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La Xunta cederá a entidades privadas la gestión de las residencias pagadas por la Fundación Amancio Ortega

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, habla con la presidencia de la Fundación Amancio Ortega, Flora Pérez, durante la entrega de la residencia de Santiago.

Beatriz Muñoz

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La Xunta renuncia a que la gestión de las residencias de mayores que va a pagar la Fundación Amancio Ortega en Galicia sea pública. Habrá en “próximas semanas” un proceso de licitación para que se ocupen de ello entidades privadas en las dos primeras de las siete que habrá en total. Lo anunció la conselleira de Política Social, Fabiola García, que ha asegurado que el objetivo es que las adjudicatarias sean “entidades sociales sin ánimo de lucro”.

Cuando, hace 15 días, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acudió a un acto para escenificar la entrega del primero de estos centros, en el barrio compostelano de O Castiñeiriño, insistió en el mensaje de que los edificios, una vez construidos con fondos de la fundación del principal accionista de Inditex, se integrarían en la red pública. En realidad lo harán solo en parte y la gestión va a depender de estas entidades sin ánimo de lucro.

El primer paso se va a dar con las residencias de Santiago de Compostela -ya terminada- y de Lugo. Fabiola García indicó que se va a licitar su gestión, un proceso que estará culminado, según la conselleira, en el primer trimestre de 2024. Están también en construcción los centros de A Coruña, Pontevedra y Ferrol, mientras que los de Ourense y Vigo se encuentran en fase de tramitación urbanística, según dijo la Xunta en la presentación del primer edificio finalizado.

La Xunta se ha felicitado por la iniciativa de la Fundación Amancio Ortega para construir esta red en las siete principales ciudades gallegas y lo ha presentado como un éxito, a pesar de que ni la construcción ni el funcionamiento posterior van a estar en sus manos. La Consellería de Política Social asegura que, como parte de la red pública autonómica, el acceso a estos centros y las cuotas que tienen que pagar los mayores que vivan en ellos estará regulado igual que en las residencias públicas. No contesta a la pregunta de por qué elige este modelo y se limita a señalar que, por el momento, el proceso se pondrá en marcha para dos de los centros.

La residencia de Santiago tiene 120 plazas, las mismas que las previstas para la de Lugo. Con el centro compostelano, Rueda aseguró que las plazas públicas totales en Galicia son 15.000, pero en esta cifra incluye las completamente públicas y las concertadas en centros privados. El número continúa lejos del que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según un informe publicado a principios de año por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Galicia necesita otras 14.000 plazas para llegar a las cinco por cada 100 habitantes de más de 65 años que se aconsejan.

De acuerdo con un informe del Laboratorio Envejecimiento en red del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Galicia está a la cola en la ratio entre las plazas en residencias de mayores y los potenciales usuarios. Hay 3,3 plazas por cada 100 personas con 65 años o más, según los datos a septiembre de 2022. Hay 11 comunidades en las que la ratio es mejor. Galicia es la tercera comunidad con más porcentaje de población por encima de 65 años: representan el 26,1% de los habitantes, mientras que son el 26,2% en Castilla y León y el 27,2% en Asturias. En estos dos territorios hay 7,7 y 5,5 plazas de residencias por cada 100 mayores, respectivamente.

El informe confirma el peso de la iniciativa privada en el sector. El 77,4% de todas las plazas que hay en Galicia son privadas y solo el 22,6% son públicas. Es decir, de un total de 22.865 plazas, hay más de 17.700 en manos privadas y menos de 5.200 en manos públicas. En Pontevedra y Ourense el porcentaje que controlan las empresas privadas supera el 80%.

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