El cuerpo de Haitam Mejri, fallecido durante una intervención policial en Torremolinos (Málaga) el pasado 7 de diciembre, presentaba “un número total de 86 lesiones externas objetivables”, incluyendo traumatismos “de alta energía”, compresión cervical y descargas eléctricas en torso y flancos. Así se recoge en un informe del doctor Aitor Curiel, médico especialista en Medicina Legal y Forense, elaborado a petición de la familia, que recoge los signos visibles por todo el cuerpo: Haitam recibió golpes o descargas en brazos, piernas, cabeza y tronco, según ese documento.  

El objetivo del informe es determinar la cuantía, distribución y naturaleza de los daños sufridos por Haitam aquella tarde. El documento describe minuciosamente los traumatismos y lesiones que el perito observó en el cadáver cuando tuvo autorización para examinarlo. Amplía de esta forma el primer examen, en el que el perito ya concluía que Haitam murió por una “parada cardiorrespiratoria secundaria a una insuficiencia cardiorrespiratoria como consecuencia de un politraumatismo con sujeción, inmovilización y presión elevada a nivel de cuello tórax y las cuatro extremidades, con utilización de irritantes y múltiples descargas eléctricas con táser prolongadas y reiterativas”.

Aunque padecía una “patología cardiaca previa no mortal a corto plazo”, el doctor ya era claro en aquella primera evaluación: Haitam “no hubiera fallecido en ese momento ni en esa forma de no haberse producido los politraumatismos moderados, presión, sujeción, inmovilización, utilización de irritantes y descargas eléctricas prolongadas y reiterativas”.

14 quemaduras que encajan con “al menos siete disparos o aplicaciones”

Ahora, la ampliación entra en detalles para intentar casar el estado en que quedó el cadáver con lo que se observa en los vídeos de la intervención policial (dos de las cámaras interiores del local y dos de las cámaras asociadas a las pistolas táser).

El cuerpo de Haitam, dice el especialista, tenía 86 “lesiones externas objetivables”: diez en cabeza y cuello, 12 en torso y flancos, 29 en extremidades superiores (16 en el miembro derecho y 13 en el izquierdo); y 35 en extremidades inferiores.

El informe describe las lesiones por el uso de la táser, reflejado en varias quemaduras de segundo grado: el cuerpo presentaba 14 lesiones cutáneas que encajarían con “al menos siete disparos o aplicaciones” en cuatro zonas distintas: clavícula izquierda, brazo izquierdo, región lumbar derecha y dorsal baja derecha. El Gobierno respondió por escrito a dos diputados que las descargas sólo se produjeron en hombro y pierna.

El perito observa que recibió tanto descargas directas (sobre la piel) como disparos por sonda. “Debido a la configuración de estas improntas —que incluyen tanto escaras necróticas por impacto de sondas como quemaduras circulares por contacto directo (drive-stun)—, el hallazgo es consistente con la ejecución de al menos 7 disparos o aplicaciones del dispositivo sobre la economía corporal del sujeto”. Algunos de los disparos se realizan sobre el mismo lugar. Axon, fabricante de las táser, recomienda acortar las descargas y minimizar su número, así como evitar descargas simultáneas.

Además de dispararle, los seis agentes que intervinieron golpearon al hombre, le aplicaron gas irritante y le presionaron en diferentes zonas. Entre otras, Haitam tenía una lesión contusa en la cabeza “de gran amplitud que afecta a la región frontal”, alargada e irregular. Sus características “sugieren” una “transmisión de energía cinética de gran intensidad”. En los vídeos se observa a un agente que golpea a Haitam en la cabeza usando un cartel metálico. El especialista señala que el golpe pudo ser de tal fuerza que causara una “depresión” de la pared anterior del seno frontal.

También registra una lesión en el cuello “compatible con maniobras de contención y compresión extrínseca cervical”, por ejemplo un “mataleón”, y una marca que sugiere “lesión por pisada o aplastamiento” en la nuca y dorsal superior. Según se observa en los vídeos, un agente aseguró a los servicios médicos que “en ningún momento” le habían presionado sobre tórax o cuello.

La mayor parte de las lesiones se acumulan sobre el brazo derecho y las dos piernas, especialmente en los tobillos, sobre los que los agentes estuvieron de pie alrededor de 15 minutos con el fin de mantenerlo inmóvil.

“Correlación” entre las lesiones y los vídeos

Curiel resalta que “existe una correlación topográfica entre las lesiones objetivadas y los vídeos visionados” y que todas se produjeron cerca de la hora del deceso: “Todas las lesiones presentan signos de vitalidad (intra-vitam), con respuestas inflamatorias activas que indican su producción en un lapso temporal cercano al fallecimiento”.

A la vista de lo anterior, Curiel concluye que “el mecanismo causal es multitraumático”, “predominando las lesiones producidas mediante el uso de gran fuerza cinética e instrumentos de contención mecánica”. Haitam presentaba un “politraumatismo de moderada-elevada energía”.

Haitam entró aquella tarde en un locutorio de Torremolinos pidiendo un cargador. Estaba muy alterado, presumiblemente bajo efectos de algún estupefaciente. Tras forcejear con el dueño, está salió corriendo y llamó al 112, quien alertó a la Policía, que acudió por un presunto robo. El vídeo completo registrado por las cámaras del local no sostiene esa hipótesis. Tampoco muestra amenazas o la actitud intimidatoria con los policías o terceros. Haitam reiteró en varias ocasiones que quería colaborar, insistió en que sólo quería cargar su móvil y ofreció su mano a la policía. Pero cuando se la dio, y el agente intentó engrilletarlo, el móvil se le escurrió e intentó recuperarlo forcejeando con el agente. Veinte minutos después había muerto.

Los vídeos de aquella tarde, desvelados en su integridad por elDiario.es, muestran que los agentes golpearon en la cabeza, presionaron a Haitam sobre piernas, hombros y tórax, y descargaron su pistola táser (entre 1.500 y 2.000 voltios) en varias ocasiones. Once, según la familia, “al menos siete”, según el perito.

La jueza espera la autopsia del Instituto de Medicina Legal

Aitor Curiel examinó el cadáver minutos después de que la familia recibiera autorización judicial para recuperar el cuerpo. Habían pasado unos veinte días desde el fallecimiento. La familia tomó la precaución de documentar en vídeo el traslado desde el Instituto de Medicina Legal hasta la sala de autopsias para no romper la cadena de custodia.

La ampliación complementa el informe de autopsia encargado por la familia al doctor Curiel,  que debe servir de contraste al informe que elabore el Instituto de Medicina Legal, que aún no ha sido entregado.

El pasado 16 de febrero la jueza, con el apoyo del fiscal, archivó provisionalmente la investigación hasta que llegue el informe definitivo de autopsia del IML, pendiente del análisis toxicológico. Razona que hasta ahora no hay ningún “elemento jurídico ni fáctico” en la causa “que posibilite una calificación jurídica distinta de fallecido”.

En las diligencias ya constan el atestado, el informe balístico de las táser, las cámaras de seguridad y el informe preliminar de autopsia, pero la jueza ha ido rechazando otras diligencias propuestas por la familia (como la toma de declaración de testigos o investigados y el aseguramiento de las comunicaciones) hasta recibir el informe definitivo de autopsia.

Los abogados de la familia han elevado una queja al Consejo General del Poder Judicial. Creen que estas decisiones ponen en riesgo la investigación por la posible alteración de pruebas, y denuncian que está bloqueando su derecho a recurrir al no dar trámite a sus escritos.

Haitam Mejri, de 35 años, falleció el 7 de diciembre en un locutorio de Torremolinos tras recibir entre ocho y 11 descargas táser, inhalar gas irritante, recibir golpes y ser presionado en piernas y tronco durante una intervención de seis agentes de la Policía. Un juzgado de instrucción ha archivado provisionalmente la investigación a la espera de que el informe final de autopsia determine las causas de la muerte del hombre, que también padecía patologías cardiacas y habría consumido estupefacientes. La familia sostiene que el uso desproporcionado y consciente de la fuerza por parte de la Policía fue decisivo para el fallecimiento, y su abogado apreció indicios de un delito de asesinato en una rueda de prensa.

Durante la semana, elDiario.es Andalucía ha publicado extractos de la intervención completa registrada en vídeo por dos cámaras desde el interior del local, así como de los dos vídeos más cortos grabados por las cámaras asociadas a las dos táser. El vídeo que acompaña a esta información se ha elaborado vinculando las dos grabaciones íntegras registradas por las cámaras corporales.

En ellos se observa sin cortes lo sucedido desde que los dos primeros agentes llegan al locutorio, ya con una de las pistolas en la mano, hasta que los dos agentes que las portaban interrumpen la grabación simultáneamente, tras mantener este diálogo:

– Esto cómo se para de grabar? ¿Dándole o cómo es?

– Le doy yo, que el mío no graba. ¿Le quieres dar?

– El tuyo está grabando, mira la cámara encendida. Está grabando también.

Entre ocho y 11 descargas en nueve minutos

Entre esos dos instantes, dispararon un mínimo de ocho veces entre los dos. La familia cuenta 11. Hay varias ocasiones en las que este medio no ha podido discernir si se trata de dos disparos seguidos o uno largo, de modo que ha escogido la cifra conservadora.

El primer agente ya lleva la pistola desenfundada nada más entrar. Un minuto antes de disparar, cuando ya está cerca, la señala y pregunta a Haitam: “¿Estás viendo esto?”. Un minuto después se dan la mano, pero cuando tratan de engrilletarlo un móvil se resbala y Haitam trata de cogerlo. Ahí arranca el forcejeo, en el que entre tres agentes acaban tumbando al hombre.

Todos los disparos se producen con él en el suelo, según se observa en las grabaciones. Al menos cinco de las descargas, de entre 1.000 y 2.000 voltios, ocurren en un intervalo de unos 30 segundos, mientras él grita y se retuerce de dolor, y las tres últimas descargas ocurren con él aparentemente reducido, minutos después de que uno de los policías diga: “¡Hala, engrilletado!”. Los agentes hablan entonces de evitar “que se venga arriba”, según se escucha en el vídeo.

En varias ocasiones, la grabación recoge que alguno de los policías animó a seguir descargando: “Tráete el táser, tráete el táser”. “Lo tengo aquí”. “Métele otra vez, métele, métele. Métele, que no se venga arriba”. A continuación, llegan dos descargas, casi tres minutos después de la primera (5:29 y 5:34 en el vídeo). Un par de minutos después, se escucha a un agente susurrar “métele más táser” (7:58). “No, porque ya está todo el mundo ahí mirando”, le advierten.

El problema parece ser engrilletarlo también de los pies y sacarlo del local, por lo que piden una ambulancia para darle un “pinchazo”. Sin embargo, finalmente deciden volver a dispararle (9:45), casi siete minutos después del primer disparo, según se escucha. “Dale, dale, dale, que se viene arriba”. Pocos segundos después la grabación se interrumpe.

Los sanitarios, que llegan a la escena minutos después, comentan entre sí su desconfianza hacia el relato inicial de los agentes, y vuelven a pedir explicaciones a los agentes. Según se oye y se ve en los vídeos del local, estos no les informan del uso del táser.

El protocolo pide “extremar las medidas de seguridad”

El Ministerio nunca ha publicado el protocolo de uso de las táser, recogido en una resolución de la Dirección General de la Policía de 21 de diciembre de 2020, ignorando al Consejo de Transparencia, que le instó a hacerlo a instancias de Civio. El abogado de la familia ha solicitado a la jueza que lo incorpore a la causa, pero esta ha denegado todas las diligencias hasta contar con el informe definitivo de autopsia.

Este medio ha tenido acceso al protocolo, que señala que “vista la capacidad lesiva” de la táser “se deben extremar las medidas de seguridad así como la diligencia requerida en su manipulación y utilización, con la finalidad de evitar que el propio personal policial o terceras personas puedan resultar afectados por un uso indebido del mismo”. Las precauciones deben ser las mismas que para cualquier arma de fuego, advierte el documento.  

La táser se puede usar por contacto directo (bornes) como instrumento “eminentemente disuasorio”, “excepcionalmente utilizable como elemento de control y reducción”. “Será necesario haber agotado todas las vías de diálogo, negociación y mediación posibles, advirtiendo de manera clara a la persona requerida que se hará uso del dispositivo si no depone su actitud”. Según se observa en el vídeo, el primer agente que disparó le dijo a Haitam: “¿Estás viendo esto?”.

Su utilización se limita a situaciones en las que haya que “reducir o inmovilizar a una persona que amenace o tenga una actitud violenta” hacia los agentes o terceros y haya habido agresión previa o previsible, si no se puede controlar por otros medios. También se contempla en situaciones donde haya que “reducir o inmovilizar a una persona que muestra una resistencia activa, que ponga en riesgo la integridad física del personal policial, de terceros o la seguridad ciudadana”.

Los vídeos no muestran amenazas ni actitud violenta de Haitam, que señaló en múltiples ocasiones su voluntad de “colaborar” y “trabajar con vosotros”, y soltó las pequeñas tijeras que llevaba en la mano. Cuando fue reducido sí forcejeó con los agentes, según se ve en los vídeos.

Axon recomienda evitar descargas simultáneas

Salvo circunstancias excepcionales en que pueda servir para evitar un daño mayor, no se debe usar “en aquellos espacios o circunstancias en las cuales se pueda poner en riesgo la integridad física de las personas”. Axon, la fabricante de la táser, desaconseja su uso contra personas bajo los efectos de las drogas o bajo “delirio agitado”, porque “puede causar o contribuir a la muerte súbita”. Axon también recomienda acortar las descargas y minimizar su número, así como evitar descargas simultáneas, según el documento publicado por Associated Press y Civio, en España. Nada de esto se incorpora al protocolo de Interior, ni a los protocolos de la decena de municipios analizados por Civio.   

Después de usar la táser se debe informar inmediatamente a la jefatura de unidad, facilitar la asistencia médica e informar a la autoridad judicial. En caso de lesión, aunque sea leve, debe redactarse un parte de intervención y comparecencia para explicar la actuación. En los vídeos de la intervención completa grabados por las cámaras del local no se escucha a los agentes informar a los sanitarios del uso de la táser. Sí informaron al inspector de Homicidios de una “pequeña descarga”, pese a lo cual “ni se inmuta”.

Dos diputados denuncian “numerosas falsedades”

El Gobierno respaldó esta actuación, asegurando en una respuesta parlamentaria registrada el pasado 16 de febrero que los dos agentes que usaron las pistolas táser “cumplieron escrupulosamente” con las directrices para su uso. Según esa respuesta, la actuación se ajustó a los principios de “congruencia, oportunidad y proporcionalidad” atendiendo al “tipo de situación”, la “forma” en que se usó (“descarga por contacto”, la menos lesiva según se dice) y las zonas del cuerpo donde el hombre recibió las descargas, hombro y pierna.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, pidió este jueves esperar a “que la investigación concluya”, y se remitió al protocolo no publicado, asegurando que está “perfectamente definido y diseñado”. 

A la vista de los vídeos publicados en exclusiva por elDiario.es, Toni Valero y Enrique Santiago (diputados de IU integrados en el Grupo Sumar) han registrado una nueva pregunta, en la que denuncian que la primera respuesta del Gobierno contiene “numerosas falsedades”.

“¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para garantizar que las respuestas a las iniciativas parlamentarias se ajusten a la veracidad y exactitud debidas, evitando contestaciones que no reflejen fielmente la realidad de los hechos?”, le preguntan, antes de volver a cuestionar si la actuación policial fue correcta y se ajustó a la legalidad. También preguntan si se ha incoado expediente disciplinario o suspendido a los agentes.

Un arma “disuasoria” de uso cada vez más extendido

La táser es un arma disuasoria fabricada por la empresa estadounidense Axon que paraliza al objetivo mediante la aplicación de impulsos eléctricos de alto voltaje, bajo amperaje y corta duración que interfieren en las señales que el cerebro envía a los músculos, incapacitando el sistema nervioso sensorial y motor.

Se puede usar mediante la activación de los bornes de su extremo o disparando los dos cartuchos que contienen dos sondas cada uno, propulsados por un gas inerte hasta el objetivo. El Ministerio del Interior empezó a distribuirlas en 2020. Es necesario estar habilitado para su uso, restringido como último recurso, si existe un riesgo grave para los agentes, la persona o terceros.

Llevan asociadas una cámara corporal que registra lo que sucede en función de pregrabación y se activa automáticamente al desenfundar el arma, quitar el seguro o disparar, según su configuración. Cuando se activa, guarda también los momentos previos. En este caso, una de las grabaciones recoge la intervención desde la llegada de los dos primeros agentes al locutorio. La otra recoge lo ocurrido desde 30 segundos antes de dispararse. Ambas se interrumpen a la vez.

El uso del táser se ha extendido en los últimos años ante la alarma de organizaciones internacionales. El Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura, en su informe de 2009, expresó su preocupación de que el arma se estuviera generalizando entre las policías locales en España e instó a dejar de usarlas por la posible vulneración de los artículos 2 y 16 de la Convención (prevención de la tortura y de trato cruel, inhumano o degradante, respectivamente).

Amnistía Internacional ha pedido que se apruebe una regulación estatal que delimite claramente su uso para evitar posibles abusos. Según una investigación internacional de la organización, los organismos encargados de hacer cumplir la ley “abusan de forma generalizada” de estos dispositivos “debido a la alarmante falta de regulación”.

Haitam Mejri, de 35 años, que murió el pasado 7 de diciembre en Torremolinos durante una intervención policial en la que participaron seis agentes y en la que recibió una decena de descargas eléctricas con pistolas táser, ha estado muy presente en la manifestación antirracista celebrada este sábado en Málaga. En la protesta han participado unas 200 personas y se han coreado consignas como “Haitam, hermano, nosotros no olvidamos”, “No son muertes, son asesinatos” o “No es un caso aislado, es racismo de Estado”.

El acto, convocado por varias asociaciones bajo el paraguas del Movimiento Antirracista de Málaga, ha tenido como eje que este 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Al acto han acudido familiares de Haitam Mejri, al que se ha hecho mención expresa en el manifiesto que se ha leído, en el que se ha denunciado que “no hay seguridad en la injusticia, ni hay justicia en el archivo y falta de diligencias en la investigación de las causas: no hay seguridad en la impunidad”.

El texto carga contra la Policía, que “abrió fuego contra su memoria mintiendo al personal sanitario” cuando llegaron al establecimiento donde el asesinato ocurrió, y “siguieron disparando junto con el Estado, al definir los hechos como una actuación proporcional, tal y como ha respaldado y sostenido el Gobierno más progresista”. Además, “el Estado dispara justificando que esos seis agentes sigan desde ese día en activo”, achacando lo ocurrido a una cuestión de seguridad. “¿Seguridad para quién? Para nuestras comunidades desde luego que no”.

“Fomento” del racismo, la xenofobia y la intolerancia

La marcha ha iniciado su recorrido en la Plaza de Capuchinos, frente al antiguo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga, y durante la misma se ha cargado contra una Policía “que no sólo mata a nuestros hermanos, nos criminaliza mediante las detenciones por perfilamiento racial”. Los asistentes han lamentado también que “en una ciudad como la de Málaga” no sólo no se desoyen los mandatos internacionales, “sino que se fomentan el racismo, la xenofobia y la intolerancia”, como cuando el gobierno local del PP “se posicionó en contra la regularización de las personas migrantes bajo pretextos racista”.

Los manifestantes han lanzado también mensajes como “Justicia ya, no a la impunidad”, “Basta ya de abuso policial” o “Aquí estamos, nosotros no matamos ni tampoco torturamos”. Algunos vestían camisetas con el rostro de Haitam Mejri junto a la palabra “Justicia”, portando pancartas con lemas como Tu historia no será silenciada, No nos vamos a rendir, Haitam no merecía morir así o 6 implicados ¿ningún imputado? Justicia!!! o La verdad jamás será silenciada.

La jueza del caso, que está a la espera el informe definitivo de la autopsia, ha decidido archivar provisionalmente las actuaciones hasta que lo reciba, por lo que no ha practicado ninguna de las diligencias solicitadas por los abogados de la acusación. Lo que sí se conoce ya es el informe pericial encargado por la familia, que concluye que el hombre falleció por una insuficiencia cardiorrespiratoria severa causada por la presión que ejercieron los agentes sobre cuello y tórax, unida al uso de gas irritante y una decena de descargas eléctricas con pistolas táser.

Nasser, su hermano: “Esa gente no puede estar en la calle”

En el acto ha habido representantes del Sindicato de Manteros de Sevilla en homenaje a Mamouth Bakoum, el vendedor ambulante senegalés ahogado en el Guadalquivir cuando huía de la Policía, en diciembre de 2024. Y también ha acudido Nasser Mejri, hermano de Haitam, que ha señalado que la familia sigue “impotente y con mucha tristeza” cómo se desarrolla el caso, a la espera de una respuesta de la jueza o del fiscal. 

Tras la publicación por este periódico de las imágenes en las que se apreciaba la muerte de Haitam, su hermano confía en que “con la presión ya no se crean que somos cuatro gatos de Málaga y vean que España entera tiene el foco puesto en cómo instruye la jueza”. La familia espera que la magistrada “sea un poquito más contundente y haga su trabajo como debería hacerlo, porque a la vista está que no se pueden contradecir los vídeos y las imágenes”, lo que contrasta con la situación de los policías: “Esa gente no puede estar en la calle disfrutando de su libertad y mi hermano lleva tres meses enterrado”.

En cuanto a su presencia en la manifestación, Nasser considera que era importante porque simboliza “una lucha en contra de las víctimas racializadas, y mi hermano es un caso de esos”. “No podemos callar ante estas injusticias porque cualquier vida importa por igual”, y pese al impacto por la muerte de Haitam, considera que todavía cuentan con la baza de los vídeos: “Por desgracia, hay mucha gente que su intervención o fallecimiento no ha sido grabado y documentado, y entonces se cree antes al testimonio de un agente de la autoridad que al de la persona o la familia”, casos que en su mayoría “suelen quedar archivados y metidos en el cajón”.

Para Nasser, “lo que me demuestra a mí que fue un acto racista es que en cuanto llegan los sanitarios la primera justificación de ellos es que entró con unas tijeras gritando ”Allah akbar“, como si fuera a poner una bomba”. “Ni mi hermano ni yo sabemos ni leer ni escribir en árabe porque estamos aquí desde la guardería”, ya que su familia lleva alrededor de 30 años, donde regenta un bar.

La Audiencia de Málaga ha condenado a 24 años de prisión a Marcos R.A. por el asesinato de su exnovia Paula en Torremolinos (Málaga) en 2023, la cual recibió hasta 16 cuchilladas, y por maltratarla de forma habitual, con “un total control y dominación”. Además se le impone indemnizar a los familiares de la víctima con más de 918.000 euros en global. El ahora condenado, había matado años antes a su por entonces pareja, Sibora, cuyo cadáver emparedó en el piso que compartían y que fue descubierto en 2023 a raíz del caso de Paula.

Así, en la sentencia, que se dicta después del veredicto de culpabilidad emitido por unanimidad hace unas semanas por un jurado popular, se condena al acusado a 23 años de prisión por un delito de asesinato y a un año de cárcel por otro de malos tratos habituales.

A la hora de fijar la pena, la magistrada ha tenido en cuenta “la brutalidad de la agresión”, causándole 16 heridas, que “impidió” la ayuda y varias circunstancias que agravan la condena, como la de género, al considerarse que el acusado actuaba “en todo caso movido por su sentimiento de control y dominación sobre la mujer a quien no reconoce valor alguno por sí misma”.

El abogado que representa a la familia de la víctima y que ha estado personado como acusación particular en este proceso, Guillermo Smerdou, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que entiende que la pena de 24 años de cárcel es adecuada y que la familia se encuentra “satisfecha” con el resultado del proceso.

“Situación de total dominación”

Según se considera acreditado en la resolución, el acusado mantuvo una relación sentimental con Paula durante tres años, teniendo un hijo en común, además de otros dos de ella de relaciones anteriores. Durante ese tiempo, el acusado ejerció control económico sobre ella, “sometiendo a la víctima a una situación de total dominación”.

Así, está probado que hacía comentarios “con intención de desacreditar a su pareja” y que desde que se produjo la resolución de desamparo de los tres hijos, “el empeño de Paula fue conseguir trabajo, disponer de vivienda, aparentar una relación de pareja estable con el acusado –padre de su último hijo– y someterse a controles periódicos sobre consumo de tóxicos, todo con la esperanza de recuperar la custodia de los niños”, dice la sentencia.

Pero el acusado, señala la resolución, “no la dejaba salir a trabajar por lo que perdía sus trabajos, no le dejaba tener teléfono y tenía que usar el de él”. Asimismo, ya antes, durante el embarazo del hijo en común, el procesado “le decía que tenía que hacer lo que él decía o haría todo lo posible para que le quitaran a sus hijos”, además de “menospreciarla”.

Asimismo, señala la Sala, “la amenazaba con expresiones del tipo 'te voy a hacer lo mismo que a Sibora'”, en referencia a una pareja anterior de él que desapareció y nueve años después fue descubierto su cadáver emparedado en otra vivienda de Torremolinos, caso en el que también está acusado este hombre por un delito de asesinato.

Con un cuchillo profesional de cocina

El acusado y la víctima encontraron trabajo para una misma persona, dueña de dos restaurantes en la localidad, quien, además, les alquiló un apartamento sobre uno de estos locales, lugar donde ocurrieron los hechos el día 17 de mayo de 2023, cuando sobre las 11 horas los trabajadores del bar de abajo comenzaron a escuchar gritos de Paula pidiendo auxilio.

Durante una discusión, el acusado “asestó varias cuchilladas con el cuchillo profesional de cocina que días antes había sustraído del bar, hasta causarle la muerte”. La mujer “llevaba puesta una mochila en la espalda, pues estaba intentado huir del lugar cuando le asestó la última puñalada mortal, por la espalda”. Presentaba 16 heridas.

El dueño y otro compañero fueron a ver qué ocurría y escucharon “débilmente gemir a Paula, por lo que le preguntaron que si se encontraba bien”, pero fue el acusado quien respondió diciendo que “no pasaba nada, que solo era una discusión”. En un momento dado, el acusado aprovechó que no había nadie en la puerta para salir de la casa, tras haberse cambiado de ropa y lavarse las manos, aunque fue detenido poco después.

El día antes de los hechos, el acusado, dice la sentencia, supo que la mujer estaba en casa de un compañero, con el que tenía una amistad especial, y la llamó para decirle que podía volver a la casa porque se había marchado del apartamento, pero en realidad él “la había estado controlando” y siguiendo, preguntando a taxistas por ella.

Le tendió una trampa

Para el Tribunal y los jurados, “le tendió la trampa de decirle que él ya no estaba viviendo en el apartamento que compartían para que ella volviera y poder ejecutar el ataque y posterior muerte de Paula”.

Según la sentencia, durante los pocos días que el acusado y la víctima trabajaron juntos en el mismo restaurante ya hubo problemas porque el acusado estaba “celoso”. Además, un día que ninguno de los dos fue a trabajar, la mujer le contó a su jefa que había sido porque el procesado “la había pegado, y que ambos consumían drogas”.

Para los miembros del jurado y la Audiencia, los hechos constituyen un delito de asesinato, ya que “la intención de matar resulta clara tanto en número de heridas (16) que presentaba la víctima como por la zona del cuerpo en que se inflige y el instrumento utilizado, un cuchillo de 19,5 centímetros de largo”.

Así, al considerarse probado que el acusado engañó a Paula para que volviera al domicilio diciéndole que se había ido, “lo que no era cierto”, consiguió que la misma, “confiada”, volviera para, una vez allí, ser “atacada” por el procesado, “sin que la misma pudiera oponer eficaz resistencia a dicho ataque no sólo por lo inesperado” sino también por “la evidente desproporción física” con el agresor.

Eliminó “toda posibilidad de defensa”

Para la Sala, fue un ataque “totalmente inesperado en la forma concreta en que se produjo”. El acusado “planeó y ejecutó el ataque a quien hasta entonces había sido su pareja, empleando medios y en circunstancias tales que se asegurase la producción del resultado por él querido, eliminando toda posibilidad de defensa de la víctima como efectivamente sucedió”.

Asimismo, también señala la conducta del acusado respecto de Paula durante todo el tiempo de convivencia, “llegando no sólo a maltratarla físicamente sino también psíquicamente, tratando de controlarla en todo momento, impidiéndole desarrollar actividad laboral alguna fuera de su control, tratando de aislarla” y “denigrándola diciéndole 'sin mí no eres nadie'” y amenazándola, lo que provocó “el lógico temor y desasosiego”.

El acusado tras su detención se acogió a su derecho a no declarar en dependencias policiales y en su declaración posterior a presencia judicial sólo contestó a las preguntas de defensa no habiendo reconocido en ningún momento los hechos, por lo que no se le aprecia la circunstancia que atenúa la pena de confesión ni tampoco la de drogadicción.

Además de la pena de prisión, se le impone la privación de la patria potestad respecto al hijo en común con la víctima; prohibición de tener armas por cuatro años; la prohibición de acercarse al hijo y a las personas encargadas de su custodia por tiempo de 15 años; y la medida de libertad vigilada por tiempo de diez años.

Los diputados de IU en el Congreso, Enrique Santiago y Toni Valero, han registado una pregunta parlamentaria al Gobierno en el que le piden nuevas explicaciones por la muerte de Hitam Mejri, un ciudadano de 35 años que perdió la vida el pasado 7 de diciembre en un locutorio de Torremolinos (Málaga) tras una intervención de la Policía Nacional. Santiago y Valero, ambos integrados en el grupo parlamentario de Sumar, afirman –en el documento al que ha tenido acceso elDiario.es– que la anterior respuesta del Gobierno a otra pregunta sobre este mismo asunto, presentada por Santiago y Valero el pasado 16 de febrero, contenía “numerosas falsedades”. Inquieren también los diputados si “tiene previsto el Gobierno exigir responsabilidades a quienes elaboraron la respuesta escrita”.

El Gobierno aseguró el mes pasado que los dos agentes que usaron las pistolas táser durante la intervención policial que acabó con la muerte Mejri “cumplieron escrupulosamente” con las directrices para su uso. Mejri murió en un locutorio al que había entrado para pedir un cargador. Forcejeó con el dueño, que lo encerró y avisó a la Policía, que envió a seis agentes que lo redujeron y descargaron sobre él al menos ocho disparos de entre 1.000 y 2.000 voltios cuando ya estaba en el suelo. También le golpearon en la cabeza, le presionaron sobre piernas y tórax y le rociaron un gas irritante.

elDiario.es ha difundido en exclusiva esta semana las grabaciones íntegras del suceso, procedentes de las cámaras de seguridad del local. Según los diputados de IU, dichas grabaciones “evidenciarían importantes discordancias con la respuesta con número de registro 92.4L7 de fecha L6 de febrero de 2026 remitida por el Ministerio del Interior a las preguntas escritas formuladas por Santiago y Valero. Ambos detallan además que ”las grabaciones difundidas reflejan igualmente circunstancias relativas al desarrollo de la intervención, al uso de la fuerza y a la asistencia posterior prestada, así como manifestaciones efectuadas tanto por los agentes intervinientes como por el personal sanitario: Un sanitario, cuando los agentes salen del local, comenta a su compañera: “Me ha engañado”. “Es importante saber qué ha pasado”, les piden luego a los agentes, que comentan a los sanitarios que “en ningún momento” le habían presionado tórax o cuello. El claro retraso diagnóstico y terapéutico de la parada cardiorrespiratoria sufrida (como se objetiva en el vídeo analizado), y un retraso en la asistencia prestada por los agentes que produjo un claro empeoramiento del pronóstico de la misma“.

En su pregunta parlamentaria, los diputados recuerdan que las actuaciones judiciales se encuentran actualmente archivadas de forma provisional, a la espera de la emisión del informe definitivo de autopsia. Pero remiten a un “informe pericial forense” según el cual “la causa del fallecimiento sería una insuficiencia cardiorrespiratoria severa en cuya producción habrían concurrido diversos factores, entre ellos la presión ejercida sobre el cuello y el tórax, la utilización de agentes irritantes y la aplicación reiterada de descargas eléctricas mediante dispositivos táser”.

En el documento, Santiago y Valero plantean las siguientes preguntas al Gobierno: “¿Considera el Gobierno que la actuación policial referida fue correcta y se ajustó a la legalidad vigente? ¿Avalan los informes emitidos la actuación policial?, ¿tiene previsto el Gobierno incoar procedimiento disciplinario en relación con los hechos referidos y, en su caso, se va a acordar la suspensión provisional del servicio de los agentes implicados mientras se tramita dicho procedimiento?, ¿qué medidas va a adoptar el Gobierno para garantizar que las respuestas a las iniciativas parlamentarias se ajusten a la veracidad y exactitud debidas, evitando contestaciones que no reflejen fielmente la realidad de los hechos?, ¿Tiene previsto el gobierno exigir responsabilidades a quienes elaboraron la respuesta escrita L8413L739, de fecha 16 de febrero, enviada a estos diputados, considerando las numerosas falsedades que contiene?”.

Marlaska pide que “la investigación concluya lo que proceda”

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha abogado este jueves por dejar que la investigación “concluya lo que proceda”. Así se ha pronunciado el ministro en declaraciones a los periodistas en Algeciras (Cádiz), recogidas por Europa Press. El ministro ha recordado que “hay un protocolo al respecto perfectamente definido y diseñado” sobre la utilización de las pistolas táser. Además, ha apuntado que “todos los agentes, al utilizar las pistolas táser, portan cámaras al objeto de garantizar y poder comprobar el desarrollo y la corrección del operativo y de la operación que desarrolla”. “Dejemos que la investigación concluya lo que proceda”, ha señalado el ministro.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha abogado por dejar que la investigación “concluya lo que proceda” en el caso de la muerte de Haitam, de 35 años, en diciembre pasado en Torremolinos (Málaga) por una parada cardiorrespiratoria tras una acción de la Policía Nacional en la que se usaron pistolas táser.

Así se ha pronunciado el ministro en declaraciones a los periodistas en Algeciras, en Cádiz, donde ha sido cuestionado por si en este caso se mantuvo el protocolo y acerca de si se dio la información a los sanitarios sobre que se había utilizado ese tipo de arma, tras la publicación esta semana de vídeos sobre los hechos.

Grande-Marlaska ha recordado que “hay un protocolo al respecto perfectamente definido y diseñado” sobre la utilización de las pistolas táser. Además, ha apuntado que “todos los agentes, al utilizar las pistolas táser, portan cámaras al objeto de garantizar y poder comprobar el desarrollo y la corrección del operativo y de la operación que desarrolla”.

“Que salga la verdad”

“Dejemos que la investigación concluya lo que proceda”, ha señalado el ministro, respecto a este caso, que se instruye en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 1 de Torremolinos, que está pendiente de los resultados definitivos de autopsia que aclaren la causa de la muerte, han asegurado fuentes judiciales a Europa Press.

La familia de Haitam Mejri ha impulsado esta investigación y ha mantenido que su único objetivo para ello es el esclarecimiento “completo, objetivo y transparente de las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Haitam”, expresando su deseo de que “salga la verdad al 100%”.

Los abogados de la familia sostienen desde el principio un uso supuestamente “desproporcionado” de la fuerza por parte de los agentes, no solamente por la utilización de pistolas táser, sino que consideran que hay “más situaciones violentas”, por lo que han solicitado diligencias “de cara a acreditar que ha habido un homicidio”.

Torremolinos, en la Costa del Sol, alberga un espacio que combina historia, vegetación y sistemas hidráulicos. El Jardín Botánico Molino de Inca se sitúa sobre el terreno donde durante siglos funcionó uno de los molinos harineros más antiguos de la localidad, que da nombre al municipio. Los manantiales de la zona, como los de La Cueva, el Albercón del Rey y el propio Molino de Inca, proporcionaron el agua necesaria para la molienda, convirtiendo estos puntos en centros económicos esenciales. La historia del municipio está estrechamente vinculada a estos molinos, cuyo funcionamiento condicionó la organización del territorio y la agricultura de Torremolinos durante siglos.

El jardín ocupa alrededor de 40.000 metros cuadrados y combina áreas verdes, senderos, canales de agua y fuentes. Su rehabilitación en 2003 permitió recuperar tanto los elementos históricos como la vegetación, que actualmente incluye casi un millar de especies. Entre ellas se encuentran 150 tipos de palmeras, 300 árboles y más de 400 arbustos, distribuidos de manera que recrean distintos microclimas y zonas de sombra, facilitando el recorrido en los meses más cálidos. La topografía del terreno contribuye a crear recorridos variados, con laderas, pendientes suaves y zonas planas que permiten al visitante descubrir el jardín a diferentes niveles y perspectivas.

El complejo también integra construcciones históricas y réplicas que permiten comprender el pasado hidráulico de la localidad. La réplica del Molino de Inca funciona mediante un sistema que aprovecha la fuerza del agua, mostrando cómo operaban los molinos en el siglo XVII y su papel en la economía agrícola. Estos elementos históricos conviven con canales y fuentes que siguen la disposición original de los manantiales, generando un espacio donde el patrimonio se percibe en relación directa con la naturaleza. La proximidad del Molino de Batán y El Pinar de los Manantiales refuerza la coherencia del recorrido y permite situar al visitante en el contexto más amplio de la historia hidráulica y agrícola de Torremolinos.

Además de su valor histórico y paisajístico, el jardín ofrece espacios de ocio y aprendizaje. Entre ellos destaca el laberinto natural de Aligustre, ubicado en la zona central, que permite recorrer el jardín de manera más dinámica y explorar la vegetación mientras se sigue un trazado definido. Los senderos conectan distintas áreas temáticas, invitando a conocer tanto la diversidad vegetal como los elementos constructivos del conjunto. El acceso es de tres euros, lo que hace el espacio fácilmente accesible a residentes y turistas que buscan experiencias diferentes a las playas de la Costa del Sol.

El diseño del jardín busca combinar la conservación de especies con la experiencia del visitante. La variedad de especies vegetales permite observar cómo conviven especies autóctonas con otras adaptadas al clima mediterráneo, mientras los sistemas de agua regulan la humedad y contribuyen a mantener un microclima estable. Esto también favorece la presencia de fauna, especialmente aves y peces en los estanques, enriqueciendo la experiencia para quienes recorren el jardín.

El rincón japonés del Jardín Botánico Molino de Inca

Uno de los espacios que más llama la atención dentro del Molino de Inca es su jardín japonés, que ocupa unos 500 metros cuadrados y sigue el estilo Tsukiyama, característico de la jardinería nipona. Este enfoque busca reproducir la naturaleza a escala, generando paisajes montañosos en miniatura con colinas, lagos y microrrelieves. La zona se encuentra sobre una ladera rocosa y combina especies vegetales japonesas con construcciones tradicionales del país, integrándose con los canales, fuentes y estanques que ya forman parte del jardín botánico.

Los estanques del jardín japonés albergan peces y plantas acuáticas, mientras que las cascadas aportan dinamismo y regulan la humedad, creando un microclima más húmedo que favorece la supervivencia de ciertas especies. Los senderos guían al visitante de manera organizada, permitiendo recorrer los distintos elementos del jardín, como colinas artificiales, puentes y casas típicas japonesas, que reproducen fielmente la estética nipona en miniatura. La combinación de agua, vegetación y arquitectura permite apreciar cómo los principios de la jardinería japonesa se adaptan al clima mediterráneo de la Costa del Sol.

El diseño de este rincón se integra sin alterar la estructura histórica ni los manantiales del Molino de Inca, combinando patrimonio y estilo internacional. Más allá del aspecto visual, cumple una función educativa: permite entender la relación entre agua, vegetación y diseño paisajístico, así como la convivencia de especies locales y exóticas en un entorno controlado. Los visitantes pueden recorrer los senderos, observar la fauna y la flora y comprender cómo la planificación del jardín combina sostenibilidad y conservación.

El jardín japonés contribuye a que el Molino de Inca no sea solo un espacio histórico, sino también un referente de biodiversidad y planificación paisajística en Torremolinos. La visita puede comenzar en la réplica del molino y avanzar hacia el jardín japonés, ofreciendo un recorrido que integra conocimiento histórico, exploración de la naturaleza y apreciación de un paisaje diseñado con principios internacionales. La combinación de agua, vegetación y construcciones permite una experiencia completa y organizada, que refleja la integración de estilos diferentes dentro de un espacio urbano mediterráneo.

El Gobierno aseguró el mes pasado que los dos agentes que usaron las pistolas táser durante la intervención policial que acabó con la muerte de Haitam Mejri el pasado 7 de diciembre en Torremolinos “cumplieron escrupulosamente” con las directrices para su uso. Mejri murió en un locutorio al que había entrado para pedir un cargador. Forcejeó con el dueño, que lo encerró y avisó a la Policía, que envió a seis agentes que lo redujeron y descargaron sobre él al menos ocho disparos de entre 1.000 y 2.000 voltios cuando ya estaba en el suelo. También le golpearon en la cabeza, le presionaron sobre piernas y tórax y le rociaron un gas irritante.

Su muerte estaba siendo investigada por un juzgado de instrucción, que mientras espera al informe de autopsia para determinar posibles afecciones cardiacas y la influencia del consumo de estupefacientes ha decidido archivar provisionalmente la investigación. Su familia cree que la actuación policial fue desproporcionada y contribuyó decisivamente a su fallecimiento.

La posición del Gobierno consta en el escrito de respuesta dirigido a Enrique Santiago y Toni Valero (Sumar), al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía. En la respuesta justifica la intervención con táser atendido al “tipo de situación”, la “forma” en que se usó (“descarga por contacto”, la menos lesiva según se dice) y las zonas del cuerpo donde el hombre recibió las descargas, hombro y pierna.

La actuación se ajustó a los principios de “congruencia, oportunidad y proporcionalidad”, dice el Gobierno, “en el marco de la detención de una persona que presuntamente había cometido un delito grave y desobedecía abiertamente las instrucciones de los agentes, lo cual en sí mismo supone la comisión de otro delito”.

El Gobierno advierte en su respuesta, registrada en el Congreso de los Diputados el pasado 16 de febrero, de que los hechos están siendo investigados por un juzgado, y que en ese marco la Policía ha aportado “todos los medios de prueba que se han podido recopilar mediante la elaboración del atestado policial, incluyendo grabaciones de videovigilancia y de las cámaras corporales de los agentes, que van asociadas al uso del inmovilizador eléctrico, así como un informe técnico policial realizado por la Brigada de Policía Científica”.

Tras la publicación de parte de esos vídeos en elDiario.es, este medio ha preguntado el Ministerio del Interior si mantiene esa posición. “Este asunto está, desde el momento del fallecimiento, sometido a un proceso judicial, y tanto el ministerio como la Policía Nacional están a la espera de que concluya dicha indagación”, señala un portavoz.

El hombre, de 35 años, recibió entre ocho y diez descargas eléctricas (hay varias que este medio no ha podido determinar si son dos o una muy prolongada) en tres momentos. La mayoría, de cinco a siete, cuando estaba siendo sujetado entre cinco agentes, en un lapso de apenas un minuto. Dos minutos después recibe otras dos, con la situación ya aparentemente más controlada, según se observa en las imágenes. Seis minutos y medio después recibe la última descarga.

“¿Esto cómo para de grabar?”

Los agentes (primero dos, luego otros cuatro) acudieron al local tras el aviso del dueño por un robo. Sin embargo, los vídeos grabados por las cámaras del propio establecimiento no sostienen esa hipótesis, y sí que el hombre entró al locutorio muy alterado, en estado delirante, presumiblemente bajo los efectos de algún estupefaciente, buscando a toda costa un cargador con el que recargar la batería de sus dos móviles. La Policía llegó poco después.

Este medio ha podido visionar los vídeos que recogen la intervención policial. Mientras dialoga con el primer agente, Haitam señala en varias ocasiones su voluntad de colaborar. “Voy a trabajar con vosotros”, “voy a colaborar”, le dice. Parece nervioso pero no da muestras aparentes de agresividad.

Suelta las tijeras escolares que tenía en la mano, pero no sigue la instrucción de soltar también los móviles y echarse al suelo. El agente le pide en varias ocasiones que, dado que quiere colaborar, le dé la mano. Cuando lo hace aprovecha para engrilletarlo de esa mano con ayuda de dos de sus compañeros, mientras él dice “voy a colaborar he dicho”. Hasta que se le cae el móvil y empieza entonces un forcejeo para mantenerlo tumbado y engrilletarlo de las dos manos, que incluye golpes, descargas táser, sujeciones e insultos en una actuación en la que intervienen seis agentes.

En diez minutos Haitam recibe alrededor de una decena disparos eléctricos mientras trata de zafarse, grita y advierte de que hay cámaras que lo están grabando todo. La intervención queda registrada por los móviles de algunos curiosos que se asoman desde el exterior, por al menos dos cámaras instaladas en el local y por las dos cámaras de los policías, que se activan cuando una táser entra en funcionamiento. Precisamente estas dos se desactivan simultáneamente, justo después de que se produzca este diálogo:

- “Esto ¿cómo se para de grabar? ¿Dándole o cómo es?”.

- “Le doy yo. Le doy yo que, que el mío no… el mío no graba, jaja, ¿le quieres dar o qué?”

-“El tuyo está grabando, mira la cámara encendida”.

A la espera de la autopsia

El Gobierno asegura en su respuesta que todos los agentes reciben formación relativa al uso de la pistola inmovilizadora durante los cursos de ingreso en la Policía Nacional, centrándose en el marco normativo, sus características y las circunstancias que habilitan su uso. Además, los habilitados reciben una instrucción sobre aspectos prácticos del táser.

La respuesta añade que la intervención con personas “que presentan un cuadro de delirio agitado” también se aborda en los cursos de ingreso desde un punto de vista práctico. La pregunta de los diputados de Sumar no aludía al “delirio agitado”, pero la respuesta del Ministerio sí lo menciona. Se trata de un estado de agitación física y psicológica asociada al consumo de drogas, cuya caracterización cuestionan algunos especialistas y entidades de derechos humanos por el uso abusivo en muertes durante intervenciones policiales.

En el caso de la muerte de Haitam, la jueza aún no ha recibido el informe final de autopsia, pendiente del informe toxicológico. Haitam, que sudaba profusamente y estaba alterado, dio a entender que había consumido alguna sustancia estupefaciente. La jueza ha denegado practicar cualquier otra diligencia (como la toma de declaraciones como investigados o testigos a los agentes) hasta recibir el informe completo de la autopsia.

Manifestación el próximo sábado

Colectivos antirracistas de Málaga han convocado una manifestación contra el “racismo estructural” para el próximo 21 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. La marcha tiene su punto de inicio en la Plaza de Capuchinos, frente al antiguo Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga.

Según los organizadores, se trata de poner el foco en cuatro pilares donde “el racismo impacta de forma directa sobre la vida y la dignidad”, uno de ellos la “violencia policial”. La marcha rendirá homenaje a Haitam Mejri, Mamouth Bakoum (el vendedor ambulante senegalés ahogado en el Guadalquivir cuando huía de la Policía, en diciembre de 2024), Adberrahim Akhouh (asfixiado por un agente en Torrejón en junio del año pasado), Mohamadou Diawara (un joven con problemas mentales que entró en una comisaría con un cuchillo, muerto por disparos de un policía local de Montornés del Vallès en julio de 2025), y Abdoulie Bah (un gambiano de 19 años que llegó solo a España hace ocho años, cuidaba niños y fue abatido a tiros en el aeropuerto de Gran Canaria el pasado mayo) y Salim Traoré, un temporero maliense muerto a comienzos de febrero por disparos de la Guardia Civil en Huelva.

La investigación de cómo y por qué Haitam Mejri murió en un locutorio de Torremolinos cuando era reducido por seis agentes de Policía está paralizada en un juzgado de Málaga tres meses después. La jueza espera el informe definitivo de la autopsia, y hasta que no lo reciba ha decidido archivar provisionalmente las actuaciones: prefiere no llamar a ningún testigo y no practicar ninguna de las diligencias solicitadas por los abogados de la familia.

Entre tanto, la familia ha encargado y recibido otro informe pericial, que concluye que el hombre falleció por una insuficiencia cardiorrespiratoria severa causada por la presión que ejercieron los agentes sobre cuello y tórax, unida al uso de gas irritante y una decena de descargas eléctricas con pistolas táser.

En el sumario constan ya las grabaciones registradas por dos de las cámaras del local (desde uno de los extremos y tras el mostrador) y las vinculadas a las táser que usaron los agentes. Esos vídeos, que elDiario.es en Andalucía ha podido visionar sin restricciones, confirman lo que ya se deducía de las grabaciones de algunos curiosos desde el exterior del local: Haitam habría entrado al local muy alterado y forcejeado con el dueño, pero no amenazó a los policías ni manejaba ningún elemento peligroso. Recibió al menos entre ocho y diez descargas eléctricas en diez minutos (todas estando ya en el suelo) y falleció después de que varios agentes pasasen varios minutos sobre él.

Haitam Mejri, de 35 años y padre de un niño de siete, murió el pasado 7 de diciembre en un pequeño locutorio de Torremolinos. La jueza dispone desde hace dos meses de la secuencia desde que Haitam está solo hasta que retiran el cadáver, más de tres horas y media grabadas por una cámara del local; también tiene dos vídeos de unos diez minutos cada uno grabados por las cámaras que se activan al usar las pistolas táser.

El vídeo incluido en esta información ha sido elaborado a partir de las imágenes registradas desde una cámara situada en altura en uno de los rincones del local, lo que ofrece una perspectiva más amplia de la escena, así como del grabado al activarse la cámara de una de las pistolas táser.

“Voy a colaborar”

Las imágenes desmontarían la hipótesis de que Haitam amenazase a nadie, como divulgaron algunos sindicatos policiales. Lo que se ve y oye es una intervención en la que varios agentes golpean, gasean, sujetan y disparan al hombre cuando este ya está en el suelo y engrilletado, mientras este se resiste, les insiste en que sean conscientes de que las cámaras están grabando y grita de dolor y rabia.

En el vídeo se observa que el hombre habría entrado muy alterado pidiendo un cargador para recargar la batería del móvil, llegando a desencajar la mampara tras la que estaba el dueño. Tras forcejear con él y salir a la carrera, este lo encerró y llamó al 112. La Policía envió un Zeta (dos agentes) ante el aviso de un supuesto robo. Luego llegaron cuatro policías más.

Al llegar lo encontraron con dos móviles en la mano derecha y unas tijeras escolares (de unos ocho centímetros y punta redonda) en la izquierda, mientras intentaba extraer el cargador de su envoltorio. Registrada por varias cámaras, es una escena que no anticipa lo que va a ocurrir. “Amigo, ponte al suelo”, se presenta el primer agente que entra al local. Lleva ya la pistola en la mano, lo que activa la cámara vinculada. Haitam no se tumba, señala a las cámaras del local y dice: “Voy a trabajar con vosotros”. Mientras, les muestra repetidamente los móviles, aparentemente satisfecho de que ya están cargando. Los agentes no muestran signos de que perciban riesgo grave. Haitam suelta las tijeras e insiste en retener los móviles.

El agente se le acerca mientras le apunta con el táser, cuya cámara graba a pocos centímetros: Haitam suda profusamente, está nervioso, se mueve, balbucea mientras mira los teléfonos, pero no amenaza. “Voy a empezar a rezar”, dice. “Perfecto”, le dice el agente. “Voy a colaborar”, insiste Haitam, que trata de explicarles por qué está allí y llega a decirles: “No quiero morir”. “Si vas a colaborar, dame la mano”, le dice el agente. Es cuando estrechan las manos cuando todo cambia: cuando el policía le alcanza, trata de tumbarlo con la ayuda de otros dos compañeros, uno de los móviles cae y comienza el forcejeo que acabará con Haitam en el suelo y, tras unos minutos agónicos, con su muerte. Seis agentes habrían participado.

“¡Soltadme! ¡Soltadme!”, grita, cuando está en el suelo. Entre tres agentes le acaban de tumbar. El primer disparo de táser lo recibe en la zona lumbar. “¡Quieto o te pego otro!”, le advierte un agente repetidamente, mientras el otro lo engrilleta y él se dirige a quienes observan desde el exterior: “¿Estáis viendo lo que me están haciendo? ¿Lo estáis viendo todos? ¡Hay cámaras ahí!”.

Un agente se sube en las piernas y permanece allí durante varios minutos, mientras otro lo sujeta por el cuello. Los refuerzos se incorporan a la escena, y el vídeo muestra a tres agentes sujetando al hombre, que está en el suelo y no puede mover las manos, mientras los agentes tienen dificultades para amarrarle también los pies. Uno le golpea la cabeza repetidamente pateando un cartel metálico. “Hijo puta, la que ha liado”. “Tráete el táser, tráete el táser”, reclama uno. “¡No me vais a matar!”, se escucha a Haitam, que grita, jadea y tiene ya dificultades para respirar. Otro anima a seguir usando la táser. “Dale, dale”, dicen. “¡Métele!”.

Con la situación ya bajo aparente control, un agente sugiere: “Métele más táser”. “No, porque ya está ahí todo el mundo mirando”, replica otro, según se escucha en uno de los vídeos de las táser. Han pasado siete minutos desde que lo han tumbado y el hombre ha quedado completamente reducido. “Hay que aguantar, ten fe, ten fe”, masculla. Un agente presiona con la pierna en el tronco y otro sigue de pie sobre las piernas.

“¿Esto cómo para de grabar?”, pregunta entonces uno de los agentes. La grabación de las dos táser se corta simultáneamente segundos después, pero siguen grabando las cámaras del local.

“En Torremolinos Se Queja ya se ha publicado”

En total recibe entre ocho y diez descargas (este medio no puede determinar si varias de ellas son diferentes o una prolongada), todas en el suelo y tres de ellas cuando ya está engrilletado de manos, según dicen los propios agentes (“hala, engrilletado”) pasados varios minutos del forcejeo inicial, mientras otro agente está subido sobre sus piernas.

Durante los diez minutos siguientes lo siguen sujetando y los policías entran y salen comentando su actuación. Uno de ellos reconoce el uso de un spray irritante: “Se lo he echado en la boca y lo ha escupido”. Mientras Haitam respira entre estertores, cada vez más débil, se escuchan también estas dos frases: “Bueno, ya ha muerto, ¿no?”, dice alguien. “En Torremolinos Se Queja ya está publicado”, ironiza otro. Con la comprobación de que su respiración es ya muy débil, alguien comenta que “se ha venido abajo”.

Sólo entonces llaman a la central, a la que dan una información que no refleja lo que está ocurriendo: “Aquí hay un detenido bastante agresivo, llama a una ambulancia. Vamos a inmovilizarlo”. Pero Haitam ya llevaba varios minutos inmovilizado. También explican el origen de la trifulca: “Un móvil, quería cargarlo”.  

Los agentes empiezan a ser conscientes de lo que puede haber ocurrido. “A ver si le pillas el pulso”. “Le damos la vuelta que no se vea”. “Creo que le ha dado una sobredosis”. “Vamos a sentarlo en la silla”. “Una ambulancia, parece que este hombre ha entrado parada. Estamos realizando RCP [Reanimación Cardiopulmonar]”, dice un agente, ya por último. Cuando comienzan, pasan 23 minutos desde que la Policía llegó al locutorio, y Haitam probablemente ya está muerto.

“Elevada presión a nivel de cuello y tórax”

La familia denuncia que a Haitam lo mató la fuerza excesiva empleada por los seis agentes. El abogado Samuel Tejada cree que concurren los elementos para imputar un presunto asesinato, y no sólo una imprudencia mortal.

El informe que han encargado, firmado por el forense Aitor Curiel, sostiene esa conclusión. Se trata de una segunda opinión técnica, que se añade a la que aún debe entregar el Instituto de Medicina Legal, que está a la espera del análisis toxicológico.

“La elevada presión a nivel de cuello y del tórax, la inmovilización y sujeción junto con la utilización de un gas/gel irritante y la realización de múltiples descargas eléctricas con TASER produjeron una insuficiencia cardiorrespiratoria severa y la posible producción de arritmias cardiacas letales en un corazón con patología cardiaca previa no mortal a corto plazo y no conocida”, señalan las conclusiones del informe encargado por la familia, a las que este medio ha tenido acceso.

El documento observa que padecía arterioesclerosis coronaria severa y otras patologías coronarias, pero concluye que no hubiera fallecido “en ese momento ni en esa forma” de no haber sido golpeado, presionado, inmovilizado, gaseado y electrocutado reiterada y prolongadamente.

La familia cree que la muerte de Haitam no fue el resultado de una actuación meramente imprudente, sino de un uso “desproporcionado y excesivo” de la fuerza con plena consciencia de lo que podía ocurrir. “Sabían que había un riesgo y aun así se emplearon unos medios que pueden causar la muerte”, señaló su abogado en una rueda de prensa a finales de diciembre.

La familia está muy dolida con versiones apócrifas difundidas en prensa por sindicatos policiales, en las que se imputaba a Haitam agresividad, un intento de robo, amenazas en árabe o el uso de “tijeras de grandes dimensiones”, que los vídeos desmentirían. La muerte de Haitam ha originado varias manifestaciones denunciando el “abuso policial” y el “racismo institucional”.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha rechazado la querella presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, por unas declaraciones sobre la muerte de un migrante a manos de unos agentes en Torremolinos (Málaga). El sindicato policial acusaba a Belarra de injurias y calumnias graves a las Fuerzas de Seguridad y de un delito de odio y los magistrados del Supremo consideran que las declaraciones fueron realizadas “en el contexto del debate político” y están amparadas por la libertad de expresión.

Belarra comentó desde su cuenta de X una información del diario 'Sur' titulada 'Muere tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando la Policía lo reducía en un locutorio de Torremolinos'. “Decir mueres de un infarto mientras la policía te detiene es lo mismo que decir que las mujeres mueren a manos de su pareja mientras les dan una paliza. No son muertes, son asesinatos y esto violencia policial racista que hay que parar ya”.

Hiaitam, de 35 años, murió de un infarto en un locutorio de Torremolinos después de que un agente de la Policía Nacional descargara contra él su pistola táser. El suceso despertó una ola de indignación en la ciudad malagueña y un juzgado local investiga los hechos. Los sindicatos policiales defendieron la actuación de su compañero por la supuesta agitación de la víctima, pero la familia niega esta versión y considera que Haitam fue asesinado.

El SUP entendió que la líder de Podemos acusaba a la Policía Nacional de “ser unos asesinos, violentos y racistas” y que su afirmación eran “una acusación generalizada” contra todos los miembros del Cuerpo. Sin embargo, la Sala Segunda concluye que, “por más que las expresiones proferidas sean injustas y excesivas, en su forma y contenido, las entendemos amparadas por el derecho a la libertad de expresión”.

El fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es, añade: “Cuando las expresiones se producen en el contexto del debate político y se relacionan con asuntos de interés general, por las materias a que se refieren o por las personas que en ellos interviene, y contribuyen a la formación de una opinión pública libre, como es el caso, el derecho a la libertad de expresión tiene un máximo nivel de eficacia en garantía precisamente de esa opinión pública y de los valores democráticos por lo que el ejercicio de esta libertad o pera en este caso como causa excluyente de la antijuricidad penal”.

Es la segunda vez que el SUP intenta, sin éxito, que el Supremo impute a Belarra por criticar a la Policía. A raíz de los incidentes de Torre Pacheco y de la pasividad de miembros de las Fuerzas de Seguridad que mostraron los medios de comunicación, Belarra afirmó que la Policía tenía “un serio problema de infiltración neofascista”.

Como ahora, y dada su condición de aforada, el SUP se querelló contra Belarra ante el Supremo. Los jueces entendieron que las expresiones de la diputada “evidencian una falta de respeto y educación”, pero que prevalecía su libertad de expresión al estar en “un contexto político y social concreto”, en ese caso el auge del odio contra los migrantes tras la agresión a un anciano en la localidad.

El Ayuntamiento de Torremolinos, dirigido por la alcaldesa Margarita del Cid (PP), quiere prohibir que se tienda la ropa en los balcones a la vía pública de los edificios de la ciudad. Nada de toallas, sudaderas y pantalones a la vista de todos, qué decir de la ropa interior. La norma ya tiene la aprobación inicial, pero tendrá que pasar otra vez por el Pleno para obtener el respaldo definitivo. La oposición ha anunciado que aprovechará para reiterar sus objeciones, mientras el equipo de gobierno defiende la nueva regulación avanzando que será permisivo si no hay alternativa y que las multas son improbables.

La Ordenanza Reguladora de la Estética Urbana del municipio, que así se llama, recibió su primer espaldarazo hace ahora dos semanas, y ya ha sido enviada al Boletín de la Provincia para que cualquiera pueda alegar. Su objetivo va más allá de los balcones: se trata de “conseguir una estética adecuada” para la “integración del conjunto edificado en el entorno”, con la finalidad de “garantizar y promover la debida imagen de la ciudad”. La idea es acabar con la estética irregular de las fachadas de los edificios, la mayoría de ellos construidos en los 60 y los 70 al rebufo del boom turístico del tardofranquismo.

Es un problema de “estética urbana”, se dice: hay “numerosas fachadas” deterioradas, “saturación de publicidad”, elementos publicitarios que invaden la vía pública y cada local tiene una estética propia, con luminosos y cartelería de todo tipo. La Ordenanza se propone recomponer la armonía reduciendo la contaminación visual y “unificando criterios”.

Sin embargo, aunque las principales limitaciones afecten a los comercios, obras nuevas o rehabilitaciones, se incluyen también algunas para los ciudadanos. Entre, ellas, la “acumulación de objetos visibles” en terrazas y balcones, incluyendo la ropa tendida.

Finalidad “preventiva”, según el equipo de gobierno

La norma recoge la prohibición en tres artículos, cada uno con sus propios matices. “No se permitirá la acumulación de objetos visibles (ropa tendida, electrodomésticos, mobiliario, enseres) en balcones o terrazas que den a vía pública y generen un impacto visual negativo”, señala el artículo 10. En el 11 se recogen algunas “prohibiciones expresas”: “Ropa tendida a la vista desde calles principales, en edificios con soluciones de tendedero alternativo y, en caso contrario, con solución de tendedero móvil dentro de cada propiedad”. Y el artículo 13 amplía la prohibición al suprimir la referencia a las “calles principales” y bastando con que se vea desde la vía pública.

La Ordenanza no aclara si se trataría de una infracción leve, grave o muy grave, aunque por la tipología de infracciones encajaría en la leve, por lo que la multa podría oscilar entre los 100 y los 750 euros. Fuentes municipales explican que la multa solo se contempla si alguien con alternativas evita seguir las instrucciones y sigue tendiendo al exterior. “Será muy raro que se llegue a infracciones”, vaticinan. Pero en ese caso, la infracción subiría de grado: la Ordenanza contempla la “desobediencia reiterada a órdenes de ejecución o requerimientos municipales” como infracción muy grave, sancionada de 1.501 a 3.000 euros.

El equipo de gobierno insiste en que la voluntad de la ordenanza es “preventiva”. “Si no hay otras soluciones alternativas se entenderá justificado y se podrá seguir haciéndolo”, señala Marina Vázquez, concejala de Regeneración Urbana. Según explican, lo que hace la nueva Ordenanza es recopilar bandos dispersos, entre ellos uno de 2005 que recogía una prohibición similar sin que causara revuelo.

“No es cuestión de decoro, sino de necesidad”

La imagen de Torremolinos está asociada turista que, solo cuando cae el sol, vuelve a su apartamento para al menos tender la toalla y arrumbar la sombrilla hasta la mañana siguiente. De los balcones de sus edificios cuelgan también decenas de enseñas LGTBI, porque la ciudad abandera desde hace décadas la lucha por la libertad sexual, y ha encontrado en el turismo de este colectivo un importante nicho de mercado. Hay cartelería diversa, gran parte de ella de estética cercana a lo retro. Y hay, evidentemente, cientos de balcones que sirven para secar al sol la ropa de vecinos y vecinas que habitan en este municipio segregado de Málaga en 1988 que hoy cuenta con casi 75.000 empadronados. Estampas que rompen la pretendida uniformidad que se pretende.

“Mejorar la estética no conlleva perder identidad”, dice la alcaldesa en un vídeo en el que defiende la norma. El equipo de gobierno insiste en que son conscientes de que hay zonas y zonas, y que el objetivo es armonizar las zonas céntricas y turísticas.

La nueva norma está siendo criticada por la oposición, que aprecia en ella un tufo clasista. “La prohibición se extiende a todo el municipio, pero afectará más a los barrios más humildes”, advierte David Tejeiro, concejal de IU. “Puede que los señoritos del PP no lo sepan, pero en Torremolinos viven familias de tres, cuatro y cinco miembros en estudios pequeños, o en pisos con una sola habitación, ¿qué solución les dan para secar la ropa? No todo el mundo tiene una secadora; y no todo el mundo quiere tenerla”. Tejeiro cree que la ordenanza empuja a los vecinos a comprar un tendedero. “¿Y dónde van a ponerlo quienes viven en casas pequeñas? ¿Entre el sofá y la tele? ¿En los muelles de arriba de la litera de los niños?”.

Jorge Padilla, portavoz del PSOE, lamenta que se vaya a penalizar a quien tiende la ropa cuando en un contexto de graves dificultades para conseguir vivienda. El precio medio de la vivienda en oferta de alquiler está en 17,2 euros por metro cuadrado, según Idealista. Es el 5,4% más que hace un año y un 73% más que hace cinco. A la venta, la media es de 3.925 euros/m2, el 14,6% más que hace un año y el 83,2% más que hace cinco. En ambos casos, está en la franja alta de una provincia muy tensionada por la falta de vivienda asequible, especialmente en la costa.

“Hay pisos de 40 metros donde viven seis personas, es muy difícil emanciparse y hay muchos locales reconvertidos. Claro que nos gustaría que no hubiera ropa en la calle, pero el 90% no tiene alternativa”, señala Padilla. La concejala prometió estudiar “caso a caso” y dijo ser consciente de la existencia de “infravivienda”.  “Si lo reconoce, tiene que atender a eso, y no tanto a la ropa tendida, que es un síntoma de la estigmatización de gran parte de la población y del desconocimiento de su propia ciudad. No es cuestión de decoro, muchas veces es una necesidad”. El portavoz socialista apunta también a un problema práctico: “¿Qué significa que haya alternativa? ¿Van a ver casa por casa? ¿Van a obligar a tener secadora o a comprar un tendedero?”.

Prohibido en Barcelona o Madrid, revuelta en Nápoles

El debate no es nuevo o exclusivo de Torremolinos, y resurge cada cierto tiempo, especialmente en ciudades mediterráneas donde la gran cantidad de horas de luz solar facilita el secado al aire libre. El debate suele girar en torno al aprovechamiento de las terrazas como elemento indispensable para habitar una vivienda, y la reivindicación de la ciudad para vivir y a una cuestión identitaria. “Las banderas de mi casa son la ropa tendía”, cantaba Robe Iniesta. Hay también un elemento económico y ecológico: ¿por qué no aprovechar la luz solar? Frente a esta posición se opone la estética: la ropa colgada afea el espacio público, especialmente en zonas patrimoniales y céntricas.

En Nápoles, el amago de una prohibición similar en 2022 provocó una revuelta popular que obligó al gobierno municipal a recular. La colada en los callejones napolitanos es un elemento representativo de la ciudad. La prohibición de tender la ropa en balcones a la vía pública no es general en España, pero tampoco es exclusiva de Torremolinos. Barcelona lo prohíbe desde 1999, Madrid también. En Andalucía, está el caso de Cuevas del Almanzora, que recoge la prohibición en sus ordenanzas desde octubre de 2024. También las comunidades de propietarios pueden introducir limitaciones.

No existe tal prohibición en Málaga capital, cuyo PGOU señala que en todas las viviendas debe existir la “posibilidad del tendido de ropa al exterior”, pero aclara que debe ser “con protección de vistas desde la calle”. En Sevilla tampoco se prohíbe, pero hace cuatro años el Ayuntamiento contrató una campaña publicitaria, especialmente dirigida a los turistas, para pedir que se abstuvieran de tender en balcones visibles desde la vía pública porque “está muy feo”.

Haitam Mejri falleció el 7 de diciembre tras una intervención policial en la que recibió entre ocho y 11 descargas eléctricas. El hombre, asentado desde hace tiempo en Málaga con su hijo de siete años, entró a un locutorio en torno a las 19:30 de la tarde y no salió con vida. elDiario.es publicó en exclusiva varias informaciones con los vídeos aportadas a la causa judicial, cuya instrucción, según denuncia la familia, está detenida en el juzgado.

En el sumario constan ya las grabaciones registradas por dos de las cámaras del local (desde uno de los extremos y tras el mostrador) y las vinculadas a las táser que usaron los agentes. Esos vídeos, que elDiario.es en Andalucía ha podido visionar sin restricciones y que recopilamos aquí en su totalidad, confirman lo que ya se deducía de las grabaciones de algunos curiosos desde el exterior del local: Haitam habría entrado al local muy alterado y forcejeado con el dueño, pero no amenazó a los policías ni manejaba ningún elemento peligroso. Recibió al menos entre ocho y diez descargas eléctricas en diez minutos (todas estando ya en el suelo) y falleció después de que varios agentes pasasen varios minutos sobre él.

Estos son todos los vídeos de la muerte de Haitam:

La Fiscalía de Málaga ha remitido al juzgado un escrito de denuncia sobre las diligencias preprocesales iniciadas contra el concejal y exsecretario general del PSOE del municipio malagueño de Torremolinos, Antonio Navarro, que fue denunciado por una militante socialista por un presunto acoso sexual.

Así lo han informado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han precisado que la denuncia se formuló por los presuntos delitos de acoso sexual, contra la libertad sexual y contra la intimidad y se presentó a principios de enero para que el Juzgado Decano de Málaga procediera a su reparto entre los juzgados de Violencia sobre la Mujer.

Tras la correspondiente investigación y al ver indicios de supuestos delitos, la Fiscalía ha decidido remitir al juzgado las diligencias preprocesales, con presentación de denuncia, que incoaron en diciembre del año pasado a raíz de la denuncia interpuesta por la militante.

El PSOE andaluz, que pilota la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, disolvió en diciembre la ejecutiva en Torremolinos y puso la agrupación al frente de una gestora provisional, tras hacerse pública la denuncia ue una mujer había tramitado a través del canal antiacoso del PSOE. La denunciante elevó esa querella al juzgado, adjuntando una serie de mensajes con insinuaciones y proposiciones sexuales a su teléfono que le había enviado Navarro. 

La denuncia fue derivada a la sección de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía de Málaga, que abrió una investigación, y empujó al partido a suspender de militancia a su líder en Torremolinos, que ha mantenido el acta de concejal. La mujer señalaba en su escrito que en el último trimestre de 2021, comenzó a recibir “mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiones no deseadas ni consentidas”, lo que generó en ella “un ambiente intimidatorio, degradante y humillante”.

En la denuncia relataba una serie de mensajes enviados en el entorno laboral “pero también en horario nocturno y fuera del ámbito laboral” y señalaba que esto generaba “una presión insoportable e incluso miedo”. Un día concreto, según este escrito, le envió más de 50 mensajes consecutivos.

Además, explicaba que el denunciado también realizaba otras acciones que, en su opinión, “atentaban a la intimidad” y que aprovechaba cualquier ocasión para “sobrepasarse también físicamente”. Según considera, estas actuaciones se han producido “en el contexto de un relación de superioridad”.

La denunciante puso los hechos en conocimiento de la organización en junio de este año y reiterados en octubre, siendo instruidos según el protocolo frente al acoso de la formación, pero sin que hubiera tenido respuesta sobre estas denuncias internas en el momento de la presentación de la denuncia en Fiscalía.

El PSOE acordó abrir expediente disciplinario a Navarro y suspenderlo cautelarmente de militancia. En la Diputación, precisamente en el pleno del miércoles se daría cuenta de su condición de no adscrito y en cuanto al Ayuntamiento de Torremolinos se está en proceso aún, han precisado a Europa Press fuentes socialistas.

Una mujer ha fallecido este martes en Torremolinos (Málaga) al caerle encima una palmera a causa de las “fuertes rachas de viento”, han informado a EFE fuentes municipales y del servicio de emergencias 112 Andalucía.

El suceso ha ocurrido en la avenida Palma de Mallorca de dicha localidad alrededor de las 13:40 horas, cuando más de una decena de testigos han alertado al teléfono 112 de la caída del árbol.

El centro coordinador ha alertado en ese momento al Consorcio Provincial de Bomberos, a la Policía Local y a los servicios sanitarios, que han intentado sin éxito reanimar a la mujer tras sufrir una parada cardiorrespiratoria.

El Ayuntamiento ha trasladado su pésame con un mensaje en redes sociales.

Los abogados de la familia de Haitam Mejri, fallecido hace diez días en un locutorio de Torremolinos tras una intervención policial que incluyó el uso de dos pistolas táser, han apuntado este jueves que el uso “muy excesivo” de la fuerza por parte de los agentes sobrepasaría, según ellos, la mera imprudencia, y encuadraría la muerte de Haitam en un homicidio doloso o, incluso, un asesinato. “Sabían que había un riesgo y aún así han empleado unos medios que pueden causar la muerte”, han asegurado Miriam Rosales y Samuel Tejada, letrados de la familia.

La familia y los letrados han visto ya el vídeo registrado por la cámara de seguridad del local, incorporado al sumario. “Quedan descartados determinados extremos que se han difundido públicamente. En particular, un supuesto robo. También el uso de unas tijeras como elemento de riesgo y la existencia de violencia contra los agentes”, ha asegurado Nasser, hermano del fallecido.

La familia no ha mostrado los nuevos vídeos a la prensa alegando el carácter reservado de las diligencias y ha evitado dar detalles, pero ha enfatizado que son “bastante esclarecedores”. “No hay versión policial ni de ningún tipo que puedan contradecirlos”, ha explicado Tejada. Según el letrado, había unas tijeras de papelería de punta redonda que ya estaban en el local y que el fallecido puso encima del mostrador cuando los agentes se lo exigieron. “No son un objeto por el cual se pueda considerar que hubo una amenaza”.

“Sabían que había un riesgo”

La muerte de Haitam Mejri está siendo investigada por el juzgado de instrucción 4 de Torremolinos, que dispone al menos del atestado policial, de un documento del Instituto de Medicina Legal donde se califica la muerte de “violenta” (sin determinar las causas externas) y de varios vídeos.

Hasta ahora, se han difundido los grabados por testigos desde el exterior, de los que no se deduce agresividad en Haitam ni un riesgo vital en la intervención policial. Son cinco vídeos de un torno a un minuto de duración total, donde se escucha a los testigos en tono jocoso.

El nuevo vídeo ya en el sumario mostraría la secuencia completa desde que el hombre entra al local, en torno a las 19:30 del domingo 7 de diciembre, hasta que sacan su cuerpo. Según la familia, permite comprobar que hay un exceso después de que el hombre ya haya sido reducido: las táser se habrían disparado cuando el fallecido estaba en el suelo con cinco agentes sobre él, y habría “otras situaciones violentas” que se deducen al escuchar de la respiración agitada y de lo que decía cuando aún estaba vivo, pero ya en el suelo. “Si hay cinco personas encima de alguien, lo matan”, ha explicado el abogado. En uno de los vídeos sí difundidos se le escucha gritar desde el suelo “me está dando un infarto” y “están allí las cámaras”.

A tenor de las imágenes, los abogados descartan una mera imprudencia. “Un policía está preparado para reducir a una persona sin matarla. Y una vez en el suelo, están perfectamente preparados para llevársela entre dos”, ha valorado el abogado, que observa un “uso desproporcionado de la fuerza” con la intervención de “cinco o seis” agentes: “Sabían que había un riesgo y aun así se han empleado unos medios que pueden causar la muerte”.

Falta aún los vídeos que registran las pistolas táser cuando son activadas. Según la familia, el juez los ha pedido a la Policía. Muchos agentes llevan también cámaras personales, pero la familia duda de que en este caso se vayan a aportar, si existieran.

También han solicitado que se realice una segunda autopsia. Aseguran que no tienen aún los resultados de la primera, pendientes de los análisis. También han pedido la declaración de los sanitarios que acudieron al lugar y no lograron reanimarle.

Preguntas en el Congreso

Haitam Mejri murió tras ser reducido por al menos cinco policías en un locutorio de Torremolinos. Según la familia, lo único que quería era un cargador para su móvil, que se había quedado sin batería. Una vez cargado, habría podido pagar con la wallet. El dueño del locutorio, sin embargo, lo encerró en el local, dio aviso al 112, y este a la Policía, que trasladó un aviso por robo.  

La familia está muy dolida con las versiones recogidas estos días por los medios, que incluyen la supuesta agresividad, amenazas en árabe o el uso de unas “tijeras de grandes dimensiones”. El origen de esa y otras versiones es apócrifo: han sido difundidas por portavoces de sindicatos policiales, sin aclarar cuál es su base. “Gracias a los videos se ha podido determinar que todos los que hablaban de robo lo decían de forma espuria: la caja se encontraba abierta, no tocó jamás ni un solo billete ni moneda de la caja, y el dinero que había fuera lo aparta para seguir buscando el cargador, que era su única obsesión”.

“Resulta difícil mantener la confianza en determinadas instituciones que se han esforzado en trasladar a la opinión pública una versión de los hechos sensiblemente distintas a las que reflejan las imágenes”, ha insistido el abogado, quien ha acusado a las asociaciones y sindicatos policiales de ponerse “la camiseta de su equipo” “sin tener acceso a las actuaciones, sin saber lo que había pasado y dando por válida una versión que evidentemente no es la real”.

Toni Valero, diputado de Sumar, ha presentado varias preguntas al Ministerio del Interior cuestionando por el uso de las pistolas táser y si aquí fue proporcionado. También sobre el protocolo de actuación que siguieron los policías, si se va a revisar y si se ha abierto una investigación interna.

“Queremos creer, y a lo largo del procedimiento se conocerá, que el origen de Haitam y sus rasgos no tuvieron relación con el accionar de los policías. Queremos creer que hubieran actuado de la misma manera con una persona, por ejemplo, de origen alemán”, ha señalado esta mañana Nicolás Sguiglia, coportavoz de Con Málaga (IU + Podemos), quien ha denunciado los comentarios racistas vertidos a raíz de esta muerte.

Sguiglia ha situado las declaraciones en las que Ione Belarra, secretaria general de Podemos, habló de “violencia policial racista” en la libertad de expresión y en una “larga casuística” de “casos similares”. “Exigir justicia para Ethan no quiere decir criticar o desprestigiar a la policía, más bien lo contrario. No se está cuestionando a la Policía en general, se está pidiendo transparencia y justicia”.

El protocolo en la Policía Nacional para el uso de las táser sigue sin conocerse, pese a la petición de Transparencia a Interior. En marzo de este año Amnistía Internacional pidió una regulación estatal que delimite claramente el uso del táser en cuerpos policiales para evitar posibles abusos. En los últimos años se ha generalizado su uso. Según una investigación internacional de la organización, los organismos encargados de hacer cumplir la ley “abusan de forma generalizada” de estos dispositivos “debido a la alarmante falta de regulación”.

Una mujer, militante socialista en la provincia de Málaga, ha presentado una denuncia judicial contra el secretario general del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro, por un delito de acoso sexual, adjuntando un serie de mensajes con insinuaciones y proposiciones sexuales que supuestamente le envió el también diputado provincial y concejal en el Ayuntamiento.

La denuncia ha sido derivada a la sección de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía de Málaga, que investigará el caso, y la dirección provincial del PSOE ha emitido un comunicado anunciando que “los hechos denunciados están siendo objeto de examen e investigación por el Órgano contra el Acoso nombrado por ejecutiva federal del partido”. “Si la Fiscalía abriese diligencias, esta dirección provincial formularía a la Comisión Ejecutiva Federal la solicitud de suspensión cautelar de militancia de acuerdo a nuestros Estatuto y Reglamento”, reza el escrito.

Ya el jueves a mediodía, y tras confirmarse que la Fiscalía ha abierto diligencias preprocesales para estudiar la denuncia y sus documentos, el PSOE malagueño ha anunciado que ha solicitado a la Comisión Ejecutiva Federal la suspensión cautelar de militancia de Navarro, “de acuerdo con los estatutos aprobados en el último congreso federal del partido y con el Código Ético y de Conducta” de la organización.

Además, la dirección provincial ha pedido al secretario general del PSOE de Torremolinos que “ponga inmediatamente a disposición del partido sus cargos institucionales”. “No vamos a tolerar ningún comportamiento que suponga acoso alguno a una mujer. El PSOE es un espacio libre de acoso y un espacio de seguridad para todas las mujeres”, señala el comunicado.

“¿Ese escote lo has tenido siempre?”

Torremolinos es un municipio de casi 71.000 habitantes en la Costa del Sol cuya Alcaldía pasó del PSOE al PP en las últimas elecciones municipales. La militante socialista ha adjuntado en su denuncia mensajes de Whatsapp de Navarro que se remontan a 2021, conversaciones sobre temas de política municipal, donde se intercalan comentarios sexuales por parte del diputado, según ha adelantado el diario Sur.

Algunos de los mensajes de Navarro reproducidos por el diario son estos: “No me esquives, que te quiero meter ficha”; “Yo sé cómo quitarte el dolor de cabeza”; “Lo a gusto que estaríamos ahora con una copa de vino y un sofá”; “Estás muy buena”; “¿Ese escote lo has tenido siempre?”; “Aunque te pusieras cuello vuelto ibas a estar igual de buena”. La mujer ha presentado las conversaciones completas que intercambia con el líder del PSOE de Torremolinos, donde él insiste con estos comentarios sexuales, mientras ella trata de volver una y otra vez a una charla sobre asuntos municipales.

El PSOE andaluz ha visto cómo salta esta polémica en mitad del escándalo por las acusaciones de acoso sexul contra Francisco Salazar, ex secretario de Análisis y Acción Electoral del partido y hasta hace poco persona de la confianza del presidente Pedro Sánchez. Las denuncias de varias mujeres que trabajaban con Salazar, reveladas por elDiario.es, provocaron su caída justo en el Comité Federal que iba a ascenderle a adjunto a la Secretaría de Organización.

Otras dos mujeres registraron entonces nuevas denuncias contra el ex alto cargo de Moncloa a través del canal inerno de antiacoso del partido. La dirección del PSOE federal no gestionó esas denuncias durante cinco mese, hasta que este periódico las hizo públicas y el partido farfulló una serie de argumentos para explicar que habían desaparecido del sistema, que Salazar se acababa de dar de baja de militancia y, por tanto, daban por finiquitada la investigación interna que nunca llegó a empezar. 48 horas después, tras la publicación de las informaciones de elDiario.es y ante el malestar de varias federaciones, el PSOE reabrió la investigación y estudia si también denuncia el caso ante la Fiscalía.

Antes de ascender a secretario general del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro fue cinco años secretario de organización, concejal del Ayuntamiento desde 2019 y diputado provincial desde julio de 2023. La militante socialista, que ha preferido mantener su anonimato ante los medios para evitar represalias, también le acusa de tocarle el culo sin su permiso, una escena que le reprochó directamente advirtiéndole que daría parte ante la dirección del partido si persistía en esa actitud.

Navarro le envió casi 50 mensajes al móvil, en menos de cinco horas, para disculparse. Pero días después retomó los comentarios sexuales: “Cuando te enfadas te pones muy guapa”; “Iré depilado por si tienes un desliz”; “Te ponía ahora de vuelta y media”, le escribió el dirigente socialista, unos comentarios que la víctima tilda en su escrito de “intimidatorios, degradantes y humillantes”, y subraya que le afectaron “gravemente” a su seguridad en el trabajo. “Era una presón insoportable”, concluye.

Un sacerdote de la Archidiócesis de Toledo fue detenido durante la noche del pasado sábado en Torremolinos (Málaga) en posesión de una decena de papelinas con “diversas sustancias estupefacientes”, en una cantidad que excedía a la que podría destinarse a consumo propio. El Arzobispado de Toledo ha confirmado la detención, pero ha negado que se trate del rector del Seminario Mayor de Toledo, sin aclarar quién es el detenido.

Fuentes policiales confirman que el hombre, de 45 años, fue arrestado por su presunta responsabilidad en un delito contra la salud pública. Fue sorprendido en la vía pública durante la madrugada del 22 de septiembre, cuando llevaba una cantidad “que excedía lo que pudiera entenderse como la destinada a consumo propio”.

Según El Español, el sacerdote estaba en posesión de una cantidad importante de 'tusi' o cocaína rosa, una droga sintética obtenida a partir de la mezcla variable de sustancias como la lidocaína, MDMA, cafeína, ketamina, metanfetaminas o cocaína.

Los agentes acompañaron al hombre hasta el apartamento en el que pasaba el fin de semana. Tras registrar la vivienda, los agentes hallaron una balanza de precisión y una bolsita monodosis de droga. El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos.

La Archidiócesis ofrece colaboración

El sacerdote no estaba en Málaga por ningún encargo pastoral, según ha asegurado la Diócesis de Málaga.

En un comunicado enviado este martes, el Arzobispado ha lamentado “profundamente” los hechos que han causado la detención, y ha reprobado “cualquier conducta delictiva que presuntamente hubiera podido cometer” este sacerdote.

La Archidiócesis de Toledo dice tener “plena confianza” en la justicia, y aunque considera que “la responsabilidad de los hechos corresponde al ámbito personal del detenido”, ha manifestado su disposición a colaborar con la investigación.

El Arzobispado asegura que ha apartado cautelarmente al detenido del ejercicio del ministerio y de su oficio, y ha pedido “perdón al pueblo de Dios” por “los daños morales que puedan ocasionar los presuntos delitos de un sacerdote de la Archidiócesis”.

Un sacerdote de Toledo ha sido arrestado en Torremolinos (Málaga) como presunto autor de un delito contra la salud pública. Lo adelantaba El Español-El Digital de Castilla-La Mancha que detallaba la detención de este religioso “por estar en posesión de una cantidad importante de 'tusi', droga conocida como cocaína rosa”.

El eclesiástico, Carlos Loriente, se encontraba junto a tres hombres cuando fue parado por los cuerpos de seguridad para una “inspección rutinaria” mientras viajaba en un vehículo alquilado. Al poseer una cantidad “importante” de este estupefaciente realizaron un registro en la vivienda de uso turístico en la que se alojaban y fue allí donde encontraron más cocaína, por lo que se llevó a cabo el arresto.

En un primer momento de la detención, Carlos Loriente se identificó como 'rector del seminario toledano', sin embargo es canónigo de la Catedral de Toledo y director del instituto teológico 'San Ildefonso'.

El Arzobispado de Toledo lamenta “profundamente” los hechos

El Arzobispado de Toledo ha confirmado la detención de un sacerdote de la Archidiócesis, pero ha negado que se trate del rector del Seminario Mayor de Toledo, Álvaro García Paniagua. La institución eclesiástica ha lamentado “profundamente” los hechos que han causado la detención y ha reprobado “cualquier conducta delictiva que presuntamente hubiera podido cometer” este sacerdote.

La Archidiócesis ha querido expresar su “plena confianza” en la Justicia y aunque considera que “la responsabilidad de los hechos corresponde al ámbito personal del detenido”, ha manifestado su disposición a “colaborar” con ella.

Asimismo, ha declarado que el propio Arzobispado ha abierto investigaciones y ha apartado cautelarmente al detenido del ejercicio del ministerio y de su oficio.

Finalmente, desde entidad eclesiástica han pedido “perdón por los daños morales que puedan ocasionar los presuntos delitos de un sacerdote de la Archidiócesis”.

¿Qué hacen Mariah Carey y Lana Del Rey en Torremolinos desgañitándose en un concierto de Joyce Manor? Parece el arranque de un chiste malo, pero es solo una de tantas escenas surrealistas que te regala el Canela Party, un festival de música independiente que lleva celebrándose en Málaga 17 ediciones y que ha crecido sin perder por el camino sus valores y personalidad: “Menos fondos de inversión y más fondos de diversión”, se leía en las pantallas del recinto este año. Aquello que comenzó entre amigos con conciertos y bandas malagueñas en una sala de un polígono industrial ha derivado en cuatro días intensivos con una propuesta musical fuera de los moldes del festival-experiencia, que culminan con una fiesta de disfraces en la que el verdadero espectáculo lo da el público. Este año fuimos 19.000 asistentes.

Para quienes llevamos media vida yendo al Canela –mi primera vez fue en 2008–, hay escenas que se suceden el día grande que simplemente tienen sentido: un pulpo gigante con luces que se abre paso entre el público en los conciertos, pogos en los que vuelan las pelucas o disfraces colectivos con acento local que toman el pulso a la actualidad, como este de la “rebelión de las fregonas”; las protestas vecinales por la suciedad en los barrios obreros de Málaga que hablan del hartazgo frente a un modelo de ciudad vendida al turismo.

Pero explícale tú a MJ Lenderman, actual niño bonito del country alternativo, quién es Terelu Campos y qué significa esa portada de Semana que dice “mi prioridad es estar viva” que alguien –puede que la misma que escribe esto– agita desde el público. O a los Tropical Fuck Storm lo de Arrabal y el milenarismo. O a Diiv, la banda neoyorquina de shoegaze, por qué Sevilla está conmocionada con la yasificación de la Virgen de la Macarena.

El concurso de disfraces y los cañonazos de confeti al final de cada concierto son las señas de identidad del festival, lo que vemos en las fotos. Desde que hace cuatro años el Canela diera un salto importante en tamaño e intenciones trasladándose al Recinto Ferial de Torremolinos (con un aforo de 5.000 personas), el antiguo Twitter se muerde las uñas esperando lo que se ha convertido en una tradición reciente: el hilo con los mejores disfraces que el periodista Carlos Sánchez (@chocotuits) comparte.

Este año lo encabezaba el Canela Final Boss, la versión malagueñeada del tipo más viral del verano: el Ibiza Final Boss. Bajo las pintas que han personificado el turismo de borrachera estaba el fotógrafo Edu Gómez, la persona que más veces ha ganado el premio individual a mejor disfraz, que consiste en un abono gratis para la siguiente edición. Entre sus grandes éxitos están los disfraces de dos personajes locales: Chiquito de la Calzada –patrón del festival al que se debe el nombre de los escenarios Fistro y Jarl–, que incluía dos cambios de ropa (Chiquito con la patata caliente en el Grand Prix y Brácula) y el Mocito Feliz, por el que sacrificó toda la noche sin ver conciertos para salir de fondo en cada foto del photocall. Más de uno pensó que era el auténtico.

Pero no sería justo referirse al Canela simplemente como “ese festival en el que la gente se disfraza de cosas improbables”, tampoco como un festival a secas. Es evidente el trabajo que hay detrás para intentar traer a bandas y artistas que no hayamos visto ya quinientas veces en otros festivales, y muchas veces ni siquiera en salas. Incluso en ediciones como esta, con más dificultad para salir adelante.

Aun así, han hecho su primera parada en España este año Ecca Vandal, uno de los conciertos más potentes, con todas las chicas al frente por petición de la rapera australiana a lo Kathleen Hannah; Joyce Manor, que se lamentaron por no haber tomado en serio la sugerencia de los organizadores de salir también a tocar disfrazados; o The Get Up Kids, que hicieron su único concierto en el país para celebrar los 25 años del Something To Write Home About cerrando el tour europeo el viernes. Y otras propuestas nacionales menos mainstream con directos desbordantes como Somos La Herencia, Sal del Coche o Tatxers –todos del sello Humo Internacional, que también protagonizó algún disfraz–.

“Israel estado genocida”: el Canela más reivindicativo

Tras casi dos años de genocidio perpetrado por Israel en Gaza y en un verano en que muchos artistas y asistentes a festivales como el FIB, el Sónar o el Viña Rock han cancelado sus planes por estar participados por el fondo Superestruct, vinculado al fondo de capital riesgo KKR, con intereses proisraelíes; los ánimos estaban mucho más reivindicativos. Muchos artistas usaron su espacio y su altavoz para lanzar mensajes por Palestina libre.

El miércoles, el festival abría con un alto y claro “Israel estado genocida” proyectado durante el concierto de los malagueños Serpiente Orión, que tiene entre sus integrantes a algunos miembros de la banda que dio origen al Canela: The Skirmish Society, el grupo de screamo que tocaba con máscaras iniciando así la tradición de los disfraces. Y el jueves fue el día de las conciencias más agitadas: las británicas Lambrini Girls lo hicieron a gritos y guitarrazos, con un “free Palestine” que aparecía tras ellas mientras tocaban, y sumando a su discurso entre canción y canción causas como la defensa de los derechos trans.

El dúo Bob Vylan, incorporación de última hora al cartel tras ser silenciados en Reino Unido por la BBC por incluir el siguiente mensaje en pantalla durante su concierto en Glastonbury: “Palestina libre. La ONU lo llama ‘genocidio’. La BBC lo llama ‘conflicto”, lo volvieron a proyectar y subieron una bandera palestina al escenario. Y recogieron el testigo también tanto el resto de las bandas como el público, que incluso aprovechó las posibilidad de acudir con pancartas el día de los disfraces para plantar en ellas sus proclamas pidiendo la liberación palestina.

Otros festivales son posibles

El Canela hace tiempo que dejó de ser una reunión de caras conocidas en el parking de la sala París 15 para ver el desfile de disfraces antes de entrar a los conciertos, pero para muchos malagueños –y cada vez más “mesetarians”– sigue siendo un momento anual de reunión, fiesta y música con los amigos. Una ocasión para ver a tus bandas favoritas en casa y descubrir otras que sigue emocionando 17 ediciones después hasta a quienes lo organizan.

Tomándole prestado el lema a los amigos del Centolo Weekender, un festival que conserva ese mismo espíritu Canela aún en pequeñito: es algo que nació de colegas para colegas, donde el público sigue siendo el verdadero protagonista. Como diría aquella presentadora de televisión, que bien podría inspirar algún disfraz para próximas ediciones: no es lo mismo contarlo que vivirlo, así que vayan al Canela Party.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha informado este jueves de que el Gobierno ha aprobado una subvención de 2,2 millones de euros para llevar a cabo una rehabilitación integral del Pasaje Begoña de Torremolinos (Málaga). Un lugar, según lo ha calificado la ministra, “mítico, que ha sido cuna del reconocimiento, de la lucha y también el orgullo por ser una persona LGTBI y tener la libertad y los mismos derechos que cualquier otra”.

Redondo ha visitado este jueves este pasaje, y ha recordado que en los años 60 fue “referente a nivel nacional e internacional” de diversidad y “cuna de la reivindicación y de la libertad y de ese orgullo de ser y sentirse diferente con libertad para amar a quien uno quería y con plena autonomía para proyectar un futuro en libertad”. En 1971 sufrió una redada y a partir de ahí llegó la decadencia, “al menos física”, del espacio.

Ha asegurado que las obras “son inminentes, prácticamente la próxima semana va a iniciarse” y el objetivo es “recuperar este espacio como un espacio económico, como un espacio de ocio, de cultura, de diversidad, como un espacio cívico y como un espacio para la convivencia”.

Fondos Next Generation

Esta subvención se produce tras años de trabajo por parte de la Asociación Pasaje Begoña y su colaboración con la Comunidad de Propietarios del mismo nombre y empresas. Está incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, concretamente en el Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales impulsado por el entonces Ministerio de Transportes y que ahora gestiona el Ministerio de Vivienda.

Se trata de un programa enmarcado en los Fondos Next Generation, transferidos por el Gobierno de España a las comunidades autónomas para su gestión y tramitación. Concretamente, la actuación de mejora o rehabilitación afecta a 105 viviendas y una superficie de locales comerciales de 1.096 metros cuadrados, han indicado desde la Subdelegación del Gobierno en Málaga.

“Son 2.200.000 euros de un plan del Gobierno de España que está orgulloso de poder invertir en lugares esenciales para el reconocimiento de los derechos y en lugares que han sido cuna de los derechos”, ha asegurado la ministra, quien ha señalado que el ministerio “ha querido iniciar aquí, precisamente, en coordinación con los colectivos malagueños y de Torremolinos, este inicio de celebraciones del Orgullo que se prolongarán a lo largo de todo el mes”.

Candidatura conjunta al Europride

Cuestionada por qué Torremolinos y Melilla barajan presentar una candidatura conjunta para albergar el Europride, la ministra ha dicho que “es de justicia que Torremolinos, que ha tenido esa trayectoria desde los años 60, trabajando por la inclusión, trabajando por el respeto a la diversidad, trabajando por los derechos de todos los ciudadanos y por la igualdad, en definitiva, tenga ese reconocimiento”.

“Ya lo apoyamos el año pasado y realmente seguimos muy comprometidos”, ha dicho Redondo, quien ha considerado que “esta ciudad ha hecho mucho, mucho, por ese reconocimiento”.