En Catalunya han pasado seis años de casi todo. Seis años del 1-O y seis años de la manifestación más grande que ha vivido Barcelona en contra del independentismo. Aunque haya quien quiera hacer ver que el tiempo se paró ese otoño, es evidente que no es así. No existe el riesgo de una ruptura unilateral, por más que algunos sectores minoritarios del secesionismo la anhelen y desde el otro extremo, el españolismo más rancio, se alimente también esa falacia. 

Catalunya necesita muchas cosas, desde más profesionales médicos a menos segregación escolar, desde una mejor financiación autonómica a agilizar el reparto de los fondos Next Generation. Estando mal, no tiene nada que envidiar a la Comunidad de Madrid cuando el PP se llena la boca de libertad e igualdad puesto que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es el que menos invierte en políticas sociales por habitante de toda España. Ella da lecciones al resto instalada en un cómodo neoliberalismo en el que las brechas se van agrandando mientras se envuelve en la rojigualda y lanza proclamas sobre la libertad (sin especificar que es solo para los que pueden pagársela).   

Cada vez que Ayuso apela a la igualdad habría que recordar que ella es quien preside un gobierno que ha perdonado más de 1.200 millones de euros a los ciudadanos más ricos de su comunidad gracias a la bonificación en el Impuesto de Patrimonio. Como subrayaba el compañero Iñigo Sáenz de Ugarte en una de sus magníficas crónicas, los pobres no son tan iguales a los ricos en la región madrileña para las cosas que importan.

Nadie como ella tergiversa el sentido de las palabras y de la realidad. La estrategia de Ayuso, siempre un paso por delante en populismo del resto de dirigentes del PP, sirve para que los suyos la aclamen aunque sus afirmaciones choquen de bruces con esa Constitución que tanto cita y tan poco parece haber leído. Hace solo unos días pidió a Pedro Sánchez que convocase elecciones, sin tener en cuenta que el presidente sigue en funciones y que por lo tanto solo podrá hacerlo si al final no lograse los apoyos necesarios para ser investido. 

Tal vez la presidenta madrileña necesita hablar de Catalunya y ser la más aplaudida en una manifestación con fans coreando “Ayuso, clónate” mientras a su lado Alberto Núñez Feijóo pone cara de resignación. Es una manera como otra de no tener que responder sobre los problemas de Madrid. Lo que Catalunya seguro que no necesita es que ella o Santiago Abascal vengan un domingo a alimentar las bajas pasiones que tan poco ayudan a la convivencia. Se equivocan al querer fomentar la crispación. Porque tanto ella como Vox, que pueden participar en tantas manifestaciones como consideren, no pretenden otra cosa que avivar nuevas fracturas que ni les dan el rédito electoral que anhelan en Catalunya ni  probablemente ya no les rentan tanto en otros puntos de España (visto lo visto en las últimas elecciones y sobre todo después).

Desconocemos qué efectos tendrá una ley de amnistía, o como acabe llamándose, a nivel social y electoral. Sí sabemos qué pasó con los indultos. La respuesta es nada porque también muchos ciudadanos que abominan de la actuación de los dirigentes independentistas durante el 2017 lo que quieren es pasar página y mirar hacia adelante. Tienen muchos problemas, muy parecidos a los habitantes de otras comunidades, y, según los sondeos, no parece que el temor a una secesión esté ahora mismo entre sus preocupaciones. 

Eso no significa que estén de acuerdo con las tesis independentistas ni que les den igual. Quien mejor lo ha explicado ha sido Joan Coscubiela, en un artículo que publicó hace unas semanas en este diario. Recupero un fragmento a modo de resumen: “A las personas que en Catalunya y España quedamos atrapadas en esta lógica de barricadas no debería costarnos mucho asumir la necesidad de superar este drama colectivo. Ante nosotros tenemos el dilema entre continuar en una situación enquistada o intentar, con sus riesgos y costes, el desbloqueo de una situación que resulta corrosiva socialmente”. 

Hay otro elemento que permite abonar esta misma tesis: los indultos no pasaron factura al PSC. Arrasó en las generales y todas las encuestas vaticinan que Salvador Illa ganará las autonómicas. En su partido aspiran a llegar a los 50 diputados (ahora tiene 33). Saben que ser los primeros no les garantiza que puedan gobernar pero quien seguro que no lo logrará, ni llegar primero ni hacerse con la Generalitat, será el PP. Ni con Vox ni sin él. Y si sigue con esta estrategia que se olvide por unas cuantas décadas más.

Gritar ‘Puigdemont a prisión’, ‘Puigdemont al paredón’ o ‘Sánchez, mamón, tu amigo es Puigdemont’, entre pancartas de dudoso gusto e incluso alguna contra el rey, puede ser un ejercicio catártico para los asistentes a una manifestación como la de este domingo pero ayuda en muy poco a avanzar hacia la normalidad. Según la Guardia Urbana eran 50.000 personas (no todas coreaban lo mismo) e igual que la ANC ya solo representa a una parte cada vez menor del independentismo, también Societat Civil Catalana es solo altavoz de las facciones más duras de los contrarios al secesionismo.

Es probable que protestas como la de este domingo tengan justamente el efecto contrario al que buscan y sean un incentivo más para que el PSOE y los independentistas lleguen a un acuerdo que permita a Pedro Sánchez ser investido. Esta vez la partida no se juega en los extremos, por más que a Ayuso le convenga.

“Puigdemont a prisión” es un cántico que hacía tiempo que no se oía de manera tan contundente en las calles de Barcelona. Este domingo ha vuelto a resonar por la manifestación convocada por la entidad Societat Civil Catalana (SCC), que ha congregado a miles de personas para protestar contra la amnistía que los partidos independentistas reclaman a cambio de dar su sí en la investidura a Pedro Sánchez. 

Bajo el lema 'No en mi nombre. Ni amnistía ni autodeterminación', la entidad ha convocado la marcha para “dar voz a los ciudadanos catalanes y del resto de España que no están dispuestos a que sean objeto de negociación cuestiones que minarían” el sistema democrático de la Constitución. Según Guàrdia Urbana, unas 50.000 personas se han unido a la manifestación de este domingo, mientras que la organización cifra los asistentes en 300.000.

La bandera de España ha tomado el centro de la capital catalana como hacía tiempo que no se veía. En forma de bandera, pulsera, gorras o paraguas. Incluso se ha llegado a oir el himno tocado por una gralla (instrumento típico de la cultura catalana). “Yo soy español, español”, cantaba un matrimonio de Barcelona. Nacidos aquí y catalanoparlantes, según han dicho -a pesar de que usaban el castellano para expresarse-, se muestran muy contrarios a una amnistía “negociada con terroristas”. 

También lo piensa así un joven de L'Hospitalet, que rehúsa dar su nombre. Pelo engominado y bandera de España a modo de capa, dice que él no habla en catalán porque “es español”. Asegura que la amnistía le parece una “aberración” porque le “gusta mucho” la Constitución y “no se puede permitir” que nadie “la ningunee”, dice. El joven pone todas sus esperanzas a que el rey y el Estado “recapaciten” y no dejen que “los golpistas” formen gobierno con Sánchez. Su mayor esperanza, dice, está en políticos como Ayuso. 

Y es que, a pesar de que Societat Civil Catalana ha pedido a los partidos que no instrumentalicen la manifestación con fines electoralistas, los asistentes tenían claro a quién esperaban. Y a nadie se le escapa que un escaparate con potenciales votantes iba a ser usado por los líderes del PP, de Vox y de un casi desaparecido Ciudadanos. De hecho, muchos de los manifestantes no sabían que la manifestación ha sido convocada por SCC, sino que se refieren al acto de este domingo como “la mani del PP”. 

Isabel Díaz Ayuso ha sido una de las caras que más ansiaban ver. Poco antes de empezar la manifestación, la presidenta madrileña ha ofrecido una atención a medios en la que se han congregado más simpatizantes que periodistas. Paraguas con la bandera de España, bufandas y gorras y gritos de “Viva España” o “Puigdemont a prisión” han caldeado el ambiente antes de la llegada de la popular.

“No puede ser que, por siete votos, quiera cambiar el destino de una nación”, ha asegurado Ayuso, en referencia a las negociaciones de Sánchez con los de Junts. Para la popular, una ley de amnistía supondría “retorcer las leyes del estado de derecho” de una forma “tirana”. La madrileña ha sido recibida con vítores por sus acólitos, que le suplicaban: “Ayuso, clónate”.

Bastante más tímidos han sido a la hora de recibir a Alberto Núñez Feijóo, que se ha referido a las negociaciones como “una cacicada impropia de la democracia. No puede ser que un político se salte la ley para llegar a la presidencia y otro para resolver sus aferes judiciales”.

Entre los manifestantes, dos personas que portaban una pancarta contra el Rey Felipe VI han sido apartadas por los Mossos d'Esquadra. Una de ellas ha sido también detenida por desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. Ubicadas en la cabecera de la marcha, mostraban un mensaje que leía 'Felipe VI cómplice del golpe de Estado a las urnas, a la democracia y a la voluntad de los españoles'. Otros manifestantes le han gritado 'Viva el Rey', y los Mossos han intervenido para apartar a la manifestante, pero instantes después habría atacado con un spray de pimienta a los otros asistentes.

Fredy Mercury y la derecha

La cabecera de la manifestación ha descendido por la céntrica calle de Paseo de Gracia dejando imágenes curiosas. Los manifestantes han recorrido la calzada encontrándose con turistas que no entendían qué pasaba. Trevor viene de Estados Unidos y está de vacaciones. Se ha encontrado con la marcha y quiere lucir sus conocimientos de “geopolítica”. Compara Catalunya con Irlanda del Norte y hasta tiene una opinión sobre qué le pasará a la economía catalana en caso de ser independiente. 

Asegura que “cualquier pueblo que quiera decidir su futuro, debería poder hacerlo”, así que esta manifestación le parece “muy bien”. Al ser informado de que la concentración es para exactamente lo contrario, se sorprende. “Eso explica tantas banderas de España”, dice, y deja de agitar el banderín que una manifestante le ha dado. “Como estaba sonando Fredy Mercury”, dice.

Y es que la música ha tenido un papel en la marcha. 'Barcelona', el tema interpretado por el de Queen y Montserrat Caballé para las Olimpiadas ha sonado en diversas ocasiones. Igual que 'Mediterráneo', de Serrat o 'Libre', de Nino Bravo.

Sexto aniversario de la manifestación de 2017

La fecha escogida por esta asociación no es baladí: es seis años después de la multitudinaria manifestación celebrada el 8 de octubre de 2017, una semana después del referéndum del 1-O. Aquella jornada congregó más de medio millón de personas y dio alas a un Ciudadanos, que por aquel entonces estaba en auge, que supo canalizar ese clamor. Tanto, que ganó las elecciones autonómicas de diciembre de aquél mismo año, menos de tres meses después del referéndum. 

Hoy, los naranjas están de capa caída y, aunque los líderes de la formación hace semanas que confirmaron su asistencia, no han sido los rostros más esperados. La manifestación ha contado con la presencia de nombres mucho más aclamados por los asistentes, como el del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el líder de Vox, Santiago Abascal, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Esta última, precisamente, publicó un vídeo en X (anteriormente Twitter) el pasado miércoles en que animaba a la asistencia a la manifestación y que fue contestado por otro mensaje del president de la Generalitat, Pere Aragonès, en la misma red social.

La presidenta de la entidad, Elda Mata, ha pedido a los políticos que asistan que no “deformen” el encuentro porque hay “personas de izquierda” a las que les da “respeto” asistir a estos encuentros, pero que “sí irán”. A pesar de la percepción de Mata, en la manifestación de este domingo había pocas personas -o ninguna- que se identificaran como de izquierdas. “Yo, de derechas, clarísimamente. Y con orgullo”, ha dicho Ramón, otro de los manifestantes. En cambio, Juanjo evita posicionarse en el eje ideológico. “Ni de derechas, ni de izquierdas. Soy ciudadano”, ha espetado.

“Lo que no contemplo es que me llamen fascista por apoyar la Constitución, se ha lamentado”. Preguntado por qué le parece que haya asociaciones y partidos de extrema derecha como Vox en el acto, ha contestado contundente que Vox “es un partido democrático”. “Los fascistas son los otros”, dice María, su mujer. Se refiere a “los terroristas de Bildu y Junts con los que negocia Sánchez. Ellos sí se han saltado la ley y no pasa nada”. Ambos rehúsan decir a qué partido votaron en las últimas elecciones, pero remachan la conversación diciendo que lo que quieren dejar claro es: “los de Vox no somos fascistas”.

Los únicos dirigentes que han asistido son manifiestamente de derechas y, de hecho, el único partido que se ha bajado del carro de Societat Civil Catalana, a diferencia de otras convocatorias, es el único de izquierdas: el PSOE. A pesar de que el entonces líder del PSC, Miquel Iceta, no asistió a la manifestación del 8 de octubre de 2017, sí lo hizo en la convocatoria posterior del 29 de octubre, dos días después de la Declaración Unilateral de Independencia. Esa ocasión dejó para el recuerdo un 'selfie' de Iceta con personalidades del PP como Xavier García Albiol, Enric Millo o Dolors Montserrat. 

Quien sí estuvo aquel 8 de octubre fue Salvador Illa, acompañado de otros dirigentes socialistas. Pero en esta ocasión ha asegurado que no acudirá. Es más, ha apuntado que el partido entero se desmarca de esta convocatoria “contraria” a sus intereses. La consigna del partido es no llevar a cabo ningún movimiento que pueda dañar las negociaciones en curso de cara a la investidura y sumarse a una manifestación que clama contra la amnistía pondría en grave peligro el voto favorable de Junts y ERC. 

El rol de Societat Civil Catalana

Societat Civil Catalana nació el 23 de abril (diada de Sant Jordi) de 2014, en pleno auge del movimiento independentista. Sólo hacía dos años que la ANC había celebrado la primera de sus multitudinarias manifestaciones del 11-S y faltaban tres años para el referéndum del 1-O.

En aquella ocasión, SCC quiso erigirse como la otra cara de la moneda de la ANC. Pero su éxito ni se acercaba al de los independentistas: con la excepción de la manifestación del 8 de octubre de 2017, nunca llegaron a congregar grandes masas en Catalunya.

SCC ha querido evitar posicionarse en el eje ideológico izquierda-derecha, reivindicando en todo momento que el movimiento era “transversal” y que únicamente reivindicaba la unidad de España.

De hecho, en el momento de su fundación, en las filas de SCC dirigentes del PSC compartían espacios con el PP, Ciudadanos y UPyD. Pero también había personalidades de un Vox entonces emergente y nombres destacados de movimientos fascistas como la Fundación Nacional Francisco Franco o del Movimiento Social Republicano.

En esta línea, cabe destacar que el primer presidente de SCC fue José Ramón Bosch, un empresario impulsor de entidades de extrema derecha como Somatemps.

La relación entre las opciones de Alberto Núñez Feijóo de ser presidente del Gobierno y el endurecimiento del discurso del PP es inversamente proporcional. Según disminuyen las primeras, aumenta el segundo. El previsible fiasco de la investidura de finales de septiembre, reconocido por el propio candidato, y la posibilidad de que Pedro Sánchez sea reelegido presidente, ha enardecido al ala más extrema de la derecha, con Ayuso y Aznar a la vanguardia. Pero el propio Feijóo, con un lenguaje diferente, insiste en su estrategia de deslegitimar a las instituciones del Estado y arremete preventivamente contra el Tribunal Constitucional, además de convocar actos en la calle para tapar su derrota.

Los cuchillos no vuelan, de momento, dentro del PP. El partido respalda a Feijóo en su intento de investidura y, de forma mayoritaria, en su plan de liderar la oposición a un hipotético Gobierno de PSOE y Sumar. La idea, el deseo más bien, es que la compleja aritmética de los apoyos para la investidura de Sánchez sean inviables con el tiempo, y el Ejecutivo decaiga antes de dos años.

Es el plazo que se dan en la sede nacional del PP, y que comparten los líderes autonómicos consultados por elDiario.es. Esos dos años son los que duraba el hipotético Gobierno que Feijóo planteó a Pedro Sánchez en su reunión de hace unos días en el Congreso y que el secretario general del PSOE rechazó.

Feijóo se prepara a dos semanas de su propia investidura para liderar la oposición o, en el mejor de los casos para él, para una repetición electoral a la vuelta de las próximas navidades, y en las que el PP confía en mejorar el resultado del 23J, muy lejos de sus expectativas, pero sobre todo de tener opciones de gobernar.

La constatación del fiasco ha cambiado así la estrategia del PP, donde está cogiendo vuelo un discurso cada vez más duro, de retórica frentista, y un ahondamiento en la continua deslegitimación de las instituciones democráticas del Estado. Una estrategia emprendida en su momento por Pablo Casado y exprimida por el propio Feijóo, que ya ha puesto en la diana al Tribunal Constitucional.

El tribunal de garantías ha rechazado la pretensión del PSOE de recontar los miles de votos nulos emitidos el pasado 23J en Madrid. Una victoria del PP, que se garantiza así el escaño 137, que ha servido a los de Feijóo para atacar al organismo que vela por el cumplimiento de la Constitución en España.

“Ni siquiera este Tribunal Constitucional ha sido capaz de dar la razón al PSOE”, apuntó el PP en un comunicado en el que denuncian un “asalto institucional perpetrado por Sánchez durante los últimos años”, pese a que Génova mantiene bloqueado el Poder Judicial desde hace más de un lustro.

En declaraciones públicas, no pocos dirigentes del PP han insinuado que la decisión unánime del Constitucional forma parte de un supuesto plan para “blanquear” una futura e hipotética decisión sobre la amnistía. “El PP de Madrid está satisfecho con el rechazo del Tribunal Constitucional al recurso del PSOE, pero esperamos que esta resolución no sirva para blanquear posibles y futuros pronunciamientos del Constitucional”, dijo el secretario general de Isabel Díaz Ayuso y senador, Alfonso Serrano.

Ayuso, los “bandos”, el “combate” y Felipe VI

El discurso más beligerante lo vuelve a liderar Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña había regresado de las vacaciones con un perfil más bajo del que acostumbra. Ha mostrado su respaldo a Feijóo en diferentes ocasiones, y apenas criticó levemente el vacuo intento de acercamiento de su jefe de filas al PSOE. Sobre el acercamiento a Junts, ni palabra.

Pero toda la complacencia que mostró la ‘lideresa’ con Feijóo la convirtió en un duro discurso hacia sus rivales políticos. Con su presidente sentado en primera fila, Ayuso recurrió a la retórica de hace 100 años.

“Nos encontramos por primera vez en muchas décadas con un frente. Un frente que opera en contra de, no a favor de España”, dijo en un acto para iniciar el curso político del PP en Madrid. “Hagan lo que hagan, es su bando. Como en el siglo XX, nos llevan al combate”, añadió. “Ese frente no necesita ganar elecciones. Le basta con que España entera pierda. Rompen la convivencia en todo el país, llevan el problema de convivencia que ha habido en Catalunya a toda España. Para que no nos podamos entender entre amigos, familias, hermanos. Lo peor de todo no es que quieran discrepar, niegan a los demás. Niegan al otro supuesto bando”, concluyó.

España está “cada vez más cerca de una república federal laica y plurinacional”, dijo también. Dos semanas después, Ayuso acudió al Palacio de la Zarzuela a una audiencia con el rey. Según reveló después ella misma, a Felipe VI le dijo que le “preocupa mucho la convivencia, que no se escuche a la gente desde la propia izquierda”.

“Estoy muy preocupada por que nos dividan en dos bandos”, apuntó. Esos bandos que ella misma había alentado unos días antes. “Sería un pecado que se rompiera” la convivencia, añadió. “Madrid tiene una obligación histórica y moral con España”, dijo a los periodista que esperaban fuera de la residencia del jefe del Estado.

elDiario.es ha intentado confirmar con la Casa del Rey si Ayuso realmente habló en estos términos ante Felipe VI, y cuál es su opinión ante esa opinión. Zarzuela se ha negado a comentar ninguna de las dos cuestiones.

Ante este silencio real, Ayuso tuiteó un mensaje en el que mostraba su “confianza” en Felipe de Borbón.

Aznar, el terrorismo y los independentistas

El discurso de Ayuso ha venido a complementarlo José María Aznar. El expresidente del Gobierno aprovechó el martes el inicio de unas jornadas de la fundación que preside, Faes, para reclamar en España una movilización social como la que sacudió el país tras el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco por parte de ETA en 1997: el “¡Basta ya!”. El ‘Campus Faes’ está dedicado casi monográficamente a la guerra en Ucrania, pero Aznar ni lo mencionó en el discurso de inauguración. El viernes, la clausura correrá a cargo de Feijóo.

“Está en marcha una operación de desmantelamiento de la Constitución, de destrucción de su legitimidad”, dijo. “El secesionismo motorizado por el PSOE cree haber encontrado su momento”, añadió. “España acumula energía cívica, institucionalidad y masa crítica nacional para impedir que este proyecto de deconstrucción constitucional”, apuntó. Una frase que Ayuso recogió en sus redes sociales.

Aznar abundó en un lenguaje muy duro. “No será la primera vez que la fortaleza de la sociedad española se pone a prueba”, dijo. “España no puede volver y no va a volver a un sistema basado en la exclusión, en el sectarismo, ni en la destrucción programada de la nación”, apuntó. Y añadió, como leve contexto histórico, que ese “volver” se refería al “grotesco y ridículo cantonalismo”, a unas inconcretas “políticas del sectarismo” y, por último, una referencia a la Guerra Civil del siglo pasado: “Ni a la España de vencedores y vencidos”.

“El peligro no viene de fuera; está inducido por una fuerza política, el Partido Socialista”, dijo Aznar. Y concluyó: “Unos quieren confirmar nuestra peor historia, confirmar que, efectivamente, en España tarde o temprano termina aflorando el mal de la división y el fracaso”. 

La referencia a la movilización social contra ETA, asimilando el proceso independentista catalán con el terrorismo que provocó la muerte de casi 900 personas, no era gratuita. Esa misma mañana del 12 de septiembre, Sociedad Civil Catalana convocó una manifestación en Barcelona para el 8 de octubre. 

El fantasma de la foto de Colón

Muchos dirigentes del PP corrieron a apuntarse. Entre las primeras, Ayuso. También el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, enfrentado con Feijóo por el control del partido. Y Cayetana Álvarez de Toledo, repescada por el líder del PP como diputada por Madrid en las recientes elecciones. A la marcha se sumó después Vox.

Pero, de momento, la dirección nacional del PP no ha dicho que vaya a asistir. Es más, de momento los indicios apuntan a que prefieren no hacerlo. Así se lo han filtrado desde la cúpula a algunos medios este mismo miércoles, y así lo confirmó la secretaria general, Cuca Gamarra, quien defendió en una entrevista en Antena 3 la batería de mociones para ayuntamientos y parlamentos autonómicos que Feijóo anunció el lunes en su discurso ante la Junta Directiva Nacional.

Gamarra dejó en el aire la asistencia a la marcha del 8 de octubre. Por la mañana, el secretario de la Mesa del Congreso por el PP Guillermo Mariscal tampoco supo decir si él o alguien de la dirección secundará la marcha.

El fantasma de la foto de Colón de 2019 (y su fatídica réplica de 2021, al menos para Casado) sobrevuela Génova. Hasta ahora, Feijóo solo tiene dos fotografías con el líder de Vox, Santiago Abascal. La primera, en un acto oficial de las Fuerzas Armadas. La segunda, en el Congreso durante una reunión por la investidura del gallego. Ambas imágenes tienen cierto carácter institucional y están asentadas en su condición de cargo público.

Pero una foto de Feijóo y Abascal en la calle, manifestándose contra el Gobierno es otra cosa. Y en el PP no parecen tener decidido qué hacer el 8 de octubre.

Lo que sí planea el PP es un “acto abierto” en Madrid el próximo 24 de septiembre, el fin de semana previo a la investidura de Feijóo. La convocatoria la lanzó este miércoles la propia Gamarra en su entrevista en Antena 3, lo que llevó a muchos a pensar que era una reacción a las palabras de Aznar y la marcha de Barcelona prevista para octubre.

La realidad, según ha confirmado elDiario.es, es que ya el pasado lunes Feijóo le comunicó a sus líderes autonómicos la celebración del acto, y de hecho el PP de Madrid ya recibió también el encargo de buscar una localización para hacerlo.

La retórica de Feijóo y su dirección, alejada de la de Aznar y Ayuso en las formas, ha pasado así de la propia de un candidato a ser designado presidente del Gobierno a quien se prepara para liderar la oposición.

El vicesecretario de Organización Territorial y ‘mano derecha’ de Feijóo, Miguel Tellado, aseguró este miércoles en una rueda de prensa en el País Vasco que “existe un clamor popular en las calles contra las pretensiones de Sánchez”. “Ese clamor lo representamos nosotros, estamos obligados a darle salida a ese cansancio ciudadano que está harto de cesiones, concesiones y chantajes. Saldremos a la calle a reivindicar nuestra democracia y nuestra Constitución”, concluyó.

El mismo Feijóo, en su defensa de Aznar cuando el Gobierno en funciones le llamó “golpista” por su discurso en Faes, tuiteó: “El mismo Gobierno que antes de perder las elecciones tachaba la amnistía de inadmisible, ahora la negocia con independentistas mientras insulta a los expresidentes que se rebelan por esto”.

Y concluye: “Lo hicieron con González y ahora con Aznar. España no callará ante su inmoralidad”.

La hasta ahora vicepresidenta Territorial de la entidad Societat Civil Catalana (SCC), Elda Mata, ha sido elegida nueva presidenta de la entidad con el 99% de los votos de los socios, y releva así a Fernando Sánchez Costa después de tres años en el cargo.

En la Asamblea celebrada este domingo, los socios han avalado por unanimidad el plan estratégico de Mata, que en su candidatura ha prometido “firmeza en la defensa de los derechos constitucionales de todos los catalanes”, informa la entidad en un comunicado.

Ha destacado su “compromiso con el crecimiento constitucionalista fuera del área metropolitana de Barcelona”, y ha llamado a los actores civiles, sociales y económicos a involucrarse para evitar el declive económico que, según ella, hay en Catalunya.

La Asamblea ha aprobado las cuentas de 2021 y el Presupuesto de 2022, que asciende a 378.000 euros, así como la propuesta de Junta Directiva presentada por Mata: la única vicepresidencia la ocupará el médico Álex Ramos; la secretaría, el abogado Eloy Moreno y la tesorería la ejercerá la empresaria Maraya Perinat, y tendrá cinco vocales. En su discurso de agradecimiento, Sánchez Costa ha destacado la tarea de Societat Civil Catalana “para romper la espiral del silencio y frenar el 'procés'”.

Nacida en Barcelona (1953), Mata ha ejercido su carrera profesional como empresaria y gerente de diversos negocios agropecuarios y turísticos en la provincia de Girona, y durante 17 años ha ejercido de voluntaria, vocal y presidenta de la Asamblea local de Cruz Roja.

En 2019 asumió la presidencia provincial de SCC Girona, y un año más tarde Sánchez Costa le propuso asumir la vicepresidencia Territorial de la entidad, cargo que ha ejercido hasta la actualidad.

El debate sobre las banderas de España rotas o quemadas vuelve esta semana al Tribunal Supremo. Los jueces de lo penal van a estudiar este martes la absolución de tres estudiantes que en 2016 cogieron y rompieron una bandera de España que tenían varios integrantes de Societat Civil Catalana. La Fiscalía ha recurrido su absolución ante el Tribunal Supremo y reclama que sean condenados por un delito de ultraje a España porque, según su criterio, no fue un acto de protesta sino una coacción en la que los absueltos ejercieron “violencia moral”. Fuentes del Supremo adelantan que será un debate profundo para decidir si este caso es asimilable al de dos hombres que quemaron fotos del rey en Girona en 2007 y que fueron finalmente amparados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una sentencia que dejó claro que prender fuego a una foto del monarca era un acto amparado por la libertad de expresión.

Según ha sabido elDiario.es de fuentes jurídicas, la sala de lo penal estudiará este martes el caso de tres estudiantes que en abril de 2016 rompieron en dos trozos una bandera de España que tenían varios integrantes de Societat Civil Catalana (SCC). Los tres formaban parte del independentista Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y se acercaron a una carpa que la organización contraria al independentismo catalán había montado en la Plaza Cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Cogieron una de las banderas y, según ha declarado probado la Justicia, rajaron la insignia sin realizar ningún acto coactivo.

En un primer momento, los tres fueron condenados por un juzgado de Sabadell a pagar multas de hasta 2.160 euros por un delito de ultraje a España, pero la Audiencia Provincial de Barcelona los absolvió con tres votos a favor y dos en contra, al entender que no había quedado probada ninguna acción violenta o coactiva y que rajar la bandera de España era un acto político amparado por la libertad de expresión. Su caso, entendió la Audiencia de Barcelona, era similar al de Enric Stern y Jaume Roura, condenados por quemar una foto del rey en 2007 en Girona y amparados finalmente por la Justicia europea. Su caso sirvió para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo resolviera que quemar una foto del rey era un acto de libertad de expresión que no debía ser condenado con cárcel.

La Fiscalía ha llevado esta absolución hasta el Tribunal Supremo en un escrito en el que reclaman a los jueces que multen a los tres estudiantes por un delito de ultraje a España. El recurso, firmado por el fiscal Manuel Martínez de Aguirre, defiende que la acción de los miembros del Sindicat d'Estudiants no fue una simple expresión de ideas políticas sino algo “violento y coactivo”. Los tres, dice la Fiscalía del Tribunal Supremo, no se limitaron a opinar y confrontar sino que ejercieron “un acto de imposición por fuerza violenta a través de la destrucción de los símbolos del otro, sin opción al debate o al contraste de opiniones”. No fue un debate, según la Fiscalía, sino una “imposición violenta a otros de opiniones distintas” para “ser la inspiración de otros actos similares, contribuyendo a difundir un ambiente coactivo que sofoque opiniones distintas”.

Para la Fiscalía, por tanto, el caso de estos tres estudiantes de la UAB no es asimilable a los dos condenados por quemar una foto del rey en 2007. Según dice el escrito, hay “diferencias sustanciales” entre ambos casos que deberían llevar al Supremo a volver a imponerles las multas que estableció en 2019 el juzgado de lo penal de Sabadell. Un recurso que ha sido apoyado por Societat Civil Catalana, que en su escrito de adhesión afirma que se “apropiaron por la fuerza” de la bandera y compara su caso con el de un sindicalista gallego que fue condenado por presentarse en octubre de 2014 en el arsenal militar de Ferrol y, en el marco de una protesta por un conflicto laboral de las trabajadoras de limpieza de las instalaciones militares, con gritos como “hay que quemar la puta bandera”.

El abogado de los tres absueltos, Adrià Roger, se ha opuesto a este recurso de la Fiscalía. En su escrito defiende que es “evidente” que se trata de un acto de confrontación de ideas amparado por la libertad de expresión. El escrito acusa también a la Fiscalía de acusar a los tres de perpetrar unas acciones violentas o coactivas que la sentencia y sus hechos probados excluyen de manera explícita. “El desprecio a un símbolo que represente a España, por muy ofensivo que sea, tiene que estar amparado por la libertad de expresión”, zanja el abogado de la defensa mientras afirma que el caso de los tres estudiantes y el de la foto del rey quemada en 2007 en Girona es “plenamente asimilable”.

Banderas, fotos del rey y libertad de expresión

Fuentes de la sala de lo penal avanzan a elDiario.es que este martes se avecina un debate profundo sobre el alcance de la sentencia del TEDH, que en marzo de 2018 condenó a España por imponer condenas de cárcel a dos hombres que en 2007 habían quemado una foto del rey en Girona. Esa sentencia, además de obligar al Estado a indemnizar a los dos condenados, estableció que imponer cárcel por “una infracción cometida en el marco de un debate político” constituye “una injerencia en la libertad de expresión que no era proporcionada a la finalidad legítima perseguida ni necesaria en una sociedad democrática”.

El Tribunal Supremo tendrá que decidir si es un caso asimilable al de los estudiantes de la UAB y si, además, hay motivos suficientes para revocar una absolución en un caso que ha suscitado polémica entre los jueces que lo han estudiado. Después de que el juzgado de lo penal de Sabadell les condenara, la sección séptima de la Audiencia de Barcelona se partió por la mitad y con tres votos a favor y dos en contra optó por absolverles. Esa sentencia defendió que no habían existidos actos coactivos y que romper la bandera se enmarcaba en un debate político instalado con fuerza en Cataluña en 2016 sobre la independencia.

La sentencia - que dejó caer que hubiera sido posible plantear la acusación también por el apoderamiento de la bandera - explicó que los hechos ocurrieron en 2016, un momento que define como de “gran efervescencia” el debate público sobre la independencia catalana. Y negó que, en ese contexto, los tres incitaran al odio o la violencia contra Societat Civil Catalana. “Difícilmente puede argumentarse que dicha acción, por sí sola, incitara al odio o a la violencia”, dijo la sentencia. Y no solo puso la sentencia de Estrasburgo encima de la mesa para hablar del delito de ultraje a España: también se apoya en las argumentaciones del Tribunal Supremo para condenar a los ultras que asaltaron la librería Blanquerna de Madrid en 2013.

“Difícilmente podemos afirmar que rasgar una bandera española es un acto que por sí solo incita al uso de la violencia o que constituya un discurso de odio”, explicó la Audiencia de Barcelona. La sentencia que les absolvió compara su caso con el de Stern y Roura y zanja: “Nos resulta incongruente afirmar que la quema de la imagen del rey es un acto amparado por la libertad de expresión y, a la vez, sostener que la acción de rasgar la bandera española, por sí sola, ya debe incardinarse en el discurso de odio”.

Esa sentencia contó con un voto particular de dos magistrados que apostaban por mantener su condena de multa y que también tendrá presencia en las deliberaciones del Tribunal Supremo. Para ellos, el caso de Barcelona “no es asimilable” al de las fotos quemadas en Girona en 2007 y, además, rechazaron que fuera un acto de expresión de ideas políticas. “La acción es claramente intolerante hacia otras ideas, hacia otras banderas que simplemente a ellos no les representan”, dijeron los dos jueces discrepantes, para afirmar también que la condena debería ser la misma si hubieran rajado una bandera catalana.

La investigación policial del 'Barçagate' ha salpicado al presidente de la cámara de comercio de EE. UU. en España. Se trata del empresario Jaime Malet, uno de los miembros de la patronal más activos contra el independentismo y vinculado a la entidad Societat Civil Catalana (SCC) y a la candidatura de Manuel Valls a la alcaldía de Barcelona. Malet ha admitido que ejerció de intermediario entre el Barça y la empresa de cuentas falsas de Twitter que el club contrató para mejorar la reputación de su presidente, Josep Maria Bartomeu, al mismo tiempo que se lanzaban mensajes críticos contra jugadores del primer equipo.

Malet fue el intermediario en 2017 entre el Barça y Nicestream, el grupo al que pertenecen empresas como I3 Ventures y que fueron las encargadas de desprestigiar a los rivales de Bartomeu en redes. Los bots de esta empresa -en algunos casos incluso los mismos perfiles- habían sido utilizados años contra el secesionismo y para ampliar los mensajes de SCC, según desveló El País.

Durante el registro por parte de los Mossos a la compañía de Malet el pasado lunes, el empresario admitió a los agentes que desde 2015 “apoyaba a la empresa Nicestream en su entrada en España” y se planteó invertir en ella, según figura en el informe policial al que ha tenido acceso elDiario.es. Finalmente, como “vía previa” a esta inversión, llegaron a un acuerdo por el que la empresa de Malet se encargaría de buscar clientes para Nicestream a cambio de una comisión. Poco después conectó a la junta de Bartomeu con la granja de bots. 

Las explicaciones de Malet quedaron recogidas en el acta del registro a su empresa. El empresario también relató a los agentes durante el registro que su labor de intermediación entre el Barça y Nicestream tuvo como origen “los ataques en redes sociales bajo hashtag #bartomeudimisión que el señor Bartomeu, la Junta del Barça y el propio club estaban sufriendo por parte de un movimiento que quería acceder a la presidencia del club”.

Una vez el Barça y Nicestream suscribieron el contrato, continuó Malet, su empresa “fue cobrando el porcentaje que le correspondía en la facturación, sin pagar absolutamente nada a nadie”. En palabras de Malet, su trabajo con Nicestream es “presentar a gente, cobrando un porcentaje de las relacione que se derivan de dichas presentaciones”. La “gente”, en este caso, fueron los responsables del Barça. Malet también quiso dejar claro que él “no se mete en nada más”, según quedó constancia en el acta de registro a su compañía, TelamPartners.

El informe de los Mossos sobre el caso también pone de manifiesto que Malet siguió de cerca la consumación del contrato entre I3 Ventures -otra de las empresas vinculadas a Nicestream- y el Barça. Así lo muestran los correos que se cruzó en octubre de 2017 con el responsable de la firma de propaganda digital, Carlos Ibañez, en los que Malet le llega a preguntar por qué el precio del contrato se ha triplicado respecto a la propuesta inicial. En otro correo del mes de diciembre de 2017, un trabajador de I3 Ventures le contó a Malet que “por razones administrativas del cliente”, es decir, el Barça, se tuvieron que confeccionar seis contratos “separados por distintos servicios y con sociedades diferentes”.

Esta es precisamente la principal tesis de los investigadores: para eludir los controles internos del propio club, Bartomeu y sus tres hombre de confianza en la entidad habrían fraccionado los contratos con I3 Ventures para evitar que al ser superiores a 200.000 euros tuvieran que pasar por la Junta Directiva, causando un “perjuicio” al club de hasta 1,2 millones de euros.

El día que varios directivos del Barça pidieron explicaciones a Bartomeu por la contratación de esta empresa, el presidente del club les respondió que la persona que le había recomendado contratar un servicio de este tipo era alguien próximo al Gobierno del PP y a la entonces vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría. Así lo ha afirmado este miércoles en Rac-1 Emili Rousaud, uno de los directivos presentes y que dimitió cuando se reveló que las cuentas falsas contratadas por el presidente se dedicaban a atacar a jugadores del club.

TelamPartners, la empresa intermediaria de Malet, ha emitido un comunicado en el que asegura que su papel fue una “introducción comercial” de Nicestream con el Barça y que no habían detectado “ninguna irregularidad” en la empresa que recomendaron.

Los vínculos de Malet con la lucha contra el independentismo tienen varios frentes. Por un lado es uno de los patrones de la fundación Joan Boscà, entidad muy vinculada a SCC y que según La Directa se encargó de obtener cientos de miles de euros de financiación para la organización de actos y campañas contra el independentismo entre 2014 y 2018. 

Por otro lado, fue uno de los impulsores de la candidatura de Manuel Valls a la alcaldía de Barcelona, que buscaba ganar tanto al independentismo como a la actual alcaldesa, Ada Colau. Según publicó el Ara, Malet participó en la recaudación de fondos para el proyecto de Valls y facilitó que el exprimer ministro francés fuese contratado en la universidad Esade meses antes de las elecciones para que pudiese venir a vivir a la capital catalana.

Societat Civil Catalana (SCC) ha denunciado ante la Fiscalía este miércoles a la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, por las declaraciones de la dirigente independentista en que consideró que los disturbios de las últimas semanas en Catalunya “hacen visible el conflicto” soberanista a nivel internacional.

A juicio de SCC, las palabras de Paluzie pueden suponer un delito de incitación al odio u otro de incitación a cometer delitos contra el orden público. De hecho, SCC vincula directamente a Paluzie con los disturbios al sostener que su denuncia que con una “mínima actividad investigadora quedaría probada la conexión entre las proclamas” de la presidenta de la ANC “y los actos vandálicos y violentos de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR)”. Muestra de ello, a criterio de SCC, son los anuncios y “promoción” en redes sociales de la ANC “de las acciones que ejecutan los llamados CDR” en toda Catalunya.

Paluzie señaló en TV3 este lunes que los altercados y disturbios entre manifestantes y policía “hacen visible el conflicto” catalán en el mundo “y son los que hacen que se esté en la prensa internacional de manera continuada”. SCC sostiene que con esas declaraciones Paluzie “incitó a la violencia y a la comisión de actos vandálicos por considerarlos 'positivos' [adjetivo que Paluzie no llegó a emplear] para su causa en tanto en cuanto 'hacen visible el conflicto'”.

Asimismo, la entidad apunta a que Paluzie “alentó que prosiguieran” los disturbios con su manifestaciones. “No solo incita a la comisión de actos violentos, sino que apunta directamente al 'Estado' como responsable de la violencia, dirigiendo las miradas hacia sus seguidores, y con ello, ese discurso de odio hacia un objetivo determinado y concreto”, apostilla en su denuncia SCC.

El delito de odio castiga la promoción de hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo o contra una persona por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión, etnia, raza, nación, sexo, orientación o identidad sexual, género, enfermedad o discapacidad. En suma, es un delito pensado para proteger a minorías raciales, religiosas o a colectivos históricamente discriminados como el LGTBI, pero que a raíz del procés colectivos tanto independentistas como partidarios de la unidad de España han intentado emplear en los tribunales.

La respuesta que se han encontrado por parte de los tribunales ha sido tajante. Las resoluciones judiciales han archivado la mayoría de denuncias por delito de odio relacionadas con el procés, tanto de un lado como del otro. Por ejemplo, los jueces de Girona recordaron que vincular independentismo y nazismo, aunque se considere repulsivo, entra dentro de la libertad de expresión y no es delito de odio. Tampoco lo fueron, resolvieron los jueces del TSJ catalán, los tuits de un diputado de ERC contra la Policía y la Guardia Civil ya que, recordaron los togados, los agentes no forman parte de los colectivos protegidos por el delito de odio.

Miles de partidarios de la unidad de España se han manifestado este domingo en Barcelona para decir “basta” al proceso independentista, en una movilización convocada por Societat Civil Catalana (SCC) el día después de que entidades y partidos soberanistas volvieran a protestar para rechazar la sentencia del 1-O. Unas 80.000 personas, según la Guardia Urbana de Barcelona, se han concentrado en el cruce del Passeig de Gràcia con la calle Provença y bajo el lema 'Por la concordia, por Cataluña: ¡Basta!', han marchado hasta la Gran Via, donde se ha celebrado un acto político.

La manifestación pretendía emular las movilizaciones que convocó SCC en Barcelona durante el otoño soberanista de 2017 tras el 1-O, especialmente la del 8 de octubre. Aquella marcha reunió a unas 350.000 personas y fue la primera manifestación masiva de los contrarios a la independencia, tras años en los que el soberanismo había monopolizado la protesta en la calle. La de este domingo no ha logrado ni un cuarto de la asistencia de hace dos años, en un contexto de descenso de participación en las movilizaciones tanto independentistas como constitucionalistas.

La marcha de este domingo ha transcurrido mayoritariamente en un ambiente festivo, con música desde los altavoces instalados por SCC y entre multitud de banderas españolas y 'senyeres' catalanas, aunque se han proferido algunos gritos contra TV3 por “manipuladora” y también se ha coreado “Puigdemont, a prisión”. La mayoría de cánticos, sin embargo, son a favor de una Catalunya dentro de España, el rey Felipe VI, y también se grita “aquí los periodistas no usan casco” y “Barcelona, no se quema”, en referencia a los disturbios sucedidos tras marchas independentistas en los últimos días.

La entidad que preside Fernando Sánchez Costa ha visto necesario volver a salir a la calle debido a los altercados que se han sucedido tras la sentencia del procés y a la reiteración del president de la Generalitat, Quim Torra, y de los partidos independentistas de su intención de volver a ejercer la autodeterminación. “Hoy decimos basta a este procés que está rompiendo, dividiendo y empobreciendo a los catalanes”, ha proclamado Sánchez Costa, que ha reclamado la dimisión “inmediata” de Torra y la convocatoria de elecciones anticipadas al Parlament.

En el manifiesto leído al final de la marcha, SCC ha denunciado que en Catalunya “emerge una violencia no ya simbólica, sino dolorosamente real” y que el independentismo “ha roto la convivencia”. Y en su discurso, Sánchez Costa ha mostrado su apoyo a Policía, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra, en especial a los agentes heridos, a lo que el publico ha coreado “todos somos Mossos”. A renglón seguido, Sánchez Costa ha reclamado la “despolitización” de los mandos de los Mossos y las direcciones de los medios públicos catalanes, así como una “auditoría del procés para saber a dónde se ha ido nuestro dinero”.

Pese a la cercanía de las elecciones del 10 de noviembre, la entidad quería que los partidos quedaran en un segundo plano y dar protagonismo de la manifestación a la sociedad civil. El plan inicial era que la cabecera de la marcha estuviera formada por por miembros de la junta directiva de SCC y por líderes de otras entidades constitucionalistas. Dirigentes del PSC y el PSOE sí se han mantenido alejados del inicio de la manifestación. No así Albert Rivera, de Ciudadanos, y Manuel Valls, que se han manifestado muy cerca de la cabecera de la marcha.

La entidad constitucionalista, que en los últimos meses ha vivido algunas tensiones internas, buscaba así no interferir en la campaña electoral del 10N, que comienza el próximo jueves, y evitar de paso que los partidos intenten aprovecharse de la manifestación y utilizarla electoralmente. La entidad sí ha invitado a asistir a dirigentes del PSOE, el PSC, el PP, Cs, del entorno del concejal de BCN Canvi Manuel Valls y de formaciones catalanistas contrarias al independentismo como la Lliga Democràtica, pero no a Vox. “Hemos invitado a todos los que defienden la democracia, la Constitución y el autogobierno de Catalunya”, explicó Sánchez Costa al presentar la manifestación sobre la exclusión de Vox.

Borrell, Casado, Rivera e Iceta

Entre los asistentes destacan, por parte del PSOE, el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell; y el de Fomento, José Luis Ábalos; además del primer secretario del PSC, Miquel Iceta. En declaraciones a los medios antes de la manifestación, Borrell ha considerado que los altercados en las protestas contra la sentencia de estos días tienen “un nivel de violencia que no habíamos visto desde la reconversión industrial de los años ochenta”. “Sin convivencia pacífica no puede haber solución a problemas políticos”, ha agregado Borrell, mientras que Iceta ha instado a “acabar cuanto antes mejor con la deriva independentista”.

También han acudido el presidente del PP, Pablo Casado; la candidata de los populares por Barcelona el 10-N, Cayetana Álvarez de Toledo; y el líder del PP catalán, Alejandro Fernández. Casado, como viene haciendo desde el inicio de las protestas, ha pedido al PSOE romper los pactos que tiene con fuerzas independentistas en ayuntamientos catalanes y la Diputación de Barcelona. “Para hacer creíble su presencia en esta manifestación el PSOE debe acabar con su funambulismo político con los independentistas”, ha apostillado Casado, para a renglón seguido concluir reclamando “que vuelve el 'seny' [sentido común]” a Catalunya.

De Ciudadanos se han sumado a la marcha su president, Albert Rivera; la portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas; y la líder en Catalunya, Lorena Roldán. “Hoy los que no quemamos las calles salimos otra vez”, ha dicho Rivera, que ha reclamado “más que nunca la unidad” porque, ha sostenido, “cuando estamos unidos los españoles somos imparables”. “No se puede gobernar con Torra, Otegi y los que queman las calles”, ha apostillado, en referencia a los pactos postelectorales.

Asimismo, ha participado en la manifestación el concejal de Barcelona Manuel Valls. “Ya basta del procés, de la violencia y de los que están metiendo a Catalunya y España en un callejón sin salida”, ha sentenciado Valls, que también ha cargado contra el “nacionalpopulismo” que, a su juicio “está inundando la televisión pública catalana” durante las protestas contra la sentencia del procés.

Aunque Vox no estaba invitado, su candidato por Barcelona, Ignacio Garriga, ha acudido a la marcha y lo ha aprovechado para cargar contra los socialistas por “abandonar a los enemigos de la nación”.

Este fin de semana, el último antes de la campaña electoral, los políticos catalanes de todos los colores tienen una agenda cargada de movilizaciones por diferentes causas. Si el sábado será un día marcado para los independentistas, que acudirán a la marcha por la libertad de los presos, el PSC se repartirá entre la convocatoria de la plataforma Parlem Hablemos y la marcha que organizará Societat Civil (SCC) el domingo. Pero, a diferencia de lo que hicieron hace dos años, en esta ocasión los socialistas han priorizado de forma clara la convocatoria contra el independentismo a la favorable al diálogo y envían a sus primeras espadas a la de SCC, donde estarán también PP y Ciudadanos.

Societat Civil celebrará su manifestación el domingo por la mañana, en el tramo del Passeig de Gràcia entre el cruce de la calle Provença y el de Aragó, bajo el lema 'Por la convivencia, por la democracia, por Cataluña: stop procés'.  A esta movilización acudirán buena parte de los líderes nacionales de los partidos de la derecha, como Pablo Casado y Albert Rivera. Por parte de los socialistas también se ha anunciado una presencia de primer nivel, con dos ministros, Josep Borrell y José Luis Ábalos además del primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

En cambio, en la concentración convocada por la plataforma Parlem Hablemos para el sábado por la mañana en la plaza Sant Jaume, la presencia del PSC será mucho más discreta, y se limitará al diputado del Parlament Ferran Pedret. La convocatoria de Parlem, que como hace dos años pide que la gente acuda de blanco y sin colores de partido, reclama a los políticos que “restauren la fraternidad y lleguen a acuerdos sólidos y estables”.

El bajo perfil que ha adoptado el PSC sobre la movilización de Parlem Hablemos este fin de semana contrasta con la que hicieron justo hace dos años, tras el referéndum del 1-O. En aquella ocasión Miquel Iceta acudió a la plaza Sant Jaume vestido de blanco, tras lo que aseguró “hoy la ciudadanía ha hablado muy claro: parlem hablemos. Ahora nos corresponde a los responsables políticos actuar con acierto”.

También hace dos años Iceta y el secretario de organización del PSC, Salvador Illa, acudieron a la manifestación de Societat Civil, en la gran marcha que celebró el 9 de octubre. En el escenario además estuvo Borrell, quien meses después sería fichado por Pedro Sánchez como ministro y que, este domingo, participará de nuevo en el acto de la entidad contra al independentismo.

Fernando Sánchez Costa (Barcelona, 1984) es el cuarto presidente de Sociedad Civil Catalana (SCC) en los últimos ocho meses. La principal entidad constitucionalista de Catalunya ha pasado un curso complicado, con un presidente destituido tras ser acusado de irregularidades económicas y con un giro en el discurso que ha distanciado a SCC de Ciudadanos y PP, dos formaciones con las que había llegado a mostrar total sintonía.

Este historiador y exdiputado del PP es uno de los encargados de apuntalar el llamado “giro catalanista” que ha emprendido la entidad, cuyo plan estratégico apuesta por un mensaje más conciliador con el independentismo para rebajar la confrontación y romper la política de bloques que ha dominado Catalunya durante los últimos años.

Sánchez Costa piensa bien cada respuesta durante unos segundos, consciente de que cada vez que da una entrevista existe la posibilidad de que salten chispas en el sector constitucionalista catalán.

¿Cómo afronta SCC las inminentes movilizaciones independentistas tras la sentencia del Tribunal Supremo?

Con prudencia y con un llamamiento a la calma y a la serenidad de toda la ciudadanía. Estamos trabajando desde hace años para lograr un clima de convivencia, pero si de nuevo el separatismo apuesta por una estrategia de desbordamiento revolucionario, por una revolución 'anarcoburguesa' en las calles de Barcelona, nosotros volveremos a salir para demostrar que las instituciones y las calles deben ser de todos.

¿Ahora mismo no hay nada organizado?

Trabajamos en una estrategia de medio y largo plazo para configurar un nuevo marco cultural y cívico en Catalunya, profundamente pluralista, que nos permita superar esta etapa triste y dolorosa. Pero también es verdad que tenemos activados los protocolos internos para poner en marcha en las próximas semanas una gran movilización si hiciera falta.

En aquellas movilizaciones se escuchaban gritos como “Artur Mas cámara de gas”. ¿Apuestan por un tono más constructivo?

Yo esa frase concreta nunca la he escuchado. Evidentemente, SCC es enormemente beligerante frente a los planteamientos de fondo del separatismo pero al mismo tiempo quiere tener un tono adecuado que permita superar la confrontación que vivimos en Catalunya.

¿Qué debería hacerse desde el constitucionalismo para que los independentistas “reconecten con España”, tal y como usted defiende? ¿Me puede decir alguna medida concreta?

Voy a indicarle dos medidas. La primera es romper los antagonismos que ha creado el nacionalismo entre la idea de Catalunya y la de España. Es muy importante comprender que esas dos identidades son perfectamente articulables y no incompatibles. También es importante romper la identificación entre España y la derecha. La España contemporánea se ha construido desde la izquierda y desde la derecha, y nadie tiene el patrimonio sobre ella.

En esa apuesta por romper los antagonismos, ¿cree que la reunión de diciembre de 2018 entre Sánchez y Torra fue positiva? A día de hoy sigue siendo muy criticada por algunos partidos constitucionalistas...

Es que queda tan lejos aquel 21 de diciembre, han pasado tantas cosas…

Le rehago la pregunta. ¿Ve positivo el hecho de que el presidente del Gobierno y el de la Generalitat se sienten a hablar?

Sinceramente, creo que es muy bueno que se reúna el presidente del Gobierno con el presidente de una comunidad autónoma tan importante como Catalunya. Al final, la situación que vivimos en Catalunya solo se puede desbloquear desde el diálogo político. Un diálogo político dentro de la ley y en el que también los constitucionalistas tenemos nuestras condiciones. Lo que no puede volver a pasar es que para solucionar la problemática catalana aceptemos de nuevo un dictado del nacionalismo. También debe escucharse a la mitad de los catalanes que hemos estado 40 años invisibilizados y tenemos muchas reivindicaciones.

Cuando salga la sentencia del Supremo a los líderes independentistas, el Gobierno central estará en funciones.¿Cree que esto puede tener algún efecto a la hora de gestionar la situación?

Siempre es mejor tener un Gobierno estable y en pleno ejercicio. Por eso hemos apelado durante todo el verano -y seguimos haciendo un último llamamiento- a la entente entre partidos con sentido de la Constitución para lograr un Gobierno fuerte al servicio de España y del bien común. Pero en cualquier caso estamos tranquilos. El Gobierno en funciones ha dejado muy claro que hará cumplir la Constitución en cualquier escenario. Y estamos convencidos también de que los demás partidos constitucionalistas actuarán con sentido de la responsabilidad ante una situación insurreccional.

¿Por qué cree que los partidos no han sido capaces de ponerse de acuerdo?

Eso deberá preguntárselo a ellos. Todos los españoles estamos un poco desconcertados ante esta situación. Entendemos la discrepancia entre partidos políticos, pero todavía entenderíamos mejor que se pusieran los intereses generales por encima de los partidistas.

Usted es el cuarto presidente de su entidad en ocho meses… ¿SCC está teniendo problemas para definir su mensaje y encontrar su lugar en la política catalana?

El escenario político catalán y español ha cambiado radicalmente en el último año y esto genera distorsiones en todos los ámbitos políticos. Pero lo importante es que esta nueva etapa que acabamos de empezar tiene el respaldo del 97% de los socios de SCC y cuenta con una junta muy plural, muy amplia, donde hay personas que van desde C’s y PP a gente con sensibilidad socialista o incluso de la órbita de los 'comuns'.

¿Cómo articula el mensaje una organización cuyo presidente habla de diálogo con el independentismo y a la vez tiene un vicepresidente que plantea que esos partidos no se puedan presentar a las elecciones?

Yo intento dar voz a lo que está aprobado en el plan estratégico. Y en el plan estratégico abogamos por esta doble línea: firmeza en las ideas pero al mismo tiempo acierto en el tono. Hay que distinguir entre los líderes independentistas y las estructuras políticas independentistas que nos han llevado a este callejón sin salida, que han destrozado Catalunya y por otro lado la ciudadanía soberanista. Hay un número importante de catalanes que se han sentido atraídos por esa idea y que lo han hecho de buena fe y con sus razones. Creo que hay que intentarles convencer de que muchas de esas aspiraciones de futuro, de justicia social… en realidad tienen perfecta cabida dentro de la España constitucional. Hay que pasar de un clima de ruptura a una dinámica de reforma. Y entender que los catalanes podemos jugar un papel importante en la reforma de España para hacer un país donde todos nos sintamos a gusto.

Es verdad que la reforma ha de empezar por Catalunya, porque a mi me preocupan mucho algunos déficits democráticos como la patrimonialización de la instituciones que hace el separatismo, que los medios públicos sean espacios de propaganda, la politización de los Mossos, el sistema escolar monolingüe obligatorio en catalán... Y creo que todas estas cuestiones deben ser puestas sobre la mesa, porque Catalunya necesita cambiar profundamente para reconocer su pluralidad. De hecho, la Constitución de 1978 reconoce muy bien la pluralidad interna de España, otra cosa es que pueda profundizarse en ello y que institucionalmente España pueda reconocer mejor esa diversidad constitutiva que tiene, pero es que Catalunya tiene que empezar a reconocer que la cultura catalana es diversa.

En el seno de SCC también hay pluralidad de opiniones sobre la posibilidad de un hipotético indulto a los presos catalanes. ¿Qué opina Fernando Sánchez Costa?

Fernando Sánchez Costa opina lo que la junta directiva de SCC ha decidido: debemos mostrar nuestro máximo respeto por el Estado de derecho y por la labor del Supremo, que se ha hecho con mucha transparencia y rigor profesional. Sobre la cuestión de los indultos, nos posicionaremos si se da el caso en su momento. Entre otras cosas porque dentro de SCC hay diversidad de opiniones al respecto.

Lo que está claro también es que lo que ha pasado es grave, no podemos banalizar lo que hemos vivido en Catalunya. Los que hemos estado aquí sabemos la situación límite que vivimos en otoño de 2017, sabemos la estrategia de los líderes independentistas de poner al Estado al límite. Otra cuestión, que en su momento deberán valorar los políticos y todos en general, es si la convivencia política, si el mirar hacia adelante requiere de otras soluciones políticas pero ya le digo que es una cuestión que en su momento abordaremos.

El partido constitucionalista más votado en las últimas elecciones al Parlament, Ciudadanos, insiste en la necesidad de aplicar un nuevo 155, pero SCC sigue sin verlo claro…

Hoy mismo [el lunes] Rivera ha matizado el sentido de la aplicación del 155 a que se den determinadas condiciones. Nosotros en el más estricto presente no vemos esas condiciones, por eso mismo creo que Rivera lo ha condicionado al futuro. Lo que es importante es una gran entente constitucionalista para lograr una estrategia a medio y largo plazo: una estrategia política, económica, jurídica, cultural que vuelva a hacer presente a España y al Estado. Las dos cosas son necesarias: el Estado como aparato jurídico administrativo, prácticamente desaparecido de Catalunya y la idea de España como proyecto, como relato que nosotros consideramos que también debe volver a arraigar en el corazón de los catalanes.

¿Cuáles han sido los motivos de ese distanciamiento con Cs? Hubo una época en que su sintonía era total.

Hubo una época en la que se acusó a SCC de ser la plataforma de Cs. También se ha dicho que estábamos al servicio del PP... Nosotros estamos al servicio de lo que consideramos en cada momento, que es la mejor defensa de la Constitución y de la concordia, que son nuestras dos divisas fundamentales. Al final somos todos conciudadanos. Los independentistas son también nuestros vecinos, nuestros familiares y hasta nuestros compatriotas.

¿Cree que a Ciudadanos no le interesa esa concordia?

Yo creo que con Cs lo que ha pasado ha sido un malentendido puntual, igual que ha ocurrido con el PP este verano. Pero tengo un gran respeto por Cs: ha logrado algo increíble, ser el primer partido constitucionalista en ganar unas elecciones. Además ha roto muchos tabúes que había en la vida política catalana, de un falso consenso que en realidad no existía en la sociedad. Por tanto estoy convencido de que con Cs recuperaremos la mejor sintonía y entiendo que las últimas declaraciones de Lorena Roldán van en esa línea.

En una reciente entrevista con eldiario.es, Roldán les emplazaba a dejar la política a los partidos.una reciente entrevista con eldiario.es

Lo que debe hacer SCC es ser muy prudente en sus opiniones políticas e intentar trabajar siempre con un denominador común que pueda ser aceptado por todos los no independentistas. Pero al final, cualquier realidad es política y tenemos que tener posicionamientos sobre muchas cuestiones.

Hay algunos posicionamientos en los que no estamos alineados con el PSC, por ejemplo, como puede ser el tema de la inmersión lingüística en las escuelas. Puede haber otras opiniones en las que no coincidamos con el PP o Cs. La transversalidad es complicada pero también es muy bonita. Y uno de los grandes logros de SCC es haber logrado que en una misma mesa estuviéramos sentados personas que hace 10 años casi ni se hablaban políticamente. Hay que aprender que en algunas cosas estamos de acuerdo, en otras discrepamos, pero que compartimos el objetivo de fondo que es acabar con esta noche que ha sido el procés separatista y superar el marco del nacionalismo que ha regido en Catalunya durante los últimos 40 años.

Usted fue diputado del PP ¿qué cree que le pasa al partido en Catalunya? Cada vez que pasa por las urnas pierde apoyos.

Creo que ahora mismo está en una etapa ascendente y muy bien liderado, pero eso lo tendrán que decidir los votantes. La sensación que me da es que el suelo ya ha sido tocado.

¿Por qué cree que tocó suelo? ¿La apuesta por Cayetana Álvarez de Toledo no fue buena?

No me corresponde a mi hacer análisis de la situación de los partidos ni de sus decisiones concretas.

La formación no acudirá a los actos del Govern de la Diada y estudia hacer un evento propio

El presidente de Cs en el Parlament y miembro de la Ejecutiva Nacional del partido, Carlos Carrizosa, ha acusado a la entidad contraria a la independencia Societat Civil Catalana (SCC) de “abrazar las tesis” de Pedro Sánchez y del PSC, y le ha pedido que rectifique su estrategia.

“Temo que SCC está abrazando las tesis del socialismo en Catalunya, temo que esta asociación mire de no ser incómoda a las tesis de Sánchez. Es lo que se desprende de las últimas declaraciones de su presidente, Fernando Sánchez Costa”, ha expuesto en una entrevista de Europa Press. 

Carrizosa ha pedido que la entidad rectifique, ya que ha considerado que debería estar para movilizar a los catalanes contrarios a la independencia, y no para “tomar partido en la confrontación política por unos partidos constitucionalistas o por otros”, como a su juicio está haciendo.

Desde el partido naranja consideran que SCC debería ser un contrapreso a la estrategia del nacionalismo catalán que ha hecho “un trabajo ímprobo durante décadas para colocar a sus satélites” en colegios profesionales, corporaciones públicas, sindicatos, gremios y asociaciones empresariales.

“No existe una movilización contra la hipermovilización del nacionalismo en la sociedad. Eso es una asignatura pendiente en la sociedad catalana y, por eso, digo que hay mucho trabajo que hacer para una asociación que se llama Societat Civil Catalana”, ha reflexionado.

Así, Carrizosa pide a la entidad que fomente la participación ciudadana: “En todas partes el nacionalismo ha colocado a sus peones. SCC debería tener un papel de fomento de la participación ciudadana en todos esos órganos que articulan el tejido social y civil”.

El presidente de SCC, el exdiputado del PP Fernando Sánchez Costa, se ha visto envuelto este verano en alguna polémica, como cuando apostó por encauzar el movimiento social que respalda al independentismo hacia un objetivo de mejorar Catalunya y toda España: “No puedes decir 'no' a dos millones de personas”. 

No a la “contemporización”

Carrizosa ha argumentado que algunas de las declaraciones de Sánchez Costa “buscan más la contemporización con el nacionalismo, que no la batalla sin complejos contra unas ideas que están llevando a la fractura social y a la ruina económica”.

Elogia el papel que desarrolló la entidad en octubre de 2017 y le reclama volver a él: “Fue un rechazo frontal al nacionalismo golpista y ahora lo que toca no es justificar y mirar hacia otro lado como hace el gobierno de Sánchez, porque con esto no se consigue nada”.

Diada y sentencia

Carrizosa ha anunciado que este año su partido tampoco participará en los actos de la Diada del 11 de septiembre que organiza el Govern del presidente Quim Torra por considerar que es un Ejecutivo “secuestrado por el nacionalismo”.

Ha explicado que están valorando si hacer en esa misma fecha “algún acto reivindicativo para aquella mitad de Catalunya que quiere constatar que el 11 de setiembre no es la Diada de todos porque es la Diada del nacionalismo”, y recuerda que Cs apuesta por trasladar esta fiesta al 23 de abril, Sant Jordi.

Sobre la próxima sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre el 1-O, ha asegurado que su partido la acatará sea cuál sea, y ha considerado que todos los partidos deberían hacer lo mismo: “Ya le adelanto que la acataremos, algo que el separatismo no hace”.

Preguntado por la probable movilización del soberanismo en la calle cuando se conozca el fallo, se ha mostrado partidario de no entrar en una dinámica de replicar las protestas independentistas con manifestaciones de defensores de la unidad de España.

“En Catalunya no sirven los 'manifestómetros', en Catalunya sirven las urnas y, el constitucionalismo, después de aquel golpe de octubre --de 2017--, se alzó con el triunfo de Ciudadanos en aquellas elecciones”, ha concluido, en alusión al resultado de los comicios catalanes de diciembre de aquel año.

La colosal manifestación unitaria que recorrió las calles de Barcelona el 8 de octubre de 2017 para protestar contra el proceso independentista hoy difícilmente sería repetible. Y eso que una movilización como aquella parece una de las pocas cosas que podrían unir a la constelación de organizaciones que han surgido al calor del auge del movimiento contra el secesionismo. En Sociedad Civil Catalana (SCC), motor de aquellas marchas, no descartan convocar una nueva manifestación, según sea el clima social este otoño, pero reconocen que ahora mismo no es su prioridad.

En el octubre del referéndum y la declaración de independencia, todos los partidos y organizaciones contrarias al independentismo parecían seguir una sola batuta: compartían objetivos claros y se unían en acciones conjuntas. Dos años después, ante la amenaza de un nuevo otoño caliente independentista por la esperada sentencia del procés, el constitucionalismo se ha roto entre dos corrientes enfrentadas: los duros, partidarios de continuar espadas en alto contra la independencia, y los pragmáticos, partidarios de recoger parte de las reivindicaciones soberanistas, siempre dentro de las vías constitucionales.

Esta fractura aflora incluso en el interior de la organización que aspiró a ser el paraguas de todas las corrientes. Esta semana Societat Civil se ha visto envuelta en una polémica de ida y vuelta, que comenzó cuando su actual presidente, Fernando Sánchez Costa, apostó por tender la mano a los independentistas para ser capaces de conseguir algunas de sus reivindicaciones por cauces reformistas y dentro del Estado. “Lo que tenemos que hacer todos es ver cómo se puede encauzar este movimiento cívico para mejorar Catalunya y mejorar España”, razonaba el presidente en una entrevista en Europa Press.

Las palabras de Costa, exdiputado del PP, generaron un alud de reacciones, algunas desde posiciones que se suponen cercanas. “Están por todas partes, incluso infiltrados en la organización que nació para combatirlos”, lanzó Carina Mejías, diputada de Ciudadanos en Congreso, en un duro mensaje que reveló la profundidad de la herida abierta entre su partido y la asociación ciudadana. A nivel mediático, El Mundo dedicó un duro editorial a las declaraciones de Sánchez Costa.

Pero las declaraciones cruzadas estaban aún lejos de acabar. Solo unos días después de la polémica por la supuesta condescendencia de SCC hacia el independentismo, uno de los vicepresidentes de la entidad, Xavier Marín, proponía impedir que los partidos que persiguen la independencia puedan presentarse a las elecciones. Fuentes de la entidad explican que las palabras de su vicepresidente fueron pronunciadas a título personal y que, a diferencia de la posición de Costa, no reflejan las opiniones adoptadas por el conjunto de Societat Civil.

El episodio vivido esta semana en la que fue la gran entidad anti-secesionista demostró que las diferencias de parecer en el seno del movimiento son de calado, transversales a las organizaciones y difíciles de limar antes de este otoño, cuando está previsto que se conozca la sentencia del procés, que amenaza por volver a poner en ebullición el movimiento independentista.

Societat Civil: ¿Giro catalanista?

La gran entidad catalana en defensa de la unidad de España ha vivido en crisis permanente desde diciembre del año pasado, cuando la junta destituyó al entonces presidente José Rosiñol, bajó la acusación de haber utilizado fondos de la entidad para contratar a su propia empresa. Desde entonces las variopintas familias y sensibilidades del movimiento han estado en guerra constante. Tras un convulso congreso en la que una parte de la antigua junta abandonó la entidad, Josep Ramón Bosch, uno de los hombres más influyentes en los círculos constitucionalistas, volvió a tomar las riendas de la asociación.

Con Bosch, SCC comenzó a apostar por un discurso más matizado respecto al independentismo, que recogía como propia parte de las antiguas ideas del catalanismo y que encajaba mucho mejor con el nuevo discurso sobre Catalunya que emanaba desde la Moncloa, ocupada ya por Pedro Sánchez. En paralelo, diversas oleadas de críticos iban saliendo de la entidad. Muchas de ellas de círculos universitarios, como fue la organización juvenil 'S'ha Acabat', nacida de lo que antes había sido Joves de SCC.

“No hay ningún giro catalanista, SCC está donde siempre ha estado”, rechaza el vicepresidente Álex Ramos, uno de los hombres de la junta que cuenta en estos momentos con una trayectoria más dilatada dentro de la entidad. A juicio de Ramos el papel de Societat Civil debe ser “decir que 'no' cuando haya que decir que 'no', pero no quedarse allí”, explica, sino ser además “propositivo en la búsqueda de soluciones y salidas, siempre respetando la Constitución y el marco jurídico”.

Es en este punto, en la dicotomía entre ser un férreo muro de contención ante cualquier veleidad independentista o deslizar también propuestas con ánimo constructivo, donde las sensibilidades internas en el constitucionalismo están más encontradas y a flor de piel. “De una entidad constitucionalista se espera una oposición frontal al separatismo”, resumió este miércoles el diputado de Ciudadanos, Nacho Martín Blanco.

Además, en los partidos levanta ampollas que los líderes sociales opinen sobre asuntos que consideran que no les competen. Por ejemplo, el presidente de SCC, Sánchez Costa, consideró que sería positivo aumentar la capacidad económica de la Generalitat en el cobro de impuestos. “Si el dinero está en Madrid, la culpa siempre es de Madrid. Por lo tanto, es bueno asumir responsabilidad aquí”, aseguró. Una opinión difícil de conciliar con la propuesta de aplicar de inmediato el 155 que los de Albert Rivera llevan por bandera.

Organizaciones de nuevo cuño

'Recuperem el seny' fue el lema bajo el que Societat Civil Catalana convocó la manifestación del 8 de octubre de 2017, que se convirtió en una de las más importantes que el unionismo catalán ha celebrado nunca. Aunque una de las claves del éxito de la manifestación fue el importante número de organizaciones que se adhirieron a la marcha, la primera llamada la hizo SCC en solitario. En aquellos momentos, la organización fundada en 2014 funcionaba como paraguas de otros grupos, muchos de ellos sectoriales o centrados en cuestiones concretas.

Pero el reinado solitario de Societat Civil no tardó en acusar las primeras grietas, que comenzaron por el movimiento estudiantil. Sin cumplirse un año desde las grandes manifestaciones unitarias, la sectorial juvenil de Joves SCC saltó por los aires con la dimisión de su presidente, Josep Lago, y la salida de prácticamente todo el grupo. Fueron estos jóvenes los que acabaron fundando la organización S'ha Acabat que, desde la Universitat Autònoma, en pocos meses consiguieron convertirse en una voz relevante en el movimiento.

La actual presidenta de S'ha Acabat es Julia Moreno, estudiante de Ciencias Políticas, quien no esconde que su organización tiene diferencias estratégicas de fondo con Societat Civil. Ahora bien, Moreno evita echar gasolina al fuego. “No estoy de acuerdo con algunas de sus posiciones, como no lo estaba hace un año cuando abandonamos SCC, pero eso no significa que haya que decir cosas tan feas como las que se han dicho estas semanas sobre el presidente [de Societat Civil]”, indica. “Nosotros hacemos nuestro camino pero no seremos nunca un obstáculo para ponernos de acuerdo”, añade la presidenta de S'ha Acabat.

Catalanistas contra partidarios del 155

No es fácil trazar un mapa de las organizaciones, grupos y grupúsculos que se agrupan bajo la cada vez más heterogénea etiqueta del constitucionalismo catalán. Junto a Societat Civil y S'ha Acabat pueden encontrarse la Fundació Boscà, alineada con la primera, o la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), más cercana a la segunda. Empresaris de Catalunya, Convivencia Cívica Catalana, Federalistes d'Esquerres, D'Espanya i Catalans, Aixeca't - Levántate, Somatemps, Concordia Cívica, el autodenominado sindicato AMES, Españoles de a pie o la Associació per la Tolerància son otras entidades o grupos que pueden encuadrarse dentro del mismo movimiento, junto a otros tantos partidos políticos.

En realidad la lista podría abarcar decenas de marcas, cada una con un matiz ideológico propio. Pero todas podrían agruparse entre las que se identifican con algunas reivindicaciones clásicas del catalanismo, esto es, conservar y profundizar la autonomía, y las que apuestan por mantener la posición más dura posible y reniegan de cualquier concesión al nacionalismo, incluyendo la intervención indefinida de la Generalitat.

“La realidad es que eso de hacer concesiones ya se ha probado y no funciona”, se muestra inflexible la diputada de Ciudadanos Sonia Sierra. “Tanto el PP como el PSOE llevan 40 años cediendo siempre ante el nacionalismo. Ha quedado claro que mirar hacia otro lado no ha servido para que el nacionalismo vaya a menos, sino a más”, abunda la diputada, representando la posición dura que abandera su partido.

Tal y como explica Sierra, en Ciudadanos no piensan aflojar en la receta que hasta ahora les ha dado éxitos electorales en Catalunya y también, en parte, en las Generales. “Tenemos que seguir haciendo lo que el Gobierno de España no hace”, asegura. La diputada además rechaza que el independentismo haya tomado una dirección más moderada. “No es cierto. Una cosa es que haya tocado fondo, como ellos mismos reconocen, pero solo hay que ver el último pleno del Parlament, donde volvieron a aprobar resoluciones inconstitucionales, para ver en que están”, relata Sierra, que recuerda el lema “lo volveremos a hacer” que han utilizado recientemente los líderes independentistas.

De la calle a la política institucional

El movimiento cívico contra la independencia que eclosionó al calor de los momentos más álgidos del procés se ha convertido, dos años después, en una cantera de fichajes para los partidos. El cabeza de lista del PP en Barcelona, Josep Bou, llegado directamente de la presidencia de Empresaris de Catalunya, es uno de los ejemplos más claros. También Manuel Valls lanzó su carrera política barcelonesa gracias a su protagonismo en las manifestaciones convocadas por SCC. Incluso el ministro de Exteriores, Josep Borrell, acabó volviendo a la primera línea política después de haber pasado por aquellas marchas.

Este continuo goteo de líderes que pasan de la calle a las listas electorales se explica por la paulatina desmovilización que han vivido las entidades civiles, que han ido cediendo el testigo de la defensa de la unidad de España a los partidos. Tras la victoria de Ciudadanos en las elecciones de diciembre de 2017, sin mayoría suficiente para gobernar, fue el partido de Inés Arrimadas quien lideró la oposición arrogándose la representación casi única del constitucionalismo en Catalunya.

Pero el constitucionalismo seguía existiendo más allá de Ciudadanos y, a veces, desde posiciones alejadas a las que representaba el partido. Otro de los nombres propios de la movilización cívica, Josep Ramon Bosch, fundador y dos veces presidente de Societat Civil, así como también presidente de la Fundació Boscà, ha pasado de militar en la corriente más ultramontana de la derecha españolista a irse acercando poco a poco a posiciones catalanistas. Un viaje ideológico que no ha hecho solo, y cuya última parada ha sido fundar un nuevo partido, la Lliga Democràtica, que quiere rescatar para el constitucionalismo la tradición de la desaparecida CiU.

¿Es compatible el constitucionalismo con el catalanismo o, incluso, con apostar por elementos del nacionalismo catalán? Para Ciudadanos y sus corrientes cercanas está claro que no. Pero una parte de la riada que tomó las calles de Barcelona el 8 de octubre de 2017 cree que, ahora, la mejor respuesta es canalizar los deseos de independencia de una parte de la sociedad catalana hacia la negociación, dentro de la Constitución, por la mejora de la autonomía, la financiación o el reconocimiento del catalán.

La Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir la investigación del presunto espionaje de los Mossos d'Esquadra al presidente de Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch. Se trata de la primera decisión de los magistrados respecto a los archivos dictados por dos jueces de instrucción de Barcelona a las denuncias de presuntos seguimientos de la policía catalana por parte de periodistas, políticos y profesionales constitucionalistas.

En un auto, los magistrados discrepan de la titular del juzgado de instrucción 19 de Barcelona, que decretó el archivo de la causa al considerar que de los informes de la Policía Nacional sobre la documentación que los Mossos iban a incinerar en Sant Adrià de Besòs el 26 de octubre “no se podía constatar ningún seguimiento, control, vigilancia o espionaje” hacia Bosch, sino tan solo “meras referencias nominales”.

Por contra, los magistrados de la sección 8a de la Audiencia de Barcelona indican que de la documentación de los Mossos se deduce que la policía catalana habría incluido a Bosch en un “organigrama a color” junto a políticos del PP, PSOE, periodistas, empresarios, detectives y comisarios de la Policía. Asimismo, recuerdan que consta un informe realizado por los Mossos sobre presuntos seguimientos al abogado José María Fuster Fabra en los que se relaciona a Sociedad Civil Catalana con Bosch puesto que fue su presidente entre 2014 y 2015. Bosch ha vuelto al mismo cargo este año.

Por último, señala la Audiencia, el periodista que publicó la noticia en OK Diario que dio inicio a la querella de Bosch indicó en su declaración testifical que “una de sus fuentes le ha insistido en que al Sr. Bosch ha sido una de las personas más seguidas tanto en su vida pública como privada”, y que “la fuente que le dio la información de que se hizo un seguimiento intensivo al Sr. Bosch es una fuente oficial”.

Por todo ello, a criterio de los magistrados, “se autoriza a deducir racionalmente con carácter indiciario” de que Bosch “estaría siendo objeto de vigilancias y controles” denunciadas por el presidente de SCC. La misma sección de la Audiencia de Barcelona tiene pendiente resolver si revoca el archivo de la investigación dictado por el juzgado de instrucción 22 respecto a los presuntos seguimientos denunciados por quince personas, entre ellos líderes sindicales de los Mossos, periodistas como Albert Castillón, el exdetective de Método 3 Julián Peribáñez y los políticos de Ciudadanos y el PP David Heredia y Sergio Santamaría.

La presidenta de Societat Civil Catalana en Madrid, Pilar Castellanos Castillo, ocupa el puesto número 2 de la candidatura de Ciudadanos a Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo, dentro de la lista que encabeza Juan Carlos Girauta.

No es la primera vez que esta barcelonesa afincada en Toledo desde hace 20 años concurre en una candidatura por la provincia de Toledo ya que en 2015 encabezó la de Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) en las Elecciones Autonómicas y ahora concurre a las generales por la formación naranja.

Tiene estudios en economía y es analista de mercados, según consta en un currículum de la red social LinkedIn y dirige la delegación madrileña de Societat Civil Catalana, que rechaza el proceso independentista catalán. Es la responsable de Logística de la Junta Directiva de la Agrupación de Toledo Ciudad.

Completan la lista Gonzalo Álvarez Martínez, 42 años. Licenciado en Ciencias Químicas. Nacido en Madrid ha residido en distintos países (Reino unido y México) vive en Toledo desde hace unos 10 años. Ha desarrollado su carrera profesional como gestor comercial en la industria farmacéutica y en el mundo de la odontología. Es el secretario provincial de Organización de Toledo.

Rubén Rizo Rodríguez, talaverano de 33 años. Posee formación en Administración y gestión de empresas. Muy relacionado con el mundo del deporte en Talavera (Waterpolo y natación) tareas que compagina con trabajos eventuales en otros sectores. Miembro de la junta directiva de la agrupación de Talavera y uno de los que no dimitieron al saberse de Girauta encabezaría la lista toledana al Congreso.

Miriam Dorado Muñoz, de 39 años es la siguiente en la candidatura. Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración. Posee una correduría de seguros en su pueblo, tareas que compagina con su labor como concejal en el ayuntamiento de Yunclillos.

La candidata a la Alcaldía de Talavera, en la lista al Congreso

Susana Hernández del Mazo, talaverana de 45 años cierra la lista. Esta licenciada en psicología por la universidad de Salamanca encabezará también la candidatura de Ciudadanos a la Alcaldía de la Ciudad de la Cerámica, algo que fue muy criticado por parte de la Junta Directiva de la formación naranja talaverana que provocó dimisiones ya que Hernández fue hasta 2017 concejala del PP en la localidad de Olías del Rey.

Actualmente es la gerente de la Federación de Autismo de Castilla-La Mancha y secretaria provincial de Programas y Áreas Sectoriales de Ciudadanos en Toledo.

La lista al Senado

En cuanto al Senado, en la lista la encabeza Begoña Molina Rodríguez, concejala en Quintanar de la Orden. Nacida en Madrid hace 50 años se desplazó a la localidad hace más de 20 años donde hasta las pasadas elecciones municipales trabajo como higienista dental. En la actualidad es la portavoz del grupo municipal donde ha colaborado con el equipo provincial de implantación.

Como número 2 está Jorge Fernández Torres, toledano de 36 años. Diplomado en Relaciones laborales y Técnico Superior en prevención. En el puesto número 3 se sitúa el madrileño de 49 años Rafael Cano García. Licenciado en derecho. Posee su propio despacho en Talavera de la Reina. Fue concejal hace dos legislaturas por el PP.

Verónica Soto Vallejo es la número 3, barcelonesa de 40 años. Diplomada en enfermería y matrona. Trabaja en Madrid en el hospital 12 de octubre. Coordinadora de Seseña la tercera agrupación de la provincia por numero de afiliados.

Josep Ramon Bosch (Santpedor, 1963) vuelve a presidir Societat Civil Catalana, la entidad que ya dirigió entre 2014 y 2015. Dice que su intención es estar el menos tiempo posible en el cargo y su propósito es pacificarla tras las tensiones y enfrentamientos personales que se vivieron en la etapa final de la presidencia de José Rosiñol. Asegura que tras auditar las cuentas, que fueron otro de los motivos de tensiones, no se ha detectado ningún agujero económico. Bosch insiste en que la financiación de Societat Civil es transparente y que el dinero llega a través de los socios y las donaciones de particulares y empresas.

El presidente de la principal entidad constitucionalista de Catalunya asegura que no tiene ninguna intención de entrar en política (pese a que ha tenido varias ofertas) y marca distancia respecto a la estrategia de su amigo Pablo Casado con Catalunya. A diferencia del PP, Ciudadanos y Vox, no considera que el Gobierno de Pedro Sánchez se haya vendido a los independentistas.

Bosch, que fue militante del PP durante más de dos décadas, niega en esta entrevista que esté vinculado a la Fundación Francisco Franco y se muestra partidario de exhumar al dictador para que no siga enterrado el Valle de los Caídos.

¿Por qué ha regresado a la presidencia de Societat Civil Catalana?

La verdad es que no entraba en absoluto en mis planes. Societat Civil Catalana vivió una grave crisis interna el pasado diciembre y pese a que existió un consenso entre los socios fundadores respecto a la necesidad de buscar una salida a los enfrentamientos ideológicos y personales, no hubo manera de consensuar una candidatura unitaria que se había pactado en los días previos a la asamblea de socios.

Me pidieron regresar como presidente y puse tres condiciones para aceptarlo: que fuese una presidencia lo más corta posible, limpiar la imagen después de que hubiesen aparecido informaciones que señalaban que se había producido irregularidades económicas y ser más transparentes con medidas como dar a conocer las cuentas.

¿Esas irregularidades económicas existieron?

Hemos hecho dos auditorías internas y las irregularidades económicas han quedado totalmente descartadas. Lo que hubo fue un mal funcionamiento interno puesto que durante cinco meses no se convocaron juntas, que por estatutos se celebran cada semana porque es donde se discuten las decisiones económicas y actividades.

¿Societat Civil cómo se financia?

Tenemos dos vías de financiación. La principal es a través de nuestros asociados, los 102 que somos fundadores, y unos 22.500 asociados y colaboradores que pagan sus cuotas o contribuyen con regularidad. Después tenemos otras a partir de particulares que no son asociados. Nunca a través de ayudas públicas. Ni las hemos pedido ni las pediremos.

¿Y reciben dinero de empresas?

Hay empresas que colaboran en pequeñas o mayores cantidades ya sea a través de Societat Civil Catalana o a través de otras vías como la organización de actividades relacionadas con la economía. Siempre con cantidades moderadas.

¿Qué son cantidades moderadas?

No lo sé. Acabo de entrar. Algunas pueden colaborar con 5.000 euros... hay también colaboradores generosos a título individual. A nosotros se nos acusa de ser el Ibex 35, como si aquí tuviésemos millones. No es cierto. Nuestro presupuesto es moderado. Este año está calculado en un 1,2 millones de euros. Como dice un amigo mío, aquí venimos comidos, no venimos a comer.

En una entrevista que concedió a El País justo antes de la manifestación en la plaza Colón dijo que Societat Civil no asistiría porque Pedro Sánchez es un presidente legítimo y su entidad no se manifiesta contra los gobiernos. Pero Carles Puigdemont también era un presidente legítimo y ustedes sí se manifestaron contra él y su gobierno.El País

Nosotros nos manifestamos a favor de la sensatez y el 'seny'. Es verdad que se profirieron gritos de 'Puigdemont, a prisión', pero desde la organización se pidió de forma explícita e implícita que no lo hicieran. Lo que pasa es que no puedes controlar lo que dice la gente. No nos hemos manifestado nunca contra un gobierno sino a favor de la concordia. Siempre he dicho que tanto con el Govern de Puigdemont como con el de Mas, con quien me reuní en el 2014, siempre hemos intentado mantener unas relaciones cordiales. Nosotros no estamos por el enfrentamiento ni mucho menos.

¿Esa manifestación de PP, Ciudadanos y Vox fue un error?

Que el presidente de Societat Civil Catalana valore si fue un error es complicado y complejo. Creo que fue una manifestación que no debería haberse producido porque no tenemos que ir en contra de un gobierno legítimo y constitucional como es el de Pedro Sánchez.

Uno de los argumentos de PP, Ciudadanos y Vox es que Sánchez ha cedido ante los independentistas. ¿Usted también lo cree?

No. Yo creo que no ha cedido en nada. El presidente Sánchez ha gobernado, ha intentado buscar cuáles son las vías para mejorar las condiciones de vida de los catalanes. La Generalitat no está gobernando y el Parlament está cerrado. Todo eso es muy grave.

¿Qué piensa cuando escucha a Casado, Rivera, Arrimadas o Abascal defendiendo que hay que aplicar otra vez el artículo 155?

El 155 es una medida que tiene que aplicarse cuando se produzca una clara violentación del orden constitucional en Catalunya, cosa que nosotros no vemos que esté pasando en estos momentos. Segundo, es una medida excepcional que si tiene que aplicarse es a través del Senado y con ratificación posterior del Congreso, no porque lo diga un partido. Rechazamos, por lo tanto, que se tenga que aplicar si no existe ese consenso constitucional. Utilizarlo como propuesta política es un grave error porque no contribuye a la convivencia. Si se tuviese que aplicar, cosa que no me corresponde decir a mí porque no soy jurista, tiene que ir acompañado de un relato muy claro y a ser posible en catalán para explicar los motivos.

¿Estas reflexiones se las ha trasladado a dirigentes del PP y de Ciudadanos?

Sí, claro. Yo me veo con cierto asiduidad con gente del PP y soy amigo personal de Pablo Casado desde hace mucho tiempo. Y soy amigo y tengo buena relación con Albert Rivera y Juan Carlos Girauta. Igual que la tengo también con Salvador Illa (PSC) y con gente del nacionalismo catalán.

¿Pero cuando le dice a Casado que no se dan las condiciones para aplicar el 155, él que responde?

Son conversaciones privadas pero creo que él también considera que en Catalunya hace falta un nuevo relato. Compartimos el mismo punto de vista en el sentido de que esto no se solventará aplicando el 155. En mi opinión personal no se solucionará con un gobierno de derechas en España que no tenga en cuenta el hecho nacional catalán, la nación cultural que es Catalunya. Y esta reflexión se la he hecho a Pablo Casado.

Tal vez lo que está pasando es que el PP está pensando más en los votos del resto de España que en solucionar el problema de Catalunya.

Sí, todos están en fase electoral. También el PSOE entrará ahora en esa fase electoralista y si no saca la bandera de España, sacará el españolismo. Es lícito pero también es peligroso. Nosotros no llevamos las luces cortas, en Societat Civil ponemos las largas. En Catalunya vemos una triple división. Una es geográfica, entre la Catalunya interior y la más costera. No es la broma de Tabarnia y Tractoria pero podría coincidir con esta idea. La segunda es económica puesto que el procés es una revolución de los ricos, de la clase media-alta. En Sant Cugat del Vallés o Matadepera, dos de los municipios más ricos de España, son eminentemente independentistas mientras que en Sant Adrià del Besòs, uno de los más pobres, el 90% de los votos son españolistas. La tercera división, que es la más difícil de gestionar de cara al futuro, es la lingüística. El 90% de los catalanohablantes son independentistas y más del 90% de los castellanohablantes son unionistas, y esta división se está acentuando.

¿La inmersión lingüística es un modelo adecuado para combatir esa división?

Son cosas distintas. Yo estoy a favor de la inmersión lingüística. Mi mujer es directora de una escuela pública, profesora de catalán y en mi casa siempre hemos hablado en catalán. Lo que digo es que no se está ofreciendo un relato de España a los catalanohablantes. Siempre pongo el ejemplo de Berga. Fue capital de los borbones, también del carlismo, una ciudad que votaba a la Lliga y que después fue franquista. Era una ciudad conservadora que votaba a Convergència y ahora Berga es la CUP.

De lo que se ha visto hasta ahora en la Sala segunda del Supremo, ¿qué opinión tiene del juicio del procés?

Es un disparo al propio pie del independentismo. Es la puesta en escena de los errores que han cometido los procesistas y que nos vacunará para años a los españoles de una nueva tentativa golpista. Vemos a 12 defensas diferentes, todos explicando que no había nada preparado, que todo era un cuento chino, que lo que querían era llegar a un pacto cuando lo que nos habían explicado es que tenían ya las estructuras de estado preparadas. Los días 6 y 7 de septiembre fueron los más trágicos de la historia de Catalunya, aparte, evidentemente, de la Guerra Civil y del 6 de octubre del 34.

Habla de tentativa golpista. Uno de los puntos claves de este juicio es demostrar si en Catalunya se produjo o no una rebelión. ¿Usted es de los que piensa que la hubo?

Yo no soy jurista, soy historiador y por lo tanto no soy capaz de discernirlo. Creo que hubo un intento de violentar el estado de derecho de una forma que parecía muy bien programada, aunque ahora estamos viendo que no lo estaba tanto. Lo que sí que creo que ha habido es una malversación de fondos públicos.

¿Cuando afirma que estamos vacunados de una nueva tentativa es porque cree que el independentismo no volverá a intentarlo?

Considero que la mayor parte de la gente se ha dado cuenta de que la vía unilateral es imposible. Estoy convencido de que los catalanes y el resto de españoles acabaremos votando algo, no sé si será una reforma de la Constitución u otra cosa. En todo caso, esto acabará con un gran pacto en el que todos podremos votar. Lo que no me gusta es que a un nacionalismo catalán se está contraponiendo un nacionalismo español, de base castellana.

Si tras las próximas elecciones generales acaba gobernando un tripartito de la derecha igual parece que esa votación iría para largo.

Como le decía, nosotros vamos con las luces largas. Hay dos millones de independentistas en Catalunya, 250.000 en la Comunitat Valenciana... y no desaparecerán de un día para otro. Al final, España siempre ha salido de las crisis cuando se producen estas tensiones territoriales. A veces con guerras, cosa que estoy convencido que no pasará. Se trata de mejorar la convivencia.

¿Considera que la prisión preventiva que se ha aplicado a los dirigentes independentistas ha sido una medida excesiva?

A mí no me gusta la cárcel preventiva y que haya gente en prisión sin haberse celebrado el juicio me parece injusto a no ser que exista un riesgo claro de destrucción de pruebas o de fuga. Evidentemente la huida de Puigdemont y algunos consellers le puso las cosas muy difíciles al juez.

Me gustaría que esta gente no estuviera en la cárcel, pero que a poder ser fuesen inhabilitados porque no se produjo ningún daño personal pero si un perjuicio económico para Catalunya que fue brutal. Hemos perdido oportunidades brutales como la Agencia Europea del Medicamento por la increíble inconciencia de una gente a la que le importaba todo tres pimientos.

Se ha publicado que usted podría ir en una listas a las autonómicas junto a Manuel Valls si el exprimer ministro francés no logra ser alcalde de Barcelona. ¿Es cierto?

No, en absoluto. No tengo ninguna intención de entrar en política. Conozco al señor Valls desde hace mucho tiempo pero no estoy trabajando con él. Le deseo suerte como se la deseo a Josep Bou o al amigo Jaume Collboni o a la señora Colau. Lo que sí es cierto es que me han ofrecido entrar en política.

¿Quién se lo ha ofrecido?

Algunos partidos, pero es algo ya pasado. Es verdad que en Societat Civil hay mucha gente que ha entrado en política. Pero la política, por desgracia, está muy mal considerada en este país, cosa que es un gran déficit democrático, y está muy mal pagada. Yo soy un profesional que me gano muy bien la vida.

¿Usted en el 2013 asistió a un acto de la Fundación Franco en Gandesa?

No.

¿No es cierto?

Yo fui a buscar a mi padre, que sí que estuvo en el acto. Acompañé a mi padre, y ahí me entrevisté con personas que habían participado en los tercios de requetés de Nuestra señora de Montserrat y con las que quería hablar para mi tesis doctoral sobre la Guerra Civil. No he asistido nunca a otro acto no solo de la Fundación Franco sino tampoco de otros. Y he asistido a actos de Podemos, de Convergència o de Comisiones Obreras.

A mí se me hizo una campaña brutal a través de Toni Albà, que me presentó una querella por supuestos insultos a través de una cuenta falsa de Facebook. La jueza la archivó porque ya había prescrito. Fui víctima de un auténtico escrache profesional a partir de correos y a través de un exconseller del Govern cuyo nombre no diré todavía.

¿Franco debe estar fuera del Valle de los Caídos?

Sí, claro. Franco ha sido probablemente el personaje más nefasto de la historia de España. Y lo digo yo que no soy una persona de izquierdas ni sospechosa de connivencia con Podemos.

¿Vox es un partido de ultraderecha?

Vox es un invento de los restos del carlismo vasco, inspirado en una persona como Jaime Mayor Oreja, y es un partido muy unionista. Esto le ha dado un corpus doctrinal muy católico y por esto no es asimilable a la extrema derecha del resto de Europa. Es una derecha dura y muy peligrosa en algunos discursos sobre xenofobia que la sitúan en algunos casos muy cerca de la extrema derecha.

El Juzgado Contencioso Administrativo 7 de Barcelona ha sentenciado que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha vulnerado los derechos fundamentales de los estudiantes de Joves de Societat Civil Catalana de la UAB (Joves SCC-UAB) y obliga al centro universitario a inscribir a esta agrupación en el directorio de colectivos del Campus de Bellaterra.

La sentencia ratifica la medida cautelar adoptada por el mismo Juzgado en el mes de abril de este año, ya que considera que la universidad ha vulnerado los derechos de no discriminación por razón de opinión, de libertad ideológica, de expresión y a la educación, ha informado la asociación en un comunicado.

La magistrada ha condenado a la UAB al pago de las costas procesales, hasta un máximo de 600 euros, porque la exclusión de Joves SCC-UAB del directorio de colectivos de la universidad vulnera los derechos fundamentales recogidos en la Constitución de no discriminación por razón de opinión (artículo 14), de libertad ideológica (artículo 16), de libertad de expresión (artículo 20.1.a) y del derecho a la educación (artículo 27).

La UAB justificó la no inscripción del colectivo al registro de entidades porque no cumplía los requisitos establecidos por la normativa y negó cualquier ataque a los derechos fundamentales, asegurando que le faltaba el requisito de respeto institucional al centro universitario por comentarios en contra vertidos en redes sociales.

Ahora la sentencia, recogida por Europa Press, reproduce la postura de la Fiscalía, según la cual “resulta imposible no vincular la expulsión del directorio con el posicionamiento de Joves SCC-UAB contra las tesis independentistas y la actitud contemporizadora del Consejo de Gobierno de la Universidad con ellas”.

El tribunal añade que, según la Fiscalía, la pretensión del Rectorado de la UAB de condicionar la inclusión del colectivo en el directorio a que los estudiantes de Joves SCC-UAB rectificaran su política de comunicación debía ser calificada como “censura clamorosamente ilegal” al buscar en realidad que rectificaran opiniones y manifiestos incómodos.

La asociación de estudiantes critica “la inexistencia de comunicados de condena de la UAB ante las continuas y probadas agresiones que han sufrido por parte de los separatistas radicales y de los grupos autodenominados antifascistas en el campus”; y las peticiones de neutralidad institucional a los órganos de gobierno de la universidad por sus pronunciamientos, siempre con sesgo pro nacionalista, ante la situación política que vive Catalunya, afirman en el comunicado.

“Extraordinaria gravedad”

Desde Joves SCC-UAB consideran que esta condena “evidencia un hecho de extraordinaria gravedad, sin precedentes en las universidades españolas: la persecución ideológica que sufren los estudiantes constitucionalistas en la universidad catalana”.

“Ello viene a ratificar un problema de mayor entidad: los graves déficits democráticos que existen en Catalunya y que se traducen en continuas vulneraciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos constitucionalistas que alzan la voz contra los abusos de los nacionalistas en las instituciones y en el espacio público”, lamentan.

Piden que acabe “el clima de intimidación” a los estudiantes constitucionalistas por expresar sus ideas en el campus y reclaman al equipo de Gobierno de la UAB y a las instituciones en general que defiendan y garanticen con firmeza la libertad de expresión y el pluralismo ideológico.

Joves SCC-UAB ha anunciado que hará llegar el contenido de esta sentencia y una petición de entrevista al presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), al Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, a la consellera de Empresa y Conocimiento, al Defensor del Pueblo y al Síndic de Greuges.

La ficción de Tabarnia tomó cuerpo por primera vez el pasado domingo en forma de manifestación con cerca de 15.000 personas. En la marcha, sin embargo, hubo una práctica ausencia de cargos políticos que contrasta con el entusiasmo con que algunos líderes de Ciudadanos saludaron esta iniciativa en las redes sociales. El componente caricaturesco de esta región imaginaria, así como el perfil de algunos de sus impulsores, ha alejado al partido que le dio comba el pasado 26 de diciembre, cuando en un breve lapso de tiempo Albert Rivera, Inés Arrimadas y Juan Carlos Girauta difundieron la idea en sus cuentas de Twitter.

Así saltó Tabarnia a la portada de algunos de los principales periódicos españoles. Pero dos meses después, su capacidad de convocatoria se ha demostrado más reducida que la de otras entidades partidarias de la unidad de España, como Societat Civil Catalana (SCC), que sacó a la calle a cientos de miles de personas durante la fase más decisiva del procés. A ello contribuyó que le dieran la espalda partidos como Ciudadanos o el PP -más cauto a la hora de vincularse a esta iniciativa-, aunque sí participó el portavoz popular en Barcelona, Alberto Fernández Díaz.

Tanto Ciudadanos como el PP han defendido Tabarnia como una “broma” que permite situar “ante el espejo” el derecho a la autodeterminación en Catalunya al que apelan los soberanistas. Pero dos meses después de su auge, optan por desmarcarse de este movimiento que bascula entre la sátira y la política. Hasta el punto de que los únicos partidos políticos que acudieron de forma oficial a la manifestación fueron minoritarios y de corte ultraderechista, como es el caso de Vox o de Plataforma per Catalunya.

Arrimadas: “Es absolutamente loco”

Justo dos días antes de la manifestación, la líder de Ciutadans en Catalunya, Inés Arrimadas, fue más contundente que nunca a la hora afirmar que Ciudadanos “no apoya” a Tabarnia. “Es un instrumento argumental para demostrar que los partidos independentistas defienden unas tesis que no tienen sentido, porque cuando utilizas esas tesis dentro de Catalunya ya se ve que es absurdo, absolutamente loco”, aseguró durante una entrevista en la radio francesa Equinox.

Además, Arrimadas sabe que no es solo en las comarcas de Tarragona y el área metropolitana de Barcelona (las que integrarían Tabarnia) donde su partido cosecha buenos resultados electorales. En las provincias de Lleida y Girona, con un mayor voto independentista, C's sigue estando por encima de un nada desdeñable 15% de voto. Y quizás allí sus votantes no se tomarían con el mismo humor la idea de Tabarnia.

Sin embargo, compañeros suyos, como Juan Carlos Girauta en diciembre, no habían sido tan tajantes a la hora de considerarlo una provocación inofensiva, y llegaron a plantear el futuro de Tabarnia como una posibilidad si el independentismo lograra su objetivo. “España es indivisible, pero si algún día fueran mayoría los del referéndum de independencia, la idea de Tabarnia nos salvará. Poca broma”, advirtió el portavoz naranja en el Congreso.

Esta es, de hecho, parte de la filosofía de la plataforma que ha puesto en circulación la idea, de carácter eminentemente satírico, pero con un trasfondo de advertencia. “Tabarnia es una broma muy seria”, asegura Jaume Vives, impulsor de la Plataforma por Tabarnia, que nace a su vez de la Plataforma Barcelona is not Catalonia.

“Somos una respuesta a una actitud y a una situación injusta que se vive en Catalunya, y a medida que el nacionalismo avance, nosotros también”, advierte Vives. La cara visible de esta plataforma es conocido por haber dirigido la publicación 'El Prisma' y por haber publicado opiniones homófobas e islamófobas en las redes.

Exmiembros de Ciudadanos y PP

Los impulsores de Tabarnia niegan tener vinculación con ningún partido político, y lo mismo hacen formaciones como Ciudadanos y PP respecto a la plataforma. Pero lo que es indudable es que tras el auge de esta idea en los últimos dos meses están algunas figuras que han formado parte de estos partidos en los últimos años.

El caso más popular es el del dramaturgo Albert Boadella, que fue fundador de Ciudadanos. El polémico director teatral ha prestado su imagen a la causa de Tabarnia hasta el punto de haber sido investido “presidente en el exilio” de esta entidad, en una clara burla a la situación de Carles Puigdemont.

También han participado en la difusión de Tabarnia exdiputados de Ciudadanos y el PP en el Parlament de Catalunya como Antonio Robles o Joan López Alegre, respectivamente. El primero consta, de hecho, como uno de los portavoces de la Coordinadora por Tabarnia, entidad diferenciada de la plataforma pero con la que comparte objetivos y que también llamó el domingo a la movilización.

Buenas relaciones con Societat Civil Catalana

Pese a haber congregado a varios miles de personas en el centro de Barcelona, la capacidad de convocatoria de la Plataforma por Tabarnia está lejos de la de otras entidades que defienden la unidad de España, como Sociedad Civil Catalana, que ha llegado a sacar a la calle auténticas multitudes durante la fase más crítica del procés. Ambas estuvieron a punto de organizar una marcha conjunta el pasado 25 de febrero, pero la acabaron desconvocando para no afectar al desarrollo del Mobile World Congress.

Desde Societat Civil Catalana, que felicitó a Tabarnia por su capacidad de convocatoria, aseguran que ven la iniciativa “con simpatía”. Fuentes de la asociación explican que mantienen una relación “fluida” con la Plataforma y que consideran “positiva” su aparición, aunque se desmarcan de sus formas al precisar que Societat Civil Catalana “es una entidad seria que no quiere hacer bromas”.

La plataforma Sociedad Civil Catalana, uno de los principales agentes movilizadores contra el proceso independentista catalán, recibirá el próximo lunes el Premio Convivencia de la Fundación Manuel Broseta, y lo hará de manos del propio President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en el Palau.

Este premio, dotado de 12.000 euros, se concede este año a Sociedad Civil Catalana, después de que los impulsores de la candidatura (catedráticos y profesores de Derecho Constitucional y la Fundación Transición Española), remarcaran que está “al frente de la resistencia a las iniciativas secesionistas” y que ha llevado a cabo “una exitosa labor de concienciación y movilización ciudadana ”para la convivencia“ entre ”catalanes de diferentes sensibilidades y orígenes, entre estos y el resto de españoles“.

En el programa adelantado por la propia Fundación Broseta se explica que antes del acto de entrega, el presidente Ximo Puig se reunirá con el presidente Sociedad Civil Catalana, José Rosiñol, y miembros de la junta directiva de la Fundación Manuel Broseta. Posteriormente, Puig y Rosiñol intervendrán en un acto donde realizarán un análisis de la situación que se vive en Catalunya y en España.

En la pasada edición, el presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig también fue el encargado de entregar el premio Convivencia, que fue concedido al expresidente del Gobierno Felipe González. En ediciones anteriores este premio, que recuerda la memoria del catedrático de Derecho Constitucional Manuel Broseta, asesinado por eta en 1992 en València, distinguió a Adolfo Suárez, Nicolas Sarkozy, el expresidente de la URSS Mijail Gorbachov, la Nobel de la Paz Malala Yousafzai, el movimiento cubano Las Damas de Blanco, el cooperante Vicente Ferrer o el ex presidente de la Comisión Europea Jacques Delors.

Reacciones

La entrega de este premio por parte de Ximo Puig ha originado ciertas reacciones en Compromís, su socio de gobierno en la Generalitat, que marcaba distancias.

Es el caso del dirigente Enric Nomdedéu -secretario autonómico de ocupación- quien tras destacar que “Una fundación privada (de la que todavía forman parte algunas administraciones públicas) puede premiar a quien crea oportuno. Por muy inoportuno que me pueda parecer”; seguidamente añadía que “Pero no en el Palau -de la Generalitat- y no con el president entregando los premios. Creo que es un error no forzado”.

Preguntada por las declaraciones de este dirigente de Compromís, la vicepresidenta Mónica Oltra reiteraba el argumento de que el premio lo entrega una fundación privada, aunque la Generalitat sea uno de los patrones y la consellera Carmen Montón estaba en el jurado (hecho que encuentra normal). También recordaba que el Palau de la Generalitat ha recogido otras entregas de premios aunque no sea el gobierno valenciano el propio promotor. Continuaba diciendo que las declaraciones de Nomdedéu se enmarcan dentro de su libertad de expresión, y evitaba opinar sobre el premio destacando no obstante que “me parece bien cualquier premio o reconocimiento siempre que sea en un ámbito democrático”.

Las palabras de Nomdedéu también han tenido contestación desde Ciudadanos con un tuit de Toni Cantó quien afirmaba: “Compromís, molesto por el merecido premio de @Societatcc en Valencia. Ellos son más de premiar y subvencionar a entidades secesionistas”.

Han sido pocas las manifestaciones por la unidad de España en los últimos meses en las que no ha habido intimidaciones o agresiones, bien sea durante o sobre todo al acabar la protesta, contra viandantes o periodistas. ¿Quiénes han sido los agresores? En algunos casos la Policía los ha identificado con entidades de la extrema derecha, que han participado activamente en las marchas constitucionalistas organizadas por Sociedad Civil Catalana (SCC). Pero no todos responden al perfil clásico de neonazi. Desde esta asociación se desmarcan y condenan estos sucesos. Reconocen, además, que no pueden controlarlos.

Hasta ahora, la extrema derecha en Catalunya limitaba su presencia a actos muy puntuales. El más visible, la clásica subida a la montaña de Monjuïc de Barcelona cada 12 de octubre con motivo del día de la Hispanidad. No obstante, la presencia de estos grupos extremistas en Montjuic ha ido disminuyendo año tras año. No por falta de partidarios, sino porque se han ido desplazando hacia el centro de la ciudad, hacia la manifestación organizada por Societat Civil Catalana en la Plaça Catalunya, que es también cada vez más multitudinaria y que ha aglutinado a formaciones como el PP, Ciudadanos y, este año, el PSC.

La división entre los grupos de extrema derecha ha sido una constante desde hace 40 años, desde la disolución del partido político Fuerza Nueva (1976 – 1982), que tenía como presidente al franquista Blas Piñar y por eslogan “Dios, Patria y Bandera”. Pero ahora hay una máxima que vuelve a unir la extrema derecha: garantizar la unidad de España. Este objetivo común une en las calles a organizaciones como Democracia Nacional, Nudo Patriota Español, Alianza Nacional, Hazte Oír, Falange Española de las JONS, Falange Auténtica, Hogar Social, Último Bastión, Legión Urbana, Generación Identitaria, Vox, Som Identitaris, Movimiento Social Repúblicano (que forma parte de la Alianza Europea de Movimientos Nacionales), Somatemps y una larga lista de grupos extremistas.

“El procés sirve como catalizador de todo este espacio político, el nacionalismo español, que en su mayor parte se concentra en la derecha y más allá”, apunta el fotoperiodista Jordi Borràs, experto en temas relacionados con la extrema derecha.

Todas estas organizaciones abogan en sus principios por la unidad, la soberanía y la identidad de España, según consta en sus webs. Se oponen a “separadores y separatistas, centralistas e independentistas, la inmigración masiva”, como firman en la de Democracia Nacional; luchan “contra todo intento micronacionalista que pretenda la creación de nuevos Estados, una dinámica disgregadora e insolidaria cuyo único resultado sería un retroceso de siglos en la historia común de los pueblos de España”, según aparece en la web del MSR; o, en el caso de Generación Identitaria, se declaran “en guerra contra cualquier persona que quiera borrar nuestras raíces y hacernos olvidar lo que somos”, por lo que aseguran que su “ideal es la reconquista, y lucharemos hasta el final”.

La representación parlamentaria de estos grupúsculos ha sido siempre nula en Catalunya. Quien ha estado más cerca de un escaño ha sido, en las elecciones autonómicas del 2010, el partido de extrema derecha y xenófobo Plataforma per Catalunya (PxC), que se quedó a las puertas de entrar a la cámara catalana con sus más de 75.000 votos, un 2,40%. Una cifra que descendió hasta los 60.107 votos, un 1,65%, en 2012. La plataforma se fragmentó finamente ya que su líder, Josep Anglada, impulsó el partido Som Identitaris (SOMI).

Desde el 1-O, en Barcelona se han vivido tres manifestaciones multitudinarias en apoyo a la unidad de España. Fueron los días 8, 12 y 29 de octubre, en los que una marea de banderas españolas llenó por primera vez las calles de la capital catalana en respuesta a las masivas protestas independentistas de los últimos años. Las tres han sido organizadas y convocadas por Sociedad Civil Catalana (SCC), una asociación que se propone promover, difundir y fomentar la cohesión y la convivencia entre los ciudadanos en Catalunya y de estos con el resto de los españoles y mantener la cultura catalana como parte inseparable de la cultura española común.

Sin embargo, en las tres jornadas, de carácter principalmente festivo, hubo incidentes y agresiones a periodistas, a ciudadanos identificados como independentistas, e increpaciones a Mossos d'Esquadra. El 8 de octubre agredieron a un fotógrafo e insultaron a una periodista de TV3; el 12, hubo una batalla campal de ultras frente al bar Zurich, y el 29 un grupo de neonazis se enfrentó a los Mossos en Plaça Sant Jaume, entre otros incidentes. Muchas agresiones se han dado al margen de la manifestación oficial, aunque algunas no, como la que recibió el fotógrafo o la mayoría de las que ha recibido la prensa.

¿Los agresores pertenecen todos a la extrema derecha?

“Debemos desmitificar que se trata de agresiones de la extrema derecha”, señala Borràs. Este experto subraya que algunos de los agresores no responden al patrón clásico de neonazi.

Desde el día de la celebración del referéndum hasta la actualidad, se han registrado más de un centenar de incidentes (agresiones, amenazas y coacciones) en todo el territorio catalán protagonizados por partidarios de la unidad de España, según la recopilación que está elaborando Borràs. En en un porcentaje elevado de casos, estas personas no denuncian las agresiones, ya sea por miedo, por desconfianza con la justicia o por un cierto sentimiento de culpa.

Para Borràs, que está recopilando todas estas agresiones, estamos ante “un fenómeno nuevo que se debe a la construcción de un relato, por parte de medios de comunicación, de los partidos de gobierno, del Estado, del poder judicial, de la policía, que justifica la agresividad contra una parte de la población muy concreta”. Ciertas reivindicaciones de la extrema derecha, según Borràs, han saltado hacia el autodenominado “bloque constitucionalista”, como es el cántico “Puigdemont a prisión”, escuchado solo en manifestaciones ultras hace no mucho y muy extendida durante los últimos meses en las marchas por la unidad de España.

Societat Civil Catalana condena los incidentes

Desde Societat Civil Catalana, sin embargo, rechazan toda acusación que relacione la entidad y la extrema derecha. “En nuestra organización solo caben personas que sean claramente constitucionalistas y demócratas, todo lo que este mas allá de ese rango no entra dentro de nuestra organización”, sentencia José Rosiñol, presidente de la asociación. Actualmente, SCC cuenta con más de 25.000 colaboradores, 75 socios y una Junta Directiva formada por 15 miembros, según cifras facilitadas por la propia organización. “Nos definimos como constitucionalistas, cumplimos con el Estado de Derecho y la perfectibilidad de cualquier democracia pasa por cambiar el orden constitucional en función de unas mayorías que se den, no somos ni españolistas”.

Sobre la presencia de extrema derecha en sus manifestaciones, Rosiñol asegura que las protestas “son absolutamente pacíficas”. “Si al cabo de dos o tres horas grupúsculos de extraños empiezan a hacer agresiones o lo que sea, nosotros efectivamente lo condenamos absolutamente. No tiene nada que ver con nuestro movimiento, nosotros somos constitucionalistas y demócratas”, asegura Rosiñol. Desde SCC han condenado en más de una ocasión las agresiones.

“Intentamos controlarlo, desde nuestro punto de vista y de nuestro servicio de seguridad”, zanja, pero a la vez admite: “Estamos en un estado democrático y no puedes echar a nadie”. Aseguran que en ocasiones no ven a los grupos de extrema derecha o que, cuando los ven, no pueden echarlos ya que su servicio de orden está formado por pocas personas y todos voluntarios. Es el caso, por ejemplo, de la celebración del último 12 de octubre, a la que asistieron grupos de extrema derecha como PxC, Vox, Falange de las JONS, Hogar Social Madrid y Movimiento Social Repúblicano. Rosiñol dice que en alguna ocasión han avisado a los Mossos y a la Guardia Urbana de su presencia, pero que la policía les ha contestado que no los pueden echar porque tienen derecho a manifestarse.

En la manifestación del 8 de octubre, organizada por SCC, también una quincena de entidades de extrema derecha anunciaron su participación en la manifestación. Lo mismo pasó en la del 29 de octubre, cuando la secundaron organizaciones de extrema derecha como Somatemps, Plataforma x Catalunya, Falange Española de las JONS, Generación Identitaria, Vox, Falange Auténtica y Som Identitaris. Según Borràs, que hace años que se dedica a fotografiar a estos grupos, “no se trata de un aumento de la militancia, pero sí de las movilizaciones”.

La causa de la unidad de España, un imán

La presencia de la extrema derecha no se ha limitado sólo a los grandes actos por la unidad de España. Una de las primeras manifestaciones que aglutinó a sus militantes, junto con otros manifestantes constitucionalistas, fue la del pasado 22 de septiembre frente al local de la Assamblea Nacional Catalana (ANC). Esa concentración, en la que hubo agresiones a periodistas y a viandantes, tuvo lugar dos días más tarde del 20-S, el día de las concentraciones frente a la conselleria de Economía. Era la primera de una serie de concentraciones y manifestaciones que se irían encadenando las siguientes semanas.

Entre ellas, han destacado, por su regularidad y por tener un origen poco conocido, las protestas protagonizadas por el grupo llamado Los de Artós, jóvenes que se han manifestado varias veces desde esta plaza del barrio de Sarrià y cuyas acciones han acabado con agresiones o vandalismo. Fue el caso, por ejemplo, de la que tuvo lugar el 28 de octubre, donde se rompieron cristales de Catalunya Ràdio y se contabilizó un mínimo de tres heridos, dos de ellos por herida de arma blanca y otro por un puñetazo en la nariz.

Estos jóvenes se sienten “víctimas de la represión y del desprecio del separatismo catalán”, según muestran en sus redes sociales, y se reúnen para organizar manifestaciones a favor de la unidad de España. Su organización no responde a una estructura concreta, sino que ha sido más bien espontánea, con una importante incidencia de las redes sociales.

Ante casos como los citados en este reportaje, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó a propuesta de la CUP no otorgar los permisos de ocupación de vía pública para manifestaciones de extrema derecha. Un texto de ERC pide aumentar la seguridad y prevención en las manifestaciones “organizadas o participadas por entidades de carácter fascista”. El portavoz este grupo municipal, Jordi Coronas, defendió que “es necesario que el Ayuntamiento utilice todos los mecanismos que tenga a su alcance para evitar que se reproduzcan actos que promuevan el odio y la violencia”. “Estas manifestaciones siempre han acabado con agresiones xenófobas e intimidaciones” ha sentenciado Coronas.

Los medios de comunicación en el punto de mira

Quienes han sufrido parte de las agresiones en las manifestaciones a favor de la unidad de España han sido los medios de comunicación, sobre todo TV3 y Catalunya Ràdio. “El relato que se ha construido contra el independentismo, contra el adoctrinamiento en las escuelas, contra la prensa, contra TV3, contra la prensa manipuladora separatista, favorece un discurso de odio contra todos aquellos que van con una cámara en las manos”, opina Borràs.

Es el caso, por ejemplo, del fotoperiodista aficionado al que el 8 de octubre pegaron un grupo de personas al creer que él era de TV3. Ese mismo día, frente al escenario de SCC delante de la Estación de França, una reportera de la televisión pública catalana fue agredida con un palo por un manifestante mientras hacía una directo. Cuando terminó la conexión, la persiguieron a los gritos de “puta” y “zorra”. Agresiones como esta han comportado que los periodistas de la televisión pública catalana vayan a cubrir este tipo de actos con un micrófono neutro, sin el logotipo de TV3, para que no les reconozcan.

Uno de los casos más recientes de agresiones a la prensa fue el 10 de noviembre, en una manifestación, también organizada por SCC, frente al ayuntamiento de Sabadell para reclamar la reposición de las banderas de España y de Europa. Ese día la policía local tuvo que sacar a la prensa que cubría el acto ante las amenazas de los manifestantes. Según SCC, las agresiones tuvieron lugar cuando la manifestación ya se había desconvocado. Una de las periodistas agredidas explicó que “no estaba filmando todavía, estaba aguantando la cámara, cuando me pusieron las banderas encimas y me empezaron a increpar”.

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