15.000 trabajadoras bajo la gestión de la Consellería de Política Social, llamadas a la huelga contra la precariedad

Los conflictos laborales y salariales atraviesan el ámbito, extenso y complejo, de los servicios sociales en Galicia. Unas 15.000 trabajadoras -el sector es uno de los más feminizados del mundo del trabajo- están llamadas a la huelga contra la precariedad por el sindicato mayoritario, la CIG. Las de los servicios de ayuda al hogar, residencias y centros de día -unas 10.000- este martes, 4 de noviembre, y las de escuelas de educación infantil privadas o de gestión indirecta, centros de menores y de atención a la discapacidad -sobre 5.000-, el jueves, 6 de noviembre. Mejoras en sueldos que a menudo bordean por abajo el salario mínimo, convenios de marco gallego y condiciones dignas para ellas y para los usuarios centran sus reclamaciones.

Aunque la mayoría dependen de empresas privadas o asociaciones del tercer sector, entienden que su interlocutor y responsable es la Xunta de Galicia. La Consellería de Política Social convenia y deriva hacia esas firmas buena parte de los servicios de geriatría, dependencia o menores de la comunidad. “Es, digamos, su principal cliente”, explica Carlos Alján, secretario nacional de CIG-Servizos, “por eso queremos que haga sentarse a la patronal y negociar unas condiciones dignas”. Alján describe el empleo en ayuda al hogar y residencias de mayores como feminizado y precarizado. Sus convenios colectivos están caducados desde 2012 y 2023, respectivamente. Lo mismo sucede, indica el sindicalista Henrique García, de CIG-Ensino, en educación infantil de 0 a 3 años, en los centros de menores y en atención a la discapacidad, convocados a la huelga el 6 de noviembre.

A esa jornada se han sumado dos sindicatos minoritarios, la Central Unitaria de Traballadores (CUT), con presencia en menores, y el Sindicato Nacional de Ensino Privado de Galicia (SNEP). “La reivindicación es acabar con la precariedad laboral y salarial en cuidados y educación”, señala García. Según los datos que maneja, entre el 70 y el 80% de las trabajadoras de los tres sectores llamados al paro cobran el salario mínimo interprofesional o por debajo. Horas y jornadas abusivas, complementos de peligrosidad o nocturnidad que no se reconocen, semanas laborales de atención directa sin horas para preparar el trabajo en educación infantil, convenios desfasados. Son unas mil empleadas y empleados de entre 70 y 80 centros de menores, más de 2.000 de 270 escuelas de educación infantil y otros tantos en centros de atención a la discapacidad.

“Sus condiciones apenas mejoran el Estatuto del Trabajo en jornada o vacaciones”, añade, “y eso que hablamos de servicios esenciales que debieran ser públicos”. No lo son. El Gobierno gallego otorga concesiones y convenia con entidades privadas -con ánimo de lucro o sin él. García lamenta que además use ese sistema evadir responsabilidades. Por un lado, Política Social dice a los sindicatos que dirijan sus reclamaciones a las empresas en las que la propia Política Social delega los servicios sociales. Por el otro, la consellería de Fabiola García defiende que, por ejemplo, las residencias construidas por la Fundación Amancio Ortega y donadas a la Xunta responden a “una figura de gestión pública” aunque ceda su funcionamiento a grupos privados.

“Cabreo monumental”

“El cabreo entre las trabajadores es monumental”, acierta a resumir Henrique García, quien, al igual que Alján, denuncia los servicios mínimos abusivos que dificultan el ejercicio del derecho a huelga. En algunos casos -sucede en las residencias- del 100%, lo que se traduce en una significativa paradoja: “Es una perversión, a veces hay más gente trabajando en un día de huelga que en un día normal”. Los sindicatos han llevado esta estrategia a los juzgados en más de una ocasión y han ganado. Pero la conselleira Fabiola García no se da por aludida. “Está metida en el búnker. Desde 2023 no nos recibe, y se lo hemos solicitado incluso con firmas”, finaliza el sindicalista.