La jueza archiva la investigación por la muerte de Haitam sin tomar declaración a los policías que lo redujeron

La jueza que investigaba la muerte de Haitam Mejri durante una intervención policial en Torremolinos el pasado 7 de diciembre ha archivado la investigación, según han informado fuentes judiciales en un comunicado. El archivo, que no es definitivo, ha sido recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga. El abogado de la familia explica que lo que ha hecho ahora la jueza es resolver negativamente el recurso que él interpuso contra su primera decisión de archivar el caso, a mediados de febrero.

La jueza se basa en el reciente informe del Instituto de Medicina Legal (IML) que concluye que la muerte del hombre, de 35 años, se produjo por una reacción adversa al consumo de sustancias tóxicas que derivaron en un “delirio agitado sobre la base de un corazón patológico debido al consumo de sustancias”.

Según se desprende de los vídeos grabados aquella tarde y desvelados por elDiario.es (dos del local y dos de las cámaras asociadas a las táser) Haitam Mejri recibió entre siete y once descargas eléctricas de entre 1.000 y 2.000 voltios, golpes, gas pimienta y fue inmovilizado presionándole piernas y tronco, después de que entrara, visiblemente agitado, a pedir un cargador de móvil.

Dos informes contradictorios

La familia sostiene que de las imágenes se extrae un uso desproporcionado de la fuerza, y que los seis agentes que intervinieron se excedieron conscientemente, lo que podría constituir incluso un asesinato.

La familia aportó un informe del especialista Aitor Curiel, Médico Especialista en Medicina Legal y Forense y presidente de la Sociedad Española de Medicina Legal y Forense, que concluye que la muerte no se habría producido en ese lugar y en ese momento de no haber mediado una intervención policial como la que se produjo, y documenta 86 lesiones en el cadáver.

También dispone de un contrainforme que rebate las conclusiones del IML respecto a la relevancia del consumo de drogas, y señala que “en ausencia de dosis letales en sangre, la actuación policial se alza como el elemento más claro, objetivo y compatible con la causa que desencadenó el fallecimiento, superando cualquier riesgo derivado del consumo recreativo previo”.  

La jueza de instrucción no ve nada de eso, y sigue el criterio de los dos forenses que firman el informe del IML, atribuyendo la muerte al “delirio agitado” causado por el consumo de cocaína y agravado por unas patologías coronarias (desconocidas hasta ahora por la familia), lo que le habría producido la muerte súbita por una parada cardiorrespiratoria.

Según los forenses, Haitam sufrió un cuadro de delirio agitado caracterizado por la “alteración aguda del estado mental” junto con “agitación psicomotora extrema, hiperactividad autonómica y pérdida del control conductual”. El delirio agitado es un diagnóstico no reconocido por la OMS o por las principales asociaciones de psiquiatría, muy controvertido por su caracterización difusa y su empleo en el diagnóstico de muertes en intervenciones policiales.

Recurso ante la Audiencia Provincial

El comunicado explica que el auto de archivo considera que la autopsia realizada por el IML es más concluyente que el informe de la autopsia presentada por la parte, “que no es concluyente, está basada en hipótesis y es menos completa dado que no analiza algunos restos y fluidos de la víctima”.

La jueza confirma así la decisión que ya adoptó en febrero, cuando archivó a la espera de los resultados de la autopsia del IML, denegando la práctica de cualquier otra diligencia entre tanto.

Aquella decisión, que la familia no pudo recurrir entonces, motivó también que los letrados presentaran ante el Consejo General del Poder Judicial una queja contra la jueza, a la que acusan de vulnerar su derecho a la tutela judicial efectiva. En la queja razonan que no se han practicado diligencias que podrían ser esenciales, como la toma de declaración a los propios policías (ya sea como testigos o como investigados) o la identificación de testigos.

Apoyada también en el criterio de la Fiscalía, la jueza no ha practicado ninguna de esas diligencias en los últimos tres meses, y ha archivado dos días después de recibir el informe del IML.

Fuentes judiciales explican que el procedimiento será remitido en fechas próximas a la Audiencia de Málaga donde serán los magistrados de una de las secciones penales los que decidirán si el archivo es definitivo o, por el contrario, ordenan continuar con la investigación judicial para determinar la existencia de responsabilidades penales.