Iustitia Europa pide al Supremo que suspenda las elecciones por la “imposibilidad” de cumplir el fallo de la ley de nietos

El partido minoritario Iustitia Europa reclama al Tribunal Supremo que suspenda las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. En un escrito de urgencia presentado esta misma mañana, la formación se apoya en las alegaciones remitidas este jueves por la Abogacía del Estado, en las que los servicios jurídicos del Estado argumentaron que el adelanto electoral hace “materialmente imposible” revisar los expedientes de nacionalizados por la ley de nietos puestos en duda por el Alto Tribunal. 

“La votación debe celebrarse bajo condiciones que garantías en la plena efectividad de la resolución judicial vigente. La suspensión temporal de la votación preserva el resultado útil de la tutela cautelar y protege simultáneamente la integridad y legitimidad del proceso electoral”, dice el escrito. 

El partido exige que, en caso de que el tribunal vea “desproporcionada” para paralización, se tomen medidas para garantizar la “trazabilidad” de los votos de los 163.020 electores descendientes de exiliados que accedieron a la nacionalidad —y al derecho al voto— a través de la instrucción que presume esa condición para “todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955” sobre la que ha puesto el foco el Supremo.

Así, propone que el “marcado informático de dichos electores” en el censo cerrado a 1 de agosto de 2026, que es el que se utilizará para el 29N. A su juicio, esta medida subsidiaria no priva preventivamente del derecho de voto a ningún ciudadano ni altera el calendario electoral, pero garantiza de forma absoluta la trazabilidad de los sufragios emitidos por este colectivo. Así, sostienen que en caso de una sentencia estimatoria en el proceso principal, el impacto de dichos votos podrá ser “fiscalizado y depurado de forma quirúrgica en el escrutinio general”. 

En un escrito registrado este jueves, la Abogacía del Estado volvió a pedir al Supremo que levante las medidas cautelares que podrían dejar sin derecho a voto en las próximas elecciones generales a más de 160.000 descendientes de represaliados. “O se suspende a todos los españoles inscritos en el CERA [el censo de quienes viven en el extranjero] –pues los datos que en él se tienen son, globalmente, los de los españoles sin distinción alguna– o no se suspende a ninguno, porque resulta materialmente imposible distinguir a unos de otros en el brevísimo plazo de tiempo del que se dispone”, recogía el escrito.

La Abogacía del Estado recordaba que la ley electoral establece que el censo del 29N es el que se cerró a 1 de agosto —antes de la decisión judicial— y debe exponerse para consulta el próximo lunes 12 de octubre. Los servicios jurídicos del Estado ya alegaron en otro escrito previo al adelanto electoral que no era “factible” que los 16 consulados que aglutinan el 85% de las inscripciones las pudieran analizar antes del 1 de enero de 2027, cuando estaba previsto el cierre del censo para el ciclo electoral del próximo año. 

Ahora, reducir ese plazo a escasos días “confirma” esa imposibilidad material, dice el escrito. E insiste en que “en la ponderación de intereses, ante el riesgo del sacrificio inmediato de un derecho fundamental, lo que debe primar es el ejercicio del derecho a participar”.