La Xunta desbloqueó su gran proyecto en Ribeira a los cinco días de la moción de censura que devolvió al PP a la alcaldía

El proyecto estrella de la Xunta en la localidad coruñesa de Ribeira —la primera residencia de mayores de su nuevo modelo post pandemia, que tendría que haber abierto las puertas este mismo otoño— llevaba meses paralizado por el supuesto riesgo de inundación en la parcela elegida, algo que el Gobierno local, del BNG, achacaba en realidad a maniobras políticas de un PP que no asumía haber perdido una alcaldía que consideraba suya desde hace casi cuatro décadas. Sin embargo, fue suficiente una moción de censura que desalojase al alcalde nacionalista para que, en sólo cinco días, Política Social contase con otras tantas ubicaciones alternativas y se comprometiese a destinar un millón de euros a la construcción del centro en los presupuestos autonómicos que este lunes llegaron al Parlamento.

Ribeira, ubicada en la cara norte de la ría de Arousa, era un feudo popular desde 1987. Con sus 27.000 habitantes fue, durante el período 2019-2023, el segundo concello gallego más poblado gobernado por el PP, sólo por detrás de Arteixo y sus 33.000 vecinos. Por eso, perder el bastón de mando en las últimas municipales fue algo más que un duro golpe para la formación conservadora. Al regidor, Manuel Ruíz Rivas —antiguo portavoz en el Parlamento— no le bastó alcanzar 10 concejales, a sólo uno de la mayoría absoluta, ya que el resto de fuerzas —los expopulares del PBBI y el PSOE—apoyaron la investidura del nacionalista Luís Pérez Barral.

Mientras el joven regidor intentaba marcar un nuevo estilo, la imagen pública del municipio —o, más bien, la publicada— cambiaba rotundamente de un día para otro. Pasó de ser “una localidad importante para Galicia”, como la había definido poco antes Feijóo, a convertirse en protagonista casi exclusiva de noticias negativas, tanto en los medios públicos como en el ecosistema de los privados próximos al PP. El caldo de cultivo para la moción de censura comenzó a cocinarse pronto y, en el ecuador del mandato, gracias al giro de tres de los cinco ediles del PBBI —y ya con Ruíz Rivas en el Senado—, María Sampedro se hacía con el bastón de mando. De la decena de censuras impulsadas por los populares en la comunidad, seguramente haya sido la más simbólica.

Una anécdota puede servir para ilustrar lo sucedido. El pasado mayo, el grupo independiente PBBI —por aquel entonces, socio de gobierno del BNG— presentaba una moción de urgencia en el pleno municipal para tratar el anuncio de paralización de la residencia de mayores. La conselleira de Política Territorial —y exconcejala del PP en la localidad—, Fabiola García, había aprovechado para lanzar la bomba la entrega de premios de otro departamento, el de Medio Ambiente, en Corrubedo, el impresionante parque natural del municipio. El motivo, las nuevas restricciones impuestas por el Gobierno tras la DANA de Valencia que, según decía, impedían la construcción en zonas inundables.

En aquel pleno de mayo, la concejala del PBBI Herminia Pouso consideró lo sucedido “una burla a los ribeirenses”. Cuatro meses después, Pouso se convertía en una de las tres ediles de la formación que pactaban con el PP una moción de censura para arrebatar el gobierno al nacionalista Pérez Barral.

El cambio se consumó el lunes 13 de octubre. Ese mismo sábado, García acudía a la localidad a fotografiarse con la nueva alcaldesa, la popular María Sampedro, y a anunciar que su departamento estaba evaluando las cinco nuevas propuestas de parcelas que el ayuntamiento había remitido para levantar la residencia. “De este modo, la conselleira reafirma el compromiso del Gobierno gallego con este proyecto para el cual se reserva un millón de euros en los presupuestos de 2026”. Para dejar claro que la propuesta partía del nuevo ejecutivo, la titular de Política Social posaba abrazando una carpetilla con el logo del Concello, de la que asomaban varios folios. Cinco días, bien aprovechados, dan para mucho. Incluso para conseguir de la Consellería de Sanidade compromisos frente a la falta de médicos en el centro de salud después de meses de infructuosas protestas vecinales

La residencia modelo

Tras la pandemia, la Xunta había prometido repensar su sistema de residencias y proponer un nuevo modelo. Lo hizo sin prisa y no fue hasta más de un año después, en octubre de 2021, cuando dio las primeras pistas: unidades de convivencia de un máximo de 25 personas y humanización de los espacios. Pero ya antes, en agosto, el todavía presidente Núñez Feijóo había anunciado que el primero de esos centros, el que serviría de modelo para todos los que viniesen después, se levantaría en Ribeira, “una localidad importante para Galicia”. Lo harían allí “por un compromiso explícito con el rural, que es donde viven la mayor parte de nuestros mayores”.

En noviembre de 2023, la Xunta recogía una comparecencia de García en el Parlamento, en la que —además de destacar los siete centros previstos por la Fundación Amancio Ortega en cada una de las ciudades gallegas— “recordó que en estos momentos están en construcción las nuevas residencias públicas de Antas de Ulla y Ribeira, la primera que aplicará el nuevo modelo de cuidados de manera íntegro y a la que se destinarán 10 millones de euros”. Siendo generosos, puede decirse que aquella afirmación no era exacta. Lo que se podía estar desarrollando entonces en la parcela cedida por el gobierno de Ruíz Rivas era un trabajo previo a la construcción del nuevo edificio: la demolición de la discoteca Hesta Kurba.

En febrero del pasado año, la prensa fijaba otoño de 2025 como la fecha en la que la residencia comarcal abriría sus puertas. Las obras de derribo habían finalizado y en ese mismo mes debía entregarse ya el proyecto constructivo. Se estimaba que el papeleo burocrático quedaría listo en mayo y las máquinas podrían entrar a trabajar en junio. Ya entonces se daba por hecho que la inflación haría que el coste pasase de los 10 millones de euros iniciales a unos doce. La residencia se levantaría en una parcela de 7.000 metros cuadrados frente a la playa de Coroso, lo que permitiría que todas las habitaciones —la mitad de ellas, individuales— disfrutasen de vistas al mar.

Pero todo cambió en junio en medio de una entrega de premios a escolares. Allí, entre galardón y galardón, la conselleira anunció que había enviado al ayuntamiento una petición formal de nueva ubicación para el futuro centro porque “después de la DANA en la Comunidad Valenciana, el Gobierno central está modificando la normativa para restringir la edificación en zonas como la actual, que tiene riesgo de posible inundación”. El mismo riesgo que ya existía, según los mapas de Xunta y Ministerio, cuando Política Social consideraba el emplazamiento “privilegiado”. Pérez Barral, aún alcalde, contestaba entonces que, según el visor de la demarcación Galicia-Costa, se podía observar que la parecela “no va a ser afectada por aguas al menos en 500 años”.

Nada de eso sirvió y, en una carta al regidor, García le reclamaba “a la mayor brevedad posible” nuevas propuestas de parcelas municipales en las que poder levantar la residencia. Porque, oficialmente, Política Social nunca dejó de apostar por su proyecto estrella para Ribeira.

De vuelta a la misma oposición desde la que había impulsado la cesión de la parcela original a la Xunta, Pérez Barral no daba crédito a lo sucedido y advertía una clara maniobra política tras todos esos movimientos, que vinieron precedidos por “meses de parálisis y de excusas injustificadas por parte del Goberno galego”. Ese “bloqueo”, aseguraba, muestra “un trato discriminatorio hacia los ayuntamientos con gobierno diferentes al PP”.

Horas después de la foto de García y la nueva alcaldesa, el exregidor recordaba que había solicitado “en numerosas ocasiones” reunirse con la conselleira para “desbloquear” un proyecto al que sólo le faltaba un último informe, a su entender, también “bloqueado” por el ente Augas de Galicia. Los nacionalistas aseguran que hicieron al menos trece peticiones de encuentro y que todas fueron rechazadas por Política Social.

Esa amarga queja es la que entona ahora Pilar García Porto, la alcaldesa socialista de Antas de Ulla (Lugo), donde se ubica la otra residencia pública de cuya construcción presumía García en aquel pleno del Parlamento de noviembre de 2023. Esas obras finalizaron en febrero y ya han salido a concurso tanto el mobiliario como la gestión de las instalaciones. Mientras, García Porto asegura llevar nueve meses esperando una reunión con Política Social para hablar de la puesta en marcha del centro. Tras una moción de censura, hubo quien consiguió esa cita en sólo cinco días.