para cada sentido, cada uno con dos carriles y arcenes de seguridad, preparados para absorber gran volumen de tráfico y mejorar la fluidez en toda la red viaria. El futuro subfluvial unirá las rotondas de Artaza (Leioa) y Ballonti (Portugalete) en apenas 4 minutos, gracias a un trazado de 3,2 km de túnel y 2 km adicionales de accesos soterrados, descongestionanado ejes saturados como el puente Rontegi, La Avanzada y la A-8 en Barakaldo. El túnel bajo la ría se proyecta como una alternativa que redistribuirá el tráfico y reducirá en 38.000 vehículos diarios de media la carga sobre Rontegi. Según las estimaciones, también aligerará a La Avanzada en 18.500 vehículos diarios y a la A-8 en otros 17.500. Así, el subfluvial registrará una intensidad media de 50.000 vehículos diarios”, informan desde la entidad foral.

Sin embargo, para los colectivos ecologistas entre los que se encuentran Subflubiala EZ (asociación vecinal creada para manifestarse contra este proyecto en concreto), Fridays For Future, Ekologistak Martxan, Sukar Horia, Greenpeace, Jauzi Ekosoziala, Extinction Rebellion, Herri Bideak Kate Barik Elkartea, Euskal Gune Ekosozialista, Eguzki, Meatzaldea Bizirik, Eguzkizaleak Konpartsa y Biziz Bizi, el proyecto supone una “importante amenaza contra el medioambiente”. “La construcción de la autovía subfluvial de Lamiako provocará un deterioro del medioambiente. Para su construcción se destruirán importantes espacios verdes, como el parque Artaza, pulmón verde de Getxo y Leioa, y las bocas del túnel se convertirán en chimeneas de gases contaminantes. Esto tendrá un impacto negativo muy importante en las vecinas de la zona, y especialmente en las personas más vulnerables, como las personas mayores y los niños que estudian en el instituto de Artaza-Romo”, lamentan las asociaciones.

Los niños a los que se refieren los ecologistas en el manifiesto son los alumnos del IES Artaza Romo, en Getxo, cuya dirección ha comunicado a las familias que el alumnado del edificio RomoHandi se trasladará durante el próximo curso 2026/2027 a otros centros del municipio, en concreto al Colegio de Romo y al Colegio de Lamiako por las obras previstas en el centro y que forman parte de las actuaciones necesarias para adaptar el edificio durante el desarrollo del proyecto del subfluvial.

Otra de las cuestiones que critican en relación con el medioambiente es que, según sostienen, “la subfluvial provocará irremediablemente el aumento de las emisiones del sector del transporte, debido al fenómeno de la demanda inducida, tal y como se reconoce en la documentación oficial, con aumentos del tráfico del 33% para 2048”. “De hecho, la declaración de impacto ambiental del proyecto reconoce explícitamente que el proyecto es contrario a los principios de movilidad sostenible recogidos en los planes europeos, estatales y autonómicos, como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El planeta está pidiendo ayuda, y esa ayuda requiere detener proyectos ecocidas como la subfluvial, e invertir en fomentar el transporte público y la movilidad activa, reducir la contaminación y proteger los espacios verdes y naturales”, critican los ecologistas.

Por ello, los colectivos firmantes, preocupados por el medio ambiente y comprometidos con la movilidad sostenible, han instado a la Diputación Foral de Bizkaia a que suspenda la construcción de la autovía subfluvial de Lamiako y que “invierta los más de 500 millones de euros presupuestados en políticas de movilidad sostenible, que refuercen el transporte público y desincentiven el uso del automóvil privado”. “Las próximas décadas son decisivas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, reducir la contaminación, y recuperar y proteger la biodiversidad y espacios naturales. En concreto, en Euskadi, el sector del transporte es el que más emisiones de gases de efecto invernadero genera, el 41% del total según IHOBE, el único sector en el que siguen aumentando, y la mayoría de esas emisiones provienen del transporte por carretera. Además, produce una importante contaminación atmosférica, debido no solo a las emisiones por el tubo de escape, pero también por las partículas generadas por el desgaste de frenos, asfalto y neumáticos. Esto, unido a la destrucción de espacios naturales para la construcción de grandes autopistas, como el caso de Bolintxu y la Supersur, coloca al sector del transporte como uno de los ejes clave de la acción medioambiental en Euskadi”, han concluido.

El 11 de octubre de 2021 el Museo Vasco de Bilbao (Euskal Museoa) cerró sus puertas al público con el objetivo de reformar el antiguo edificio del Casco Viejo que lo acogía. Tras casi cinco años, la pinacoteca, que busca seguir siendo “la puerta a la cultura vasca”, pero con un foco más internacional, ha vuelto a abrir sus puertas, este jueves a medios de comunicación y a representantes institucionales y el próximo 10 de junio al público en general con entrada gratuita durante los 10 primeros. “Queremos convertirnos en la puerta a la cultura vasca y que este sea un museo de sociedad con un marcado carácter internacional en el que el público local y aquellas personas que nos visitan conozcan la historia, cultura y costumbres del pueblo vasco. Como no, el euskera, la sabia que hace crecer este proyecto que camina desde la tradición y las raíces hasta la visión más contemporánea. Nuestro objetivo con esta reforma integral de los espacios es que se reunieran las condiciones museológicas para la exhibición de la colección ajustada a las normativas actuales sobre todo de accesibilidad, sostenibilidad y de actividad museística”, ha explicado durante la presentación del nuevo museo la Directora Gerente de Euskal Museo Bilbao, Sorkunde Aiarza.

El museo ha “ganado” más de 5.000 metros cuadrados dedicado a exposiciones con las nuevas obras que han abarcado distintos edificios. Para ello, se ha contado con una inversión por parte de la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao de 20.397.401,53 euros. Además del ámbito arquitectónico, la entidad plantea una nueva museografía en la que se han recuperado y restaurando piezas de la colección nunca antes mostradas al público. En la reforma han intervenido cerca de 800 profesionales, se han utilizado más de 200.000 kilos de acero en hormigones armados, 1.500 metros cuadrados de nuevos forjados de distinta tipología y 12.000 metros cuadrados de revestimientos de mortero de cal en paredes exteriores, interiores y techos. “Para la colocación de los vidrios del edificio Claustro ha sido necesario abrir huecos en los forjados, de modo que, mediante una grúa, pudieran descender por estos accesos abiertos hasta la planta correspondiente. Una vez en cada nivel, y con la ayuda de un robot mecánico y ventosas, los vidrios se han ido colocando uno a uno. Se trata de piezas de gran tamaño, con un peso aproximado de 800 kg. El proyecto plantea una síntesis entre los orígenes del conjunto histórico - clasicismo romano importado por los Jesuitas en el s.XVII - y los materiales de la tradición de la cultura vasca vinculados al lugar, como son la piedra, la madera y el acero. El resultado pretende una arquitectura unificadora y austera resuelta mediante sistemas constructivos tradicionales diseñados desde una óptica contemporánea”, ha detallado el arquitecto Antonio Vaíllo.

Con el final de la remodelación, el museo cuenta con distintos espacios, empezando por 'Misericordia', la planta baja que supone la carta de presentación del Museo, “las raíces del roble”, como han querido expresar los arquitectos que han desarrollado el proyecto. “Aquí tienen cabida el territorio y el patrimonio antropológico; este último, representado por piezas joya icono de gran volumen de los fondos del Museo, como la cocina económica para leña y carbón fabricada a comienzos de la década de 1940 por la fundición bilbaína Sagarduy e Hijos para el Restaurante Victor de Bilbao”, han detallado.

Le sigue el 'Claustro' del siglo XVII, en torno al cual se articulaba el antiguo colegio de los Jesuitas. Se trata del espacio que acoge la exposición semipermanente ofreciendo una visión general del patrimonio histórico y antropológico colectivo del pueblo vasco. Preside este espacio el ídolo de Mikeldi, una escultura zoomorfa de bulto redondo, datada en la II Edad del Hierro (Siglos V -- I a.C.) y que se ha convertido en una de las piezas más significativas de Euskal Museoa.

Además, el museo cuenta con la sala Unamuno, un espacio con su “propia entidad y discurso”, según han detallado, pero que por el momento no estará visible al público, ya que se mostrará en una segunda fase que tendrá lugar en septiembre y octubre. “El objetivo es dignificar estos espacios dentro de la gran renovación museográfica dándoles mayor protagonismo y visibilidad de forma individual”, han destacado. Otra de las salas, bajo el nombre de 'Bil(v)bao', muestra la transformación de la Villa en un pujante territorio industrial en torno a la Ría y 'Lapikotik' se trata de un laboratorio gastronómico destinado a talleres y creación.

El museo mostrará también su depósito de obras a partir de visitas guiadas junto al equipo técnico para conocer de primera mano cómo se conservan y se restauran las piezas de la colección, exposiciones temporales que irán cambiando a lo largo del año y 'Kurtze', un edificio extra en el que se encuentra la sala polivalente para celebrar conferencias o coloquios, la biblioteca o el área de conocimiento, destinado al servicio educativo de la institución. En este último, se realizarán actividades y talleres familiares diseñados por parte del Departamento de Educación del Gobierno vasco.

50.000 piezas de la cultura vasca

La colección etnográfica del Museo Vasco cuenta con 50.000 piezas -objetos, fotografías, documentos y testimonio- que muestran la riqueza material e inmaterial de la sociedad vasca a través de sus tradiciones y procesos de cambio cultural durante más de cinco siglos. “El interés inicial por recopilar y documentar la diversidad del patrimonio cultural vasco se ha ampliado con obra gráfica y fotográfica. Así, las piezas transcienden del contexto puramente etnográfico, abriendo nuevas líneas de investigación que continúan desarrollándose y contribuyendo a ampliar las visiones y conexiones con la historia cultural vasca”, han informado desde el museo.

El museo acoge en sus distintas secciones espacios dedicados al pastoreo, a la vestimenta antigua de los vascos o a materiales como sillería y ebanistería, procedentes de ámbitos agrícolas, domésticos, artesanales, industriales y urbanos. A modo de ejemplo se muestran las dimensiones de la troje del caserío de Ortuguren de Elorrio, un telar de Zeanuri para transmitir los conocimientos de la época, grabados de las 'lertxun marrak' (grabados que los pastores vascos tallaban a navaja en la corteza de los álamos durante su estancia en las montañas del oeste de Estados Unidos en California, Nevada y Oregón durante los siglos XIX y XX) o la propia cocina del antiguo restaurante Víctor de Bilbao, creado en los años 40, cuyas cazuelas, mostradas en el museo, alimentaban a una ciudad industrial en crecimiento.

El alcalde de Bilbao ha descrito el museo como algo “vivo, inclusivo y abierto al mundo”. “La reapertura de Euskal Museoa Bilbao supone un hito para nuestra ciudad, y así se presenta: como un museo vivo, inclusivo y abierto al mundo, al servicio de la ciudadanía y la cultura vasca. Hablamos de una institución centenaria con un fuerte arraigo en el Casco Viejo y en la historia de la Villa, que hoy se renueva para seguir siendo guardián de la identidad, la memoria y el patrimonio cultural vasco, a la altura de un museo de proyección internacional. Y es que la cultura ha sido siempre uno de los pilares sobre los que se ha construido Bilbao; una cultura como bien común y de cohesión social”, ha expresado.

Por su parte, Elixabete Etxanobe, Diputada de General de Bizkaia, ha señalado que el museo es “un espacio diferencial dentro de un sistema más amplio”. “Bizkaia ha construido una red de infraestructuras culturales coherente y ambiciosa. Y en ese sistema, Euskal Museoa ocupa una posición singular: un punto de encuentro que da coherencia a todo ese conjunto. Un lugar que nos presenta al mundo y donde la ciudadanía vasca puede encontrar el hilo que conecta su hoy con una memoria de siglos”, ha concluido.

Esta semana el Gobierno ha presentado en la Moncloa el sello 'España. Cultura Viva', una marca de excelencia para exportar nuestra creación al mundo dentro del Plan Nacional de Acción Cultural en el Exterior 2026-2028 . Mientras tanto, en algún pueblo de Cuenca, de Guadalajara o de Albacete, una ermita románica espera que alguien recuerde que existe. Y un alcalde de treinta habitantes ofrece una casa por un euro a cambio de que alguien venga a habitarla. Entre la espada y la pared, la cultura española busca su puerta del medio.

La espada es el escaparate. La política cultural convertida en marca, en sello, en hashtag para Bienales y cumbres iberoamericanas . Una cultura que se mide en exportaciones, en presencia en Seúl o en São Paulo, en la capacidad de seducir mercados. No está mal: un país que no se cuenta fuera, se borra dentro. Pero cuando la cultura se piensa solo como producto exterior, el patrimonio que no cabe en el folleto turístico se queda esperando una subvención que llega tarde, poco y mal.

La pared es la nostalgia. La idea de que el patrimonio rural es un asunto de arqueólogos y de cronistas locales, una colección de piedras venerables que hay que proteger del paso del tiempo como si fueran flores secas. Castilla-La Mancha acaba de convocar 450.000 euros para investigar patrimonio arqueológico y paleontológico , y Toledo inaugura la exposición del VIII Centenario de la Catedral Primada . Son buenas noticias, ninguna duda. Pero si el patrimonio se convierte solo en yacimiento, en vitrina o en efeméride, deja de ser cultura viva y se vuelve cultura embalsamada.

La puerta del medio es otra cosa. Es entender que el patrimonio no se exporta ni se entierra: se habita. Que una iglesia visigoda en un pueblo de cincuenta vecinos no necesita un sello internacional ni una urna de cristal, sino vecinos que entren a misa, niños que jueguen en su atrio, ferias que la rodeen, columnistas que la nombren. Que las casas a un euro no son una anécdota pintoresca para titulares de domingo, sino un síntoma: el patrimonio construido se cae porque ya no hay quien lo mire. Y lo que no se mira, no existe.

Esa puerta del medio exige una política cultural que se atreva a ser, a la vez, ambiciosa hacia fuera y minuciosa hacia dentro. Que financie la exposición de la catedral de Toledo y, en el mismo presupuesto, restaure el lavadero de un pueblo de la Serranía. Que presuma de Cervantes en el Instituto homónimo de Seúl y, simultáneamente, garantice que en Sigüenza, en Belmonte o en Alarcón haya librerías abiertas. Que entienda que la marca 'España. Cultura Viva' solo será verdad cuando la cultura siga viva donde más cuesta mantenerla: en los territorios que llevan décadas perdiendo gente, escuelas y memoria.

Porque la espada hiere y la pared detiene, pero la puerta del medio obliga a caminar. Y caminar, en esta España vaciada que tantas veces se ha nombrado y que transita a través de la cultura hacia la España Disponible, sigue siendo el verbo más político que conocemos. Disponible no es vacía: es la que ofrece espacio, silencio, piedra, oficio y memoria a quien quiera ponerlos a trabajar. La que deja de definirse por lo que ha perdido y empieza a contarse por lo que aún tiene para dar. Quien no quiera elegir entre la cultura escaparate y la cultura museo tendrá que aprender a defender una tercera: la cultura habitada. La que no se exporta ni se conserva: la que, sencillamente, se vive. Esa es la puerta del medio. Y esa es, también, la única España que merece la pena seguir nombrando.

El Grupo Municipal Socialista de Ciudad Real ha denunciado lo que considera “un escándalo” en la gestión del alcalde, Francisco Cañizares (PP), tras destinarse cerca de 4.500 euros de fondos del Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo (IMPEFE) “a sufragar gastos relacionados con un acto del Partido Popular Europeo celebrado en la capital”.

La portavoz socialista, Sara Martínez, ha acusado al regidor de realizar “una utilización partidista y absolutamente vergonzosa del dinero público” y ha advertido de que “este asunto no termina aquí, porque el PSOE seguirá exigiendo explicaciones y responsabilidades políticas”, explican desde la formación política.

Según ha explicado Martínez en rueda de prensa, el Gobierno municipal habría cargado al Plan Estratégico del IMPEFE varias facturas vinculadas directamente a un encuentro político del Partido Popular Europeo. Entre los gastos asegura el PSOE “se encuentran 2.500 euros para la sonorización del acto, 1.820 euros destinados a una cena y otros 170 euros correspondientes a una visita cultural, alcanzando un importe cercano a los 4.500 euros”.

“No estamos hablando de dinero abstracto, sino de recursos públicos que salen de los impuestos de todos los vecinos y vecinas de Ciudad Real y que deberían destinarse a generar empleo, apoyar al pequeño comercio, a autónomos y autónomas, a planes de formación y a oportunidades laborales para jóvenes y personas desempleadas”, ha lamentado Martínez.

El Ayuntamiento de Burgos, a través de su alcaldesa, Cristina Ayala, ha responsabilizado a los técnicos municipales por la contratación de catering a la empresa de su concejal y presidente de la Diputación y del PP, Borja Suárez, pero no les ha abierto expediente. Así lo han confirmado desde el Consistorio, desde donde tan sólo trasladan que se están “revisando” todos los contratos con Eventos El Espino SL.

 “Podíamos no haber hecho nada, podíamos no haber hecho un protocolo, pero en mi autoexigencia ética quiero que se las cosas se hagan como se tienen que hacer, nuestra ética es hacer mejor las cosas, incluso cuando nuestros servicios técnicos cometen un error como es el caso”, dijo Ayala en el último Pleno en el que se realizó una “toma de razón”, sobre la situación de Suárez. El Ayuntamiento sólo se interesó por los contratos de la empresa de su concejal cuando elDiario.es publicó la información: Borja Suárez tenía el 22% de una empresa -según su declaración de bienes, aunque luego reconoció un 33% a este medio- y aunque la ley prohíbe contratar cuando un concejal tiene más del 10%, se hizo. La normativa también contempla que Suárez debió ser obligado a elegir entre ser concejal y tener una empresa; sin embargo, eso nunca ocurrió. Los contratos son nulos de pleno de derecho, pero el dinero no se ha devuelto.

Lejos de asumir responsabilidades, Suárez culpó a los técnicos y aseguró que la ley dejaba “indefensos” a los concejales, y que se sentía “desamparado”. En los mismos términos se pronunció Ayala, y en otros muy similares el secretario municipal que aconsejó realizar un protocolo para que lo ocurrido no se repitiese. Borja Suárez aseguró en un primer momento que se desharía de las acciones “con harto dolor” y paulatinamente. La semana pasada aseguró en el Pleno que ya no tenía acciones de Eventos El Espino. ElDiario.es preguntó al Ayuntamiento si Suárez ha presentado algún documento que certifique que ya no tiene acciones, y éste ha sugerido que se remita a la periodista al Registro Mercantil. La gestión de conocer la titularidad real de cualquier empresa está vetada a todo el que no tenga interés legítimo, o lo que es lo mismo: a quien no sea socio o administrador de la mercantil en concreto. El Ayuntamiento no ha aclarado cómo ha podido constatar que la afirmación de Suárez es cierta.

La investigación de elDiario.es ha revelado hasta el momento no sólo que Suárez incumplió la ley, también que el Ayuntamiento comenzó a contratar a Eventos El Espino, una empresa creada en 2008, cuando Suárez entro en la corporación como concejal. Además, aunque desde el Ayuntamiento se niegan injerencias y afirman que a pesar de que lo reflejó en su declaración de bienes nadie sabía que esa empresa era suya, el PP de Burgos, presidido por Suárez, ha contratado a la empresa para eventos en los que acudieron cargos públicos, incluidos el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, o la propia Cristina Ayala. No sólo eso, además la Junta de Castilla y León ha estado publicitando, de manera opaca, a Eventos El Espino, incluyendo el enlace de su web de organización de bodas y otros eventos en el portal de Turismo y Patrimonio del gobierno autonómico.

Los partidos de la oposición, PSOE y Vox, han solicitado la dimisión de Borja Suárez sin éxito hasta el momento.