El Ministerio de Salud hutí ha elevado este viernes a 74 la cifra de muertos y a 171 el número de heridos en el bombardeo efectuado por Estados Unidos en la noche del jueves contra el puerto petrolero de Ras Issa, en la provincia yemení de Al Hudeida, en el mar Rojo.

“El número de muertos por el ataque estadounidense a las instalaciones de Ras Issa ha aumentado a 74 mártires y 171 heridos, según un balance preliminar. Los equipos de rescate de ambulancias y de protección civil continúan identificando personas desaparecidas y buscando víctimas”, informó el departamento controlado por los rebeldes hutíes en un breve comunicado. Sin embargo, en la madrugada de este viernes informó de la muerte de 38 personas, en tanto que 102 sufrieron heridas, en un reporte del que hizo eco la cadena catarí Al Yazira. Hace solo unos minutos esa cifra de víctimas mortales ha aumentado hasta 74 personas.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) aseguró, en un comunicado, que destruyó el puerto de combustible de Ras Issa, controlado por los insurgentes, a quienes acusan de beneficiarse económica y militarmente de estas instalaciones para vender combustible y financiar sus operaciones.

Ese puerto, junto con los de Al Hudeidah y Salif, recibe alrededor del 70% de todas las importaciones y el 80% de la ayuda humanitaria que entra al Yemen, según la ONU, mientras que EEUU y otros países denuncian que es utilizado por los hutíes para importar y exportar petróleo de forma ilícita.

“Las ganancias de estas ventas ilegales financian y sostienen directamente las actividades terroristas de los hutíes”, sostuvo el Centcom, que afirmó que “las fuerzas estadounidenses tomaron medidas para eliminar esta fuente de combustible” para los insurgentes “y privarlos de ingresos ilegales que han financiado sus esfuerzos para aterrorizar a toda la región durante más de diez años”.

Los hutíes acusaron a EEUU de incurrir en un “crimen de guerra” por el bombardeo al puerto de Ras Issa.

“Esta agresión completamente injustificada representa una flagrante violación de la soberanía y la independencia del Yemen y un ataque directo a todo el pueblo yemení”, afirmaron los rebeldes en un comunicado.

“El ataque tiene como objetivo una instalación civil vital que ha servido al pueblo yemení durante décadas, con el fin de impedirle recibir suministros esenciales y castigarlo por su postura justa y equitativa en apoyo del oprimido pueblo palestino”, agregaron los insurgentes.

Los hutíes reiteraron que el ataque contra esta infraestructura es “un crimen de guerra en toda regla, dado que el puerto es una instalación civil, no militar, que sirve a todos los yemeníes y no es el dominio exclusivo de un grupo específico”.

Por su parte, el ministro de Información del Gobierno del Yemen internacionalmente reconocido, Muamar al Eryani, responsabilizó a los hutíes del ataque por “haber transformado esta instalación vital de una salida económica al servicio de los yemeníes a un centro de contrabando de armas y combustible iraníes y una fuente de financiación de sus actividades terroristas” durante diez años.

Estados Unidos, por orden del presidente Donald Trump, inició el pasado 15 de marzo una campaña intensiva de bombardeos contra posiciones de los hutíes en el Yemen, con el objetivo de minar las capacidades militares de los rebeldes y prevenir más ataques contra la navegación comercial en el mar Rojo.

Sin embargo, los insurgentes han respondido con ataques contra buques de guerra de EEUU e Israel, mientras que han denunciado que alrededor de un centenar de personas han muerto por los nuevos bombardeos estadounidenses.

Donald Trump está aplicando con el Signalgate la misma táctica que usó en los enjuiciamientos por el asalto al Capitolio y el intento de interferencia electoral: atacar y negar. Aun así, la campaña de contención de daños para minimizar el primer escándalo de la nueva administración parece que no está funcionando a nivel interno. A puerta cerrada, aliados del presidente estadounidense han empezado a mostrar sus dudas respecto a las capacidades de algunos de los miembros del gabinete que estaban en el chat de Signal que incluyó por error a un periodista en las conversaciones sobre los bombardeos estadounidenses de Yemen.  

El consejero de Seguridad Nacional, Michael Waltz, ya se responsabilizó en una entrevista en la Fox por añadir por error al periodista de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, al chat donde se compartieron al detalle los planes para bombardear objetivos hutíes en Yemen el pasado 15 de marzo. Aun así, Waltz seguía sin saber explicar cómo el periodista acabó por error en el grupo. La Casa Blanca ha confirmado que Elon Musk está ayudando a descubrir cómo se produjo dicho error. En las capturas publicadas por The Atlantic para demostrar que se compartió información confidencial se puede ver claramente la notificación de “Michael Waltz te ha añadido al grupo”.  

Trump, que en un inicio cerró filas y defendió a Waltz, empezó luego a cambiar el tono. “Mike Waltz, supongo que dijo que se atribuyó la responsabilidad —relató Trump el miércoles por la noche— Supongo que nadie más estuvo implicado. Creo que fue Mike, no lo sé”, dijo, al tiempo que trató de exculpar al secretario de Defensa: “¿Cómo involucrar a [Pete] Hegseth? No tuvo nada que ver... Mirad, todo es una caza de brujas”.  

El cambio en el relato llega en medio de comentarios internos por parte de trabajadores de la Casa Blanca y el Pentágono que creen que quien realmente metió la pata fue el secretario de Defensa, Pete Hegseth.  

Cuando salió a la luz el escándalo, a principios de semana, la Casa Blanca descartó ceses. El mismo Trump los desestimaba el martes y el miércoles la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, aseguraba que el presidente seguía “confiando en su equipo de seguridad nacional”. Para entonces, dentro del gobierno, diversos cargos ya decían que era imposible que Waltz sobreviviera a la crisis. 

Pero la publicación íntegra de los mensajes, que revela que Hegseth envió detallada información de los objetivos o los aviones de caza que participarían, entre otros extremos, ha puesto en cuestión su liderazgo al frente del Pentágono. Fuentes de la Casa Blanca explicaban a Politico que “en privado hay mucha preocupación sobre su actuación, más que con Waltz”. Otra persona del entorno expresaba las mismas dudas al medio: “¿Qué sucederá cuando Hegseth necesite gestionar una crisis real?” 

La simpatía de Trump por Hegseth ya quedó más que probada con su nombramiento. Cuando el magnate anunció al presentador de la Fox como candidato a liderar el departamento de Defensa, no pareció importarle el historial de alcoholismo de Hegseth o la denuncia por agresión sexual que se le interpuso en el pasado. Tampoco escuchó aquellas voces que consideraban que, a pesar de que Hegseth había servido como soldado, no tenía experiencia coordinando a grandes grupos. El mismo interesado llegó a reconocer que, a lo sumo, pudo tener a su mando a un centenar de personas.  

El escándalo del Signalgate llega después de que el secretario de Defensa haya protagonizado otros errores importantes, pero menos mediáticos. Entre ellos, unas declaraciones de febrero sobre las negociaciones de la guerra en Ucrania en Bruselas que tuvo que rectificar —dio por hecho que Ucrania no entraría en la OTAN ni recuperaría sus fronteras anteriores a la invasión rusa— y un fallido intento de enviar a miles de migrantes detenidos a la base militar de Guantánamo.

A la ofensiva sin admitir nada

La táctica de atacar y negar por parte de Trump implica que no puede haber dimisiones. Si una sola destitución ya supondría reconocer la gravedad del error, dos (Waltz y Hegseth) pondrían la credibilidad de la actual administración en juego. Aún peor sería la imagen dada si se tiene en cuenta que tan solo se han cumplido dos meses de gobierno. Pero parece que Trump tendrá que hacer un cálculo de daños para salvar las distancias entre sus ideales y la realidad. Más allá de las críticas internas, también hay en marcha una investigación bipartidista sobre el episodio por parte de los líderes del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado.  

El senador Roger Wicker, presidente republicano del comité, y el senador demócrata Jack Reed firmaron una carta dirigida al inspector general en funciones del Departamento de Defensa para solicitar una investigación sobre el uso de plataformas no clasificadas para discutir información sensible y secreta. Por no hablar de la iniciativa que han puesto en marcha los legisladores demócratas que exigen la dimisión del secretario de Defensa. Incluso han aparecido campañas en sitios web progresistas para pedir que se investigue al jefe del Pentágono.  

Paralelamente, el gobierno Trump también está acorralado por los tribunales. El caso Signalgate ha empezado su recorrido judicial y la causa ha ido a parar a manos del juez federal James Boasberg. Se trata del mismo magistrado a quien Trump quiere que se destituya por bloquear el uso de la ley de enemigos extranjeros en las deportaciones de venezolanos a El Salvador. 

El juez federal aún está determinando si Trump ignoró su orden judicial al deportar 200 migrantes venezolanos a El Salvador el pasado 15 de marzo. La Casa Blanca ha rehusado informarle de a qué hora partió el avión —y así entorpecer la investigación— con el argumento de que se trata de un secreto de estado, pero Boasberg tendrá ahora que escuchar que los detalles para bombardear los hutíes no eran información clasificada.  

Por el momento, el juez ya ha ordenado al gobierno Trump que conserve los mensajes enviados entre el 11 de marzo y el 15 de marzo en el chat de Signal. La medida exige que las agencias federales cuyos líderes participaron en la conversación mantengan todos los mensajes enviados a través de la aplicación. Un abogado de la administración Trump ha declarado que las agencias federales ya están trabajando para concretar qué registros se conservan todavía. 

En esta batalla legal, la Casa Blanca ya se está cubriendo las espaldas. La fiscal general de Trump, Pam Bondi, dijo en la cadena Fox News que es poco probable que se produzca una investigación criminal por el caso. Además, advirtió de que Boasberg no debería involucrarse en el caso Signal ni en otros que impliquen al presidente, y acusó al magistrado de tratar de “entorpecer la agenda de Donald Trump” y de no ser “objetivo”.

“Solo le pido a Dios

que la guerra no me sea indiferente,

es un monstruo grande y pisa fuerte,

toda la pobre inocencia de la gente“.

Nos han enseñado a llorar algunas guerras y a ignorar otras. Nos han entrenado para indignarnos selectivamente, para marchar contra los conflictos que ocupan las portadas, mientras cerramos los ojos ante aquellos que no aparecen en las noticias. ¿Quién llora por Yemen? ¿Quién se moviliza por Sudán del Sur? ¿Dónde están las banderas en los balcones por la tragedia en la República Democrática del Congo? En Occidente, algunos conflictos son utilizados como moneda de cambio política, mientras que otros quedan enterrados bajo la indiferencia. Pero cada bomba, sin importar dónde caiga, arrasa con los mismos sueños. Cada guerra deja los mismos huérfanos, las mismas ciudades en ruinas, la misma pobreza, el mismo dolor.

Sin embargo, la hipocresía de los gobiernos y de muchos otros y otras establece qué guerra merece atención y cuál debe ser olvidada. Así se manipulan las emociones colectivas, así se fabrican aliados y enemigos, así se perpetúa el sistema de violencia global que nos han impuesto. La guerra no es inevitable, es una decisión política, una industria que necesita alimentarse constantemente de nuevos conflictos. Y mientras sigamos permitiendo que la indignación se administre según los intereses geopolíticos del momento, seremos cómplices de su perpetuación.

“La guerra nos trae paz”: el engaño que nos mantiene sometidos

“Solo le pido a Dios,

que el dolor no me sea indiferente,

que la reseca muerte no me encuentre,

vacío y solo, sin haber hecho lo suficiente“.

Nos han vendido la guerra como un instrumento para alcanzar la paz, pero la historia nos demuestra lo contrario. Cada conflicto armado deja cicatrices profundas que no se borran con tratados. Detrás de cada guerra hay intereses económicos, ambiciones de poder y una industria armamentista que necesita guerras para seguir funcionando.

Las y los políticos nos hablan de “guerras preventivas”, de “intervenciones humanitarias”, de “defensa de la democracia”. Pero, en realidad, la guerra es un negocio. Yemen lleva casi una década desangrándose en un conflicto patrocinado por potencias extranjeras. Sudán vive una guerra civil olvidada, con millones de desplazados. La República Centroafricana sigue en guerra mientras el mundo mira hacia otro lado. Estas guerras no tienen portadas, no generan declaraciones de emergencia en las cumbres internacionales, porque no son rentables para la narrativa occidental.

Si la guerra fuera realmente un camino hacia la paz, ya viviríamos en un mundo sin conflictos. Pero la realidad es que la paz no se consigue con más armas, sino con justicia social, con acceso equitativo a los recursos, con políticas que prioricen el bienestar de los pueblos y no los intereses de los grandes conglomerados económicos.

“Invertir en defensa es invertir en seguridad”: la gran estafa global

“Solo le pido a Dios,

que la injusticia no me sea indiferente,

que no me abofeteen la otra mejilla,

después que una garra me arañó esta suerte“.

Mientras los gobiernos justifican presupuestos militares multimillonarios, las escuelas cierran por falta de fondos, los hospitales colapsan y la pobreza sigue creciendo. Nos han hecho creer que la “seguridad nacional” depende de ejércitos y de armamento, cuando en realidad la verdadera seguridad radica en sociedades sin hambre, sin desigualdad, sin violencia estructural.

Cada euro invertido en la guerra es un euro robado a la educación, a la salud, a la investigación científica. Pero a los gobiernos no les interesa la seguridad real de sus pueblos, sino la estabilidad del sistema económico que permite a la industria armamentista seguir acumulando riqueza. No se trata de proteger a las naciones, sino de garantizar que la maquinaria de guerra nunca deje de funcionar.

Y es que el negocio de la guerra no conoce fronteras. Mientras la ONU lanza llamamientos por la paz, sus propios miembros venden armas a dictaduras y regímenes represivos. Mientras nos escandalizamos por algunos conflictos, financiamos otros con nuestro silencio.

Si la guerra no nos es indiferente, hay esperanza

“Solo le pido a Dios,

que la guerra no me sea indiferente“.

La canción de León Gieco es un grito de resistencia, un himno que no deja de sonar en la voz y en el corazón de miles de personas. No es solo una melodía, sino un compromiso con la paz, una denuncia contra la injusticia, una exigencia de un mundo sin guerra. “Solo le pido a Dios” ha trascendido fronteras, generaciones y contextos históricos porque sigue siendo dolorosamente actual, porque el monstruo de la guerra sigue pisando fuerte.

Es una canción de necesaria esperanza, un recordatorio de que la lucha contra la guerra no es en vano. Cada vez que resuena, despierta conciencias, une voluntades, sacude la indiferencia. Es la voz de quienes han perdido todo en los conflictos, pero también de quienes se niegan a aceptar la guerra como destino inevitable.

Si la guerra no nos es indiferente, significa que todavía hay corazones que laten con indignación. Que hay voces que se alzan contra la violencia. Que hay personas que entienden que la paz no es solo un deseo, sino una lucha política.

Porque el día que la guerra nos deje de ser indiferente, la historia dará un giro. Y entonces, por primera vez, los que fabrican la violencia sabrán lo que es sentir miedo.

Un error de seguridad en los dos primeros meses de Donald Trump al mando del país amenaza con convertirse en uno de los primeros grandes escándalos de su nuevo gobierno. La filtración de planes militares, provocada por la inclusión accidental del editor de The Atlantic en un grupo de Signal donde se discutían bombardeos contra objetivos hutíes, ha desatado una tormenta en Washington. El Consejo de Seguridad Nacional ya ha confirmado la filtración y está investigando lo ocurrido.

En el ojo del huracán está el consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, quien añadió al periodista por error al grupo. El presidente estadounidense ya ha salido en su defensa y ha minimizado la crisis.

“Michael Waltz ha aprendido la lección y es un buen hombre”, afirmó Trump este martes en declaraciones a la cadena NBC News. El presidente ha reducido la filtración a un “error” por haber añadido al periodista Jeffrey Goldberg al chat de Signal y ha culpado a su equipo del fallo.

En una reunión en la sala de gabinete, Trump ha vuelto a desestimar la gravedad de la filtración del chat de Signal. Incluso se ha permitido hacer broma con el caso y ha asegurado que lo que allí se discutía era “tan aburrido” que incluso el periodista de The Atlantic abandonó el grupo. “No hubo peligros, no hay despidos”, ha afirmado

Cuando uno de los periodistas le ha preguntado quién le había dicho que la información que se discutió en el grupo no era clasificada, el presidente ha evitado responder: “Siguiente pregunta por favor”.

Trump ha seguido con el cierre de filas entorno a Waltz y ha defendido que es “un muy buen hombre y que continuará haciendo un buen trabajo”. El comentario quiere disipar los rumores internos sobre la posibilidad de la destitución del consejero de Seguridad Nacional en el escándalo.

La detallada discusión sobre los planes militares a través de una aplicación comercial —cuando en principio debería haberse realizado por canales de comunicación internos para evitar hackeos— ha provocado una crisis dentro de la Casa Blanca. Varios funcionarios consideran que es imposible que Waltz sobreviva al escándalo.

Según Politico, en la Casa Blanca hay discusiones sobre la posibilidad de cesar a Waltz. “La mitad no cree que pueda sobrevivir al escándalo”, explica un funcionario del gobierno, que califica de “imprudente” no haber revisado el chat. A pesar de la crisis interna, la última palabra sobre el destino del consejero de Seguridad Nacional la tiene el presidente, quien ya ha cerrado filas con él. Hace menos de 24 horas, Trump había negado conocer el caso y criticó a la revista, asegurando que “se va a la quiebra”.

En el chat también participaban otros altos cargos de la administración: el vicepresidente JD Vance, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, el director de la CIA, John Ratcliffe, la jefa de gabinete, Susie Wiles, el secretario de Estado, Marco Rubio, el asesor presidencial, Stephen Miller, y el enviado especial Steve Wiktoff. Ninguno de ellos revisó en ningún momento quién estaba en el chat donde, según The Atlantic, se compartió información detallada sobre los bombardeos del 15 de marzo en Yemen, lo que podría haber comprometido la seguridad nacional.

El escándalo ha coincidido con el comité anual de inteligencia del Senado, donde Gabbard y Ratcliffe han comparecido. El vicepresidente del comité, el demócrata Mark Warner, inició su intervención refiriéndose al caso y describiéndolo como un hecho “simplemente alucinante”.

“Dejando de lado por un momento que la información clasificada nunca debería discutirse en un sistema no clasificado, también me resulta abrumador que todas estas personas de alto nivel estuvieran en esta conversación y que nadie se molestara ni siquiera en comprobarlo —dijo Warner—. Seguridad básica 101: ¿quiénes son todos estos nombres? Pues, al parecer, entre ellos había un periodista”.

Mientras que The Atlantic ha señalado que el nivel de detalle discutido en el grupo de Signal podría haber comprometido la seguridad del país, no ha revelado la información en cuestión para evitar problemas. La gran incógnita ahora es si los altos cargos en el chat estaban compartiendo información clasificada. De ser así, la gravedad del escándalo aumentaría considerablemente.

La nueva administración Trump también ha emprendido medidas más agresivas para frenar las filtraciones a la prensa, incrementando la presión sobre los periodistas.

Durante la sesión en el Senado, Gabbard evitó responder directamente a la pregunta de si la información discutida en el chat de Signal era clasificada o no.

“No recuerdo que se mencionara ningún objetivo específico”, respondió Gabbard ante la pregunta del senador demócrata de Arizona, Mark Kelly.

“¿Y ningún objetivo en general?”, repreguntó Kelly.

Tras unos segundos de duda, Gabbard respondió: “Creo que se discutieron objetivos en términos generales”.

En un post publicado en X el pasado 14 de marzo, un día antes del bombardeo contra los hutíes discutido en el chat de Signal, Gabbard escribió: “Cualquier divulgación no autorizada de información clasificada es una violación de la ley y será tratada como tal”.

El director de la CIA también evitó responder directamente sobre si se compartió información clasificada: “Las deliberaciones sobre ataques decisivos deberían llevarse a cabo a través de canales clasificados”. Ratcliffe, por su parte, negó que la filtración del chat de guerra fuera un “gran error”.

La Casa Blanca ya se está moviendo rápidamente para rebajar el escándalo y ha enviado un comunicado de emergencia a la prensa. En él, acusan a los demócratas y “sus medios de comunicación aliados” de querer desviar la atención de la “exitosa” operación del presidente y su equipo.

“Este es un esfuerzo coordinado para distraer la atención de las exitosas acciones del presidente Trump y su administración para hacer que los enemigos de Estados Unidos paguen y mantener a los estadounidenses seguros”, señala el comunicado enviado este martes, en el que también se critica la gestión del expresidente Joe Biden.

En su artículo, el periodista Jeffrey Goldberg explicó que ya sabía que se producirían los bombardeos en Yemen dos horas antes de que ocurrieran gracias a ese chat. Aunque no ha revelado qué información se compartió, Goldberg asegura que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dio detalles operativos sobre los próximos ataques en Yemen, incluyendo información sobre los objetivos, las armas que Estados Unidos desplegaría y la secuencia de los ataques.

“El contenido de estos mensajes, si hubiera sido leído por un adversario de EE UU, podría haber sido utilizado para dañar al personal militar y de inteligencia estadounidense, particularmente en el amplio Oriente Medio”, advierte Goldberg.

Signal se ha convertido en un canal de comunicación frecuente para periodistas y funcionarios en Washington debido a la encriptación de sus chats. Sin embargo, a pesar de ofrecer más garantías de privacidad que otras plataformas, los protocolos establecen que los funcionarios deben utilizar canales internos de la administración para discutir información clasificada y así evitar comprometer la seguridad nacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado una acción militar “decisiva y poderosa” contra los rebeldes hutíes, a los que califica de “terroristas”. Trump asegura que se han lanzado ataques aéreos sobre los líderes así como sobre las bases militares y las defensas antiaéreas de los hutíes “para proteger el transporte marítimo americano, los activos aéreos y navales y para restablecer la libertad de navegación”.

En una publicación en su red social Truth Social, el presidente estadounidense ha amenazado al grupo rebelde, chií y apoyado por Irán, con que su tiempo “se ha acabado” y con que “el infierno” caerá sobre sus cabezas si sus ataques sobre buques comerciales no terminan a partir de hoy.

El diario New York Times publicaba unos minutos más tarde una información en la que confirmaba de dos fuentes militares de alto nivel los ataques lanzados por Estados Unidos, aunque no aportaba nuevos detalles sobre los objetivos.

Según las fuentes citadas por el diario neoyorquino, el ataque busca enviar un mensaje de advertencia sobre las autoridades de Irán y tiene la intención de forzar una negociación con los iraníes para evitar que continúen con su programa nuclear.

Poco después, los rebeldes hutíes han asegurado que aviones de Estados Unidos y el Reino Unido, que lideran desde hace meses una coalición contra los insurgentes que controlan la mayor parte del país, atacaron este sábado un barrio residencial en la capital Saná, sin que se conozca todavía el número definitivo de víctimas.

Según la televisión yemení Al Masira, portavoz habitual de los hutíes, este ataque tuvo lugar contra un barrio residencial del distrito de Al Shuub. Residentes de la zona han señalado a EFE que el objetivo del ataque fue una vivienda particular. Esta misma televisión ha informado también de ataques en el distrito de Al Jarraf.

Las unidades de seguridad de los insurgentes han acordonado la zona de la acción, indicaron estas mismas fuentes. De acuerdo con el portavoz del ministerio de Sanidad de Yemen, Anees al Asbahi, al menos 31 civiles fallecieron y otros 131 resultaron heridos, “todos civiles y la mayoría de ellos niños y mujeres”, en los ataques contra la capital yemení.

Este ataque anunciado por Trump se produce pocos días después de que los hutíes aseguraran que reanudarían sus ataques en el mar Rojo y Arábigo contra barcos israelíes o vinculados a ellos. Según informa el New York Times, los ataques aéreos han sido realizados por cazas que han despegado desde el portaaviones Harry S. Truman, situado en el Mar Rojo, así como por parte de aviones y drones de la Fuerza Aérea de EEUU lanzados desde distintas bases de la región.

Los hutíes responden contra el portaaviones Truman

Los rebeldes hutíes han informado este domingo del lanzamiento de una operación militar dirigida contra el portaaviones estadounidense Harry S. Truman, situado en el norte del mar Rojo, con un total de 18 misiles y un dron, en respuesta al ataque de Estados Unidos de anoche.

“En respuesta a esta agresión, las Fuerzas Armadas llevaron a cabo una operación militar específica dirigida contra el portaaviones estadounidense USS Harry S. Truman y sus buques de guerra en el norte del Mar Rojo con 18 misiles balísticos y de crucero y un avión no tripulado”, afirmó en un comunicado televisado el portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea. 

Según Sarea, Estados Unidos lanzó “más de 47 ataques aéreos, dirigidos contra varias zonas de las provincias de Saná, Saada, Al Bayda, Hajjah, Dhamar, Marib y Al Jawf”, lo que provocó “varias masacres, que causaron el martirio y heridas a decenas de personas”. El portavoz militar apuntó en su alocución que sus unidades “no dudarán en atacar a todos los buques de guerra estadounidenses en el mar Rojo y en el mar Arábigo en represalia a la agresión contra nuestro país”. 

“Con la ayuda de Alá Todopoderoso, las Fuerzas Armadas yemeníes seguirán imponiendo un bloqueo naval al enemigo israelí y prohibirán la entrada de sus buques en la zona de operaciones declarada hasta que la ayuda y las necesidades básicas lleguen a la Franja de Gaza”, afirmó. Y concluyó diciendo que este ataque de EE.UU. “no hará sino aumentar la firmeza, la fe y la resistencia del amado Yemen y de su pueblo firme, fiel y luchador”.

El movimiento insurgente respaldado por Irán ha lanzado cientos de ataques contra Israel, así como contra la navegación comercial en el mar Rojo y en la zona del Estrecho de Ormuz, desde el estallido de la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023 en respuesta a la matanza de palestinos en la Franja y en Cisjordania.

El 'Jejejército', colectivo de payasos antimilitaristas que lanzó pintura rosa a un tanque en la última edición de la feria infantil Expojove, ataca de nuevo en clave de humor. Esta vez en el Puerto de Sagunt, donde el colectivo ha tratado de donar la pintura “rosa antitanque” al “buque traficante de armas Bahri Tabuk”.

Una delegación del “Ejército Clandestino y Rebelde de Payasos”, autodenominado 'Jejejército', formada por la “generala Inma Grante”, el “subcomandante Armando Paz”, el Brigada “Objéctor Guerrano” y el cabo “Mechacorta”, se presentó este pasado miércoles en la entrada principal de Puerto de Sagunt con un bidón de su “recientemente desarrollada y probada pintura artesanal antitanque” para ofrecerla como parte de la carga del buque.

Tras su detención el pasado 26 de diciembre en la feria Expojove, los daños de la pintura rosa al blindado VRC Centauro B1 se cifraron en 44.000 euros. Los antimilitaristas figuran como investigados por los presuntos delitos de daños y de injurias graves a los Ejércitos.

El 'Jejejército' asegura haber desarrollado un “arma mortífera para los carros de combate pero inocua para los seres humanos”. A pesar de que se trataba de mera “pintura rosa”, el producto afectó a un “carro de combate cuyo blindaje es capaz de resistir impactos de munición de hasta 40mm”, afirman en un comunicado.

El colectivo antimilitarista asegura haber dado con un “ingrediente secreto” (jugo de remolacha) para su pintura, convertida así en una “pesadilla de las máquinas de guerras”.

“Con esta donación queremos contribuir modestamente al esfuerzo bélico saudí, estadounidense y europeo en Yemen y Oriente Medio, y a acrecentar los pingües beneficios de la industria militar española, que no ha dudado durante los años de esta guerra en aportar su granito de arena a los crímenes de guerra cometidos allí y en cualquier lugar del mundo donde se pueda enviar el armamento y munición Made in Spain”, indica el colectivo.

Los vigilantes del recinto impidieron la entrada de la “comitiva payasa”. La intención, según han desvelado, era “probar la eficacia destructiva” de su pintura rosa antitanque “sobre los diferentes tipos de armamento y munición que transporta y carga el buque saudí en el Puerto de Sagunto”.

La acción se enmarca en la campaña de acciones directas no violentas, en el marco de la desobediencia civil, impulsadas por Acció Ecologista-Agró y Antimilitaristes-MOC, para reclamar el fina de las escalas de estos barcos en los puertos españoles y, singularmente, en el de Sagunt. Los activistas se enfrentan a multas por la 'ley mordaza' que suman 7.400 euros desde el inicio de la campaña.

Al igual que la actual guerra en Gaza no arrancó el pasado 7 de octubre, los ataques de los hutíes en el Mar Rojo no comenzaron el pasado 18 de noviembre, cuando tomaron el buque mercante Galaxy Leader.

La milicia hutí Ansar Allah ha optado en diversas ocasiones por hacerse presente en esas aguas tanto con misiles como con drones y hasta con barcazas de diferente tamaño. Todo ello en el contexto de una guerra que se viene desarrollando en Yemen desde hace casi diez años.

Esas operaciones marítimas, junto con los ataques contra objetivos saudíes y emiratíes y sus ofensivas terrestres para controlar buena parte del país (incluyendo la capital), han sido su recurrente forma de demostrar su poder frente a un gobierno central absolutamente debilitado a pesar del apoyo recibido por Riad y por Abu Dabi. Hasta ahora, la defensa de la causa palestina no había sido esgrimida por su líder, Abdelmalik al Houthi, como una razón de peso para llevarlos a cabo.

Sin embargo, ahora ése es el argumento principal para justificar una actuación que, en el fondo, no conviene a sus planes. Y lo mismo puede decirse de un Estados Unidos que con sus recientes ataques (acompañado por Reino Unido) contra centros de mando, bases de lanzamiento, depósitos de misiles y sistemas de radares de Ansar Allah en su propio feudo, va en contra de sus propios intereses.

Cabía pensar que en principio los hutíes se limitarían a lanzar ataques esporádicos contra algún buque en tránsito por las aguas más próximas a la parte de Yemen que controlan con la intención de mejorar su imagen interna ante una población yemení que se identifica abrumadoramente a favor de la causa palestina, en claro contraste con la pasividad de todos los gobiernos árabes.

Sin embargo, parece que se han dejado arrastrar, sin que eso signifique que son una simple marioneta más en manos de Teherán, por su idea de apuntarse un tanto ante su principal aliado iraní –proveedor principal de la mayor parte de su arsenal bélico–.

Racionalmente este salto cualitativo –atacando incluso buques de guerra estadounidense y asumiendo, por tanto, la represalia– no puede interesarles cuando se encuentran a punto de lanzar una ofensiva para hacerse con el control de la provincia de Marib, donde se localizan importantes yacimientos petrolíferos que podrían resultar vitales para consolidar sus aspiraciones de poder.

Tampoco les puede interesar arruinar las posibilidades de un acuerdo con Arabia Saudí, deseosa de salirse del pantano al que le han llevado las ansias de liderazgo de Mohamed Bin Salmán pilotando lo que en 2015 creía que iba a ser un paseo militar para estabilizar su frontera sur.

A los hutíes no les debería convenir provocar una escalada total, poniendo en juego sus intereses por una causa, la palestina, que no es esencial en su agenda. Otra cosa es que circunstancialmente les venga bien mantener un cierto nivel de tensión en el Mar Rojo, confiando en que eso lleve a EEUU a presionar a Riad para que acepten sus condiciones en la mesa de negociaciones que mantienen (sin resultados) desde que llegaron a establecer una tregua en abril de 2022.

Por su parte, a Estados Unidos tampoco le conviene implicarse aún más en la defensa de su aliado israelí al precio de deteriorar más su imagen como líder mundial y de tener que aumentar su esfuerzo militar en la zona. Es sabido que Washington desea reducir su huella en la región para poder centrar su atención en la región Indo-Pacífico, donde China desafía de manera muy visible su liderazgo. Por eso le interesa que saudíes y hutíes lleguen a algún tipo de acuerdo para desactivar la dinámica de inestabilidad creciente que caracteriza a la Península Arábiga.

A pesar de todo ello, la realidad muestra que tanto unos como otros han entrado en una espiral de salida complicada en la que todas las opciones son entre malas y peores. La operación Guardián de la Prosperidad no sólo no ha servido para disuadir a los hutíes de realizar ataques –aunque los rebeldes no hayan logrado hundir ni un solo buque, como en el último caso este mismo lunes–, sino que se han atrevido incluso a atacar buques de guerra estadounidenses.

Los hutíes alimentan así un proceso del que difícilmente van a sacar partido alguno, por muchos misiles y drones de origen iraní que tengan en sus arsenales, por mucha que sea su experiencia tras nueve años de guerra y por mucha que sea su voluntad política para mantener el pulso incluso ante un gigante naval como Washington.

Por su parte, la decisión de Joe Biden de ir más allá de la defensa de zona y de la actitud reactiva adoptada por la citada operación, pasando a atacar posiciones hutíes más allá de la costa, sólo sirve para acelerar la inmediata represalia de Ansar Allah, lo que a su vez ya anuncia un nuevo ataque estadounidense; sin que ninguno de los actores enfrentados tenga claro cómo romper ese diabólico juego de acción y reacción.

Entretanto, como efecto colateral de lo que está sucediendo, el precio de un contenedor estándar el pasado 4 de enero, según el Drewry’s World Container Index, ya estaba en 2.670 dólares, un 88% más alto que en el arranque de la pandemia y casi el doble que el contabilizado un día antes de que los hutíes yemeníes comenzaran su campaña de ataques (cuando no superaba los 1.500 dólares).

El portavoz militar de los rebeldes chiíes hutíes del Yemen, Yahya Sarea, anunció que al menos diez miembros de sus filas murieron este domingo cuando la coalición naval de Estados Unidos respondió a un ataque de los insurgentes contra un buque en el Mar Rojo.

“Mientras las Fuerzas Navales de las Fuerzas Armadas yemeníes (hutíes) ejercían sus deberes oficiales habituales de establecer la seguridad y estabilidad y proteger la navegación marítima (...) las fuerzas del enemigo estadounidense atacaron tres barcos pertenecientes a las fuerzas navales yemeníes (hutíes), que provocó el martirio y la pérdida de diez miembros” de sus filas, dijo el portavoz en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

El Comando Central Naval de Estados Unidos (CENTCOM) anunció horas antes que respondió a un ataque con fuego de los hutíes en el Mar Rojo y hundió tres barcas de los insurgentes, lo que marca las primeras víctimas del movimiento yemení en una confrontación directa con las fuerzas estadounidenses en esta vía marítima. Estados Unidos respondía así a un ataque de los insurgentes respaldados por Irán contra un barco de la naviera danesa Maersk.

Se trata de la primera vez desde que los hutíes declararon la guerra a Israel en favor de la población de Gaza hace más de dos meses que Estados Unidos se ha enfrentado directamente con los rebeldes y que ha dejado un número todavía indeterminado de víctimas mortales en sus filas.

Hasta el momento, los hutíes no se ha atribuido la autoría de esta acción contra el Maersk Hanzghou, de bandera de Singapur, que fue atacado cerca del puerto de Al Hudeida, uno de los más importantes del Yemen y controlado por los rebeldes.

¿Qué ocurrió?

El Maersk Hanzghou alertó de dos ataques en el Mar Rojo en menos de 24 horas, a los cuales asistió la coalición naval encabezada por Estados Unidos y de la que el Reino Unido también es parte.

El primero sucedió anoche cuando el Comando Central Naval de Estados Unidos (CENTCOM) informó de que había derribado dos misiles antibuque que tenían como objetivo el portacontenedores y que fueron lanzados desde el territorio controlado por los insurgentes.

Pero el detonador ha sido en las primeras horas de esta mañana cuando cuatro pequeña embarcaciones se acercaron al buque mercante para abordarlo.

El CENTCOM explicó hoy en un extenso comunicado que “a las 6.30 hora local (3.30 GMT), el portacontenedores Maersk Hangzhou emitió una segunda llamada de socorro en menos de 24 horas informando de que estaba siendo atacado por cuatro pequeñas embarcaciones hutíes respaldadas por Irán”.

Las personas que se encontraban en dichas embarcaciones “dispararon” contra el portacontenedores “con armas de pequeño calibre, llegando a acercarse a menos de 20 metros del buque, e intentaron abordarlo”. Sin embargo, “un equipo de seguridad embarcado y contratado en el Maersk Hanzghou devolvió el fuego”, señaló.

Los barcos que transitan el Mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb cuentan con personal armado a bordo y es indicado al emitir su posición, según muestran las diferentes páginas web de rastreo marítimo.

Las Fuerzas Navales de EEUU señalaron que tras ese intercambio de fuego, “helicópteros estadounidenses respondieron a la llamada de socorro y en el proceso de emitir llamadas verbales a las pequeñas embarcaciones, éstas dispararon contra los helicópteros estadounidenses con armas de dotación y armas ligeras”.

Los helicópteros estadounidenses “devolvieron el fuego en defensa propia, hundiendo tres de las cuatro pequeñas embarcaciones y matando a sus tripulantes. La cuarta embarcación huyó de la zona. No se produjeron daños personales ni materiales”, concluyó el CENTCOM en el comunicado.

Amenaza en la seguridad marítima

Este es un serio incidente en el Mar Rojo y el más grave al que la coalición naval creada recientemente por Estados Unidos se ha enfrentado. El nuevo ministro británico de Exteriores, David Cameron, señaló hoy en su cuenta oficial de X (antes Twitter) que hablado con su homólogo iraní,Hosein Amir Abdolahian sobre “los ataques hutíes en el Mar Rojo, que amenazan vidas inocentes y la economía mundial”.

“He dejado claro que Irán comparte la responsabilidad de impedir estos ataques, dado su apoyo de larga data a los hutíes”, indicó. Irán ha buscado desvincularse de las acciones que los hutíes realizan en esta estratégica vía comercial.

Los rebeldes comenzaron a lanzar hace dos meses andanadas de misiles y drones contra el sur de Israel y también contra buques con la bandera del Estado judío o propiedad de empresas israelíes en el Mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb.

Después de haber suspendido el tránsito por esa zona, la naviera danesa Maersk decidió hace unos días reanudar su paso por el Mar Rojo al anunciar Estados Unidos la creación de la nueva coalición naval para defender la seguridad marítima internacional.

Las fuerzas de seguridad fronterizas de Arabia Saudí, que han sido acusadas de matar a cientos de personas que intentaban cruzar la frontera desde Yemen, recibieron entrenamiento de Alemania y Estados Unidos.

A pesar de la creciente preocupación por la magnitud de los abusos contra los derechos humanos en Arabia Saudí bajo el mandato del príncipe heredero y primer ministro del país, Mohammed bin Salman, tanto la Policía federal alemana como el Ejército estadounidense han participado en el entrenamiento de las fuerzas fronterizas saudíes, a las que la ONU y otras organizaciones de derechos humanos han acusado de asesinatos masivos.

El acuerdo de entrenamiento estadounidense —cuya financiación finalizó el mes pasado— estipulaba que Washington estaba obligado a supervisar la forma en que se utilizaba su entrenamiento, y que quienes lo recibían solo tenían permitido operar de forma defensiva, con el objetivo de protegerse a sí mismos y a sus emplazamientos ante un ataque.

La magnitud de los abusos se dio a conocer en un estremecedor informe publicado por Human Rights Watch a principios de agosto. La ONG denuncia que las fuerzas fronterizas saudíes utilizaron armas explosivas contra migrantes y solicitantes de asilo, en su mayoría etíopes, que intentaban cruzar la frontera desde Yemen. Arabia Saudí ha negado las acusaciones.

¿Ataques deliberados?

En medio de la creciente indignación por estas denuncias, The Guardian también ha podido saber que Arabia Saudí trata cada vez más a los cruces irregulares de sus fronteras como una cuestión de lucha contra el terrorismo, autorizando el uso de la fuerza letal.

The Guardian también tiene información de que Arabia Saudí emplea una extendida vigilancia electrónica centralizada para vigilar la zona fronteriza, por lo que debería ser capaz de distinguir a los grupos de civiles que son víctimas de tráfico de los involucrados en incursiones armadas desde Yemen o en contrabando de drogas.

Las revelaciones plantean la cuestión de si Riad ha estado atacando deliberadamente a los migrantes que intentan cruzar la frontera. Human Rights Watch sugiere que esto equivaldría a un “crimen contra la humanidad” si se demostrara que es una política oficial.

Los programas de EEUU y Alemania

The Guardian ha averiguado que el entrenamiento de las fuerzas saudíes por parte del Ejército estadounidense, incluidas las fuerzas fronterizas, forma parte de un programa de apoyo militar de larga duración conocido como MOI-MAG (Ministerio del Interior-Grupo de Asistencia Militar). La participación estadounidense en el entrenamiento de las fuerzas fronterizas comenzó en 2008.

El acuerdo para entrenar a las fuerzas fronterizas saudíes exigió que el Pentágono elaborara un acuerdo de cooperación técnica único que permitiera a las fuerzas estadounidenses entrenar a una fuerza no militar por primera vez, lo que requería la supervisión del uso que los saudíes hacían de las unidades entrenadas por Estados Unidos.

Una fuente del Gobierno estadounidense ha confirmado a The Guardian que Estados Unidos ha entrenado durante mucho tiempo a las fuerzas fronterizas saudíes. “El Comando de Asistencia para la Seguridad del Ejército de EEUU proporcionó formación a guardias fronterizos, financiada para un periodo comprendido entre 2015 y 2023 que finalizó en julio de este año”. No explica por qué ha finalizado la financiación.

El Departamento de Estado estadounidense insiste en una declaración al medio británico en que no ha entrenado a miembros de las fuerzas fronterizas de Arabia Saudí que se ocupan de la seguridad terrestre, pero no responde si otros miembros del Ministerio del Interior que han recibido formación estadounidense habían sido desplegados en la frontera, alegando falta de información.

Por su parte, el entrenamiento alemán de las fuerzas fronterizas saudíes estuvo a cargo de la Policía federal. Iniciado en 2009, el programa continuó hasta bien entrado 2020, con una breve interrupción tras el asesinato del columnista del Washington Post Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudí en Turquía.

En 2015, el programa alemán volvió a estar en el punto de mira cuando un bloguero saudí, Raif Badawi, fue condenado a 1.000 latigazos y 10 años de cárcel. En 2017, tras una visita de la canciller alemana Angela Merkel al reino saudí, la formación de guardias fronterizos se formalizó aún más y la Policía federal alemana anunció un amplio programa de formación en la academia de guardias fronterizos y sus oficinas regionales.

En una declaración a The Guardian, el Ministerio del Interior alemán dice que la formación impartida a las fuerzas fronterizas fue “interrumpida tras conocerse informes sobre posibles violaciones masivas de los derechos humanos y, como medida de precaución, ya no se incluyen en el actual programa de formación [para las fuerzas de seguridad saudíes]”. No está claro cuándo decidió Alemania poner fin al entrenamiento.

Una red sofisticada

Las misiones de entrenamiento de Alemania y Estados Unidos se llevaron a cabo en paralelo a un plan más amplio de Arabia Saudí para mejorar la seguridad de sus fronteras con tecnologías de vigilancia, lo que despierta aún más interrogantes sobre por qué las autoridades saudíes fueron incapaces de distinguir entre civiles y personas armadas en la frontera con Yemen.

Las licitaciones de sistemas publicadas en los últimos años muestran que Riad buscaba procurarse una red de vigilancia sofisticada y centralizada para sus fronteras que incluyera un circuito cerrado de televisión, imágenes térmicas y sensores de movimiento.

Aunque no está claro cuántos de esos sistemas se han desplegado, The Guardian ha podido saber que se han instalado unidades de vigilancia en tiempo real en las zonas fronterizas, incluida la posibilidad de vigilar la frontera tanto desde salas de control regionales como, presuntamente, desde Riad.

Eleonora Ardemagni, investigadora italiana sobre el Golfo y Yemen que ha estudiado la creciente militarización saudí en la frontera con Yemen, dice que, en los últimos años, estas políticas se han centralizado bajo el control del Ministerio de Interior.

“Desde 2015 y el comienzo de la guerra en Yemen [a finales de 2014], lo que me llama la atención en el lado saudí es el incremento en los múltiples actores de seguridad que operan en la frontera. Si bien esto supone una mayor capacidad operativa, también significa que es aún más difícil entender quién proporciona seguridad en ciertas zonas específicas de la frontera”, dice Ardemagni, que pertenece al Instituto Italiano de Estudios Políticos Internacionales (ISPI, por sus siglas en inglés).

Entre los nuevos actores que han surgido en paralelo al incremento de las muertes de migrantes está el regimiento Al Afwaj, que responde directamente ante el Ministerio del Interior. También ha aumentado el uso de fuerzas extranjeras, sobre todo yemeníes suníes reclutados como contratistas en el sur de ese país. “Esta militarización de la frontera se produce en un momento en que Arabia Saudí ha pasado a considerar la cuestión fronteriza como un asunto clave de seguridad nacional”.

“Riad entiende que la cuestión fronteriza resultará cada vez más importante en la forma de gestionar no solo la cuestión yemení, sino también para la seguridad económica. Quieren asegurar la frontera como primera prioridad y solo entonces ver si las partes yemeníes pueden llegar a un alto el fuego duradero”, dice Ardemagni.

Dada la tecnología de vigilancia en la frontera y la mayor centralización de las operaciones, Ardemagni se muestra escéptica ante la posibilidad de que los saudíes no estén al tanto de las circunstancias en que se produjeron las muertes de los migrantes. “El enfoque centralizado de la cuestión fronteriza hace menos creíble que los saudíes desconozcan lo que está ocurriendo allí. Sin embargo, la proliferación de actores de seguridad también dificulta identificar quién podría estar cometiendo estos supuestos crímenes sin la cooperación real de Riad”.

Traducción de Julián Cnochaert.

La ONU dio comienzo el pasado martes a una compleja operación para vaciar el superpetrolero Safer, abandonado desde hace años frente a las costas del Yemen con más de un millón de barriles de crudo a bordo, que suponen un grave riesgo para el entorno y la población de toda la región.

El barco de apoyo Ndeavor, contratado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), llegó el martes a la zona para inspeccionar el petrolero, anclado desde 1988 a unos nueve kilómetros de las costas de la península de Ras Isa, en el mar Rojo, y ha servido de buque de almacenamiento de hidrocarburos hasta 2015.

Desde ese año, la estructura se ha deteriorado notablemente debido a la falta de mantenimiento, en medio de la guerra en Yemen, que se recrudeció con la intervención en marzo de 2015 de Arabia Saudí y otros países suníes -en apoyo del Gobierno reconocido internacionalmente-, frente a los rebeldes chiíes -respaldados por Irán. El conflicto supone un riesgo extra para el superpetrolero, que podría explotar a causa de una mina flotante en el mar Rojo o por los gases que se han generado en los depósitos.

Tanto la ONU como otros organismos, incluidas las ONG ecologistas, han advertido de la catástrofe medioambiental y humanitaria que podría provocar el vertido de 140.000 toneladas de crudo, en caso de ruptura o de explosión del Safer.

Un estudio llevado a cabo por Laboratorios de Investigación de Greenpeace alertó el año pasado de que “causaría daños medioambientales severos y extendidos, y exacerbaría la crisis humanitaria en el Yemen, y afectaría asimismo a los países vecinos”, como Arabia Saudí (situada en la misma cosa, al norte de Yemen) y Eritrea o Yibuti (al otro lado del mar Rojo). “El FSO Safer es realmente una bomba de relojería ecológica y humanitaria, que puede explotar en cualquier momento”, afirma Julien Jreissati, director de programa de Greenpeace en Oriente Medio.

Una amenaza para el ecosistema del mar Rojo

“Un vertido en el mar Rojo afectaría a uno de los lugares con más biodiversidad del mundo, con un ecosistema especialmente vulnerable que alberga muchas especies endémicas y hábitats sensibles como los arrecifes de corales o los manglares”, explica a elDiario.es. Además, un vertido de crudo agravaría el sufrimiento de la población yemení.

“Evitaría el acceso a los principales puertos de Hudeida y Salif, a través de los cuales llega el 60% de la ayuda humanitaria, lo cual repercutiría en la ayuda alimentaria para casi 8 millones y medio de personas”, detalla Jreissati. Asimismo, “podrían verse afectadas las plantas desaladoras de agua en la costa de Yemen, interrumpiendo el suministro de agua potable para unos 10 millones de personas, y toda el agua potable de la zona del mar Rojo podría verse contaminada”.

El director de Greenpeace dice que, desde 2015, el conflicto en Yemen ha impedido supervisar y mantener adecuadamente el petrolero, y todas las operaciones de producción y exportación fueron suspendidas ya que la empresa propietaria no puede operar por motivos de seguridad - los mismos motivos que han obligado a la mayor parte de la tripulación a abandonar el Safer, al igual que ha hecho la compañía aseguradora.

Jreissati afirma que “la ONU ha estado luchando para conseguir la financiación para el proyecto de rescate”, desde que alcanzó un acuerdo para hacerse cargo del mismo en 2021, y que varios países han contribuido con donaciones, pero “el silencio de las petroleras ha sido ensordecedor”.

Según una investigación de 2022 de la ONG ecologista, algunas grandes multinacionales energéticas -entre las que están ExxonMobil y TotalEnergies- usaron el Safer hasta el año 2015 y pueden ser consideradas responsables del crudo que permanece a bordo a día de hoy. “Han estado mirando silenciosamente cómo a la ONU le ha costado movilizar los recursos necesarios, mientras las empresas han obtenido miles y miles de millones de dólares cada año”, señala el representante de Greenpeace. “El coste total de la (actual) operación es sólo una gota en un océano, en comparación con sus ganancias”.

Esas compañías estaban entre las que extraían petróleo de la zona de Marib (en el centro del Yemen), que era llevado hasta el Safer a través de un oleoducto que conectaba la tierra firme con el depósito flotante. ExxonMobil y TotalEnergies poseían un 15% cada una de una de las concesiones explotadas en esa región, que después de 2015 se convirtió en estratégica para las partes beligerantes.

A día de hoy, Naciones Unidas ha logrado recaudar 114 millones de dólares (poco más de 106 millones de euros) pero faltan 29 millones para que el PNUD pueda concluir la operación, que será larga y “arriesgada”, según el encargado de la misma.

Una operación peligrosa

El jefe de la operación del PNUD, Janthomas Hiemstra, actualmente a bordo del Ndeavor, admite a elDiario.es que la operación es “peligrosa” y “conlleva riesgos” pero, al mismo tiempo, el equipo tiene “un amplio plan de contingencia” y está haciendo “todo lo posible para mitigar los riesgos” de un vertido. “Por supuesto, puede ocurrir algo, ya que estamos trabajando en Yemen”, recuerda.

“Desde la ONU, creemos que vale la pena (...) ya que el riesgo que conlleva no hacerlo es enorme: el tanque puede romperse o explotar, y las costas del Yemen, del mar Rojo e, incluso, el Canal de Suez, se verían bloqueadas por el petróleo”, dice Hiemstra.

“Estamos en la fase de emergencia, cuyo objetivo es salvaguardar el entorno del mar Rojo, eso es lo más importante”, afirma. Esta fase puede durar un mes y medio o dos, dependiendo del estado del Safer, pero se muestra optimista. En una videollamada con elDiario.es, detalla que incluye tres tareas fundamentales: primero, inspeccionar el petrolero y eliminar los gases que se han formado en el interior de los depósitos, y que pueden explotar. Por ello, el barco de apoyo aún está anclado a una distancia de seguridad. Los expertos también tienen que evaluar las condiciones del casco, muy oxidado. Se calcula que tardarán entre dos y tres semanas, y a continuación, podrán llevar a cabo la misión principal: traspasar el crudo del Safer a otro barco, el Nautica, que se encuentra en Yibuti a la espera de entrar en acción.

Otros 15 o 20 días serán necesarios para vaciar el petrolero y otros tantos para limpiar el crudo restante, antes de que sea finalmente trasladado y desguazado. “El traslado y desguace del Safer es un largo proceso y aún no estamos trabajando en ello”, aclara el encargado del PNUD.

Posteriormente, el Nautica lo sustituirá y permanecerá frente a las costas del Yemen con ese cargamento de crudo, pero sin suponer un riesgo porque está en buen estado, asegura Hiemstra. “No es bueno que el crudo se quede aquí, pero habrá que esperar a que Yemen tenga de nuevo capacidad de exportarlo. El Nautica formará parte de la infraestructura del país para exportar petróleo”, cuando la guerra lo permita.

En medio de la guerra

Respecto a las condiciones por el conflicto, que complican la operación, señala que “el riesgo de las minas es mínimo porque las minas han estado plantadas durante mucho tiempo, a veces flotan (en el mar), pero hay pocos incidentes en esta costa, donde los pescadores salen a faenar todos los días”. Además, los guardacostas de Hudeida patrullan la zona donde está trabajando el equipo integrado por unos 25 expertos, además de los representantes del PNUD, y la tripulación del barco de apoyo: casi un centenar de personas y otro medio centenar, en tierra.

“En cuanto al riesgo de sabotaje, es ahí donde es importante nuestro compromiso con todas las partes: estamos completamente alineados con el Gobierno del Yemen en Saná y en Adén”, declara, en referencia a los dos bandos que se disputan el poder en el país. “Creemos que estando en contacto con todo el mundo, haciendo saber a todo el mundo que estamos aquí, con toda la transparencia, es una garantía para eliminar las posibilidades de un sabotaje”.

“Hasta el momento la cooperación de todas las partes ha sido muy bonita, estamos muy animados”, dice Hiemstra. Sin embargo, las cosas no han sido tan fáciles y rápidas: la ONU estuvo un año y medio diseñando esta operación, desde que en diciembre de 2021 asumió la misión, después de unas negociaciones que tampoco resultaron sencillas.

“Es una operación muy compleja: con dos Gobiernos que están en guerra, una coalición (de países encabezados por Arabia Saudí) que está vigilando el espacio aéreo (...) el mercado de los superpetroleros que ha sido muy volátil, sobre todo ha subido por la crisis en Ucrania, así que ha habido muchos factores que han llevado a un comienzo más lento de lo requerido”, se lamenta, pero destaca que una operación de este tipo no podría llevarse a cabo a menos que “todo el mundo esté en el mismo barco”. “Lo importante ahora es que hemos empezado y estamos en ello, y estamos teniendo éxito, de momento”.

“Nunca nadie había llegado tan lejos” en esta delicada misión que necesita no sólo las garantías de seguridad de los dos bandos en guerra, sino de las mejores empresas (como la que desbloqueó el canal de Suez en marzo de 2021) y expertos, y la tecnología más avanzada para evitar una catástrofe que sería aún más costosa en términos medioambientales y humanos.

La multinacional Microsoft anunció en febrero pasado que va a instalar un nuevo centro de datos en Arabia Saudí, sin que parezca que le importe mucho el pésimo balance del régimen en derechos humanos, arriesgándose a que Riad pueda obtener datos de sus propios ciudadanos (y de otros en la región), violando los principios más elementales de privacidad para castigar cualquier disidencia o crítica contra su forma de entender el poder. Por su parte, el Gobierno de Canadá, el mismo que en 2018 criticó abiertamente a Arabia Saudí por sus reiteradas violaciones de derechos humanos, acaba de anunciar que vuelve a establecer relaciones diplomáticas plenas con Riad.

¿Son estos los resultados de una sustancial mejora saudí en esos terrenos o simple pragmatismo ante un actor con notable peso específico en el ámbito energético, centrado en recuperar su papel de líder regional, muy atractivo en términos comerciales y de inversiones, y cada vez más interesado en explorar alternativas a Washington como mentor?

A la espera de que el paso del tiempo permita calibrar su verdadero alcance, lo que resulta meridianamente claro es que, en su condición de factótum del reino, Mohamed bin Salman (MbS) está decidido a emprender una reforma sustancial de su papel en la región y en el mundo, sin que eso suponga modificar internamente las bases del poder dictatorial que define al país desde su fundación en 1932.

Buena muestra de ello es, en primer lugar, el acuerdo suscrito por Arabia Saudí en Pekín el pasado 10 de marzo con Irán, poniendo fin a siete años de desencuentro diplomático. Un acuerdo que plantea la normalización de relaciones entre dos rivales históricos por el liderazgo regional y que se explica, en primera instancia, por el deseo de Riad de salirse del pantano del conflicto en Yemen, procurando aprovechar la influencia que Teherán ejerce sobre los rebeldes huzíes para lograr algún tipo de acuerdo, y por el intento iraní de evitar que los saudíes se echen definitivamente en brazos de Israel, normalizando igualmente las relaciones con Tel Aviv.

En la misma línea hay que interpretar el reingreso de Siria en la Liga Árabe, admitiendo que Bashar al Assad es apenas un mal menor si se tiene en cuenta que cualquier alternativa a su poder sería más preocupante para Riad y para quienes (también en Occidente) apuestan por la estabilidad a toda costa, aunque sea dejando el país en manos de un dictador genocida. El ejemplo de Al Asad sirve a Riad y al resto de autocracias de la zona para debilitar las ansias reformistas de sus propias poblaciones, que también soñaron durante la llamada Primavera Árabe con la apertura de una ventana de oportunidad para modificar unos regímenes asentados básicamente en el clientelismo paternalista (gracias a su riqueza en hidrocarburos) y en la represión.

A cambio de su aceptación política y de ayuda para la reconstrucción de Siria, lo que Riad pide a Al Assad es que cree las condiciones necesarias para recibir a los millones de refugiados que suponen una pesada carga para sus vecinos (incluyendo Turquía) y que se encargue de controlar el negocio del narcotráfico para contrarrestar su potencial desestabilizador. Un precio que, a buen seguro, el dictador sirio está más que dispuesto a pagar, aunque eso no significa que vaya a cumplir sumisamente el encargo.

Tampoco es menor el esfuerzo realizado por MbS para mediar en conflictos internos, como el que asola actualmente Sudán, o en sostener económicamente a países como Egipto, con el golpista Abdelfattah Al Sisi al frente. De ese modo, el príncipe busca subordinar o alinear a socios y vecinos agradecidos y, por tanto, inclinados a aceptar a Riad como el líder tanto del islam suní como del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y hasta de la Liga Árabe.

Pero la ambición de MbS no se detiene únicamente en la región de Oriente Medio y el Golfo Pérsico, mientras calcula el momento y las contrapartidas que espera obtener de una normalización de relaciones con Israel. Mirando obviamente por sus intereses en el marco de una transición energética que puede disminuir su poder a medio plazo, está su acercamiento a Rusia, igualmente interesado en sumar fuerzas en los mercados internacionales para garantizar unos precios de los hidrocarburos que les permitan a ambos financiar sus planes económicos y militares.

Simultáneamente, Riad se deja querer por Pekín, no solo porque supone un atractivo mercado en el que seguir colocando su petróleo, sino como aviso a Washington de que está explorando alternativas a su seguridad, en la medida en que el reino se siente cada vez menos confiado en las garantías que desde hace décadas le viene dando Estados Unidos.

MbS busca, en definitiva, crear unas condiciones que le permitan tanto consolidar su poder internamente -con planes en los que no entra la democratización y que ya apuntan a una etapa postpetróleo- como garantizar su liderazgo regional y más allá. Queda por ver si los demás actores en juego se acomodan a sus sueños, desde una población que puede aspirar a convertirse en ciudadanos en lugar de súbditos, hasta unos vecinos que también tienen sus propios planes.

Resulta tan difícil imaginar que Irán vaya a renunciar a dejar de inmiscuirse en los asuntos internos de Irak, Siria, Líbano o Yemen, como suponer que Turquía abandone sus intereses en Siria e Irak para ajustarse a lo que un rival estratégico como Riad quiera imponer unilateralmente. Y, tras la experiencia acumulada en estos últimos años, tampoco parece que Qatar y alguno otro miembro del CCG (del que forman parte también Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait y Omán) vaya a cejar en su intento de volar por libre. Y es que los sueños, como ya nos recordaba Calderón de la Barca, sueños son.

Desde el inicio de la guerra en Yemen hace aproximadamente ocho años, decenas de miles de personas han resultado heridas o muertas y más de cuatro millones han sido desplazadas. Aunque los combates han disminuido después del alto el fuego del año pasado, estos han dejado a su paso un agravamiento de la crisis humanitaria y de salud.

Hay escasez de suministros médicos y de personal, la atención primaria de salud está fuera del alcance en medio de una economía colapsada, las tasas de desnutrición fueron alarmantemente altas el año pasado, y la falta de acceso a la vacunación rutinaria ha provocado brotes de enfermedades prevenibles como el sarampión, el tétanos y la difteria. Las necesidades humanitarias se entremezclan de tal manera que forman una tormenta perfecta. 

Durante mi reciente visita a Yemen, mis compañeros y compañeras en el Hospital de la Autoridad Al-Jumhouri en Hajjah, la capital de la gobernación del mismo nombre en el noroeste del país, compartieron numerosas historias sobre los pacientes a los que tratan de traumas, tanto físicos como mentales. Me hablaron de un padre de 48 años con cuatro hijos que se aisló después de perder su capacidad para trabajar y mantener a su familia. La pérdida de su trabajo le ocasión un miedo y ansiedad extremos. 

“Comenzó a cuestionar —me contó un compañero— a todas las personas de su alrededor. No podía confiar en nadie, y fue alejándose gradualmente de la vida. Fue un proceso largo tratar sus síntomas mentales agudos y estabilizar sus sentimientos. Finalmente volvió a ser funcional y encontró un trabajo para mantener a su familia. Ahora nos complace decir que su expediente está cerrado”.

Dejé este hospital y las altas montañas del norte de Yemen. Mientras viajaba por carretera, obtuve una mejor idea de algunos de los retos que enfrenta la población yemení que busca atención médica, entre ellos el hecho de tener que realizar viajes largos porque no hay centros de salud asequibles cerca de sus hogares, si es que los hay. No puedo imaginar cómo las mujeres de parto o quienes necesitan atención urgente llevan a cabo una ruta así y las barreras que deben superar solo para acceder a la atención médica. Una mujer me contó que tuvo que viajar durante seis horas a través del suroeste de Yemen, desde Mocha hasta la ciudad de Taiz, para que le practicaran una cesárea de emergencia en el hospital Al-Jumhouri por el nacimiento de su primogénita, afortunadamente, una niña sana. 

La infancia yemení, la más afectada

Para las niñas y niños que nacen sanos, la desnutrición es una amenaza que acecha constantemente en la sombra. Entre enero y octubre de 2022, más de 7.500 niñas y niños con desnutrición acudieron a las instalaciones apoyadas por MSF, un aumento de más de un tercio en comparación con el mismo periodo del año anterior.  

Estas altas tasas de desnutrición en menores de cinco años han apabullado a hospitales como el de Khameer, en la gobernación de Amran. Esto era especialmente evidente en el centro de alimentación terapéutica para pacientes que necesitan ser hospitalizados: estaba lleno de niños y niñas que padecían desnutrición, incluyendo casos graves con complicaciones. Muchos de estos casos podrían haberse evitado si las madres hubieran tenido apoyo durante sus embarazos y sus bebés tuvieran acceso a alimentos nutritivos y asequibles y a servicios de salud oportunos.

Otro factor que afecta considerablemente a la infancia en Yemen es el aumento de los casos de sarampión debido a la falta de programas rutinarios de vacunación, a las bajas tasas de inmunización y al hecho de que muchas personas viven en campos para desplazados donde las enfermedades pueden propagarse con facilidad. Las vacunas juegan un papel clave en la prevención de enfermedades infantiles, clave en países como Yemen, donde es difícil acceder a la atención médica básica cuando alguien enferma.

Pero los pacientes no son los únicos que enfrentan retos en Yemen. Mis compañeros a menudo se encuentran con barreras como las restricciones de movimiento. Asimismo, los retrasos en las importaciones de suministros muy necesarios, el rechazo de las visas para el personal para entrar en el país, los permisos que necesitan para viajar dentro de Yemen, y la amenaza inminente de ataques a hospitales también obstaculizan nuestros esfuerzos para brindar ayuda humanitaria. Es fundamental que el personal de la salud esté exento de cualquier tipo de restricción que interfiera en la prestación segura y oportuna de los servicios médicos.

Sin embargo, incluso con estos retos y amenazas, muchas personas que conocí en Yemen y que han sufrido tanto, mantienen la esperanza de que sus vidas volverán a ser como eran antes de la guerra. Continuamos del lado de las personas que viven y trabajan en esta crisis humanitaria, pero está claro que se necesita más ayuda con urgencia para recuperar verdaderamente una apariencia de normalidad. Cualquier asistencia que se brinde debe mantenerse y mejorarse para responder a las necesidades inmediatas de las personas. Si bien Yemen recibe atención internacional intermitente, debe seguir siendo una prioridad en las agendas humanitarias y de desarrollo internacional de los donantes.

*Christos Christou es el presidente de Médicos Sin Fronteras internacional

Mi boda debería haber estado repleta de las emociones maravillosas que suelen acompañar este tipo de celebración: ilusión, inquietud, alegría, ansiedad y amor. En cambio, estuvo marcada por el terror, la devastación y la pérdida.

La noche del 5 de octubre de 2015 tuvo un comienzo maravilloso: mis dos hermanos y yo nos íbamos a casar con nuestras novias, tres mujeres que crecieron en pueblos cercanos. Nosotros, nuestras familias y nuestros invitados nos reunimos en la casa de mi tío, especialmente decorada para los festejos: se habían levantado carpas enormes y la brisa esparcía olores deliciosos. Las novias llegaron en una caravana de 30 coches tocando el claxon, con música a todo volumen y vítores para anunciar su entrada, y se reunieron con sus familiares en el interior de una de las casas.

Sin previo aviso, los sonidos alegres de la celebración se vieron interrumpidos primero por el ensordecedor estruendo de los aviones, después por la trayectoria de un misil en el aire y finalmente por un ruido estremecedor. El cielo se tiñó de rojo. Cerré los ojos. El mundo se detuvo.

Cuando abrí los ojos, me encontré con una escena de terror inimaginable. Había cuerpos mutilados por todo el patio. Un misil alcanzó la casa donde nuestras futuras esposas se habían juntado con sus familiares, muchos de ellos niños. Los que aún podían mantenerse en pie empezaron a buscar frenéticamente entre los escombros a sus seres queridos, a pesar del riesgo de que se produjera un nuevo ataque. Se oían voces desgarradas, de los que estaban atrapados, de los que agonizaban y de los que intentaban desesperadamente salvar un resquicio de esperanza buscando entre los escombros.

¿Les sorprendería saber que Estados Unidos es en parte culpable de semejantes atrocidades? ¿Y que, si Joe Biden hubiera cumplido una de sus promesas electorales, quizá no habría atrocidades como esta en el futuro?

Ese día murieron 49 personas, la mitad niños. Entre ellas estaban algunas de las personas que más quería en este mundo: mi novia, Jamila; mis padres, Mohammad y Fayiza; y dos de mis hermanos, Jamal y Eid. Al menos 75 personas más resultaron gravemente heridas. Todos los que sobrevivieron llevarán las cicatrices mentales de este día durante el resto de sus vidas. Desde entonces no he podido volver al lugar. No quiero recordar lo que ocurrió aquel día.

Biden debe cumplir su promesa

Este ataque es solo uno de los miles de bombardeos indiscriminados llevados a cabo contra la población de Yemen por Emiratos Árabes Unidos y la coalición liderada por Arabia Saudí desde septiembre de 2015 con el pretexto de detener a los rebeldes hutíes. En realidad, estos ataques apuntan regularmente a civiles inocentes y las infraestructuras de las que dependen nuestras comunidades. Han acabado con la vida de 250.000 yemeníes y han devastado nuestro país.

Lo que le está ocurriendo a Yemen se considera, por lo general, la mayor crisis humanitaria del mundo. Ni una sola muerte habría sido posible sin la complicidad de Estados Unidos y sus mayores contratistas de defensa, Lockheed Martin, Raytheon y General Dynamics.

El entonces candidato presidencial Biden prometió en 2019 que “pondría fin a la venta [de armas] a los saudíes'' y que ”tendrían que rendir cuentas“. En uno de sus primeros discursos como presidente, dijo al Departamento de Estado que acabaría con el apoyo de Estados Unidos a la guerra contra mi país. Fue un giro sustancial respecto a sus predecesores, Donald Trump y Barack Obama, y trajo esperanza a los yemeníes aquí y en todo el mundo, así como a los observadores internacionales y a las organizaciones y activistas en defensa de los derechos humanos.

Por fin, parecía, alguien pondría freno al flujo constante de armamento de última generación a la coalición saudí y a las atrocidades aparentemente interminables como la que destruyó a mi familia. Pero en los dos años transcurridos desde aquel discurso, la voluntad de Biden, antaño sólida, parece haber flaqueado. Cuando los miembros del Congreso de EEUU impulsaron medidas para detener o limitar el suministro de armas a la coalición, Biden intervino y el proyecto de ley nunca llegó a votarse. En su lugar, ha defendido una frágil tregua con Arabia Saudí bajo la cual los yemeníes no sienten ni un ápice de protección.

Estados Unidos ha estado sorprendentemente ausente de los esfuerzos por poner fin al conflicto. Los recientes acontecimientos en torno al acuerdo entre Arabia Saudí e Irán para restablecer los lazos diplomáticos demuestran que no es imposible poner fin a la guerra. No obstante, es el Gobierno estadounidense el que debe decidir si quiere desempeñar un papel significativo y activo para poner fin a estos crímenes de guerra, en lugar de dejar que prevalezca un afán lucrativo.

Presidente Biden: puede que yo no le pueda votar, pero sus acciones me afectan. Como demuestra su último presupuesto, su incapacidad para impedir que las armas estadounidenses lleguen a manos de las potencias mundiales que han destrozado mi vida, mi familia y mi hogar me afecta. El pueblo de Yemen confía en su liderazgo para poner fin a este derramamiento de sangre. Debe cumplir su promesa.

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Ayman Mohamed Saleh Al Sanabani es un ciudadano yemení y parte demandante en una causa contra Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, Raytheon, Lockheed Martin y General Dynamics por vulneraciones de derechos humanos en Yemen.

Traducido por Emma Reverter.

La guerra de Ucrania ha tenido una incidencia directa en las estadísticas de exportaciones de armamento español, remitidas este viernes por la Secretaría de Estado de Comercio al Congreso. El Gobierno de Kiev ha pasado de no figurar en la lista de clientes de armamento español a ser uno de los principales destinatarios al recibir material bélico por casi 210 millones de euros. 

La cantidad se refiere a exportaciones autorizadas por la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), el órgano interministerial que autoriza o deniega las ventas de armamento español. Si bien no implica que estas ventas se hayan materializado ya, sí que indica hasta qué punto el gobierno ucranio ha escalado en la lista de países que reciben armas españolas. 

La mayoría de las exportaciones de armamento autorizadas para Ucrania fueron proyectiles de artillería de 155 milímetros, por valor de 118,36 millones de euros. Durante el primer semestre de este año también se exportaron bombas por valor de 7,2 millones y 6,4 millones en armas de hasta 20 milímetros. No se precisa cuánto de este armamento fue donado por el ejército o fue comprado a empresas españolas.

El listado, como otros años, lo lidera Arabia Saudí, una dictadura acusada de vulnerar los derechos humanos por parte de los principales organismos internacionales. Las autorizaciones para mandar armas al régimen de Riad, que lidera una coalición que participa en la guerra de Yemen, rozaron los 1.000 millones de euros (994,6), de los cuales se han exportado ya más de 300 millones de euros. El segundo país al que se autorizaron más exportaciones durante el primer semestre del año fue Canadá (609 millones) seguido de Reino Unido (448 millones).

El total de exportaciones autorizadas durante la primera mitad del año sumó 4.192 millones de euros, mientras que las exportaciones realizadas alcanzaron 1.293,1 millones, lo que supone una disminución del 20,1% respecto al primer semestre del año pasado. 

Las operaciones autorizadas para exportar a Arabia Saudí contrastan con las que ha denegado el ejecutivo por temor a una vulneración de los derechos humanos. Mientras que la JIMDDU no ha apreciado ningún peligro al exportar al régimen de Riad (a pesar de que algunos países europeos han congelado las ventas a este país y numerosos grupos parlamentarios lo han solicitado al Ejecutivo) sí que denegaron exportaciones a países como Cuba, Burkina Fasso o Guinea Bissau.

El país más castigado por las denegaciones de exportaciones ha sido Rusia, al que se le han desestimado una docena de licencias que incluyen desde productos destinados a la industria farmacéutica, piezas de repuesto para buques o material tecnológico por el riesgo de su desvío a la industria militar. 

La vida en Yemen sigue siendo una lucha diaria. A pesar de que el 2 de abril comenzó una tregua de dos meses entre los rebeldes hutíes y la coalición militar liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, los siete años de guerra en el país han desatado una de las peores crisis humanitarias del mundo. El hambre y las enfermedades han causado más muertes que las propias bombas.  

El activista yemení Rasheed al-Faqih, director ejecutivo de la organización civil Mwatana for Human Rights, dice en entrevista con elDiario.es que tiene miedo a que la tregua termine y vuelvan las atrocidades que durante tanto tiempo han cometido “todas las partes” en este conflicto. Desde que en 2015 comenzó la intervención militar saudí en Yemen, la ONG que dirige ha documentado el uso de las armas -de qué tipo son y de dónde proceden- y diferentes tipos de crímenes de guerra, por eso insiste en la necesidad de que la Corte Penal Internacional abra una investigación.  

Entre los países europeos que suministran armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, se encuentra España. Un nuevo informe de las ONG Amnistía International, Centre Delàs de Estudios para la Paz y Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) indica que el importe de las exportaciones españolas de armas a los países de esa coalición superó los 1.600 millones de euros desde 2015 y hasta junio de 2021, y denuncia que las transferencias de armas de la empresa española Airbus pueden haber contribuido a la comisión de crímenes de guerra en Yemen. 

¿En qué situación se encuentra Yemen ahora mismo?

En abril y mayo hubo una tregua en la que Naciones Unidas ha podido pactar con las partes del conflicto. Lógicamente ha bajado el número de ataques directos, pero hay muchos expedientes de vulneraciones de los derechos humanos que siguen estando abiertos. Tenemos miedo de que la tregua termine y se reanude de nuevo la guerra, ya que esta tregua puede llevarnos hacia una parada total del conflicto. Durante siete años ha habido vulneraciones atroces de los derechos humanos.

¿Qué ha documentado su organización a lo largo de este tiempo? 

Hemos documentado bombardeos aéreos que han matado y herido a miles de civiles. En la base de datos que tenemos están registrados 1.000 bombardeos aéreos, cuyo resultado fue el asesinato de 3.000 civiles y 4.000 heridos, la mayoría mujeres y niños. Hablo de ataques de la coalición de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. También hemos documentado centenares de ataques terrestres con misiles semidirigidos por parte de las tropas hutíes y las tropas gubernamentales.

Hemos constatado la existencia de minas antipersona, detenciones arbitrarias de miles de civiles por todas las partes del conflicto, desaparición forzosa y centenares de casos de tortura. También hemos documentado centenares de casos de agresiones sexuales por parte de las tropas armadas de todas las partes, así como ataques a centros hospitalarios y a muchas escuelas. También ha habido agresiones a periodistas y contra las minorías religiosas y detenidos que se han enfrentado a juicios muy injustos por parte de los hutíes.  

Tenemos un informe completo sobre el uso del hambre como arma de guerra por parte de la coalición y de los hutíes. Hacer pasar hambre provoca millones de víctimas. Siempre decimos al mundo que nosotros en Yemen nunca tenemos hambre, pero a los yemenís se les puede hacer pasar mucha hambre. 

Otro tipo de vulneraciones a los derechos humanos ha sido el reclutamiento de niños. Quienes más utilizan este método son los hutíes, 70% de los casos, y el 30% restante las demás partes.

Algunos de estos ataques que menciona son crímenes de guerra.

Sí, seguimos documentando y hemos consultado a expertos internacionales en derechos humanos y todos han estado de acuerdo en que muchas de estas vulneraciones pueden ser considerados crímenes de guerra. 

¿Cómo vive la población yemení, o mejor dicho, cómo sobrevive después de siete años de guerra?

Es una lucha diaria. Naciones Unidas ya dijo que millones de yemeníes no saben si van a poder comer o no durante el día. Muchos programas de ayuda humanitaria están paralizados o casi anulados porque no hay apoyo.

¿Se sienten olvidados?

Sí. Muchos yemenís no es que solo crean que el mundo les ha olvidado o abandonado, sino que el mundo entero es partícipe de su desgracia. Somos un país pobre enfrentándose a países ricos, los de las fuerzas de la coalición, que tienen muchos intereses económicos y comerciales en todo el mundo. No es que los yemeníes crean que el mundo les ha olvidado, sino que les ha ignorado.

¿Cuál es el motivo de su visita a España? ¿Se va a reunir con alguna autoridad?

Tenemos varios objetivos, como intentar reunirnos con autoridades gubernamentales y con políticos, además de encontrarnos con otras organizaciones que trabajan en el campo de los derechos humanos y contactar con medios de comunicación, porque todo ello podría tener un efecto positivo para el pueblo yemení.

Arabia Saudí y sus aliados se nutren de material militar de origen europeo -entre los que figuran Alemania, Francia, España, Italia y Reino Unido- para realizar ataques en Yemen. ¿Qué papel juega España?

España vende armas y ofrece varios tipos de apoyo militar a esta coalición, como suministro de combustible y de recambios para los aviones. La empresa Airbus es una de las que participa en eso precisamente. España puede jugar un papel muy importante a la hora de reivindicar la existencia de una comisión de investigación internacional penal, porque no estamos hablando de juguetes, sino de compra-venta de armamento que saben que se va a utilizar en una guerra existente y estas armas se usan en terreno yemení, donde se cometen crímenes de guerra. Esto es contrario a la propia ley española que regula la compra-venta de armas y también contrario a la normativa europea y a las legislaciones de Naciones Unidas. 

El informe señala que existen fundamentos para creer que las fuerzas de la coalición han cometido crímenes de guerra en Yemen y que tanto representantes gubernamentales españoles como directivos de la empresa Airbus pueden ser cómplices de dichos crímenes de guerra. En su opinión, ¿qué debería hacer España al respecto?

El primer paso que debería dar España es participar en la comisión de investigación penal internacional y, en segundo lugar, las autoridades gubernamentales y del sector privado deberían contribuir a la rendición de cuentas. Lo tercero es la equidad y la indemnización a las víctimas y, por último, España debería hacer un embargo, no vender armas a ninguna parte del conflicto.

¿Qué pasaría si esos países europeos no vendieran armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos? ¿Se acabaría la guerra?

Creo que se lo pensarían mil veces antes de cometer crímenes de guerra y contribuiría a que la guerra parase. Sería más efectivo que España prohíba la venta de armas porque son armas que se fabrican en más de un país (los componentes de un misil lo hacen varios países, si uno deja de hacerlo no se puede suministrar). Normalmente los gobiernos se excusan diciendo “si yo no lo hago, lo va a hacer otro”, pero creo que es una excusa estúpida. Cada gobierno tiene sus compromisos y responsabilidades ante el derecho que organiza el tema en cuestión: la compra-venta de armas. Aquellos que vulneran los derechos humanos tienen que sentirse solos, aislados. 

Otra de las justificaciones de fabricar y vender armas (que utilizan los gobiernos) es que dan trabajo a miles de empleados, pero creo que si los propios trabajadores de la industria armamentística supieran cuál es el resultado de fabricar ciertos componentes, no querrían trabajar en eso. Esto es dinero, intereses económicos manchados con sangre.

¿Está contribuyendo España a que se cometan esos crímenes de guerra en Yemen?

Sí. Si el Gobierno español cree que es inocente y que no tiene ninguna responsabilidad en la comisión de estos delitos o crímenes de guerra, que por favor lidere una campaña para que se forme una comisión de investigación internacional sobre esos crímenes para demostrar su inocencia y evitar esas acusaciones. Se trata de responsabilidad ética y legal. Todos aquellos gobiernos que no quieran involucrarse en formar una comisión internacional sobre crímenes de guerra es porque saben que están involucrados. 

¿Por qué en Ucrania desde el primer mes, cuando estaba empezando la guerra, ya habían formado una comisión de investigación internacional sobre los posibles crímenes de guerra? Durante siete años de una devastadora guerra en Yemen no se ha formado ninguna comisión a pesar de las reivindicaciones. Nos alegra mucho que se haya formado en Ucrania y tan rápido, los ucranianos se merecen ese interés. La cuestión es que la población yemení se pregunta por qué las víctimas yemenís no se merecen una comisión de esas características después de siete años.

¿Cómo se siente la población yemení frente a esa diferencia de trato?

Hay dos sentimientos. Por un lado, alegría, porque en Yemen ya tenemos la lección bien aprendida, y no queremos que nadie sea víctima de un conflicto armado ni que haya guerras. Por otro lado, tenemos una sensación de tristeza porque hay una distinción bestial entre unas victimas y otras, y más notable aún que la distinción entre víctimas, es la de quién comete el crimen de guerra. A todo criminal hay que condenarle de alguna manera y sentenciarle, pero hay otros criminales a los que se les mima mucho por los interese económicos, porque hay muchos acuerdos comerciales. En Yemen tenemos a un Putin, pero este Putin se llama Mohamed bin Salmán (el príncipe heredero de Arabia Saudí). Hay más de un Putin en el mundo.

Antes de que comenzara la guerra en Ucrania, nosotros siempre decíamos que proteger los derechos humanos en Yemen no solamente es proteger a los yemeníes, sino también a los saudíes, a los europeos, a los estadounidenses… No se ha hecho caso ni a Yemen, ni a Siria, ni antes a Libia y ahora la guerra está en el patio de Europa, cosa que sentimos mucho, porque realmente ustedes han conseguido una vida segura y no queremos que se reduzca esa seguridad, porque sabemos lo que es la falta de seguridad. Putin ha bombardeado a sirios con bombas de barril y, cuando nadie hizo nada ni hubo rendición de cuentas contra él, se fue a Europa, a Ucrania, y esta vez ya no es Oriente Medio.

Si no hay herramientas efectivas para perseguir los crímenes de guerra, el mundo va a ir a peor y no sabemos donde llegará Putin la próxima vez. Tenemos que evitar la ley del embudo, es decir, tiene que haber una única vara de medir, un solo criterio para juzgar. 

¿Tiene esperanza en que la guerra en Yemen termine pronto?

Sí, no hay otra opción. Cualquier guerra termina acabándose. Y esta guerra en Yemen también lo hará. Creo que a través de nuestro trabajo, el de mi ONG y otras muchas organizaciones, el de medios de comunicación y otra mucha gente, vamos a parar esta guerra, como se han parado antes. 

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España es el quinto país que más material militar exporta de todo el mundo y la industria de la guerra española factura más de 6.500 millones anuales. En el contexto de la guerra de Ucrania, se han visto pocas voces críticas contra el envío de armas, mientras España vende armamento a dictaduras agresoras que violan los derechos humanos, incluso desde empresas públicas. En este programa indagamos en el negocio de las armas en nuestro país para hablar de la muerte que exportamos. 

La población civil en Yemen es una de las que sufre las consecuencias directas de esta venta de armas. Un país que lleva ya 7 siete años en guerra, el peor desastre humanitario del planeta, según Naciones Unidas. Nos lo cuenta Abdulrasheed Al-Faqih, activista defensor de los derechos humanos yemení y director de la organización Mwatana for Human Rights. Y hablamos con Christian Schliemann-Radbruch, abogado del Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos y Jordi Calvo, coordinador del Centre Delàs de Cultura por la Paz, dos de las organizaciones que, junto a Amnistía Internacional, piden al gobierno español una investigación independiente para esclarecer si los cazas de Airbus que se fabrican en parte en España en las factorías de Getafe e Illescas, se han utilizado para matar a civiles en Yemen por parte de Arabia Saudí y Emiratos Árabes.

Pere Ortega, investigador y presidente honorario del Centre Delàs de Cultura por la Paz, nos cuenta cómo funciona, a quién beneficia, cuánto nos cuesta y quiénes están detrás de la industria de armamento en España. Y hablamos también con Joseba Sanz, director del documental ‘La guerra empieza aquí’, que muestra hasta qué punto somos parte activa en las guerras. Mira aquí el programa completo:

Entre 2015 y 2021, hubo en Yemen al menos 577 bombardeos contra civiles o instalaciones que no tenían nada que ver con objetivos militares. Casi todos ellos acabaron con la vida de cientos de víctimas. La mayoría de estos ataques se llevaron a cabo con aviones cuyas piezas se fabricaron en España o bien con el apoyo de otras aeronaves fabricadas íntegramente en nuestro país. 

Un informe de Amnistía Internacional, el European Center For Constitutional and Human Rights (ECCHR) y el Centre Delàs d’Estudis per la Pau denuncia la connivencia de estas empresas españolas en lo que se consideran crímenes de guerra en un conflicto enquistado desde hace siete años. 

El informe se basa, en parte, en las revelaciones que elDiario.es ha publicado durante los últimos años en diversos reportajes de investigación junto a Lighthouse Reports sobre exportaciones de armamento, que han puesto de manifiesto la falta de control en la venta de armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos y cómo estos países utilizan habitualmente material español en el conflicto. 

Citando al grupo de expertos de la ONU, el estudio denuncia que los bombardeos a instalaciones civiles (hospitales, colegios, edificios residenciales, reuniones civiles o instalaciones culturales) no han sido errores o casos aislados sino un patrón reiterado por parte de la coalición de Emiratos Árabes y Arabia Saudí. 

Las entidades se centran, sobre todo, en las aeronaves Eurofighter Typhoon y en el avión de reabastecimiento A330 MRTT y ponen el foco en Airbus, responsable de la fabricación en España de estas aeronaves o de buena parte de sus componentes. El Eurofighter es un caza utilizado en gran cantidad de ataques contra posiciones civiles y algunos de sus componentes están fabricados en las instalaciones de Airbus en Ilescas (Toledo) y Getafe (Madrid). 

Respecto a la aeronave A330 MRTT, denuncian que estas aeronaves están fabricadas en España y que el mantenimiento de estos aviones de la coalición saudí se lleva a cabo en las instalaciones que Airbus tiene en el aeropuerto de Barajas, tal y cómo publicó este periódico en 2019.  

El avión A330 MRTT presta un apoyo aéreo imprescindible a los cazas Eurofighter ya que se encarga de reabastecer de combustible en el aire a estos aviones para que puedan seguir con su actividad. Este periódico pudo geolocalizar imágenes en 2019 que mostraban como el A330 MRTT abastecía de combustible a un Eurofighter mientras sobrevolaba territorio yemení. 

El informe denuncia la falta de control y la vulneración de las normativas nacionales e internacionales por parte del Gobierno a la hora de autorizar las exportaciones de estos materiales, pero también considera que desde Airbus debería haber protocolos para evitar que sus productos acaben siendo utilizados para cometer posibles crímenes de guerra. 

El documento recuerda que la abundante información de organismos internacionales sobre la comisión de posibles crímenes de guerra ha sido trasladada de manera reiterada a las autoridades y a empresas como Airbus, sin que estas hayan tomado cartas en el asunto. 

Las entidades señalan que, según los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos (UNGP en sus siglas en inglés), “las empresas deben contar con normas y procesos de diligencia debida para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre cómo abordan sus efectos sobre los derechos humanos”.

“Parecería haber una base razonable para creer que las fuerzas de la coalición están cometiendo crímenes de guerra en Yemen y que tanto los representantes gubernamentales españoles como el personal con poder de toma de decisiones en Airbus Defense podrían haber contribuido o sido cómplices de dichos presuntos crímenes de guerra en el sentido indicado en el Artículo 25.3 del Estatuto de la Corte Penal Internacional”, apunta el texto.

Al menos 77 personas han fallecido y 190 están heridas por un bombardeo atribuido a la coalición militar liderada por Arabia Saudí contra un centro de detención ubicado en Saada, bastión de los rebeldes hutíes en el norte del Yemen, según ha informado el Ministerio de Salud del Gobierno de los hutíes. Otro ataque también ha dejado sin conexión a internet a todo el país.

Los cuerpos de las víctimas han llegado a las morgues de tres hospitales de la ciudad de Saada, capital de la provincia homónima y próxima a la frontera con Arabia Saudí, mientras continúan las operaciones de rescate y búsqueda en el lugar del ataque que ha tenido lugar la madrugada de este viernes.

“Todavía hay muchos cuerpos en el lugar del ataque y muchas personas desaparecidas”, ha dicho Ahmed Mahat, jefe de la misión de Médicos Sin Fronteras en Yemen, en un comunicado. “Es imposible saber cuántas personas han muerto. Parece haber sido un acto de violencia horrible”.

Centro de detención de migrantes

El blanco del bombardeo ha sido un edificio de dos plantas que servía como centro de detención de acusados a la espera de juicio, muchos de ellos migrantes africanos que llegan al Yemen y tratan de acceder de manera irregular a Arabia Saudí, país fronterizo con Saada.

Residentes de la ciudad han asegurado que aviones de la coalición árabe han efectuado tres bombardeos consecutivos, pero la alianza capitaneada por Riad no ha confirmado la acción militar, aunque sí otras lanzadas contra la ciudad de Al Hudayda, en el suroeste del Yemen. 

Por su parte, el ministro de Sanidad del Gobierno de los hutíes, Taha al Mutawakil, ha dicho al canal de televisión Al Masira que los cuerpos recuperados hasta el momentos son 77 y los heridos, 190.

También ha hecho un llamamiento para que las organizaciones internacionales y ONG envíen suministros médicos, equipos y aviones médicos para atender y evacuar a los heridos. Al Mutawakil ha dicho que el sistema de salud yemení no puede hacer frente a esta “emergencia”, sobre todo en Saada, donde que los hospitales carecen de combustible para hacer funcionar todos los generadores eléctricos en estos momentos. Médicos Sin Fronteras ha dicho que el Hospital de La República en Saada no podía admitir a más heridos.

El ataque aéreo de la coalición durante la madrugada de este viernes ha afectado a una central de telecomunicaciones en la ciudad portuaria de Al Hudayda, que ha dejado al país sin Internet, según ha contado un funcionario del Ministerio de Telecomunicaciones en la provincia de Hadramout al periódico estadounidense.

Según Save the Children, al menos tres niños han muerto en el ataque a la central mientras jugaban en las inmediaciones. “Al parecer, los niños estaban jugando en un campo de fútbol cercano cuando cayeron los misiles”, ha dicho la ONG en un comunicado.

El país lleva sin conexión a la red desde la 1 de la madrugada y, según NetBlocks, una ONG que da seguimiento a la ciberseguridad, el servicio todavía no se ha reanudado.

Una semana de hostilidad

Las hostilidades en Yemen empezaron a intensificarse esta semana después de que los hutíes atacaran el lunes con drones y misiles un importante aeropuerto de Emiratos Árabes Unidos –principal socio de Arabia Saudí en la coalición–, matando a tres personas e hiriendo a seis, en represalia por el apoyo de EAU a las milicias progubernamentales. Armadas y entrenadas por EAU, las milicias habían arrebatado recientemente el control de la provincia de Shabwa a los hutíes, además de haberse hecho con sus ganancias en la provincia de Marib, rica en petróleo.

La coalición respondió atacando Saná, la capital del Yemen controlada por los hutíes, la noche del lunes. La prensa hutí dijo que habían muerto 20 personas, entre las que se incluía la familia de un general. Este viernes, Mahat ha dicho que los últimos ataques también han afectado a Saná y a su aeropuerto, aparte de Saada y Al Hudayda, y que MSF ha recibido numerosos reportes de ataques aéreos nocturnos en otros lugares del norte de Yemen.

La provincia de Saada se encuentra en el extremo noroccidental del Yemen y es uno de los principales bastiones de los rebeldes chiíes. Su infraestructura se ha visto gravemente dañada en los pasados casi siete años de conflicto en los que los suministros han escaseado en los territorios controlados por los hutíes.

La coalición árabe que interviene en el Yemen desde marzo de 2015, además de las campañas de bombardeos, impone un bloqueo contra el país, controlando los bienes que entran por mar, tierra y aire, alegando que los hutíes reciben armas de su aliado, Irán. 

El Gobierno de Mariano Rajoy autorizó un contrato secreto para vender armas a Arabia Saudí; España exporta a Marruecos embarcaciones militares haciéndolas pasar por barcos civiles; Turquía utiliza aviones de fabricación española en sus invasiones en el norte de Siria y Chipre... Todos estos casos son algunos ejemplos descubiertos por investigaciones periodísticas y entidades humanitarias, como la llevada a cabo por elDiario.es y Lighthouse Reports, que evidencian que España, al igual que otros países, sortea la regulación europea para vender armas.

Para que haya más control sobre las exportaciones de armas desde países de la UE, para armonizar las políticas de ventas de armas y para que se respete la política común de la UE, varias organizaciones sociales –en España, FundiPau, Centre Delàs y AIPAZ– y el grupo de los Verdes en la Eurocámara promueven una regulación que refuerce los controles sobre la exportación de armas.

La eurodiputada verde alemana Hannah Neumann es la promotora de la iniciativa en el Parlamento Europeo. “Tenemos que asegurarnos de que la Unión Europea realmente pueda controlar dónde terminan las armas producidas dentro de la UE”, afirma.

En efecto, según el reciente informe Smoking Guns, del Transnational Institute, “las armas y los equipos militares fabricados y autorizados en Europa y vendidos a terceros países provocan el desplazamiento forzado y la migración. Además, el comercio de armas está impulsado por las ganancias y está poco regulado; las armas europeas se utilizan directamente para desestabilizar países y regiones enteras y una vez que se comercializan las armas, y aunque se pueden rastrear, es virtualmente imposible controlar cómo pueden eventualmente usarse. Así mismo, los países europeos se encuentran entre los principales exportadores de equipos para armas letales en todo el mundo, y representan aproximadamente el 26% de las exportaciones mundiales de armas desde 2015. Los cinco principales exportadores de armas europeos son Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido, que juntos representan el 22% de las exportaciones en el período 2016-2020”.

“Queremos iniciar un debate en torno al argumento de que 'las exportaciones de armas son un asunto únicamente de los Estados miembros”, explica Hannah Neumann. ¿Por qué? “Aunque todos los Estados miembros han acordado una Posición Común sobre las exportaciones de armas, vemos 27 configuraciones institucionales diferentes. Las decisiones de exportación nacionales varían enormemente y la transparencia sigue siendo una preocupación”.

Las reglas, en teoría

La posición común de la Unión Europea, que regula las exportaciones de armamento, establece que los países exportadores deberán denegar las autorizaciones si existe el riesgo de que el material se desvíe dentro del país comprador o se reexporte “en condiciones no deseadas”, y se considera jurídicamente vinculante, “pero no existe ningún tribunal para hacerla cumplir”, recuerda Neumann: “Las decisiones de exportación nacionales diferentes y a veces opuestas socavan la capacidad política de la UE para influir en los conflictos y, por tanto, su autonomía estratégica. Algunos ejemplos son los contratos de mantenimiento de aviones militares utilizados por Turquía en Libia, pero también las exportaciones a Arabia Saudí, que está involucrada en la guerra en Yemen. La I + D y la exportación de armas europeas deberían ir acompañadas de un control de la UE del Parlamento Europeo”.

Según recoge la propuesta presentada en el Parlamento Europeo, “a medida que se construye un mercado de adquisiciones en la UE y una Unión Europea de la Defensa, el control de las exportaciones nacionales se vuelve cada vez más anacrónico. Varios proyectos conjuntos de armamento muestran cómo la configuración actual de la producción conjunta y las licencias nacionales pueden generar problemas, como cuando existen decisiones nacionales divergentes sobre embargos de armas, como el caso del Eurofighter y las exportaciones a Arabia Saudí. O el anuncio del presidente francés, Emmanuel Macron, de que proporcionará armas al líder egipcio, El-Sisi, algo que no tiene nada que ver con su respeto a los derechos humanos”.

Otro caso que señala la propuesta es que “algunos Estados miembros retuercen cada vez más los mecanismos para lograr una mayor coherencia. Por ejemplo, deben informar si niegan una licencia de exportación, para que otros también nieguen exportaciones similares. Sin embargo, algunos hacen un uso impropio de esta información para ponerse en contacto con el comprador potencial y ofrecer lo que ha sido denegado por otro Estado miembro”.

El informe destaca que las armas producidas en la UE terminan continuamente en conflictos en todo el mundo, “lo que contribuye al sufrimiento humano y genera desacuerdos entre los Estados miembros. Por lo tanto, proponemos un reglamento de la UE que introduzca un control a escala comunitaria de las exportaciones de armas, con evaluación de riesgos previa a la decisión, seguimiento y control del destinatario final”.

Evaluaciones de riesgos comunes

El reglamento propuesto no tiene como objetivo una toma de decisiones europea sobre licencias nacionales de exportación de armas emitidas. “La decisión final sobre las licencias de exportación seguirá en manos de los Estados miembros”, dicen los promotores. “En casos muy específicos, un Estado miembro podría solicitar una exención si puede demostrar que están en juego intereses de seguridad nacional”.

Sin embargo, proponen establecer un organismo común independiente de evaluación de riesgos “para aumentar la coherencia política de las decisiones de exportación en la UE, evitar desacuerdos entre los Estados miembros y garantizar la aplicación adecuada de los criterios de exportación”.

El papel de este organismo será identificar y actualizar continuamente una lista de países a los que la exportación de armas podría resultar problemática (según los criterios comunes), que será presentada por la Comisión Europea al Parlamento Europeo y al Consejo (los gobiernos de la UE), que pueden pedir modificaciones. Para los países enumerados, el organismo de evaluación de riesgos desarrollará una evaluación detallada.

De acuerdo con la propuesta, en caso de que una empresa de la UE solicite una licencia de exportación a un país catalogado como problemático por el organismo común de evaluación de riesgos, la autoridad nacional de concesión de licencias del Estado miembro pertinente debe incorporar las recomendaciones del organismo común de evaluación de riesgos en su proceso de toma de decisiones.

En caso de que la evaluación del Estado miembro respectivo de una solicitud de exportación de armas sea más restrictiva que la del organismo común de evaluación de riesgos, prevalecerá la decisión del Estado miembro. En caso de que un Estado miembro decida exportar determinadas armas a un destino contrario a la recomendación del órgano común de evaluación de riesgos, debe presentar una justificación por escrito de su decisión.

Esta justificación debe basarse en los intereses de seguridad nacional y debe transmitirse al grupo de coordinación de exportación de armas que se establecería y a la comisión correspondiente del Parlamento Europeo.

Transparencia y responsabilidad

Si bien la responsabilidad de los Estados miembros en las decisiones sobre licencias de exportación de armas es el centro de atención del proyecto de reglamento, también se refiere a las empresas productoras de armas, obligándolas a ejercer la debida responsabilidad antes de solicitar una licencia de exportación: las empresas productoras de armas deberán evaluar si los posibles receptores de la tecnología militar cumplen los criterios comunes de la UE.

Una parte adicional de este reglamento actualiza los ocho criterios de la posición común de la UE al marco legal internacional actual del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA).

En este sentido, los promotores de la regulación sugieren “introducir el criterio del riesgo de agudizar la violencia de género con una exportación, así como una evaluación de la corrupción vinculada a un acuerdo de exportación, o un desvío de las armas posterior a la evaluación del órgano común de evaluación de riesgos”.

Otras medidas

Los proponentes piden un debate anual en el Parlamento Europeo sobre exportaciones de armas. Tras la publicación del informe anual de la comisión sobre exportaciones de armas, “el Parlamento Europeo debería celebrar un debate sobre el asunto para aumentar la transparencia, el control democrático y la conciencia pública sobre la cuestión de las exportaciones de armas”.

Y añaden: “En caso de que un Estado miembro expida una licencia de exportación de armas a un país al que el organismo de evaluación de riesgos recomendó que se le denegara la licencia, la autoridad competente del país respectivo debería tener que justificar la decisión en el Parlamento Europeo”.

Tras el estallido de la actual guerra civil, en 2014, Ameen Jubran fue uno de los miles de yemeníes a quienes los combates obligaron a huir dentro de las fronteras del país. Tras escapar de su casa, acechada por los bombardeos, pasó a convertirse en una persona clave para los miles de desplazados internos que sobreviven a la peor crisis humanitaria del mundo. Su labor ha sido reconocida este mes con el Premio Nansen, el galardón del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Su interés por la ayuda humanitaria se remonta a sus años como estudiante de química en la Universidad de Saada, donde vio las consecuencias del eterno conflicto en algunos de sus compañeros. No volvían a casa por vacaciones, tenían dificultades para contactar a sus familias y apenas podían pagarse las tasas universitarias. Después de asumir el puesto de jefe del sindicato de estudiantes, Jubran decidió ayudarlos. Lo siguió haciendo hasta que él mismo se vio en la misma situación. 

Fue en 2017 cuando, con un grupo de amigos de la universidad y después de haber colaborado con otras entidades durante años, Jubran fundó la Asociación Jeel Albena, una organización sin ánimo de lucro que presta servicios de emergencia a las comunidades desplazadas en el norte del país.  Hasta el día de hoy, ha proporcionado un techo bajo el que dormir a 20.000 desplazados internos y ha apoyado a otros 60.000. La organización de Jubran también cuenta con un centro de desarrollo de habilidades y un programa de rehabilitación escolar.

“Yemeníes para yemeníes”

“Nuestro lema es de yemeníes para yemeníes”, cuenta Jubran a elDiario.es desde Saná en una videoconferencia, “más del 40% de nuestros empleados proceden de las propias comunidades desplazadas”. La organización emplea a unas 4.000 familias locales, que a menudo se encuentran en peor situación que los desplazados internos que acogen en la ciudad yemení de Hudaydah, en la recolección y producción de “Khazaf”, un material natural que proviene de las palmeras locales conocidas como “Doum”.

Las hojas o “Khazaf” se tejen en capas y luego se colocan sobre un marco de refugio para hacer las cabañas. Alrededor del 90% de los trabajadores locales empleados por Jeel Albena para tejer el “Khazaf” son mujeres.

El estallido de la pandemia acrecentó la dura situación humanitaria que el país llevaba viviendo años. “El COVID-19 nos ha supuesto muchos retos. Ha aumentado las necesidades a las que podemos dar respuesta con los fondos que tenemos disponibles. Al haber sido nosotros mismos desplazados, entendemos los retos que conlleva desplazarse. La pandemia nos ha impactado mucho, ya que no nos permitió responder a todas las necesidades que conocemos”.

A las zonas del norte del país en las que trabaja no están llegando dosis, cuenta Jubran. Él mismo no ha podido viajar a la entrega del galardón por no estar vacunado.

El Premio Nansen a Jeel Albena, ACNUR también pretende poner el foco en una crisis humanitaria, la peor a nivel global ahora mismo, a la que los medios y la comunidad internacional “no prestan atención suficiente”. “Centrarse en el conflicto político y no en la situación humanitaria es lo que ha llevado a Yemen a una de las peores situaciones humanitarias de nuestro tiempo. Esperamos que al ganar este premio podamos arrojar luz sobre lo que está pasando”, dice Jubran.

El director de la agencia alimentaria de la ONU advirtió hace dos semanas de que 16 millones de personas en Yemen estaban en riesgo de inanición. “Ver que el apoyo que proporcionamos es realmente necesario es lo que básicamente nos motiva para seguir ayudando a las personas necesitadas, a nuestras familias y vecinos”, dice Jubran.

“Esperamos que la comunidad internacional ayude a Yemen a alcanzar la paz, centrándose en la situación humanitaria y poniendo fin al conflicto. Yemen necesita apoyo para poder ser autosuficiente y así dejar de depender de la asistencia internacional”.

Una guerra estancada

La guerra civil en Yemen empezó el año 2014, cuando los rebeldes Houthi tomaron el control de la capital, Saná, así como de gran parte del norte del país. El Gobierno del presidente Abd-Rabbu Mansour Hadi tuvo que huir al sur y, posteriormente, a Arabia Saudí.

En marzo de 2015, una coalición liderada por Arabia Saudí empezó una campaña de bombardeos, que contó con el apoyo de Estados Unidos, para intentar restaurar a Hadi en el poder.

Los Houthis controlan una amplia franja de Yemen y cuentan con el apoyo de Irán, al que Arabia Saudí considera su adversario regional, y han respondido con frecuencia a los ataques aéreos saudíes enviando misiles a través de la frontera hacia territorio saudí.

A pesar de la campaña aérea y de los combates terrestres, la guerra ha llegado a un punto muerto, generando tras de sí la peor crisis humanitaria del mundo. Desde entonces, Estados Unidos ha suspendido su participación directa en el conflicto.

Según estimaciones de Naciones Unidas, casi un cuarto de millón de yemeníes ha muerto en el conflicto, y millones se enfrentan a una situación de hambre aguda o inanición. Alrededor del 80% de los aproximadamente 30 millones de personas del país necesitan ayuda humanitaria.

El pasado mes de marzo, Arabia Saudí propuso una oferta de paz para poner fin a la guerra, comprometiéndose a levantar el bloqueo aéreo y marítimo si los rebeldes Houthi aceptaban un alto el fuego.