La Justicia belga ha elevado a 80 millones de euros el embargo a España y su cobro por parte del fondo estadounidense Blasket Renewable Investments. Según informaron fuentes jurídicas, este martes Eurocontrol cumplió con la orden de la Justicia belga e informó a la empresa denunciante del monto total sujeto al embargo. La decisión de los tribunales belgas responde a la política de recortes de retribución a las renovables del gobierno de Mariano Rajoy.

Así, la cifra exacta asciende a 83,7 millones de euros), de los cuales 79,98 millones de euros se corresponden con los pagos pendientes a Enaire por el servicio de gestión y manejo del tráfico aéreo en España durante el pasado mes de junio.

Las mismas fuentes indicaron que la orden de embargo seguirá en vigor hasta que se resuelva la situación, lo que significa, por ejemplo, que los pagos de los próximos meses también quedarían bloqueados, a la espera de la resolución de la controversia.

Además, estimaron que es previsible que otros inversores afectados se sumen a estas acciones, puesto que la Justicia belga permite que otros acreedores se sumen a la reclamación y se beneficien de esta medida de protección que busca evitar nuevos impagos.

El pasado mes de junio se conoció que la Justicia belga había autorizado el embargo de 32 millones a España por los impagos de las renovables y su cobro por parte del fondo estadounidense Blasket Renewable Investments.

Los tribunales belgas seguían así los pasos de los británicos y autorizaban el embargo de los ingresos que obtiene el Reino de España a raíz de la gestión de control de su tráfico aéreo.

Los tribunales británicos ya han reconocido en el pasado la existencia de estas deudas y han autorizado el embargo cautelar de la sede del Instituto Cervantes en Londres, la oficina británica de promoción económica de la Generalitat de Cataluña, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, cuatro cuentas bancarias o el derecho de cobro de la indemnización por el desastre del Prestige, valorado en más de 900 millones de euros.

En esta nueva decisión, la Justicia belga respondía a una petición presentada originalmente ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas y resuelta finalmente por la sala 17 de la Corte de Apelaciones de Bélgica, que ha emitido un fallo con fecha del 18 de junio mediante el cual se autoriza el embargo reclamado por Blasket Renewable Investments, una de las 26 empresas afectadas por los impagos, titular del caso Infrared.

No obstante, el Gobierno ya señaló que se opondría a la decisión judicial belga, dictada en un procedimiento en el que el Reino de España no ha sido parte, por contravenir la normativa europea en materia de Ayudas de Estado, así como por la inembargabilidad de los derechos de crédito que Enaire ostenta frente a Eurocontrol, organización internacional.

Además, consideraron que el fondo americano, contraviniendo el Derecho de la Unión Europea en materia de Ayudas de Estado y con pleno conocimiento de la obligación del Reino de España de no efectuar ningún pago derivado de los laudos impuesta por la Comisión Europea, solicitó la ejecución del laudo a las autoridades jurisdiccionales belgas, instando al embargo de los derechos de crédito que Enaire, entidad encargada de prestar servicios de navegación aérea, ostenta frente a Eurocontrol, organismo internacional.

El empleo directo en el sector fotovoltaico español se ha multiplicado por cinco tras la supresión del impuesto al sol del PP, según reflejan las cifras del Informe Anual 2023 que acaba de presentar la patronal fotovoltaica UNEF. 

“2022 ha sido el año en el que se ha empleado a un mayor número de personas, alcanzando un total de 40.683 trabajadores en todo el territorio nacional”, según UNEF. Esos más de 40.000 empleos son cinco veces más respecto a los que había en el año de eliminación de ese polémico gravamen.

“Esto representa un 439% más que en 2018, es decir, que el sector fotovoltaico ha generado 33.134 puestos de trabajo directos desde el fin del impuesto al sol”, dice el informe.

El llamado impuesto al sol fue un cargo a las instalaciones de autoconsumo que el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo en 2015, pese a las quejas (en privado, eso sí), de varios gobiernos autonómicos que entonces estaban en manos de los populares y la mofa en la prensa internacional, con artículo incluido en Forbes.

El gravamen no llegó a aplicarse nunca por la falta de un desarrollo normativo, pero supuso un freno al despegue de esta tecnología. Se derogó hace ahora cinco años, en octubre de 2018, tras la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa.

A partir de un estudio elaborado por María Ángeles Tobarra, de la Universidad de Castilla-La Mancha, UNEF cifra los empleos directos del sector en los citados 40.683, un récord que prácticamente duplica la cifra de 2021 y es 5,4 veces superior a los 7.549 empleos que dependían de manera directa de la fotovoltaica a cierre de 2018. 

La fotovoltaica ya se ha consolidado como la fuente de generación de electricidad más barata en el mundo y ya genera unas cifras de empleo en España que están muy por encima de la eólica. En 2021, último dato disponible, el sector de los molinos de viento daba trabajo directo a unas 16.000 personas y empleaba de forma directa e indirecta a unas 32.000, según la patronal AEE.

No obstante, la eólica ya ha superado los 30 gigavatios (GW) instalados en España, frente a los 22,8 GW instalados de la fotovoltaica de suelo, para la que el nuevo borrador del plan nacional integrado de energía y clima (PNIEC) contempla alcanzar 76 GW, incluyendo 19 GW de autoconsumo.

La eólica se ha consolidado como la primera tecnología del sistema eléctrico español, produciendo el 22% de la electricidad, como señaló este miércoles durante una jornada técnica el presidente de AEE, Juan Diego Díaz.

De esos 40.683 empleos fotovoltaicos de 2022, el 41% trabaja en ingenierías y empresas instaladoras; una cuarta parte (10.782), en los productores fotovoltaicos; unas 8.000 personas, en fabricantes, y el resto, en distribuidoras y otras empresas.

UNEF cita la “huella total” del sector fotovoltaico en España en 197.383 trabajadores, con esos 40.683 empleos directos, más otros 97.600 indirectos y 59.100 inducidos que están ligados al sector.

Esas casi 200.000 personas, con un crecimiento “histórico” del 70% en 2022, son también muy superiores ya a los 27.500 puestos (directos, indirectos e inducidos) que dependen del sector nuclear, según la asociación que defiende sus intereses, el Foro Nuclear.

El informe de UNEF señala que “la eliminación del impuesto al sol en 2018 ha supuesto un pronunciado crecimiento que ha tenido un importante impacto sobre la economía nacional”. 

“Si bien 2022 puede haber sido un año pico”, por un récord en la instalación de autoconsumo que todo apunta que no se va a repetir en 2023, “la aportación al PIB nacional ha registrado un crecimiento del 52% con respecto a 2021, convirtiendo al sector fotovoltaico en un actor distinguido en la economía española”. 

42.200 millones

Según UNEF, desde 2018 “el sector ha aportado más de 42.229 millones de euros al PIB, lo que ha redundado en 5.624 millones de euros en ingresos fiscales para las arcas públicas”.

“A nivel local, la aportación fiscal se ha incrementado en un 961% con respecto a 2018”, con unos ingresos de 659 millones para las administraciones locales que “han contribuido a mejorar la situación económica de cientos de municipios, contribuyendo al desarrollo local sostenible, impulsando la lucha contra la despoblación y creando riqueza en la España vaciada”. También calcula que el sector generó el año pasado 4.940 millones en exportaciones, un 81% más que en 2021.

UNEF, que reconoce que otro de los “desafíos” para cumplir el PNIEC es la aceptación social a los parques, afirma que instalar toda la fotovoltaica del nuevo borrador supondrá solo el 0,38% del terreno agroganadero en España y que no hay “ninguna incompatibilidad” entre ambas actividades.

Según decía hace unos días su director general, José Donoso, “solo con la explotación agrícola que se ha abandonado en Catalunya en los últimos años se podría construir todo el PNIEC”.

La patronal ha pedido al próximo Gobierno una prórroga de dos años, “hasta julio de 2027”, en los plazos para instalar toda la potencia prevista y poder cumplir el nuevo borrador del PNIEC, permitiendo que el sector pueda desarrollarse “sin cuellos de botella” y “sin tensiones inflacionistas” y evitando hacer “caer” a “muchos gigavatios” que ya han sido autorizados. Asegura UNEF que el sistema de hitos que contempla actual legislación peca de “falta de conexión con la realidad”.

La última prórroga, en junio, aplazó a diciembre la Autorización Administrativa de Construcción (si no las plantas pierden el punto de conexión). El “problema”, según Donoso, es que estos proyectos luego “tienen que construirse” en 18 meses, hasta julio de 2025, pero “no se llega a tiempo”.

En autoconsumo, 2022 fue un año récord, con 2.507 instalados, casi la mitad de la potencia total de esta solución energética. Pero tras la relajación de los explosivos precios de la luz del año pasado, UNEF ya ha admitido de una “importante” ralentización de las instalaciones, sobre todo en autoconsumo residencial.

Donoso lo atribuía hace unos días a la “desaparición de la percepción de precios altos de la energía”, los retrasos “de dos años” en la gestión de las subvenciones, con “500.000 peticiones” que tienen que analizar las comunidades autónomas, la subida de tipos y la inflación. La lentitud para cobrar las ayudas ha generado la percepción, “que no es verdad”, de que ese dinero no llega.

El presidente de UNEF, Rafael Benjumea, destacó durante la presentación de este estudio la “oportunidad de reindustrialización” que supone el sector para la economía española. Según UNEF, hasta el 65% del valor de una planta puede estar ya fabricado en España. Pero, según Benjumea, “tenemos que ir más allá” y “que cada vez sea más local” para reducir la dependencia de terceros países.

La pesadilla de los arbitrajes contra España por los recortes del gobierno de Mariano Rajoy a las renovables continúa. El grupo estatal galo Electricité de France (EDF) ha logrado un resultado favorable a sus intereses en la demanda que interpuso en 2016 contra el Reino de España ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (CPA), en Países Bajos.

Según confirman fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, la CPA, la corte en Países Bajos de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, emitió en abril un laudo que reconoce a EDF el pago de una indemnización de 29,6 millones de euros.

Esa cifra equivale al 55% de los 53,2 millones que reclamaba la filial de renovables de la eléctrica francesa. Ese porcentaje está entre los más elevados en las condenas contra España que se han dictado hasta ahora por esas decisiones de Rajoy.

Para neutralizar la ejecución del laudo de la Corte de La Haya ante los tribunales de Suiza, Transición Ecológica acaba de adjudicar un contrato de 300.000 euros (más IVA) a la firma helvética de servicios legales MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep. 

Con ello, el gasto en asesores por estos litigios, que este año ha superado la barrera de los 40 millones, ya ronda los 42 millones, según estimaciones a partir de la información disponible en el portal de contratación del Estado.

En el Gobierno consideran que es un dinero bien empleado, si se tiene en cuenta que las reclamaciones alcanzan los 10.576 millones, a la espera de una demanda cuyo importe está todavía pendiente de cuantificar.

La existencia de esta denuncia la avanzó elDiario.es en 2017. EDF, cuyo rescate anunció el Gobierno francés hace un año ante los problemas de su envejecido parque nuclear, explotaba a cierre de 2016, cuando interpuso esa demanda, cerca de 47 megavatios (MW) de energía fotovoltaica en España.

La compañía estatal se sumó con esa denuncia a otros gigantes mundiales de la energía como la alemana RWE o la estadounidense NextEra, que a la postre también obtuvieron laudos favorables.

Ninguno de los denunciantes que han logrado condenas contra España ha cobrado todavía aún euro. La Abogacía del Estado y sus asesores han logrado frenar la ejecución de las sentencias y no se ha ejecutado ningún laudo.

Varios inversores que quieren cobrar esas indemnizaciones están iniciando procesos ante tribunales nacionales para solicitar el embargo de bienes españoles. También han puesto el ojo en la deuda española, por ejemplo, presionando a las agencias de rating mediante el envío de cartas, sin que hasta ahora haya tenido impacto alguno, según el Banco de España.

Hasta ahora se han presentado 52 arbitrajes contra España en distintos tribunales por la violación de la Carta de la Energía, un tratado de protección de inversiones que España firmó en los años 90 y que, tras esta avalancha de denuncias, ha decidido abandonar, en línea con otros grandes países europeos, que creen que ese acuerdo multilateral puede ser un obstáculo al despliegue de las renovables.

Las denuncias se han concentrado sobre todo en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, aunque algunas se han presentado ante otras instancias, como el CPA, como ocurrió en el caso de EDF.

El ministerio subraya que España ha conseguido reducir en más del 85% el importe de las indemnizaciones que demandaban los inversores. Se han neutralizado 7.103 millones y se han reconocido a los denunciantes 1.226 millones en compensaciones, con unos intereses acumulados de 116,9 millones. Todavía hay denuncias que reclaman 2.247 millones pendientes de resolución.

De esos 52 procedimientos, hasta ahora se han emitido 31 fallos; dos procesos han sido anulados y ha habido tres desistimientos de los denunciantes. 16 están pendientes de resolver.

Para intentar frenar la avalancha de denuncias, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó en 2019 un decreto que garantizó a las plantas afectadas una rentabilidad del 7,4% hasta el 31 de diciembre de 2031 a cambio de que las empresas que hubieran denunciado retirasen sus demandas.

Cuando en 2032 venza esta rentabilidad garantizada, todas las instalaciones afectadas, la inmensa mayoría construidas antes de 2008, estarán sobradamente amortizadas y podrán optar por percibir la retribución regulada residual que les pueda corresponder –el plazo máximo es de 25 años– o por cobrar el precio del mercado hasta el final de su vida útil.

Desde que se promulgó ese decreto, “se han frenado radicalmente las denuncias contra España en cortes internacionales; sólo se han presentado cuatro y uno de los demandantes ha desistido”, subraya el ministerio.

Fondos buitre

La proporción de demandantes internacionales acogidos al RDL 17/19 es, reconoce el ministerio, pequeña.

El departamento de Teresa Ribera atribuye a la expectativa de los denunciantes de obtener una mayor rentabilidad si ganan la demanda, a desacuerdos entre los propietarios de las instalaciones afectadas, o a la venta de los litigios a fondos buitres especializados que no pueden acogerse a la compensación, una opción por la que ya se habrían decantando en más del 50% de las denuncias.

El fondo Blasket Renewable Investment, muy activo en medios de comunicación, ha adquirido los derechos de varios litigios, como los de RREEF e Infrared. De este último deriva la reciente congelación de las cuentas del Instituto Cervantes en Londres.

El Gobierno sostiene que pagar a los demandantes sería contrario al derecho de la UE “y constituir una Ayuda de Estado ilegal, incompatible con el mercado interior”.

Cuando España recibe un laudo reconociendo una indemnización, lo notifica a Bruselas, de acuerdo con los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la UE y con la Decisión de la Comisión Europea por la que se aprobó el régimen de ayudas en apoyo a la generación de electricidad por fuentes renovables de energía y cogeneración.

“España no puede pagar antes de que la Comisión se pronuncie, de modo que obra cumpliendo fielmente con sus obligaciones legales en tanto que Estado Miembro de la Unión Europea”. 

En algunos casos, los demandantes están solicitando la ejecución de los laudos en tribunales nacionales de varios países, como Australia, EEUU o Reino Unido, y algún juzgado ha reconocido que los laudos son vinculantes, “pero ello no implica que estos juzgados tengan capacidad de ejecutar los laudos en sus territorios y embarguen bienes españoles; para ello hace falta que se inicie un nuevo procedimiento en el que el Estado español podrá esgrimir argumentos de oposición”, señala el Gobierno. “Sólo con una situación muy excepcional estos tribunales nacionales podrían intentar un pago forzoso”. 

El Ejecutivo “no tiene ninguna responsabilidad en los litigios internacionales contra España por los recortes a las renovables, ha adoptado medidas adecuadas para compensar las políticas del anterior Ejecutivo del PP y está defendiendo los intereses del país con notable éxito en las diferentes cortes de arbitraje internacional”.

Unidos Podemos ha reclamado al Gobierno que garantice, a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que las empresas distribuidoras de energía eléctrica no están poniendo dificultades a las nuevas solicitudes sobre autoconsumo tras la derogación del conocido como 'impuesto al sol'.

Según alertan sus diputados Eva García Sempere (IU) y Josep Vendrell (En Comú Podem), algunas de estas empresas están rechazando peticiones de altas, alegando circulares y acuerdos del organismo regulador, por lo que creen que existe “riesgo real de que se bloquee a través de ardides jurídicos la nueva legislación”.

Así se lo han trasladado al Gobierno en una batería de preguntas registrada en el Congreso, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que estos diputados piden medidas para que la CNMC “fiscalice y garantice que no existen motivos de rechazo” a las nuevas instalaciones “aduciendo falta de desarrollo reglamentario”.

“Debería ser una prioridad absoluta” 

Y es que, tal y como argumentan, “la modificación y cambio de los criterios para gestionar con rapidez las solicitudes de altas de autoconsumo debería ser una prioridad absoluta del sector y de la propia CNMC”, por lo que piden al Gobierno garantizar que no exista ningún bloqueo y que el supervisor “tenga una especial vigilancia y dé una solución transitoria”.

“De lo contrario, podría existir un bloqueo de más de un año y que haya autoconsumidores en condición de poner en marcha sus instalaciones y que no pueden hacerlo. No puede existir ningún motivo de rechazo procedimental sobre un mandato legislativo, con independencia del grado de desarrollo reglamentario”, aseveran.

Por otro lado, plantean al Gobierno que solicite a la CNMC el número de rechazos existentes por parte de las empresas distribuidoras que aleguen una ausencia de desarrollo reglamentario y si considera que esta alegación justifica el rechazo de puesta en marcha de las nuevas instalaciones.

Santiago Caravantes, subdirector de Energía Eléctrica en el Ministerio de Energía durante el Gobierno de Mariano Rajoy y considerado uno de los mayores defensores del polémico peaje de respaldo que el PP implantó para las instalaciones de autoconsumo (el famoso impuesto al sol), prepara su incorporación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Caravantes, funcionario de carrera (es miembro del Cuerpo Superior de Ingenieros Industriales del Estado desde 2004), ha pedido incorporarse a la Dirección de Energía de la CNMC, según fuentes del ‘súperregulador’. Lo haría en calidad de técnico, una vez obtenga el visto bueno de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR). En octubre pasado fue cesado fulminantemente de su anterior puesto, tras la llegada de Teresa Ribera al frente del Ministerio para la Transición Ecológica.

Entre las primeras medidas de Ribera ha estado la eliminación del denominado peaje de respaldo a través de un decreto ley de medidas urgentes que fue convalidado por el Congreso el 18 de octubre. El propio presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, ha criticado repetidamente (la última vez, el pasado jueves) también esos cargos, que no obstante nunca llegaron a cobrarse por la falta de un desarrollo reglamentario.

El nombre de Caravantes es bien conocido en el sector por la defensa cerrada que realizó del peaje de respaldo. El PP le nombró subdirector de Energía Eléctrica en 2012, tras la llegada a Industria de José Manuel Soria, y le colocó en los consejos de administración del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) o la empresa pública Sepides. Como técnico del Ministerio de Industria, también había trabajado con anterioridad en la regulación que propició el despegue de las renovables durante los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.

Su posible desembarco en la CNMC (no es el único destino que ha solicitado) se enmarca en el proceso de traspaso de competencias que ultima Transición Ecológica para permitir al organismo fijar las tarifas de electricidad y el gas, una competencia que arrebató el Gobierno del PP al ‘súperregulador’, lo que había propiciado una amenaza de sanción y un ultimátum a España por parte de la Comisión Europea.

Asesores al alza

Actualmente, Caravantes estaba adscrito a la Secretaría de Estado de Energía como asesor. No será esa la condición que tenga en la CNMC, donde el kilo de asesor cotiza al alza.

Así, el ex presidente de Aena y ex secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, ha pedido recientemente al Ministerio de Economía, al que se ha reincorporado como miembro del cuerpo superior de técnicos comerciales y economistas del Estado, que autorice su traslado “al gabinete de presidente de la CNMC”, según explicó hace unos días a eldiario.es. Mientras, Aena le mantiene como consejero en su filial internacional.

Como asesor económico de Marín Quemada está también desde hace años un estrecho colaborador del presidente del organismo, Javier García-Verdugo, que recientemente protagonizó un efímero y extraño fichaje por una empresa del Opus Dei. Y también es asesor del gabinete del presidente de la CNMC Eduardo Prieto Kessler, que en junio fue sustituido al frente de la Dirección de Competencia del organismo por Beatriz de Guindos.

Hasta entonces, la sobrina del exministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, era asesora de Marín Quemada, por lo que en la práctica se ha intercambiado el puesto con Eduardo Priego. No obstante, en el organismo se da por segura la próxima salida de este último (también teco, técnico comercial) como consejero económico a alguna de las oficinas comerciales cuyas plazas saldrán a concurso a partir de enero.

Para esa carrera habrá competencia, dada la gran cantidad de ex altos cargos del PP que pertenecen a ese cuerpo, cuyo pasado en la Administración les dará preferencia frente a otros tecos.

Con la derogación del denominado 'impuesto al sol', han vuelto las esperanzas del sector de la energía fotovoltaica de poder acelerar su progreso. Aunque esta medida no era la única traba a las energías renovables en España, ahora hay una barrera menos que saltar, algo que agradecen los productores de un colectivo que ha tenido que hacerse hueco en un país difícil, pese a su enorme potencial, para buscar una “democratización energética” que todavía no ha llegado. En este contexto, Castilla-La Mancha juega un papel esencial. Es la comunidad autónoma con mayor potencia instalada -11.615 instalaciones, un 19% del total nacional, y una potencia de 922 megavatios- y donde mejor se perciben parte de los obstáculos a los que todavía tiene que enfrentarse el sector.

Desde la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER), la más representativa del sector, mantienen entre sus principales objetivos la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica, y con esa misma hoja de ruta trabajan en Castilla-La Mancha. Recientemente se reunieron con el delegado del Gobierno, Manuel González Ramos, quien les informó sobre el escenario tras el nuevo decreto. Al hilo de ello, el delegado de la asociación en esta comunidad autónoma, Francisco Pérez, nos explica algunas claves fundamentales, como ha sido la vigencia durante tres años del impuesto al sol, una barrera no solo económica sino también “psicológica”: ha persuadido de instalar fotovoltaica incluso a quienes por la tipología de su instalación no les era de aplicación dicho impuesto.

Ahora se abre una “ventana de oportunidad” para las familias y empresas que les permitirá “abaratar su factura de la luz y participar de manera real en la tan ansiada por todos democratización de la energía”, con la confianza en que el Gobierno central anime a la población a que invierta en renovables, tanto en autoconsumo que pueden instalar en millones de tejados, como en nuevos proyectos de parques solares sociales para inyectar energía limpia a la red.

De hecho, en el Real Decreto que derogó este tributo se introducen tres principios fundamentales: el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin cargos, el derecho al autoconsumo y el principio de simplificación administrativa y técnica. Más detalladamente, ANPIER celebra que se amplíen los “dominios físicos” de una instalación de autoconsumo, eliminando la obligación de que esté en el mismo edificio, o el hecho de que las instalaciones domésticas y todas aquellas que no vayan a verter energía a la red ya no tengan que pedir permiso a la compañía eléctrica para conectarse. 

“Habrá un cambio de paradigma del sector energético tal y como lo conocemos hoy”

“En un futuro, que por cierto está aquí ya, el ciudadano, tal y como reconoce el Parlamento Europeo, tendrá entre sus derechos innatos la posibilidad de comprar, generar, almacenar y vender energía eléctrica. Esto supondrá un cambio de paradigma del sector energético tal y como lo conocemos hoy”. 

Francisco Pérez está convencido además de que son pasos importantes, porque además el autoconsumo en España va más “allá del ámbito do­méstico”, progresando principalmente en los sectores industriales, comerciales, de servicios y en la agricultura, con aplicaciones como el bombeo solar para riego. Y es que aunque las competencias en este sentido son estatales, considera que sería interesante para regiones como Castilla-La Mancha que se protegiera de forma especial a sectores prioritarios en la región, como en este caso es la agricultura, donde más de un 60% de los costes de regadíos son los energéticos. 

Al margen de estas novedades, ¿cómo está el sector? ¿es rentable? El colectivo de productores parte del hecho de que el cambio climático es una “realidad incuestionable” y que la necesidad de “descarbonizar” la economía y realizar un cambio de modelo energético es algo que “ya casi nadie cuestiona”. Es una transición que pasa por la fotovoltaica debido a su progresiva bajada de costes (más de un 80% en los últimos siete años) y al desarrollo del almacenamiento, que hacen viable la generación distribuida. Aparece así la figura nueva del “prosumidor”: el consumidor-productor que “va a hacer que cambien los modelos de negocio que conocemos hasta ahora”. “Entre las empresas eléctricas habrá quien sepa adaptarse y continúe en el mercado y habrá quien no lo sepa ver y le pase como a Kodak”, explica Francisco Pérez.

En este proceso sitúa también el “imparable crecimiento” del vehículo eléctrico ya que potenciará la generación distribuida. “La movilidad eléctrica y las renovables son el tándem perfecto”.

Contra la inseguridad jurídica

Pero para ello todavía hace falta eliminar diversas trabas. La mayor de ellas es la inseguridad jurídica que han provocado los cambios normativos retroactivos que han hecho que España sea el país del mundo con mayor número de reclamaciones por vulneración del Tratado de la Carta de la Energía, “una verdadera vergüenza nacional”. Asimismo, es necesario que el país despegue y resuelva su atraso en este sector. Para ANPIER, durante el Gobierno del PP se produjeron los mayores recortes y una “parálisis total” de las energías renovables, justo “cuando veníamos de ser una referencia a nivel mundial”. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, el sector de las energías renovables llegó a ocupar más de 3.000 puestos de trabajo. Todos desaparecieron.

Lo mismo ha sucedido con el complejo sistema de las subastas eléctricas impulsadas por el PP. Aunque los productores reconocen que este método es el procedimiento utilizado por la mayoría de países, también creen que deberían introducirse criterios que permitan unos “resultados más sociales, distribuidos y que den cabida a todas las tecnologías”, en lugar de “orientarlas a una concentración de la propiedad de las instalaciones en unos pocos titulares”, como ha ocurrido en las últimas subastas. Esto unido al elevado importe de los avales que había que depositar para poder participar en ellas, hizo muy difícil o “casi imposible” a los particulares o pequeñas empresas poder participar.

La asociación subraya que prueba de ello es que de los casi 4.000 gigavatios (GW) de fotovoltaica que resultaron de las últimas subastas de 2017, Cobra Concesiones, filial de ACS, fuera adjudicataria de 1.550 megavatios de potencia; seguida de X-Elio, con 455 megavatios; y de Enel Green Power, con 339 megavatios. “Si nada cambia, se instalará más fotovoltaica, pero seguirá estando en manos de unos pocos”. Por eso ANPIER está en contra de los megaproyectos de 300 o 500 megavatios que se anuncian. “No es lo más adecuado por sus elevados costes medioambientales y por eso apostamos por proyectos de no más de 50 megavatios”. La cuestión es que, de cara al objetivo europeo de que el 35% de la energía sea renovable en 2030, volverá a haber subastas, pero, ¿estará toda la potencia subastada en manos de unos pocos o también en manos de miles de familias y pymes? Desde esta asociación solicitan una cuota mínima del 25% para proyectos pequeños. 

En todo este escenario, Castilla-La Mancha se sitúa en una “posición privilegiada”, un dato que productores e inversores celebran pero que “no puede llevarnos al conformismo”. Esta región “puede y debe hacer mucho más y seguir siendo referente en fotovoltaica social y distribuida”, que vertebre el territorio y que permita la participación ciudadana, “con la consiguiente redistribución de ingresos en el territorio”. Debe hacer que mejore la competitividad de sus empresas “ayudando a sectores prioritarios en nuestra región como la agricultura, ganadería e industrias agropecuarias, permitiendo que con  el uso de la fotovoltaica mejoren su competitividad”. 

Durante su reunión con el delegado del Gobierno, la asociación le trasladó la preocupación de los pequeños inversores fotovoltaicos por el “rosario de recortes y cambios normativos” que vienen sufriendo desde 2009 y que han colocado a muchos de ellos “en una situación desesperada”.

Asimismo, le informaron de la necesidad de “restaurar la dignidad” de las más de 60.000 familias que, pioneras en el sector fotovoltaico, permitieron el desarrollo de la tecnología, y que se dejaron sus ahorros en una causa que consideran “justa y ecológica”. Familias a las que, “lejos de reconocerles su esfuerzo”, se ha “ultrajado haciéndoles parecer culpables de todos los males del sector eléctrico”.

El Gobierno acaba de derogar el denominado “impuesto al sol”, uno de los disparates más absurdos heredados de la etapa de Mariano Rajoy. España, gracias a dicho disparate, se había convertido en el único país desarrollado en el que, en lugar de incentivar la generación de electricidad a partir de energías renovables, producida por los propios consumidores, se le establecían trabas y costes absolutamente injustificables. Ello se unía a los cambios regulatorios que, sobre todo a partir de 2011, habían afectado gravemente a las energías renovables en nuestro país, provocando la destrucción de 80.000 empleos en el sector, así como la ruina de pequeños y grandes inversores.

El Gobierno, una vez más, ha dado cumplimiento a una de las numerosas iniciativas parlamentarias apoyadas por la mayoría de los grupos del Congreso, cuya tramitación quedó varada por la negativa del anterior Ejecutivo -con la excusa de un supuesto impacto presupuestario inasumible-.

Pero, más allá del amplio consenso político y social suscitado por la derogación de dicha norma, conviene resaltar la importancia de la decisión del actual Gobierno, -incorporada en el Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética-  desde el punto de vista económico, social y ambiental.

La posibilidad de generar electricidad en el propio domicilio (o empresa, o centro comercial o edificio público), utilizando energía renovable, significa beneficiarse de tecnologías cuyo coste se ha reducido drásticamente durante los últimos años. En el caso de la energía fotovoltaica, dicha reducción ha sido del orden del 80% en los últimos diez años, acercando así el coste de su utilización al de la electricidad producida por otras fuentes convencionales; con la importante diferencia de que el sol es gratuito, mientras el precio de los hidrocarburos -que marcan el precio de la luz en el mercado mayorista de la electricidad-, tiende a crecer, y supone además una carga notable en la balanza comercial española. Consumir más energía solar, energía eólica, geotérmica o procedente de la biomasa será, por lo tanto, cada vez más barato que obtenerla a partir de las fuentes convencionales, y al mismo tiempo reducirá la dependencia económica y geopolítica de España respecto de terceros países.

Desde el punto de vista social, el autoconsumo eléctrico renovable permitirá disminuir la situación de “pobreza energética”, que hoy afecta a numerosas familias de nuestro país en situación de vulnerabilidad, de forma análoga a lo que ya está sucediendo en el continente africano, donde millones de personas están accediendo a la electricidad solar de forma asequible. El autoconsumo comporta, además, un empoderamiento de los ciudadanos frente al tradicional dominio del oligopolio, en línea con las directrices establecidas por la Comisión Europea, que exige a los gobiernos mayor protección de los consumidores en el sector de la energía, así como las máximas facilidades para que produzcan directamente la electricidad que necesiten. 

Y, por supuesto, la derogación del injustificable “impuesto al sol” permitirá a España reducir más rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. Resulta paradójico que Alemania, con la mitad de horas de sol que España, disponga de una capacidad de generación de electricidad con energía solar diez veces superior a la de España, producida en gran medida  a partir de un millón de instalaciones de autoconsumo, frente al millar de instalaciones análogas existentes actualmente en nuestro país. Además, el autoconsumo va a favorecer un uso más eficiente de la electricidad, gracias a una participación más activa y responsable de los ciudadanos en la gestión de su propia demanda. Y va a contribuir, asimismo, a la urgente electrificación, con energía renovable, de los vehículos, que podrán recargarse en los domicilios, conforme a lo establecido en la Directiva europea sobre eficiencia energética de los edificios, aprobada el pasado mes de junio.

Uno de los elementos más importantes del citado Real Decreto Ley es la nueva definición del autoconsumo, que incorpora el factor de proximidad para dar cabida al denominado “autoconsumo compartido”. Hasta ahora, la instalación de placas fotovoltaicas podía resultar onerosa para una familia de ingresos medios, ya que no se contemplaba la posibilidad de compartir dicha instalación en una comunidad de vecinos, o de aprovechar la cercanía de un edificio público o privado con la suficiente capacidad de generación para compartirla con otras viviendas individuales o colectivas. Ello supone la posibilidad de reducir significativamente la inversión inicial en la adquisición de las placas fotovoltaicas, acelerando su amortización. Hay que tener en cuenta que, con los costes actuales, al disminuir  el coste  total de  la factura  de la luz -incluso para aquellas familias que complementan su autoconsumo con electricidad adquirida en el mercado a través de su conexión a la red-  la inversión inicial comporta una rentabilidad en torno al 5%, muy superior a la que garantizan otras opciones de colocación del ahorro.

Por último, el Real Decreto Ley elimina además la inseguridad jurídica que existía actualmente, al haberse eximido temporalmente a las pequeñas instalaciones de la aplicación del “impuesto al sol”, sin ninguna garantía frente a la eventualidad de un cambio normativo que encarecería el uso de la instalación.

Todo lo anterior demuestra la voluntad del gobierno socialista, comprometido con la transición energética -de la que el citado RDLey constituye el primer conjunto de medidas-, en el contexto de la implementación de la Agenda 2030, cuyo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 7 es, precisamente, el de garantizar el acceso universal a energía limpia y segura.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el decreto ley que aprobó el Gobierno el pasado 5 de octubre que incluye entre otras medidas urgentes la derogación del denominado impuesto al sol, la ampliación del bono social y la suspensión durante seis meses de dos impuestos a la generación eléctrica para abaratar un 4% el recibo de la luz.

La norma se tramitará como proyecto de ley por exigencia y ha sido aprobada por 180 votos a favor, con 2 en contra y 160 abstenciones, entre las que se cuenta la del PP, que impulsó el famoso 'impuesto al sol'.

La ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, que ha señalado que el Gobierno está “a punto” de culminar la devolución de competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en materia de fijación de peajes eléctricos para evitar una multa de la Comisión Europea, ha insistido en que esta batería de medidas urgentes irá acompañada de una reforma estructural que evitará la “sobrerretribución que encarece de manera innecesaria la transición”.

Tal y como ha recordado el portavoz de En Comú Podem, Francesc Vendrell, en el acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Unidos Podemos figura una batería de medidas entre las que destaca la promesa de atajar los denominados “beneficios caídos del cielo” de las centrales hidroeléctricas y nucleares para dejar de pagar “sardinas a precio de caviar”. Además, se contempla una “profunda” reforma del bono social que podría materializarse durante las enmiendas a este decreto.

A favor del texto se han pronunciado los portavoces del PSOE, Podemos, Coalición Canaria, UPN, Compromís, PDCAT, PNV y ERC, aunque la mayoría han anunciado que introducirán enmiendas al texto. Ciudadanos, que inicialmente había avanzado su voto favorable, ha arremetido contra lo que ha denominado “cuponazo” para la industria vasca. Desde el PP, que implantó el denominado impuesto al sol en el Gobierno, su diputado Guillermo Mariscal ha ofrecido “vocación de diálogo” para esta reforma, aunque ha expresado “dudas” sobre el volumen de autoconsumo que puede “asumir” el sistema eléctrico sin que suponga una “transferencia de rentas”.

El decreto ley incluye una serie de medidas contra la escalada de precios que ha protagonizado desde el pasado mes de mayo la electricidad en el mercado mayorista (que incide directamente en el recibo). Entre ellas, la suspensión del impuesto del 7% a la generación de electricidad durante seis meses, una exención del Impuesto de Hidrocarburos, conocido como ‘céntimo verde’, para la generación con gas; y la derogación del 'impuesto al sol' eliminando peajes y cargos al autoconsumo.

La norma incluye una rebaja de los peajes eléctricos que beneficiará fundamentalmente a la industria vasca (cerca de 1.000 empresas), que ya fue comprometida por el Gobierno de Mariano Rajoy y que durante el pleno de este jueves ha recibido duras críticas de la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez, que lo ha definido como “cheque” del Gobierno “para pagar el apoyo de sus socios”. 

Por su parte, los portavoces de ERC y el PDCAT han reclamado un trato similar para la industria catalana.

El decreto aumenta un 15% los límites de consumo a los que se aplica el descuento del bono social eléctrico, crea un bono social térmico para calefacción que consiste en una ayuda directa financiada por los Presupuestos del Estado e incluye medidas de impulso al transporte eléctrico. También se obliga a reflejar en la factura de la luz el ahorro que supondría contratar la tarifa con discriminación de horaria (la más recomendada por los expertos) y se facilitan las bajadas de la potencia contratada.

El Ejecutivo tiene previsto compensar la reducción de ingresos por la suspensión de esos dos impuestos con la transferencia de más recursos procedentes de las subastas de derechos de emisiones, hasta ahora limitadas a un máximo de 450 millones al año, e, incluso, utilizar el superávit acumulado del sector eléctrico para cubrir los desajustes de ingresos y gastos que surjan en 2018 y 2019.

Por último, se amplía hasta el 31 de diciembre el plazo para que los que disfrutaban del anterior bono social soliciten el nuevo, que concluía el 8 de octubre, También se prohíbe cortar el suministro por impago a familias donde haya al menos un menor de 16 años o personas con discapacidad o dependencia reconocida, y se prohíbe  comercializar electricidad y gas “puerta a puerta”.

El Gobierno ha aprobado este viernes un real decreto ley de medidas urgentes en el sector energético que, entre otras cosas, liquida el famoso impuesto al sol, amplía el bono social eléctrico para los consumidores vulnerables y lo extiende a la calefacción, prohíbe a las eléctricas la práctica del ‘puerta a puerta’ y suspende dos impuestos a la generación de electricidad para intentar aplacar la actual escalada de los precios de la luz.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, ha explicado que la medida estrella del Gobierno para intentar abaratar el recibo, la suspensión del impuesto a la generación eléctrica anunciada hace unas semanas en el Congreso, durará seis meses. Además, irá acompañada de una medida equivalente (también por seis meses) para el impuesto de hidrocarburos, lo que abaratará la producción de electricidad con gas natural (centrales de ciclo combinado).

El impacto en la factura de suspender esos impuestos (que las eléctricas repercutían a los precios del mercado) será de “alrededor del 4%”, según Ribera. Se trata de suspender esos gravámenes durante seis meses “e ir trabajando en la gran reforma del mercado”, que “no está claro que sea el óptimo”.

En materia de renovables, el Gobierno va a extender el plazo de tramitación de los más de 9.000 megavatios (MW) de potencia que adjudicó el anterior Ejecutivo mediante un sistema de subastas, más allá del próximo 31 de diciembre. “O ampliábamos ese plazo”, ha dicho Ribera, o “era muy difícil poder llegar” porque solo estaban tramitados 80 MW.

El decreto incluye también, tal y como anunció Ribera en el Congreso el mes pasado, un paquete de medidas relativas a la pobreza energética y los consumidores vulnerables. Se refuerza el bono social de electricidad elevando un 15% los umbrales de consumo que tienen derecho a descuento, y se crea un nuevo bono social para calefacción. Además, se amplían los beneficiarios de este instrumento a las familias monoparentales y a las familias dependientes de grado I y II. Ribera ha recordado que el 85% de las familias con un solo progenitor e hijos menores de 6 años están encabezadas por mujeres.

La ministra ha avanzado que se trata de medidas pensadas para este invierno, hasta que se perfile la Estrategia Nacional para la lucha contra la Pobreza Energética que debe perfilarse dentro de seis meses y en el que hará que los criterios de renta “tengan prioridad”. Preguntada por el hecho de que el bono social de la luz (y ahora también el de calefacción) va a seguir beneficiando a todas las familias numerosas, independientemente de su renta, Ribera ha dicho que en esa futura estrategia la renta deberá ser “un elemento determinante” en la fijación de las políticas que la acompañen.

En materia de protección de los consumidores, el Gobierno va a prohibir la práctica del “puerta a puerta”, tras detectarse numerosos abusos de los comerciales que, subcontratados por las eléctricas, tratan de convencer a los clientes de que abandonen la tarifa regulada (PVPC) y se pasen al mercado libre, que es más caro y ya copa cerca del 60% del mercado doméstico.

Además, se incluirá más información en las facturas, informando los consumidores de las ventajas de contratar la tarifa de discriminación horaria, con precios mucho más baratos en las horas valle (por la noche y por la mañana). Y se permitirá a los usuarios ajustar su potencia contratada, porque actualmente el hogar medio, según Ribera, utiliza una potencia “muy superior” a la requerida.

El paquete de medidas también incluye la anunciada derogación del denominado “impuesto al sol” que puso en marcha el Gobierno del PP para las instalaciones de autoconsumo eléctrico con más de 10 kilovatios de potencia, aunque nunca se llegó a aplicar por la ausencia de desarrollo reglamentario.

“Por fin este país se libra del gran absurdo del que se han mofado observadores internacionales como es el impuesto al sol”, ha señalado Ribera, que ha instado a “aceptar con total normalidad que hay productores mucho más diversos” y ha recordado que “un país tan rico en sol como es España” cuenta con apenas un millar de instalaciones de este tipo, frente a “más de un millón en Alemania”.

En relación con el autoconsumo, el decreto también reduce trabas burocráticas, en especial para el autoconsumo compartido, y simplifica los trámites para la puesta en marcha de instalaciones de pequeña potencia.

El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), a través de la Asociación de Agencias Españolas de Energía (Energen), ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica la retirada del llamado 'impuesto al sol', que obliga a las instalaciones de autoconsumo de más de diez kilovatios de potencia a pagar un cargo sobre la electricidad autoproducida y consumida de forma instantánea.

Así pues, en el escrito de alegaciones a la propuesta del real decreto de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución remitido al Ministerio se hace hincapié en que el autoconsumo, especialmente a partir de energía solar fotovoltaica, puede convertirse en una de las principales alternativas para aumentar la participación de las energías renovables en la próxima década, por lo que constituye una pieza clave en la nueva política energética de la Unión Europea, y, por extensión, también lo debe constituir en España.

En este sentido, según ha detallado la directora general del IVACE, Júlia Company, “solicitamos al Ministerio de Transición Ecológica avanzar hacia un modelo regulatorio específico para el autoconsumo que permita incrementar la penetración de esta tecnología en el mercado, que la promueva, que la potencie, y que elimine cualquier barrera administrativa, técnica y/o económica que pueda limitar su desarrollo”.

Hay que destacar que unas de las premisas acordadas por la UE en el marco de la negociación de los nuevos objetivos de participación de las energías renovables en el horizonte del año 2030, que se traduce en una cuota mínima del 32% sobre el consumo bruto de energía final, ha sido la propuesta de eliminación de cualquier carga económica a las instalaciones de autoconsumo, al menos hasta el año 2026.

De este modo, ha señalado Company 'el impuesto al sol', que sólo se aplica en España, pasaría a ser ilegal según las normas de la Unión Europea“. Hay que recordar que este impuesto obliga a las instalaciones de autoconsumo de más de diez kilovatios de potencia a pagar un cargo sobre la electricidad autoproducida y consumida de forma instantánea.

“El pacto alcanzado en el Parlamento Europeo demuestra, una vez más, que el anterior Gobierno se equivocaba, estaba tomando el camino contrario a Europa y, por ello, solicitamos al nuevo Gobierno que, de una vez por todas, elimine el impuesto al sol de forma inmediata” ha subrayado.

“Se trata de una barrera económica injustificada que está desincentivando la puesta en funcionamiento de estas instalaciones y frenando el desarrollo del autoconsumo” ha añadido. Según los estudios del IVACE, este cargo implica alargar en varios años, entre 2 y 3, el periodo de retorno de las inversiones.

La decisión europea supone también a su juicio, “el reconocimiento de que estamos haciendo bien las cosas, que nuestra política energética es acertada y está en plena sintonía con la de la Unión Europea”.

Una “bolsa de energía”

En el escrito de alegaciones se solicita también que la energía excedentaria que los autoconsumidores con potencias inferiores a 100 kW inyectan gratuitamente a la red eléctrica sea destinada a los consumidores más vulnerables y de este modo contribuir a paliar la pobreza energética.

Según ha explicado Júlia Company, “dichos excedentes energéticos suponen un ahorro económico para el sistema eléctrico y, de este modo, se puede constituir una bolsa de energía que podría ser contabilizada tanto en términos energéticos como económicos para que el sistema los asignara a los consumidores que actualmente se estén beneficiando del bono social, sobre todo en sus umbrales más extremos”.

Asimismo, entre las alegaciones presentadas también destaca la solicitud de eliminación del requisito de potencia máxima para la asignación de modalidad Tipo 1 y Tipo 2, al entender que debería ser una elección del consumidor vinculada única y exclusivamente a si desea o no obtener ingresos por la energía excedentaria. En caso de no desear obtener ingresos, el consumidor debería poder acogerse a la modalidad Tipo 1, independientemente de la potencia contratada o de la potencia de la instalación de autoconsumo.

En la actualidad, el requisito establecido en el RD 900/2015 de que las instalaciones de Tipo 1 sólo puedan estar asociadas a consumidores con una potencia contratada no superior a 100 kW obliga, a determinados consumidores con potencias contratadas superiores a 100 kW, a acogerse a la modalidad Tipo 2 y por tanto a realizar una serie de trámites vinculados a la venta de la energía excedentaria (facturación mensual, declaraciones trimestrales y anuales e impuesto de sociedades o la facturación anual del peaje de generación entres otros) que, en muchos casos, no compensan el beneficio económico obtenido.

Asimismo, se solicita evolucionar hacia un sistema que permita la compensación de saldos energéticos, establecer un registro para las instalaciones de autoconsumo aisladas, modificar los criterios de reparto de la energía generada en la modalidad de autoconsumo colectivo, así como la exención del coste de los estudios de acceso y conexión para las instalaciones de potencia inferior o igual a 100 kW y establecer criterios y esquemas homogéneos para todo el territorio para su aplicación por parte de las distribuidoras, entre otros.

Miguel Ángel Martínez-Aroca es el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) y uno de los ponentes en las jornadas 'Sol y Justicia' que recorren todo el país y llegaron este martes a Toledo. La cita se repite en Albacete, este miércoles 27 de septiembre con el objetivo de informar a la ciudadanía, la clase política y los responsables administrativos de las “injusticias” que se observan en el panorama energético español.

“La mayor inseguridad jurídica es la que sufren los miles de ciudadanos que invirtieron en 2008 y que sufrimos en la actualidad las consecuencias de los cambios normativos retroactivos en el sector de las renovables”, explica Martínez. Por eso, una de las principales reivindicaciones de este colectivo es la de reclamar “seguridad” para quienes fueron los “pioneros”, los primeros promotores que empezaron a caminar hacia un nuevo modelo energético, basado en las energías limpias.

Fueron más de 62.000 familias las que construyeron los primeros 3.000 megavatios de energía fotovoltaica. “Estas familias hicieron posible esa realidad y distribuir la riqueza entre todas las comunidades autónomas. Pero a estos ciudadanos se les ha hecho un ataque retroactivo, el más duro el que ha llevado a cabo el actual Gobierno del PP con recortes cercanos al 50%, a los que sumamos un impuesto de 7% a la generación de energía”, explica.

Impuesto al sol y oligopolio energético

Otro impuesto que se relaciona directamente con este tipo de producción es el llamado 'al sol', que se creó para “disuadir del autoconsumo, decir que no es atractivo e impedir que se amortice jamás la inversión”, señala Miguel Ángel. “El Ministro de Industria lo que hace es ahuyentar con impuestos, con declaraciones de miedo para que no en instalaciones de autoconsumo”, asegura. Por eso, explica que la política actual no defiende el interés general del país sino que “legisla para consolidar los beneficios de las eléctricas”.

“Recordemos que se llevan 7 mil millones limpios del bolsillo del ahorro de los españoles. Esto es lo que consigue el Ministro con su política energética”, critica. De este modo, se favorece el “centralismo” y no el interés general o que los ciudadanos paguen menos y sean partícipes de un sistema eléctrico que distribuya la riqueza. “Lo que quieren es centralizar en torno a las cuatro grandes compañías”, asegura. Es esto lo que explican también en esta 'ruta' que realizan hace ya tres años y que recorre todo el país.

El futuro de las renovables también se centra en las empresas mientras que el ciudadano y las familias han quedado “excluidas” del mismo. “Han sido los únicos adjudicatarios en las subastas de nuevos proyectos de energía renovable”, señala Martínez-Aroca. Por otro lado, critica que la legislación no está permitiendo que el sector sea “atractivo, entendible o fácil” para el ciudadano ni tampoco para que el sector empresarial nacional pueda meterse o invertir en el desarrollo de las renovables futuras. “A pesar” de que la Unión Europea está “pidiendo” que estos nuevos proyectos estén en mano de los ciudadanos, lamenta el presidente de Anpier.

Sistema horizontal en vez de vertical

Martínez-Aroca insiste en las “muchísimas trabas” que se está poniendo para “ahuyentar” las iniciativas sociales que se quieren acercar al sector energético. “Si la ciudadanía invirtiese en renovables, en un futuro los ingresos podrían quedarse en los municipios, engrosando la economía local”, afirma. Por eso, abogan por un sistema energético más horizontal que reemplace el actual “centralizado, integrado verticalmente”. Pero esto depende de las decisiones políticas que también son “responsables” de que en Alemania se produzca más energía fotovoltaica que en España.

Además, señala, es necesario crear lo que llaman una “cultura de la energía” a través de estas asambleas informativas y diversas jornadas que dan a nivel nacional. “A la clase política no le interesa una ciudadanía bien formada en energía, sino que no entienda nada de cómo funciona el sistema y lo van haciendo cada vez más complejo e inseguro para que no quieran acercarse a conocerlo”, concluye Martínez-Aroca.

Más de dos años y medio lleva vigente el denominado ‘impuesto al sol’, o lo que es lo mismo, el decreto por el que se penaliza el autoconsumo en España con una carga tributaria que consumidores y usuarios no han dejado de tachar de “desproporcionada”. Aunque la gran mayoría de comunidades autónomas no lo están aplicando y su recorrido parece tener “las horas contadas”, se trata de uno los temas que la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) aborda en un encuentro en Ciudad Real. Expertos en la materia quieren poner sobre la mesa los retos del sector y su futuro próximo, con las posibilidades del autoconsumo como núcleo central.

La sesión organizada por la UNEF arranca este miércoles a las 9.15 horas con el director general de esta asociación, José Donoso, presentando el plan estratégico de la entidad que dirige, a lo que seguirá un debate entre las empresas castellano-manchegas asociadas. A las 10.15 horas, y tras el registro en las jornadas, el director general de Industria, Energía y Minas del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Cabezas, será el encargado de acompañar a Donoso en la apertura oficial de la jornada.

El director de proyectos de la empresa ciudadrealeña I+D Energías y delegado de la UNEF en la región, Julio Espadas, argumentará sobre casos de éxito en el autoconsumo en el sector de distribución alimenticia. Precisamente, Espadas, en una entrevista con eldiarioclm.es, ha detallado los objetivos más apremiantes de la energía fotovoltaica, el primero de ellos conseguir superar “una campaña de difamación” contra esta renovable a cuenta de la subida de las tarifas.

En segundo lugar, ha destacado el objetivo de conseguir una normativa de autoconsumo que permita que esta actividad se desarrolle con normalidad en España, y que choca frontalmente contra el decreto del Gobierno de Mariano Rajoy sobre esta práctica, y que actualmente es la normativa “más restrictiva del mundo”. Recuerda que por una parte regula el sector, pero también establece una serie de barreras económicas y técnicas para su desarrollo en el país.

Reino Unido ya ha instalado hasta 20 veces más megavatios que España

“El resultado es que desde 2013 en España se han instalado 50 megavatios de autoconsumo mientras que en Reino Unido, han sido más de 12.000, unas veinte veces más. Aquí, la falta de lógica del Ministerio de Industria es total, porque no se está pidiendo ningún tipo de apoyo público sino que se catalogue el autoconsumo como medida de eficiencia energética”, argumenta.

La Unión Fotovoltaica siempre ha defendido que este ‘impuesto al sol’, exclusivo de España, está evitando que se desarrolle una tecnología que permitiría hacer instalaciones que generarían mucho empleo y actividad en la industria a nivel nacional. Por ello, este colectivo está convencido de que “se está perdiendo la oportunidad de reactivar la economía de una manera sostenible y sin que el Estado tuviera que aportar un euro”.

Al final, interpreta Julio Espadas, se ha impuesto una regulación “disuasoria” al incluir sanciones “totalmente desproporcionadas” en base a la Ley del Sector Eléctrico. “La instalación de tres placas solares por parte de un particular para ahorrar el 15% de la energía que consume, si no está legalizada, se considera como muy grave, y las multas son desorbitadas”, destaca. Pero también destaca que una sanción administrativa no puede ser cuatro veces superior al coste evitado con la acción, por lo que “no es aplicable”. Recuerda asimismo que la responsabilidad es de las comunidades autónomas, cuyas delegaciones o direcciones de Industria no están ejecutando el decreto.

En Castilla-La Mancha, existe un bloque de medidas para incentivar la eficiencia energética y el autoconsumo. La UNEF las valora y agradece pero lamenta que se destine dinero público a una medida como el autoconsumo que “sería totalmente rentable por sí misma”, de forma que esos fondos públicos pudieran servir para incentivar otras políticas sociales o medioambientales.

Por otra parte, a nivel legislativo, el delegado de la Unión Fotovoltaica recuerda la iniciativa parlamentaria de Unidos Podemos para promover una ley de autoconsumo, y que obtuvo el respaldo de todos los partidos políticos en el Congreso excepto el PP y Ciudadanos. La esperanza para el sector reside ahora en Europa: el Consejo tiene previsto tramitar durante este año la Directiva conocida como Paquete de Invierno, que establece una serie de objetivos de impulso a las renovables, entre ellos que los estados miembros “no puedan establecer ningún tipo de barrera técnica o peaje económico al desarrollo de las energías renovables”.

Por último, el tercer reto es que la tecnología fotovoltaica sea “lo más competitiva posible” sobre todo en grandes plantas industriales, aquellas producen energía para el mercado mayorista, sobre todo líneas de distribución y transporte. “Es un objetivo que España está apunto de cumplir, con instalaciones medianas que ya producen al mismo precio que una nuclear, una térmica o una de ciclo combinado”.

Pese al enorme revuelo del denominado 'impuesto al sol' que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó a finales de 2015, la estadounidense Tesla ha empezado a recibir pedidos para instalar en España su Solar Roof. Combinados con su batería de almacenamiento Powerwall 2, estos revolucionarios tejados solares permitirían a las viviendas autoabastecerse de energía renovable mediante unas tejas fabricadas con azulejos de cristal con células solares integradas.

En su tienda online, Tesla ya permite a clientes españoles encargar un Solar Roof previo pago de una fianza de 930 euros. Esta caución es “totalmente reembolsable hasta que formalice su compra y acepte el acuerdo de instalación”. La empresa no ofrece ninguna información sobre precios o fecha de entrega. “Se puede reservar y le garantizamos una consulta el año que viene cuando esté disponible en el mercado, y entonces podrá decidir si seguir o no; si no quiere, se devuelve el dinero de la reserva”, explica su servicio de atención telefónica en España.

En noviembre pasado, cuando presentó este producto, el consejero delegado del fabricante de coches eléctricos de lujo, el multimillonario Elon Musk, prometió que el Solar Roof tendrá “un coste de instalación inferior al de un tejado normal” si se tiene en cuenta el ahorro obtenido en la factura eléctrica a lo largo de los años.

Tesla, cuyas agresivas prácticas laborales volvía a poner de relieve The Guardian en una investigación publicada este miércoles, no ha revelado el rendimiento de cada teja: cuánta energía generará, ni el precio que tendrá cada vatio producido, que son magnitudes clave para poder echar números.

Sí ha dado estimaciones sobre el coste de una cubierta tipo en Estados Unidos, donde prevé empezar a instalar sus primeros tejados solares este verano: unos 21,85 dólares por pie cuadrado de media para un “propietario típico” en ese país, que equivalen a unos 235 dólares por metro cuadrado de tejado (unos 211 euros al cambio).

Tesla da por buenas las estimaciones que realizó en noviembre Consumer Reports, tomando como tamaño medio de un tejado típico en una vivienda unifamiliar estadounidense unos 3.000 pies cuadrados, equivalentes a algo menos de 280 metros cuadrados, muy por encima de la superficie del tejado de un típico chalé adosado en España, que es de unos 60 metros cuadrados. El ejemplo no puede extrapolarse a España, ni por tamaño de los hogares, ni por recurso solar.

El coste de las tejas de Tesla que producen electricidad será, según Bloomberg, de unos 42 dólares por pie cuadrado, unos 365 euros al cambio por metro cuadrado. Las que no son activas (que no producen energía, aunque estéticamente son iguales a las que sí lo hacen) costarán unos 105 euros por metro al cambio. Según Tesla, el porcentaje de tejas activas variará entre el 30% y el 60% de la cubierta, en función del consumo energético, la orientación de la vivienda y el recurso solar disponible. El ejemplo de ese “propietario típico” es el de un tejado con un 35% de tejas activas.

Precio “competitivo”

La agencia Bloomberg considera que el precio desvelado, inferior a lo esperado por los analistas, “es competitivo”, aunque superior al de instalar unos paneles solares tradicionales. Añade que si se tienen cuenta los ahorros en la factura eléctrica y la durabilidad de estos tejados (que Tesla dice que garantiza de por vida), el Solar Roof “es una opción asequible en muchas áreas” de Estados Unidos, “pero todavía no está al alcance de cualquiera”.

Pone el ejemplo de reemplazar un tejado de unos 2.000 pies cuadrados de superficie (unos 185 metros cuadrados) en el Estado de Nueva York. Incluyendo ayudas federales (un 30% del coste de las tejas que producen electricidad), su coste sería de unos 50.000 dólares, inferior a los 64.000 dólares que pagaría esa vivienda por su factura eléctrica durante 30 años. En este ejemplo, el 40% del tejado tendría capacidad para producir electricidad. 

El experto energético Jorge Morales de Labra subraya que, aunque las instalaciones con menos de 10 kilovatios de potencia van a estar transitoriamente exentas del impuesto al sol, muchas viviendas unifamiliares superan esa cota por tener instalaciones trifásicas (a diferencia de las de un piso, que son monofásicas), por lo que los tejados de Tesla “no se van a escapar” de él. Además, los propietarios de instalaciones de autoconsumo, aunque estén exentos del impuesto al sol, “tendrán que conectarlas al sistema, darlas de alta y pasar un calvario administrativo como cualquier otra de este tipo”, recuerda.

El impuesto al sol fue aprobado en octubre de 2015 y entró en vigor en abril de 2016, aunque todavía no ha empezado a cobrarse. Está pendiente la publicación de las órdenes ministeriales de la Secretaría de Estado de Energía que determinen cómo va a facturarse el gravamen a las instalaciones fotovoltaicas por permanecer conectadas a la red de suministro, que se cobraría con efecto retroactivo desde abril de 2016. En marzo pasado, el Gobierno vetó, con el apoyo de Ciudadanos, una iniciativa parlamentaria para derogar estos cargos.

De “estúpida y cruel como su fiesta de los toros” calificó el genial Luis Cernuda la “existencia española”. Y así seguimos, permaneciendo en la estupidez y en la crueldad como si la existencia no hubiera avanzado aquí desde aquellos años 60 en los que el poeta publicó Desolación de la quimera, que contiene esos versos en el poema 'Díptico español'. La última estúpida crueldad ha llegado en forma de impuestos: el IVA a las corridas de toros se ha rebajado al 10%, mientras el cine seguirá tributando al 21%. La explicación del ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, es que los toros constituyen un “espectáculo en vivo”, como los conciertos, el teatro o la danza, que también han visto reducido su gravamen. Pero resulta estúpida y cruelmente paradójico que se considere espectáculo en vivo una práctica que consiste en matar y cuyos artífices son conocidos con el nombre de matadores: otra burla de los señoritos con cartera. Y, aun en términos fiscales, comparar el crimen de los toros con la música en vivo, el teatro o la danza es un insulto a músicos y cantantes, actores y dramaturgos, bailarines y coreógrafos.

La bajada del IVA a las corridas de toros no es una ocurrencia más de estos Gobiernos del PP, sino la chulesca ratificación de que, con sus leyes, la estupidez y la crueldad siguen rigiendo nuestra existencia. En un Estado cuya Audiencia Nacional condena chistes sobre Carrero Blanco, militar franquista que fue eliminado porque representaba la continuidad de una dictadura inaceptable (que mató poetas o los obligó, como a Cernuda, al exilio, y que no ha sido juzgada), el aparato político y judicial no condena a quienes jalean y perpetran el vil martirio de los animales. La Ley Mordaza y el fomento de la tortura animal son estupideces y crueldades que se inscriben en el mismo relato sin fin de la España más negra, y por eso son los mismos quienes ahora siguen escribiéndolo.

Bajar el IVA a los toros es legitimar los reglones de sangre de nuestra historia, y sus autores están identificados. No es casualidad que quien inició este inmoral proceso fuera uno de los ministros más vergonzosos de todos los tiempos: José Ignacio Wert. Siendo ministro de Cultura, aprobó el Plan Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia (PENTAURO), prometiendo una rebaja fiscal a los empresarios de la muerte: la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET), que preside el francés Simón Casas, o la Unión de Criadores de Toros de Lidia, que preside el ganadero Carlos Núñez. Cabe recordar que estos perversos criadores de víctimas crearon en 2015 la Fundación del Toro de Lidia con el objeto de frenar un abolicionismo imparable, y que echaron el resto contratando a un bufete de relumbrón para perseguir antitaurinos por la vía judicial. Un esfuerzo en el que han fracasado: no es solo que las personas abolicionistas no seamos delincuentes y no puedan echarnos su guante ensangrentado, sino que la historia asumirá que es su violencia la que constituye delito. Tiempo al tiempo, aunque sea eterno para sus muertos.

La promesa del incapaz Wert quedó pendiente y la ha cumplido ahora el nuevo secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, un ultra de la tauropatía que en 2013 reactivó en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte una Comisión de Asuntos Taurinos que llevaba 14 años inactiva. La obsesión de Benzo era bajar el IVA a los toros, con la intención de frenar la agonía de un sector que necesita del apoyo económico porque ha perdido el apoyo social y el tren de los tiempos. Teniendo en cuenta lo que los conciertos, el teatro o la danza han importado históricamente a los responsables de la cultura del PP, no me sorprendería que el secretario de Estado haya aprovechado sus reivindicaciones solo para favorecer a los maltratadores de toros. Tampoco es casualidad que el tal Benzo dirigiera la Oficina de Santiago Calatrava (ese arquitecto…) y llegara a estar imputado en una de sus causas, que fue archivada. Otro asunto.

El maltrato animal de los espectáculos taurinos mancha la imagen de España en el exterior, como demuestra un amplio estudio realizado por Cambridge University Press, pero el Gobierno del PP sigue empeñado en defender el cortijo de los maltratadores. Al escándalo del IVA se une la indignante y esperpéntica concesión por vía extraordinaria de la nacionalidad española a un torero peruano. Dice el gobierno que lo ha hecho porque el peruano es “defensor y promotor de la fiesta de los toros” y, por tanto, está en “sintonía con los valores sociales de nuestro país”. Se me ocurren pocas falacias tan descaradas, teniendo en cuenta el rechazo mayoritario de los españoles por la tauromaquia. Y se me ocurren pocos descaros más ofensivos, teniendo en cuenta que hay menores nacidos en España y acogidos por familias españolas a los que no se concede la nacionalidad española porque sus padres biológicos no lo son. Más de 100.000 firmas piden la nacionalidad para ellos. Pero, claro, solo son niños, y a este Gobierno de capillitas le importan más los toreros que los niños.

Benzo el tauricida preside además el Consejo de Administración de Acción Cultural Española (AC/E). Como tal, será comisario general del pabellón de España en la 'Expo Astana 2017, Energía para el Futuro', que se celebrará entre los próximos 10 de junio y 10 de septiembre, y que “tiene como objetivo reevaluar nuestra actitud hacia la energía y su consumo”. En una vuelta de tuerca más de la burla de este Gobierno, nuestro flamante pabellón llevará el nombre de 'Energía para el Planeta' e invitará a sus visitantes “a viajar por el espacio y el tiempo para descubrir cómo y por qué España se ha convertido en líder indiscutible en la utilización de energías renovables, en su implantación e investigación”.

En fin, Benzo es el comisario de esta otra tomadura de pelo de los del PP. La estafa con recochineo de quienes mantienen el 'impuesto al sol' pero bajan los impuestos a los toros. Benzo, el compinche de los taurinos que reciben ayuda para matar, es el mismo Benzo compinche de las eléctricas y el oligopolio, que impiden el autoconsumo y el desarrollo de las energías limpias. Tres formas de violencia: contra los animales, contra el planeta que da título al pabellón de Astana y contra los ciudadanos. Las violencias de quienes Cernuda acusó de “enemigos enconados de la vida”. Los que condenan al cine a la asfixia económica y condenan a Cassandra a prisión e inhabilitación por hacer chistes sobre un garante de la dictadura franquista. Será que estos del PP sí eran amigos de la vida del almirante. De su estúpida y cruel existencia.

Somos muchos los que, a raíz de los últimos resultados electorales, confiábamos en que la mayor fragmentación del Congreso de los Diputados condujera a una legislatura donde el pacto fuera la tónica dominante. Se abría un nuevo escenario muy distinto al de las abultadas mayorías vistas con anterioridad que, en la práctica, ninguneaban permanentemente al Parlamento aplicando el rodillo del que gozaban los Gobiernos respaldados por mayorías absolutas.

Nos faltaba conocer el artículo 134.6 de la Constitución. Ese que permite al Gobierno vetar cualquier iniciativa legislativa del Parlamento cuando esta tiene impacto en los Presupuestos Generales del Estado.

Como es fácil imaginar, casi cualquier norma afecta de forma directa o indirecta a la recaudación de impuestos, por lo que el Gobierno puede hacer uso masivo de tan peculiar facultad en una suerte de secuestro permanente al Parlamento. Así ha ocurrido en más de dos decenas de proposiciones de ley en los escasos meses que llevamos de legislatura.

Cuando el Gobierno veta una propuesta, eso sí, la Cámara del Congreso puede levantar el veto y proseguir con la tramitación de la ley. Al Gobierno, en ese caso, le queda el recurso al Tribunal Constitucional, pero la ley sigue adelante. Sorprendentemente, hasta la fecha sólo una iniciativa legislativa de entre las muchas vetadas ha conseguido que la Mesa del Congreso desoiga al Gobierno y proceda con la tramitación de la ley.

El caso del denominado “impuesto al sol” es paradigmático. La práctica totalidad de la oposición, claramente mayoritaria en la Cámara Baja, ha sido capaz de ponerse de acuerdo en una redacción legal muy concreta que permitiría a quien quiera comprarse un panel solar para abaratar su factura de la luz, hacerlo sin las innumerables trabas administrativas y económicas que existen en nuestro país, el más restrictivo del mundo en lo que autoabastecimiento energético se refiere.

Cuando en enero de este año se presentó en rueda de prensa la iniciativa, todos los partidos representados en el Congreso, salvo el Partido Popular y Foro Asturias, la respaldaron.

Hace unos días el Gobierno hizo uso de su ya famosa facultad constitucional y la vetó. El informe de escasísimo rigor que utilizó para ello argumentaba, sencillamente, que quien se pusiera un panel estaría no sólo reduciendo su factura, sino también las de sus vecinos, por lo que la recaudación del impuesto especial de electricidad e IVA se verían mermadas. Lee usted bien, el problema del autoabastecimiento es que abarata la factura. Sin más.

Incluso en el escenario ficticio dibujado por el Gobierno, que sobreestima claramente el número de estos intrépidos consumidores sin aportar dato alguno que lo justifique, el impacto sobre el Presupuesto no llega ni a decimales, pero eso no importa. Tampoco lo hace que el informe olvide que la compra e instalación de paneles lleva aparejada una mayor recaudación de IVA, impuesto de sociedades, cotizaciones sociales… No hace falta que el informe para vetar una norma sea completo. Ni siquiera es recurrible ante la justicia. En nuestro ordenamiento jurídico no hay exigencia alguna de rigor para vetar una norma apoyada por la mayoría de los representantes de los ciudadanos.

Así las cosas muchos esperábamos asistir a una segunda vez en la que la Mesa del Congreso levantara el veto del Gobierno a la proposición de ley sobre autoabastecimiento eléctrico. Al fin y al cabo, el apoyo había sido prácticamente unánime en la oposición. La sorpresa surgió cuando Ciudadanos decidió respetar la facultad constitucional del Gobierno y se negó a levantar el veto como sí hicieron los representantes del PSOE y Unidos Podemos. Ciudadanos no discute la propuesta, pero sí la estrategia: prefiere negociar con el Gobierno una reforma de la ley, dado que el asunto se encuentra en el pacto que permitió la investidura de Mariano Rajoy con el apoyo del partido naranja.

El problema es que en el referido pacto se contempla el apoyo al autoabastecimiento “eficiente” y ya hemos escuchado a los representantes del Gobierno decir que para ellos la eficiencia equivale en la práctica a restringir la actividad a unos nichos muy concretos. Olvídense de convertir en generalizada la posibilidad de comprar paneles solares para abaratar el recibo de la luz. Para eso hay que irse a Francia o a Alemania. Será porque allí hay más luces, porque desde luego no hace más sol.

Lamento la decisión de Ciudadanos. He vivido otras ocasiones donde un pacto con un ministro luego queda en papel mojado, por lo que permítame que no confíe en absoluto en una negociación que, lejos de estar cerrada, ahora se pretende iniciar.

El Parlamento, a mi juicio, está para legislar y el Gobierno debe acostumbrarse a que su capacidad de acción tiene límites, precisamente los que le marca el poder legislativo. La negociación, en su caso, debe producirse durante la tramitación las leyes, no hurtando a los representantes de los ciudadanos la posibilidad de tan siquiera debatirlas.  De lo contrario podríamos llegar a la conclusión de que el Congreso de los Diputados sólo sirve para nombrar Gobierno puesto que este tiene siempre la facultad de secuestrarlo, tanto si goza de mayoría absoluta como si sólo cuenta con apoyos minoritarios. Y eso, sencillamente, es inadmisible.

PP y Ciudadanos se han aliado en la Mesa del Congreso para bloquear, de momento, el debate sobre la eliminación del impuesto al sol. El Gobierno ejerció este lunes el derecho al veto de la tramitación de una proposición de ley que fue apoyada por toda la oposición parlamentaria. El partido de Albert Rivera ha sumado este martes en la Mesa del Congreso sus votos a los del PP para impedir que el órgano levantara el veto del Ejecutivo, el número 24 en lo que va de legislatura, y ha sumado sus votos al PP para pedirle otro informe al Gobierno, lo que dilatará sine die el proceso.

El Gobierno comunicó el lunes su rechazo a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley sobre autoconsumo energético. El Ejecutivo de Mariano Rajoy justificó el veto en que supondría una merma en la recaudación de 162 millones de euros en impuestos y un gasto de 10 millones adicionales para compensar el déficit que provocaría la consecuente reducción de los peajes eléctricos (la parte regulada del recibo de la luz).

El PSOE registró ayer un escrito que reprocha la acción del Gobierno y recuerda que los vetos por modificaciones presupuestarias tienen que ceñirse “al mismo ejercicio presupuestario” y que la proposición vetada asegura expresamente que “las medidas que impliquen un aumento de los créditos o una reducción de los ingresos” entrarán en vigor “en el ejercicio siguiente”. Una fórmula ad hoc para evitar los continuos vetos que el Gobierno de Mariano Rajoy está imponiendo en la legislatura y que ya ha utilizado previamente Unidos Podemos.

Pese a esta precaución, el Ejecutivo ha vetado la propuesta y PP y Ciudadanos no lo han levantado.

La proposición de ley, registrada a finales del pasado mes de enero por el PSOE, Unidos Podemos-En Comú-En Marea, PNV, ERC y y todos los partidos del Grupo Mixto a excepción de Foro Asturias, apuesta por eliminar todo peaje al consumo de energía producida, posibilitando que varios grupos compartieran instalación y eliminando la obligación de obtener un punto de conexión.

La propuesta fue apoyada por todos los grupos, salvo el PP y el citado diputado de Foro Asturias. Ciudadanos también se mostró favorable y salió en la foto con el resto de portavoces, una muestra de unidad ante una de las normativas energéticas que más rechazo popular han generado.

Conforme a lo previsto en la Constitución, la iniciativa legislativa se envió al Gobierno para que diera su conformidad a la tramitación parlamentaria y la respuesta acaba de llegar al Congreso con un nuevo escrito de veto, el vigésimo cuarto que registra en lo que va de legislatura.

El Gobierno ha ejercido su prerrogativa de veto, pero la Mesa del Congreso puede decidir que siga el trámite. Los tres miembros del PP, incluida la presidenta Ana Pastor, y los dos de Ciudadanos han sumado sus votos para pedir al Ejecutivo un nuevo informe que amplíe los motivos del veto. PSOE y Unidos Podemos, con cuatro representantes en la Mesa, han votado a favor de seguir la tramitación.

La Generalitat pretende favorecer el autoconsumo de energía solar y subvencionará con 360.000 euros la compra de baterías para acumular energía procedente de paneles solares para uso doméstico. Esta es una de las medidas que implantará el Govern a través de la Mesa para el impulso del autoconsumo fotovoltaico de Catalunya, entidad que está formada por 70 agentes entre Generalitat, administraciones locales y asociaciones y empresas del sector energético.

El objetivo de la Mesa es incentivar y facilitar que los propietarios de suministros eléctricos de menos de 10 kW –que son cerca del 95% del total de los suministros existentes en Catalunya, y están exentos del polémico impuesto al Sol– usen el autoconsumo fotovoltaico para proveerse de energía.

Según ha informado la Generalitat, ante la imposibilidad legal establecida por el Gobierno de utilizar la red como sistema de almacenamiento o de poder compartir la energía con otros vecinos, el Govern ha optado por incentivar el almacenamiento doméstico de electricidad mediante baterías.

Así, las ayudas para la adquisición de baterías asociadas a instalaciones solares fotovoltaicas cuentan con una partida de 360.000 euros en los presupuestos de la Generalitat para el año 2017, pendientes de aprobarse en el Parlament. Los interesados en estas ayudas a fondo perdido para la compra de baterías de ión litio –cuyo precio ronda los 3.000 euros– se tendrán que dirigir al Instituto Catalán de Energía (ICAEN).

En paralelo a las subvenciones, la Mesa también busca coordinar la actuación de sus 70 miembros en aspectos como los permisos y licencias de obras, las autorizaciones administrativas, los puntos de conexión a la red y contratación con las distribuidoras, la relación con las comunidades de vecinos, la fiscalidad de las viviendas o la formación de profesionales para proyectar e instalar estos sistemas.

Este año se han registrado en nuestro país 42 instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica fotovoltaica42 instalaciones de autoconsumo de menos de 10 kilovatios, categoría en la que se encuadran las domésticas. Es el número que figura en el directorio público del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, pero “la mayoría no están inscritas”, asegura a HojaDeRouter.com Daniel Pérez, abogado experto en energías renovables y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

Aunque desde el Ejecutivo se empeñen en negar que existan trabas a la instalación de placas solares, “si no fuera así, se habrían registrado cientos con las horas de sol que tiene España”, razona el jurista. Las restrictivas condiciones impuestas por el real decreto sobre autoconsumo vigente, aprobado en octubre del año pasado por el Gobierno del Partido Popular, frenan en gran medida el crecimiento de la cifra de registros.

La situación, que echa para atrás a muchos usuarios, no ha logrado disuadir a los de Elon Musk. “Está previsto que las baterías domésticas de Tesla comiencen a llegar a España en el primer trimestre del 2017”, asegura Juan de Dios Bornay, director comercial de la firma que lleva su apellido. Esta distribuidora energética es la primera y de momento única empresa española que ha logrado aliarse con la estadounidense para vender e instalar sus Powerwall 2 el próximo año. Los elementos de acumulación de Tesla vienen acompañados de paneles solares.

Actualmente, “los procesos de legalización de las instalaciones fotovoltaicas no se llegan a cumplir en la mayoría de las casos o se quedan estancados”, critica Bornay. España “va a contracorriente” en materia de autoconsumo, pero es algo que “más pronto que tarde va a tener que cambiar”. Y no se equivoca: por suerte para Musk y sus socios, el panorama tiene visos de mejorar.

Cambios tras las elecciones

La práctica totalidad de formaciones en el Congreso, a excepción del Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro, se aliaban en febrero para promover una revisión y modificación de la norma con el objetivo de impulsar el autoconsumo en nuestro país. Se comprometían a derogar los puntos más polémicos del real decreto si alguna llegaba a gobernar en la actual legislatura. No han ganado las últimas elecciones, pero tampoco el actual Gobierno las tiene todas consigo: el grupo liderado por Mariano Rajoy vuelve a sostener la batuta, pero esta vez dirige la orquesta en minoría, así que “tendrá que negociar, dialogar, ceder y alcanzar acuerdos para poder regular en el sector energético”, explica Pérez.

A día de hoy, el texto de la propuesta legislativa para cambiar la norma sobre autoconsumo “está consensuado y pendiente de ser debatido en el Pleno del Congreso para decidir si se tramita”, informa el abogado. Si el documento supera este primer escalón, “tanto el Congreso como el Senado tendrían que aprobar el texto, pudiéndose realizar enmiendas”, indica el jurista.

La unanimidad de todos los grupos que la respaldaron ya sería suficiente para que la propuesta saliera adelante, aunque “resta por ver si cumplen sus promesas”, advierte el jurista. Pese a que el Partido Popular tiene la mayoría absoluta en el Senado, una negativa por su parte solo retrasaría el proceso: “El veto puede ser luego levantado en el Congreso”, aclara Pérez.

Aparte de la oposición política, la norma arrastra 194.000 firmas ciudadanas en contra y varios recursos. Entre ellos, el interpuesto por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, admitido a trámite por el Tribunal Supremo en enero, y el impulsado por doce asociaciones y consumidores, admitido a trámite en febrero de este año, ambos todavía pendientes de resolución. “Lo lógico es que la normativa acabe cayendo, ya sea por vía política o por vía judicial”, señala Pérez.

Y mientras España vive en la incertidumbre, la Comisión Europea apuesta por seguir avanzando. Acaba de presentar la iniciativa ‘Clean Energy for All Europeans’‘Clean Energy for All Europeans’, un paquete de medidas para impulsar la transición hacia las energías renovables y regular el mercado eléctrico, entre las que se incluye una propuesta de directiva para fomentar el autoconsumo. El documento indica que “consumidores o comunidades de consumidores tendrán derecho a producir, almacenar o vender su propia electricidad” y respalda el autoconsumo compartido entre hogares. Las disposiciones chocan frontalmente con el real decreto español, que no permite cobrar los excedentes de energía vertidos a la red ni la gestión colaborativa de una instalación.

Una vez aprobada, la nueva directiva entrará en vigor en 2021 y los países miembros tendrán un cierto plazo (lo habitual son dos años) para trasponerla en forma de ley nacional. Así, en el caso de que la norma española sobreviviera hasta entonces, “gran parte del real decreto quedaría automáticamente invalidado y debería ser modificado”, asegura Pérez.

Panorma actual: la prueba del laberinto

Hoy en día, además de cumplir con ciertos requisitos técnicos (como tener un segundo contador para registrar la energía producida), los proyectos de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo deben pasar un arduo proceso burocrático antes de ejecutarse.

Por un lado, necesitan una licencia urbanística municipal. Las exigencias dependen de la envergadura y el tipo de la instalación y de los requerimientos de la administración local. Cada ayuntamiento “puede pedir una cosa diferente: solicitar solo un aviso o incluso considerar que en algunos casos no hace falta legalizar el sistema”, pero generalmente hay que pasar por algún tipo de “gestión municipal”.

Por otro lado, antes de formalizar su registro administrativo, deben solicitar una autorización a la distribuidora eléctrica, propietaria de la red (de los cables y el contador). Aquí no caben excepciones: el paso es obligatorio, por muy pequeña que sea la instalación e incluso aunque no vierta su excedente a la red. Este “es el trámite más complejo, el que de verdad retrasa la instalación y, a la vez, el que menos sentido tiene”, critica Pérez. Mientras que los ciudadanos pueden elegir la empresa comercializadora (la que emite las facturas), la distribución de la energía eléctrica es un monopolio en cada región.

“Las grandes compañías eléctricas controlan el 99 % de la distribución y no son precisamente favorables al autoconsumo”, advierte el abogado. Según Pérez, ante las solicitudes de pequeños instaladores, estos gigantes “comienzan a poner objeciones y pedir requisitos, algunos con soporte legal y otros no tanto, y el solicitante a veces nos sabe qué hacer ante esas exigencias”. A esto hay que sumarle la complejidad de los formularios: “Normalmente la persona que pone una instalación en casa no tiene capacidad para rellenarlos salvo que sea del sector”, señala el jurista.

Con el alta inicial de suministro de una vivienda, estas empresas “ya verifican el volumen de energía que contratamos, su viabilidad y que todo funciona correctamente”, explica Pérez. Entonces, ¿por qué evaluar de nuevo el caso cuando van a colocarse paneles solares a pequeña escala, en un hogar? “Mientras no me pase de la potencia contratada, no tiene sentido que vuelvan a estudiar la capacidad de la red”, opina el abogado. “Es absurdo que en otros países puedas comprarte una placa solar en Ikea comprarte una placa solar en Ikeay solo tengas que enchufarla a la corriente y en España necesites todas estas licencias cuando en realidad no existe riesgo para el suministro por su tamaño”, continúa el abogado.

Contraria a todo este embrollo, la propuesta de directiva europea establece que no hace falta esperar al beneplácito de la distribuidora. Bastaría con una notificación. “Las eléctricas no son un poder público, sino un poder económico con unos objetivos determinados”, advierte el jurista.

El caso de las baterías

El actual decreto sobre autoconsumo admite el uso de baterías como las de Tesla. Su instalación junto con placas fotovoltaicas debe cumplir los mismos requisitos que el resto, aunque la norma le dedica algunas condiciones especiales en el terreno económico.

El cargo por autoconsumo eléctrico se divide en dos tasas que constituyen el conocido como 'impuesto al sol': un término fijo, en función de la potencia contratada, y otro variable, basado en la energía consumida respecto a la generada en la propia instalación. Las infraestructuras domésticas (por debajo de los 10 kilovatios) están, en general, exentas de ambos gravámenes, excepto cuando el consumo máximo excede la potencia contratada o tienen baterías. Entonces, “la parte fija se considera de manera diferente” y puede acarrear un sobrecoste para el usuario.

Lo curioso es que de momento ningún autoconsumidor ha sido multado por no haberse inscrito en el registro ministerial y nadie ha pagado el 'impuesto al sol', puesto que el Ejecutivo no ha llegado a desarrollar la normativa necesaria para hacerlo efectivo.

Fuera de nuestras fronteras, la situación es bastante distinta, aunque varía entre países. Tanto en Alemania como en Portugal, las instalaciones de menos de 10 kilovatios no pagan nada. En el segundo, además, la energía excedentaria vertida a la red se retribuye al 90 % del precio de la electricidad en el mercado. En ambos territorios apuestan por el balance neto −como también en más de cuarenta estados de Estados Unidos, Italia o Dinamarca−, es decir, la liberación a la red de la electricidad sobrante y su recuperación en las horas de oscuridad. “La situación respecto al autoconsumo energético está cambiando en todo el mundo, mientras que en España lo hacemos al contrario”, dice Bornay.

Sin embargo, las posiciones políticas, las propuestas de la Comisión Europea e incluso la actitud de las eléctricas −paradójicamente, ofrecen instalaciones fotovoltaicas de su propia cosecha− sugieren un avance en la buena dirección, aunque todavía no sabemos las proporciones de la zancada. ¿Será el desembarco de Tesla el empujón definitivo que el autoconsumo necesita?

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Las imágenes de este artículo son propiedad, por orden de aparición, de Marufish, Alan Jones, Bernd Sieker, Jacinta Lluch Valero y Jorge Franganillo

El Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión solicitada por el Estado sobre el artículo 20 bis de la Ley Regional de Energías Renovables, lo que habilita a la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo a definir reglamentariamente las condiciones técnicas y administrativas que deben cumplir las instalaciones para ser consideradas “aisladas del sistema eléctrico” o de “intercambio de energía”.

Según un comunicado del Gobierno regional, el mencionado artículo se refería a que en la Región de Murcia se consideran instalaciones aisladas, y por tanto exentas del pago de peajes al sistema eléctrico nacional, aquellas instalaciones eléctricas que a pesar de no estar aisladas físicamente utilicen medios técnicos que produzcan un efecto equivalente.

Asimismo, este artículo habilita a que las pequeñas instalaciones generadoras de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, como es la energía solar, previstas para el consumo instantáneo o diferido en las modalidades de autoconsumo, puedan considerarse como instalaciones de intercambio de energía, de forma que la cesión de energía no llevará aparejada contraprestación económica alguna al sistema nacional.

El consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández, señaló que se trata de “una buena noticia para la Región porque abre nuevas y buenas perspectivas de negocio para el sector de las energías renovables en la Región”.

De hecho, añade el Gobierno murciano, “la propia abogacía del Estado reconoce que el levantamiento de la suspensión podría suponer el desplazamiento a la Región de una inversión anual por valor de 82 millones de euros, como efecto derivado de la situación normativa dispar creada respecto al resto del territorio nacional”.

Juan Hernández ha subrayado que el Gobierno regional “seguirá defendiendo y apostando por un sector que tiene grandes posibilidades de desarrollo en la Región de Murcia”, tras lo que añadió que el objetivo del Gobierno es que “uno de nuestros principales recursos naturales, el sol, pueda ser aprovechado por particulares y empresas para disminuir la factura energética y ser más competitivos”.

“Hay que derogar el decreto de Rajoy sobre renovables”

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Alfonso Martínez Baños ha asegurado que el mantenimiento de la vigencia de los efectos de la Ley Regional de Energías Renovables que apoya el autoconsumo es una magnífica noticia para la Región de Murcia, “pero lo realmente importante será derogar el Real Decreto de Rajoy”.

“Hay que aprobar una ley que permita el pleno desarrollo de las energías renovables para autoconsumo sin el llamado impuesto al sol”, ha indicado Martínez tras conocer la sentencia. En opinión del diputado socialista, de haberse formado gobierno en España ese real decreto “ya estaría derogado”, y muy probablemente el nuevo parlamento habría aprobado una nueva ley, “como la remitida desde la Asamblea Regional para permitir que las familias y las pymes produzcan y consuman la energía eléctrica que necesitan”.

Según el diputado socialista, el Gobierno regional “siempre ha ido al rebufo de las circunstancias y ha sido un fiel aliado de Rajoy” en las trabas al desarrollo de las renovables para beneficiar a las grandes compañías eléctricas.

“El Partido Socialista de la Región de Murcia seguirá llevando la iniciativa, como lo hecho en estos meses, en el desarrollo de las energías renovables, llevando varias propuestas a la Asamblea Regional”, ha concluido.

“Impuesto revolucionario”, “decepcionante”, “injustificado”, “desorbitado” o “solución final” para las renovables. Son algunos de los calificativos que emplearon en julio de 2013 varias comunidades autónomas gobernadas por el PP para arremeter contra la propuesta de Real Decreto para regular el autoconsumo que el Ministerio de Industria les había hecho llegar en esas fechas por vía de urgencia.

Así consta en la documentación que, a regañadientes y obligado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el Ministerio ha remitido a Access Info Europe y a la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético tras la solicitud de ambas entidades para acceder a los documentos y reuniones vinculadas a la elaboración de la polémica normativa que desde octubre pasado regula la autoproducción de electricidad.

El “peaje de respaldo” que contemplaba el primer borrador, conocido como ‘impuesto al sol’, objeto de mofa internacional en publicaciones económicas de prestigio y rebautizado después por Industria como “cargo por autoconsumo”, suscitó un amplio rechazo y escasas adhesiones (básicamente, de las grandes empresas eléctricas) entre los miembros del Consejo Consultivo de Electricidad que remitieron alegaciones a la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) en el verano de 2013.

En el caso de las Comunidades Autónomas, el borrador se topó con el rotundo rechazo de Asturias, Andalucía, Catalunya y Canarias, gobernadas por formaciones distintas al PP y el tibio apoyo de Baleares, Comunidad Valenciana (ambas con gobiernos populares) y Euskadi, donde se ubica la sede fiscal de Iberdrola, considerada inspiradora del polémico impuesto al sol.

Sin embargo, sorprende la dureza de las seis regiones entonces gobernadas por el PP: Madrid, Castilla y León, Extremadura, Aragón, Galicia y Murcia. En especial, Castilla y León, que en la anterior legislatura se enfrentó abiertamente al entonces ministro de Industria, el dimitido José Manuel Soria, por su nulo interés en aprobar medidas en favor del carbón nacional.

En un escrito remitido el 30 de julio de 2013, la Dirección General de Energía y Minas de la Consejería de Economía castellano-leonesa advirtió de que cobrar un peaje de respaldo por la energía producida por una planta de autoconsumo tras haber pagado la instalación “resulta desproporcionado y podría calificarse de penalización o impuesto revolucionario por no comprar la energía a los grandes productores eléctricos”.

Añadía que “los números en la fotovoltaica no salen” y alertaba de que “pagando los peajes a dos empresas distintas [el de acceso a la distribuidora y el de respaldo a la comercializadora] se disminuyen ambas facturas y con ello se 'engaña' al consumidor en relación a los costes reales del autoconsumo y, en todo, caso le 'lían', desincentivando el autoconsumo”. Respecto a las durísimas multas incluidas en el régimen de inspecciones a las instalaciones, señalaba: “No se entiende la persecución a la fotovoltaica”.

Madrid, entonces gobernada por el PP con mayoría absoluta, comenzaba así su análisis: “Con carácter general, este proyecto de Real Decreto nos parece decepcionante y poco adecuado para la consecución de los objetivos básicos de nuestra política energética”. “Existe consenso entre los principales expertos del sector energético en que el futuro debe pasar por el fomento de la generación distribuida” y “tras la práctica desaparición de los incentivos económicos para las nuevas instalaciones de producción de energía renovable y de cogeneración” decretada por Soria nada más llegar al cargo, “el fomento del autoconsumo resulta la vía natural para el desarrollo de estos sectores”.

Sin embargo, “nos tememos que el texto que nos ocupa va a ser poco eficaz en este sentido”. Respecto al peaje de respaldo, el Gobierno de Ignacio González advirtió de que “en lo que sabemos, este gravamen no existe de esta forma en ningún otro país”, una observación que también realizaron Murcia y Aragón.

Otro Gobierno del PP en esa época, el extremeño, señaló que “esta nueva regulación del autoconsumo no contribuye a su desarrollo e incide también de una forma totalmente negativa en el ahorro y la eficiencia energética”. “Se articula un mecanismo que impide el desarrollo de cualquier instalación”, resumía. Respecto al impuesto al sol, “si resulta injustificado el establecimiento de un peaje de respaldo por la energía auto consumida, lo es aún más el hecho de que este peaje sea mayor que el peaje de acceso que paga el consumidor normal”.

Sobre las infracciones, “parece desproporcionado considerar como infracción muy grave el retraso o la imposibilidad de adaptarse a lo establecido en el real decreto, sancionable con multa de hasta 30.000.000 de euros, (…), una medida contraria al principio de proporcionalidad que debe regir en materia sancionadora”. También consideró “desproporcionado igualar (como infracción muy grave, sancionable con hasta 60 millones de euros) los incumplimientos de información sobre el autoconsumo con falsear las cuentas, aplicar precios irregularmente o no atender a la separación de actividades”.

“Solución final”

Murcia, otra de las regiones gobernadas por los conservadores que más se ha significado por su rechazo a la política energética de Industria durante la legislatura de Mariano Rajoy, llegó a sugerir que el borrador se parecía a un holocausto para las renovables, al calificarlo de “solución final” para el sector “con resultado de previsible paralización total de la actual industria renovable, sobre todo fotovoltaica”. “Esta regulación así propuesta resulta contraria a sus objetivos declarados, y por ello contraria al desarrollo del autoconsumo, incurriendo a la vez en inseguridad jurídica”. “Supone el establecimiento de una barrera de entrada a la competencia en el sector eléctrico, fortaleciendo el poder de mercado de ciertos operadores que ostentan una posición transversal y monopolística en el sector”.

La Xunta de Galicia advirtió de que “el peaje de respaldo es totalmente desorbitado para la teórica función que cumple, encareciendo el autoconsumo hasta el punto de ser más caro que el peaje de acceso que venía pagando el consumidor por el suministro eléctrico convencional”. “Se frena este mercado emergente y se contribuye a la destrucción de un tejido productivo compuesto por pequeños instaladores y distribuidores eléctricos”.

Access Info y la Plataforma por un Nuevo Energético han anunciado un recurso contra la resolución del Consejo de Transparencia, porque “se limita a pedir al Ministerio que se facilite la información remitida durante los trámites de audiencia pública”. Reclaman la publicación de toda la información y documentos que se utilizaron durante el proceso, por considerar que el decreto “se debatió y aprobó de una forma muy poco transparente”.

La Secretaría de Estado de Energía se ha limitado a señalar, en una misiva remitida el 12 de abril, cuatro días antes de la dimisión de Soria por el escándalo de sus sociedades en los paraísos fiscales de Jersey y Bahamas, que entre 2013 y 2015, durante la tramitación del decreto, “por lo que respecta a la Dirección General de Política Energética y Minas, se mantuvieron seis reuniones con representantes de la Plataforma Autoconsumo (en mayo de 2013), Iberdrola (en abril de 2013), Diputada ICV (en abril de 2013), Sercobe (en febrero de 2013) y UNEF (en enero de 2013 y noviembre de 2015)”. Respecto a las alegaciones, en el trámite de audiencia llevado a cabo por el Ministerio el pasado verano “se recibieron alrededor de 15.000”, de las que la mayor parte corresponden “a tres modelos remitidos de manera masiva por los ciudadanos”.