Caso ZP: esa delgada línea roja del 'lawfare'

Practicar el arte de la democracia y el estado de derecho -esas dos gigantes conquistas de la humanidad, que a pesar de todas las tormentas, todavía merecen ser apuntaladas como nuestro único refugio conocido- nos obliga a un ejercicio constante de equilibrio y juicio mesurado, de alerta y de prudencia, en una palabra, de virtud cívica. Ello nos conmina a tomar conciencia de la existencia de determinadas líneas rojas, que no por delgadas son menos importantes, como la de la presunción de inocencia y la del lawfare, es decir, el abuso de procesos jurídicos, a menudo -aunque no solo- judiciales, con fines ajenos al derecho y por ello ilegítimos. Son líneas a veces borrosas, casi siempre sutiles -y que nos dan trabajo, para qué negarlo, a los filósofos políticos y del derecho. ¡Qué fácil resulta traspasarlas cuando no tenemos una noción clara de lo que significan e implican o cuando no disponemos de suficiente información! Más que trazar tales líneas rojas con una endeble banda de tela, como las que delimitan el punto de llegada de una carrera de fondo, deberíamos levantar un alto muro de hormigón -con perdón del cambio climático-, un muro coronado en ambos lados con afiladas concertinas, de las que hieren a todo aquel que intente treparlo en cualquiera de las dos direcciones.

Si me pongo metafórico y solemne, es porque nos encontramos en una legislatura marcada por procesos judiciales sin precedentes y de la máxima importancia política y democrática, que será recordada durante décadas, aunque todavía no sepamos exactamente en qué sentido. Por primera vez en nuestra historia democrática, un fiscal general del Estado ha sido condenado por la comisión de un delito, con una sentencia del Tribunal Supremo muy discutible desde el punto de vista probatorio, en un proceso que se inició con una instrucción más que dudosa y que rezumaba hedor, indemostrable pero no por ello menos palpable, a lawfare. Por primera vez en nuestra historia democrática, la esposa de un presidente del gobierno ha sido judicialmente investigada por la comisión de un delito y deberá someterse a juicio. Mientras esperamos la celebración de ese juicio y la subsiguiente sentencia, ya puede decirse, aunque tal vez con menos contundencia que en el caso García Ortiz, que la instrucción ha estado marcada por sombras que tampoco olían muy bien. Y esta semana, por primera vez en nuestra historia democrática, nos encontramos con un expresidente del Gobierno formalmente investigado -imputado, como se decía antes- por la comisión de otro delito. ¿A qué huele esta nueva instrucción? ¿Puede afirmarse, como se han apresurado a hacer algunos líderes socialistas, que estamos ante un nuevo caso de lawfare? Creo que no podemos afirmarlo. Y hacerlo sin elementos de juicio suficientes implica traspasar la misma línea roja, de un modo equivalente en términos democráticos a lo que supone violentar el escudo de la presunción de inocencia, esa salvaguarda de nuestra más alta dignidad cívica, y que en este caso debe todavía proteger a José Luis Rodríguez Zapatero.

¿Qué sabemos los ciudadanos del caso Zapatero? De la lectura del Auto del juez Calama, y a espera de que prosiga la instrucción y eventualmente se decida la apertura de un juicio oral, lo único que puede afirmarse es que hay indicios suficientes para haber llegado a este punto y para seguir adelante con la investigación. El Auto, en efecto, ofrece un relato detallado y bien articulado de elementos de juicio suficientes para fundamentar una sospecha tangible. Ello no significa que los hechos imputados a Zapatero sean ciertos, ni que él sea culpable. Pero la investigación judicial sí parece justificada y tiene toda la apariencia de ajustarse a derecho.

Zapatero está, por supuesto, protegido por su derecho a la presunción de inocencia, y nuestro deber democrático es suspender juicio, o por lo menos expresar nuestros juicios con prudencia y cautela. Bien podría ser que el expresidente fuera inocente, que su causa obedeciera a una nueva instancia de lawfare judicial dentro de esta guerra abierta sin cuartel contra el PSOE y el gobierno de Sánchez, que el juez Calama se hubiera prestado a abusar de los procesos judiciales en nombre del salvamento de alguna patria, que incluso haya inventado o exagerado datos y hechos para revestir de apariencia jurídica una baja maniobra política antijurídica y antidemocrática. Pero a día de hoy no tenemos ni un solo indicio para pensar que ello es así. Y afirmar lo contrario implica negar al juez su derecho al honor igualmente importante, e implica demás contribuir, aunque no sea intencionalmente, a la erosión de imagen de independencia que debe flanquear siempre el poder judicial en un estado democrático y de derecho. En definitiva, afirmar hoy la existencia de lawfare en este caso implica transgredir la misma línea roja que quebranta el propio lawfare, el mismo ataque a los más altos principios jurídicos de nuestra democracia.

Sucede con el lawfare una cosa curiosa, una suerte de paradoja: muchos suelen ver casos de lawfare únicamente cuando es el propio partido el afectado y tienden a pasarlo por alto o ignorarlo cuando afecta al oponente. Ello viene propiciado, tal vez, por el hecho de que el lawfare a menudo implica una relación inapropiada, digamos incestuosa, entre política y derecho que viene potenciada por la polarización y futbolización que sufre buena parte de la política democrática contemporánea, así como por la dificultad epistémica objetiva para identificar en qué casos se ha abusado efectivamente de los procesos jurídicos en aras de fines políticos inadmisibles. Los partidarios de Lula tienden a ver lawfare en los procedimientos judiciales abiertos en el pasado contra el actual presidente, mientras que los abiertos contra Bolsonaro les parecen actuaciones ordinarias y saludables de la justicia brasileña. Y a los partidarios de Bolsonaro les sucede exactamente lo contrario. Todos pensarán que aquello que perciben como lawfare supone un ataque intolerable a los principios democráticos y de estado de derecho, pero lo verán en los ejemplos opuestos.

Bien conocidas distorsiones cognitivas y psicológicas, como el sesgo de confirmación o la disonancia cognitiva, permiten explicar por qué esto sucede, a veces, de buena fe. Pero no descartemos que la Carta Lawfare -la acusación al oponente de practicar este abuso del derecho- también puede ser jugada o esgrimida estratégicamente, como forma (democráticamente ilegítima, pero no por ello menos habitual) de perjudicar políticamente al rival. Cualquier ocasión parece ser buena para ello. Y digamos claramente que hacer eso, denunciar lawfare de forma deliberadamente falsa, es cometer la misma ofensa a los sagrados principios de democracia y estado de derecho que la que cometen aquellos que efectivamente incurren en una acción de abuso torticero del derecho por motivaciones políticas.

¿Qué implicaciones políticas tiene el caso Zapatero para el Gobierno de Sánchez? En mi opinión, ninguna. No hay ninguna razón de momento para suponer que, aunque las acusaciones contra Zapatero fueran ciertas, Sánchez tiene ninguna responsabilidad jurídica o política en el asunto. Como he dicho en otras ocasiones, el presidente Sánchez debería dimitir y convocar elecciones anticipadas. Pero no por el caso Zapatero, tampoco por el de su esposa, al menos de momento, y mucho menos por el del fiscal general del Estado. Debería hacerlo por el caso Cerdán-Ábalos-Koldo, por lo menos si se demuestra la existencia de la trama corrupta. Debería hacerlo no porque esté implicado directamente en la misma, que hasta donde sabemos no lo está, sino por su responsabilidad política por haber depositado en ellos su más alta confianza institucional.

Termino. En 2009 ayudé al gran filósofo político Philip Pettit a escribir un libro sobre el gobierno de Zapatero que fue muy elogioso, en clave republicana, sobre sus políticas durante el primer mandato. Aunque las comparaciones siempre son difíciles y odiosas, he defendido que en mi opinión Rodríguez Zapatero fue, a pesar de todo, el mejor presidente de nuestra etapa democrática. Si las acusaciones actuales contra el expresidente se confirmaran y este acabara siendo justamente condenado, sentiría una gran decepción personal. Y me obligaría, por supuesto, a revisar mi juicio, aunque también puede argumentarse que nuestra evaluación de una gestión de gobierno de un presidente no debería verse empañada por cosas que puedan ocurrir más tarde. No olvidemos, en cualquier caso, que todos nuestros juicios son siempre provisionales y revisables. Lo son en ciencia, y mucho más en democracia.

Se agrega a ello que el impacto que una noticia así podría tener en el actual contexto de desencanto ciudadano con las instituciones democráticas sería claramente negativo. Pero no dudemos ni por un instante que, en caso de que realmente se demostrara la culpabilidad de Zapatero, no podríamos dejar de celebrar que la justicia actúe implacablemente y sin titubear para investigar y condenar a todo aquel que haya decidido cometer un delito, por más alta dignidad política que haya ostentado. Sería, sin lugar a dudas, una excelente noticia para nuestra democracia y nuestro estado de derecho. Ocurre que, aunque la derecha ya se haya situado en esa casilla, no podemos condenar a nadie sin que ni siquiera haya concluido la fase de instrucción y mucho menos se haya celebrado el juicio y dictado una condena. Zapatero sigue siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y sigue siendo, para mí, el mejor presidente que hemos tenido en la España contemporánea. Aunque esto último es por supuesto opinable y debatible, y es una de esas cosas que podemos y debemos discutir libremente los ciudadanos en una democracia que funciona.