La Justicia ordena al Gobierno andaluz que devuelva las parcelas que expropió para la gran depuradora de Málaga

La Justicia ha vuelto a fallar contra la gran depuradora de la zona norte de Málaga. Una sentencia del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA), notificada a las partes este miércoles, ha acordado dejar sin efecto las expropiaciones forzosas que la Junta de Andalucía ya había realizado en la Vega de Mestanza, unos terrenos en zona inundable que suman unas 13 hectáreas dedicadas desde hace casi un siglo al cultivo de cítricos, y donde estaba previsto ubicar la EDAR que depuraría las aguas residuales de unas 600.000 personas que viven en Málaga y su área metropolitana. Además, los magistrados imponen las costas a la Administración, unos 2.000 euros.

La resolución, que anula la convocatoria del levantamiento de las actas previas y por tanto, todo lo que vino después, es el corolario casi inevitable de otra sentencia previa, dictada hace ahora un año por el mismo TSJA, ordenando parar la obra cuando esta ya había arrancado. El TSJA estimó entonces el recurso de la Asociación de Vecinos de la Vega de Mestanza y las Lomas de Cantarranas, concluyendo que la Junta de Andalucía había evitado comparar la idoneidad de esta ubicación y otras alternativas desde el punto de vista ambiental, guiándose exclusivamente por un criterio económico.

Esa decisión, que ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por la administración autonómica, supuso un notable varapalo a la Junta de Andalucía, que llevaba años preparando el terreno legal para ubicar esta instalación y tiene adjudicada la obra desde finales de 2021 por 106,5 millones de euros. Es una obra declarada de interés general para Andalucía, con un presupuesto total de 138 millones de euros con cargo al canon autonómico de mejora de infraestructuras hidráulicas.

La futura depuradora recogerá unos 75.000 metros cúbicos (ampliables a 125.000) procedentes de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Cártama, Torremolinos y un par de barrios de Málaga (Campanillas, Santa Rosalía). Desde 2018 España está sancionada por Europa por la falta de depuración de un puñado de aglomeraciones urbanas. Algunas han ido rematando sus infraestructuras, pero la del norte de Málaga sigue siendo una de las manchas. La multa la paga la Junta, la administración competente de la depuración, que cada año abona 1,3 millones de euros a la Comisión Europea.

La administración esgrime que hacer esta obra es urgente. En su día, el consejero Ramón Fernández-Pacheco desdeñó el argumento ambiental que defiende la conservación de los árboles, de los cuales haría falta talar unos 20.000, según los vecinos, contraponiéndolas al daño que provoca la falta de depuración. “Lo que supone un atentado ambiental es no depurar las aguas”.

Unos 150 propietarios expropiados

La Junta de Andalucía empezó las expropiaciones en cuanto pudo. Primero lo paralizó un juez, pero en cuanto se levantaron las medidas cautelares, empezó a citar a los propietarios, unos 150, a los que fue notificando la ocupación de sus fincas, sin esperar ni siquiera a abonarles el justiprecio, que fijó en seis euros el metro cuadrado. De inmediato, y con el acta de ocupación urgente, empezó a vallar los terrenos y a mover las primeras piedras, encontrando la resistencia de decenas de activistas, muchos llegados desde fuera de Málaga para proteger a los árboles de la tala.

Todo se paró el pasado 16 de junio, cuando el TSJA dictó su primera sentencia. Fue una resolución dura con el Gobierno andaluz, al que los magistrados acusaban de desdeñar el impacto ambiental de su decisión. Peor aún: los magistrados sugerían que la administración había pergeñado una evaluación de impacto vacía de contenido, una mascarada que no hacía un análisis mínimamente riguroso de por qué esa era, frente a otras posibles ubicaciones, la mejor posible desde el punto de vista ambiental. El TSJA ordenó a la Junta de Andalucía que parara y empezara toda la tramitación de nuevo.

La sentencia conocida ahora es la consecuencia inevitable de aquella. Si el proceso para colocar allí la depuradora es nulo, también decaen las expropiaciones que se hicieron para llevarlo a cabo. “La anulación judicial anterior del instrumento jurídico que en su día dio cobertura al procedimiento expropiatorio (…) hace que deba también decaer el mismo”, escriben los magistrados.

Depuración en una zona en crecimiento

Málaga y su área metropolitana hacia el norte necesitan una depuradora desde hace más de veinte años. Se trata de una zona en crecimiento, con municipios como Torremolinos y otros que en treinta años han duplicado su población (como Cártama, que bordea los 30.000 vecinos) o incluso la han triplicado, como Alhaurín de la Torre, con 45.000. Con buenas La previsión es que sigan absorbiendo parte del crecimiento previsto en el área metropolitana de la capital y en la provincia, una de las que más crecerá en las próximas décadas según las proyecciones del INE.

Vega Mestanza es el lugar elegido desde 2009, pero el proyecto hibernó hasta que fue rescatado en 2021 por el actual Gobierno autonómico. Cuando lo hizo, se encontró con un imprevisto: una resistencia numantina de vecinos y tenedores de los terrenos, familias que viven de los naranjos, mandarinos y limoneros allí plantados, lideradas por una mujer incansable, Mari Carmen Mestanza, que en estos años ha difundido su causa en todos los foros posibles: por allí han pasado políticos de izquierda a (ultra) derecha, divulgadores científicos, estrellas de la televisión, activistas ecologistas… Ha ido a Bruselas a contar su caso y no hay mitin en Málaga en el que no esté, da igual el partido, siempre dispuesta a insistir al político de turno.

Descendiente de la familia Mestanza, que a principios de siglo compró estos terrenos a la familia Larios para plantarlos de frutales, alega que la actuación destrozará un paisaje histórico, que no se ha justificado por qué esta es la mejor ubicación, que es cinco veces más cara que otras alternativas y que el terreno es zona inundable, como queda demostrado cuando llueve con fuerza y se refleja en los mapas de inundabilidad del Ministerio.

La anulación de las expropiaciones devuelve formalmente los terrenos a los vecinos, pero Mari Carmen Mestanza, que el pasado viernes acudió al mitin de cierre de campaña del PP con una réplica en cartón de Moreno en tamaño real, sabe que el partido de verdad se juega ahora en el Tribunal Supremo: “Yo espero que allí también nos den la razón, pero con estos nunca se sabe”.