Los castores y sus conocidas presas podrían tener un papel clave en la lucha contra el cambio climático. Así lo refleja un estudio que demuestra que estos animales son capaces de transformar los ecosistemas fluviales en auténticos sumideros de carbono, es decir, lugares que absorben más dióxido de carbono del que liberan a la atmósfera.

La investigación, publicada en la revista Communications Earth and Environment, se ha centrado en un tramo de río de unos 800 metros en el norte de Suiza. En esta zona, la reintroducción de castores en 2010 provocó importantes cambios en el paisaje, dando lugar a la formación de humedales que han resultado ser altamente eficientes en cuanto al carbono.

Un aliado inesperado contra el cambio climático

Los científicos calcularon el balance de carbono del ecosistema analizando sedimentos, vegetación, agua y biomasa. Los resultados mostraron que este entorno es capaz de almacenar entre 98 y 133 toneladas de carbono al año. Esta cantidad equivale aproximadamente al consumo de entre 832 y 1.129 barriles de petróleo, lo que pone de relieve la relevancia de estos animales en el contexto climático.

“Los castores no van a resolver el cambio climático, pero nuestra investigación muestra que estos ingenieros naturales pueden ayudar silenciosamente a que los paisajes fluviales almacenen más carbono durante décadas”, explica Lukas Hallberg, autor principal del estudio e investigador de la Universidad de Birmingham. Por lo tanto, aunque el papel de los castores no es decisivo por sí solo, es importante si se complementa con otras estrategias.

Según las estimaciones del equipo de investigadores, la recuperación de humedales en zonas aptas para la recolonización de castores en Suiza podría compensar entre el 1,2% y el 1,8% de las emisiones anuales del país. Aunque se trata de una cifra modesta, resulta relevante por tratarse de una solución natural y de bajo coste.

¿Cómo consiguen reducir el carbono?

El mecanismo con el que consiguen reducir las emisiones de carbono es relativamente sencillo. Al construir presas, los castores alteran el curso del agua y generan áreas inundadas donde se acumulan sedimentos, materia orgánica y vegetación. Estos elementos actúan como depósitos de carbono, reteniéndolo durante largos periodos de tiempo en el suelo y en la biomasa.

Además de su papel en la retención de carbono, los humedales creados por castores aportan otros beneficios ecológicos. Aumentan la biodiversidad, mejoran la calidad del agua y hacen que los ecosistemas sean más resistentes frente a fenómenos extremos como incendios o sequías. Todas estas ventajas refuerzan la idea de que trabajar con procesos naturales puede ser una estrategia eficaz.

Durante mucho tiempo, los castores han sido percibidos como una especie problemática debido a su capacidad para talar árboles y modificar el entorno. Sin embargo, estudios como este ayudan a cambiar esa percepción, destacando su papel positivo en el equilibrio de los ecosistemas. “Trabajar con procesos naturales desde el principio no solo es ecológicamente sensato, sino también económicamente razonable”, señala Hallberg.

Los investigadores advierten, no obstante, que los resultados deben interpretarse con cautela, ya que se basan en un único caso de estudio. La capacidad de almacenamiento de carbono puede variar en función de factores como el clima, la geología o la vegetación. Aun así, la necesidad y el creciente interés por encontrar soluciones basadas en la naturaleza hacen que los castores puedan tener un papel cada vez más relevante en la lucha contra el cambio climático.

En 2022 los detectaron en el río Tormes, afluente del Duero, casi en la raya con Portugal; en 2023 en el Guadalquivir, en Jaén; y en 2024 en el Tajo, aguas abajo del embalse de Entrepeñas. Científicos y autoridades lo atribuyen a sueltas incontroladas, aunque nadie sabe quién hay detrás.

En junio de 2024, el paleozoólogo Marco Ansón se llevó una enorme sorpresa mientras estudiaba las aves del río Tajo. Estaba escondido al borde del agua cuando escuchó un chapoteo. Se giró, esperando ver un corzo o un jabalí, pero ante sus ojos, sumergiéndose en el cauce, había un castor. “Me voló la cabeza. No fui capaz ni de levantar la cámara de fotos, solo pude grabar con el móvil cómo se metía en el agua”, rememora Ansón, que llevaba años estudiando la rica fauna de este tramo del río como parte de “un colectivo de estudio zoológico”, el Centro de Estudios Animales.

“La persona que los está soltando por toda España escogió el punto muy correctamente. En vez de ser como la mayoría de los bosques de ribera, que están arrasados, en este tramo el bosque tiene por lo menos ocho o 14 metros, un hábitat donde podían medrar”, apunta. Allí los castores encuentran refugio y comida abundante, la corteza de árboles como chopos y sauces, y también hierbas y plantas de las que se alimentan en primavera y verano. Con una compañera, Ansón lleva año y medio estudiando metódicamente esta nueva población en los meandros del Tajo, y han detectado tres núcleos de castores –son animales familiares y muy territoriales– en unos 18 kilómetros de río. Trabajan en consultoras ambientales y lo hacen en su tiempo libre “por afán de conocimiento”.

Según la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, los técnicos y los agentes ambientales de Guadalajara conocían la presencia de castor desde 2022, aunque la noticia se mantuvo en secreto hasta que lo publicaron los expertos del Centro de Estudios Animales.

“Se pretende llevar a cabo en breve un seguimiento más exhaustivo que contempla incluso la posibilidad de captura y marcaje de ejemplares”, aseguran desde la Consejería. No saben cuántos castores hay en la región, aunque afirman que solo están en la cuenca del Tajo. En junio de este año, un animal apareció muerto muchos kilómetros aguas abajo, en la provincia de Toledo, flotando panza arriba en el río.

“Para mí es una pasada poder estudiar la aparición de una especie en un hábitat. Quizá saquemos las mismas conclusiones que en otros sitios, aunque esto es un contexto diferente, más mediterráneo”, cuenta Ansón. Aunque en ríos como el Tajo los castores europeos no hacen presas –ni las típicas casas de madera–, ya están detectando algunos cambios ecológicos. Un ejemplo es la madera muerta, por los árboles derribados por los roedores.

En España, la historia del regreso del roedor se remonta a 2003, envuelta en la bruma del valle del Ebro. En la confluencia con el río Aragón aparecieron 18 ejemplares de origen centroeuropeo, una suelta clandestina que nunca ha sido reivindicada.

La especie estaba estrictamente protegida por la legislación europea pero, al tratarse de animales sin papeles, las administraciones españolas pidieron permiso a Bruselas para acabar con ellos. Aunque La Rioja, Navarra y Aragón mataron más de 200, los castores siguieron medrando en los ríos de la cuenca del Ebro. Ya se han asentado por buena parte de ella, desde el norte de Burgos o Álava hasta algunos ríos del Pirineo. No hay datos oficiales sobre su población total: tan solo en La Rioja se estiman entre 436 y 465 ejemplares, según un censo de 2023. Ante el fracaso del plan de erradicación, en 2018 la Comisión Europea consideró que la especie debía considerarse nativa y renaturalizada en el país: su indulto final llegó en diciembre de 2020, cuando el Gobierno la protegió legalmente. Poco después, en una coincidencia temporal algo sospechosa, comenzaron a aparecer nuevas poblaciones en puntos muy alejados de la cuenca del Ebro.

El castor es un icono de la renaturalización, la teoría conservacionista que busca recuperar los procesos ecológicos a gran escala como antídoto frente a la crisis climática y de extinción de especies. Ningún otro animal, aparte del ser humano, es capaz de moldear tanto su entorno. En Norteamérica, hay presas de castor que incluso pueden verse desde el espacio, aunque sus primos europeos no son tan duchos en esas obras de ingeniería.

Como punta de lanza del rewilding, el regreso de la especie también se ha producido –en ocasiones– fuera del radar de las administraciones en otros países. Por ejemplo, en 2014, al descubrirse una familia de castores en el suroeste de Inglaterra, en Devon, una ONG logró convencer a la administración para que les dejaran quedarse, con una prueba piloto de diez años.

Junto a la Universidad de Exeter, han medido notables efectos gracias a su recuperación: tras fuertes lluvias, los humedales creados por los castores reducían hasta un 30% el caudal de los ríos, limitando las inundaciones. Al ralentizar el agua y soltarla lentamente en periodos secos, también mitigan el impacto de las sequías, y crean un oasis para multitud de especies. Murciélagos, anfibios, peces o pequeños mamíferos aumentaron su población a lo largo del experimento.

A principios de 2025, siguiendo la estela de Escocia, el Gobierno británico anunció que las poblaciones de la especie podrían seguir viviendo en libertad en Inglaterra. También ofrecerán permisos para liberar castores, a los que se celebra como “héroes climáticos” y un ejemplo de 'soluciones basadas en la naturaleza' de bajo coste.

De vuelta a España, es difícil encontrar semejante entusiasmo por la especie. El ambientólogo Jorge Echegaray, coautor de un manual de divulgación y guía para el tratamiento informativo sobre el castor, lo achaca al “pecado original” de la suelta ilegal de principios de los 2000.

¿Qué efectos puede tener la especie en los ecosistemas de la España mediterránea? “Se ha estudiado sobre todo en ambientes del norte de Europa o Norteamérica, y siempre con una intención de encontrar una valoración positiva”, plantea con cautela Jacinto Román, uno de los autores de una investigación de la Estación Biológica de Doñana sobre la fecha de extinción del castor en el país. Considera que algunas especies saldrán ganando y otras perdiendo ante la llegada del castor. “Por eso, para reintroducir cualquier animal extinto en un territorio, siempre deben hacerse estudios previos”, incide.

Para encontrar respuestas, el científico Duncan Halley, del Instituto Noruego de Investigación de la Naturaleza, sugiere mirar a otra zona árida donde los castores están regresando tras ser exterminados: el suroeste de Estados Unidos. En lugares como Nuevo México o California, se ha demostrado que sus presas aumentan la recarga de acuíferos e incluso actúan de cortafuegos frente a los incendios forestales. Halley, uno de los mayores conocedores sobre la especie, cree que las autoridades españolas deberían anticiparse a los posibles conflictos que surjan cuando la construcción de presas “se haga más común” y algunas choquen con intereses humanos. A fin de cuentas, compartimos con estos industriosos roedores uno de los paisajes más humanizados, las riberas y valles fluviales.

En Servicio de Infraestructura Verde ha detectado en varios tramos urbanos del Ebro en Zaragoza hasta 70 árboles afectados en distinta medida por castores, por lo que en primavera se iniciaron actuaciones preventivas y de protección. Esta semana, el Ayuntamiento cortará desde la base un ejemplar de chopo (populus nigra), situado en el parque de Tenerías afectado por la acción de los castores y ante el “riesgo de colapso en cualquier momento”, según indican en los informes desde la Sección de Conservación de Zonas Verdes y Arbolado.Todo ello, prosiguen los técnicos municipales, “teniendo en cuenta que al estar en una zona de uso lúdico supone un considerable riesgo a los ciudadanos”.

De este modo, se procederá al apeo de dicho chopo que, tras ser inspeccionado por personal técnico, se ha comprobado que ha sido afectado por un castor y presenta características de riesgo como el descortezamiento, la pérdida grave de la sección circular del tronco en la base, un alto riesgo de fractura y una posible dirección de caída hacia la zona de uso ciudadano.

Desde hace unos años se ha detectado en las orillas del río Ebro la presencia de castores (castor fiber), que estarían derribando árboles para usarlos en la construcción de sus madrigueras y presas, o bien como alimento. En los últimos meses los daños producidos por este roedor se han localizado en el arbolado de ambas márgenes de la ribera del Ebro y sus afluentes, con más de 70 ejemplares afectados, sobre todo en el tramo comprendido desde el Azud del Ebro hasta el Club Náutico y en el Balcón de San Lázaro, y se han visto incrementados con especial relevancia en el entorno de este último. 

Este hecho además de la pérdida del arbolado, provoca un riesgo de caída que puede afectar a los usuarios de los andadores próximos al río Ebro. No obstante, los daños de este mamífero también se observan en ejemplares de las riberas del Huerva y Gállego, siendo fácilmente visibles en los entornos más urbanos de los ríos.

Por ello, desde marzo de este año, la Consejería de Medio Ambiente y Movilidad ha emprendido, con medios propios y a través del contrato de mantenimiento de montes y riberas, una actuación coordinada por la Unidad de Conservación del Medio Natural para proteger determinados árboles de la ribera del Ebro mediante la colocación de malla metálica con el objetivo de protegerlos de los daños provocados por el castor. Esta actuación preventiva se inició en la margen izquierda del Ebro, en el entorno del Blacón de San Lázaro, que es una de las zonas más afectadas

El castor fiber o castor europeo es, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, una especie nativa de España, que se extinguió por causas antrópicas y cuya presencia actual es consecuencia de una reintroducción ilegal. A pesar de ello, la normativa comunitaria obliga a su protección. Se trata de un roedor herbívoro semiacuático cuya dieta principal está compuesta por tallos, ramas, y cortezas de árbol, así como con menor frecuencia, de algunas plantas acuáticas. Su alimentación varía en función del tipo de hábitat donde se establece. En los sotos más urbanos del municipio de Zaragoza tiene preferencia por el álamo y el chopo negro, pudiendo también formar parte de su dieta el sauce, el fresno y el olmo, entre otros.

El castor, prefiere tallos y ramas jóvenes, pero también afecta a árboles de mayor tamaño. Corta los árboles con sus dientes y se come la corteza del tronco. Luego lo despieza y las ramas las transporta a la orilla del río donde se alimenta de las hojas y cortezas o bien se las lleva a la madriguera.

Nuevas plantaciones

El Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con un Plan de Reposición de Arbolado Urbano, que a lo largo de 2025 plantará más de 1.700 árboles en los diferentes distritos y barrios de la ciudad. Su objetivo es cubrir no solo las bajas que se producen de manera inevitable, sino que la renovación utilice criterios actuales y racionales en cuanto a tipo de arbolado, disposición, creación de nuevos espacios de sombra, etcétera, que ofrezcan, además, mayores posibilidades de durabilidad a largo plazo. La primera fase de plantación se realizó entre enero y marzo, mientras que está prevista una segunda entre los meses de octubre y diciembre.

El procedimiento comienza analizando el alcorque, para determinar si se debe o no volver a plantar en esa ubicación, con la misma especie u otra, por tratarse de especies exóticas invasoras o no ser la más adecuada por el tamaño en estado adulto del ejemplar. Para la elección de las especies se tiene en cuenta que sean especies adaptadas al clima semiárido de Zaragoza, diversificando esta selección para aumentar la resiliencia del ecosistema urbano.

Por otro lado, se implementan mejoras en los suelos de plantación para optimizar la infiltración y la calidad del sustrato y optimizar la retención de agua, aspectos que favorecen el éxito de la plantación. Todo ello, alineado con la Estrategia de la Unión Europea sobre Biodiversidad para 2030 y el Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza, aprobado en 2024.

Esta actuación se complementa con el programa Adapta tu patio, que este verano está realizando trabajos de naturalización en los CEIP Marcos Frechín, Emilio Moreno Calvete y Joaquín Costa, a los que se unirán el CEIP Domingo Miral y CEE Alborada este invierno. La iniciativa, que comenzó el año pasado en dos centros, cuenta con un presupuesto total de 250.000 euros.

En cada colegio se actúa según sus necesidades, con la plantación de árboles como elemento de común. En algunos centros se complementa además con la retirada de hormigón en diferentes zonas o la creación de pérgolas, que aumenten la sensación de frescor. 

Además, el Ayuntamiento está impulsando un nuevo contrato de mantenimiento de zonas verdes y elementos vegetales de los centros educativos, que se encargará de acciones como la poda del arbolado, la siega de zonas verdes o el mantenimiento de infraestructuras como las pérgolas o los sistemas de riego.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha confirmado este martes en el Senado que durante la fase de desmantelamiento del fallido almacén submarino de gas Castor se va a vender lo que pueda recuperarse del proyecto para tratar de “reducir las pérdidas” de esta infraestructura, clausurada hace más de una década tras una sucesión de terremotos frente a la costa de Castellón después de las primeras inyecciones de gas a finales de 2013.

“Vamos a apostar por la economía circular, es decir, evaluar cuáles de los equipos pueden ser reutilizados y pueden ser vendidos para optimizar y reducir las pérdidas de dicho proyecto”, ha señalado Aagesen, que no ha precisado cuál va a ser el coste total del desmantelamiento, cifrado hace años en unos 260 millones de euros.

Preguntada por el senador de ERC Jordi Gaseni sobre el calendario y las acciones que va a llevar a cabo el Gobierno para el desmantelamiento de todas las infraestructuras marítimas y terrestres del complejo, así como el coste total que significará para el Estado, Aagesen ha explicado que “este mismo semestre”, en coordinación con Enagás, encargada del desmantelamiento, “vamos a auditar todos y cada uno de los gastos para asegurar los principios de eficiencia y legalidad”.

“Todos los datos serán publicados y serán públicos en el proceso y se certificarán todas las cuentas”. En abril se concederá la autorización sustantiva para iniciar el sellado de los 13 pozos de almacenamiento, que se espera que concluya a finales de este año. Tras esa fase, se procederá a desmantelar la infraestructura y se venderá lo que pueda reaprovecharse.

Mantener las instalaciones del Castor frente a la costa del delta del Ebro, ha costado más de 100 millones desde finales de 2014, cuando la concesionaria Escal UGS -sociedad controlada por ACS- renunció al proyecto. 

Destinado a convertirse en chatarra, el Castor figura entre los “errores legislativos” que recogía un informe publicado la semana pasada por la AIReF (Autoridad independiente de responsabilidad fiscal) del que se desprende que el sector energético concentra más de la mitad de las indemnizaciones en contra del Estado de los últimos años. 

Promovido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en octubre de 2014 el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con José Manuel Soria como ministro de Industria, aprobó una indemnización exprés de 1.350 millones para la promotora del almacén, la constructora ACS. El real decreto-ley que aprobó esa compensación (a pagar durante 30 años en la factura del gas) fue declarada inconstitucional en diciembre de 2017, lo que propició que se paralizaran los pagos a las entidades financieras que habían adelantado el dinero. Y el Estado acabó endeudándose por decreto para indemnizar a la banca.

El proyecto Castor se justificó por la necesidad de impulsar el almacenamiento de gas en España, que no produce este hidrocarburo, en previsión de posibles cortes de suministradores como Rusia. La crisis energética derivada de la invasión de Ucrania, la más grave en medio siglo, puso de manifiesto que el almacén no era necesario, gracias a la red de regasificadoras de España, la mayor de Europa.

Pero, sobre el papel, y en los mensajes que se lanzaban desde empresas como Enagás, el operador del sistema gasista, parecía una buena idea. El proyecto ya figuraba en la planificación energética que el Gobierno de José María Aznar elaboró en 2002, pero no era prioritario “dada la inmadurez” de los estudios previos. El espaldarazo definitivo llegó en marzo de 2006. Con el socialista José Montilla al frente de Industria, la Planificación energética 2005-2011 identificó como “urgentes” cinco almacenamientos subterráneos, entre ellos Castor, calificado de “proyecto necesario y prioritario para el sistema gasista español”.

El silo submarino estaba avalado por las recomendaciones de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y Enagás. Entonces, la demanda estaba disparada por la elevada utilización de las centrales de ciclo combinado (que queman gas para producir electricidad) y España sólo tenía dos almacenamientos subterráneos, Gaviota (frente a las costas de Bilbao) y Serrablo (Huesca). Castor debía ser capaz de guardar un tercio de la demanda durante 50 días. Con la crisis posterior y el desplome de la demanda eléctrica, cuando acabó su construcción (mediados de 2012) las infraestructuras gasistas funcionaban al 50% de su capacidad.

El almacén submarino está ubicado a unos 1.700 metros de profundidad, a 21,6 kilómetros de la costa, frente a Vinarós (Castellón), en la comarca de Baix Maestrat, muy próxima a la comarca de Montsià (Tarragona). Se diseñó aprovechando el sellado natural que proporcionaba el terreno calizo del antiguo yacimiento de la falla de Amposta, en el que Shell extrajo entre 1975 y 1989 unos 56 millones de barriles de petróleo.

Con una capacidad de unos 1,9 bcm (miles de millones de metros cúbicos), consta de una plataforma marina, un gasoducto de 30,3 kilómetros de longitud y una planta terrestre en Vinarós bautizada con el nombre de Ignacio Pérez, como el expresidente de ACS Servicios Industriales y Energía, fallecido en 2007 y hermano del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Ha pasado ya más de una década del caso Castor. Un fiasco multimillonario para el Estado. Es decir, para todos los contribuyentes. Los “errores legislativos” en el cierre de ese almacén de gas que construyó ACS han costado exactamente 1.351 millones a las arcas públicas. Esa es la indemnización que decidió el Tribunal Supremo, según recoge la AIReF (Autoridad independiente de responsabilidad fiscal), que este jueves ha presentado un informe en el que advierte de que este tipo de sentencias contra el Estado han supuesto un agujero de 1.000 millones al año —de media en la última década, desde 2014 a 2023—, y que todavía quedan otros 12.000 millones por indemnizar o devolver.

Entre los errores legislativos y malas prácticas que han sido recurridos y que tienen sentencias en contra, la Autoridad fiscal destaca “el uso inadecuado” de los reales decreto-leyes, como hizo el Gobierno del PP en el caso Castor o en la reforma del impuesto de Sociedades; la “extralimitación normativa”, como en el canon hidráulico, que ha costado a los contribuyentes 1.737 millones; o la “omisión de advertencias de la UE de incumplimientos de la normativa europea”.

Entre los errores pendiente por subsanar, destaca la devolución del IRPF a mutualistas jubilados —con un coste estimado de 1.700 millones—; el tipo autonómico del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos —6.500 millones— o la mencionada reforma del impuesto de Sociedades —1.200 millones—.

Además, la AIReF ha recordado que existen ahora mismo litigios en marcha que pueden resultar a favor o en contra del Estado, que podrían agravar el déficit de los próximos ejercicios. “Las acciones legales contra el Estado constituyen un riesgo fiscal relevante”, lamenta la Autoridad fiscal.

“El elevado coste de las compensaciones e indemnizaciones derivadas de sentencias desfavorables evidencia el impacto negativo de estos litigios en la estabilidad fiscal”, continúa el informe de esta institución.

“Recientemente, se han dictado varias sentencias desfavorables para las Administraciones Públicas para las que se prevé una elevada cuantía, cuyo efecto se extenderá previsiblemente al ejercicio 2024 y a los años siguientes. Además, persisten riesgos judiciales pendientes debido a los numerosos procesos en curso, que podrían agravar el déficit de los próximos años, incluidos los arbitrajes internacionales en materia de energía, los contenciosos en el sector del transporte y las cuestiones fiscales aún por resolver en tribunales nacionales e internacionales”, incide.

Por otra parte, la Autoridad fiscal calcula que el coste fiscal total de la materialización de riesgos ambientales entre 2005 y 2023, incluyendo la pandemia y a precios del al año 2023, habría sido aproximadamente de 47.157 millones y plantea mejorar la cuantificación de estos riesgos, la explicitación de los costes fiscales y el diseño de medidas de mitigación.

El castor europeo también ha llegado al río Tajo. Investigadores del Centro de Estudios Animales (CEA), una agrupación de profesionales de la Zoología, han confirmado su presencia en el entorno de Zorita de los Canes y Almoguera, en la provincia de Guadalajara.

Marco Ansón y Celia García Prendes han recogido el hallazgo en un artículo publicado en Galemys. Spanish Journal of Mammalogy, la revista oficial de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM).

Se toparon con evidencias de la presencia del roedor mientras realizaban trabajo de campo en una extensa zona en la comarca de la Alcarria. “Allí hay una amplia biodiversidad y decidimos dedicar parte del trabajo que realizamos en el Centro de Estudios Animales a investigar sobre los vertebrados tanto mamíferos, como reptiles y aves”, explica Ansón.

En esta parte de la provincia de Guadalajara la biodiversidad se ve favorecida por la riqueza de hábitats que van desde las agroestepas, los bosques de encinas y coscojas y la ribera del propio río Tajo. “Tuvimos la suerte de avistar un ejemplar. Pudimos registrarlo como el primero en la cuenca del Tajo”. 

A principios de este año 2024, se había detectado su presencia en el río Guadalquivir, en Jaén. Fue el tercer lugar de España donde se han encontrado ejemplares de forma reciente. “A principios el siglo XXI, en 2003 se reportaron por primera vez castores en España después de más de un milenio. Había desaparecido”.

Primero aparecieron en el río Ebro. “Se descubrió que una población de 18 individuos, habían sido liberados ilegalmente en esta cuenca. Intentaron eliminarlos, pero no se consiguió y actualmente está catalogada como especie protegida, en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial”. Después llegaron al río Tormes, en la cuenca del Duero, mediante el mismo sistema. 

En el caso de la provincia de Guadalajara, tras meses de seguimiento, cuenta este doctor en Paleozoología y especialista en vertebrados, “la hipótesis es que puede haber hasta tres familias de esta especie. Es posible que tengan capacidad colonizadora para dispersarse a lo largo del río, incluso aunque encuentren presas en el camino”.

A Guadalajara no llegaron por casualidad. “Los castores han venido en furgoneta”, ironiza el paleozoólogo. “Planteamos la hipótesis de una dispersión natural desde las otras zonas, pero dado que estos animales no tienen forma de llegar desde el Ebro y que su presencia en el Duero está cerca de Portugal, no es posible”. 

“No digo que el castor no sea todoterreno y pueda moverse fuera del agua para dispersarse muchos kilómetros porque los animales son sorprendentes, pero se me hace raro en un medio actual tan antropizado. Es más factible que alguien lo haya trasladado”.

Marco Ansón cree que esa tesis es “más congruente” con el hecho de que, a partir de la población en el río Ebro, apareciesen otras en el Duero y en el Guadalquivir. La razón puede estar, dice, “en una fantasía personal para que los castores se extiendan por todo el país”.

El castor euroasiático (Castor fibre Linnaeus) es el roedor más grande que ha habitado Europa Occidental. Hay ejemplares que llegan a los 30 kilos. “Poca gente sabe que hay una especie de castor europeo, diferente al castor canadiense. Ocurre lo mismo con el lince”.

No es fácil ver a este tipo de roedores. “Son nocturnos y esquivos”. Eligen zonas acuáticas para vivir, ocupando ríos y humedales, en zonas con taludes donde pueden construir sus madrigueras y se alimentan de materia vegetal.

Marco Ansón y Celia García Prendes llevan estudiando a esta población de castores desde principios del pasado verano. Los primeros indicios apuntan a que su dieta será “estacional”, aprovechando diferentes recursos según cuál sea la época del año, y evitando así la dependencia alimentaria.

En España el castor puede tener efectos positivos, el problema es que aquí no damos margen a los espacios naturales porque siempre intentamos sacarles rédito económico. De hecho en nuestro país los bosques de ribera no existen"

¿Cuál será el impacto en la zona de colonización? “Los castores son especies ingenieras, afectan al hábitat en el que se encuentran”, señala este especialista en diversidad de vertebrados. Pone como ejemplo ocurrido en el parque norteamericano de Yellowstone. Allí los castores y los lobos consiguieron cambiar el paisaje. “En España puede tener efectos positivos, el problema es que aquí no damos margen a los espacios naturales porque siempre intentamos sacarles rédito económico”.

De hecho, recuerda que “en nuestro país los bosques de ribera no existen y es algo que se ha criticado mucho a raíz de lo ocurrido con la DANA”. Lo que se desconoce es cómo puede afectar al resto de biodiversidad. “Sería interesante realizar estudios en el Ebro que es donde más extendidos están. Es verdad que nuestros espacios fluviales están tan degradados y tan llenos de especies invasoras liberadas para pesca recreativa, que el daño ya está hecho”.

Hasta hace unos años no había castores en la península ibérica. Hay restos fósiles de la especie que datan del Pleistoceno y Holoceno, pero lo que los expertos no tienen muy claro es cuando desapareció. “El castor europeo se extinguió en tiempos históricos, seguramente por la presión humana. En la época romana todavía quedaban castores salvajes, pero no hay muchos restos y no se conoce bien su distribución exacta”.

Marco Ansón cita a José Antonio Riquelme, del departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, que en 1995 publicó un artículo describiendo el hallazgo de restos óseos de castor “de época ibérica” en Ronda (Málaga). Los huesos tenían evidencias de cortes y se cree que en aquella época el ser humano consumía castores.

“Ahora estamos trabajando para conocer mejor a la especie en esta zona de la Alcarria, junto al río Tajo, y delimitar su distribución. Son supervivientes natos, me gustaría saber qué tipo de presión sufrieron para llegar a extinguirse”.

La aparición de castores en el entorno del río Jalón preocupa a los agricultores de la zona debido a las afecciones que generan en los árboles frutales. El diputado en el Congreso por la provincia de Zaragoza, Víctor Ruiz de Diego, ha presentado ante el registro de la Cámara baja una pregunta para respuesta escrita sobre esta cuestión al recibir información de agricultores del barrio bilbilitano de Embid de la Ribera.

La pregunta formulada señala lo siguiente: “¿De qué información dispone el Gobierno de España sobre la aparición de castores en el río Jalón, y sobre los daños causados por los mismos en explotaciones agrarias?”. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico confirma que hay evidencias de la presencia de castores en esa zona desde 2019. “Los resultados positivos de presencia del Castor se conocen tanto por técnicas de fototrampeo como por el hallazgo de rastros e indicios tras la realización de muestreos en las riberas”, explican.

El castor (Castor fiber) es una especie nativa de España que se extinguió hace siglos por causas antrópicas y cuya presencia actual es consecuencia de una introducción ilegal. A pesar de ello, la normativa comunitaria obliga a su protección. Así, tras los infructuosos intentos realizados por las administraciones competentes para su eliminación, y a instancias de la solicitud de la Comisión Europea, el castor fue legalmente protegido en España en 2020 . Por todo ello, la información disponible para esta especie acerca de su distribución y demografía es todavía limitada en España. 

En 2003 este roedor volvió a tener presencia en España tras la suelta de 18 ejemplares por parte de un grupo de activistas centroeuropeos que no tuvieron en cuenta las consecuencias medioambientales y para la fauna de su acción. Desde entonces, la población no ha dejado de crecer en el entorno del río Ebro y sus afluentes. Ahora, preocupa que el aumento de estos animales sea también debido a nuevas liberaciones sin control. Los primeros datos de castores en Aragón son de 2017, se expandieron antes por Navarra y de ahí a Aragón. Desde ahí ha aumentado su presencia por el eje del Ebro y también hacia el norte, a ríos como el Aragón y sus afluentes.

En cuanto a los daños causados a las explotaciones agrarias, se señala que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no dispone de esta información, al no ser el organismo competente ni en la gestión de la biodiversidad terrestre ni en las explotaciones agrarias. Al respecto, cabe indicar que existe actualmente amplia experiencia y conocimiento en diferentes países de Europa y América acerca de la implantación de medidas preventivas (fundamentalmente protección del arbolado) que se han mostrado efectivas minimizando y evitando daños del castor.

El Gobierno de Aragón edita un folleto en el que aporta diferentes medidas para luchar, sobre todo los agricultores, contra los posibles daños en sus campos de cultivo. Utilizar pastores eléctricos o impedimentos en los pasos a las fincas son algunos de ellos. Y para los árboles, mallas metálicas, de tipo geotextiles o pintura con arena en los troncos para evitar que sean talados por estos roedores que pueden llegar a medir un metro (contando con la cola) y pesar hasta 30 kilos, aunque lo habitual es que se sitúen entre los 15 y 25 kilos

“En 20 minutos hubo dos temblores. Yo estaba leyendo y en el primero casi me caigo de la silla. En el segundo estaba de pie y fue como si una ola me diera en los pies”. Evelio Montfort rememora así uno de los centenares de seísmos causados por la inyección de gas en la plataforma Castor que en 2013 sacudieron Alcanar y otros pueblos del sur de Catalunya y el norte de la Comunidad Valenciana.

El juicio que se celebra desde esta semana contra dos exdirectivos de la empresa que explotaba la plataforma ha hecho aflorar de nuevo la angustia de los vecinos de la zona. Algunos lo han contado en primera persona en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Castellón, en cuyo banquillo de los acusados se sientan el expresidente de Escal UGS y su exconsejero delegado, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau. Ambos se enfrentan a peticiones de hasta siete años de cárcel. La empresa se declaró en concurso de acreedores en 2019.

Entre los vecinos afectados hay una mezcla de sentimientos: satisfacción porque por fin el caso llega a juicio, pero a la vez contrariedad por la versión exculpatoria que han dado los acusados. Y los recuerdos de lo que algunos vivieron como los peores momentos de su vida. “En el juicio hay dos acusados, pero no están todos los que son responsables”, lamenta Joan Ferrando, portavoz de la plataforma de afectados por el Castor, que ejerce la acusación particular.

En su declaración como acusados, Del Potro y Martínez aseguraron que la actividad del Castor no alteró la peligrosidad de la zona y desvincularon los terremotos de las inyecciones de gas, asociándolos a una actividad sísmica natural de la zona. “Mientras inyectamos nadie sintió nada”, zanjó Del Potro, mientras que Martínez Dalmau rechazó que la actividad del Castor causara “daño o peligro” al medio ambiente.

“Entendemos que como acusados mantiene su estrategia de defensa, pero es duro escuchar cómo rehúyen cualquier responsabilidad”, reflexiona Ferrando, para quien la actitud de los exdirectivos de negar los terremotos se asemeja “al conductor que va contra dirección por la autopista y dice que son el resto de coches los que se equivocan”. “Le llegaron a echar la culpa a un directivo que murió. Tanto cinismo es indignante”, apostilla Montfort, que forma parte de la plataforma en defensa de las tierras del Sénia.

Además de a los acusados, el tribunal ha empezado a escuchar ya a los primeros testigos. Vecinos de Vinaròs, Alcanar, Sant Mateu, Sant Carles de la Ràpita, pero también de poblaciones más alejadas del epicentro de los seísmos, como Amposta, han relatado los temblores que sintieron desde la cama –la mayoría de seísmos ocurrieron de madrugada– y las grietas que aparecieron en sus domicilios. “La casa se movió toda”, relató Neus Magrané, de Amposta. “Se movía la cama y el perro corría por el pasillo como un poseso”, rememoró María Josefa Redó.

En su interrogatorio, la defensa de los acusados ha insistido en el hecho de que el Consorcio de Seguros rechazó indemnizar a los afectados porque, a su juicio, los seísmos no tuvieron la intensidad suficiente para provocar los daños. “Pero a mí me salió una grieta en casa”, respondió gráficamente David Juanena, uno de los afectados, que precisó además que tuvo que abonar personalmente los 1.200 euros en reparaciones que ahora reclama porque el Consorcio de Seguros le indicó que solo podía compensarle por seísmos de origen natural “pero no por los producidos por actividad industrial derivada de la acción humana”.

Montfort tampoco ha olvidado el seísmo de mayor magnitud –4,3 en la escala de Richter– que tuvo lugar la madrugada del 1 de octubre de 2013 y los dos terremotos consecutivos ocurridos dos noches después. “Todo el mundo se llamaba por teléfono, yo vivo en el campo y no se oía a los perros como siempre, fue una sensación rarísima, de mucha angustia, como si de repente después del temblor hubiera subido la temperatura”.

Para los vecinos de las comarcas afectadas en la lista de responsables de los seísmos hay una larga lista de políticos y empresarios, además de los dos que se sientan en el banquillo. Pero jamás irán a juicio: la Audiencia Nacional rechazó en en 2018 investigar a los exministros de Industria Joan Clos y Miguel Sebastián –del PSOE–, y a su sucesor bajo el Gobierno del PP, José Manuel Soria; así como al presidente de ACS, accionista mayoritario de Escal, Florentino Pérez.

“Florentino ya ha cobrado, pero los vecinos afectados dependen de este juicio”, se queja Montfort, en referencia al decreto ley aprobado a principios de año y que autorizó al Estado a endeudarse para devolver a Santander, CaixaBank y Bankia los 1.350 millones de euros que adelantaron estas entidades a Enagás en 2014 para indemnizar a la promotora del Castor, controlada por la constructora ACS que pilota el también presidente del Real Madrid.

A la hora de reclamar las indemnizaciones, Ferrando explica que los afectados no quieren solo recuperar lo gastado en obras en sus casos, sino también que se les compense por los daños morales y el pánico y la inseguridad provocadas por la onda sísmica. Ello hace elevar la petición de indemnización a 15.000 euros por afectado, 1,84 millones de euros en total. Ferrando reconoce que la jurisprudencia en España es limitada a la hora de indemnizar por daños morales, pero confía en que los jueces sigan el ejemplo de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, donde sí son más habituales.

Tampoco olvidan los vecinos que la actual ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, fue quien firmó la declaración de impacto ambiental (DIA) de la instalación como secretaria de Medio Ambiente en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. “Ni los políticos del PSOE en el Ministerio ni del PP en Castellón quisieron escucharnos cuando exigíamos más estudios geológicos”, critica Ferrando, que tiene clara la respuesta a ese desdén político: “El punto débil del negocio era la geología, con unos estudios precisos sobre el riesgo de terremotos no hubieran podido ni presentar el proyecto”.

“Se maltrató al medio ambiente y a las personas”, apostilla Ferrando. Un sufrimiento y una angustia que, según Ferrando, se podían haber evitado si se hubiera escuchado a los vecinos y a las plataformas que avisaban de los riesgos sísmicos del proyecto. “Pero se optó por el negocio”, concluye, a la vez que espera que no se repitan los errores en futuras obras. Mientras los vecinos siguen viendo cada día, a 22 km. de la costa, la mastodóntica infraestructura del gaseoducto. Las inyecciones de gas han cesado, pero el Castor todavía no se ha desmontado.

Los técnicos del Observatorio del Ebro (OE) han explicado hoy ante el juez que instruye la causa Castor que advirtieron a Escal UGS de que la inyección de gas podía “alterar la peligrosidad sísmica de la zona”, aunque las advertencias no fueron atendidas.

Así se desprende de las declaraciones que han prestado en calidad de testigos el director del Observatorio del Ebro, Joan Miquel Torta, y la responsable de la sección de sismología de la entidad, Arantza Ugalde.

Ambos testigos, según han informado a Efe fuentes conocedoras de la declaración, han explicado que cuando recibieron la memoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) confeccionado por Escal UGS, advierten que el mismo “no contiene estudio alguno relacionado con la sismicidad natural” de la zona en la que está enclavado el almacén de gas subterráneo.

Y tampoco sobre la sismicidad inducida derivada de la actividad de inyección de gas.

Por ello, Ugalde ha explicado ante el juez que envió una carta a Escal en la que planteó sugerencias para que se incorporara al EIA estudios sobre sismicidad, porque consideraba que la actividad proyectada era susceptible de alterar la peligrosidad sísmica de la zona.

Para la testigo, la actividad de inyección de gas “genera sismicidad inducida” (como consecuencia directa de la actividad) y sismicidad disparada (que es la sismicidad natural que se manifiesta anticipadamente en el tiempo como consecuencia de la inyección).

Y asegura que ambas sismicidades “pueden ser precursoras de sismos de mayor magnitud”.

La carta sin embargo, según las mismas fuentes, no obtuvo respuesta hasta que dos años después, con motivo de la celebración de una conferencia en la Cámara de Comercio de Tortosa, donde Ugalde es preguntada por ella y se refirió a su contenido.

Al día siguiente, el presidente de Escal, Recaredo del Potro, se puso en contacto con el presidente del Observatorio del Ebro y comienza la colaboración entre la promotora y el OE que fructifica en un convenio suscrito entre ambos en el mes de octubre de 2008.

Escal establece entonces un dispositivo para el control de los seísmos provisto con un equipo de sismología valorado en 300.000 euros, según Ugalde, y lo dota con 56.000 euros anuales para retribuir a la técnico que va a supervisar y monitorizar la actividad.

Ugalde trabajó en esas instalaciones hasta el año 2009, junto a un observador, por lo que cuando se produjo la serie de seísmos en 2013 ella ya no trabajaba para el OE, aunque ha asegurado que la actividad sísmica sí fue consecuencia directa de la inyección de gas.

También ha declarado otra trabajadora del OE, Estefanía Blanch, la encargada de la monitorizar el proyecto Castor.

Cuando se produjo la crisis sísmica en septiembre de 2013, ésta lo advierte al secretario general de Hidrocarburos y advierte igualmente a Escal del aumento de la frecuencia y magnitud de los seísmos.

A 13 de septiembre se habían producido ya 147 seísmos, 50 de los cuales se manifestaron, por lo que Blanch, ha explicado, sugirió detener la inyección o, al menos, reducir el caudal a los niveles de las inyecciones que no habían inducido sismicidad.

A pesar de las advertencias, ha dicho la testigo, “no se paralizó la inyección hasta cuatro días después”.

El juzgado de Vinaròs investiga supuestas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, el almacén subterráneo de gas situado frente a las costas de Vinaròs. 

El juicio por el 'caso Castor', en el que dos directivos de la empresa Escal UGS se sientan en el banquillo por un presunto delito medioambiental, ya tiene fecha. A partir del próximo 18 de octubre, y en 11 sesiones, desfilarán ante la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón un total de 195 testigos y 35 peritos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

José Luis Martínez Dalmau y Recaredo del Potro, los dos directivos, “ante los temblores que se estaban produciendo” a consecuencia de la actividad del almacén de gas, “no sólo continuaron inyectando gas en el almacenamiento sino que incluso aumentaron la velocidad”, según el auto de apertura de juicio oral del juez instructor.

El magistrado consideraba que “existe una relación de causa efecto entre las actuaciones de inyección y la serie sismológica que ocurrió en la costa de Vinaròs”, según el auto de apertura de juicio oral del juez instructor.

El juicio contará con la declaración de 195 testigos y 35 peritos. Entre los peritos figuran expertos del Instituto Geográfico Nacional, del Instituto Geológico y Minero de España, además de los auditores.

Los afectados por los terremotos piden cinco años de prisión para los directivos de Castor y 342.500 euros de indemnización por los daños. Por su parte, Escal UGS SL, la firma que ocasionó 519 seismos, considera que su actividad no tuvo un “impacto ambiental significativo”. Recaredo del Potro salió recientemente del consejo de administración de Escal UGS SL, tal como informó este diario.

El Gobierno tiene abierto un “procedimiento de reclamación de responsabilidad” a Escal UGS, la filial de ACS que construyó el fallido almacén de gas Castor, por posibles “vicios o defectos” en su construcción. En una reciente respuesta parlamentaria, señala que el procedimiento “actualmente continúa en tramitación”. El Ministerio para la Transición Ecológica indica que el expediente se va a “retomar” con el desmantelamiento de las instalaciones, sin aclarar las cantidades reclamadas hasta ahora a la concesionaria. 

El expediente de reclamación fue abierto mediante resolución de 6 de julio de 2016 de la Dirección General de Política Energética y Minas del ministerio. Un procedimiento “que actualmente continúa en tramitación tras haberse dado audiencia a las partes implicadas y que esperamos retomar ahora que está en marcha el desmantelamiento de las instalaciones asociadas al almacenamiento”, según Transición Ecológica.

En su respuesta escrita, el Ejecutivo recuerda que en mayo de 2013, el entonces Ministerio de Industria encargó una auditoría técnico económica para “verificar” la inversión neta para la puesta en explotación del almacenamiento, los 1.350 millones con los que fue indemnizada Escal en 2014. “En dicha auditoría, en relación con la parte técnica y de forma resumida, se concluyó que el diseño y construcción de las instalaciones fueron razonables y se construyeron conforme a un estándar de calidad elevado”.

“Sin perjuicio de lo anterior”, el Ejecutivo recuerda que el decreto por el que se hibernó la instalación y se indemnizó a ACS permitía exigir responsabilidades ante “vicios o defectos en su ejecución que puedan presentar las instalaciones y se pongan de manifiesto dentro de los diez años siguientes” o por las “acciones y omisiones que, como titular de la concesión, haya desarrollado durante su periodo de vigencia” y hasta su entrega a Enagás.

El cálculo de las eventuales reclamaciones, recuerda Transición Ecológica, se basa en un informe encargado a Enagás cuando se hizo cargo de la administración de Castor. “Cualquier ingreso que se obtenga fruto de esta reclamación irá a parar al sistema gasista”, recuerda el Ministerio. “Se trata de un procedimiento en curso, por lo que no podemos dar detalles de la cuantía hasta su resolución”, añade.

En sus cuentas de 2016, Escal UGS explicaba que a cierre de ese ejercicio se les reclamaban 3,6 millones por este expediente, una cifra ridícula comparada con la multimillonaria indemnización que recibió la concesionaria. Esta no volvió a incluir referencias a ese procedimiento en las cuentas que presentó posteriormente. Las últimas disponibles son de 2018. Escal se declaró en concurso de acreedores en septiembre de 2019.

Un mes después, el Gobierno aprobó poner fin a la hibernación del almacenamiento e iniciar su desmantelamiento con el sellado y abandono definitivo de los pozos. El procedimiento tuvo que suspenderse por la crisis sanitaria y se reanudó el verano pasado con el inicio de la tramitación de la evaluación de impacto ambiental. La semana pasada, el senador de Compromís Carles Mulet denunciaba que cada día sin desmantelar el silo supone un coste de 45.600 euros.

La polémica indemnización a ACS fue anulada por el Tribunal Constitucional en 2017, que no apreció ajustada a derecho la fórmula exprés del Real Decreto-Ley que utilizó el Gobierno de Mariano Rajoy, lo que propició que a principios de 2018 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) suspendiera los pagos a los tres bancos (Santander, Caixabank y Bankia) que adelantaron esos 1.350 millones para cobrarlos con intereses durante 30 años a través de la factura del gas.

El Tribunal Supremo reconoció en octubre el derecho de esas entidades a ser resarcidos por el Estado y el Consejo de Ministros aprobó las pasadas Navidades cargarlo a deuda pública mediante un Real Decreto-Ley que fue convalidado por el Congreso en enero.

“Dolo o negligencia”

El pago de esa indemnización se basó en el Real Decreto por el que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adjudicó en 2008 a Escal UGS la concesión de explotación, que incluía una cláusula que indicaba que en caso de extinción de la concesión, la adjudicataria tendría derecho a recibir una compensación por “el valor residual de las instalaciones”, aun en caso de “dolo o negligencia imputable a la empresa”.

En paralelo a esta reclamación, está previsto que el juicio por los terremotos ocasionados por la inyección de gas en el almacén empiece a finales de este año en la Audiencia Provincial de Castellón. En el banquillo de los acusados se sentarán los dos principales responsables de Escal UGS, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, y la propia sociedad. La Fiscalía pide para cada uno de ellos seis años de prisión por un delito contra el medio ambiente, petición que la acusación popular de la Asociación Arca Ibérica eleva a siete años.

El Tribunal Supremo ha reconocido a Santander, CaixaBank y Bankia el derecho a recibir del Estado la indemnización de 1.350 millones de euros a la promotora del fallido almacén de gas Castor que esas tres entidades adelantaron en 2014 para compensar a su promotora, la constructora ACS, por el cierre de la infraestructura tras una sucesión de terremotos en la costa de Castellón.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal estima el recurso, en parte, y reconoce el derecho de los Bancos a percibir de la Administración las cantidades que habían pagado para adquirir el mencionado derecho de cobro. Del total reclamado, Santander asumió 700 millones (casi el 51%) y el resto corresponde a CaixaBank y Bankia, actualmente en proceso de fusión. La primera adelantó 450 millones (algo más del 34%) y Bankia los 200 millones restantes (15%).

Las tres entidades impugnaron la desestimación por silencio por parte del Consejo de Ministros, de la reclamación patrimonial de daños y perjuicios que presentaron el abril de 2018 al haber adelantado a Enagas, gestora de la infraestructura, la cantidad de 1.350.729.000 para recuperarla posteriormente, con intereses, durante un plazo de treinta años a través de la factura del gas. Los pagos quedaron suspendidos tras declararse inconstitucional el mecanismo para compensar a ACS.

El Supremo recuerda que “la pretensión indemnizatoria se fundaba en la responsabilidad del Estado Legislador, porque ese derecho de cobro del sistema gasista del que eran titulares las entidades bancarias, había sido constituido por el Real Decreto Ley 13/2014, de 3 de octubre, y dicha norma fue declarada inconstitucional, parcialmente, por sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 152/2017, de 21 de diciembre. La declaración de inconstitucionalidad declara la nulidad del derecho de cobro del que eran titulares los Bancos recurrentes”.

Según la sentencia, eludir la responsabilidad patrimonial de la Administración ante los tres bancos que adelantaron el dinero “sería aceptar la perniciosa posibilidad de que se genera una zona de inmunidad de responsabilidad de los poderes públicos, que chocaría con las previsiones constitucionales”.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) suspendió los pagos a la banca en enero de 2018 tras la sentencia que en diciembre de 2017 declaró inconstitucional el Real Decreto Ley que aprobó en 2014 el Ejecutivo de Mariano Rajoy para hibernar la instalación, lo que dejó sin cobertura jurídica los pagos que había recibido la banca hasta entonces.

La indemnización había sido titulizada para que ACS pudiera cobrarla y su pago se endosó a los consumidores de gas por un plazo de 30 años a razón de 94 millones de euros anuales que empezaron a abonarse en 2015. Pero los pagos mensuales a los bancos que habían adelantado ese dinero se paralizaron tras entender el Tribunal Constitucional que no concurría una “situación de extraordinaria y urgente necesidad” para canalizar esa indemnización a través de un decreto-ley.

El pago de esa indemnización a ACS se basó en el Real Decreto por el que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adjudicó en 2008 a Escal UGS, propiedad de ACS (66%) y la canadiense Dundee Energy, la concesión de explotación del almacenamiento subterráneo, en el que dejó de inyectarse gas en septiembre de 2013, después de que se registraran medio centenar de pequeños seísmos en la zona.

Ese decreto incluía una cláusula que indicaba que en caso de extinción de la concesión, la adjudicataria tendría derecho a recibir una compensación por “el valor residual de las instalaciones”, aun en caso de “dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria”.

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha aprovechado el anuncio de que dos directivos del proyecto Castor serán juzgados por delito medioambiental para advertir que la ampliación del puerto de València puede seguir pasos similares de llevarse a cabo sin un estudio medioambiental previo y específico.

“No queremos más chapuzas como las del Castor que se hacen rápido y mal y que terminan en los tribunales. Desde MésCompromís-Més País velaremos porque cualquier infraestructura de este tipo esté dentro de la legalidad y por eso pedimos una Declaración de Impacto Ambiental específico para la ampliación del Puerto de València”, ha explicado el diputado de Compromís.

Baldoví ha criticado que “el PSOE se llene la boca hablando de ecologismo y políticas verdes mientras hace trampas con los estudios de impacto ambiental para justificar macro-proyectos que son un traje a medida para grandes multinacionales”. Con todo aboga por que “hay que combinar crecimiento económico y sostenibilidad, sin poner en riesgo nuestras playas y nuestro entorno”.

El pleno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado este viernes la “revisión de oficio” de diversas liquidaciones de actividades reguladas del sector del gas natural relacionados con el almacenamiento subterráneo Castor. La cuantía reclamada asciende a 368,4 millones de euros, que sumando los intereses, asciende a más de 390 millones.

La CNMC exige el reintegro de ese importe por los pagos realizados con cargo al recibo de los consumidores de gas a Escal, la filial de ACS que promovió la fallida instalación, a Enagás y a los tres bancos (Banco Santander, Caixabank y Bankia) que adelantaron la multimillonaria indemnización de más de 1.300 millones que recibió la constructora que preside Florentino Pérez tras su hibernación.

En concreto, a Escal la CNMC le reclama 195 millones (sumando los intereses, la suma asciende a 210 millones); a Santander, 71,9 millones; a Caixabank, 48 millones; a Enagás Transporte, 32,4 millones; y a Bankia, 21,1 millones.

Esta revisión de oficio está motivada por la sentencia del Tribunal Constitucional 152/2017, de 21 de diciembre de 2017, que declaró “la nulidad e inconstitucionalidad de los efectos económicos de la extinción de la concesión del almacenamiento subterráneo Castor, previstos en el Real Decreto-Ley 13/2014, de 3 de octubre, tras la renuncia de su titular, Escal Ugs SL”.

Las resoluciones de la CNMC consideran que la nulidad del citado RD-L 13/2014 “privó de base legal a las cantidades reconocidas y a los pagos efectuados con arreglo al mismo, obligando con ello a revisar los pagos realizados”.

“La declaración de nulidad de pleno derecho de las liquidaciones determina la obligación de los interesados de reintegrar al sistema de liquidaciones de las actividades reguladas del sistema de gas natural los importes recibidos”, añade la CNMC en una nota.

La reclamación de la CNMC llega unos meses después de que ACS admitiera por primera vez en sus cuentas el posible impacto de la sentencia que declaró inconstitucional el Real Decreto Ley que le permitió cobrar 1.350 millones por la hibernación del fallido silo tras una sucesión de terremotos en la costa mediterránea.

El Constitucional tumbó el mecanismo ideado por el Gobierno de Mariano Rajoy, un Real Decreto Ley, para compensarle por el cierre provisional de la infraestructura. La sentencia llevó a que la CNMC congelase los pagos realizados a la banca con cargo a la tarifa del gas para devolverle la indemnización que adelantó a Escal a cambio de cobrarla con intereses durante 30 años, cantidades que Santander, Caixabank y Bankia han reclamado en el Tribunal Supremo.

En sus últimas cuentas, Escal, la filial de ACS, sostenía que “su derecho a percibir las cantidades indicadas en concepto de retribución financiera, así como por los costes de operación y mantenimiento no debería verse afectado por la declaración de inconstitucionalidad parcial”.

“Ninguno de estos conceptos deriva de forma directa de la parte del Real Decreto Ley 13/2014 anulada y considerando que la nulidad se ha basado en aspectos meramente formales, sin que se haya cuestionado la legitimidad y procedencia de los pagos que corresponden a la Sociedad, motivo por el cual las presentes cuentas anuales abreviadas son formuladas bajo el principio de empresa en funcionamiento”. Deloitte se negó a firmar esas cuentas.

Las elecciones generales de este domingo han frustrado la clausura definitiva del fallido almacén de gas Castor, anunciada hace tres meses por la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera. Mientras, el lío en torno al silo sigue: ACS ha admitido por primera vez en sus cuentas el posible impacto de la sentencia que declaró inconstitucional el Real Decreto Ley que le permitió cobrar 1.350 millones por su hibernación, aunque no espera que sea “significativo”, y el auditor de su filial Escal UGS, encargada de construirlo, se ha negado a opinar sobre sus cuentas por segundo año consecutivo por los frentes judiciales que tiene abiertos.

El pasado 29 de enero, Ribera anunció en el Senado que “en las próximas semanas”, a la “máxima velocidad” (“Un mes o mes y medio”“), llevaría al Consejo de Ministros el acuerdo que pondría fin a la actual situación de hibernación del Castor para proceder a su sellado definitivo. Pero dos semanas después llegó la convocatoria de elecciones, que según fuentes conocedoras del proceso ha paralizado esa decisión. Es improbable una decisión al respecto con el Gobierno en funciones. Oficialmente, no hay comentarios del ministerio.

Mientras, ACS ha reconocido por primera vez que la sentencia del Constitucional que a finales de 2017 tumbó el mecanismo ideado por el Gobierno de Mariano Rajoy, un Real Decreto Ley (el 13/2014), para compensarle por el cierre provisional de la infraestructura, puede tener impacto en su negocio. En sus últimas cuentas, la constructora de Florentino Pérez “no considera que se pueda derivar perjuicio significativo alguno” de la sentencia. Hay un matiz en ese “significativo”, dado que en 2017 aseguraba no esperar “perjuicio alguno”.

Por su parte, Deloitte, responsable de auditar las cuentas de Escal y de las de ACS (en este caso lleva 17 años), se ha negado por segundo ejercicio consecutivo a opinar sobre las cuentas de esa filial. Se basa en las incertidumbres derivadas del procedimiento penal abierto desde hace años en un juzgado de Castellón por un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales y, muy especialmente, en los efectos que puede tener la sentencia del Constitucional.

Escal considera que esos procedimientos “no deberían afectar a su situación patrimonial”, pero Deloitte cree que “la posibilidad de una resolución diferente a la prevista por los Administradores” afectaría “a la capacidad de la Sociedad de hacer frente a sus obligaciones” e indica “la existencia de una incertidumbre material sobre su capacidad para continuar su actividad de acuerdo al principio de empresa en funcionamiento, que dependerá del resultado final de dichos procedimientos”.

La sentencia del Constitucional llevó a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) congelase los pagos realizados a la banca con cargo a la tarifa del gas para devolverle la indemnización que adelantó a Escal a cambio de cobrarla con intereses durante 30 años. Ahora, las tres entidades afectadas (Santander, Caixabank y Bankia) la reclaman en el Tribunal Supremo. A eso se suma el procedimiento iniciado por la CNMC en octubre pasado para revisar las cuantías abonadas a Escal en 2014, 2016 y 2017, que suman unos 200 millones.

En sus últimas cuentas, Escal sostiene que “su derecho a percibir las cantidades indicadas en concepto de retribución financiera, así como por los costes de operación y mantenimiento no debería verse afectado por la declaración de inconstitucionalidad parcial”. “Ninguno de estos conceptos deriva de forma directa de la parte del Real Decreto Ley 13/2014 anulada y considerando que la nulidad se ha basado en aspectos meramente formales, sin que se haya cuestionado la legitimidad y procedencia de los pagos que corresponden a la Sociedad, motivo por el cual las presentes cuentas anuales abreviadas son formuladas bajo el principio de empresa en funcionamiento”.

A la espera de que se concrete la fecha para el cierre definitivo sobre el Castor, tampoco hay noticias sobre su desmantelamiento definitivo, una operación “más compleja técnicamente” que la del sellado y “con más riesgos”, como advirtió Ribera en enero. Unos meses antes, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, llegó a anunciar que ya se habían sacado a licitación los estudios previos para decidir si se desmantelaba, pero no era cierto.

Este asunto queda así entre las tareas pendientes de un departamento que, en menos de un año, ha tenido una intensa actividad. Entre otras cosas, Transición Ecológica ha remitido a Bruselas el esperado borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), ha puesto fin al impuesto al sol, ha pactado con las eléctricas un cierre escalonado de las nucleares y ha aprobado una regulación para impulsar el autoconsumo y una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.

En el tintero han quedado, entre otras medidas, el cierre del Castor y el estatuto para los consumidores electrointensivos elaborado junto al Ministerio de Industria, que finalmente no se ha aprobado. por las trabas de la CNMC, que cree que constituye una posible ayuda de Estado que Bruselas podría vetar.

La Plataforma de Personas Desempleadas de La Palma Alpende, en su tradicional reconocimiento anual, quiere reconocer públicamente la labor de Cástor Gómez Cáceres, abogado desde 1984, actualmente colegiado en La Palma, con experiencia en derecho civil, penal, laboral, incapacidades laborales, prestaciones no contributivas, funcionarios y otras materias frente a las administraciones públicas, se informa en nota de prensa. Entre 1988 y 1997 trabajó de técnico y asesor jurídico en el Diputado del Común durante los mandatos de Luis Cobiella Cuevas, y Arcadio Díaz Tejera. Titulado en Mediación Civil desde 2014, tiene despacho en la Avenida Marítima de Santa Cruz de La Palma.

“El reconocimiento que se ha realizado antes del 1º de Mayo por no poder encontrarse en la Isla ese día el galardonado, ha consistido en un sencillo brindis y en la entrega de una acuarela realizada por la prestigiosa artista Bianca Carla Welsch, Phoenix Canariensis con la que se ha querido simbolizar que con tiempo, dedicación y constancia, se crea la labor que hecha raíces profundas y forja la fortaleza que da semillas, de los que nacerán nuevos proyectos y sobre todo, una sociedad mejor, y que al igual que la imagen de la palmera canaria es reconocida en todo el mundo, lo son las injusticias sociales, pero también las soluciones comunes, que hay que seguir sembrando y cuidando para que crezcan'”, explican

También se hizo entrega de una pequeña podona, elemento identitario adoptado por la Plataforma.

Concentración del 1º de Mayo

Desde Alpende se recuerda que “queda mucho por hacer en cuestiones de justicia social, al haber más de 8.000 personas demandando un empleo en La Palma, miles de personas con ingresos económicos bajo el umbral de la pobreza, además de una dificultad aparejada de acceso a una vivienda digna, y al menos 70 personas sin hogar en la Isla; por tanto se apoya a las acciones reivindicativas y a la toma de conciencia, y se anima a la población a concentrarse a partir de las 11:30 horas a las puertas de la Dirección Insular de la Administración General del Estado y el Cabildo Insular de La Palma”, concluyen.

La ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, ha anunciado este martes en el Senado que “en las próximas semanas” propondrá al Consejo de Ministros proceder a la “clausura definitiva” del polémico almacén submarino de gas natural Castor, en situación de hibernación desde 2016 tras una sucesión de microseísmos en la costa castellonense.

Ribera no ha puesto fecha a los informes que tiene pendiente encargar para tomar la decisión sobre el desmantelamiento de la instalación, una operación “más compleja técnicamente” que la del sellado definitivo y “con más riesgos” sobre la que ha invitado a ser “cautos”.

En una comparecencia en la Cámara Alta, la ministra ha indicado que “aunque formalmente no se haya tomado ninguna decisión oficial sobre el futuro del almacenamiento”, ya que la decisión de poner término a la situación actual de hibernación corresponde al Consejo de Ministros, existe un “compromiso político claro de este gobierno de no reactivar en ningún caso y al contrario facilitar la mejor opción posible para su clausura definitiva”. La tramitación se hará “a la máxima velocidad”, en “un mes o un mes y medio”, ha indicado.

“A día de hoy, la solución técnica más adecuada con la información de que disponemos consiste en el sellado definitivo de los pozos”, según Ribera. Actualmente, el almacén se encuentra en estado de hibernación técnica, aislado de la red de gasoductos y sellado mediante unos tapones en sus trece pozos.

“El gobierno anterior prefería mantenerlo hibernado por si acaso se recuperaba la posibilidad de volverlo a utilizar como almacenamiento; este gobierno tiene claro que eso no tiene sentido” y que el sellado definitivo es “la única decisión viable”, ante el riesgo de terremotos “de magnitud significativamente mayor a los registrados hasta ahora” en caso de que volviera a ponerse en marca.

Ribera ha explicado que esos tapones de sellado, que es recomendable renovar cada cuatro años, “van sufriendo degradación y dejan de garantizar la estanqueidad”. “Nuevas soluciones temporales únicamente aplazarían la ejecución del abandono definitivo de los pozos” y “esto implicaría unos costes adicionales difícilmente justificables”, sobre todo teniendo en cuenta que lo “lógico” es prever que en los próximos años se reduzca la demanda de gas, que está “lejos” de los máximos de 2008.

La ministra no ha aclarado cuándo va a lanzar los informes para decidir si desmantela la instalación, que prometió poner en marcha “rápidamente” cuando llegó al cargo. La opción de desmontar el almacén es una cuestión “mucho más compleja técnicamente, con más riesgos que en todo caso hay que evaluar”.

“Quizá la parte superficial es más sencilla y la parte subterránea es más complicada y no necesariamente la más recomendada. Sobre esto es sobre lo que tenemos que esperar a tener más información”.

“Lo fundamental es acometer el sellado definitivo cuanto antes, con independencia de cómo pueda ser de largo el proceso de desmantelamiento del conjunto de las instalaciones”, que en cualquier caso debe abordarse “en las máximas condiciones de seguridad también y por eso somos cautos”.

Aunque asegura que lo hará de manera “inminente”, el Gobierno no termina de lanzar el proceso de licitación de los estudios técnicos en los que debería basarse para decidir sobre un eventual desmantelamiento del fallido almacén de gas Castor, clausurado por el Ejecutivo del PP hace más de cuatro años tras una sucesión de microseísmos en la costa mediterránea.

El pasado 22 de noviembre, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, llegó a asegurar en sede parlamentaria que el proceso de licitación de esos estudios ya estaba en marcha.

“Sobre cómo y cuándo se va a proceder al desmantelamiento, en este momento el Gobierno ha encargado los estudios necesarios para identificar las distintas alternativas que hay y los riesgos, medioambientales y de todo tipo, que cada una de ellas conlleva”, dijo.

“Está en exposición pública el concurso para la elaboración de ese informe, que es el que el Gobierno utilizará para su actuación en todo el asunto del almacenamiento del Castor”, añadió Abascal en su debut ante la Comisión de Transición Ecológica del Senado como respuesta a una pregunta del senador de ERC Miguel José Aubà, que le reclamó “que el desmantelamiento se realice lo antes posible”.

Días después, en una respuesta por escrito a ese mismo senador fechada el 7 de diciembre, el Gobierno dio otra versión: “El inicio de los estudios previos para analizar las medidas adecuadas que permitan garantizar la seguridad de las personas y el medio ambiente, en caso de que el Consejo de Ministros adoptase el desmantelamiento de dichas instalaciones, requiere previamente de su definición y posterior contratación, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la normativa en materia de contratación pública. En la actualidad se están valorando dichas necesidades de contratación, por lo que no se puede concretar el horizonte temporal para el inicio, en su caso, de los trabajos”.

Dos meses después de la comparecencia de Abascal en el Senado, la licitación no se ha puesto en marcha. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica atribuyen el retraso a los mayores requisitos previos que exige la nueva Ley de Contratos públicos para poder iniciar un procedimiento de estas características.

Esas fuentes señalan que el pliego de condiciones “llegará a la mesa de contratación de forma inminente”, “en las próximas semanas”, sin precisar qué plazos se manejan para tener listos esos trabajos que permitirán tomar la decisión sobre el Castor. No está claro que sea en esta legislatura.

Un asunto incómodo

El Castor es otro de los muchos frentes que tiene abiertos el súperministerio que dirige Teresa Ribera, que estos días tiene pendiente, entre otras cosas, remitir a Bruselas el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que clarificará, por ejemplo, la senda de cierre de las centrales nucleares. El fallido almacén de gas es un asunto incómodo para la ministra, que firmó la declaración de impacto ambiental que permitió construirlo cuando era secretaria de Estado de Cambio Climático en el segundo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El pasado 19 de junio, Ribera se comprometió en el Senado a buscar los informes técnicos que, supuestamente, decía haber recabado el Gobierno de Mariano Rajoy tras un estudio de la Universidad de Harvard y el MIT de Massachusetts presentado en mayo de 2017 que aconsejó mantener la hibernación de la instalación.

El objetivo de esos estudios, dijo la ministra, sería “saber cuándo y en qué condiciones se podría desmantelar en condiciones de seguridad”. Pero no aparecían.

“A fecha de hoy no conozco esos informes, no los tengo, no los he encontrado y todavía no tengo constancia de a quién se han encargado ni en qué momento están, pero me parece que es una cuestión extraordinariamente importante porque, además, abre un abanico de preguntas que deben ser contestadas”, dijo Ribera, que se comprometió a “averiguar dónde estamos y presentar esa información de forma transparente”. En el caso de que los informes no aparecieran, prometió “encargarlos rápidamente”.

El Castor fue clausurado mediante un real decreto ley posteriormente declarado inconstitucional que dio soporte legal a la millonaria indemnización abonada a su promotora, la constructora ACS, con cargo a los consumidores de gas. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, los pagos mensuales fueron anulados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hace un año.

Hace unas semanas, Santander, Caixabank y Bankia, las entidades que adelantaron a ACS los 1.350 millones que facilitaron el cierre del fallido almacén y que el Gobierno se comprometió a devolverles en 30 años a través del recibo del gas, denunciaron al Estado ante el Tribunal Supremo para reclamar esos pagos, “más los daños causados”. Se desconoce cuál sería el coste de desmantelar la instalación, cuyo mantenimiento (a cargo de Enagás) cuesta unos 9 millones que el Gobierno finalmente no ha cargado a los peajes del gas.

El juez no considera que hubiese participación en la toma de decisiones por parte de los miembros del consejo de administración.

Se mantiene abierta la causa contra el presidente del consejo de administración, el consejero delegado y el director general, por prevaricación administrativa y delito medioambiental.

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs, encargado de la investigación sobre las irregularidades en la concesión del proyecto Castor por la empresa ACS –propiedad del empresario Florentino Pérez-, ha decidido el sobreseimiento de la investigación que pesaba sobre 6 miembros del consejo de administración de la mercantil Escal, entre otros.

El magistrado ha tomado esta decisión tras considerar que, a la luz de las investigaciones efectuadas, “no se infiere la existencia de participación alguna por parte de los distintos miembros del consejo de administración”. Según el auto, los consejeros “tenían un cometido puramente financiero, desconociendo las vicisitudes y desarrollo de las actividades de inyección y de los hechos acontecidos en septiembre de 2013, no habiendo tomado ningún tipo de decisión en relación con la crisis sísmica”.

Se mantiene abierta, sin embargo, la causa por los delitos de prevaricación administrativa y delito medioambiental contra el presidente del consejo de administración de Escal, el consejero delegado y el coordinador y director general. Respecto a ellos, el auto señala que “en el caso de existir cualquier tipo de irresponsabilidad por los hechos investigados”, ellos son los que han de hacerse cargo de las decisiones que tomaron.

También este mismo lunes el Parlament de Catalunya ha aprobado citar a comparecer a Florentino Pérez –presidente de ACS- ante la comisión de investigación que abordará la existencia de las irregularidades en el caso Castor. También se citará a los exministros José Manuel Soria, Josep Piqué, Rodrigo Rato, Álvaro Nadal, Miguel Sebastián i Magdalena Álvarez.

Comparecerán además el exministro y exalcalde de Barcelona, Joan Clos o el expresidente de la Generalitat José Montilla. También lo hará Teresa Ribera, actual ministra de Transición Ecológica.

El origen de Castor

A principios de abril de 2008 Zapatero anunciaba ante el Congreso la llegada de “un periodo de desaceleración económica” de carácter transitorio. Tras el eufemismo se escondía la mayor crisis económica global desde el Crac del 29. Apenas un mes más tarde, cuando el desastre económico y el descontrol del desempleo aún no se habían materializado, el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero daba luz verde mediante Real Decreto al proyecto Castor.

El plan inicial proyectaba la construcción del que sería el mayor depósito de gas natural de España, capaz de abastecer al país entero y presupuestado en cerca de 630 millones de Euros. El macroproyecto resultó en un desastre cuya construcción acabaría costando más de 1.700 millones y que hubo de detener su actividad en 2013 –apenas un años después de comenzar a funcionar- debido a que ésta provocó más de 500 terremotos frente a las costas de Castellón y Tarragona.

El Congreso ha votado a favor de la creación de una comisión de investigación para esclarecer las responsabilidades políticas sobre el almacén de gas Castor y encontrar vías a partir de las cuales recuperar dinero de las indemnizaciones previstas. La comisión ha salido adelante con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios. 

Con aplausos han recibido en la tribuna de invitados Enric Pla, alcalde de Vinaròs, junto a un grupo de ciudadanos del que fue uno de los municipios más afectados por los terremotos provocados por la plataforma que puso en marcha una filial de la empresa ACS.   

La diputada de Unidos Podemos, Ángela Ballester Muñoz, ha argumentado para defender la comisión que “se trata de una de las mayores estafas de la historia” en un “proceso plagado de irregularidades”. Además de calificar el proyecto como “innecesario e inviable, Ballester ha denunciado que se trató de hacer ”pagar a la ciudadanía el rescate de las grandes empresas“  para que  ”el señor Florentino Pérez no asuma ningún riesgo“. 

El diputado de Unidos Podemos, Josep Vendrell, ha explicado que la plataforma Castor es “el mejor ejemplo de capitalismo extractivo y capitalismo de amiguetes por el que las grandes empresas deciden que se publica en el BOE.  ¿Se decidió el Castor en el Ministerio o en el palco del Bernabeu?” y ha señalado al PSOE y al PP como responsables políticos.

La propuesta, impulsada por el grupo confederal de Unidos Podemos y Compromís, reclama “poner luz y taquígrafos sobre un proceso administrativo y político lleno de sombras” pues, argumentan estas formaciones, no hubo concurrencia competitiva ni publicidad, ni tampoco la empresa adjudicatoria acreditó suficiente capacidad técnica y económica para desarrollar la actividad con suficientes garantías.

Además de la afectación de causó este proyecto, en forma de más de 500 seísmos registrados en 2013 en el litoral de Castellón, Unidos Podemos y Compromís buscan investigar la legalidad de la indemnización recibida por el concesionario y el coste que supondrá para los consumidores de gas, así como la gestión de la hibernación del proyecto, así como su desmantelamiento.

La diputada de Compromís, Marta Sorlí, tras enumerar 10 negligencias que se dieron en el proyecto ha insistido en que se trata de una “estafa para la ciudadanía y un proyecto peligroso para el medio ambiente” y ha recordado que serán los ciudadanos los que pagarán los 4.500 millones de costes a través de la factura del gas.  

El diputado del PSOE, Artemi  Rallo, ha asegurado que su grupo está a favor de investigar todos los aspectos de la concesión a la compañía “sin prejuicios ni reservas ya que es un asunto de interés publico” y ha recordado que el Gobierno del PP de entonces se apresuró a indemnizar a ACS sin pararse a investigar si había ocurrido alguna negligencia ni atender a estudios medioambientales. 

Por su parte, el diputado del PP, Guilermo Mariscal, ha responsabilizado totalmente al PSOE del proyecto que se aprobó con la firma del ministro de Industria, Miguel Sebastián, y ha rechazado cualquier responsabilidad del Ejecutivo de Mariano Rajoy.   

Teresa Ribera

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, podría tener que rendir explicaciones ante la comisión por haber avalado la declaración de impacto ambiental del almacén, una posibilidad que ya adelantó el diputado del PP.

Ribera firmó esta declaración en 2009, cuando era responsable de la Secretaría de Estado de Cambio Climático bajo el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y por ello tuvo que enfrentarse, junto a otros técnicos, a una querella de la Fiscalía de Castellón por prevaricación, aunque finalmente no fue encausada.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adjudicó a Escal UGS, controlada por la constructora ACS (66%), la concesión de explotación del fallido almacenamiento subterráneo de gas natural Castor. El decreto incluía una polémica cláusula, que no se llegó a aplicar, inédita en este tipo de instalaciones y avalada por el Tribunal Supremo en octubre de 2013, que indicaba que en caso de extinción de la concesión, la adjudicataria tendría derecho a recibir una compensación por “el valor de residual de las instalaciones”, aun en caso de “dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria”. Ese es el origen de la multimillonaria indemnización de 1.350 millones de euros que cobró la adjudicataria tras renunciar al fallido almacén a finales de 2014.

El Tribunal Constitucional (TC) anuló el procedimiento porque el se que estableció la indemnización de 1.350,7 millones para las empresas promotoras del proyecto de almacén de gas. La compensación se fijó mediante un Real Decreto Ley de medidas del sistema gasista que el Gobierno aprobó en 2014, y es precisamente este procedimiento lo que el tribunal considera inconstitucional.

Posteriormente, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)  suspendió el pago a las entidades financieras de los derechos de cobro derivados de la indemnización por la clausura del fallido almacén subterráneo tras quedar esa compensación sin cobertura jurídica después de su anulación por parte del Tribunal Constitucional. Las entidades afectadas fueron Santander, Caixabank y Bankia.