María Guardiola ha tenido que volver a tragarse sus palabras, que diría Juanma Moreno. Con menos credibilidad ahora que hace dos años, la líder extremeña ha pasado de hacer declaraciones llenas de dignidad feminista acusando a Santiago Abascal de “tufo machista”, a terminar diciendo solo unos pocos días después que su feminismo es como el de Vox. El PP se ha metido solo en su propia trampa provocando dos adelantos electorales, en Extremadura y Aragón, y lo único que ha conseguido es darle un chute de votos y protagonismo a Vox, que huele la sangre y está en plena operación para humillar al PP.  

Con Aitor Riveiro, periodista de elDiario.es que cubre la información del PP, analizamos lo ocurrido entre Vox y María Guardiola, resumen perfecto de cómo el partido de Feijóo está dejando que la ultraderecha sea el centro de todas las atenciones.  

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Las elecciones en Aragón, después de las extremeñas, dibujan una situación cada vez más nítida: el PP no consigue rentabilizar la debilidad del PSOE, que registra mínimos históricos en territorios que una vez fueron feudos imbatibles. Mientras, la atomización de la izquierda la condena a la irrelevancia parlamentaria. Y en este contexto, solo gana la ultraderecha, que duplica sus resultados cada vez que se abren las urnas. Las próximas son en Castilla y León, después en Andalucía, y en algún momento, cuando Pedro Sánchez quiera, generales. Toda esta cascada de elecciones no está llevándonos de vuelta al bipartidismo, como quizá creía Feijóo, sino que nos dibuja un país donde Vox es imprescindible para gobernar. 

Con Aitor Riveiro y José Enrique Monrosi, periodistas de Política en elDiario.es, analizamos los resultados de estas últimas elecciones autonómicas y las consecuencias de la estrategia fallida de Núñez Feijóo tanto en la derecha como en los partidos de la izquierda, que parecen volver a confiarlo todo a la movilización in extremis para evitar la llegada de Vox a La Moncloa. 

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Aragón celebrará en febrero las primeras elecciones anticipadas de su historia. La reunión del viernes entre el presidente Jorge Azcón y el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, terminó sin acuerdo para aprobar los presupuestos de 2026, lo que activa el escenario del adelanto electoral. El jefe del Ejecutivo ha firmado este lunes el decreto de disolución de las Cortes y la cita con las urnas del domingo 8 de febrero, siguiendo los plazos que marca la ley autonómica.

La Ley Electoral de Aragón establece que la convocatoria de elecciones se realiza mediante decreto del presidente y entra en vigor el mismo día de su publicación en el BOA. La firma del decreto este lunes precede a su publicación el marte, y a partir de ahí empezará a correr el plazo de 54 días hasta los comicios, lo que sitúa las elecciones en el 8 de febrero.

Con la disolución de las Cortes, se activará la Diputación Permanente, integrada por 25 diputados que representan la proporcionalidad salida de las urnas en 2023. Este órgano tramitará los decretos leyes del Gobierno hasta la constitución del nuevo Parlamento.

Candidaturas, jornada de reflexión y votación

La convocatoria se publicará este martes. 16 de diciembre, y el calendario electoral avanzará desde ese mismo día. En los primeros días del proceso, los partidos deberán designar a sus representantes: hasta el noveno día posterior a la convocatoria podrán nombrar a su representante general ante la Junta Electoral de Aragón, y hasta el undécimo día deberán comunicar quiénes serán los representantes de sus candidaturas en cada circunscripción. Todos ellos deberán personarse ante las juntas electorales provinciales antes del decimoquinto día para aceptar formalmente su designación.

A continuación comenzará la fase de presentación y revisión de candidaturas. Las listas deberán publicarse en el BOA y en los boletines provinciales el vigésimo segundo día tras la convocatoria. Dos días después, las juntas electorales comunicarán posibles irregularidades, que podrán subsanarse en un plazo de 48 horas. La proclamación oficial de candidaturas llegará el vigésimo séptimo día y su publicación definitiva, al día siguiente.

La campaña electoral arrancará en la medianoche del 23 de enero y se prolongará hasta el 6 de febrero a las 23:59 horas. El sábado 7 tendrá lugar la jornada de reflexión y el domingo 8 de febrero se celebrarán las votaciones.

Sin acuerdo con Vox

Este escenario se produce tras la reunión de este viernes, la segunda entre el PP y Vox, Alejandro Nolasco ha acusado al presidente de buscar “una excusa” para convocar elecciones y ha afirmado que Vox “no tiene miedo a las urnas”, aunque recordó el coste económico del proceso. Ha insistido en que su formación “ha hecho todo lo posible” y que el margen de acuerdo “depende del Partido Popular”.

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha dicho que Vox mantiene posturas “inamovibles” y ha explicado que algunas de sus exigencias “no son legales” o “no son competencia” del Gobierno autonómico.

La ruptura del pacto entre PP y Vox —en vigor desde 2023 hasta el desacuerdo por la acogida de menores migrantes no acompañados— ha dejado al Gobierno sin apoyos suficientes para aprobar las cuentas, que ya estaban prorrogadas en 2024 y 2025.

Extremadura ha arrastrado durante décadas un retraso histórico en materia ferroviaria. La región continúa hoy lejos de los estándares de velocidad, frecuencias y prestaciones de buena parte del país, pese a los avances registrados en los últimos años. El tren sigue siendo uno de los principales ejes de malestar social y político, especialmente en campaña electoral, y un terreno donde la comparación con otras comunidades resulta inevitable. A ello se suman otras preocupaciones que también llegan tensas al 21-D —paro, vivienda, sanidad, Almaraz— y que marcan el clima de una cita autonómica en la que la movilidad vuelve a ocupar el centro del debate.

Más allá del imaginario colectivo, los datos confirman un malestar profundo. Extremadura sigue enfrentando problemas estructurales: malas conexiones, horarios inadecuados, averías frecuentes y una puntualidad históricamente baja. Según el Diagnóstico Participativo del Plan Extremeño de Movilidad Sostenible (2025), la intermodalidad recibe una evaluación media de 1,68 sobre 5; el 34% puntúa con un 1 o 2 las conexiones interurbanas; y el 27% otorga un 1 a las frecuencias y horarios. Curiosamente, y pese a la percepción ciudadana, el Ministerio de Transportes sostiene que el 90% de los servicios llegan puntuales. Sin embargo, esa “punta de lanza estadística” no borra la memoria colectiva de décadas de abandono.

Entre las comunidades autónomas, la sensación de aislamiento no es exclusiva de Extremadura, pero aquí ha calado de forma más profunda. El ferrocarril ha moldeado una identidad extremeña muy particular, hecha de frustración, humor y una capacidad casi instintiva para reírse del desastre. La experiencia compartida de quedarse en mitad del campo a 40 grados, de enlazar retrasos de horas o de ver cómo una avería convertía cualquier trayecto en una odisea ha tejido un imaginario propio, a caballo entre la crítica y la resignación irónica. Ese humor —tan típico de la región— ha funcionado como mecanismo de resistencia frente a la sensación persistente de que, quizá, Extremadura vale un poco menos en el orden de prioridades del país. No es un lamento, sino una forma de estar en el mundo: la conciencia de un agravio histórico que se combate con constancia, con reivindicación cívica y también con carcajadas, porque aquí el tren no es solo un medio de transporte, sino parte de un relato colectivo que explica cómo los extremeños han aprendido a sobrellevar el abandono sin perder la dignidad.

Es, sin embargo, Cataluña quien lidera el mapa de incidencias con 693 fallos en Rodalies que afectaron a 2,4 millones de personas; en Andalucía, las averías crónicas en Almería provocan retrasos de hasta siete horas; Asturias sufre la extrema lentitud del eje Oviedo-León; y Castilla-La Mancha y Castilla y León completan un paisaje ferroviario complejo. Aun así, la idea de que “aquí es peor que en ningún sitio” se ha convertido en un relato transversal, y con un potencial movilizador claro entre jóvenes y votantes urbanos, para quienes el ferrocarril aparece como uno de los principales problemas de la región (15,1%, según el CIS).

Un punto de partida desolador

Cuando el PSOE llegó al Gobierno de España en 2018, la fotografía del tren extremeño era más que borrosa. La mayoría de las obras de la futura alta velocidad estaban paralizadas o al ralentí; tramos de la red convencional seguían sostenidos sobre traviesas de madera —algo ya residual en el país—; la puntualidad caía por debajo del 60% y las incidencias eran diarias. Además, el corredor hacia Madrid estaba bloqueado por un motivo insólito: la declaración de impacto ambiental en Castilla-La Mancha había caducado durante la etapa de Rajoy sin que el Ejecutivo la renovara, dejando en coma las inversiones clave. Tampoco existía un proyecto actualizado de estación de alta velocidad para Plasencia ni planificación para electrificar la línea Navalmoral-Madrid, imprescindible para reducir los tiempos de viaje. La reapertura de la Ruta de la Plata —vieja reivindicación económica, demográfica y logística— seguía sin un solo trámite iniciado.

Ese escenario explica por qué buena parte de la ciudadanía considera el tren un símbolo de desigualdad territorial más que un servicio público. Durante más de dos décadas, las promesas se encadenaron sin resultados: José María Aznar anunció en 2002 un AVE Madrid-Cáceres-Badajoz “que veríamos funcionar”; Zapatero situó el horizonte en torno a 2010; Rodríguez Ibarra y De la Vega reiteraron fechas similares; Mariano Rajoy rebajó expectativas con el concepto de “altas prestaciones”, sin cumplir tampoco los plazos; e incluso Pedro Sánchez aseguró que el AVE sería una realidad en verano de 2022, una fecha que volvió a incumplirse.

Ni siquiera faltaron episodios surrealistas en la anterior precampaña extremeña. En julio de 2022, la entonces candidata del PP, María Guardiola, criticó en redes que el nuevo tren carecía de enchufes y tenía un wifi “inaceptable”, hasta que horas después descubrió —y reconoció públicamente— que el enchufe estaba escondido bajo su propio asiento. El vídeo disculpándose se viralizó y fue utilizado por adversarios políticos para cuestionar su nula familiaridad con el servicio, aunque ella mantuvo su crítica a la conectividad regional.

El mayor impulso inversor de la historia reciente

El contraste con la última etapa es evidente. Entre 2018 y 2024, con el gobierno socialista, Extremadura ha recibido 1.780 millones de euros en inversión en infraestructuras, de los cuales más de 1.420 millones han ido al ferrocarril. En 2017 se destinaron 143 millones, frente a los 311 millones de 2024. En licitaciones, el salto es aún más notable: cerca de 2.000 millones licitados en seis años, con una media de 300 millones anuales frente a los 21 millones de 2017. Aunque la ejecución y la licitación nunca coincidan al milímetro, la diferencia de escala es abismal.

Este impulso permitió renovar por completo las líneas convencionales Zafra-Huelva, Mérida-Puertollano y Mérida-Sevilla; eliminar todas las traviesas de madera; y mejorar de forma sustancial los servicios. Hoy circulan tres trenes Alvia entre Madrid y Extremadura —uno de ellos con parada en Plasencia— y, por primera vez, existe una conexión directa entre Cáceres y Badajoz que ha rebajado sus tiempos hasta los 46 minutos entre las dos principales ciudades de la región que tampoco están comunicadas por autovía.

Entre los hitos más relevantes figuran la puesta en servicio del primer tramo de alta velocidad Plasencia-Badajoz en 2022; la electrificación del eje Badajoz-Cáceres en 2023 y su ampliación a Plasencia; y la entrada en funcionamiento, en 2025, del bypass de Mérida, cuya obra quedó bloqueada durante el Gobierno del PP y tuvo que ser rescindida y relanzada. También se avanza en las obras de la plataforma Plasencia-Navalmoral y la electrificación del corredor convencional Navalmoral-Madrid. Y, por primera vez desde que se cerró el trayecto ferroviario de la Ruta de la Plata en 1984, la línea ha dado su primer paso administrativo real para estudiar su posible reapertura.

Aún así, Extremadura sigue sin un corredor de alta velocidad plenamente operativo, con frecuencias inferiores a las de otras regiones y tiempos de viaje que aún reflejan los cuellos de botella fuera del territorio. La estructura mejora, es obvio, pero no al ritmo que la ciudadanía exige tras décadas de abandono.

Los frenos externos: Toledo y Lisboa

Dos factores ajenos a la región continúan ralentizando el cierre de la brecha ferroviaria extremeña. En Castilla-La Mancha, la discusión sobre el trazado del AVE a su paso por Toledo ha generado fricciones continuas entre el presidente Emiliano García-Page y el Ministerio de Transportes. La declaración de impacto ambiental, caducada durante el mandato de Rajoy, ya ha sido renovada, pero la falta de consenso político ha alargado plazos clave para conectar Madrid y Extremadura por alta velocidad.

El otro gran obstáculo está en Portugal. Los retrasos acumulados en el lado luso —especialmente en el tramo transfronterizo Badajoz-Caia— empujan la conexión Madrid-Lisboa hasta 2034, lejos del objetivo europeo de 2030. Lisboa no prevé licitar grandes obras hasta 2026 ni arrancarlas antes de 2028-2029 por problemas técnicos y financieros. Este bloqueo internacional alimenta la idea de que Extremadura “siempre paga los retrasos de otros”, pese a que los avances internos sean innegables.

Justicia ferroviaria

En la recta final hacia el 21-D, María Guardiola ha reforzado su presión sobre el Gobierno central. Exige que el AVE Madrid-Badajoz funcione en 2030, con un viaje de dos horas por una plataforma exclusiva, y rechaza rotundamente el horizonte 2034 que manejan documentos europeos. Su consejero de Infraestructuras, Manuel Martín Castizo, ha denunciado lo que llama la “retórica imparable” del ministro Óscar Puente y reclama licitaciones inmediatas, maquinaria sobre el terreno y resultados visibles. La presidenta insiste en que Extremadura no pide privilegios, sino “dignidad ferroviaria”, y que los informes europeos no pueden convertirse en “papel mojado”.

Guardiola enmarca esta ofensiva en la reunión mantenida con Pedro Sánchez en octubre de 2025, donde volvió a exigir acelerar los tramos no afectados por los bloqueos de Toledo o Talavera, incorporar nuevo material rodante y garantizar que la Ruta de la Plata entre en la red básica ampliada europea, lo que permitiría atraer fondos clave a partir de 2040. Ni una crítica a los sucesivos gobiernos de su partido que han pasado por Madrid y que han llevado a la región que ahora preside a su situación ferroviaria actual.

Esta semana las propuestas vuelven a bifurcarse entre quienes apuestan por reenfocar el mapa de infraestructuras. Pero, más allá del choque de modelos, lo que subyace es el consenso social de que la región necesita conexiones más eficientes si quiere garantizar igualdad de oportunidades y frenar la pérdida de población.

La candidata a la Presidencia de la Junta por Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, asegura que la región está todavía “en el siglo XX” en materia de transportes y por ello apuesta por impulsar un modelo de cercanías intermodal que permita conectar y vertebrar la región.

En este sentido, Unidas por Extremadura plantea no solo apostar por la conexión con Madrid, sino desarrollar un modelo que permita que los autobuses y trenes estén conectados “para que nos permita ir desde Valverde a Navalmoral y de Navalmoral a Madrid, y que lo hagamos comprando nuestro billete desde la propia página de Renfe, como hacen otras comunidades autónomas”. Irene de Miguel, además, se ha mostrado dispuesta a exigir al gobierno estatal la financiación suficiente para poder desarrollar la red de Cercanías en Extremadura, “y que permite el Estatuto de Autonomía”. “Reclamamos que se haga aquí lo que ahora mismo se está planteando en Galicia, que es esa red de cercanías para poder vertebrar el territorio”, ha insistido.

En este punto, la pugna política deja en evidencia algo que la ciudadanía expresa desde hace años: las decisiones en materia de transporte condicionan el acceso al empleo, la cohesión entre territorios y la calidad de vida en los pueblos. Cercanías, carreteras interprovinciales, intermodalidad, bono único… Cada formación defiende su receta, pero todas giran en torno a la misma demanda: una Extremadura “conectada”, que no obligue a desplazarse horas para gestiones básicas ni limite el desarrollo por falta de infraestructuras.

Con el 21-D en el horizonte, el debate sobre trenes y carreteras vuelve a ocupar el centro del tablero. Lo que ocurra tras las urnas marcará si la región opta por un impulso decidido a las Cercanías, por una reorganización del mapa viario o por la continuidad del modelo actual. La campaña no ha hecho más que empezar, pero el mensaje es claro: el futuro de Extremadura también se juega en la forma en la que se mueve.

Una brecha que se cose, pero no termina de cerrar

Pese al avance inédito en inversión, planificación y obras, Extremadura sigue reclamando un trato equivalente al de otras comunidades. El mapa ferroviario continúa incompleto y los contratiempos externos mantienen a la región lejos de la plena conectividad. El tren vuelve a ser el eje simbólico de un debate territorial que define las elecciones del 21-D: ¿viaja España a dos velocidades?

La batalla política en torno al ferrocarril es larga y está llena de fechas que nunca llegaron. Desde la promesa de Aznar en 2002 hasta el compromiso reciente de Pedro Sánchez, pasando por los anuncios de Zapatero, los planteamientos de Rajoy y las disputas locales entre Monago, Fernández Vara, Guardiola o Miguel Ángel Gallardo, el AVE extremeño se ha convertido en una especie de hilo rojo que atraviesa gobiernos sin llegar a materializarse del todo. En campaña, vuelve a ocupar el centro político pero locales y visitantes lo sufren todos los días.

Extremadura avanza, pero sigue esperando el tren que durante décadas ha escuchado que venía ya.

La atención política y mediática está puesta en Extremadura, algo muy poco habitual. Las urnas extremeñas abrirán el 21 de diciembre la veda de una sucesión de comicios autonómicos, y ya se verá si generales, pero este adelanto electoral es una moneda lanzada al aire por el PP para intentar huir de Vox porque la relación entre ellos siempre ha hecho aguas en esta comunidad.

María Guardiola ha lanzado un órdago y solo tiene una opción para ganarlo: conseguir mayoría absoluta para no volver a depender de la extrema derecha. Pero ninguno de los sondeos conocidos hasta ahora dibuja esa opción. Sin embargo, sí coinciden en un crecimiento robusto de Vox, con un PSOE a la baja, muy lejos de cualquier opción de recuperar al poder en esa comunidad, a pesar del incremento de apoyos que algunas encuestas pronostican para la confluencia Unidas por Extremadura (Podemos, IU y Alianza Verde).

Por lo tanto, la estrategia del PP podría fracasar ante el riesgo de que el tablero político no se mueva y la situación de bloqueo de la que huye Guardiola sea permanente, puesto que, aunque ganara las elecciones el 21-D, Vox venderá ahora caro su apoyo o incluso su abstención ante una previsible investidura. Ya lo advirtió el presidente de Vox, Santiago Abascal, durante la precampaña: “Pasa por el aro [Guardiola] o elecciones”.

Un apoyo que Vox venderá caro en Extremadura

Precisamente, el argumento de la parálisis política que utiliza la presidenta extremeña para defender el adelanto electoral tiene que ver con la incapacidad de su Gobierno, en minoría desde que Vox rompió en 2024 con todos los Ejecutivos autonómicos del PP, para conseguir el apoyo del PSOE o de sus exsocios de extrema derecha y sacar adelante los presupuestos de 2025 y 2026. Guardiola rechazó de plano las propuestas de Vox para negociar su voto a las cuentas regionales. La ultraderecha reclamó la derogación de la ley LGTBI de Extremadura, la eliminación de ayudas a la Igualdad y del registro extremeño de sanitarios objetores al aborto, la supresión de subvenciones a los sindicatos y la “reintegración” de inmigrantes a sus países de origen, entre otras.

Muchas de las condiciones rechazadas por el PP en Extremadura son las que ha aceptado en la Comunitat Valenciana. Por eso, Abascal ha preguntado esta semana por qué el PP “acepta un acuerdo político” en las Corts Valencianas y “niega ese mismo acuerdo político en Extremadura y nos lleva a todos a unas elecciones”. El caso es que la falta de entendimiento entre la derecha y la ultraderecha extremeñas ha sido la característica principal de su relación y ninguno de los dos partidos lo ha disimulado. Por ejemplo, tras las elecciones de 2023, Carlos Mazón tardó solo 16 días en firmar el acuerdo del Gobierno de coalición con Vox , pero María Guardiola en Extremadura tardó el doble tras unas negociaciones que incluso incluyeron una ruptura inicial por su negativa a dejar entrar en su Ejecutivo a Vox.

Ahora, la candidata del PP intenta repetir la victoria que consiguió Juan Manuel Moreno Bonilla en 2022, cuando adelantó las elecciones y logró mayoría absoluta. Para ello, Guardiola confía, además, en haber cogido en horas bajas al PSOE, con su candidato, Miguel Ángel Gallardo, imputado por prevaricación y tráfico de influencias y a la espera de juicio por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. Esa mochila es el mayor inconveniente de los socialistas para lanzarse a recuperar la Junta de Extremadura, a pesar de que fue el partido más votado en las autonómicas de 2023, aunque empató con 28 diputados con el PP.

Elecciones en diciembre, juicio en mayo

El juicio se celebrará a finales de mayo en la Audiencia Provincial de Badajoz. La acusación, de la que forma parte el PP, pide penas de prisión e inhabilitación. Gallardo se enfrenta a las urnas entre sospechas por la investigación judicial, iniciada a raíz de una denuncia de Manos Limpias con recortes de prensa, y por su entrada como diputado en la Asamblea el pasado verano y su polémico aforamiento, después de que dimitieran varios compañeros que fueron en la lista del PSOE de 2023 delante que él.

Esta situación podría favorecer a Unidas por Extremadura al hacerse con apoyos provenientes de votantes socialistas. Según el CIS, la coalición de izquierdas podría pasar de los cuatro diputados actuales a tener seis o siete en la nueva legislatura. Pasaría del 6% de los votos que obtuvo en 2023 al 9,6% que el estudio preelectoral pronostica.

Unidas por Extremadura llega con un liderazgo consolidado, el de Irene de Miguel, cabeza de cartel en 2019, 2023 y ahora en 2025. La marca se ha distinguido por la estabilidad y continuidad si se compara con las tensiones que Podemos e IU han tenido en otros territorios e incluso en el panorama nacional. La unión de Podemos, IU, Extremeños y Equo logró sobrevivir a la mayoría absoluta del PSOE extremeño en 2019 y hace dos años la coalición (desde entonces Podemos IU y Alianza Verde) conservó los cuatro diputados, a pesar de una ligera bajada de votos. No obstante, las últimas elecciones demostraron que su suelo electoral es bastante rocoso al retener su representación parlamentaria en un contexto político de auge de PP y Vox, caída del PSOE y la desaparición de Ciudadanos.

Extremadura se gastará siete millones de euros en las elecciones anticipadas del 21 de diciembre. Son 4,2 millones más (60%) que en 2023 porque, en esta ocasión, ese gasto lo asume en solitario. Hace dos años, al coincidir con las elecciones municipales, el coste se compartió con el Estado, pero es la primera vez que no se celebran los comicios autonómicos y locales el mismo día.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha informado este jueves de este proceso electoral, en el que están llamados a las urnas 890.967 personas, 3.817 más que en la cita de 2023, acompañada de la secretaria general de Hacienda y Administración Pública, Inmaculada Núñez.

El adelanto electoral ordenado por la presidenta extremeña, María Guardiola, obliga a la Junta a asumir varias responsabilidades en cuanto al gasto en papeletas, sobres, documentación para el voto por correo, modelos de actas, manual y otra serie de costes. Además, todos los contratos relativos a estos gastos han sido tramitados por el procedimiento de emergencia. Entre estos contratos destaca, por ser el de mayor cuantía, el destinado a cubrir los servicios necesarios para la recogida, procesamiento, difusión y publicación de los resultados de las elecciones, que asciende a 3,7 millones de euros. Además, se destinarán 1,8 millones de euros para el pago a los trabajadores que presten sus servicios durante la jornada electoral.

La consejera ha destacado que la Junta tiene que seleccionar, nombrar, formar y retribuir a todos los representantes de la administración en las mesas electorales, debido a que en esta ocasión no se cuenta con la ayuda económica del Estado. Las arcas autonómicas también asumen el gasto de más de 500.000 euros para contrato del material electoral, la adecuación del centro electoral que será, como viene siendo habitual, la Escuela de Administración Pública, y para el traslado de electores, además de un millón de euros para los gastos de las formaciones políticas que concurren al proceso cuya distribución está regulada por Ley de Elecciones a la Asamblea de Extremadura.

Más electores que en 2023

Un total de 890.967 extremeños podrán ejercer su derecho al voto, 551.368 en la provincia de Badajoz, que elegirán a 36 diputados, y 339.599 en la de Cáceres. que elegirán a 29 diputados de la Asamblea. El número total de electores está formado por el censo de electores residentes y el de electores residentes ausentes (el denominado voto CERA). El primero consta de 860.359 votantes mientras que el de los extremeños que viven en el extranjero se cifra en 30.608 electores.

La consejera ha destacado que el número total de votantes, 890.967, ha aumentado respecto al proceso de 2023 en el que fue de 887.150 electores. También se ha producido un leve aumento en el voto CERA, que ha pasado de 28.808 a 30.608 votantes. Además, el número de electores nuevos por haber cumplido los 18 años desde los últimos comicios de 2023 hasta ahora es de 26.695, según ha explicado la consejera.

Portal web y atención telefónica

La consejera ha explicado que para consultar toda la información relativa al proceso electoral se ha puesto en marcha un portal web al que ya se puede acceder desde hace unas semanas, denominado elecciones2025.juntaex.es, y en el que se ha volcado toda la normativa relacionada con la jornada del 21 de diciembre. “Aquí todos los extremeños podrán resolver dudas acerca del proceso electoral o informarse de cómo y dónde se puede ejercer el derecho a voto, incluyendo el voto accesible, contribuyendo a facilitar de una forma sencilla y gratuita toda la información relativa a este proceso”.

Manzano ha señalado que el portal web está estructurado de una forma accesible y en el mismo se encuentran disponibles varias pestañas entre ellas la de “Normativa”, que se actualiza a diario y que incluye toda la legislación electoral y las instrucciones de la Junta Electoral Central. También se puede consultar información relacionada con el censo y la constitución de las mesas electorales, así como un calendario que se inicia con el decreto de convocatoria e informa sobre los plazos de voto por correo, residentes en el extranjero o cómo acceder al voto accesible mediante el uso del braille.

Por otro lado, se ha habilitado la dirección de correo electrónico elecciones2025@juntaex.es a través de la cual se puede recabar mayor información o plantear cualquier problema o duda que tenga el electorado. También se ha puesto a disposición de los ciudadanos una línea gratuita de atención telefónica mediante el número 900 21 12 25, que está relacionado con la fecha de celebración de la jornada electoral, facilitando de esta manera su identificación intuitiva, línea que permanecerá activa de lunes a viernes en horario de 8:30 a 14:30 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

Asimismo, los extremeños también contarán con un número de teléfono para realizar sus consultas a través de whatsapp, que es el 669 12 21 25.

La política española empieza a recordar peligrosamente a una de esas tópicas conversaciones telefónicas de enamorados pasmados, donde uno le pide al otro repetidamente que cuelgue, pues ninguno quiere ser el primero en asumir el coste de colgar. Antes cursis que mostrar debilidad; el que cuelga, pierde.

- No, cuelga tú, amor. 

- Ay, no seas tonto, cuelga tú. 

- Cuelga tú, anda, que mañana madrugo.  

- Por eso, mi vida, cuelga tú.

Pongan “convocar elecciones” en vez de “colgar el teléfono” y les habrá salido un remedo bastante apañado de la conversación política española que tenemos el dudoso placer de seguir a diario.

- Convoque, señor Sánchez. 

- Presente una moción de censura, señor Feijóo. 

- Señores socios del señor Sánchez, oblíguenle a convocar, que con este no hay manera. 

- Convoquen en Valencia primero. 

Naturalmente, el gran beneficiado de semejante relato político monótono, donde primero se habla de elecciones, luego de elecciones y finalmente de elecciones, será siempre el único que, en este caso concreto, puede colgar y convocar realmente: el presidente Sánchez. Nos queda a todos claro que todo el mundo quiere ganar en las urnas. No queda tan claro para qué quieren vencer unos cuantos; seguramente porque ni ellos mismos lo saben muy bien. Mientras los demás se entretienen jugando con la bolita de los comicios, Sánchez va gobernando. 

Ahí tiene al pobre Núñez Feijóo. De plantearse un superdomingo electoral ha pasado, de golpe, a tener que jugar a la ruleta rusa. Quería acelerar el ciclo electoral para golear y ahora está como en el 2023. En manos de Vox y rezando para que no le cuelguen el aparato en Valencia. 

Por supuesto, ninguno de nuestros enamorados alcanza el nivel acreditado por Junts en este arte de exigirle a los demás que hagan algo mágico que resuelva todos sus problemas. Puigdemont quiere que se convoque y no se convoque a la vez. Dan por terminada la legislatura, pero que la remate otro; que ellos solo están para expedir el certificado de defunción. El tiempo y el espacio se vuelven aún más relativos en el caso de un partido que estaba y no estaba a la vez en la mayoría que sostenía al ejecutivo. Ahora ya no están, pero siguen hablando como si siempre hubieran estado. 

Junts parece presentar otro cuadro palmario de la afección que coloniza la política española: la temible “pedrosanchitis”. Como ya hemos comprobado en otros tantos casos anteriores, también les guía el convencimiento de que todos sus males son culpa de Pedro Sánchez. El catalán en Europa, el bloqueo judicial a la amnistía, que el amado líder siga en Waterloo, incluso el ascenso imparable del ultraindependentismo cabreado de Aliança Catalana; todo se debe al pérfido Sánchez y solo él posee los poderes milagrosos para arreglarlo. 

Lo más divertido de semejante panorama reside en contemplar a todos aquellos portavoces políticos y mediáticos que llevan ocho años imputando por traición a quienes hablaban con el independentismo catalán, correr ahora a saludar ese diálogo, incluso a exigirlo, como el acto definitivo del buen patriotismo; que, como todo el mundo sabe, empieza siempre por uno mismo.

Los partidos regionalistas comienzan a calibrar sus fuerzas y armar sus candidaturas tras el adelanto electoral decidido por Maía Guardiola. Alguno de estas formaciones ya han decidido quiénes serán su candidatos para la Presdencia de la Junta de Extremadura para el 21 de diciembre.

Es el caso de la coalición que han formado Una Extremadura Digna (UED) y Soberanía y Trabajo (SyT), que han designado a Juan Viera como candidato tras una votación online de carácter interno.

En concreto, el número uno por Badajoz será Juan Viera, mientras que la lista por Cáceres será encabezada por Óscar Pérez. En una segunda vuelta de la votación conjunta, el candidato Juan Viera fue elegido como aspirante a la Presidencia de la Junta de Extremadura.

Además, la coalición ha informado de que en los próximos días se darán a conocer el resto de las listas por ambas provincias.

Dos ex de Ciudadanos

Por su parte, el presidente de Juntos por Extremadura, Raúl González, será el candidato de esta formación a unos comicios en los que quieren ser “la llave que devuelva el poder a los extremeños”

González estará acompañado por Fernando Baselga y José María Casares, antiguos dirigentes de Ciudadanos Extremadura, con cuya incorporación al comité ejecutivo “se refuerza la estructura del partido con experiencia parlamentaria y una visión centrada en la profesionalización de la política regional”.

El partido ha recordado que, con 15.500 votos en las últimas autonómicas, se quedó a las puertas de entrar en la Asamblea, por lo que ahora el objetivo es “ser la llave que permita situar los intereses de los extremeños en el centro de la política regional”. 

Feijóo ha empujado para que Extremadura tenga elecciones anticipadas el 21 de diciembre, y está empujando para que la Comunitata Valenciana no las tenga aunque dimita Carlos Mazón. Hoy hablamos de cómo la política ha comenzado a usar este recurso del adelanto como una herramienta más para la táctica política. Desde 2020, en España hemos tenido 9 adelantos electorales, y eso sin contar las repeticiones electorales de 2019.

Lo analizamos con el analista político y profesor en la Universidad Carlos III, Pablo Simón, y con el periodista de elDiario.es, José Precedo.

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Cierre de filas en torno a Miguel Ángel Gallardo, que será el candidato del PSOE en las elecciones anticipadas que Extremadura celebrará el 21 de diciembre. El Comité Regional de los socialistas han ratificado por unanimidad al secretario general del partido, que está a la espera de que se celebre el juicio por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.

El secretario de Organización, Manuel Mejías, ha anunciado los acuerdos de la reunión, que se celebró a última hora de la tarde del miércoles y advirtió de que la convocatoria de elecciones anticipadas “pasará factura económica” y generará “consecuencias negativas”, todo ello por “el fracaso” de la presidenta extremeña, María Guardiola, de gestión y diálogo.

“La responsable tiene nombre y apellidos: María Guardiola. Desde el inicio de su falsa negociación presupuestaria lo venimos advirtiendo: la culpable de este caos es ella. Guardiola ha fracasado, ha preferido huir antes que gobernar. Ha decidido dimitir de Extremadura”, ha afirmado.

Mejías también ha criticado las referencias del PP a Gallardo por estar investigado en la causa abierta por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por parte de la Diputación de Badajoz. “Esto refleja que estamos ante un PP sin rumbo ni argumentos”. En este sentido, ha criticado la doble vara de medir del PP en cuestiones judiciales. “En democracia prevalece la presunción de inocencia, salvo que seas del PP. No pueden pedir respeto a la justicia para los suyos y al mismo tiempo intentar linchar públicamente a un adversario político”.

El dirigente del PSOE extremeño se ha mostrado convencido de una victoria socialista el 21 de diciembre, “como ya hicimos en las elecciones autonómicas de 2023”, en la que Guardiola pactó con Vox para acceder a la Presidencia de la Junta.

Correos ha informado de que ya es posible solicitar el voto por correo para las elecciones autonómicas a la Asamblea de Extremadura, que se celebrarán el domingo 21 de diciembre, una solicitud que puede realizarse hasta el día 11 de diciembre de forma telemática en su web o presencialmente en cualquier oficina postal.

De este modo, los electores que decidan votar por correo pueden solicitar hasta el día 11 de diciembre el Certificado de su inscripción en el Censo Electoral de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Puede hacerse a través de la web www.correos.es, para lo que el interesado debe acreditar su identidad mediante autenticación y firma electrónica. La obtención de este certificado es requisito imprescindible para poder emitir el voto por correspondencia.

Se aceptan como sistemas de identificación válidos los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria en su lista de prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza y el DNI electrónico (DNI-e).

También puede solicitarse en todas las oficinas de Correos de España, lo que debe ser personalmente por cada elector, salvo en caso de enfermedad o discapacidad –acreditada mediante certificación médica oficial- que le impida la formulación personal de dicha petición. En este caso, puede ser presentada en nombre del elector por otra persona autorizada notarialmente o consularmente.

En el momento de formular la solicitud, los interesados deben acreditar su identidad mediante la presentación ante el empleado de la oficina postal el DNI, pasaporte o carnet de conducir originales.

Con el objetivo de agilizar los trámites y evitar esperas, la compañía ofrece la opción de cita previa para la solicitud del voto en oficinas, a través de la app, la web de Correos o la Oficina Virtual. Para ello el elector tan sólo debe seleccionar la oficina disponible que tenga cita previa y, por último, elegir el día y la hora que más le convengan.

Correos entregará las solicitudes recibidas en las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral en Extremadura, quienes enviarán a los solicitantes, a partir del 1 de diciembre de 2025, la documentación necesaria para que puedan ejercer el voto por correo.

Se recuerda a las personas que soliciten el voto por correo que esa documentación la recibirán en la dirección que indiquen en la solicitud, que no tiene por qué coincidir con su domicilio habitual.

El plazo de depósito del voto por correo finalizará el 17 de diciembre de 2025. 

El partido Movimiento Sumar, al que pertenece Yolanda Díaz, se inclina en estos momentos por no tratar de integrarse en la lista electoral de Unidas por Extremadura junto a Podemos e IU y dar solo apoyo externo, con la posibilidad de que los representantes de Sumar en el Gobierno participen en campaña.

El adelanto electoral en Extremadura, con la convocatoria de elecciones autonómicas el próximo 21 de diciembre, ha pillado a Movimiento Sumar todavía sin una estructura territorial en esta comunidad autónoma. Ante esta situación, y dada la falta de tiempo para tener un debate profundo, fuentes de Movimiento Sumar se inclinan ahora mismo por no tratar de integrarse en la lista de Unidas por Extremadura y limitarse a dar apoyo externo a esta coalición electoral, de la que forman parte Podemos e IU.

Entre este apoyo externo las mismas fuentes contemplan la posibilidad de que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y otros ministros del espacio Sumar participen en la campaña electoral, algo que no creen que puede incomodar a la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, de Podemos. Por el momento no hay nada decidido y las conversaciones entre los partidos situados a la izquierda del PSOE son muy incipientes.

Sumar critica la contradicción de Podemos

Desde Movimiento Sumar no están preocupados por si finalmente no figuran en la lista de Unidas por Extremadura, aunque fuera en un puesto simbólico, ya que subrayan que lo importante es que van a estar en las elecciones de Andalucía y Castilla y León. Estas fuentes señalan que el caso de Extremadura es distinto, ya que allí ya hay una coalición establecida que, en su opinión, “trasciende a las marcas” de Podemos y de IU, y de la que no forma parte actualmente Movimiento Sumar.

Y consideran que el problema lo tiene Podemos, ya que la dirección estatal de los morados rechazó volver a ir en una coalición electoral con partidos que forman parte del Gobierno de Pedro Sánchez, como IU, pero en Extremadura abogan por reeditar la coalición porque “no tiene otra opción”.

“Saben que se les desmonta el territorio si no dan el OK”, comentan estas fuentes, que ponen el foco en la “contradicción” de Podemos y el “precedente” que esta decisión puede traer para otras citas electorales, como las andaluzas, donde la dirección estatal de los morados se inclina por ir en solitario.

El PSOE niega que la imagen de Gallardo esté deteriorada

Por su parte, sobre el candidato socialista a las elecciones extremeñas, Miguel Ángel Gallardo, fuentes de Ferraz niegan que su imagen esté deteriorada por el proceso judicial en el que está investigado por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en el conservatorio de Badajoz y asegura que es el PP el que tiene una imagen más perjudicada.

Las mismas fuentes consideran que el candidato del PSOE está trasladando mucha honestidad sobre todo este proceso en el que se ha visto involucrado, e insisten en que confían en la justicia. 

Extremadura volverá a las urnas el 21 de diciembre en el primer adelanto electoral que afronta la comunidad. Se pone fin a la legislatura más corta de su historia autonómica, 27 meses, marcada por el enfrentamiento constante entre PP y Vox, que ha llevado a la convocatoria de elecciones anticipadas, y un PSOE en horas bajas por la situación judicial de su líder, Miguel Ángel Gallardo.

La intención de la presidenta extremeña, María Guardiola, al apretar el botón electoral es repetir lo que consiguió Juan Manuel Moreno Bonilla en 2022: la primera mayoría absoluta para el PP en un feudo socialista después de gobernar en coalición (Moreno Bonilla con Ciudadanos y con apoyos externos de Vox). Sin embargo, a tenor de las encuestas publicadas y las que manejan los principales partidos, la situación en Extremadura podría volver a repetirse con un PP en minoría que seguiría dependiendo de la extrema derecha para gobernar, aunque esta vez sí ganaría las elecciones.

Y eso es un problema para Guardiola. “No puedo dejar entrar en el Gobierno a quienes niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes deshumanizan a los inmigrantes, a quienes tiran a una papelera la bandera LGTBI”. Esas palabras de la entonces candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura en 2023 para rechazar de forma tajante un Gobierno de coalición con Vox ya hicieron presagiar que la relación entre las derechas no sería posible, aunque pocos días después traicionó a su palabra y firmó un pacto que abrió la puerta del Ejecutivo extremeño a la extrema derecha.

El año que cohabitaron en la Junta permitió a Guardiola aprobar sus primeros presupuestos, aunque en muchas ocasiones renegó de la coalición de forma pública: La relación con Vox es “escasa o ninguna porque estoy centrada en gestionar”, dijo en una entrevista a un medio local. O al ser cuestionada por la salud del Gobierno entre PP y Vox aclaró que el suyo era un “Gobierno de extremeños”. Incluso llegó a vender la primera rebaja fiscal que realizó como el cumplimiento del programa electoral de su partido cuando era una medida recogida en el pacto con la extrema derecha.

Esos desplantes solo le valieron reprimendas de sus socios, pero todo cambió en el verano de 2024 cuando Santiago Abascal dejó en minoría todos los Gobiernos autonómicos de coalición con el PP. Desde entonces los enfrentamientos y las amenazas han sido constantes en el pleno, como llamar “señorita Pepis” a la presidenta y recibir por respuesta de un consejero que los diputados de Vox eran unos “cantamañanas”.

De hecho, fueron incapaces de ponerse de acuerdo para aprobar los presupuestos de 2025, al igual que tampoco fue posible con el PSOE, y se tuvieron que prorrogar las cuentas de 2024. Sin embargo, las derechas se han seguido poniendo de acuerdo en nuevas rebajas fiscales, la derogación de la ley de Memoria Histórica o la aprobación de la primera universidad privada de Extremadura, a pesar de sus informes en contra y las reticencias de la Abogacía General de la Junta.

Un candidato pendiente de juicio

Pero María Guardiola sabe que el PSOE no llega en su mejor momento a la cita electoral en una comunidad tradicionalmente socialista. De hecho, el PSOE, con Guillermo Fernández Vara, ganó las elecciones de 2023, aunque por una diferencia de solo 6.000 votos. Ahora su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, está a la espera de que la Audiencia Provincial de Badajoz ponga fecha al juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, como coordinador de los conservatorios de la Diputación cuando Gallardo presidía la institución provincial.

Gallardo se ha apresurado a confirmar que será el candidato del PSOE en diciembre, a pesar de su situación procesal. Como ha recordado, ganó dos primarias del partido en menos de un año, pero en las filas socialistas son conscientes de que su imputación por prevaricación y tráfico de influencias será uno de los principales temas que utilizarán el resto de partidos de aquí hasta la celebración de las elecciones para restarle apoyo ciudadano.

A eso hay que sumar la controvertida decisión de Miguel Ángel Gallardo de entrar en la Asamblea de Extremadura como diputado y adquirir la condición de aforado pocas horas antes de que la jueza que ha instruido la causa firmara el auto de apertura de juicio oral. La magistrada lo consideró un fraude de ley y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura devolvió la causa al juzgado número 3 de Badajoz al coincidir en muchos de los argumentos con la instructora.

Sin embargo, el PSOE regional apoya la candidatura de Gallardo, que ha sido propuesto por la Ejecutiva sin necesidad de celebrar primarias debido a que el adelanto electoral se entiende como algo excepcional. Ahora el Comité Regional tendrá que ratificar esa decisión este miércoles. Debido a la proximidad de las elecciones, que se celebrarán en menos de dos meses, Moncloa también ha respaldado públicamente a Gallardo, a pesar de que la relación entre ambas partes se deterioró tras la sucesión de Guillermo Fernández Vara y las críticas del nuevo secretario regional al acuerdo de financiación para Catalunya.

Por su parte, Podemos espera reeditar la coalición con IU pese a las reticencias que la formación morada había expresado hasta ahora para volver a aliarse con los partidos que integran el Gobierno de Pedro Sánchez. La líder de Podemos ha apostado por la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, y por repetir la coalición de izquierdas, de la que también forma parte Alianza Verde.

Vox aún no se ha pronunciado sobre quién será su candidato o candidata a la Junta de Extremadura o si repetirá Ángel Pelayo Gordillo, que es senador por designación autonómica y hasta ahora ha sido el presidente del grupo parlamentario en Extremadura.

Extremadura llega al final de la legislatura con este escenario político y algunas encuestas apuntan a que seguirá los próximos cuatro años con un PP que gana apoyos, pero que seguirá necesitando a Vox, que también aumentaría su representación. La izquierda podría ser la más perjudicada con un PSOE a la baja y Unidas por Extremadura que, según algún sondeo, podría desaparecer después de 10 años en la Asamblea regional.

El último CIS en Extremadura es de julio. Según ese sondeo de intención directa de voto, el PP se convertía en la primera fuerza política en Extremadura con el 27,2% de los votos, el PSOE se hacía con el 21,6% y Vox se quedaba en un 8,8% (en las elecciones de 2023 consiguió el 8,1% de los votos).

El PP de Extremadura encara las elecciones anticipadas del 21 de diciembre “desde el desapego al sillón” y con la voluntad de ganar la “confianza mayoritaria de los extremeños” para consolidar el crecimiento económico y social de la comunidad, y darle “estabilidad” para “no depender de nadie” ni estar sometidos a “chantajes”.

En rueda de prensa, el secretario general del PP regional, Abel Bautista, a quien la presidenta extremeña, María Guardiola, ha encomendado de nuevo la dirección de la campaña electoral, ha recalcado que la nueva legislatura tendrá una duración de cuatro años pues así lo avala el Estatuto de Autonomía, además de un informe de la Abogacía de la Junta de Extremadura.

Todo lo demás, ha dicho, forma parte del “ruido normal” en campaña y del “teatro político” de las fuerzas políticas de la oposición que “en los propios pasillos” de la Asamblea, cuando se debatió la reforma del Reglamento en este sentido, han tenido “el reconocimiento de que se trataba de cuatro años”.

El dirigente popular ha insistido en que con el adelanto electoral Guardiola “no ha engañado a nadie” y “ha cumplido su palabra”, pues hace semanas que dijo que “presupuestos para el futuro o que el futuro lo decidieran los extremeños” en las urnas.

“No hay nada por encima de Extremadura, ni un sillón ni un cargo, ni una presidencia”, ha incidido Bautista, para destacar la “valentía” de la convocatoria electoral en tiempos donde sucede lo contrario y una decisión que se toma además con la “conciencia tranquila de haber hecho todo lo posible por acordar y a veces también incluso algo de lo imposible”.

Así, ha reprochado la pinza PSOE-Vox, dos partidos que han guiado “sus votaciones en el mismo sentido” en la Asamblea para intentar “poner palos en la rueda” a la “consolidación del crecimiento económico y social de Extremadura” que se ha logrado durante los dos años de gobierno de María Guardiola. Dos partidos que, ha añadido, han bloqueado con sus enmiendas de totalidad los mayores presupuestos de la historia de la región pese a la voluntad de negociación del Ejecutivo regional.

Frente a la Extremadura que ofrecen estas opciones políticas, “nombrada por líos judiciales”, en alusión al PSOE, y “dictada desde la moqueta de Madrid” sin proyecto regional en referencia a Vox, el PP cree en la “moderación” y en la “centralidad”, en “un espacio de entendimiento”. “No todo es rojo o azul, no todo es blanco o negro. En medio de todo eso, y por encima, está Extremadura. Los del PSOE llaman a María Guardiola facha y los de Vox llaman a María Guardiola roja”, ha expresado el secretario regional del PP, según el cual hay una mayoría social que “no está en eso” ni quiere “esa polarización” y ahí es donde se sitúa la presidenta extremeña.

Cuestionado por la repercusión que puede tener el hecho de que no coincidan las autonómicas con las municipales, ha asegurado que no están en esos cálculos electorales: “estaremos a lo que quieran los ciudadanos y no nos preocupa”, para agregar que con independencia de lo que voten, estos “no se equivocan nunca y, por tanto, son ellos los que conformarán las mayorías o las sumas”.

Bautista ha defendido también que en el adelanto electoral Guardiola ha actuado con “absoluta libertad y autonomía”, advirtió de esta posibilidad ante un bloqueo hace semanas, y convoca unos comicios, con un balance “mucho más que positivo” en términos de derechos sociales y mejora económica.

La “obsesión” de Guardiola, ha reiterado, es dar “estabilidad” a la región y no estar sometidos a “imposiciones” o “cuestiones ideológicas que nada tienen que ver con la política en Extremadura”. 

Miguel Ángel Gallardo será el candidato del PSOE en las elecciones autonómicas que se van a celebrar el 21 de diciembre en Extremadura, después de que la presidenta, María Guardiola, deciciera adelantarlas ante la falta de apoyos a sus presupuestos. El secretario regional del partido ha sido propuesto este martes por la Comisión Ejecutiva y esa propuesta tiene que ser ratificada por el Comité Regional.

Es decir, no habrá primarias en el partido por la precipitación de la convocatoria electoral en Extremadura, según ha explicado Gallardo, que ha precisado que la Ejecutiva regional ha acordado por unanimidad pedir la excepcionalidad para estas elecciones internas que, tal y como le ha trasladado la secretaria de Organización del PSOE nacional, Rebeca Torró, ya se ha aplicado en situaciones similares.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha expresado todo su apoyo al secretario general de los socialistas extremeños y ha recordado que ha ido en dos ocasiones a primarias y los militantes “han hablado con claridad” en este sentido.

Gallardo, investigado en la causa abierta por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz, ha afirmado que concurrirá a las elecciones para gobernar “una legislatura de cuatro años”. Lo hará con “ilusión” convencido de que el adelanto electoral es un “fracaso político del Gobierno de Guardiola”, además de una decisión que no emana de Extremadura sino que responde a directrices del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Por ello, ha indicado que el 21 de diciembre los extremeños acudirán a las urnas para escoger entre “un proyecto tutelado desde Madrid o un proyecto que crea su tierra”, entre quien utilizó las convocatoria electoral como “trampolín político personal” -en alusión a Guardiola- y quien defiende los intereses de la región.

El líder socialista ha acusado además a la presidenta de la Junta de haber utilizado los presupuestos de 2026 -Guardiola ha alegado la imposibilidad de sacarlos adelante como motivo del adelanto electoral- como “coartada para justificar una decisión tomada”. A su juicio, ello denota una “falta de liderazgo”, dado que esta situación se la encontraron también los ex presidentes socialistas Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara, y también el popular José Antonio Monago, y los tres buscaron el acuerdo porque “sabían que la buena solución era el consenso, no las elecciones”.

“A ninguno se le ocurrió poner encima de la mesa un chantaje”, ha aseverado Gallardo, lo que demuestra que la presidenta de la Junta ha preferido “huir antes que gobernar” y convertir a la región “en víctima de su propio cálculo político”.

Frente a ello, ha aseverado que el PSOE afronta las elecciones “con responsabilidad, confianza y firme esperanza de que los extremeños vuelvan a ser dueños de su destino”. Ha aclarado además que la convocatoria no ha pillado a los socialistas “con el pie cambiado”, como a su juicio habrán pensado los populares, por formar parte de un partido “que no se rinde, no se esconde, ni se resigna”.

“No tememos a las urnas”, “salimos a ganar porque somos y seguiremos siendo la voz de Extremadura que trabaja y lucha, que sueña y que además avanza”, ha manifestado el secretario general del PSOE extremeño.

Todo ello, ha añadido, convencido de que en sus dos años y medio de gobierno Guardiola “no ha construido nada” y ha tenido como “único logro”, ha ironizado, la derogación de la Ley de Memoria Histórica, la huelga de docentes por la homologación salarial, haber dejado a siete mil escolares sin transporte al inicio de este curso o un sistema sanitario público “infinitamente más debilitado”. Según sus palabras, “dos años después Extremadura carece de rumbo y está más desilusionada que nunca”. 

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha afirmado este martes que la decisión de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, de convocar elecciones el domingo 21 de diciembre “evidencia” que ha sido “incapaz de liderar una alternativa” para la región.

Millán realizó estas declaraciones en una rueda de prensa, al ser preguntada por la convocatoria electoral anticipada, que Guardiola ha justificado por la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos para el próximo ejercicio.

“Si la presidenta María Guardiola se ha visto abocada a la convocatoria de elecciones, lo único que evidencia y denota es que ha sido incapaz de liderar una alternativa para Extremadura”, ha señalado la portavoz de Vox.

Según Millán, esta situación se ha producido porque la presidenta extremeña ha estado “más preocupada” de “contentar” al Partido Socialista que de ofrecer a los españoles y, en este caso, a los extremeños, una alternativa frente a las políticas socialistas.

El presidente de Aragón, el popular Jorge Azcón, ha seguido apostando por un acuerdo con Vox para los Presupuestos regionales del próximo año en la región, por lo que se ha desmarcado de la decisión que tomó este lunes su compañera de partido, la presidenta extremeña María Guardiola, de adelantar las elecciones, apostillando que los comicios son la “última opción”.

“En Aragón vamos a tomar nuestras propias decisiones”, ha proclamado Azcón en declaraciones a los periodistas antes de participar en el foro 'Aragón tecnológico', organizado por El Confidencial, y al ser preguntado por la decisión de María Guardiola de adelantar las elecciones tras no alcanzar un acuerdo con Vox para los Presupuestos.

Sin embargo, el presidente aragonés ha defendido que mantiene el objetivo de aprobar los Presupuestos en la región, aunque ha dicho que respeta las decisiones que toman el resto de 'barones' del PP sobre un posible adelanto electoral.

En este contexto, Azcón cree que en Aragón todavía “existe la posibilidad” de alcanzar un acuerdo con Vox para aprobar unos Presupuestos que “sigan mejorando la vida de los aragoneses”.

Mensajes para Vox

Eso sí, el dirigente 'popular' ha enviado diferentes mensajes a Vox para no “bloquear” la “oportunidad” que, a su juicio, suponen los Presupuestos del año que viene, aunque ha insistido en seguir trabajando “hasta el último minuto” para conseguir un acuerdo.

A renglón seguido, Azcón ha dicho que ve “incomprensible” que Vox quiera “bloquear” los Presupuestos porque han tenido que expulsar a un asesor que ha hecho “declaraciones racistas”. “Vox tiene que recapacitar”, ha añadido.

“Vox tiene que tener las cosas claras y pensar que en Aragón la responsabilidad que tenemos son con los aragoneses. Dejarse de cálculos partidistas, dejarse de politiqueo y pensar en el interés general”, ha sostenido.

Al ser preguntado por si ha consultado este asunto con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Azcón ha reconocido que habló con él el pasado sábado en un mitin en Zaragoza y le transmitió “respeto” por las decisiones tomadas desde Aragón. En Aragón van a tener la palabra los aragoneses, pero lo haremos de una forma coherente y lo haremos pensando en los intereses generales de Aragón“, ha expresado.

Junts y Sánchez

Sobre la decisión de Junts de romper con el PSOE, Azcón ha expresado su “preocupación” en lo que afecta a Aragón, porque, según ha dicho, esto puede alejar los datos necesarios para que se confeccione el Presupuesto.

Azcón se refiere a los objetivos de estabilidad que tiene que trasladar el Gobierno central a las comunidades autónomas, recordando que se tiene que convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera para ello.

“Creo que la decisión que el prófugo toma en Perpiñán con su cúpula va a retrasar todo ese proceso. Y creo que eso también va a hacer que en Aragón tengamos que tomar nuevas decisiones, porque el Presupuesto en Aragón no puede esperar”, ha sentenciado.

María Guardiola ha cumplido su amenaza. La presidenta de Extremadura ha convocado elecciones autonómicas anticipadas tras comprobar que su Gobierno, que está en minoría, no cuenta con los apoyos necesarios para sacar adelante los presupuestos de 2026 y tendría que volver a prorrogar los de 2024. La cita de los extremeños con las urnas será el 21 de diciembre y se convierte en la primera comunidad del PP que anticipa los comicios en esta legislatura después de la salida de Vox de los gobiernos de coalición en el verano de 2024.

El Gobierno extremeño había intentado presionar este lunes al PSOE y a Vox para que retiraran sus enmiendas a la totalidad sin siquiera llegar a debatirse en la Asamblea, algo que los socialistas consideraban un chantaje. Para el PP, mantener esas enmiendas suponía “cerrar la puerta al diálogo”, a pesar de que los presupuestos podían continuar su tramitación parlamentaria si decaían, algo que era bastante probable.

Sin embargo, Guardiola ha preferido no agotar todas las vías y apretar el botón electoral para “no hacer perder el tiempo a los extremeños”. De hecho, hace un mes avisó a los grupos parlamentarios de su intención de convocar a los ciudadanos a las urnas si no había un acuerdo para los presupuestos. Este acuerdo se veía imposible después de que el jueves el PSOE y Vox presentaran sendas enmiendas a la totalidad, que la presidenta entendió como un “bloqueo” al Gobierno en un momento en el que los indicadores económicos son favorables y “converge”, según ha subrayado.

Por eso Guardiola ha rechazado la posibilidad de tener que volver a prorrogar unos presupuestos como pasó el año pasado. Los socialistas también presentaron sin éxito una enmienda a la totalidad, sin embargo, eso no cerró la puerta entonces a una negociación posterior para abstenerse en la votación a cambio de incluir una serie de enmiendas parciales. El acuerdo fracasó en el último momento por la desconfianza del PP, que exigió al PSOE que retirase las enmiendas que no habían sido aceptadas por si Vox las apoyaba. De hecho, el consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha dicho este lunes que no existe una “relación de confianza ni honestidad”, con el PSOE y tampoco se prevé “una situación distinta a la del año pasado”, que acabó con la prórroga de los presupuestos de 2024.

La relación con Vox está tan fría como siempre. De hecho, la presidenta extremeña calificó las propuestas de la extrema derecha para negociar las cuentas autonómicas como “irrealizables” y “una vuelta al pasado”, que ponen en peligro derechos consolidados. Sin embargo, a pesar de su soledad parlamentaria, también puso líneas rojas al PSOE: no iba a dar un paso atrás en su política fiscal, que ha supuesto que, por ejemplo, Extremadura sea la única comunidad donde no existe el impuesto de Patrimonio.

PSOE y PP, empatados en 2023

María Guardiola ha asegurado que ha tendido la mano “en todo momento” para evitar las elecciones, pero ha recibido “desprecio” y “bloqueo en lugar de seguir avanzando”. Por eso, el Diario Oficial de Extremadura publicará este martes el decreto de convocatoria de elecciones y la Asamblea de Extremadura quedará disuelta. Las elecciones autonómicas se celebrarán el 21 de diciembre y la campaña tendrá lugar entre el 5 y el 19 de ese mes.

Tras las elecciones de 2023, PSOE y PP empataron con 28 diputados cada uno, aunque los primeros ganaron los comicios con una diferencia de 6.000 votos. Vox entró en la Asamblea por primera vez con cinco diputados y Unidas por Extremadura consiguió cuatro escaños.

Guardiola consiguió la Presidencia de la Junta tras un pacto con la extrema derecha del que al principio renegó. De hecho, aseguró que no dejaría entrar en su Gobierno “a quienes niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes deshumanizan a los inmigrantes, a quienes tiran a una papelera la bandera LGTBI”. Poco después formó un Ejecutivo de coalición en el que cedió a Vox una consejería. Un año después, el partido de Santiago Abascal decidió salir de todos los gobiernos con el PP y dejarlo en minoría.

Una decisión consultada con Feijóo

Guardiola ha estado este lunes por la mañana en Madrid para recibir un premio de la patronal de los autónomos ATA. Allí ha coincidido con su jefe, Alberto Núñez Feijóo, que conocía la decisión de la presidenta extremeña, “la apoya y la comparte”, ha dicho el PP en un comunicado. Además, ha utilizado el anuncio del adelanto electoral en Extremadura atacar a Pedro Sánchez y su falta de presupuestos. “Los ciudadanos no pueden ser rehenes de la debilidad de sus gobernantes”, asegura.

“Por eso, ante la amenaza de bloqueo por parte de partidos que sustentaron la investidura de una presidenta, pero que ahora complican la gobernabilidad de un territorio, hay que convocar elecciones”, añade.

Feijóo también se ha expresado en redes sociales, donde ha dicho que la decisión de la dirigente extremeña “demuestra responsabilidad y valentía”. “El gobernante que respeta a su pueblo cumple su palabra y un principio básico: frente al bloqueo, elecciones”, ha escrito en su cuenta de la red social X, en la que le ha trasladado a su compañera de partido “todo el respaldo del PP”.

Un “fracaso” para Guardiola

El PSOE extremeño también ha reaccionado al adelanto electoral decretado por Guardiola. Su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, ha considerado la decisión un “fracaso”. “La convocatoria de elecciones es el reflejo del fracaso de toda una legislatura. Dos años perdidos: sin proyectos, sin diálogo y con recortes que han hecho retroceder a Extremadura”, ha publicado Gallardo en su cuenta de la red social X.

“Asumimos esta convocatoria con responsabilidad y con un compromiso claro: devolver a nuestra tierra el lugar que nunca debió perder”, ha añadido el socialista.

El principal partido de la oposición en la comunidad ha criticado que Guardiola no ha sido capaz “de ofrecer estabilidad ni rumbo a la región”, con un gobierno que “ha estado más centrado en sobrevivir que en gobernar, más pendiente de contentar a la extrema derecha que de dar respuesta a los problemas reales de los extremeños y extremeñas”.

Además, ha señalado que esta decisión de convocar elecciones anticipadas confirma la falta total de autonomía política de Guardiola, ya que “hasta que Feijóo no le ha dado permiso hoy en Madrid, no ha podido dar el paso”, con lo que “una vez más, queda demostrado que Extremadura no ha tenido una presidenta, sino una delegada del PP nacional”.

En el mismo sentido se ha pronunciado la portavoz de Unidas por Extremadura. Irene de Miguel ha afirmado que las elecciones anticipadas son “un experimento” electoral propuesto por Feijóo, que María Guardiola ha asumido “sin alzar la voz”.

“Sabíamos que los presupuestos eran una excusa para arrastrar esta región hacia una convocatoria electoral marcada por Feijóo”, ha dicho la líder de Podemos en Extremadura, quien ha apuntado que este anuncio se ha producido horas antes de que en la Asamblea regional se debatieran las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE, Vox y Unidas a los presupuestos de 2026. “No ha esperado al debate porque no quería escuchar cómo le desmontábamos, uno a uno, sus argumentos y su publicidad en sus dos años de Gobierno”, ha añadido.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, considera que la presidenta autonómica, María Guardiola, ha elaborado el proyecto presupuestario de 2026 con el objetivo de que sea “la escusa” para convocar elecciones anticipadas.

De Miguel ha afirmado que, aunque el proyecto presupuestario consiga salvar el trámite de las enmiendas a la totalidad -el pleno se celebra este martes-, las cuentas están “sentenciadas”. Si bien no ha querido desvelar el sentido de voto de su formación a las enmiendas presentadas por PSOE y Vox, sí ha reconocido que la propuesta de esta última formación “está en las antípodas de lo que nosotros defendemos”.

A su juicio, las cuentas del próximo año están “sentenciadas” porque todos los puentes de diálogo con la oposición están actualmente “rotos por la incapacidad del PP de plantear unas negociaciones honestas”. “Estamos ante un paripé”, ha añadido De Miguel, quien ha defendido que su grupo parlamentario es la única fuerza política coherente en este “circo”, pues desde el primer momento ya anunció que los presupuestos “son incompatibles con lo que nosotras queremos en Extremadura”.

En su opinión, este “paripé de las cuentas” obedece a una estrategia nacional del PP, “que la señora Guardiola sigue a pies juntillas”. “Feijóo estaba planteando el superdomingo electoral, pero el presidente de Aragón ya ha dicho que el adelanto electoral no es algo que contemple, pero aquí Guardiola no lo descarta porque obedece de manera leal al PP, olvidando los verdaderos intereses de Extremadura”, ha agregado. 

Vox ha asegurado este lunes que no hay conversaciones con el PP en Extremadura sobre los presupuestos autonómicos y ha recalcado que hay más posibilidades de que el PSOE salve al Gobierno de María Guardiola que el partido de Santiago Abascal.

Fuentes de la dirección nacional de Vox ha insistido en que Guardiola no ha contactado con sus diputados para tratar de llegar a un acuerdo sobre la cuentas de la comunidad para el próximo año, a las que tanto Vox como el PSOE han presentado enmiendas a la totalidad. En caso de que la oposición tumbe los presupuestos, se podrían adelantar las elecciones en Extremadura, que es la opción por la que inclina su presidenta.

“Si una presidenta como Guardiola, que no tiene mayoría absoluta, necesita apoyo, yo creo que lo va a encontrar con más facilidad en el PSOE que en Vox”, ha manifestado el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, en una rueda prensa ante la presencia del portavoz del partido en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo.

En su opinión, la dirigente del PP está dando “pruebas evidentes todo el tiempo de estar mucho más cerca de las tesis del progresío que de las tesis de la reconstrucción y la prioridad nacional”.