Dos directivos de la empresa del proyecto Castor serán juzgados por delito medioambiental

José Luis Martínez Dalmau y Recaredo del Potro, los directivos de la empresa Escal UGS SL encargada del proyecto Castor de inyección de gas en la costa castellonense y tarraconense, serán juzgados por la Audiencia Provincial de Castelló por un presunto delito medioambiental. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vinaròs ha decretado la apertura de juicio oral para los dos directivos de Escal UGS SL, adjudicataria del Proyecto Castor, y para la empresa como persona jurídica, según un auto difundido este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El juez ha requerido para los dos acusados una fianza de 23.126,43 euros, “correspondiente a las responsabilidades civiles determinadas hasta el momento”. El magistrado, tal como informó este diario, considera que “ante los temblores que se estaban produciendo, los investigados no sólo continuaron inyectando gas en el almacenamiento sino que incluso aumentaron la velocidad” y establece que “existe una relación de causa efecto entre las actuaciones de inyección y la serie sismológica que ocurrió en la costa de Vinaròs”.

La plataforma Castor desencadenó una “gran serie de sismos en la zona”, hasta 519, que se prolongó hasta el 4 de octubre de 2013 y ocasionó “daños de consideración” en nueve viviendas de Vinaròs y Sant Mateu, en la provincia de Castellón, y Amposta y Sant Carles de la Ràpita, en la de Tarragona. Estos movimientos sísmicos generaron “una situación de peligro potencialmente catastrófico que se prolongó hasta que, finalmente, por parte de la Administración, se acordó el cese de la actividad hasta que no hubiese garantías de que se podía continuar sin riesgo alguno”, señala un auto del pasado 16 de octubre.

Escal UGS SL, que también será juzgada como persona jurídica, considera en sus últimas cuentas anuales que no tuvo un “impacto ambiental significativo” a pesar de los 519 terremotos registrados en la zona. El juez señala en el auto del pasado 15 de julio a la Audiencia Provincial de Castelló como “órgano competente para el enjuiciamiento y fallo de esta causa”.