UGT Castilla-La Mancha pone al servicio de las personas desempleadas de la región o de aquellas que quieran mejorar su situación laboral un servicio gratuito de orientación laboral para, a través de tutorías individualizadas y tras analizar sus necesidades profesionales, ofrecer itinerarios personalizados de orientación laboral así como asesoramiento sobre recursos y programas para el fomento del empleo y circuitos de emprendimiento.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Trabajo de Empleo y Autoempleo que está desarrollando el sindicato en el marco del Consejo del Diálogo Social de Castilla-La Mancha, cuyo fin último es mejorar la inserción laboral y reforzar los servicios de orientación y de intermediación que tiene a su disposición la población castellanomanchega.

¿Quienes son las personas destinatarias?

La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, explica que estas acciones van enfocadas, prioritariamente, a las personas paradas de larga duración, a los jóvenes, a las mujeres, a las personas con discapacidad y a los mayores de 45 años sin cualificación.

Sostiene que, a pesar del contexto actual de creación de empleo en el que nos encontramos, hay muchas personas que no encuentran un puesto de trabajo y que no son capaces de insertarse laboralmente. “Son parados estructurales que necesitan de itinerarios personalizados para solventar estos desajustes entre la oferta y la demanda del mercado de trabajo”.

El servicio de intermediación laboral

Con esta finalidad, este año UGT Castilla-La Mancha suma a su servicio de orientación laboral otro de intermediación laboral para favorecer el encuentro efectivo entre la oferta y la demanda de empleo, garantizando que las personas en búsqueda activa y las empresas con necesidades de personal puedan conectarse de manera ágil, eficiente y adecuada.

Isabel Carrascosa añadía que UGT Castilla-La Mancha ha estado en contacto estos años con personas en búsqueda de empleo, “personas que nos han demandado información sobre qué perfiles son los adecuados para determinadas empresas y qué competencias se necesitan para insertarse laboralmente. Por ello entendemos que realizar una intermediación laboral mejora las oportunidades de inserción de las personas desempleadas al ofrecerles acompañamiento, orientación y acceso a ofertas acordes con su perfil, competencias e intereses. Este apoyo es especialmente importante para colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo, ya que permite identificar fortalezas, áreas de mejora y posibilidades de formación que aumentan su empleabilidad”.

Para las empresas, la intermediación laboral es igualmente esencial, ya que facilita la selección de candidatos cualificados, reduce tiempos y costes asociados al reclutamiento y asegura procesos más profesionales y ajustados a las necesidades reales del puesto.

A este respecto, apuntaba que el sindicato está haciendo especial énfasis en identificar y caracterizar los perfiles profesionales más demandados en las empresas de Castilla-La Mancha, un análisis y estudio que está sirviendo de base para orientar a la población desempleada y trabajadora sobre los nuevos perfiles profesionales.

Las personas interesadas en acudir al Servicio de Orientación Laboral y de Intermediación de UGT Castilla-La Mancha pueden ponerse en contacto con el sindicato a través del email orientacionempleo@clmancha.ugt.org o acudiendo a cualquiera de las sedes de la organización.

Aunque el estereotipo diga lo contrario, para verse en la calle no hace falta ser alcohólico, drogadicto o venir de una pobreza extrema. Basta con un golpe de mala suerte y unas circunstancias adversas para que, en un mercado inmobiliario cada vez más tenso, tener una casa o pagar el alquiler deje de estar al alcance de muchos. “Yo me vi en una situación complicada, solo y sin redes familiares a las que poder volver”, confiesa Carlos, que tiene 35 años y ha pasado el último mes en un centro temporal para personas sin hogar. Después de días complicados, ha encontrado trabajo como ayudante de pintor. “Cuando no tienes casa, tampoco hay donde ducharte o asearte antes de una entrevista, por ejemplo. Y entonces, todo empeora”, explica desde la habitación compartida donde ahora pasa las noches. Él logró una plaza en el CEDIA de Lucero, un centro de atención e información las 24 horas que pertenece a Cáritas y que, pocas semanas después de su marcha, recibirá una visita especial: la del papa León XIV.

El mismo día de su llegada, después de un primer recibimiento institucional en el Palacio Real, la segunda parada de León XIV será este espacio de acogida en la calle Cullera. Está en el distrito de Latina y no es un recurso público, aunque sí gratuito para los usuarios: forma parte de la red de Cáritas Diocesana, el brazo de la Iglesia católica para acciones sociales. Un día, una delegación del Vaticano acudió a ver las instalaciones y observar sus actividades, con talleres de inclusión para los usuarios o herramientas de atención psicológica. Tiempo después supieron que el Papa había escogido este centro de personas sin hogar para conocerlo personalmente en su primer viaje oficial a Madrid.

El espacio dispone actualmente de 92 plazas, con 47 de ellas dirigidas a hombres para pasar la noche, 20 para las mujeres y otras 25 que funcionan como centro de día. La mayoría de la gente permanece aproximadamente un mes, aunque el responsable del centro avisa de que cada caso es muy distinto: hay quienes llegan en situación de alta vulnerabilidad y necesitan más tiempo, e incluso un 20% de sus usuarios tienen un trabajo remunerado, pero necesitan ahorrar para pagar la fianza y el primer mes de un alquiler. “Hace años ayudábamos a algunos a pagar la entrada para un piso de alquiler. Ahora, cuando lo hacemos, es para acceder a una habitación que puede llegar a los 600 euros mensuales”, destaca Juan José Gómez, al frente del centro.

“Intentamos ayudarles a recuperar su dignidad, primero con recursos básicos como una cama, comida, ropa o ducha y, luego, orientándoles en la búsqueda de empleo o con apoyo psicológico”, añade en declaraciones a los medios ofrecidas esta mañana. Sobre qué empuja a estas personas a terminar en situación de calle hay múltiples respuestas. El propio coordinador del centro señala que cada vez acuden más jóvenes en situación precaria, e incluso dos de cada diez usuarios llegan con trabajo y cobrando un sueldo, pero no pueden permitirse un alquiler en un mercado “inaccesible”, en palabras de Gómez. En 2025 pasaron por allí 2.534 personas, pero solo dieron plaza a 880.

“Está claro que es un recurso limitado para la alta demanda que existe en Madrid, pero es la capacidad que tenemos”, reconoce Gómez, aludiendo a que el CEDIA debe ser un complemento de los espacios públicos disponibles. Uno de ellos, precisamente, es la campaña anual contra el frío, en la que el Ayuntamiento despliega un dispositivo especial junto al Samur Social para ofrecer alojamiento o comida caliente y evitar las noches al raso en invierno. Allí fue la primera vez que Carlos, actualmente en el CEDIA de Cáritas, accedió a un servicio destinado a personas sin hogar. Alguien que conoció en esos días le recomendó buscar plaza en este centro de la Iglesia, sin saber aún que acabaría entre los lugares que recibirán en junio a León XIV.

“Yo espero que la visita del Papa nos traiga visibilidad y cambie en algo las políticas públicas del Ayuntamiento. Porque quien diga que nos va bien en materia de servicios sociales, miente”, sentencia el joven, apuntando a centros “sin limpieza o higiene” que prefiere no mencionar. En total, la red municipal dispone de seis espacios de acogida (San Isidro, La Rosa, Juan Luis Vives, Puerta Abierta, Beatriz Galindo y Pedro Meca) repartidos en la capital. Todos ellos suman 1.210 plazas disponibles que, este año, pretenden ampliarse hasta las 1.400. Sin embargo, por sí sola no puede absorber toda la demanda de que existe: solo el año pasado, los equipos de calle del Ayuntamiento de Madrid atendieron a más de 13.000 personas sin hogar.

“Al Papa también le pediremos que se mejoren las políticas sociales destinadas al sinhogarismo”, añade uno de los trabajadores de Cáritas en la calle Cullera, en una jornada de puertas abiertas que ha tenido lugar este martes. A lo largo del año pasado, atendieron a más de 2.500 personas en situación de calle. Pero el proyecto empezó siendo algo mucho más pequeño: un recorrido en furgoneta con café caliente para los perfiles vulnerables. De eso hace ya medio siglo, y no fue hasta 2008 que aterrizaron en Lucero ya como centro integral de acogida. Actualmente, entre sus usuarios hay una mayoría de hombres (75%), y solo un 25% son mujeres. Acuden sobre todo españoles, latinoamericanos u otros migrantes de origen magrebí y subsahariano, según ha expuesto el responsable del centro.

Sin embargo, le preocupa que en los últimos años reciban cada vez a más jóvenes. “La edad media es de 37 años, pero la mayoría entra en una horquilla de entre 35 y 50 años”, ha añadido, incidiendo en que la realidad actual de Madrid son “unos sueldos muy precarios” y un difícil acceso a la vivienda. Esteban, trabajador del centro y migrante de 26 años, explica que en sus instalaciones hay distintos modelos de habitación (individuales, dobles o con cinco camas) ya que “el sueño es complicado” y cada persona tiene unas necesidades concretas. “Algunos roncan, otros tienen problemas para dormir y muchos chicos llegan de madrugada, agotados de trabajar”, subraya. Así que tratan de adaptarse a cada situación individual en un contexto donde cada vez más usuarios tienen empleo, pero no vivienda.

En su experiencia, el miedo más habitual entre quienes viven en la calle no es únicamente dormir al raso, sino perder las pocas pertenencias que conservan. Por eso, también incluyen servicios de consigna que el centro mantiene en la planta baja. Otras veces, resume el empleado, “lo único que tienen cabe al lado de la cama”. Las duchas, la ropa limpia o el acceso a una cena caliente forman parte de una rutina básica que, para muchos, resulta imprescindible antes de acudir a una entrevista de trabajo o intentar mantener un empleo precario.

Esteban insiste en que el recurso tiene limitaciones y que no puede dar respuesta a todos los perfiles. Antes de acceder, cada persona pasa una entrevista previa y existen criterios específicos de admisión, como la exclusión de mayores de 65 años o de personas con patologías graves que requieren otro tipo de atención especializada.

Han llegado a recibir solicitudes de familias enteras, parejas o personas con trayectorias muy distintas que, en otros recursos sociales, se encuentran “listas de espera de hasta un año” para poder entrar. Aunque el responsable del centro apuntala que muchos de sus usuarios han podido dejar la calle, los trabajadores reconocen que a veces “es difícil lograr una mejora si no hay cambios estructurales” en la atención al sinhogarismo. “Hace falta iniciativa propia, pero también recursos reales para que el trabajo pueda dar resultados”, concluye otro de los empleados del centro. Para la visita del Papa, tratarán de no enredarse en preparativos: quieren que se los conozca sin edulcorantes.

La Federación Comarcal Sur Villaverde Alto de Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la organización Regularización Ya han presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el concejal delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández. Les atribuyen delitos por presunta prevaricación e irregularidades en la gestión del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes aprobado por el Gobierno central.

La denuncia, recogida por Europa Press, está firmada por el secretario general del sindicato, Pablo Redondo Jiménez. En ella solicita que acuerde la apertura de la correspondiente investigación y ejercite las acciones penales de los delitos que se denuncian ante la autoridad judicial que resulte competente. El sindicato sostiene que el Ayuntamiento habría obstaculizado “el acceso de miles de personas migrantes en situación administrativa irregular a los certificados de vulnerabilidad exigidos para tramitar su regularización extraordinaria antes del próximo 30 de junio”.

El escrito atribuye a los responsables municipales posibles delitos de denegación discriminatoria de prestación pública, recogido en el artículo 511 del Código Penal, y de prevaricación administrativa, tipificado en el artículo 404. Además de Almeida y Fernández, la denuncia incluye como presuntos responsables a la coordinadora general de Políticas Sociales, Raquel Muros Delgado; a la directora general de Servicios Sociales y Atención a la Discapacidad, María Consolación Alfaro Moreno; y a la jefa del Departamento de Coordinación y Programación de la Atención Social Primaria, María Pilar Benito Pecharromán.

Según la denuncia, los protocolos implantados por el Ayuntamiento desde finales de abril habrían introducido “trabas burocráticas adicionales” para acceder a los servicios sociales municipales y obtener el certificado de vulnerabilidad necesario para completar el proceso de regularización. CNT sostiene que dichas medidas afectaron especialmente a personas migrantes con dificultades idiomáticas, problemas de acceso digital o sin recursos económicos, provocando retrasos que podrían dejar fuera del proceso a numerosos solicitantes.

El Gobierno aprobó el pasado 15 de abril de 2026 el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes mediante el Real Decreto 316/2026. Entre los requisitos establecidos figura la acreditación de situación de vulnerabilidad a través de servicios sociales públicos o entidades colaboradoras autorizadas. La denuncia señala que, tras la entrada en vigor de la norma, los centros de servicios sociales municipales de Madrid no recibieron instrucciones claras durante varios días pese al fuerte aumento de solicitudes.

Posteriormente, el 21 de abril, los trabajadores sociales recibieron órdenes para cancelar citas previamente organizadas y derivar las solicitudes al sistema de Registro General del Ayuntamiento. Según el sindicato denunciante, este nuevo procedimiento añadió barreras administrativas y retrasó el acceso a los informes necesarios para la regularización.

Almeida minimiza las acusaciones: “Maniobra de propaganda”

Almeida, por su parte, ha trasladado en un acto con prensa desde Carabanchel que, aunque no conoce la denuncia, sí está seguro de que tanto él como el delegado Fernández no han cometido irregularidad penal alguna y que esto le parece “más bien una maniobra de propaganda por parte de la CNT”. Lo sustenta en que no le consta siquiera que CNT se haya dirigido de cualquier manera al Ayuntamiento de Madrid instando a que acometiera cualquier tipo de actuación en relación con el proceso de regularización.

“Este es un Estado de Derecho, que acudan a la Fiscalía, pero conviene acudir a la Fiscalía no para obtener un titular, sino cuando verdaderamente se pueda haber producido un ilícito penal. E insisto, estoy seguro de que ni el delegado ni yo hemos cometido ese ilícito penal. Así que tranquilidad total y absoluta”, expone el primer edil.

Polémicas palabras del alcalde recogidas en la denuncia

El documento de CNT se sustenta además en unas palabras del regidor después de la Junta de Gobierno municipal. El alcalde aseguró públicamente que el Ayuntamiento “no iba a colaborar” con el proceso de regularización impulsado por el Ejecutivo central. CNT considera que esas manifestaciones reflejan “una voluntad política de obstaculizar el procedimiento” y relaciona dichas declaraciones con los protocolos posteriores implantados en servicios sociales.

La denuncia subraya además que el Ayuntamiento conocía previamente la situación de saturación de los servicios sociales municipales. El escrito recoge datos internos que reflejarían esperas medias de hasta 36 días para obtener cita en servicios sociales y demoras superiores a los 50 días en algunos distritos como Villaverde, Hortaleza o San Blas-Canillejas. Pese a ello, el sindicato sostiene que el Consistorio no adoptó medidas extraordinarias de refuerzo de personal para afrontar el incremento de solicitudes derivado del proceso de regularización.

CNT solicita a la Fiscalía que abra diligencias de investigación, reclame los protocolos internos elaborados en abril y tome declaración tanto a los responsables políticos como a trabajadores sociales y personas migrantes afectadas. Entre las diligencias solicitadas figuran requerimientos al Ayuntamiento para que aporte comunicaciones internas, datos sobre citas anuladas y estadísticas de emisión de certificados de vulnerabilidad. Asimismo, el sindicato pide investigar quién elaboró y ordenó aplicar los protocolos denunciados y por qué dichos documentos carecían, según la denuncia, de firma oficial.

La plataforma Pola dignidade 0-3 ha convocado a la huelga a “todo el colectivo que trabaja con la primera infancia” el jueves 7 de mayo por “una educación digna desde el inicio”. El paro, que es de alcance estatal y han registrado los sindicatos Comisiones Obreras y CGT, exige la consideración de carácter educativo para la escolarización de entre 0 y 3 años, reducir las ratios de pequeños y pequeñas por aula y unas condiciones salariales y de horarios dignas que superen lo que califican como explotación laboral. En Galicia, los llamados a secundar la protesta son los trabajadores de las escuelas infantiles “independientemente de su titularidad” -autonómicas, municipales o privadas- y de las denominadas casas niño -un “servizo de conciliación gratuíto” que el Gobierno gallego otorga por concesión. La Xunta gestiona las competencias en la materia pero, consultada por elDiario.es, se desentiende de las reivindicaciones y carga contra el Gobierno central por “no revisar el decreto que regula las ratios pese a anunciarlo hace años”.

David Castro, portavoz de Pola dignidade 0-3, lamenta a este periódico que el Ejecutivo de Alfonso Rueda se limite a esperar por la acción del central. “Le falta perspectiva”, dice. Sobre las reclamaciones de su movimiento, explica que su intención es ir más allá de la situación laboral, que entiende como “muy mala”, a menudo rozando por abajo el salario mínimo interprofesional. “Pero eso es solo una parte del problema, que además los sindicatos llevan años reclamando”, asegura, “nosotros buscamos una visión más amplia y transversal, darle dignidad a la infancia y a las personas que cuidan”.

En Galicia, las escuelas de 0 a 3 años dependen de la Consellería de Política Social, que dirige Fabiola García y a quien se le acumulan los conflictos en residencias de mayores, centros de menores o servicio de ayuda al hogar. Sobre la huelga del 7 de mayo, el departamento de García asegura que “se demanda un marco normativo común en el primer ciclo de Educación Infantil”. Y que la Xunta destina 68 millones de euros de fondos propios a subvencionar las escuelas infantiles privadas. Esto ha generado tensiones debido entre otros asuntos a la infrafinanciación de las públicas municipales o a los criterios de admisión y ha originado que el número de niños y niñas escolarizados en las privadas supere al de las públicas. El Gobierno gallego también renunció a 22 millones de euros de fondos europeos vinculados a la creación de plazas públicas de escuelas infantiles. David Castro sostiene además que la tarifa por plaza abonada por el Gobierno gallego a las guarderías privadas es todavía la adoptada cuando se aprobó el sistema de gratuidad, en 2021, y eso repercute en los trabajadores y en los niños y niñas.

Pola dignidade 0-3 pide también que los educadores y educadoras tengan horas para preparar programación, tutorías o reuniones de personal, algo que, dice, corre ahora “de cuenta de los trabajadores”. “Tampoco hay planes específicos de formación ofertados por la Xunta”, señala. Su manifiesto de educadoras infantiles cuenta con diez puntos: 0-3 no es conciliación, es educación; condiciones laborales dignas, escuelas infantiles públicas y accesibles, cuidar es educar, ratios abusivas equivale a violencia institucional, educación inclusiva de verdad -no hay especialistas pese a que sí hay niños con necesidades educativas especiales-, contra la perpetuación de la infrafinanciación, contra la precarización de un sector feminizado y tiempos de descanso para la infancia.

Además de la huelga, el 7 de mayo habrá concentraciones a las seis de la tarde en las siete ciudades gallegas.

A sus 92 años, Nieves Claramonte nunca ha sentido la necesidad de acudir a un psicólogo, ni siquiera cuando su hija se lo propuso ante la muerte de su marido. “Y eso que la vida no ha sido nada fácil”, dice esta vecina de Castellón. No es algo extraño a su edad. Ver a personas de avanzada edad en las salas de espera de los terapeutas continúa siendo algo inusual. Los expertos señalan que todavía persisten barreras y creencias socioculturales para que este segmento de la población considere la posibilidad de pedir ayuda profesional para sobrellevar de la mejor forma posible unos vaivenes vitales que también golpean duramente en la vejez.

Claramonte, sin embargo, sí participó en unos talleres que el Ayuntamiento de su ciudad realizó para combatir la soledad no deseada, algo habitual en los programas municipales. “Quizá me haga falta ir al psicólogo, pero creo que puedo con esto yo sola, de momento”, asegura pegada al teléfono fijo. Tampoco tendría problema en hacerlo, añade. “En esta etapa cambian muchas cosas. Los hijos hacen su vida, pierdes a personas muy cercanas, pero a mí la soledad no me ha golpeado fuerte aún”.

Piensa que una misma debe afrontar los golpes de la vida: “Tienes que ser fuerte, y los malos tragos quedan en el recuerdo”. Si a algo le tiene miedo, es a la guerra que ve continuamente por la televisión. “Está muy mal la cosa. Eso sí que me preocupa”, admite.

María del Mar Aguilar, secretaria del Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha (COPCLM), señala que es habitual que los adultos mayores padezcan cambios en su salud. Esta experta que pasa consulta en Albacete y coordina programas de envejecimiento activo ubica en el “estigma generacional” la baja prevalencia de personas mayores en las consultas psicológicas. Se refiere a la nula socialización en torno a la salud mental que han experimentado estas personas, en la que el tabú prevalecía por encima de su verbalización. Prueba de ello ha sido la dificultad para encontrar testimonios en primera persona para este artículo.

Siguiendo con la forma de enfrentar el día a día de Claramonte, la terapeuta enfatiza que las personas mayores “pueden haber aprendido a ocultar su sufrimiento ante los demás para dar una imagen de dureza, como que ellos pueden con todo”. Aguilar también apunta que en las personas mayores se da cierta normalización del malestar. “Quizá piensen que el ánimo bajo o determinada sintomatología son cosas asociadas al envejecimiento y frente a las que están indefensas”, explica. En este sentido, Esther Camacho, psicogerontóloga y coordinadora del grupo de Buen Trato del Colegio de la Psicología de Madrid (COP Madrid), enfatiza que se da cierto “edadismo” al respecto.

Personas conscientes de lo que les ocurre

La presunción de la baja presencia de los adultos mayores en las consultas psicológicas está avalada por los datos. Según la última Encuesta Europea disponible, que data de 2020 y se basa en los datos del INE, solo el 3,94% de las personas de entre 65 y 74 años había visitado a un psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra en el último año, el segundo dato más bajo de los recabados. La cifra aumenta hasta el 5,17% en el caso de las personas de 75 a 84 años, mientras que de 85 años en adelante tan solo el 2,03 respondió afirmativamente, el dato más bajo.

Aguilar afirma que estas personas suelen relatar en consulta cierto malestar, una tristeza sostenida en el tiempo y síntomas de ansiedad. “Aunque pudiéramos pensar lo contrario, son perfectamente capaces de describir lo que sienten, qué tipo de pensamientos les invalidan y qué emociones les hacen sentir bien o qué comportamientos pueden realizar para que funcionen de forma adecuada”, agrega la secretaria general del COPCLM.

Lo colectivo antes que lo individual

Camacho incide en que muchas de estas personas sufren problemas de salud mental que desencadenan ciertos hitos en la vida. Argumenta esta posición en los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en octubre de 2025, que señalan que aproximadamente el 14% de los adultos de 70 años o más tienen un trastorno mental. La propia Organización lo advierte: “Las afecciones de salud mental en las personas mayores suelen infravalorarse y tratarse insuficientemente y la estigmatización que rodea a dichas afecciones puede hacer que las personas sean reacias a buscar ayuda”.

A pesar de que poco a poco su presencia es más habitual en las consultas, la psicóloga madrileña aclara que muchas de estas personas participan en los programas comunitarios y colectivos orientados a mejorar su bienestar. “Tienen más reparos para pedir ayuda a nivel individual, pero todo es más fácil si lo hacen desde otro acogimiento”, agrega.

El estrés que pueden sentir los adultos mayores tampoco es algo que se tenga demasiado en cuenta por las demás capas de la sociedad. Un dolor crónico o problemas de salud física, verse invalidados a la hora de realizar trámites del día a día complejos o hacerse cargo de los nietos en ocasiones de forma exigente son factores que pasan factura a quien los sufre. “Yo opino que un apoyo psicológico que pudiera disfrutar todo el mundo cuando llegara a la jubilación sería muy importante”, propone Camacho. De esta forma se podrían reducir las cifras del Informe Anual del Sistema Nacional de Salud, que en 2024 atestiguaba que el 35,6% de la población padece algún problema de salud mental, afección que supera el 40% en la población de 50 y más años y el 50% en los de 80 y más.

Contra la deriva farmacológica

Teresa Moratalla, psicóloga clínica y miembro de la junta directiva del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña (COPC), está de acuerdo en la falta de cultura ligada a la salud mental que suelen padecer las personas mayores, pero recalca otro factor más que hace que no se vean impulsados a ir a terapia: “Entre los profesionales a veces tenemos cierta tendencia a pensar que no merece la pena que los mayores vayan al psicólogo porque es muy difícil que cambien sus costumbres y estilo de vida”.

En su caso, la mayor parte de los pacientes de este tipo que atiende llegan preocupados por el miedo a perder sus capacidades, sobre todo psíquicas. “A veces perder la movilidad no crea tanto temor como perder la lucidez, Otros acuden con malestar generado por pérdidas concretas, de hermanos o de su compañero de vida”, ejemplifica.

Esta especialista, por otra parte, critica que se intente aplacar el malestar de una persona mayor mediante fármacos antes que con psicoterapia. Le sigue Aguilar, quien menciona que “muchas personas pueden decantarse por tratamientos farmacológicos porque de alguna manera son más inmediatos”. Por su parte, la psicóloga catalana exclama que “la intervención en centros residenciales es altamente productiva. Así podríamos ver que mucha gente que parece que está de mal humor, lo que ocurre es que están deprimidas”.

A eso se dedica Marc Montoliú, instructor durante el curso contra la soledad no deseada que disfrutó Claramonte hace un tiempo. Este psicólogo experto en envejecimiento trabaja en una residencia para personas mayores en la que enseña herramientas y recursos para mejorar el bienestar psicológico de los usuarios. “Todavía pesa mucho el estigma. Piensan que ir a terapia es estar mal, loco, pero eso también se puede cambiar a edades elevadas”, sostiene.

Mientras realizaban los talleres junto al Ayuntamiento de Castellón, una de las frases que más repetían los participantes era “ojalá haber aprendido muchos años antes” todo esto que ahora descubrían ligado al confort mental. Las sesiones de Montoliú en la residencia difieren algo de las demás. En su caso, lo que más expresan los residentes es el miedo a ser una carga para sus allegados.

Del sufrimiento invisible a la barrera económica

La psicogerontóloga del COP Madrid subraya que otro aspecto del que no se suele hablar es de las posibles situaciones de maltrato que los adultos mayores afrontan por parte de hijos o parejas, un sufrimiento que se alarga hasta el último de sus días y que no se llega a objetivar como tal. A ello se suman los suicidios. Según la OMS, las estimaciones mundiales de salud 2021 muestran que, a escala mundial, alrededor de una sexta parte de las muertes por suicidio (16,6%) se producen en personas de 70 años o más.

La psicóloga del COPCLM, Aguilar, destaca que otra frontera que deben sortear las personas mayores es la falta de recursos y accesibilidad a la ayuda, incluso por la presencia de barreras físicas. Camacho añade desde Madrid que el precio de las consultas puede ser prohibitivo, una realidad que sufre cualquier persona con ingresos humildes. “Ronda entre los 60 y 90 euros la sesión. Aunque muchos puedan ser conscientes de que un psicólogo quizá les vendría bien, no consideran que sea oportuno pagar tanto dinero para que una persona los escuche una hora”, ilustra, por lo que en muchas ocasiones acuden a entidades sociales antes que a terapeutas privados.

 Llegó Feijóo a la arena nacional para ocupar la centralidad y, cuatro años después, ha asumido con absoluta naturalidad lo que en otros tiempos hubiera sido vergonzante para cualquiera que orbite la vida pública con un mínimo de responsabilidad. Así ha abrazado la “prioridad nacional”, ese eufemismo acuñado por su socio de la ultraderecha para definir lo que, en realidad, no es más que discriminación, racismo y xenofobia. Conste que no es el único marco que el PP ha asumido por su dependencia de Vox desde que los de Abascal aterrizaron en la arena nacional. Antes, fue el expolio fiscal, la violencia doméstica, la dictadura feminista, los postulados medioambientales e incluso la justificación o el silencio cómplice del acoso y la violencia que los agitadores de guardia ejercen contra periodistas y políticos del ámbito progresista.

La realidad nacional, que niega a los extranjeros que viven entre nosotros los derechos que todos tenemos, es una expresión tan diabólica que abochorna incluso a algunos barones del PP, que se preguntan estos días qué fue de aquel propósito de Feijóo en el arranque del curso político de hace dos años, para seducir a los votantes moderados que le faltaron en 2023 para llegar al Gobierno. Recuerdan varios interlocutores genovistas que su jefe de filas les animó en diferentes reuniones a arrebatar a Sánchez banderas tradicionalmente blandidas por la socialdemocracia como el derecho a la vivienda, la conciliación familiar, los servicios públicos, las políticas sociales o las dificultades de los jóvenes para independizarse y planificar un futuro. 

En octubre de 2023, por ejemplo, reunió en Génova a las consejeras de Políticas Sociales de los gobiernos autonómicos del PP y se conjuró para llevar al centro de la agenda política los asuntos que afectan a la vida de la gente. Tres años después, el resultado es que el principal partido de la oposición, no ha tenido más estrategia que el ataque a Pedro Sánchez, un presidente al que llegó a considerar ilegítimo. Sin más proyecto ni alternativa que no fuera el no a todo, ha votado en el Congreso contra la subida de las pensiones, las ayudas para los afectados de la Dana, las subvenciones al transporte público, la subida del SMI, la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional o la prohibición de cortes de suministro a los consumidores. 

Esta misma semana, ha vuelto a hacerlo contra el real decreto impulsado por el Gobierno que permitía prorrogar, en las mismas condiciones y durante un máximo de dos años, los contratos de alquiler que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027. “Un naufragio más de nuestro eterno viaje al centro”, se lamenta un ex dirigente popular en alusión a la pregunta que solía hacerse Alfonso Guerra, con su habitual destreza para destruir al adversario con la palabra, sobre de dónde vendrían los del PP que llevan tantos años viajando al centro y no terminan de encontrarlo.

En realidad, conviene establecer una distinción entre lo que significa ganar el centro político y lo que es ganar la centralidad porque lo primero es una mera posición dentro del eje izquierda-derecha y lo segundo es algo que tiene más que ver con el discurso político y lo que es relevante llevar a la conversación pública. Perder la centralidad es perder la capacidad de influencia sobre de qué se habla y cómo se habla y es también perder el interés por lo que preocupa a la gente. Es ignorar por completo cuáles son las cuestiones públicas de urgencia.

La vivienda, sin duda, es una de ellas. Pero, a juzgar por sus intervenciones en el Congreso, a Feijóo no le inquieta lo más mínimo. Dato: entre diciembre de 2024 y abril de 2026, ni una sola de sus preguntas al presidente del Gobierno en las sesiones de control de los miércoles han tenido que ver con el asunto.

Aquí van algunos de sus desvelos semanales:

 -¿Cree que atacar a las instituciones del Estado es un comportamiento digno de un Presidente? (18/12/2024)

-¿Qué opina del funcionamiento del Gobierno de España? (12/02/2025)

-¿Le preocupa la calidad de vida de los españoles? (19/02/2025)

-¿Cree que su coalición de Gobierno es lo adecuado para la actual situación política? (26/02/2025)

-¿Va a ofrecer la información que le demandan los españoles? (19/03/2025)

-¿Ejerce usted todas las competencias que le corresponden según la Constitución? (26/03/2025)

-¿Cree que España merece la agonía de su desgobierno? (07/05/2025)

-¿Cree que un Gobierno colapsado sirve a los españoles? (14/05/2025)

-¿Cree que usted y su Gobierno pueden hacer lo que quieran? (21/05/2025)

-¿Cree que España merece tener un Presidente del Gobierno como usted? (11/06/2025)

-¿Le queda algo de respeto por los españoles? (18/06/2025)

-¿Alguna vez se va a aplicar lo que exigía a los demás? (10/09/2025)

-¿Cómo valora la estabilidad de su Gobierno? ( 17/09/2025)

-¿Cree que España tiene un Presidente del Gobierno decente? (15/10/2025)

-¿Ha renunciado a gobernar? (22/10/2025).

-¿Va a decir la verdad? (29/10/2025)

-¿Está usted actuando con la responsabilidad exigible a un Presidente del Gobierno de España? (11/02/2026)

-¿Quién sigue confiando en su Gobierno? (18/03/2026).

-¿Cuánto nos cuesta su Gobierno a los españoles? (25/03/2026)

-¿Cree que el Gobierno hace que España funcione? (22/04/2026).

Derribar la prórroga de los alquileres, como recordó el ministro Pablo Bustinduy, deja “a la intemperie” y aumenta el hartazgo de una ciudadanía, incluida la que vota PP, que ve cómo la política se desentiende de sus problemas solo por cerrazón ideológica.

En realidad no es solo la vivienda. Al PP le interesan poco o nada las políticas sociales, ante las que en esta legislatura ha desarrollado un patrón permanente de desinterés o bloqueo, como demuestra que en el Senado, donde ostenta mayoría absoluta, la Comisión de Derechos Sociales sólo fuera convocada cinco veces, en todo 2025. Una parálisis que no es casual y que, para la senadora socialista y portavoz en dicha comisión, Marta Arocha, “coherente con su manera de entender las políticas sociales”.

En un artículo publicado recientemente, la parlamentaria del PSOE recuerda que, por ejemplo, en materia de dependencia, los datos son claros: con gobiernos del Partido Popular, la financiación estatal del sistema apenas alcanzaba los 1.300 millones de euros mientras que con el Gobierno de Pedro Sánchez se ha incrementado hasta los 3.800 millones. Sin embargo, pese a este esfuerzo sin precedentes, “las peores comunidades autónomas en gestión de la dependencia siguen estando gobernadas por el PP”. Canarias, Madrid, Andalucía y Murcia presentan mayores listas de espera, mayores tiempos de tramitación y modelos de atención basados en sistemas low cost que deterioran la calidad del servicio y vulneran derechos básicos de las personas dependientes y de sus familias. “No es una cuestión de falta de recursos: es una cuestión de prioridades políticas”. añade Arocha.

Algo similar ocurre con las rentas de ciudadanía porque, tras la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, las comunidades gobernadas por el Partido Popular optaron por reducir o debilitar sus rentas autonómicas, en lugar de complementarlas, dejando a miles de personas en una situación de mayor vulnerabilidad y rompiendo la lógica de refuerzo del sistema de protección social.

Y todo responde a una concepción ideológica de menosprecio por lo público con la que más que seguir buscando el centro y la moderación que no termina de encontrar, Feijóo ha abandonado definitivamente la centralidad del debate público para llevar las obsesiones de su sincronizada mediática de guardia a la conversación diaria. Por ejemplo, ese déjà vu del traumático federal del PSOE del 1 de octubre de 2016 relatado en su día en vivo y en directo por todos los medios de comunicación y que ahora se presenta, 10 años después, como la gran revelación de la historia del periodismo contemporáneo. 

Por si hicieran falta más ejemplos, desde que gobierna Sánchez hasta hoy, el PP de Feijóo ha votado en contra o se ha abstenido 36 veces ante asuntos de gran relevancia social que afectan a la vida diaria de la gente. Por ejemplo, el decreto por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo; la prestación por desempleo para las personas afectadas por procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada basados en las causas relacionadas con el COVID-19; las medidas para apoyar a las familias y a los colectivos más vulnerables; las destinadas a hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes; el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania; el «mecanismo ibérico» que llevó a una importante reducción de los costes de la electricidad; las becas y ayudas al estudio; la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género; la transposición de la Directiva Europea sobre a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; la prórroga de bonificaciones en el IVA de los alimentos, la electricidad y el gas; la congelación de las cuotas de autónomos o las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona).

El menosprecio por las políticas sociales, las obsesiones de sus terminales mediáticas y su dependencia de Vox arrastran al partido a un camino sin retorno y muy alejado de un proyecto político ilusionante con el que conquistar siquiera a su propio electorado. 

Aragón destina en 2026 cerca de 4.800 millones de euros al conjunto de sus políticas sociales —sanidad, educación y servicios sociales—, una cifra muy similar a la del año anterior debido a una situación que se repite por tercer año consecutivo: el Gobierno de Jorge Azcón solo ha aprobado unos presupuestos propios desde su llegada en 2023 y mantiene prorrogadas las cuentas de 2024.

Según los datos del último informe del Ministerio de Hacienda, actualizado a marzo de 2026, la comunidad ha pasado de registrar una de las mayores caídas del gasto social durante la crisis a situarse entre las que más lo incrementaron en la fase de recuperación, para posteriormente moderar su crecimiento en el periodo más reciente.

La llegada de Jorge Azcón al Pignatelli ha traído consigo un escenario cambiante. Si bien el ejercicio 2024 arrancó con un fuerte impulso presupuestario —un aumento del 9,49% en políticas sociales—, la parálisis legislativa posterior ha pasado factura. Debido a la ausencia de nuevos Presupuestos para 2025 y 2026, la comunidad funciona con cuentas prorrogadas. Esto ha provocado que, en el balance acumulado hasta 2026, Aragón se sitúe como la quinta región con menor incremento relativo (9,27%), quedándose 2,5 puntos por debajo de la media nacional.

En áreas como Sanidad, el crecimiento bajo la actual administración (8,47%) es inferior a la media de las comunidades autónomas (12,11%). El informe ministerial destaca que, tras el aumento inicial de 2024, la dotación para el área sanitaria ha permanecido prácticamente inamovible, registrando incluso ligeros retrocesos técnicos en la actualización de 2025.

Aragón no es la única comunidad en situación de prórroga. Junto a ella, Baleares, Cantabria, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Valencia tampoco han aprobado presupuestos propios para 2026. Sin embargo, entre las comunidades que sí han presentado proyecto presupuestario, el crecimiento medio en gasto social supera el 11%, por encima de lo que refleja Aragón.

El Ministerio de Hacienda incorpora en sus cálculos los importes prorrogados de esas ocho comunidades para elaborar el total agregado, advirtiendo que el dato global puede no reflejar el comportamiento real de las que sí han aprobado nuevas cuentas.

De la 'tijera' de Rudi al incremento de Lambán

Entre 2011 y 2015, bajo la presidencia de Luisa Fernanda Rudi, se produjo el mayor ajuste presupuestario en Aragón. En esos años, la comunidad fue la tercera que más redujo el gasto en el conjunto de políticas sociales (sanidad, educación y servicios sociales), con un descenso del 11,88%.

La 'tijera' fue especialmente incisiva en Sanidad, donde el presupuesto de 2015 terminó siendo un 13,43% inferior al de la etapa anterior y situó a la comunidad como la segunda que más recortó en salud de todo el país. El año 2013 marcó el punto de inflexión negativo, con una caída de 391 millones de euros en un solo ejercicio que, según Hacienda, no se recuperó en los años posteriores.

Bajo la Administración de Lambán, el presupuesto sanitario solo registró un descenso anual en 2022, año en el que se redujo el gasto extraordinario derivado de la fase más crítica de la pandemia. Esta bajada se produjo tras un aumento del 13,78% en 2021. Pese a dicha reducción, la partida de 2022 se mantuvo un 8,19% por encima de los niveles previos a la crisis sanitaria (2020). Posteriormente, en 2023, la dotación volvió a subir un 13,64%, situándose como el mayor incremento anual registrado entre todas las comunidades autónomas ese año.

Educación y servicios sociales

La educación aragonesa sigue un patrón similar. Tras la fuerte recuperación en la era Lambán (+55,07%), el crecimiento actual se sitúa en el 10,44%, lo que coloca a Aragón como la sexta comunidad por la cola en este apartado.

Donde Aragón sale peor parada históricamente es en Servicios Sociales. Aunque entre 2015 y 2023 se produjo un aumento del 49,2%, fue el área donde la comunidad mostró un perfil más discreto en comparación con el resto de España, donde la media de incremento superó el 76%. Actualmente, con un aumento del 10,1% frente al 15,7% de la media nacional, la región sigue sin lograr posicionarse en la vanguardia de la protección social.

El Bisbat de Mallorca ha acudit als tribunals per a instar el desallotjament d'una família amb dos menors d'edat que resideix en un antic restaurant situat en el cim de na Burgesa, serra muntanyenca situada als afores de Palma. El local, pertanyent a la diòcesi, roman tancat al públic des de fa anys.

Després que Diario de Mallorca informés dels fets, la institució eclesiàstica ha fet públic un comunicat en què assenyala que l'edifici és propietat de la Parròquia de la Transfiguració del Senyor de Gènova i forma part d'un conjunt religiós protegit que inclou “un santuari, una capella i la imatge venerada de la Mare de Déu”, la qual cosa el converteix en “un lloc de culte i d'especial significat espiritual per a la comunitat i per al veïnat”.

A la seva nota, la diòcesi sosté que el local, que fa anys operava com a restaurant sota el nom Miranda Na Burguesa, “no aplega els requisits bàsics exigits per ser utilitzat com a habitatge”, atès que, al·lega, no disposa d'instal·lacions sanitàries adequades i manca de “condicions estructurals mínimes d'habitabilitat i de serveis essencials que garanteixin la salut i seguretat”.

Així mateix, assevera que a les seves immediacions existeixen infraestructures tècniques -com ara tendits i equips elèctrics d'alta tensió i cablejats auxiliars- que “no són compatibles amb l'ús residencial” i que, per la seva naturalesa -al·lega el Bisbat-, “poden comportar riscos per a la integritat física de les persones, especialment dels menors d'edat implicats”.

La cúria diocesana assegura que, en col·laboració amb els serveis municipals, treballa “activament en la conservació i preservació d'aquest espai”, així com en l'estudi d'alternatives que “permetin recuperar l'ús adequat del local, conforme a la seva naturalesa i en coherència amb l'entorn religiós al qual pertany”.

“Des del moment en què es va tenir coneixement de la presència d'aquestes persones, que van accedir a l'immoble malgrat trobar-se degudament tancat i delimitat, es va establir comunicació regular amb elles i s'ha vingut realitzant un seguiment continu, a través dels serveis socials diocesans, tractant d'atendre la seva situació concreta amb sensibilitat i responsabilitat”, subratlla la institució, que incideix en què, “lamentablement, malgrat les propostes alternatives i solucions ofertes de forma reiterada per les autoritats competents i pels equips socials del Bisbat, la persona adulta responsable de l'ocupació no ha acceptat les opcions d'acompanyament ni de reubicació plantejades, comprometent de forma evident el benestar i la seguretat dels menors al seu càrrec”.

La diòcesi, sota pretext d'haver-se produït una situació “indigna per als qui l'han viscut, potencialment insegura i clarament inadequada per a menors d'edat”, afirma que ha considerat necessari recórrer als procediments judicials competents, sol·licitant la intervenció de la justícia “amb la finalitat de posar fi a una situació que no sols manca de garanties, sinó que entra en conflicte amb les normes de protecció i amb el deure de cura cap als més vulnerables”.

Es dona la circumstància que el 2024 el Bisbat va interposar una denúncia contra l'empresa que explotava el restaurant per determinar qui s'havia d'encarregar de la neteja de la zona, on amb freqüència s'acumula la brutícia. La diòcesi argumentava que no disposava de mitjans per frenar la degradació d'aquest paratge més enllà de les batudes de neteja de voluntaris que de forma puntual organitza la parròquia de Gènova.

Un altre exemple de la disputa de la diòcesi per la propietat de béns immobles és el que va tenir lloc aquest mateix any contra el Monestir de Santa Isabel, al casc antic de Palma. L'Audiència Provincial de Balears va ratificar que la comunitat de religioses jerònimes era la legítima propietària del conjunt -que inclou església, convent i dos habitatges- enfront de la reclamació del Bisbat, que havia inmatriculat els terrenys el 2014 al·legant ser titular dels mateixos.

El tribunal va desestimar el recurs episcopal i va confirmar que les monges posseïen el domini “pública, pacífica i ininterrompudament” durant més de tres dècades, ordenant fins i tot la cancel·lació del seient registral que havia inscrit la diòcesi sota arguments propis de tolerància i possessió. Aquesta sentència va suposar un revés per a la institució religiosa en l'àmbit patrimonial i va obrir un debat sobre les immatriculacions i la propietat històrica de béns vinculats a comunitats religioses a Mallorca i al conjunt d'Espanya.

Mentrestant, el 2018 l'Audiència va estimar el recurs que l'Ajuntament d'Artà va interposar contra la Parròquia de la Transfiguració del Senyor -en aquest cas la ubicada en aquest municipi mallorquí- i va declarar que les muralles i patis interiors del recinte emmurallat de Sant Salvador eren propietat municipal i no eclesiàstica. El tribunal va concloure que aquests terrenys no havien estat vàlidament desamortitzats ni restituïts a l'Església en virtut de la Llei Madoz de 1855 i el Conveni signat el 1865 entre l'Administració de l'Estat i el Bisbat per concretar quins béns havien de retornar-se a l'Església, per la qual cosa va ordenar cancel·lar la inscripció registral practicada a favor de la parròquia en la mesura que indegudament incloïa béns municipals.

La sentència va revocar així la decisió de primera instància i va obligar la parròquia a abstenir-se de realitzar actes de pertorbació sobre els espais declarats de titularitat pública, mantenint únicament la propietat eclesiàstica sobre el temple i la denominada “casa donat”, transformada aleshores en un establiment d'hostaleria obert al públic.

El Obispado de Mallorca ha acudido a los tribunales para instar el desalojo de una familia con dos menores de edad que reside en un antiguo restaurante ubicado en la cima de na Burguesa, sierra montañosa situada a las afueras de Palma. El local, perteneciente a la diócesis, permanece cerrado al público desde hace años.

Después de que Diario de Mallorca informase de los hechos, la institución eclesiástica ha hecho público un comunicado en el que señala que el edificio es propiedad de la Parroquia de la Transfiguración del Señor de Gènova y forma parte de un conjunto religioso protegido que incluye “un santuario, una capilla y la imagen venerada de la Mare de Déu”, lo que lo convierte en “un lugar de culto y de especial significado espiritual para la comunidad y para el vecindario”.

Según el periódico local, la diócesis ha optado por acudir a la jurisdicción penal para recuperar el inmueble, a pesar de que la legislación ofrece vías menos lesivas para recuperar un inmueble -mediante un desahucio por precario o a través del procedimiento verbal sumario de tutela de la posesión previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil-. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Obispado para confirmar este extremo, pero no ha obtenido respuesta. La vía punitiva no se limita a dirimir un conflicto posesorio, sino que abriría las puertas a que los ocupantes sean penalmente investigados y condenados si el juzgado apreciase la existencia de un delito de usurpación.

En su nota, la diócesis sostiene que el local, que hace años operaba como restaurante bajo el nombre Miranda Na Burguesa, “no reúne los requisitos básicos exigidos para ser utilizado como vivienda”, dado que, alega, no dispone de instalaciones sanitarias adecuadas y carece de “condiciones estructurales mínimas de habitabilidad y de servicios esenciales que garanticen la salud y seguridad”.

Asimismo, asevera que en sus inmediaciones existen infraestructuras técnicas -como tendidos y equipos eléctricos de alta tensión y cableados auxiliares- que “no son compatibles con el uso residencial” y que, por su naturaleza -alega el Obispado-, “pueden comportar riesgos para la integridad física de las personas, especialmente de los menores de edad implicados”.

La curia diocesana asegura que, en colaboración con los servicios municipales, trabaja “activamente en la conservación y preservación de este espacio”, así como en el estudio de alternativas que “permitan recuperar el uso adecuado del local, conforme a su naturaleza y en coherencia con el entorno religioso al que pertenece”.

“Desde el momento en que se tuvo conocimiento de la presencia de estas personas, que accedieron al inmueble pese a encontrarse debidamente cerrado y delimitado, se estableció comunicación regular con ellas y se ha venido realizando un seguimiento continuo, a través de los servicios sociales diocesanos, tratando de atender su situación concreta con sensibilidad y responsabilidad”, subraya la institución, que incide en que, “lamentablemente, a pesar de las propuestas alternativas y soluciones ofrecidas de forma reiterada por las autoridades competentes y por los equipos sociales del Obispado, la persona adulta responsable de la ocupación no ha aceptado las opciones de acompañamiento ni de reubicación planteadas, comprometiendo de forma evidente el bienestar y la seguridad de los menores a su cargo”.

La diócesis, so pretexto de haberse producido una situación “indigna para quienes la han vivido, potencialmente insegura y claramente inadecuada para menores de edad”, afirma que ha considerado necesario recurrir a los cauces judiciales competentes, solicitando la intervención de la justicia “con el fin de poner fin a una situación que no sólo carece de garantías, sino que entra en conflicto con las normas de protección y con el deber de cuidado hacia los más vulnerables”.

Se da la circunstancia de que en 2024 el Obispado intepuso una denuncia contra la empresa que explotaba el restaurante para determinar quién debía encargarse de la limpieza de la zona, donde con frecuencia se acumula la suciedad. La diócesis argumentaba que no disponía de medios para frenar la degradación de este paraje más allá de las batidas de limpieza de voluntarios que de forma puntual organiza la parroquia de Gènova.

Otro ejemplo de la disputa de la diócesis por la propiedad de bienes inmuebles es el que tuvo lugar ese mismo año contra el Monasterio de Santa Isabel, en el casco antiguo de Palma. La Audiencia Provincial de Balears ratificó que la comunidad de religiosas jerónimas era la legítima propietaria del conjunto -que incluye iglesia, convento y dos viviendas- frente a la reclamación del Obispado, que había inmatriculado los terrenos en 2014 alegando ser titular de los mismos.

El tribunal desestimó el recurso episcopal y confirmó que las monjas poseían el dominio “pública, pacífica e ininterrumpidamente” durante más de tres décadas, ordenando incluso la cancelación del asiento registral que había inscrito la diócesis bajo argumentos propios de tolerancia y posesión. Este fallo supuso un revés para la institución religiosa en el ámbito patrimonial y abrió un debate sobre las inmatriculaciones y la propiedad histórica de bienes vinculados a comunidades religiosas en Mallorca y en el conjunto de España.

Mientras tanto, en 2018 la Audiencia estimó el recurso que el Ajuntament de Artà interpuso frente a la Parròquia de la Transfiguració del Senyor -en este caso la ubicada en este municipio mallorquín- y declaró que las murallas y patios interiores del recinto amurallado de Sant Salvador eran propiedad municipal y no eclesiástica. El tribunal concluyó que esos terrenos no habían sido válidamente desamortizados ni restituidos a la Iglesia en virtud de la Ley Madoz de 1855 y el Convenio firmado en 1865 entre la Administración del Estado y el Obispado para concretar qué bienes debían devolverse a la Iglesia, por lo que ordenó cancelar la inscripción registral practicada a favor de la parroquia en la medida en que indebidamente incluía bienes municipales.

La sentencia revocó así el fallo de primera instancia y obligó a la parroquia a abstenerse de realizar actos de perturbación sobre los espacios declarados de titularidad pública, manteniendo únicamente la propiedad eclesiástica sobre el templo y la denominada “casa donat”, transformada entonces en un establecimiento de hostelería abierto al público.

El PSOE ha anunciado este martes, que de acceder al Gobierno extremeño, pondrá en marcha un Instituto Extremeño de Servicios Sociales con el objetivo de frenar “el deterioro” acontecido en este ámbito durante la última legislatura.

El candidato del PSOE a las elecciones extremeñas, Miguel Angel Gallardo, ha afirmado a los medios, tras mantener un encuentro con representantes del Tercer Sector, que las políticas sociales han “retrocedido” en la región al romperse “el principio existente de que siete de cada 10 euros se destinasen” a este ámbito en las cuentas autonómicas.

Esta circunstancia ha propiciado que durante la última legislatura se haya dispuesto de 400 millones de euros menos “destinados a políticas sociales”, con lo que “retrocede la sanidad pública, la educación, la atención a la dependencia o el acceso a la vivienda”, ha dicho.

Frente “a este modelo de recortes” que afecta “al bienestar de los extremeños”, el PSOE aboga “por recuperar la inversión y el impulso destinados a estas políticas” pues “el tercer sector es un vehículo fundamental para el bienestar de la ciudadanía”.

“Estas organizaciones trabajan día a día en la mejora de la vida de la ciudadanía, de ahí la importancia de estos compromisos en favor del sector y de las medidas que refuercen este ámbito”, ha manifestado.

Dentro de estas medidas se encuentra la creación de un Instituto Extremeño de Servicios Sociales, al cual se le dará “rango de ley” en el objetivo de “reforzar todas las políticas sociales”. Esta iniciativa permitirá que las entidades del sector “posean una financiación más estable”, así como “la seguridad de que tendrán estabilidad a la hora de la prestación de sus servicios”, ha expresado Gallardo.

Además de ésta y otras iniciativas genéricas también se impulsarán medidas “sectorizadas”, ha manifestado, pues “no todas las organizaciones dentro del sector son de idéntico carácter”.

Decía Thomas Dye que “las políticas públicas son todo aquello que los gobiernos deciden hacer o no hacer”. Y aunque parezca una obviedad académica, la frase encierra una gran verdad que conviene recordar: las decisiones políticas también se miden por las ausencias, por lo que se posterga, se ignora o se deja caer del presupuesto. Y precisamente ahí —en ese terreno donde se decide qué se prioriza y qué se deja para después— es donde las organizaciones de la sociedad civil tenemos mucho que decir.

Durante los últimos días, desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM) hemos intensificado nuestra labor de incidencia política: reuniones con los distintos grupos parlamentarios para hablar del presupuesto regional, relevantes miembros del gobierno regional, desarrollo de propuestas de mejora en materia de empleo, servicios sociales y digitalización dentro del acuerdo “Castilla-La Mancha, Horizonte 2030”, y una insistencia tan constante como amable en algo que ya no debería ser discutible: necesitamos más inversión social, no menos, ya que la inversión social es motor de desarrollo económico y social de la región.

Las políticas públicas también necesitan ciudadanía

Las políticas públicas no surgen por generación espontánea ni se cuecen únicamente en los despachos de las consejerías, sino que son el resultado de tensiones, intereses, datos y, sobre todo, de voces que insisten. La historia de la política social en Castilla-La Mancha —como en tantas otras regiones— se ha escrito gracias a la persistencia de quienes, desde el Tercer Sector, recordamos que el progreso no se mide solo en PIB, sino también en igualdad, acceso, participación y dignidad.

Y es que las organizaciones sociales como la Red representamos la experiencia directa de miles de personas que conviven a diario con la pobreza, la exclusión o la brecha digital. Somos la línea de contacto entre la teoría y la realidad. Entre el informe y el rostro, y cuando los acuerdos de concertación social dejan fuera a las entidades del Tercer Sector —mientras sí incluyen a otros “agentes sociales” más clásicos—, se pierde una pieza clave de la realidad, no por ego corporativo, sino porque sin las organizaciones sociales, el diagnóstico socioeconómico se queda cojo y las políticas pueden cumplir objetivos, pero no cambian vidas.

Una región que no deja a nadie atrás (sobre el papel)

Castilla-La Mancha, Horizonte 2030, suena bien. Es un nombre redondo, esperanzador, lleno de futuro. Y lo cierto es que el documento nace con buena intención y perspectivas, ya que si bien la región ha crecido mucho, y necesitará crecer a mucha mayor velocidad para acercarse a la media nacional, y por ello, esta política nace con el compromiso de coordinar esfuerzos para garantizar un desarrollo sostenible y cohesionado, primer requisito para crecer, aunque si en ese horizonte no caben las personas en situación de pobreza o exclusión (es necesario incluir a ese 34,2% de la población en el diagnóstico), si el bienestar no se mide desde la base, corremos el riesgo de llegar al 2030 con una estrategia ejecutada y demasiada gente descolgada por el camino.

Desde EAPN-CLM hemos planteado propuestas muy concretas en áreas clave que tienen que ver con el refuerzo de los servicios sociales públicos, el empleo inclusivo o la digitalización justa.

La incidencia política no es activismo: es democracia

Algunas personas todavía se sorprenden de que las organizaciones sociales hagan “incidencia política”, como si opinar sobre políticas públicas fuera una intromisión en el sacrosanto terreno de la política institucional, pero precisamente es lo contrario: participar, proponer, evaluar y fiscalizar es el ejercicio básico de la ciudadanía democrática. Es precisamente esa participación ciudadana lo que distingue a las democracias de otros sistemas de gobierno.

Nuestro trabajo no es de oposición, sino co-constructores de políticas, aportando evidencias y propuestas sopesadas, no eslóganes pegadizos; diálogo, no confrontación. Lo hacemos desde la convicción de que la pobreza no se erradica solo con caridad, sino con estructuras sólidas, decisión y compromiso. Nuestra tarea no es dar discursos, sino abrir conversaciones incómodas, y para ello hay que recordarle al poder que la exclusión social no se resuelve con discursos inspiradores, sino con políticas coherentes, lo haremos amablemente, sí, pero con firmeza.

¿Y por qué insistimos tanto?

Porque cuando las instituciones se olvidan de mirar hacia abajo, las desigualdades crecen hacia arriba; porque si no se escucha a quienes trabajan cada día en los barrios, en los centros sociales o en los programas de inserción, la política se convierte en un juego de despacho; y porque —como solemos repetir con una sonrisa medio cansada— no somos ONG “de pancarta”, sino de propuesta.

Nuestra incidencia no se basa en la queja, sino en la evidencia y el dato. Queremos una región más justa, sostenible y digital, sí, pero también más humana. Y eso se consigue con grandes planes estratégicos y también con pequeñas decisiones presupuestarias, con sensibilidad política y con diálogo real.

Sabemos que insistir en aumentar el presupuesto social no es la manera más popular de ganar titulares. Pero si lo hiciéramos al revés —si pidiéramos menos inversión, menos derechos o menos equidad—, seguro que habría cola para escucharnos.

Así que seguiremos siendo esa voz incómoda pero necesaria, la que se cuela en las reuniones y en los presupuestos, la que recuerda que la pobreza no es un fenómeno natural, sino una consecuencia de decisiones humanas.

Y lo haremos con el optimismo que da saber que cada avance, por pequeño que sea, mejora la vida de alguien. Porque otro mundo no solo es posible: está en marcha. Lo construimos cada día, desde cada entidad, cada barrio y cada persona que se niega a aceptar la desigualdad como paisaje.

El BNG quiere que la Xunta de Galicia asuma, con financiación propia y del Estado, los servicios de ayuda al hogar que ahora prestan los ayuntamientos en concesión a empresas privadas. Como primera paso hacia ese objetivo ha anunciado este lunes que presentará una enmienda al proyecto de Orzamentos de 2026 para que la partida destinada a ese fin aumente en 15 millones de euros y esto repercuta en las trabajadoras -es un sector fuertemente feminizado y precarizado- al subir su salario de 12 a 17 euros la hora, 20 en 2027. “El Gobierno de Alfonso Rueda está descargando responsabilidades en los ayuntamientos”, señaló la portavoz nacionalista Ana Pontón, “la situación del SAF [Servizo de Axuda no Fogar] es insostenible y no se puede mirar para otro lado”.

El de los servicios de ayuda en el hogar -12.300 empleadas que atienden unos 24.000 usuarios en toda la comunidad- es solo uno de los múltiples conflictos a los que se enfrenta la Consellería de Política Social. Todavía la semana pasada, el sindicato mayoritario, CIG, convocó una huelga de su personal que regisstór, según la central, un elevado seguimiento. La Xunta no valoró su incidencia, tampoco a preguntas de elDiario.es, pero las protestas de las empleadas no se detienen. Para el BNG, son la Xunta de Galicia y el Estado los que, “tal y como recoge la Ley de Dependencia”, deben financiar íntegramente el servicio, no los consistorios.

Más allá de las administraciones que lo sufraguen, para los nacionalistas El ejecutivo autonómico debe asumir la ayuda en el hogar. La vía que entienden sería la adecuada consiste en su integración en el Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, como lo están escuelas infantiles, centros de día o algunas residencias de mayores. “Los concellos no tienen capacidad financiera para garantizarlo y cualquier que persona que lo necesite tiene derecho a ser atendido en su domicilio”, señaló Pontón, quien expuso una última propuesta de su formación: la constitución de un servicio gallego de bienestar, “un Sergas social, concebido como una red pública de cuidados”.

La orientación de la actual Consellería de Política Social, dirigida por Fabiola García, va en otra dirección. Lo denunció la líder del BNG. Acusó a García y Rueda de “privatizar el modelo de cuidados” y añadió que, “cada vez que la vejez se convierte en un negocio, pasan cosas tan graves como las que estamos viendo en las residencias de mayores”.

La CIG, sindicato mayoritario en el sector, ha asegurado que la “práctica totalidad” de las trabajadoras convocadas a la huelga en las escuelas infantiles privadas o de gestión indirecta de 0 a 3 años, centros de menores y atención a la discapacidad la ha secundado. Y eso que, aducen, los servicios mínimos decretados por la Xunta de Galicia fueron “totalmente abusivos”. Según los cálculos de la central sindical, solo pudieron ejercer su derecho a huelga el 30% de las empleadas -son profesiones altamente feminizadas y precarizadas- pero lo hicieron. Este periódico solicitó a la Consellería de Política Social una valoración de la jornada pero de momento no ha recibido respuesta.

Eran unas 5.000 personas las interpeladas por el llamamiento de la CIG a un paro. Convenios dignos y mejores condiciones laborales eran sus principales reivindicaciones. “Es necesario cuidar a quien cuida porque hay mucho personal de incapacidad laboral precisamente por la penosidad con la que ejerce su trabajo”, declaró uno de los delegados sindicales de Aspanas, una asociación de personas con discapacidad intelectual de Ourense. El apagón informativo, especialmente en los medios públicos autonómicos, fue llamativo.

Aunque las entidades en las que trabajan los huelguistas son privadas o de carácter social, la mayoría responden a convenios y conciertos con el Gobierno gallego. Las trabajadoras piden a Política Social que intermedie, “es su papel por estar privatizados servicios que dependen directamente de ella”. “Lo que está haciendo en estos momentos son remiendos, aprobar subidas en los acuerdos con algunas asociaciones de atención a la discapacidad para que estas puedan aplicar ahora incrementos salariales de los convenios estatales”, añade el sindicato convocante.

Los conflictos laborales y salariales atraviesan el ámbito, extenso y complejo, de los servicios sociales en Galicia. Unas 15.000 trabajadoras -el sector es uno de los más feminizados del mundo del trabajo- están llamadas a la huelga contra la precariedad por el sindicato mayoritario, la CIG. Las de los servicios de ayuda al hogar, residencias y centros de día -unas 10.000- este martes, 4 de noviembre, y las de escuelas de educación infantil privadas o de gestión indirecta, centros de menores y de atención a la discapacidad -sobre 5.000-, el jueves, 6 de noviembre. Mejoras en sueldos que a menudo bordean por abajo el salario mínimo, convenios de marco gallego y condiciones dignas para ellas y para los usuarios centran sus reclamaciones.

Aunque la mayoría dependen de empresas privadas o asociaciones del tercer sector, entienden que su interlocutor y responsable es la Xunta de Galicia. La Consellería de Política Social convenia y deriva hacia esas firmas buena parte de los servicios de geriatría, dependencia o menores de la comunidad. “Es, digamos, su principal cliente”, explica Carlos Alján, secretario nacional de CIG-Servizos, “por eso queremos que haga sentarse a la patronal y negociar unas condiciones dignas”. Alján describe el empleo en ayuda al hogar y residencias de mayores como feminizado y precarizado. Sus convenios colectivos están caducados desde 2012 y 2023, respectivamente. Lo mismo sucede, indica el sindicalista Henrique García, de CIG-Ensino, en educación infantil de 0 a 3 años, en los centros de menores y en atención a la discapacidad, convocados a la huelga el 6 de noviembre.

A esa jornada se han sumado dos sindicatos minoritarios, la Central Unitaria de Traballadores (CUT), con presencia en menores, y el Sindicato Nacional de Ensino Privado de Galicia (SNEP). “La reivindicación es acabar con la precariedad laboral y salarial en cuidados y educación”, señala García. Según los datos que maneja, entre el 70 y el 80% de las trabajadoras de los tres sectores llamados al paro cobran el salario mínimo interprofesional o por debajo. Horas y jornadas abusivas, complementos de peligrosidad o nocturnidad que no se reconocen, semanas laborales de atención directa sin horas para preparar el trabajo en educación infantil, convenios desfasados. Son unas mil empleadas y empleados de entre 70 y 80 centros de menores, más de 2.000 de 270 escuelas de educación infantil y otros tantos en centros de atención a la discapacidad.

“Sus condiciones apenas mejoran el Estatuto del Trabajo en jornada o vacaciones”, añade, “y eso que hablamos de servicios esenciales que debieran ser públicos”. No lo son. El Gobierno gallego otorga concesiones y convenia con entidades privadas -con ánimo de lucro o sin él. García lamenta que además use ese sistema evadir responsabilidades. Por un lado, Política Social dice a los sindicatos que dirijan sus reclamaciones a las empresas en las que la propia Política Social delega los servicios sociales. Por el otro, la consellería de Fabiola García defiende que, por ejemplo, las residencias construidas por la Fundación Amancio Ortega y donadas a la Xunta responden a “una figura de gestión pública” aunque ceda su funcionamiento a grupos privados.

“Cabreo monumental”

“El cabreo entre las trabajadores es monumental”, acierta a resumir Henrique García, quien, al igual que Alján, denuncia los servicios mínimos abusivos que dificultan el ejercicio del derecho a huelga. En algunos casos -sucede en las residencias- del 100%, lo que se traduce en una significativa paradoja: “Es una perversión, a veces hay más gente trabajando en un día de huelga que en un día normal”. Los sindicatos han llevado esta estrategia a los juzgados en más de una ocasión y han ganado. Pero la conselleira Fabiola García no se da por aludida. “Está metida en el búnker. Desde 2023 no nos recibe, y se lo hemos solicitado incluso con firmas”, finaliza el sindicalista.

Los mayores residentes en la Vivienda Comunitaria Jardín de Amoeiro (Ourense) estaban sucios. También sus instalaciones. No había alimentos en las neveras y el menú se reducía a patatas y leche. Uno de sus trabajadores era migrante sin papeles. La Xunta de Galicia, gobernada por el Partido Popular, la clausuró el 1 de octubre tras la denuncia de un familiar de uno de los empleados. Apenas tres semanas antes, una inspección rutinaria no había detectado ninguna de estas graves deficiencias. “Procedimos a su cierre inmediato tras una inspección de los servicios sociales de nuestra comunidad”, dijo la conselleira de Política Social, Fabiola García, obviando la primera e infructuosa visita al lugar. No es el único incendio que afecta a las amplias y diversas materias que gestiona su departamento. Los conflictos se le multiplican a García en residencias, servicio de ayuda al hogar, menores o ayudas a la discapacidad, y distintos sectores critican la falta de interlocución. Política Social, en respuesta a preguntas remitidas por este periódico, afirma que “siempre apuesta por el consenso y el diálogo con todas las entidades sociales y demás organizaciones”.

No habían pasado ni 15 días, la conselleira respondía en el Parlamento de Galicia a las preguntas del BNG sobre lo sucecido en la vivienda comunitaria de Amoeiro y transcendía que la inspección había clausurado otra, San Gabriel, esta en Xinzo de Limia (Ourense). Ambas son de titularidad privada. Al contrario que en el primer caso, esta vez el Gobierno gallego sí informó de lo que había detectado en el local: 15 residentes en unas instalaciones con capacidad reconocida para diez. El BNG se preguntaba en el Hemiciclo “cuántos Amoeiros más están esperando a ver la luz” y exigía la dimisión o cese de García. A la situación de estas viviendas comunitarias, de propiedad privadas aunque sometidas a vigilancia pública, se suman otros problemas y deficiencias a los que se enfrenta Política Social en atención a los mayores.

Psiquiátricos en residencias

El ingreso de pacientes psiquiátricos en residencias públicas de la tercera edad ha generado un enorme malestar entre usarios y trabajadores. “Es una situación gravísima”, evalúa para elDiario.es la sindicalista Marta Regueiro, de la CIG, “personas de 90 años, algunas dependientes, que conviven con otras de 50 años y diagnosticadas de esquizofrenia en centros de 200 residentes. La gente tiene miedo”. Regueiro recuerda que la propia Xunta prometió soluciones al respecto pero estas no se materializan. “Cada vez llegan más pacientes psiquiátricos”, denuncia, a residencias que carecen de médicos especialistas y de empleadas y empleados formados para tratar con ellos.

Inspección de Trabajo ha colocado el foco sobre esta situación. Según publicó este periódico la pasada semana, uno de sus informes sobre el Centro Residencial de Atención a Persoas Dependentes número 1 de Vigo alertaba de que la violencia generada por los ingresos de enfermos psiquiátricos en centros de ayores “pone en riesgo la vida, la integridad física y la salud mental de las trabajadoras”. La Xunta asegura que ya ha instaurado algunas de las medidas solicitadas por el ministerio -este le dio cuatro meses para hacerlo- pero los sindicatos aseguran que no saben nada. También chocan a la hora de dimensionar la cuestión. El Gobierno gallego sostiene que solo el 1,7% de usuarios de residencias públicas responde al perfil de paciente psiquiátrico, pero fuentes del sector explican que en la de Vigo, por ejemplo, son casi la mitad. Y esto sucede en centros públicos, cuyas condiciones laborales y estructurales son objeto de denuncia sindical una y otra vez.

“Las enfermeras son escasas”, aduce Regueiro. Y las plazas. Son unas 5.000 las que oferta la red pública, sobre un total disponible de 22.865. La Organización Mundial de la Salud recomienda cinco plazas por cada 100 habitantes de más de 65 años. En Galicia harían falta unas 14.000 nuevas para cumplirlo. Y fortalecer el sistema público parece lejos de las prioridades del Gobierno de Alfonso Rueda. Ninguno de los sucesivos gabinetes del PP, primero con Feijóo y desde 2022 con Rueda al frente, ha abierto un centro público. El último fue Volta do Castro, en Santiago de Compostela en 2007. Ni siquiera las siete residencias que la Fundación Amancio Ortega donará a la Xunta contribuirán: aunque su titularidad será gubernamental, su gestión saldrá a concurso. La Fundación de Estudios y Análisis se ha hecho ya con el control de las de Santiago de Compostela y Lugo. La Consellería de Política entiende que se trata de “una figura de gestión pública” empleada por todas las administraciones, incluidas algunas gobernadas por Partido Socialista y BNG como la Deputación de Lugo o los concellos de Pontevedra y Santiago de Compostela. Mientras, ha desbloqueado la construcción de una residencia en Ribeira (O Barbanza, A Coruña): lo ha hecho cinco días después de la moción de censura con la que el PP le arrebató al BNG la alcaldía de la localidad y tras meses de parálisis.

Ausencia de diálogo

También ha tardado años en atender las demandas de las trabajadoras y trabajadores de los servicios de ayuda en el hogar, que sufraga en parte la Xunta y ofrecen los ayuntamientos a través de concesiones a compañías privadas. Las empleadas y empleados reclaman sobre todo mayor seguridad en su día a día. “La consellería descarga todo en la Fegamp [Federación Galega de Municipios e Provincias] y se desentiende”, señala David Gontán, coordinador del Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia. Un empleado de un concello del interior de Galicia lo expone gráficamente: allí, las trabajadoras del Servizo de Axuda ao Fogar siempre van acompañadas, “esto es una buena praxis”, pero no porque lo diga la ley autonómica, “la Xunta no obliga a hacerlo, ni siquiera lo aconseja”, sino por iniciativa propia de ese municipio.

El pasado mes de julio en O Porriño, la situación tantas veces denunciada por los sindicatos derivó en tragedia. Un usuario asesinó a una cuidadora del servicio de ese ayuntamiento. Ella misma había advertido del peligro al que se enfrentaba y el mismo día de su muerte comunicó a la empresa, Aralia, que renunciaba por acoso a su puesto de trabajo. Demasiado tarde. El suceso colocó de nuevo en primer plano las exigencias de las trabajadoras. Política Social ha anunciado que dotará al servicio de un “protocolo contra la violencia en el ámbito laboral, sea psicológica, física o sexual”. Lo hace tras solicitarlo la mesa de trabajo impulsada por la Fegamp.

“Falta alguien al mando”, no duda en afirmar Gontán, “llegan alertas por todos los lados”. Los trabajadores y trabajadoras sociales se encuentran en el centro de no pocas de las políticas dependientes de la consellería que dirige Fabiola García. “Nunca recibió al Colexio de Traballo Social y eso que es la profesión que vertebra la política social, la puerta de entrada”, asegura. Percibe un patrón: un gobierno de la materia de espaldas a la población y a las profesionales del sector. Como ejemplo coloca el “vaciado” del Consello Galego de Benestar“, un órgano participativo y asesor en el que se sentaba asociaciones y entidades. Política Social rechaza la acusación y asegura que ”lo ha rediseñado“ para que tenga ”un mayor perfil técnico“.

Esta queja sobre la falta de interlocución se repite en diferentes sectores. Las 42 entidades, más de 7.000 socios, que conforman Fademga (la federación gallega de asociaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo), la hicieron pública.

“Los servicios sociales como gasto, no como inversión”

“El sector atraviesa una situación límite por la falta de actualización de los módulos económicos del concierto social y la ausencia de respuesta política por parte de la Xunta”, decía el comunicado que remitieron a los medios de comunicación. Según su versión, la raíz del problema era precisamente esa: la falta de financiación y lo que denominan ausencia de diálogo institucional. Las subidas salariales del convenio colectivo (10%) y del salario mínimo (18,4%), además de la inflación (10,5%), hacen que la propuesta del Gobierno gallego, una súbida de entre el 5,4% y el 7,88% de los módulos del concierto social, “resulta completamente insuficiente para garantizar la viabilidad de los servicios y la estabilidad del personal”. Solo la amenaza de movilizaciones logró resultados: el pasado 27 de octubre Fademga anunciaba que habían alcanzado un acuerdo y suspendía las protestas. “El Gobierno va a hacer frente a los costos derivados de los convenios colectivos”, asegura la consellería, que carga contra el Ejecutivo central por, dice, reducir su aportación a la atención de personas dependientes y con discapacidad“.

“La consellería ve los servicios sociales como un gasto, no como inversión. Hablan de sistema público-privado pero en realidad es privado”, afirma David Gontán, “hace tiempo que solicitamos reuniones y nada. La última vez fue por su mala gestión del ataque al centro de menores de Monforte de Lemos, el señalamiento”. No obtuvieron respuesta. La Xunta de Alfonso Rueda ha obedecido las consignas de Génova y obstaculizado el acogimiento de menores de edad migrantes. Habló de “aluvión” y denunció el reparto de refugiados decretado por el Gobierno central ante el Tribunal Consitucional. Amnistía Internacional acusó a Política Social de “criminalizar y señalar” a todo un colectivo y le instó a rectificar. Cuando dos individuos lanzaron cócteles molotov al centro de Monforte, Rueda intentó victimizarse y dijo que la oposición de BNG y PSdeG usaban discursos de odio contra él. El sistema de protección de menores, dicen trabajadoras sociales, educadoras o psicólogas, está saturado y “deja fuera a quien lo necesita”.

La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha pedido destinar el coste del pago de la deuda de las comunidades autónomas a inversión en políticas sociales, que solo en 2024 experimentaron un recorte de 2.364 millones. A la cola de inversión económica en políticas sociales por habitante en 2024 se encuentran Andalucía (3.158 euros), Cataluña (2.941 euros) y la Comunidad de Madrid (2.703 euros).

Así se desprende del estudio realizado por la entidad social, según el cual desde 2010 el dinero destinado a Sanidad, Educación y Servicios Sociales ha bajado 8,3 puntos. El coste de la deuda ha aumentado en 2024, según la asociación, en 315 millones de euros respecto al año anterior, llegando hasta un 15,29% del presupuesto total de las comunidades autónomas, con un coste de 40.640 millones de euros, “el doble de lo que se gasta en Servicios Sociales y un 50% de lo que se dedica a Sanidad”.

En consecuencia, consideran que la reducción del coste que supondría la quita de casi 85.000 millones de euros de la deuda de las comunidades autónomas, permitiría “un gran refuerzo de las políticas sociales en sanidad, educación y servicios sociales (dependencia), incrementando sus presupuestos para recuperar recortes que se han producido en los últimos años”.

Para la asociación de directores y gerentes, la desigualdad en los servicios de las comunidades queda “patente” y sitúa a la Comunidad de Madrid como la que menos invierte en políticas sociales con 574 euros menos por habitante que la media nacional, seguida de Cataluña (2.940,8 euros por habitante) y Andalucía (3.158). Navarra (4.500), País Vasco (4.343,5) y Extremadura (4.124,1) son las de mayor inversión por habitante.

Según se desprende del estudio, si en el año 2010 dos de cada tres euros eran destinados a estas políticas, en el año 2024 se han reducido en 8 puntos porcentuales la cantidad destinada a educación, sanidad y servicios sociales. Esta tendencia se “ha agudizado en 2024”, según directores de Servicios Sociales, donde se produjo un incremento de los presupuestos de las comunidades autónomas de 9.753 millones y, sin embargo, “sólo el presupuesto destinado a políticas sociales se redujo en 2.364 millones”.

Según los datos aportados en el informe, entre 2014 y 2020, se han ido registrando aumentos en los presupuestos liquidados del conjunto de las comunidades autónomas y en los años siguientes, impulsado por los presupuesto del Estado, “ha ido aumentando hasta los 159.339,8 millones en 2023”.

Sin embargo, el estudio ha alertado de “un parón en 2024 y 2025 por la ausencia de los Presupuestos Generales del Estado”, a lo que hay que sumar una tendencia a la baja desde el año 2010, donde el porcentaje del presupuesto dedicado a este tipo de políticas fue de 67,4%, mientras que en el año 2024 fue de 59,1%.

Los gerentes en servicios sociales consideran que, aunque la “crisis sanitaria y social provocada por el Covid 19 demostró la importancia del gasto en servicios públicos esenciales de sanidad, educación y servicios sociales”, el incremento del gasto en estas políticas gestionadas por las comunidades autónomas “sólo ha sido del 14,5% entre 2020 y 2024, mientras que el aumento del gasto en el resto de políticas fue el 62% en ese mismo periodo (4,5 veces más)”. Ello “evidencia la pérdida de peso específico del gasto social en las comunidades autónomas”, han alertado.

La Asociación admite que en los últimos cinco años, todas las CCAA han aumentado su inversión por habitante en políticas sociales, sin embargo, no todas lo han hecho de la misma manera. Entre ellas destaca Extremadura (+37,9%), Canarias (+35,7%) y Navarra (+35,3%) y en el otro extremo se encuentra Cataluña, Murcia y Madrid.

Las diferencias en el gasto por habitante en políticas sociales entre comunidades autónomas oscilan entre 2.703 euros en la Comunidad de Madrid y 4.500 euros en Navarra o 4.343 euros en País Vasco. Entre las comunidades de Régimen Común, destacan Extremadura (4.124 euros), Asturias (3.960 euros) y Cantabria (3.702 euros). A la cola de inversión económica en políticas sociales por habitante en 2024 se encuentran Andalucía (3.158 euros), Cataluña (2.941 euros) y la Comunidad de Madrid (2.703 euros).

El mayor descenso en el porcentaje del presupuesto destinado a sanidad se produce entre el año 2012 y el 2024, al pasarse del 37,3% del total de las comunidades autónomas al 30,9% (6,4 puntos menos). En educación esta diferencia se encuentra entre el 23,9% del presupuesto que recibió en el año 2010, y el 20,4% en 2024 (3,5 puntos menos). Los servicios sociales fue la única política social que ha visto incrementar el porcentaje que recibe de los presupuestos autonómicos, aunque “sólo” con 5 décimas más en 2024 (7,8%) que en 2011 o 2019, cuando supuso el 7,3%.

La entidad ha destacado que en los últimos cinco años la estabilidad económica ha permitido poder destinar presupuesto a otras áreas de gasto y no al pago de la deuda que “sólo” se ha incrementado en 29,14 euros por habitante, “al contrario que en otros momentos de la serie histórica donde se produjeron importantes aumentos”.

“Sin embargo”, los gerentes han alertado de “el mayor aumento en los presupuestos en el último quinquenio no ha ido a politicas sociales sino a otras políticas y los presupuestos de las CCAA son cada vez menos sociales”.

Así, según los datos aportados, si el aumento en el resto de políticas fue de un 42,1%, en el total de las políticas sociales se aumento un 28,2% --39,2% en Servicios Sociales, 30,1% en Sanidad y 27,1% en Educación--.

Pero han recordado que 2024 el coste de la deuda ha aumentado en 315 millones de euros respecto al año anterior, llegando hasta el un 15,29% del presupuesto total de las comunidades autónomas, con un coste de “40.640 millones de euros, el doble de lo que se gasta en Servicios Sociales y un 50% de lo que se dedica a Sanidad”.

España siempre ha sido un país de voluntarios. Muchas personas han querido ayudar cuando otras estaban en su peor momento, lo hemos visto hace días durante los incendios forestales, pero antes lo vimos en la limpieza del chapapote procedente del ‘Prestige’ en las costas de Galicia, en los peores momentos de la pandemia con el reparto de comida, o en la limpieza del lodo en las poblaciones más afectadas por la DANA de Valencia. 

Sin embargo, últimamente vemos cómo esa ayuda está cargada ideológicamente de ideas ultraliberales, casi rozando eslóganes fascistas como aquello de ‘solo el pueblo salva al pueblo’. Consignas que en el fondo esconden el rechazo a la regulación y al gasto público. Hoy hablamos con Yolanda, Joan y Jorge, tres personas que ante estos desastres se lanzaron a ayudar a los demás, para entender mejor qué les impulsó a actuar y qué sensación les ha dejado esta experiencia. Beatriz Muñoz, periodista del elDiario.es en Galicia, ha colaborado en la producción de este episodio.

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El presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, y el de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), Ángel Nicolás, han hecho un llamamiento a las empresas de la región para que marquen la conocida como 'Casilla Solidaria', con el objeto de ceder el 0,7% del impuesto de sociedades que pagan a proyectos sociales.

Romero y Nicolás han hecho esta petición tras presentar en Toledo la campaña 'Casilla Empresa Solidaria' que, desde que se implantó en 2019 en la región, no ha dejado de dar buenos resultados: si en 2023 fueron 1.341 empresas de la región las que marcaron esa casilla solidaria, el pasado año lo hicieron 11.594.

“Hemos subido un 765%. Castilla-La Mancha se ha situado ahora mismo como la quinta autonomía con mayor incremento de empresas adheridas a la campaña”, ha celebrado Romero, que preguntándose si ese dato es suficiente, ha añadido que es preciso mejorar la estadística.

En 2024 se recaudó más de 1,2 millones de euros

En cuanto a la recaudación ha detallado que si en 2023 se recaudaron 807.000 euros, el año pasado aumentó a 1.214.000, un 198% más, un crecimiento, ha apostillado, que se ajusta a la tendencia nacional, donde se ha pasado de 33 en 2019, a 83 en 2023.

Dicho esto, ha explicado que con esos fondos las entidades que conforman el Tercer Sector gestionan proyectos a través de las convocatorias que saca la Consejería de Bienestar Social.

“El año pasado, gracias a esta recaudación, fueron más de 506 proyectos los que se pusieron en marcha y se pudieron beneficiar 213 entidades. Pero lo que es más importante, llegamos a más de 800.000 personas en situación de vulnerabilidad”.

El responsable del Tercer Sector en la región ha recordado que las empresas que suscriban la casilla 73 del modelo 200 o la 69 del modelo 220 obtendrán el sello de Empresa Solidaria, “que viene a refrendar esa sensibilidad y el compromiso de las empresas con los valores sociales y con las personas más vulnerables de la región”.

Mientras, Ángel Nicolás ha agregado que la firma de este convenio es un paso más en la trayectoria de colaboración con el Tercer Sector, al que quieren dar continuidad a través de actuaciones nuevas.

“La Comunidad revoca la orden por la que se contemplaba la adquisición de viviendas para la acogida de menores extranjeros no acompañados. Rectificar es de sabios. No volverá a suceder”. Con estas palabras la consejera de Política Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia, Conchita Ruiz, no solo ha dejado en el aire el destino de los sesenta menores del centro de acogida Rosa Peñas en la pedanía murciana de Santa Cruz que pretende clausurar a petición de Vox, también ha supuesto una nueva vuelta de tuerca en la relación entre el Partido Popular y los de Abascal en esta Comunidad.

“[A la consejera] le faltó decir ‘sí, mi amo’”, ironiza Juan José Escribano, codirector del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP) de la Universidad de Murcia (UMU). Una rectificación con sabor a “lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir”. Mientras el rey emérito se disculpaba por cazar elefantes en Botsuana, la consejera murciana ha pedido perdón por intentar mejorar las condiciones de los niños migrantes que están a cargo del Gobierno Regional.

El pasado martes, Vox lanzó un ultimátum al Partido Popular en la Región de Murcia. Santiago Abascal, a través de sus redes sociales, advirtió al Gobierno Regional de que la Comunidad no tendría presupuestos si procedía a la compra de inmuebles para la acogida de menores. Dicho y hecho: dos horas más tarde la Consejera retiró la orden. Ruiz, que presumía de que cerraba el Rosa Peñas citando recomendaciones hechas por la Unión Europea, Unicef y el Ministerio de Infancia y Juventud en materia de acogimiento, ahora no sabe dar una respuesta sobre cuál será el destino de estos niños. El consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, sí que ha adelantado que, junto a Política Social, pondrá en marcha un “comité técnico para intentar la reagrupación familiar en sus países de origen de los menores no acompañados”, a pesar de que las competencias de deportación recaen sobre el Estado. De nuevo, otra petición de Vox satisfecha.

El proyecto de compra de viviendas estaba financiado con fondos europeos y no habría costado ni un solo euro a las arcas regionales, pero los de Abascal lo han utilizado para presumir de que Vox pone a los españoles “primero”: “Invertir es gestionar y priorizar, y saber dónde va cada euro”, ha señalado el portavoz del partido de extrema derecha en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, durante la votación del debate a la totalidad de la Ley de Presupuestos el pasado jueves. La norma salió adelante con la abstención de Vox, quienes han asegurado a este diario que estarán “vigilantes”.

Chantaje

“Nos estamos acostumbrando lamentablemente a que el PP agache la cabeza”, señala el también codirector del CEMOP Ismael Crespo. “La forma de actuar de Vox está basada en el chantaje. Si no les gusta algo, se enfadan, firman y rompen acuerdos”.

Mientras, los populares consienten. Todo por cerrar las cuentas de este 2025, siete meses después de que comenzase el año: “Es una obsesión de todos los presidentes autonómicos del PP. Si tienen presupuestos, pueden reprocharle a Pedro Sánchez que el Gobierno Central no tiene”, describe Escribano.

Los problemas surgieron cuando, para poder cerrar unas cuentas en Murcia, el único aliado que el PP se planteó fue Vox: “En nuestro barómetro, el 74% de los murcianos estaba de acuerdo en que los presupuestos se hubieran pactado con el PSOE. Pero para el PP eso no era posible, les habría quitado legitimidad para criticar a Sánchez. En estos presupuestos se ha pensado más en política nacional que en la regional”, apunta el codirector del CEMOP.

“Estamos viendo una agenda opuesta a la nacional en muchos sentidos. El Gobierno central no tiene presupuestos, la legislatura continúa. En Murcia tendremos presupuestos a final de julio, pero la legislatura quedará muerta a efectos prácticos. El PP no va a hacer nada y, por tanto, Vox no tendrá que apoyar nada”, vaticina, por su parte, Crespo. “Hay una correlación extraordinaria entre gobiernos de coalición y falta de producción legislativa. Esto ha pasado en otras comunidades. En general, los gobiernos de coalición estables tienen una gobernabilidad escasa”.

La cuestión es que, una vez el PP tenga los presupuestos de la Región de Murcia en la mano, deberá plantearse si ha pagado un precio demasiado alto por ello, y si es posible dar marcha atrás. “En otras comunidades el PP tiene más claro a nivel estratégico que no le interesa estar a las órdenes de Vox porque le puede pasar factura de cara a unas elecciones”, señala Escribano. “Al PP no le está funcionando su estrategia en Murcia. Con ese ‘no volverá a suceder’ de la consejera, el PP se ha puesto a disposición de la extrema derecha. Es una auténtica bajada de pantalones”.

“Nunca he logrado entender por qué el PP quiere ser amigo de alguien que se le quiere merendar”, observa Crespo. Mientras, Vox “busca el conflicto” y mantiene visible su agenda a golpe de titular. “Vox necesita posturas de fuerza porque tiene un grupo de seguidores muy hooligans. Difunde discursos muy sencillos, casi automatizaciones. El populismo es eso: respuestas fáciles a problemas complejos”.

“Van a seguir poniendo en su agenda temas que remueven los sentimientos de la gente, un discurso de amigo o enemigo, blanco o negro. Van a tratar por todos los medios transmitir que el PP no es capaz de hacer lo que tiene que hacer”, abunda Escribano.

En esta línea, el líder de Vox en la Región de Murcia ha convocado una concentración por la agresión sexual de una menor en Alhama de Murcia, presuntamente perpetrada por un migrante. Ha aprovechado la manifestación para repetir uno de sus eslóganes de campaña: “Con Vox ni una menor más desprotegida, ni un criminal más en nuestras calles”. Mientras, nada dice el acuerdo de presupuestos firmado con el PP sobre la violencia contra las mujeres. De hecho, en febrero de este año Vox de comprometió a eliminar las partidas económicas destinadas a lo que llaman “la ideología de género”.

Crespo, por su parte, recuerda que el nivel de conocimiento por parte de la opinión pública sobre la negociación de los presupuestos es “nulo”: “No sabe ni que hay unos presupuestos ni que están pactados con Vox. Sí que saben que Abascal, por así decirlo, se ha plantado contra la inmigración”.

PP y Vox, en pugna por el mismo electorado

De acuerdo con el último barómetro del CEMOP, en la Región de Murcia un 67% del electorado de la formación de extrema derecha es competitivo con los espacios que ocupa el PP: ideológicamente, el 28% de los electores actuales de Vox se ubican en una posición de centro y un 39%, en la derecha tradicional. Solo el resto, el 33%, se sitúa en la extrema derecha. En otras palabras, los de Vox tienen mucho electorado común a los populares.

En los próximos meses es previsible que los de Abascal continúen centrando sus esfuerzos en la Región en difundir mensajes sobre seguridad e inmigración, “la pasta”, como define Crespo, que une a la extrema derecha en España y Europa. “Une a personas que, desde el punto de vista estrictamente ideológico, no podemos considerar de extrema derecha. En un mundo lleno de incertidumbre, mucha gente recurre a este patriotismo trasnochado”.

PSOE, ni reforzado ni perjudicado

Al margen de esta disputa por los presupuestos se ha quedado el PSOE. El secretario general de los socialistas en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha repetido a lo largo de este año que mantenía “la mano tendida” para negociar unos presupuestos con los populares. Llegó a ofrecer votar a favor del techo de gasto “sin líneas rojas ni condiciones”. No surtió efecto, solo consiguió, como el resto de partidos de la oposición, una reunión con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que el mismo Lucas calificó de “paripé”.

“Es una estrategia correcta, mostrarse como un partido de estado y colaborar. Podría haber funcionado si no estuvieran batallando con otras sobrevenidas a nivel nacional”, teoriza Escribano, en alusión a los casos de corrupción en los que se ven envueltos los dos últimos secretarios de Organización del PSOE.

“Desde el punto de vista pragmático, podemos decir que la oferta del PSOE era inexistente. Si hubieran querido realmente negociar unos presupuestos, habrían llevado las cuentas a la Asamblea y habrían negociado propuestas”, reprocha Crespo.

Migración: causa y disolución de acuerdos entre PP y Vox

Las acciones de Vox dificilmente pueden considerarse un pulso, pues nunca han llegado a encontrar resistencia por parte de los populares. En septiembre de 2023 ambas partes firmaron un acuerdo de gobernabilidad. La negociación de este pacto, al igual que la de los presupuestos de este año, vino in extremis y coordinada desde Madrid: se cerró a tan solo una semana de terminar el plazo, y entre el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el líder de Vox en la Comunidad, José Ángel Antelo, solo hubo una conversación a través de la red social X -antes conocida como Twitter-, que duró unas cuatro horas.

El acuerdo no duró ni un año. El líder de Vox, Santiago Abascal, anunció el pasado julio que ponía fin a la coalición que mantenía con los populares en cinco comunidades autónomas por la acogida de menores migrantes: En el caso de la Región de Murcia, se trataba del acogimiento de 16 niños y niñas por parte del Gobierno regional, parte de un acuerdo ya rubricado con el Gobierno central en 2022. “No quieren comunidades autónomas. Si algún día ganase Abascal, las extinguiría. Por eso, no es de extrañar que tome la iniciativa en las interacciones con los Gobiernos regionales”, explica Escribano.

“Si ellos [Vox] mantuvieran las acciones en la Región de Murcia, las noticias morirían en el acto. Pero al trasladarlas a nivel nacional pueden retratarse a sí mismos como guardianes de la patria”, añade Crespo.

Centrándonos estrictamente en el acuerdo de los presupuestos de este año, no es la primera vez que Vox amenaza con su extinción. El pasado 22 de marzo Santiago Abascal condicionó su apoyo a los presupuestos murcianos a la eliminación del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. Días después, el presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, registraba una moción para dar la “posibilidad” al Partido Popular de “mostrar el rechazo a ese convenio que se ha implementado en la Región de Murcia”.

En funcionamiento desde hace más de una década tanto en la Región de Murcia como en el grueso del resto de Comunidades Autónomas, el Programa nació de un acuerdo entre el Gobierno de España y la Embajada del Reino de Marruecos en vigor desde 1985. Los objetivos del plan son la enseñanza de la lengua árabe y la cultura marroquí al alumnado marroquí y no marroquí escolarizado en centros de educación primaria y secundaria.

Pese a la longevidad del programa, Vox confesó que no exigió su retirada antes porque desconocían “el grado de aplicación que estaba teniendo en los centros educativos de la Región de Murcia”. También defendieron que, pese a que el programa no es competencia de la Comunidad, la Región de Murcia “puede o no aplicar el convenio”, lo que contraviene a lo estipulado por el propio programa: “Se trata, (...) de un programa de carácter estatal, no transferible a las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, pero cuya aplicación compete a las mismas”.

Prevención en violencia, sensibilización, empoderamiento y acompañamiento. Son los cuatro ejes desde los que operan los espacios de igualdad de Madrid, una red de 18 centros municipales en 17 distritos distintos que en los últimos 20 años se ha convertido en un referente para la pedagogía feminista y la vida social de las mujeres en la ciudad. Solo en 2024, este servicio atendió en sus diferentes iniciativas y actividades a 15.598 personas, 13.583 de ellas mujeres. En este contexto, la nueva estrategia del área de Familias, Políticas Sociales e Igualdad del Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida consiste en unificar los recursos de igualdad y los de la lucha contra la violencia de género.

Es lo que se desprende del borrador de la Estrategia de Igualdad entre mujeres y hombres de la ciudad de Madrid 2025-2028, lanzado en mayor por el Gobierno de Cibeles. El departamento que dirige el edil José Fernández defiende que el rediseño permitirá incluir nuevos centros municipales de atención a víctimas en los distritos con más carencias, reduciendo burocracia y distancias a los puntos de asistencia.

Para representantes del movimiento feminista en la capital, incluidas trabajadoras de los propios espacios de igualdad que gestiona el Consistorio, creen que en la práctica la fusión de ambos servicios implica en cambio “desmantelar” los servicios y reducir el número total de instalaciones. Según señalan, la capital cuenta ahora con 18 espacios de igualdad, cinco recursos de violencia de género no urgente y uno urgente. Con las modificaciones, pasaría a disponer de 21 Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM) y un recurso urgente. Los 24 centros actuales se quedarían en 22, además de erradicar los lugares que asisten a mujeres no necesariamente víctimas.

“No van a existir recursos públicos específicos destinados a la igualdad”, lamentan desde la recientemente creada Plataforma en Defensa de la Red de Espacios de Igualdad de Madrid, integrada por participantes, empleadas y colaboradoras de estos servicios. Apostillan que, el pasado año, “el 14% de las mujeres que acudían a los espacios presentaban indicadores de violencia de género”. El resto no dispondrían de un lugar específico al que asistir: “11.649 mujeres no habrían visto cubiertas sus demandas asociadas a otros malestares de género”.

Es una revictimización. No solo se deja fuera a las mujeres que no han sido víctimas de violencia de género, sino que las que la han sufrido no pueden acudir a otros servicios que las ayuden a relacionarse y compartir su experiencia más allá de la condición de víctima

Dos mujeres que desarrollan su actividad profesional en estos espacios de igualdad, las cuales prefieren no dar su nombre por temor a represalias, desarrollan en conversación con Somos Madrid los diferentes efectos del nuevo modelo planteado. Antes de entrar en cuestiones de índole laboral o práctica, apuntan al componente “estigmatizador” que comporta reducir todos los espacios del ámbito a la lacra de la violencia de género: “Se trata de una revictimización. No solo se deja fuera a todas las mujeres que no han sido víctimas directas de la violencia de género, sino que las que la han sufrido no pueden acudir a otros servicios que las ayuden a relacionarse y compartir su experiencia como mujeres más allá de la condición de víctima”.

Además, inciden en el componente preventivo que suponen estos espacios de igualdad para prevenir y detectar dicha violencia: “Generan una red de apoyo en las mujeres, a la vez que desarrollan una importante labor de formación y pedagogía, para las propias mujeres pero también con iniciativas dirigidas a que los hombres entiendan y traten de eliminar las diferentes formas de violencia que pueden ejercer”.

Temor a despidos y recortes del servicio

A las implicaciones de este enfoque se une que, según estas trabajadoras sociales, en la práctica supone suprimir funciones que asumen los espacios de igualdad. Es el caso del área de desarrollo laboral o la de sensibilización, lamentan. Otras, como la asistencia psicológica, serían “reformuladas o reducidas” para dirigirse únicamente a las víctimas de violencia de género.

Las mujeres que dan su testimonio a este diario aseguran que “ninguna de las personas que estamos en los espacios de igualdad tenemos el puesto asegurado”. En ellos están contratadas alrededor de una quincena de personas: orientadoras sociolaborales, abogadas, psicólogas, dinamizadoras y personal administrativo. “No sabemos qué va a pasar exactamente, si solo nos reubicarán a los espacios de violencia, si habrá despidos o si dependerá de cada caso”, explican.

Desde el área de Políticas Sociales, Familias e Igualdad se defienden en declaraciones a este periódico: “El plan no plantea ningún recorte, como acusa falsamente la oposición, sino que refuerza los servicios existentes, en la línea del trabajo de los últimos años. El presupuesto ha pasado de 19 millones en 2019 a 29 millones en 2025, los profesionales de los espacios de igualdad se han incrementado un 36% en los últimos seis años y los de la red de atención a violencia machista un 46%”.

“Una de las 98 medidas consiste en la creación de los nuevos CIAM en los 21 distritos, que integrarán en un único recurso servicios que ahora se prestan en tres tipos de centros: los tres Puntos Municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género (PMORVG), los 2 centros de atención psicosocioeducativa (CAMPSEM) y los espacios de igualdad. De esta forma, prestaciones que hasta ahora se localizan en distritos concretos pasarán a ofrecerse en cada uno de ellos para que ninguna mujer tenga que hacer grandes desplazamientos para recibir el apoyo que necesite. Se pretende evitar el absentismo a las citas, que alcanzó el 30% en 2024”, argumentan estas fuentes municipales.

Cada distrito construye comunidad de una manera. La cercanía y la pluralidad son dos fortalezas que crean tejido comunitario. Los proyectos han echado raíces y ahora los quieren destruir

“El Ayuntamiento acerca así los servicios a mujeres víctimas de violencia machista, al tiempo que mantiene el ADN de los espacios de igualdad, con actividades en el ámbito de la promoción de la mujer, la prevención de la violencia de género, la sensibilización y el trabajo comunitario”, añaden. Aluden a “un amplio proceso participativo” en la elaboración del borrador, con participación de “todas las áreas de gobierno, distritos y organismos autónomos, así como los equipos profesionales y usuarias de los espacios de igualdad y de la Red Municipal de Atención a Víctimas de Violencia Machista”.

Según las profesionales de estos centros que dialogan con Somos Madrid, por contra, con el nuevo diseño de la estrategia se pierde “el anclaje a los territorios”, ya que “cada espacio de igualdad ha conseguido un arraigo con los distritos y las personas que viven en ellos”. Esto permite que una proyección o una charla se adapte a las particularidades de Vallecas, o las problemáticas propias de Fuencarral. “Cada distrito construye comunidad de una manera. La cercanía y la pluralidad son dos fortalezas que crean tejido comunitario. Los proyectos han echado raíces y ahora los quieren destruir”, sentencian.

Las reclamaciones de los espacios de violencia de género, “instrumentalizadas”

Uno de los principales argumentos del Ejecutivo de Almeida es que la nueva estrategia implantará unas mejoras repetidamente demandadas desde los espacios de asistencia a víctimas de violencia de género. Trabajadoras de ellos han venido reclamando en repetidas movilizaciones inversiones en el servicio y mayores medios. “Vemos interrumpidas constantemente charlas importantes o íntimas con una trabajadora porque solo existen espacios multiusos, y la gente entra y sale sin parar”, criticaban en su manifestación del pasado 25-N (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer).

Las empleadas de espacios de igualdad consultadas hablan de que esas exigencias han sido “utilizadas e instrumentalizadas por el Ayuntamiento de Madrid”. Dicen que “van a seguir contando con recursos manifiestamente insuficientes”, a la par que se cercenan un conjunto de espacios con un papel fundamental en la prevención de las distintas formas de violencia de género.

En este contexto, esperan contar con el respaldo de los centros dedicados a la violencia de género en la primera protesta organizada contra los nuevos criterios del Consistorio. Ha sido convocada el próximo martes 24 de junio por la propia Plataforma en Defensa de la Red de Espacios de Igualdad.

Será a las 9.00 junto al Palacio de Cibeles, coincidiendo con el pleno en el que los diferentes grupos municipales debatirán la estrategia que pretende emprender el área delegada que lidera el concejal José Fernández. “Si puedes, ven vestida de negro y con algún pañuelo de lunares rojo y blanco”, avisan sobre una protesta “impulsada por la plantilla pero también por las propias usuarias”.

20 años de trayectoria frente a una “ola reaccionaria que llega al Ayuntamiento”

Las trabajadoras creen que el marco que prepara el equipo de Almeida responde a una “ola reaccionaria global que llega también a este Ayuntamiento”. Inciden en que los espacios de igualdad se han desarrollado en la capital durante los últimos 20 años “con total normalidad, aunque en esas dos décadas la izquierda solo ha gobernado en Madrid durante el mandato de Manuela Carmena”.

La traducción de esta reacción en el Ejecutivo municipal tiene, según estas empleadas, un nombre propio: Ana Fernández. Se trata de la actual directora general de Igualdad y contra la Violencia de Género en el área de Familias. Llegó a su puesto en 2020, en sustitución de Rosa Gómez. “Desde entonces se percibió un cambio. Nuestro trabajo parecía que ya no importaba o incluso molestaba”, apunta una de estas trabajadoras sociales. “Nos han ido cortando las alas poco a poco, con cosas a priori tan insignificantes como censurarnos la publicación de un poema feminista en redes sociales”, denuncian.

Critican de esta manera el borrador del área de Familias, que desde su punto de vista “no tiene sentido”: “Hacen un diagnóstico profundamente positivo de la situación, porque claro, depende de ellos. Y a continuación, plantean una nueva estrategia que en la práctica supone destrozarlo todo”.

Por ello, dicen, las tendrán en frente: “Este puede ser un paso más para seguir subrogando y privatizando servicios que son imprescindibles. Ya lo ha hecho la Comunidad de Madrid en los colegios, donde han dejado de contar con nosotras para que empresas o entidades privadas asuman charlas que antes dábamos desde este recurso público”.