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Las trabajadoras del servicio de ayuda en el hogar piden mejoras en su convenio: “Quieren consolidar la precariedad”

Una trabajadora asiste a una persona mayor.

Las trabajadoras del servicio de ayuda en el hogar, consideradas esenciales durante la pandemia, están negociando un nuevo convenio colectivo en Galicia. El sindicato CIG denuncia que las propuestas de la patronal son “exiguas” y que buscan “consolidar la precariedad laboral y salarial” y llama a una protesta el próximo martes coincidiendo con la reunión de la mesa de negociación en Santiago de Compostela.

Transi Fernández, secretaria nacional de CIG-Servizos, manifiesta que las ofertas que ha trasladado la patronal son “discriminatorias” para las trabajadoras. Plantean dos tablas de incrementos salariales distintas en función del tiempo que dure el contrato administrativo en estos servicios, que dependen de los ayuntamientos.

Para las licitaciones actuales, expone, proponen una subida del 6,5% para 2022, pero un “miserable” 1% para los siguientes años, hasta 2026. En los contratos de nueva adjudicación, sin embargo, los empresarios proponen aumentos del 6,5% para 2022; del 5,5% para 2023; del 1,5% para los dos años siguientes; y del 1% para 2026.

“Si las trabajadoras de un ayuntamiento tienen la suerte de que el contrato con la empresa adjudicataria termina este año, podrán tener un aumento de sus salarios en 2023 del 5,5%. Pero en esta situación se encuentran pocos contratos y, mientras no salga la nueva concesión, las empresas solo aplicarán el 1%”, critica. Fernández destaca que se podrían dar situaciones como que en dos municipios limítrofes las trabajadoras cobren distinto por “el simple hecho de acabar antes el contrato administrativo”.

La sindicalista rechaza otras propuestas de la patronal: “Retrasan la reducción de la jornada de 30 horas a partir de diciembre de 2026; en las licencias ofrecen migajas; y en las compensaciones por los desplazamientos, en los que las trabajadoras usan sus vehículos particulares, proponen 0,22 euros por kilómetro”.

La CIG, que indica que hay más de 5.000 trabajadoras de estos servicios en Galicia, recuerda que este servicio, “feminizado y precarizado”, es esencial y que recibió esa consideración durante la pandemia y defiende que se les debe reconocer ahora con una “mejora sustancial de las condiciones laborales y salariales”. Ahora es habitual que los contratos sean a tiempo parcial, pero que se hagan horas de más.

El sector está con el convenio sin actualizar desde 2011 porque la patronal se disolvió, en lo que la CIG considera “un intento de dejar sin efecto el convenio gallego y pasar al estatal, de condiciones inferiores”. El sindicato avisa de que, si no hay avances, endurecerán las protestas en las próximas semanas.

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