En las elecciones generales del próximo 29 de noviembre podrán votar 38.728.356 españoles, de los cuales más de 1,6 millones de jóvenes que han cumplido la mayoría de edad desde 2023 podrían hacerlo por primera vez. Son los datos que publica este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), que informa además de que los electores residentes en el extranjero (más de 2,7 millones) podrán votar sin necesidad de solicitud previa.

Los principales países en los que residen esos electores son Argentina, Francia y EEUU. El país latinoamericano cuenta con 524.852 ciudadanos españoles que podrán votar en noviembre, una cifra que representa casi el doble que Francia. La circunscripción que cuenta con mayor número de electores residentes en el extranjero es Madrid, con casi 500 mil ciudadanos, seguida por Barcelona y A Coruña.

La Oficina del Censo Electoral (OCE) enviará a todos los electores la documentación necesaria para el voto en dos envíos independientes, documentación que podrá también obtenerse directamente en los centros de votación que establezca el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del 21 al 26 de noviembre -que son los días habilitados para el depósito del voto en urna-.

El censo electoral se podrá consultar del 12 al 19 de octubre, y las tarjetas censales se enviarán a partir del 2 de noviembre.

Españoles nacionalizados por la 'ley de nietos'

De los 369.017 españoles que obtuvieron la nacionalidad con la 'ley de nietos', 163.020 lo hicieron a través de la instrucción recurrida ante el Tribunal Supremo, según el censo cerrado a 1 de agosto. En un escrito registrado este jueves, la Abogacía del Estado volvió a pedir al Supremo que levante las medidas cautelares que podrían dejar sin derecho a voto a estos descendientes de represaliados.

Los servicios jurídicos del Estado argumentan que el adelanto electoral hace “materialmente imposible” revisar los expedientes de nacionalizados por la ley de nietos puestos en duda por el Alto Tribunal. Sin embargo, el partido minoritario Iustitia Europa se ha servido de estas alegaciones para exigir a los jueces que se suspendan las elecciones precisamente por esta “imposibilidad” de cumplir el fallo.

En pantalla, vemos a Pedro Sánchez en la declaración institucional en la que anunció el adelanto electoral el pasado lunes, pero algo estrambótico descuadra: a su lado hay un hombre trajeado de brazos cruzados que le mira, se gira, y mira al espectador: “Este tipo nos quiere llevar a la dictadura. Mucho cuidado en las elecciones, hará lo que haga falta para ganar”. La secuencia cierra con un texto, blanco sobre negro, que reza: “No votes por correo”, la advertencia que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, agita desde la convocatoria de elecciones.

El vídeo surrealista, encuadrado en La Moncloa, ha sido creado con Inteligencia Artificial para insertar dentro de este escenario a quien lo publica: Ismael Sirio, diputado por el PP en la Asamblea de Madrid y director de comunicación online de los populares madrileños.

“Sé que [a los ciudadanos] les indigna ver cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos”, aseguraba Sánchez, refiriéndose a los decretos de vivienda tumbados por PP, Vox y Junts. Estas declaraciones sí son reales, aunque la IA amplía el plano que se ve en pantalla, ya que la emisión de La Moncloa no mostraba al presidente de cuerpo entero. Ismael Sirio interpreta esas palabras como un intento de desacreditar al Congreso de los Diputados y por tanto, una deriva dictatorial.

No es la primera vez que el diputado experimenta con la IA y el tono hiperbólico y sensacionalista. Si retrocedemos en su perfil, hace tan solo siete días, publicaba un vídeo en el que habla de la crisis migratoria en Ceuta con música tecno, aparentemente creada por IA, en la que hablaba en estos términos: “¿Y a mí qué coño me cuentas? ¿Es mi problema que haya desigualdad entre España y Marruecos? ¿Los tengo que acoger a todos? No.”. Seguidamente, a medida que acelera el ritmo de la música enumera: “Peleas, navajazos, ocupaciones, puñaladas...” Incluso habla de supuestos vídeo de “mujeres gritando que están siendo violadas”.

“Ni se les ocurra votar por correo”, aseguraba Ayuso el pasado lunes, apuntándose explícitamente a las teorías conspiranoicas de la ultraderecha sobre el fraude electoral para preparar el terreno antes las elecciones generales del 29 de noviembre. Lejos de retractarse, parece que su partido dobla la apuesta y juega con la IA para difundirla todavía más.

La publicación Sirio en Instagram ha sido recibida entre risas por sus compañeros de partido. Alfonso Serrano, Secretario General del PP de Madrid: “¿Otra vez les tienes bailando?”, se burlaba en la red social X, refiriéndose a la noticia que sacaba el diario 'El País' sobre el vídeo del diputado.

Otro elemento llamativo de la publicación son los “colaboradores” etiquetados en ella: además de dos cuentas de Instagram oficiales del partido, figuran otros tres perfiles que difunden contenido de corte derechista pero que no están formalmente vinculados al partido. La cuenta 'Wall Street Wolverine', un perfil conocido y con cientos de miles de seguidores, 'España Unida' y 'Patriotas', dos cuentas con algo más de doscientos mil seguidores que publican contenido muy similar entre sí y colaboran a menudo con las Nuevas Generaciones del PP.

Especialmente el 'Wall Street Wolverine', es un perfil con gran difusión en burbujas de extrema derecha en redes sociales, algo que el diputado parece estar usando en su favor para dar mayor difusión a sus publicaciones.

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de disolver las Cortes y adelantar las elecciones generales al domingo 29 de noviembre ha generado reacciones este lunes entre las principales fuerzas políticas de Extremadura, que han expuesto sus planteamientos de cara a la próxima cita electoral.

La presidenta de la Junta de Extremadura y líder regional del PP, María Guardiola, ha valorado el anuncio a través de la red social X. Guardiola ha mostrado su satisfacción por el hecho de que “hablen las urnas” y ha afirmado que “Extremadura tiene mucho que decir”. Según la presidenta, el país requiere “un gobierno responsable y capaz, que dé estabilidad y se dedique a gestionar con un rumbo claro”.

Por su parte, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha responsabilizado de la situación del país a Pedro Sánchez, acusándolo de convertir “una necesidad de los españoles en una necesidad propia”. Bautista ha cuestionado la intención del Ejecutivo de llevar los decretos de vivienda a la Diputación Permanente, lo que ha calificado de “artimaña” para eludir al Congreso.

Bautista ha rechazado las alusiones a “fondos buitre o tecnooligarcas” por parte del presidente nacional y ha señalado que el PP afrontará los comicios “con moderación, cordura y propuestas, y no con confrontación” ante la “tensión en la vida pública” que prevé en los próximos meses.

El PSOE enmarca el 29N en el debate sobre la vivienda

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha centrado su valoración en la crisis habitacional. El líder socialista ha planteado las elecciones como una disyuntiva: “si queremos un Gobierno que protege a los fondos buitre o queremos un Gobierno que protege la vivienda y a los ciudadanos y ciudadanas”.

Sánchez Cotrina ha instado al presidente del Gobierno a “ser valiente” y aprobar los decretos ley de vivienda antes de los comicios. Además, ha recordado que la federación extremeña fue la primera en reclamar un adelanto electoral si estas medidas decaían en sede parlamentaria.

Durante su intervención, que ha coincidido con el primer aniversario del fallecimiento del expresidente autonómico Guillermo Fernández Vara, el dirigente socialista ha criticado la gestión del Ejecutivo de María Guardiola. Ha señalado la construcción de “16 viviendas sociales de las 3.500 prometidas” y ha censurado la falta de ejecución de los fondos destinados a prevención de incendios.

UPE pide un “frente amplio” y alerta de discursos “al estilo Trump”

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha coincidido en situar la vivienda como un eje central de las elecciones, afirmando que está en juego “estar del lado de los inquilinos y las familias o del lado de los especuladores y fondos de inversión”.

De Miguel ha instado a la “izquierda transformadora” a conformar un “frente lo más amplio posible” para ofrecer “soluciones políticas” al malestar ciudadano.

Además, ha advertido sobre el discurso de dirigentes nacionales de la derecha y la extrema derecha, acusando a Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso de “sembrar la duda sobre el proceso electoral al más puro estilo Trump”. En este sentido, ha señalado que “no podemos permitirnos una derecha que sea golpista”.

Vox califica al Gobierno de “corrupto hasta el tuétano”

El presidente del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha manifestado que su formación está “contenta” con la convocatoria del 29 de noviembre, aunque considera que debía haberse producido hace “mucho tiempo”.

Fernández Calle ha afirmado que el objetivo de su partido es “echar del Gobierno de España a Pedro Sánchez”, a quien ha responsabilizado del “peor gobierno de los últimos tiempos”. En su valoración, ha calificado al Ejecutivo central de “cainita” y lo ha acusado de ser un gobierno “corrupto hasta el tuétano” y “traidor a España y a los españoles”, en referencia a cuestiones como la política migratoria.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado este lunes las elecciones generales para el 29 de noviembre después de que el viernes el Congreso tumbara los dos decretos de vivienda del Ejecutivo, y en medio de una crisis sin precedentes, con la Puerta del Sol y muchas otras plazas del Estado llenas de personas que exigen soluciones a los problemas de los alquileres y para acceder a la compra de casas. Estas son algunas de las frases más importantes de la declaración de Sánchez:

-España se ha convertido en la economía que más crece y que más empleo crea de toda la Unión Europea.

-Hemos aprobado medidas valientes para impulsar el derecho constitucional al acceso a la vivienda.

-Nos hemos esforzado por construir un mejor mundo para nuestros compatriotas y también para el resto de la humanidad.

-Otras fuerzas parlamentarias han sabido ver más allá de sus diferencias para construir acuerdos en beneficio de la mayoría social.

-Sé que en parte de esa mayoría social hoy hay insatisfacción. Sé que les indigna ver cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos.

-Nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto y es verdad también que aún quedan muchas injusticias que corregir.

-Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites

-Ha llegado el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.

-Los españoles y españolas tenéis que decidir si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.

-Vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos vuestra confianza, para ilusionar y para volver a ganar.

Queridos ciudadanos y ciudadanas,

Como saben, hace más de tres años, las urnas y el Congreso de los Diputados decidieron volver a apostar por un Gobierno de coalición progresista.

Lo hicieron para que España siguiese avanzando por la senda de transformación, ambición y justicia social que ha venido recorriendo desde el año 2018.

Lograrlo no ha sido fácil.

En esta legislatura nos ha tocado gestionar emergencias inéditas y navegar una coyuntura internacional muy difícil, marcada por decisiones unilaterales como las tensiones comerciales, las crisis energéticas y el regreso de la guerra en Europa y Oriente Medio.

Hemos tenido que trabajar con un Congreso muy bronco en el que –absurdamente– muchos confunden “pactar” con “renunciar” y “bloquear” con “vencer.”

Hemos tenido que batirnos contra élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones, pero que quieren seguir controlando nuestro país.

Y hemos tenido también que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra democracia. Una oposición sin sentido de Estado que no ha parado de cuestionar la legitimidad de nuestro sistema electoral, de bloquear medidas y votar en contra de políticas que eran buenas para el país, y de usar su poder autonómico para boicotear políticas buenas para la gente de a pie.

Nosotros hemos transferido a esos gobiernos autonómicos más recursos que nunca para que construyeran vivienda e invirtieran en sanidad, para que construyeran viviendas. Y ellos han comprado áticos y privatizado hospitales.

Aun así, a pesar de todas estas dificultades y hostilidades, el Gobierno de coalición progresista no ha dejado de trabajar. Y, con él, España no ha dejado de avanzar.

A lo largo de estos tres años, nuestro país se ha convertido en la economía que más crece y más empleo crea de toda la Unión Europea. El poder adquisitivo de nuestros ciudadanos y ciudadanas ha aumentado el triple que en Francia y en Alemania. Y nuestros niveles de desigualdad y pobreza, que continúan siendo altos, han caído al mínimo desde que existe serie histórica que la registra.

Con esfuerzo y diálogo, hemos logrado ampliar las becas, los permisos de maternidad y paternidad, las ayudas a la dependencia, y la cartera del servicio del Sistema Nacional de Salud.

Y también hemos puesto en marcha una modernización profunda de nuestra industria a través de la culminación de los fondos europeos, de los fondos llamados Next Generation.

Hemos abordado uno de los principales problemas que tenía nuestro país, que era el escaso desarrollo de la transformación energética y, por tanto, la transición ecológica, hasta lograr que más de la mitad de nuestra energía proceda de fuentes renovables.

Hemos aprobado medidas valientes para impulsar el derecho constitucional al acceso a la vivienda. Y nos hemos negado a sacrificar nuestro Estado del Bienestar en el altar del 5%.

En definitiva, hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para defender el interés de los españoles y españolas.

Y, al mismo tiempo, en la medida de nuestras posibilidades, nos hemos esforzado por construir un mundo mejor para nuestros compatriotas y también para el resto de la humanidad. Apoyando a Ucrania, a la Unión Europea y a las Naciones Unidas en sus momentos más oscuros. Denunciando a genocidas cuando otros callaban.

Combatiendo a los tiranos, a los tecno-oligarcas y también a los especuladores que quieren destruir el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas para agrandar sus bolsillos.

Duplicando nuestra ayuda a la cooperación internacional mientras otros presumían de recortarla con su motosierra o en ese altar militar del 5% del PIB.

Todo esto ha hecho a nuestro país, ha convertido a España en un referente mundial de paz, feminismo y prosperidad. Y nos ha permitido cosechar los mejores resultados económicos, sociales y medioambientales que ha tenido un gobierno democrático en nuestro país. Los mejores.

Y esto no es una exageración. Tampoco es una opinión. Es un hecho, es un dato contrastable que ha sido posible gracias a la entrega de millones de trabajadores y trabajadoras, también de los trabajadores autónomos y por supuesto de los empresarios y empresarias de nuestro país.

También ha sido posible gracias a la generosidad de otras fuerzas parlamentarias –a las cuales quiero agradecérselo en primera persona–, que han sabido ver más allá de sus diferencias para construir acuerdos en beneficio de la mayoría social.

Y ha sido posible también gracias a esa mayoría social que ha sacado lo mejor de sí misma en cada crisis que hemos tenido que abordar.

Sé que en parte de esa mayoría social hoy hay insatisfacción. Sé que les indigna ver cómo sus intereses son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos. Sé también que nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto.

Es verdad que aún quedan muchas injusticias que corregir. Muchas metas sociales que conquistar. Y muchos problemas que resolver, sobre todo en el ámbito de la desigualdad, los servicios públicos y del acceso a la vivienda.

Pero lo cierto es que, para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente.

Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad debemos movilizarnos y lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales, y seguir transformando España.

Por eso, tras informar, como corresponde, al Jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.

Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y las españolas decidáis qué futuro queréis para sí mismos y para su país.

Ahora depende de vosotros y vosotras.

Basta examinar el horizonte para entender que el mundo se asoma a una época compleja, de transformación, de transición. Una época de mucha tensión. De emergencia climática. De cambios sociales, también tecnológicos con la inteligencia artificial, muy disruptivos.

Una época, por tanto, de grandes peligros, pero también, si sabemos aprovecharla, de grandes oportunidades.

Los españoles y las españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella. Y también qué papel queréis que España juegue en ella.

Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna. O deseáis que España siga siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental.

Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando.

Si preferís tener un Gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social. O preferís entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos ocho años, para beneficiar a los de siempre, a una minoría privilegiada.

Yo confío en mis compatriotas. Porque sé que sois un pueblo valiente y solidario, que se crece ante los desafíos y que no tenéis reparos en ser los únicos o los primeros en moveros para estar en el lado correcto de la historia.

Por eso vamos a dejarnos la piel. Para trabajar para mereceros vuestra su confianza. Para ilusionar. Y para volver a ganar.

Muchas gracias.

Y el desahucio de Maricarmen terminó en elecciones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes el adelanto de la convocatoria electoral de las generales para el próximo 29 de noviembre, tal y como adelantó elDiario.es, después de reflexionar durante el fin de semana con su equipo sobre la posibilidad de dar un golpe de efecto en mitad de la ola de movilizaciones por la vivienda que recorre el país.

“Sé que a una mayoría social le indigna ver cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos. Es verdad también que aún quedan muchas injusticias que corregir, muchos problemas que resolver en los ámbitos de la desigualdad de los servicios públicos y del acceso a la vivienda, pero para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente para acometer en profundidad las reformas pendientes. Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría más amplia”, ha dicho el presidente.

“Debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría progresista mucho más amplia con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España”, ha proseguido el presidente, que ha informado esta mañana a primera hora al jefe del Estado, Felipe VI, de la disolución de las Cortes.

Sánchez ha dibujado un horizonte electoral trascendental para el devenir del país respecto a lo que dictaminen las urnas el 29 de noviembre. “El mundo se asoma a una época muy compleja de transformación, de emergencia climática, de cambios sociales, también tecnológicos con la inteligencia artificial, muy disruptivos. Una época, por tanto, de grandes peligros, pero también, si sabemos aprovecharla, de grandes oportunidades. Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella”.

Durante su declaración institucional en las escalerillas de la Moncloa ha convertido por momentos su comparecencia en el primer mitin electoral para arremeter contra “la peor oposición que ha conocido este país” y para dibujar la dicotomía de la oferta electoral que se avecina. “Tenéis que decidir si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental. Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando. Si preferís tener un Gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o preferís entregaros o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos últimos ocho años para beneficiar a los de siempre, a una minoría privilegiada”.

“Yo confío en mis compatriotas”, ha proseguido, “porque sé que sois un pueblo valiente y solidario, que se crece ante los desafíos y que no tenéis reparo en ser los únicos o los primeros en moveros para estar en el lado correcto de la historia. Por eso, vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos tu confianza, para ilusionar y para volver a ganar”.

La otra decisión adoptada es volver a aprobar en Consejo de Ministros el contenido de los dos decretos tumbados el pasado viernes por la mayoría de derechas que conforman PP, Junts y Vox. En concreto, esos decretos serán aprobados de nuevo este martes. La idea de Pedro Sánchez es que esas medidas vuelvan a entrar en vigor de manera inmediata, tras ser derogadas en la Cámara Baja, para que impidan que situaciones como las de Maricarmen se conviertan en un auténtico goteo de desahucios de personas vulnerables durante las próximas semanas. Y de paso, que la convalidación parlamentaria de esos decretos se convierta esta vez en el acto central de una precampaña que se espera que gire en torno a la vivienda.

Porque la intención, en este caso, es apurar el plazo legal de 30 días establecido para la convalidación de un decreto del Gobierno en el Parlamento. Algo que, con las Cortes ya disueltas, tendrá lugar en la reunión de la Diputación Permanente, el órgano parlamentario competente para velar por los poderes de una cámara cuando esta está ya disuelta o no se encuentra en periodo de sesiones.

Se da la circunstancia, además, de que con la actual composición del Congreso existe una mayoría diferente en el Pleno y en la Diputación Permanente, donde al Gobierno no le haría falta el apoyo de Junts. En cualquier caso, no es seguro que grupos parlamentarios como el PNV refrendaran un movimiento parlamentario claramente táctico, aunque amparado por la ley.

El Gobierno ya barajaba todos los escenarios desde que se confirmó el jueves a última hora que Junts —con quien se había negociado el primero de los decretos— tumbaría el plan de vivienda en el Congreso, aunque desde ese mismo día la opción principal fue la llamada a las urnas. Sánchez se dio el fin de semana para tomar el pulso a las calles tras el fracaso de unos textos que, entre otras medidas, incluían una protección frente a los desahucios. Un punto de inflexión que gran parte del Consejo de Ministros veía como la única oportunidad política del Gobierno y el conjunto de la izquierda para salir a pedir el voto con alguna posibilidad de éxito.

El movimiento de Sánchez provoca también un terremoto en el espacio de la izquierda confederal, que todavía no tiene candidato. Los cuatro partidos que componen Sumar se han visto obligados a acelerar y este domingo pusieron nombre al futuro proyecto: Frente Amplio. En dos semanas, el próximo 17 de octubre, han convocado un acto de “lanzamiento del Frente Amplio y su hoja de ruta”, en el que también se hará público quién lo capitaneará, casi dos semanas después de que arranque la cuenta atrás para que se pongan las urnas.

El PP ganaría las elecciones y superaría con holgura junto a Vox la mayoría absoluta del Congreso si se celebraran ahora unas elecciones, según una encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es. El partido encabezado por Alberto Núñez Feijóo se haría con un 33,2% de las papeletas, casi seis puntos más que el PSOE, que se quedaría con un 27,5%. El sondeo se realizó mientras las calles se llenaban de protestas por el derecho a la vivienda, pero es previo a que las derechas de PP, Vox y Junts tumbasen en el Congreso los decretos del Gobierno con la protección antidesahucios o las prórrogas del alquiler.

Los resultados de los populares en esta encuesta son similares a los que obtuvo Feijóo en su primer intento de hacerse con la presidencia, en las elecciones generales del verano de 2023 (33,1%). El PSOE, por su parte, se sitúa 4,2 puntos por debajo del resultado que obtuvo en 2023: pasa del 31,7% al 27,5% de intención de voto en la encuesta. La tercera fuerza sería la extrema derecha de Vox, que incrementaría sus apoyos y pasaría del 12,4% que tenía hace tres años al 19,2%.

La izquierda confederal, que todavía tiene pendiente el debate sobre su candidato y su marca, tendría representación en el Congreso con Sumar (7%) y Podemos (3,3%) por separado frente al 12,3% de 2023, cuando acudieron en una candidatura conjunta. Precisamente, en las próximas horas los partidos que componen Sumar —Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comuns— se van a reunir de urgencia para abordar el escenario provocado por el rechazo en el Congreso de los decretos.

En total, la suma de apoyos a la derecha supera en casi quince puntos a la izquierda. El PP lograría junto a Vox un 52,4% de las papeletas, según Ateneo del Dato, frente al 37,8% al que llegarían PSOE, Sumar y Podemos.

El trabajo de campo del sondeo es previo al varapalo que supuso el fracaso del plan de vivienda tanto para el Gobierno de coalición como para el Sindicato de Inquilinas, que contaba con la convalidación de un decreto que, aunque veía insuficiente, suponía un primer paso para frenar desahucios como el de Maricarmen o poner coto al alquiler por habitaciones. En el Ejecutivo confiaban en la aprobación del primer decreto después de días de negociaciones con Junts y recibieron como un jarro de agua fría el anuncio de su rechazo a última hora del jueves.

La encuesta tampoco calibra, por tanto, el efecto que puede tener en la movilización del electorado el adelanto electoral que baraja como posibilidad el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En la Moncloa siguen con interés el discurrir de las protestas en la calle durante el fin de semana. El clima de movilización en torno al derecho a la vivienda es uno de los incentivos para el adelanto, más aún cuando son las derechas (PP, Vox y Junts) las que hicieron decaer los decretos.

Aunque el presidente sigue en contacto con su equipo y pide opinión a mucha gente sobre la posibilidad de ese golpe de efecto para llamar ya a las urnas, por el momento no ha trasladado decisión definitiva alguna. Y se espera que sea a lo largo de este domingo cuando termine de perfilar una respuesta política a la derrota parlamentaria de los decretos de vivienda. Un punto de inflexión que casi todo el mundo en el Ejecutivo percibe ya como de no retorno para la legislatura y como la única oportunidad política del Gobierno y el conjunto de la izquierda para salir a pedir el voto con alguna posibilidad de éxito

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha dado un paso al frente en el debate político nacional al animar y situar sobre la mesa un adelanto electoral en el caso de que decaigan los decretos del Gobierno en materia de vivienda. De este modo, se convierte en el primer líder regional en plantear abiertamente esta posibilidad ante el bloqueo parlamentario.

Durante una comparecencia pública el jueves por la tarde en Badajoz, Cotrina ha defendido la necesidad urgente de convalidar estas medidas para dar soluciones habitacionales a los ciudadanos que, a pesar de trabajar a diario de lunes a sábado, se encuentran con serias dificultades para acceder a una vivienda. En este sentido, ha instado a todas las fuerzas políticas a votar a favor de las iniciativas del Ejecutivo, advirtiendo de que tumbarlas supondría “una tristeza para toda España”.

El dirigente extremeño ha señalado que el fracaso de los decretos abriría un escenario de elecciones anticipadas que serviría como reválida ciudadana. A su juicio, una hipotética convocatoria a las urnas “abriría una oportunidad electoral para que la gente pueda medir la altura de todos los responsables políticos”, poniendo fin a la actual dinámica de confrontación y polarización.

En este sentido, los socialistas extremeños han presentado un Pacto por la Vivienda que van a proponer a las fuerzas políticas, ayuntamientos, diputaciones, agentes sociales y económicos y al conjunto de organizaciones vinculadas al ámbito residencial “para convertir el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible en una política de Estado para Extremadura”.

La propuesta contempla la elaboración de un Mapa Regional de Necesidades de Vivienda, municipio a municipio, para conocer las necesidades de vivienda pública, protegida y asequible, rehabilitación, movilización de vivienda vacía, alojamiento para estudiantes y las necesidades específicas de jóvenes, familias y colectivos con dificultades de acceso.

La iniciativa incluye además un Plan de Vivienda Asequible para Jóvenes, un Registro Autonómico de Alojamientos para Estudiantes, un programa específico de rehabilitación de viviendas vacías en municipios rurales de menos de 5.000 habitantes y medidas para garantizar una alternativa habitacional digna ante situaciones de emergencia residencial.

El PP ha anunciado su intención de denunciar ante el Tribunal Constitucional el veto de la Mesa del Congreso a su iniciativa para debatir, y votar, una iniciativa conjunta con Junts que pedía a Pedro Sánchez disolver las Cortes y convocar elecciones generales. “Es una nueva cacicada de Francina Armengol”, apunta el PP en un comunicado remitido este jueves a los medios.

La denuncia se hará efectiva, apunta el partido de Alberto Núñez Feijóo, si no se atiende al escrito de reconsideración que han presentado para que la Mesa del Congreso levante el veto a las dos enmiendas, una propia y otra de Junts, que planteaban el debate sobre el final adelantado de la legislatura.

PP y Junts han negado haber coordinado la presentación de las dos enmiendas a una moción que el partido de Feijóo había presentado apenas unos días antes.

El texto de la iniciativa, que no pasa de ser una declaración sin ningún peso legal, fue registrado tras una interpelación al vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, la semana pasada. Pero este martes PP y Junts registraron sus respectivas enmiendas, de contenido coincidente y redacción similar. El PSOE y Sumar, que controlan la Mesa del Congreso, decidieron vetar las enmiendas por, supuestamente, inmiscuirse en un asunto que la Constitución deja únicamente en manos del presidente del Gobierno.

El PP se ha revuelto contra la decisión. Primero, ha llevado al Senado la enmienda vetada por el Congreso dentro de otra moción cuyo punto 5 reproduce exactamente el texto firmado por Junts. Y este jueves ha amenazado con ir al Constitucional.

“Se trata de un cambio de criterio oportunista, ya que en otras ocasiones sí que se han permitido estos debates”, apunta el PP en su comunicado, que recupera las palabras de su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, ayer durante la defensa de la moción (sin las enmiendas): “El día que se amordaza un Parlamento muere la democracia”.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha expresado este miércoles su “total confianza” en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación en el caso Plus Ultra, al tiempo que ha advertido de que adelantar ahora las elecciones generales sería “pegarse un tiro en la rodilla”.

En una rueda de prensa, Martínez ha defendido la “honestidad” y la “integridad” del expresidente socialista, una “figura importantísima” del PSOE, aunque ha insistido en la necesidad de respetar los tiempos judiciales y evitar tanto el “linchamiento como el silencio”.

“Ser investigado no es estar condenado”, ha afirmado el líder autonómico de los socialistas, que ha pedido “rigurosidad y garantías procesales” y ha rechazado situarse entre “la condena anticipada o la adhesión sin fisuras”.

Un auto judicial “durísimo” y con “acusaciones graves”

En este sentido, ha reconocido que el auto judicial conocido ayer es “durísimo, sin paliativos”, con “acusaciones graves” y elementos que deben investigarse, aunque ha insistido en diferenciar entre una investigación y una condena firme.

Martínez, que ha rehuido de la expresión de 'poner la mano en el fuego por alguien', sí que ha revelado que le envió ayer un mensaje de apoyo, que el expresidente “agradeció”.

El dirigente socialista ha admitido también el “cabreo” y el “shock” existente dentro del PSOE por la situación generada y ha apelado a hacer una “reflexión serena” dentro del partido, aunque ha descartado por ahora abrir el debate sobre un adelanto electoral.

“Anticipar las elecciones ahora es como pegarse un tiro en la rodilla”, ha resumido Martínez, que ha recordado que “los gobiernos los ponen y los quitan los votos de los ciudadanos” y que, mientras existan apoyos parlamentarios, el Ejecutivo de Pedro Sánchez seguirá contando con el respaldo del PSOE.

Sánchez “se ha ganado el derecho” a decidir cuándo convocar elecciones

“[Sánchez] Se ha ganado el derecho a decidir cuándo serán las próximas elecciones generales”, ha resumido Martínez sobre la situación política que ha generado la imputación del expresidente.

No obstante, sí ha criticado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por aprovechar esta situación para “hacer política partidista” y “esconderse” de los problemas de Castilla y León.

“A algunos nos toca dar la cara”, ha afirmado Martínez, que ha acusado al líder autonómico del PP de utilizar de nuevo la situación nacional para evitar hablar de cuestiones como la negociación política abierta en la comunidad.

Sobre las voces discrepantes dentro del socialismo, el secretario autonómico ha reivindicado que el PSOE “no es un partido monolítico” y ha defendido el respeto a las distintas posiciones internas mientras se desarrolla el procedimiento judicial.

Finalmente, sobre las voces que dentro de su partido han catalogado de 'lawfare' esta imputación, Martínez ha expresado que él no sabe si esa es la “definición adecuada”, aunque sí que ha manifestado que la justicia “también se equivoca”.

El PP acusa a Martínez de “tapar las vergüenzas” de Zapatero como “brazo del Sanchismo”

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, considera “vergonzante” que Carlos Martínez se dedique a “tapar las vergüenzas” del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por la causa de Plus Ultra, en lugar de trabajar por Castilla y León.

En nota de prensa, García ha afeado que por segundo día consecutivo Martínez haya mostrado su apoyo público al expresidente socialista, lo que a su juicio “da la medida exacta de lo que es el Partido Socialista en la Comunidad”, ha indicado, “un brazo del Sanchismo” en Castilla y León.

“Es vergonzante que el Partido Socialista de Castilla y León comience esta legislatura saliendo dos días consecutivos a defender a Zapatero, que está siendo investigado por estos gravísimos motivos”; a defender “la degradación de un partido que está en plena descomposición”, ha insistido García.

La portavoz popular ha lamentado que Carlos Martínez dedique “su tiempo y su energía” a respaldar a Rodríguez Zapatero en lugar de defender los intereses de los castellanos y leoneses, y ha acusado al líder socialista de pretender utilizar las Cortes de Castilla y León para mantener a Pedro Sánchez en La Moncloa.

“Mientras el presidente Mañueco y el Partido Popular trabajamos para dar el mejor gobierno posible a esta comunidad autónoma, con estabilidad, con proyecto y con futuro, el Partido Socialista de Castilla y León está defendiendo a expresidentes imputados. Esa es la diferencia: unos trabajamos para los ciudadanos, otros se dedican a cubrir las vergüenzas de sus líderes”, ha apuntado la portavoz.

Y ha asegurado que en “el PSOE no va a tener espacio en Castilla y León para estas tramas que tanto defiende. Esta comunidad merece un gobierno serio, y eso es exactamente lo que vamos a darle”, tras recordar que el PP ganó las elecciones el pasado 15 de marzo.EFE

María Guardiola ha tenido que volver a tragarse sus palabras, que diría Juanma Moreno. Con menos credibilidad ahora que hace dos años, la líder extremeña ha pasado de hacer declaraciones llenas de dignidad feminista acusando a Santiago Abascal de “tufo machista”, a terminar diciendo solo unos pocos días después que su feminismo es como el de Vox. El PP se ha metido solo en su propia trampa provocando dos adelantos electorales, en Extremadura y Aragón, y lo único que ha conseguido es darle un chute de votos y protagonismo a Vox, que huele la sangre y está en plena operación para humillar al PP.  

Con Aitor Riveiro, periodista de elDiario.es que cubre la información del PP, analizamos lo ocurrido entre Vox y María Guardiola, resumen perfecto de cómo el partido de Feijóo está dejando que la ultraderecha sea el centro de todas las atenciones.  

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Las elecciones en Aragón, después de las extremeñas, dibujan una situación cada vez más nítida: el PP no consigue rentabilizar la debilidad del PSOE, que registra mínimos históricos en territorios que una vez fueron feudos imbatibles. Mientras, la atomización de la izquierda la condena a la irrelevancia parlamentaria. Y en este contexto, solo gana la ultraderecha, que duplica sus resultados cada vez que se abren las urnas. Las próximas son en Castilla y León, después en Andalucía, y en algún momento, cuando Pedro Sánchez quiera, generales. Toda esta cascada de elecciones no está llevándonos de vuelta al bipartidismo, como quizá creía Feijóo, sino que nos dibuja un país donde Vox es imprescindible para gobernar. 

Con Aitor Riveiro y José Enrique Monrosi, periodistas de Política en elDiario.es, analizamos los resultados de estas últimas elecciones autonómicas y las consecuencias de la estrategia fallida de Núñez Feijóo tanto en la derecha como en los partidos de la izquierda, que parecen volver a confiarlo todo a la movilización in extremis para evitar la llegada de Vox a La Moncloa. 

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Aragón celebrará en febrero las primeras elecciones anticipadas de su historia. La reunión del viernes entre el presidente Jorge Azcón y el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, terminó sin acuerdo para aprobar los presupuestos de 2026, lo que activa el escenario del adelanto electoral. El jefe del Ejecutivo ha firmado este lunes el decreto de disolución de las Cortes y la cita con las urnas del domingo 8 de febrero, siguiendo los plazos que marca la ley autonómica.

La Ley Electoral de Aragón establece que la convocatoria de elecciones se realiza mediante decreto del presidente y entra en vigor el mismo día de su publicación en el BOA. La firma del decreto este lunes precede a su publicación el marte, y a partir de ahí empezará a correr el plazo de 54 días hasta los comicios, lo que sitúa las elecciones en el 8 de febrero.

Con la disolución de las Cortes, se activará la Diputación Permanente, integrada por 25 diputados que representan la proporcionalidad salida de las urnas en 2023. Este órgano tramitará los decretos leyes del Gobierno hasta la constitución del nuevo Parlamento.

Candidaturas, jornada de reflexión y votación

La convocatoria se publicará este martes. 16 de diciembre, y el calendario electoral avanzará desde ese mismo día. En los primeros días del proceso, los partidos deberán designar a sus representantes: hasta el noveno día posterior a la convocatoria podrán nombrar a su representante general ante la Junta Electoral de Aragón, y hasta el undécimo día deberán comunicar quiénes serán los representantes de sus candidaturas en cada circunscripción. Todos ellos deberán personarse ante las juntas electorales provinciales antes del decimoquinto día para aceptar formalmente su designación.

A continuación comenzará la fase de presentación y revisión de candidaturas. Las listas deberán publicarse en el BOA y en los boletines provinciales el vigésimo segundo día tras la convocatoria. Dos días después, las juntas electorales comunicarán posibles irregularidades, que podrán subsanarse en un plazo de 48 horas. La proclamación oficial de candidaturas llegará el vigésimo séptimo día y su publicación definitiva, al día siguiente.

La campaña electoral arrancará en la medianoche del 23 de enero y se prolongará hasta el 6 de febrero a las 23:59 horas. El sábado 7 tendrá lugar la jornada de reflexión y el domingo 8 de febrero se celebrarán las votaciones.

Sin acuerdo con Vox

Este escenario se produce tras la reunión de este viernes, la segunda entre el PP y Vox, Alejandro Nolasco ha acusado al presidente de buscar “una excusa” para convocar elecciones y ha afirmado que Vox “no tiene miedo a las urnas”, aunque recordó el coste económico del proceso. Ha insistido en que su formación “ha hecho todo lo posible” y que el margen de acuerdo “depende del Partido Popular”.

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha dicho que Vox mantiene posturas “inamovibles” y ha explicado que algunas de sus exigencias “no son legales” o “no son competencia” del Gobierno autonómico.

La ruptura del pacto entre PP y Vox —en vigor desde 2023 hasta el desacuerdo por la acogida de menores migrantes no acompañados— ha dejado al Gobierno sin apoyos suficientes para aprobar las cuentas, que ya estaban prorrogadas en 2024 y 2025.

Extremadura ha arrastrado durante décadas un retraso histórico en materia ferroviaria. La región continúa hoy lejos de los estándares de velocidad, frecuencias y prestaciones de buena parte del país, pese a los avances registrados en los últimos años. El tren sigue siendo uno de los principales ejes de malestar social y político, especialmente en campaña electoral, y un terreno donde la comparación con otras comunidades resulta inevitable. A ello se suman otras preocupaciones que también llegan tensas al 21-D —paro, vivienda, sanidad, Almaraz— y que marcan el clima de una cita autonómica en la que la movilidad vuelve a ocupar el centro del debate.

Más allá del imaginario colectivo, los datos confirman un malestar profundo. Extremadura sigue enfrentando problemas estructurales: malas conexiones, horarios inadecuados, averías frecuentes y una puntualidad históricamente baja. Según el Diagnóstico Participativo del Plan Extremeño de Movilidad Sostenible (2025), la intermodalidad recibe una evaluación media de 1,68 sobre 5; el 34% puntúa con un 1 o 2 las conexiones interurbanas; y el 27% otorga un 1 a las frecuencias y horarios. Curiosamente, y pese a la percepción ciudadana, el Ministerio de Transportes sostiene que el 90% de los servicios llegan puntuales. Sin embargo, esa “punta de lanza estadística” no borra la memoria colectiva de décadas de abandono.

Entre las comunidades autónomas, la sensación de aislamiento no es exclusiva de Extremadura, pero aquí ha calado de forma más profunda. El ferrocarril ha moldeado una identidad extremeña muy particular, hecha de frustración, humor y una capacidad casi instintiva para reírse del desastre. La experiencia compartida de quedarse en mitad del campo a 40 grados, de enlazar retrasos de horas o de ver cómo una avería convertía cualquier trayecto en una odisea ha tejido un imaginario propio, a caballo entre la crítica y la resignación irónica. Ese humor —tan típico de la región— ha funcionado como mecanismo de resistencia frente a la sensación persistente de que, quizá, Extremadura vale un poco menos en el orden de prioridades del país. No es un lamento, sino una forma de estar en el mundo: la conciencia de un agravio histórico que se combate con constancia, con reivindicación cívica y también con carcajadas, porque aquí el tren no es solo un medio de transporte, sino parte de un relato colectivo que explica cómo los extremeños han aprendido a sobrellevar el abandono sin perder la dignidad.

Es, sin embargo, Cataluña quien lidera el mapa de incidencias con 693 fallos en Rodalies que afectaron a 2,4 millones de personas; en Andalucía, las averías crónicas en Almería provocan retrasos de hasta siete horas; Asturias sufre la extrema lentitud del eje Oviedo-León; y Castilla-La Mancha y Castilla y León completan un paisaje ferroviario complejo. Aun así, la idea de que “aquí es peor que en ningún sitio” se ha convertido en un relato transversal, y con un potencial movilizador claro entre jóvenes y votantes urbanos, para quienes el ferrocarril aparece como uno de los principales problemas de la región (15,1%, según el CIS).

Un punto de partida desolador

Cuando el PSOE llegó al Gobierno de España en 2018, la fotografía del tren extremeño era más que borrosa. La mayoría de las obras de la futura alta velocidad estaban paralizadas o al ralentí; tramos de la red convencional seguían sostenidos sobre traviesas de madera —algo ya residual en el país—; la puntualidad caía por debajo del 60% y las incidencias eran diarias. Además, el corredor hacia Madrid estaba bloqueado por un motivo insólito: la declaración de impacto ambiental en Castilla-La Mancha había caducado durante la etapa de Rajoy sin que el Ejecutivo la renovara, dejando en coma las inversiones clave. Tampoco existía un proyecto actualizado de estación de alta velocidad para Plasencia ni planificación para electrificar la línea Navalmoral-Madrid, imprescindible para reducir los tiempos de viaje. La reapertura de la Ruta de la Plata —vieja reivindicación económica, demográfica y logística— seguía sin un solo trámite iniciado.

Ese escenario explica por qué buena parte de la ciudadanía considera el tren un símbolo de desigualdad territorial más que un servicio público. Durante más de dos décadas, las promesas se encadenaron sin resultados: José María Aznar anunció en 2002 un AVE Madrid-Cáceres-Badajoz “que veríamos funcionar”; Zapatero situó el horizonte en torno a 2010; Rodríguez Ibarra y De la Vega reiteraron fechas similares; Mariano Rajoy rebajó expectativas con el concepto de “altas prestaciones”, sin cumplir tampoco los plazos; e incluso Pedro Sánchez aseguró que el AVE sería una realidad en verano de 2022, una fecha que volvió a incumplirse.

Ni siquiera faltaron episodios surrealistas en la anterior precampaña extremeña. En julio de 2022, la entonces candidata del PP, María Guardiola, criticó en redes que el nuevo tren carecía de enchufes y tenía un wifi “inaceptable”, hasta que horas después descubrió —y reconoció públicamente— que el enchufe estaba escondido bajo su propio asiento. El vídeo disculpándose se viralizó y fue utilizado por adversarios políticos para cuestionar su nula familiaridad con el servicio, aunque ella mantuvo su crítica a la conectividad regional.

El mayor impulso inversor de la historia reciente

El contraste con la última etapa es evidente. Entre 2018 y 2024, con el gobierno socialista, Extremadura ha recibido 1.780 millones de euros en inversión en infraestructuras, de los cuales más de 1.420 millones han ido al ferrocarril. En 2017 se destinaron 143 millones, frente a los 311 millones de 2024. En licitaciones, el salto es aún más notable: cerca de 2.000 millones licitados en seis años, con una media de 300 millones anuales frente a los 21 millones de 2017. Aunque la ejecución y la licitación nunca coincidan al milímetro, la diferencia de escala es abismal.

Este impulso permitió renovar por completo las líneas convencionales Zafra-Huelva, Mérida-Puertollano y Mérida-Sevilla; eliminar todas las traviesas de madera; y mejorar de forma sustancial los servicios. Hoy circulan tres trenes Alvia entre Madrid y Extremadura —uno de ellos con parada en Plasencia— y, por primera vez, existe una conexión directa entre Cáceres y Badajoz que ha rebajado sus tiempos hasta los 46 minutos entre las dos principales ciudades de la región que tampoco están comunicadas por autovía.

Entre los hitos más relevantes figuran la puesta en servicio del primer tramo de alta velocidad Plasencia-Badajoz en 2022; la electrificación del eje Badajoz-Cáceres en 2023 y su ampliación a Plasencia; y la entrada en funcionamiento, en 2025, del bypass de Mérida, cuya obra quedó bloqueada durante el Gobierno del PP y tuvo que ser rescindida y relanzada. También se avanza en las obras de la plataforma Plasencia-Navalmoral y la electrificación del corredor convencional Navalmoral-Madrid. Y, por primera vez desde que se cerró el trayecto ferroviario de la Ruta de la Plata en 1984, la línea ha dado su primer paso administrativo real para estudiar su posible reapertura.

Aún así, Extremadura sigue sin un corredor de alta velocidad plenamente operativo, con frecuencias inferiores a las de otras regiones y tiempos de viaje que aún reflejan los cuellos de botella fuera del territorio. La estructura mejora, es obvio, pero no al ritmo que la ciudadanía exige tras décadas de abandono.

Los frenos externos: Toledo y Lisboa

Dos factores ajenos a la región continúan ralentizando el cierre de la brecha ferroviaria extremeña. En Castilla-La Mancha, la discusión sobre el trazado del AVE a su paso por Toledo ha generado fricciones continuas entre el presidente Emiliano García-Page y el Ministerio de Transportes. La declaración de impacto ambiental, caducada durante el mandato de Rajoy, ya ha sido renovada, pero la falta de consenso político ha alargado plazos clave para conectar Madrid y Extremadura por alta velocidad.

El otro gran obstáculo está en Portugal. Los retrasos acumulados en el lado luso —especialmente en el tramo transfronterizo Badajoz-Caia— empujan la conexión Madrid-Lisboa hasta 2034, lejos del objetivo europeo de 2030. Lisboa no prevé licitar grandes obras hasta 2026 ni arrancarlas antes de 2028-2029 por problemas técnicos y financieros. Este bloqueo internacional alimenta la idea de que Extremadura “siempre paga los retrasos de otros”, pese a que los avances internos sean innegables.

Justicia ferroviaria

En la recta final hacia el 21-D, María Guardiola ha reforzado su presión sobre el Gobierno central. Exige que el AVE Madrid-Badajoz funcione en 2030, con un viaje de dos horas por una plataforma exclusiva, y rechaza rotundamente el horizonte 2034 que manejan documentos europeos. Su consejero de Infraestructuras, Manuel Martín Castizo, ha denunciado lo que llama la “retórica imparable” del ministro Óscar Puente y reclama licitaciones inmediatas, maquinaria sobre el terreno y resultados visibles. La presidenta insiste en que Extremadura no pide privilegios, sino “dignidad ferroviaria”, y que los informes europeos no pueden convertirse en “papel mojado”.

Guardiola enmarca esta ofensiva en la reunión mantenida con Pedro Sánchez en octubre de 2025, donde volvió a exigir acelerar los tramos no afectados por los bloqueos de Toledo o Talavera, incorporar nuevo material rodante y garantizar que la Ruta de la Plata entre en la red básica ampliada europea, lo que permitiría atraer fondos clave a partir de 2040. Ni una crítica a los sucesivos gobiernos de su partido que han pasado por Madrid y que han llevado a la región que ahora preside a su situación ferroviaria actual.

Esta semana las propuestas vuelven a bifurcarse entre quienes apuestan por reenfocar el mapa de infraestructuras. Pero, más allá del choque de modelos, lo que subyace es el consenso social de que la región necesita conexiones más eficientes si quiere garantizar igualdad de oportunidades y frenar la pérdida de población.

La candidata a la Presidencia de la Junta por Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, asegura que la región está todavía “en el siglo XX” en materia de transportes y por ello apuesta por impulsar un modelo de cercanías intermodal que permita conectar y vertebrar la región.

En este sentido, Unidas por Extremadura plantea no solo apostar por la conexión con Madrid, sino desarrollar un modelo que permita que los autobuses y trenes estén conectados “para que nos permita ir desde Valverde a Navalmoral y de Navalmoral a Madrid, y que lo hagamos comprando nuestro billete desde la propia página de Renfe, como hacen otras comunidades autónomas”. Irene de Miguel, además, se ha mostrado dispuesta a exigir al gobierno estatal la financiación suficiente para poder desarrollar la red de Cercanías en Extremadura, “y que permite el Estatuto de Autonomía”. “Reclamamos que se haga aquí lo que ahora mismo se está planteando en Galicia, que es esa red de cercanías para poder vertebrar el territorio”, ha insistido.

En este punto, la pugna política deja en evidencia algo que la ciudadanía expresa desde hace años: las decisiones en materia de transporte condicionan el acceso al empleo, la cohesión entre territorios y la calidad de vida en los pueblos. Cercanías, carreteras interprovinciales, intermodalidad, bono único… Cada formación defiende su receta, pero todas giran en torno a la misma demanda: una Extremadura “conectada”, que no obligue a desplazarse horas para gestiones básicas ni limite el desarrollo por falta de infraestructuras.

Con el 21-D en el horizonte, el debate sobre trenes y carreteras vuelve a ocupar el centro del tablero. Lo que ocurra tras las urnas marcará si la región opta por un impulso decidido a las Cercanías, por una reorganización del mapa viario o por la continuidad del modelo actual. La campaña no ha hecho más que empezar, pero el mensaje es claro: el futuro de Extremadura también se juega en la forma en la que se mueve.

Una brecha que se cose, pero no termina de cerrar

Pese al avance inédito en inversión, planificación y obras, Extremadura sigue reclamando un trato equivalente al de otras comunidades. El mapa ferroviario continúa incompleto y los contratiempos externos mantienen a la región lejos de la plena conectividad. El tren vuelve a ser el eje simbólico de un debate territorial que define las elecciones del 21-D: ¿viaja España a dos velocidades?

La batalla política en torno al ferrocarril es larga y está llena de fechas que nunca llegaron. Desde la promesa de Aznar en 2002 hasta el compromiso reciente de Pedro Sánchez, pasando por los anuncios de Zapatero, los planteamientos de Rajoy y las disputas locales entre Monago, Fernández Vara, Guardiola o Miguel Ángel Gallardo, el AVE extremeño se ha convertido en una especie de hilo rojo que atraviesa gobiernos sin llegar a materializarse del todo. En campaña, vuelve a ocupar el centro político pero locales y visitantes lo sufren todos los días.

Extremadura avanza, pero sigue esperando el tren que durante décadas ha escuchado que venía ya.

La atención política y mediática está puesta en Extremadura, algo muy poco habitual. Las urnas extremeñas abrirán el 21 de diciembre la veda de una sucesión de comicios autonómicos, y ya se verá si generales, pero este adelanto electoral es una moneda lanzada al aire por el PP para intentar huir de Vox porque la relación entre ellos siempre ha hecho aguas en esta comunidad.

María Guardiola ha lanzado un órdago y solo tiene una opción para ganarlo: conseguir mayoría absoluta para no volver a depender de la extrema derecha. Pero ninguno de los sondeos conocidos hasta ahora dibuja esa opción. Sin embargo, sí coinciden en un crecimiento robusto de Vox, con un PSOE a la baja, muy lejos de cualquier opción de recuperar al poder en esa comunidad, a pesar del incremento de apoyos que algunas encuestas pronostican para la confluencia Unidas por Extremadura (Podemos, IU y Alianza Verde).

Por lo tanto, la estrategia del PP podría fracasar ante el riesgo de que el tablero político no se mueva y la situación de bloqueo de la que huye Guardiola sea permanente, puesto que, aunque ganara las elecciones el 21-D, Vox venderá ahora caro su apoyo o incluso su abstención ante una previsible investidura. Ya lo advirtió el presidente de Vox, Santiago Abascal, durante la precampaña: “Pasa por el aro [Guardiola] o elecciones”.

Un apoyo que Vox venderá caro en Extremadura

Precisamente, el argumento de la parálisis política que utiliza la presidenta extremeña para defender el adelanto electoral tiene que ver con la incapacidad de su Gobierno, en minoría desde que Vox rompió en 2024 con todos los Ejecutivos autonómicos del PP, para conseguir el apoyo del PSOE o de sus exsocios de extrema derecha y sacar adelante los presupuestos de 2025 y 2026. Guardiola rechazó de plano las propuestas de Vox para negociar su voto a las cuentas regionales. La ultraderecha reclamó la derogación de la ley LGTBI de Extremadura, la eliminación de ayudas a la Igualdad y del registro extremeño de sanitarios objetores al aborto, la supresión de subvenciones a los sindicatos y la “reintegración” de inmigrantes a sus países de origen, entre otras.

Muchas de las condiciones rechazadas por el PP en Extremadura son las que ha aceptado en la Comunitat Valenciana. Por eso, Abascal ha preguntado esta semana por qué el PP “acepta un acuerdo político” en las Corts Valencianas y “niega ese mismo acuerdo político en Extremadura y nos lleva a todos a unas elecciones”. El caso es que la falta de entendimiento entre la derecha y la ultraderecha extremeñas ha sido la característica principal de su relación y ninguno de los dos partidos lo ha disimulado. Por ejemplo, tras las elecciones de 2023, Carlos Mazón tardó solo 16 días en firmar el acuerdo del Gobierno de coalición con Vox , pero María Guardiola en Extremadura tardó el doble tras unas negociaciones que incluso incluyeron una ruptura inicial por su negativa a dejar entrar en su Ejecutivo a Vox.

Ahora, la candidata del PP intenta repetir la victoria que consiguió Juan Manuel Moreno Bonilla en 2022, cuando adelantó las elecciones y logró mayoría absoluta. Para ello, Guardiola confía, además, en haber cogido en horas bajas al PSOE, con su candidato, Miguel Ángel Gallardo, imputado por prevaricación y tráfico de influencias y a la espera de juicio por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. Esa mochila es el mayor inconveniente de los socialistas para lanzarse a recuperar la Junta de Extremadura, a pesar de que fue el partido más votado en las autonómicas de 2023, aunque empató con 28 diputados con el PP.

Elecciones en diciembre, juicio en mayo

El juicio se celebrará a finales de mayo en la Audiencia Provincial de Badajoz. La acusación, de la que forma parte el PP, pide penas de prisión e inhabilitación. Gallardo se enfrenta a las urnas entre sospechas por la investigación judicial, iniciada a raíz de una denuncia de Manos Limpias con recortes de prensa, y por su entrada como diputado en la Asamblea el pasado verano y su polémico aforamiento, después de que dimitieran varios compañeros que fueron en la lista del PSOE de 2023 delante que él.

Esta situación podría favorecer a Unidas por Extremadura al hacerse con apoyos provenientes de votantes socialistas. Según el CIS, la coalición de izquierdas podría pasar de los cuatro diputados actuales a tener seis o siete en la nueva legislatura. Pasaría del 6% de los votos que obtuvo en 2023 al 9,6% que el estudio preelectoral pronostica.

Unidas por Extremadura llega con un liderazgo consolidado, el de Irene de Miguel, cabeza de cartel en 2019, 2023 y ahora en 2025. La marca se ha distinguido por la estabilidad y continuidad si se compara con las tensiones que Podemos e IU han tenido en otros territorios e incluso en el panorama nacional. La unión de Podemos, IU, Extremeños y Equo logró sobrevivir a la mayoría absoluta del PSOE extremeño en 2019 y hace dos años la coalición (desde entonces Podemos IU y Alianza Verde) conservó los cuatro diputados, a pesar de una ligera bajada de votos. No obstante, las últimas elecciones demostraron que su suelo electoral es bastante rocoso al retener su representación parlamentaria en un contexto político de auge de PP y Vox, caída del PSOE y la desaparición de Ciudadanos.

Extremadura se gastará siete millones de euros en las elecciones anticipadas del 21 de diciembre. Son 4,2 millones más (60%) que en 2023 porque, en esta ocasión, ese gasto lo asume en solitario. Hace dos años, al coincidir con las elecciones municipales, el coste se compartió con el Estado, pero es la primera vez que no se celebran los comicios autonómicos y locales el mismo día.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha informado este jueves de este proceso electoral, en el que están llamados a las urnas 890.967 personas, 3.817 más que en la cita de 2023, acompañada de la secretaria general de Hacienda y Administración Pública, Inmaculada Núñez.

El adelanto electoral ordenado por la presidenta extremeña, María Guardiola, obliga a la Junta a asumir varias responsabilidades en cuanto al gasto en papeletas, sobres, documentación para el voto por correo, modelos de actas, manual y otra serie de costes. Además, todos los contratos relativos a estos gastos han sido tramitados por el procedimiento de emergencia. Entre estos contratos destaca, por ser el de mayor cuantía, el destinado a cubrir los servicios necesarios para la recogida, procesamiento, difusión y publicación de los resultados de las elecciones, que asciende a 3,7 millones de euros. Además, se destinarán 1,8 millones de euros para el pago a los trabajadores que presten sus servicios durante la jornada electoral.

La consejera ha destacado que la Junta tiene que seleccionar, nombrar, formar y retribuir a todos los representantes de la administración en las mesas electorales, debido a que en esta ocasión no se cuenta con la ayuda económica del Estado. Las arcas autonómicas también asumen el gasto de más de 500.000 euros para contrato del material electoral, la adecuación del centro electoral que será, como viene siendo habitual, la Escuela de Administración Pública, y para el traslado de electores, además de un millón de euros para los gastos de las formaciones políticas que concurren al proceso cuya distribución está regulada por Ley de Elecciones a la Asamblea de Extremadura.

Más electores que en 2023

Un total de 890.967 extremeños podrán ejercer su derecho al voto, 551.368 en la provincia de Badajoz, que elegirán a 36 diputados, y 339.599 en la de Cáceres. que elegirán a 29 diputados de la Asamblea. El número total de electores está formado por el censo de electores residentes y el de electores residentes ausentes (el denominado voto CERA). El primero consta de 860.359 votantes mientras que el de los extremeños que viven en el extranjero se cifra en 30.608 electores.

La consejera ha destacado que el número total de votantes, 890.967, ha aumentado respecto al proceso de 2023 en el que fue de 887.150 electores. También se ha producido un leve aumento en el voto CERA, que ha pasado de 28.808 a 30.608 votantes. Además, el número de electores nuevos por haber cumplido los 18 años desde los últimos comicios de 2023 hasta ahora es de 26.695, según ha explicado la consejera.

Portal web y atención telefónica

La consejera ha explicado que para consultar toda la información relativa al proceso electoral se ha puesto en marcha un portal web al que ya se puede acceder desde hace unas semanas, denominado elecciones2025.juntaex.es, y en el que se ha volcado toda la normativa relacionada con la jornada del 21 de diciembre. “Aquí todos los extremeños podrán resolver dudas acerca del proceso electoral o informarse de cómo y dónde se puede ejercer el derecho a voto, incluyendo el voto accesible, contribuyendo a facilitar de una forma sencilla y gratuita toda la información relativa a este proceso”.

Manzano ha señalado que el portal web está estructurado de una forma accesible y en el mismo se encuentran disponibles varias pestañas entre ellas la de “Normativa”, que se actualiza a diario y que incluye toda la legislación electoral y las instrucciones de la Junta Electoral Central. También se puede consultar información relacionada con el censo y la constitución de las mesas electorales, así como un calendario que se inicia con el decreto de convocatoria e informa sobre los plazos de voto por correo, residentes en el extranjero o cómo acceder al voto accesible mediante el uso del braille.

Por otro lado, se ha habilitado la dirección de correo electrónico elecciones2025@juntaex.es a través de la cual se puede recabar mayor información o plantear cualquier problema o duda que tenga el electorado. También se ha puesto a disposición de los ciudadanos una línea gratuita de atención telefónica mediante el número 900 21 12 25, que está relacionado con la fecha de celebración de la jornada electoral, facilitando de esta manera su identificación intuitiva, línea que permanecerá activa de lunes a viernes en horario de 8:30 a 14:30 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

Asimismo, los extremeños también contarán con un número de teléfono para realizar sus consultas a través de whatsapp, que es el 669 12 21 25.

La política española empieza a recordar peligrosamente a una de esas tópicas conversaciones telefónicas de enamorados pasmados, donde uno le pide al otro repetidamente que cuelgue, pues ninguno quiere ser el primero en asumir el coste de colgar. Antes cursis que mostrar debilidad; el que cuelga, pierde.

- No, cuelga tú, amor. 

- Ay, no seas tonto, cuelga tú. 

- Cuelga tú, anda, que mañana madrugo.  

- Por eso, mi vida, cuelga tú.

Pongan “convocar elecciones” en vez de “colgar el teléfono” y les habrá salido un remedo bastante apañado de la conversación política española que tenemos el dudoso placer de seguir a diario.

- Convoque, señor Sánchez. 

- Presente una moción de censura, señor Feijóo. 

- Señores socios del señor Sánchez, oblíguenle a convocar, que con este no hay manera. 

- Convoquen en Valencia primero. 

Naturalmente, el gran beneficiado de semejante relato político monótono, donde primero se habla de elecciones, luego de elecciones y finalmente de elecciones, será siempre el único que, en este caso concreto, puede colgar y convocar realmente: el presidente Sánchez. Nos queda a todos claro que todo el mundo quiere ganar en las urnas. No queda tan claro para qué quieren vencer unos cuantos; seguramente porque ni ellos mismos lo saben muy bien. Mientras los demás se entretienen jugando con la bolita de los comicios, Sánchez va gobernando. 

Ahí tiene al pobre Núñez Feijóo. De plantearse un superdomingo electoral ha pasado, de golpe, a tener que jugar a la ruleta rusa. Quería acelerar el ciclo electoral para golear y ahora está como en el 2023. En manos de Vox y rezando para que no le cuelguen el aparato en Valencia. 

Por supuesto, ninguno de nuestros enamorados alcanza el nivel acreditado por Junts en este arte de exigirle a los demás que hagan algo mágico que resuelva todos sus problemas. Puigdemont quiere que se convoque y no se convoque a la vez. Dan por terminada la legislatura, pero que la remate otro; que ellos solo están para expedir el certificado de defunción. El tiempo y el espacio se vuelven aún más relativos en el caso de un partido que estaba y no estaba a la vez en la mayoría que sostenía al ejecutivo. Ahora ya no están, pero siguen hablando como si siempre hubieran estado. 

Junts parece presentar otro cuadro palmario de la afección que coloniza la política española: la temible “pedrosanchitis”. Como ya hemos comprobado en otros tantos casos anteriores, también les guía el convencimiento de que todos sus males son culpa de Pedro Sánchez. El catalán en Europa, el bloqueo judicial a la amnistía, que el amado líder siga en Waterloo, incluso el ascenso imparable del ultraindependentismo cabreado de Aliança Catalana; todo se debe al pérfido Sánchez y solo él posee los poderes milagrosos para arreglarlo. 

Lo más divertido de semejante panorama reside en contemplar a todos aquellos portavoces políticos y mediáticos que llevan ocho años imputando por traición a quienes hablaban con el independentismo catalán, correr ahora a saludar ese diálogo, incluso a exigirlo, como el acto definitivo del buen patriotismo; que, como todo el mundo sabe, empieza siempre por uno mismo.

Los partidos regionalistas comienzan a calibrar sus fuerzas y armar sus candidaturas tras el adelanto electoral decidido por Maía Guardiola. Alguno de estas formaciones ya han decidido quiénes serán su candidatos para la Presdencia de la Junta de Extremadura para el 21 de diciembre.

Es el caso de la coalición que han formado Una Extremadura Digna (UED) y Soberanía y Trabajo (SyT), que han designado a Juan Viera como candidato tras una votación online de carácter interno.

En concreto, el número uno por Badajoz será Juan Viera, mientras que la lista por Cáceres será encabezada por Óscar Pérez. En una segunda vuelta de la votación conjunta, el candidato Juan Viera fue elegido como aspirante a la Presidencia de la Junta de Extremadura.

Además, la coalición ha informado de que en los próximos días se darán a conocer el resto de las listas por ambas provincias.

Dos ex de Ciudadanos

Por su parte, el presidente de Juntos por Extremadura, Raúl González, será el candidato de esta formación a unos comicios en los que quieren ser “la llave que devuelva el poder a los extremeños”

González estará acompañado por Fernando Baselga y José María Casares, antiguos dirigentes de Ciudadanos Extremadura, con cuya incorporación al comité ejecutivo “se refuerza la estructura del partido con experiencia parlamentaria y una visión centrada en la profesionalización de la política regional”.

El partido ha recordado que, con 15.500 votos en las últimas autonómicas, se quedó a las puertas de entrar en la Asamblea, por lo que ahora el objetivo es “ser la llave que permita situar los intereses de los extremeños en el centro de la política regional”. 

Feijóo ha empujado para que Extremadura tenga elecciones anticipadas el 21 de diciembre, y está empujando para que la Comunitata Valenciana no las tenga aunque dimita Carlos Mazón. Hoy hablamos de cómo la política ha comenzado a usar este recurso del adelanto como una herramienta más para la táctica política. Desde 2020, en España hemos tenido 9 adelantos electorales, y eso sin contar las repeticiones electorales de 2019.

Lo analizamos con el analista político y profesor en la Universidad Carlos III, Pablo Simón, y con el periodista de elDiario.es, José Precedo.

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Cierre de filas en torno a Miguel Ángel Gallardo, que será el candidato del PSOE en las elecciones anticipadas que Extremadura celebrará el 21 de diciembre. El Comité Regional de los socialistas han ratificado por unanimidad al secretario general del partido, que está a la espera de que se celebre el juicio por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.

El secretario de Organización, Manuel Mejías, ha anunciado los acuerdos de la reunión, que se celebró a última hora de la tarde del miércoles y advirtió de que la convocatoria de elecciones anticipadas “pasará factura económica” y generará “consecuencias negativas”, todo ello por “el fracaso” de la presidenta extremeña, María Guardiola, de gestión y diálogo.

“La responsable tiene nombre y apellidos: María Guardiola. Desde el inicio de su falsa negociación presupuestaria lo venimos advirtiendo: la culpable de este caos es ella. Guardiola ha fracasado, ha preferido huir antes que gobernar. Ha decidido dimitir de Extremadura”, ha afirmado.

Mejías también ha criticado las referencias del PP a Gallardo por estar investigado en la causa abierta por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por parte de la Diputación de Badajoz. “Esto refleja que estamos ante un PP sin rumbo ni argumentos”. En este sentido, ha criticado la doble vara de medir del PP en cuestiones judiciales. “En democracia prevalece la presunción de inocencia, salvo que seas del PP. No pueden pedir respeto a la justicia para los suyos y al mismo tiempo intentar linchar públicamente a un adversario político”.

El dirigente del PSOE extremeño se ha mostrado convencido de una victoria socialista el 21 de diciembre, “como ya hicimos en las elecciones autonómicas de 2023”, en la que Guardiola pactó con Vox para acceder a la Presidencia de la Junta.