La actividad vuelve a los arrozales de las marismas del Guadalquivir, la mayor zona de producción en España de este cereal. Después de que el año pasado no se sembrara por la dramática falta de agua, las precipitaciones caídas esta primavera le han dado una vuelta sustancial a la situación. De esta manera, está previsto cultivar unas 25.000 hectáreas entre finales de mayo y principios de junio, lo que supone unos 5.000 puestos de trabajo.

Esto es posible gracias a que las precipitaciones ha permitido aumentar las dotaciones de agua para riego, de manera que en esta campaña se elevan hasta dos tercios de lo máximo que se puede autorizar. Esto supone 264 hectómetros cúbicos, cantidad autorizada por la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

El panorama que se avecina lo celebra el presidente de la Federación de Arroceros de Sevilla, Mauricio Soler, quien en declaraciones a Europa Press ha mostrado “la ilusión” de esta temporada después de no poder sembrar nada el año pasado y sólo poder sembrar el 30% de las 27.000 hectáreas disponibles el anterior por falta de agua. “Solo se sembró un 30% y, por tanto, no fue un buen año” tanto por “las malas condiciones del río” –con una alta salinidad y con apenas caudal ecológico– como por las altas temperaturas del mes de julio.

Láser para nivelar las tierras

Para llegar al día con las tareas hechas, los arroceros sevillanos ya están cultivando las tierras para a continuación pasar el láser para nivelarlas. “Luego vendrá el abono, taparlas, ya meter el agua y sembrar”, ha detallado.

Asimismo, el sector arrocero sevillano siempre llama la atención sobre la capacidad de “devolver cristalina el 75% del agua que captan con materiales en suspensión”, lo que les convierte en “un filtro del río”. A esto unen que son “la despensa de Doñana”, ayudando a su diversidad de flora y fauna.

La siembra será posible gracias a las lluvias que cayeron en Andalucía especialmente, en marzo. Y es que la precipitación media acumulada durante ese mes en los embalses de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir fue de 209 litros por metro cuadrado (l/m2), una cifra un 194% superior a la media histórica del mismo mes (71 l/m2).

Buenos registros

Esto supone que es el tercer mayor valor registrado durante este mes en los últimos 40 años, por detrás solo de marzo de 2013 y 2018, según recoge el Informe Pluviométrico que elabora mensualmente la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Además, los embalses andaluces han ganado un hectómetro cúbico en la última semana y, por tanto, mantienen su reserva de agua en el 43,8% de su capacidad, acogiendo 4.863 hm3 de agua en total, según los datos facilitados por el Miteco. Con estas cifras, en el cómputo total ya se ha sobrepasado la reserva de agua que se registraba en este mismo periodo del año pasado, cuando se estaba al 26,7% y se acumulaban 2.967 hm3.

La crisis por la sequía azota al pueblo que vive del agua. En Isla Mayor (Sevilla) ya no siembran arroz ni pescan cangrejo rojo. El sustento se escurre entre los dedos. Las ayudas económicas al entorno del Parque Nacional de Doñana quedan lejos de arreglar el entuerto que aprieta el cuello a su periferia social. Sin agua no hay vida, tan simple, en el rincón del mundo que retrató la película La Isla Mínima y que sucumbe a una tierra sedienta que amenaza con ruina y exilio.

La isla del arroz ya es la marisma seca. “Es una catástrofe”, enfatiza el alcalde isleño, Juan Molero. La emergencia por la sequía agarra una raíz dramática para quienes viven de la marisma del río Guadalquivir. “Hay familias que se están yendo del pueblo para buscar el pan en otro sitio”, lamenta, después de un trienio en que el arrozal ha decrecido de la mitad de la superficie cultivable al “desierto” actual.

“¿El futuro? Uf… irte fuera a trabajar como se está yendo la mitad de las personas”, dice Amalia Sayago, ahora en paro y empleada hasta “septiembre del año pasado” en una de las empresas pesqueras que facturaban hasta 20 millones de euros anuales cada campaña. “Mi padre es camarero y se ha tenido que ir a Alemania”, ejemplifica. “Y ya no es solo el cangrejo y el arroz, es una cadena que afecta a todos los comercios, porque si yo no gano dinero en el vivero no voy a comer en un bar o a una tienda a comprarme ropa”, agrega. Las calles están salpicadas de letreros que rezan “se alquila” o, más drástico, “liquidación”.

“El escenario pinta mal y las soluciones no son sencillas”, según Molero. Un remedio es el ansiado “proyecto de modernización” que aporte agua de la zona más alta de la cuenca. Una obra compleja que necesita inversión durante años para que sea realidad. El Ayuntamiento de Isla Mayor, en espera, ha puesto en marcha un “concurso de ideas” para “resolver o mitigar alguna de las problemáticas a las que se enfrenta la comarca”, en colaboración con la Universidad Loyola de Sevilla.

“Situación límite”

“La sequía es la más persistente y además parece que viene para quedarse”, subraya el alcalde isleño. “Sin agua no hay futuro”, grita el campo andaluz para exigir inversiones hidráulicas. Andalucía posterga la emergencia por sequía pero busca agua debajo de las piedras: desde el traslado en barcos a explorar reservas subterráneas o instalar desaladoras, con polémica. O pesca problemas inesperados como líquido radiactivo en los grifos.

El ‘pacto de Doñana’ atiende la crisis de un acuífero que se seca. El dinero llueve para mejorar las condiciones socioeconómicas de la zona -los gobiernos central y andaluz aseguran que invertirán unos 1.400 millones de euros– aunque esta transición ecológica deja fuera la periferia del parque, más allá de pozos ilegales y hectáreas regadas con dinero público.

“Al final el agua es vida”, resume Marisol Baixauli, nueva generación de una familia isleña dedicada al sector arrocero. “Es increíble que en los tiempos que estamos no hayamos sido previsores para sostener y canalizar un agua desalada, más dulce”, sostiene. Una falta de “conciencia hidrográfica” que se traduce en ausencia de infraestructuras que ahora resultan vitales.

“Todo va en declive y es a nivel nacional porque si en Isla Mayor no hay arroz eso significa que el 40 por ciento de la producción nacional queda desabastecida”, en palabras de Baixauli. Es “un problema sistémico”, continúa, “y con esta situación fomentamos las importaciones porque no tenemos producto ni puestos de trabajo”. Y afina el enfoque: “Es un problema también humanitario, de una sociedad que toma un alimento que a veces sabe la procedencia y otras no”.

“Estamos paradas todas”

El sur de Europa sufre la peor sequía de los últimos 60 años. La crisis climática llega a los grifos de media España. Catalunya declara la emergencia ante la peor sequía de su historia. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, pide ayuda a la Unión Europea ante la “catástrofe”. La Junta afloja la cartera ante la “situación límite” de los embalses. Pero más allá de los titulares, la tierra enseña el duro rostro cuarteado de la crisis.

Como en la marisma sevillana. “Yo trabajaba en un vivero pelando cangrejos para sacar las colitas, que es lo que venden, y éramos muchas mujeres, en la plantilla donde estaba éramos unas 60 o 70 mujeres, según la cantidad de cangrejos que hubiera”, explica Amalia Sayago. “También están las mujeres en planta, que empaquetan, echan sus productos… que no es nada más pelar, son muchos puestos de trabajo”, sigue.

“Y ahora estamos paradas todas”, finaliza. “Antes empezábamos en estas fechas y he estado muchos años hasta Navidad con contrato y el año pasado eché tres meses nada más y ya llevo parada desde septiembre”, cuenta. “Lo único que queda es el campo”, los pocos jornales que puedan cosechar “en las fresas porque este año ni papas ha habido”, dice. Y el exilio, “irse fuera a buscar trabajo, o la ruina”.

La exportación de cangrejo rojo de otras zonas de la península era antes un complemento a la campaña local y, con la crisis del agua, casi el único sustento para los viveros. “Se supone que en febrero entra cangrejo de fuera, de Portugal, pero no sé cómo está la situación ahora mismo, pero de aquí no hay”, dice Sayago.

La falta de productos de la marisma, como el arroz y el crustáceo, vacía los platos de “una cadena” que contamina a toda la población. “Cangrejo de aquí ya no hay así que cada vez nos cuesta más tener y los que traen de fuera son más pequeños, por ejemplo ya no podemos hacerlos a la plancha y hemos tenido que retirar ese plato de la carta”, aseguran Joaquina Castro y Pascual Ribera, que regentan el restaurante El Tejao.

“Ya son varios años seguidos y esto va contagiando a todos los negocios, algunos han tenido que cerrar, porque aquí ya sea directamente o no, todos comemos del agua”, explican. Las mesas están y los comensales, “de momento”. “Pero notamos mucho en trabajadores que venían de fuera y ya se nota que cada vez hay menos y también de la gente de aquí, que poco a poco cada vez hay menos movimiento”, afirman. La emergencia por la sequía, mientras, convierte la isla de arroz en una tierra cuarteada que muere de sed.

La quietud inusual para el mes de mayo que envuelve el municipio de Isla Mayor, dentro y fuera de la sede de la Federación de Arroceros de Sevilla, es síntoma del “desastre” que acecha esta campaña a las marismas del Guadalquivir. “Ahora mismo es imposible sembrar nada”, admite Eduardo Vera, director gerente de la institución que representa y defiende los intereses de los agricultores arroceros en la provincia sevillana, mientras recorre unas instalaciones desérticas.

Ese “nada” es tan devastador como la aridez que asola la llanura marismeña, pues significa perder 729 millones de euros en ventas y más de 5.000 puestos de trabajo, paralizar el consumo del que está considerado como el arroz con la mejor calidad del mundo (hasta que se pueda volver a sembrar), así como poner en “peligro” la continuidad del principal productor arrocero de España. Un sector especialmente castigado por la sequía y los elevados costes de producción (el precio del abono se ha llegado a triplicar), y que representa el 5,3% de la producción agrícola, ganadera y pesquera de Andalucía.

Tan solo “un abril lluvioso” podría haber evitado el destino al que se ha visto abocado el mayor arrozal español, tras varias campañas en las que el cultivo del arroz se ha ido reduciendo drástica y paulatinamente en la zona, debido a las plagas (en 2018) y a las consecuencias del cambio climático. Sin ir más lejos, 2021 se saldó con la mitad de la cosecha, al ejercicio siguiente tan solo se plantó un 30% y este 2023, se prevé sembrar “prácticamente nada”. Una decisión que brota de la escasez hídrica generalizada que padece toda la península, sumada a una dotación de agua insuficiente y a la incertidumbre de que vayan a disponer de un suministro “permanente” que pueda garantizar el riego escaso “pero constante” que precisan los arrozales. “Con 1.283 metros cúbicos por hectárea que se nos ha concedido este año no da para sembrar nada, no llegas a final de campaña”, sostiene Vera antes de añadir: “Para el arroz es inviable”.

El futuro de las marismas en juego

Así pues, la situación es dramática por el escenario que dibujan las cifras y por los daños estructurales que aún no se pueden calcular, pero se vislumbran ya a ojos expertos, como los de este nieto de aquellos valencianos que en los años 40 del siglo pasado emigraron a tierras marismeñas para labrarse una nueva vida cultivando arroz. En este punto, Eduardo Vera advierte que los agricultores que “ya no aguantan más” –algunos encadenan tres temporadas sin sembrar– terminarán buscando alternativas fuera del pueblo. “Ese es el peligro: cuando encuentren otro trabajo en el que no tengan que estar todo el día sufriendo y mirando al cielo, pueden perder la motivación y no volver jamás”, deplora el gerente de la Federación, insistiendo en el riesgo de la despoblación, algo que quienes habitan este municipio de tradición arrocera que ronda los 6.000 habitantes “ya hemos vivido”.

Para encontrar un episodio similar al actual en los anales de las marismas, habría que remontarse a la temporada de 1992-1995. También por aquel entonces, la cosecha se redujo al 50% los dos primeros años y, a partir del 94, “no sembramos nada, igual que estamos ahora”, según rememora el gerente de la Federación arrocera de Sevilla. “En esa sequía - continúa Vera - notamos ya una caída de la población, pero el pueblo se logró recuperar de nuevo con el arroz, la pesca y el cangrejo”. Todo lo que vuelve a estar en juego tres décadas después.

A las consecuencias económicas y sociales que se estiman para las 1.100 explotaciones que conforman la Federación (y para la sociedad en general por el “efecto arrastre”), hay que sumar también los daños medioambientales asociados a que la estampa tradicional de las marismas haya derivado en el retrato de un vasto páramo de tierra baldía. De ello da cuenta Carlos Dávila, responsable de la oficina técnica de SEO / BirdLife en Doñana, quien asevera que los arrozales de producción integrada aledaños al Parque Nacional son “especialmente importantes” para la avifauna que, hasta ahora, solían encontrar en este enclave una “muy buena zona de alimentación y descanso” durante sus ciclos migratorios o reproductivos.

Adiós a la “despensa de Doñana”

Por tanto, al no inundarse este año la llanura marismeña del río Guadalquivir para el cultivo del arroz, se va a “perder ese hábitat” conocido como “la despensa de Doñana”, ya que era “muy eficaz para el mantenimiento de estas poblaciones de aves acuáticas migratorias que hacen la ruta entre Europa y África”, como explica Dávila desde SEO / Birdlife. Más de 150 especies de aves (como la aguja colinegra, la cigüeñuela o la cerceta pardilla, un pato en peligro de extinción) que se ven amenazadas por un cambio repentino de hábitos.

A este respecto, el gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla lamenta que quizás “no vuelvan nunca más o tarden décadas en hacerlo”. Porque lo que es evidente para quienes trabajan en las marismas es que la presencia de aves disminuye conforme lo hacen las plantaciones de arroz: los dos últimos veranos han acudido la mitad de aves.

En esta ocasión, como avanza el gerente de los arroceros sevillanos a elDiario.es Andalucía, la producción será a todas luces ínfima, sino completamente nula, como se prevé. Concretamente, en estos momentos la Federación (integrada tanto por cooperativas pequeñas como por las industrias más grandes a nivel mundial) está valorando con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) si cultivar alrededor de 800 de las 37.000 hectáreas que alberga la zona. Esto significaría plantar menos de un 2% de la superficie total, que por estas fechas debería estar ya bañada por las marismas del Bajo Guadalquivir y sobrevolada por las avionetas que esparcen las semillas de arroz.

Ante la imposibilidad de asegurar un suministro de agua continuado durante toda la campaña (que suele culminar en octubre), las comunidades arroceras asociadas a la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) están barajando la posibilidad de ceder el volumen de agua que les asignó la Comisión de Desembalse el pasado mes de abril. Al respecto, el gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla defiende que la compensación económica que obtendrían los agricultores por la cesión iría destinado a “cubrir los costes fijos de cada comunidad de riego”. “Nada más, no vamos a ganar beneficios”, afirma Eduardo Vera, apelando a los gastos que tiene que asumir el arrocero para mantener la casa de bombas, entre otras infraestructuras, de cara a la campaña siguiente, en un año en el que no va a sembrar. “La cesión de agua significaría un pequeño ahorro en costes, pero nos va a costar dinero el no sembrar”, insiste.

Trabajar por el futuro del sector

Por todo ello, a estas alturas del año (cuando ya deberían “estar sembrando”), lo que toca es “trabajar para evitar próximas sequías”, siendo “lo más eficientes posibles con el agua”, mejorando las infraestructuras y creando “otras nuevas”. “Es la única solución que vemos”, esgrime quien lleva cuatro años liderando la institución arrocera en Sevilla, haciéndose eco de las reivindicaciones de un sector que se coloca a sí mismo a la cabeza de “la lista de los más afectados” por la falta de agua. En este sentido, a corto plazo demandan a todas las administraciones “ayudas directas” para que el agricultor pueda “sobrevivir”, pues “no plantar significa aguantar a pulmón sin gastar, tirando de ahorros hasta la campaña siguiente y mirando permanentemente el cielo”, tal y como describe el representante de los mayores productores de arroz a nivel nacional.

“Las ayudas que están llegando ahora, los famosos fondos Next Generation, son para las industrias, las grandes empresas, pero al agricultor, al ganadero no les está llegando nada”, recrimina quien es también representante del sector arrocero de España en Bruselas. A partir de ahí, “hay que hacer cosas”. A medio y largo plazo, desde la Federación sevillana sugieren “reforzar las infraestructuras hídricas que tenemos” en pos de maximizar la eficiencia. Y, en segundo lugar, “crear nuevas infraestructuras” para captar el mayor volumen posible de agua cuando vengan las anheladas lluvias.

En otro orden de ideas, Eduardo Vera menciona “otra de las batallas” que está librando el sector en el tablero europeo: la necesidad de salvaguardar el producto con sello de excelencia del que hacen gala los productores marismeños, frente al arroz que introducen en el continente países asiáticos en vías de desarrollo “a precios muy bajos, pero que son de peor calidad porque cuentan con menos exigencias”. “Estamos sin aire y encima podemos enfrentarnos a que la campaña que viene, si logramos sembrar, los precios estén por debajo de nuestros costes de producción porque otros productos de peor calidad hayan copado el mercado”, alerta este defensor de los agricultores arroceros españoles.

De ahí que demande “ordenar la entrada del arroz según criterios exigentes”, con medidas de contención como la cláusula de salvaguarda que ya se ha aplicado en ejercicios anteriores. Hoy esa cláusula se antoja todavía más necesaria a juicio de Vera, en tanto que la marca sevillana va a estar ausente en el mercado al menos durante este año. “El peligro” es que, entretanto, se venda “un arroz muy barato procedente de fuera de Europa, y el consumidor se acostumbre a un producto que no cumple ni con la trazabilidad ni con la seguridad alimentaria ni con las norma que nos exigen en España para hacer un arroz excelente”, declara quien presenta el arroz de las marismas como “el más limpio” y “ecologista” del planeta.

Optimismo a pesar de todo

En cuanto a las perspectivas de futuro, si bien reconoce que en los últimos años, “prácticamente no se ha hecho nada nuevo” en materia de infraestructuras hidráulicas, confía en que “tarde nunca es”. “Lo que tenemos que hacer es ponernos ya”, apremia el director gerente de los arroceros de Sevilla. Con todo, lamenta que la sequía haya entrado de lleno en la campaña electoral. “Lo peor que nos puede pasar un año de sequía es que haya elecciones porque los políticos empiezan a prometer lo que pueden hacer y lo que no”, opina Eduardo Vera.

En este contexto, lo único que espera es que los políticos “cambien la mentalidad” y apuesten por impulsar la agroindustria andaluza para convertirla en “la más potente del mundo”, empezando por cuidar a los sectores que constituyen un eje fundamental para la sostenibilidad económica, social y medioambiental que trasciende a los municipios asociados a ellos por el turismo, la hostelería y la logística que son capaces de poner en funcionamiento.

Pero ese objetivo, “sin agua no lo podemos conseguir”, recuerda. De ahí que abogue por que, más allá del 28 de mayo, la escasez hídrica siga entre las prioridades de los gobernantes. “Ojalá que después de las elecciones empiecen a aparecer proyectos de eficiencia y de refuerzo de infraestructuras hidráulicas”, expresa sin apartar la mirada del cielo.

Un mensaje, otro más, suena en el teléfono: “Disponemos de sitio, tiempo y fuerzas para acoger a una familia”. Las caravanas con ayuda humanitaria y destino a la frontera de Ucrania son una realidad más de esta guerra. Una de ellas arranca en el pueblo de Isla Mayor (Sevilla) para sumar en el camino de ida más de 3.500 kilómetros, pocas horas de sueño y un buen puñado de actos solidarios.

Este convoy andaluz transporta casi dos toneladas de comida y alimentos, sobre todo, pero también ropa o artículos de higiene. Las aportaciones económicas solidarias de decenas de familias han levantado a pulso la expedición.

"Tenemos una habitación, dispuestos a compartir nuestra casa con tres niños, mujer con hijos, pareja mayor, da igual", dice un nuevo texto

El paso más importante, en todo caso, sucederá de regreso. El gran propósito del viaje a la periferia del conflicto bélico es rescatar a más de 20 personas para su traslado a España. El destino para este fin es el paso fronterizo de Siret (Rumanía). “Ha sido impresionante la movilización y cómo en unos pocos días se ha hecho posible esta aventura”, indica el alcalde de Isla Mayor, Juan Molero, que encabeza el lance.

“Dentro del caos tan dramático que se vive hay gente allí que nos va a servir de apoyo”, explica el jefe de la Policía Local del municipio, Miguel Ángel Antúnez, uno de los organizadores de la caravana solidaria.

Cinco vehículos libres

La descarga de los cinco vehículos fletados habilitará espacio para el ansiado rescate. Un propósito que no es sencillo ni fácil de cerrar. Las numerosas gestiones previas continúan durante el camino para concretar en lo posible qué familias salen de suelo ucraniano, en principio madres e hijos, y que hogares españoles van a ser lugares de acogida temporal.

De ahí las incesantes llamadas, mensajes, correos electrónicos... “Tenemos una habitación, dispuestos a compartir nuestra casa con tres niños, mujer con hijos, pareja mayor, da igual”, dice un nuevo texto.

Las negociaciones desde el equipo que gestiona la caravana de Isla Mayor tienen como interlocutores a oenegés que trabajan sobre el terreno, desde Andalucía o con la propia Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Y, aun así, la incógnita sobrevuela cada momento. ¿Será posible rescatar a algunas familias? ¿Quedarán cubiertas las más de 20 plazas disponibles de regreso?

“¿Y si no hay opción de sacar a nadie?”, esboza apenas uno de los diez integrantes de la expedición. Un escenario que duele, aseguran, “solo de pensarlo”.

Documentación necesaria

Los refugiados precisan cumplir con el aporte de una documentación mínima: el pasaporte en el caso de los mayores de edad y acta de nacimiento los menores. De lo contrario entrarían al país en situación irregular. Y no es el objetivo de la caravana.

“Todo es una labor delicada” que se cuece entre colectivos de defensa de los Derechos Humanos, refiere Antúnez. “Sería una pena que después de tanto esfuerzo se cayera este sueño por la borda, aunque mantenemos la esperanza intacta”, subraya el alcalde isleño.

La caravana enfila los últimos centenares de kilómetros rumbo a Siret. La frontera de Ucrania aguarda y la viva imaginación del escenario tensiona los argumentos y redobla la producción de adrenalina.

“Todos los refugiados importan”

El convoy con ayuda humanitaria partió el pasado martes desde España. La salida quedó regada por aplausos y lágrimas de despedida. Y, también, con tierra del Sáhara que, a lomos de la calima, trae acaso el rastro de décadas de expulsión y refugio del pueblo saharaui. O el paso fronterizo de La Jonquera, que mantiene los ecos del exilio español en su huida del terror fascista. Y hasta la propia población isleña, que enraizó hace menos de un siglo en una marisma salvaje convertida en asilo vital.

Por delante quedaban entonces días de carretera. La subida a Francia y el trasiego por el país galo deja atrás las primeras etapas con una soltura primeriza. Ya la noche del miércoles sirve para perforar el norte de Italia y retar al alba en Blagovica (Eslovenia) tras apenas hora y pico de descanso. Delante, Budapest (Hungría) regala estampas fugaces de chillones tranvías, apresurados trasiegos callejeros, vetustos edificios y cinematográficas panorámicas del Danubio.

Y el encuentro, a las afueras, con otra caravana de bomberos que han salido de Francia con idéntico destino: Siret (Rumanía). O antes, con Mónaco a los pies, de una expedición de Murcia. La solidaridad circula por las carreteras de Europa.

La lluvia abre paso al hilo de estas últimas líneas entre el vaivén de las primeras carreteras secundarias. Atrás dormitan las autovías de Francia, Italia, Eslovenia... Queda el tramo postrero. En el horizonte asomará la frontera de Ucrania, el drama de los que huyen, el terror, la barbarie, y un par de frases como asignaturas pendientes: “No a la guerra” y “Todos los refugiados importan”.

Querían ser independientes. Votar su propio Ayuntamiento. Cuando el 3 de abril de 1979 se celebraron las primeras elecciones municipales de la actual democracia, Isla Mayor (Sevilla) dependía de La Puebla del Río. Los isleños, tras un complejo proceso, acabaron consiguiendo el reto. Y, hace 40 años, empezaron a abrir la puerta de la democracia a nuevos pueblos.

Porque en aquella cita electoral, la Isla fue determinante. De 17 concejales que conformaban el Consistorio cigarrero, 7 vivían en la marisma. La segregación comenzaba a tomar forma desde las urnas y las instituciones.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ganó las municipales del 79 en La Puebla con 2.829 votos y 8 ediles. Sin mayoría absoluta. El Partido Comunista de España quedó segundo, con 1.742 apoyos y 5 concejales. Seguidos por los 854 votos y dos concejales de la Agrupación de Electores de Villafranco del Guadalquivir (nombre entonces del pueblo). Más la Unión de Centro Democrático, con 734 sufragios y otros dos representantes.

Con una curiosidad: tres de los concejales socialistas eran isleños, igual que dos comunistas. Los votos isleños comenzaban a ser claves en la formación de los Gobiernos municipales. Aunque el municipio marismeño no se separó administrativamente del cigarrero hasta 15 años más tarde, en 1994, el juego democrático iba trazando el futuro de estos pueblos sevillanos.

Los concejales isleños

“Vi las puertas claras de la segregación cuando salimos elegidos concejales de la Corporación de La Puebla siete vecinos” de la actual Isla Mayor, escribía Antonio Moscad Peris poco después de las elecciones municipales de 1979. Explicaba la “lucha por la independencia”.

Moscad era entonces edil y teniente de alcalde del Ayuntamiento cigarrero, además de miembro de la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor. De 17 concejales, “tres socialistas gracias a los votos de los vecinos de La Puebla con domicilio en aquella demarcación, dos comunistas de La Isla, y dos de la Agrupación de Electores”, enumeraba Moscad, en un “manifiesto” que recogía una revista editada a principios de los años 90 el Colegio Público Florentina Bou.

Luego el proceso de independencia se fue enquistando. Con el sometimiento desde el municipio matriz, con huelgas, manifestaciones… y hasta un encierro mítico en la Catedral de Sevilla que acabó el 23 de octubre de 1990 en una batalla campal a los pies de la Giralda.

Moción de censura isleña

El apoyo al sueño isleño, con las siguientes elecciones, se iba traduciendo en una creciente influencia municipal. Con el inicio del expediente segregador en el 85 o la fundación de un partido propio atado al proceso independentista, la Agrupación Electoral Pro-Segregación de la Isla Mayor del Guadalquivir (AEPIMG).

Y hasta llegar a controlar numéricamente el plenario. Así llega incluso la presentación de una moción de censura en el 87. Nueve concejales, de 17, son vecinos de Isla Mayor. El detonante es el reparto de términos, que deja al pueblo marismeño sin acceso directo al río (como ocurrió finalmente). Todo en una tierra llena de pintadas que exigen “¡Independencia, YA!”.

La Isla del arroz

El Puntal, nombre tradicional del pueblo, había quedado constituido como Entidad Local Menor dependiente de La Puebla del Río en 1953. Un año más tarde, el topónimo pasa a Villafranco del Guadalquivir con la visita entonces de Francisco Franco.

El homenaje al dictador golpista fue suprimido por votación popular con un referéndum que cambió el nombre del pueblo por el de la ínsula que lo acoge, la Isla Mayor. El 4 de octubre del año 2000, la tierra isleña dejaba oficialmente de ser “Villa de Franco”.

Ahora es ‘La isla del arroz’, como titula la novela gráfica editada por el Ayuntamiento de Isla Mayor. La tierra que sirvió de escenario de cine a la película ‘La Isla Mínima’.

Un municipio que explotó con una colonización faraónica y crece con la mayor superficie arrocera de España. Un lugar donde el cangrejo rojo es un invitado de lujo al festín de la auténtica despensa del paraíso ornitológico que vive el Parque Nacional de Doñana.

La independencia municipal llegaría el 24 de junio de 1994. Nacía un pueblo. Isla Mayor es, por tanto, un municipio de reciente creación. Con las brasas de la Exposición Universal de Sevilla del 92 aún candentes. Y Sevilla, y Andalucía, inmersas en un proceso de cambio, de crecimiento. Mientras, la democracia abría la puerta a nuevos pueblos, también en mitad de la marisma del Guadalquivir.

‘La Isla del arroz’ es el título de la novela gráfica que ha publicado el Ayuntamiento de Isla Mayor (Sevilla). La obra cuenta, a través de 38 capítulos, “la aventura colonizadora de la marisma de Doñana”. La historia de un finis terrae andaluz convertido en el mayor arrozal del país. El libro está escrito por el periodista Juan Miguel Baquero, nativo de Isla Mayor y colaborador habitual de eldiario.es Andalucía, e ilustrado por la artista Ángeles de la Torre.

‘La Isla del arroz’ tiene un objetivo: que no se pierda la historia. Este afán divulgativo del proyecto lo hace estar dirigido sobre todo al público joven pero con una aspiración “de sembrar una semilla para que la memoria de todos los que lucharon por estas tierras quede como un legado vivo para las siguientes generaciones”, en palabras del alcalde de Isla Mayor, Juan Molero.

De ahí el formato de novela gráfica, “con textos cortos, directos y precisos acompañados de ilustraciones llamativas y de gran calidad artística”, señala Baquero. El libro, editado por el Ayuntamiento isleño, está disponible en descarga abierta (aquí) y ha centrado las actividades de la Semana Cultural 2019 isleña.

La “intensa” historia de las marismas

Las marismas de Andalucía han sumado durante siglos una narración “muy intensa, única”, subraya Juan Miguel Baquero. Como el tránsito de civilizaciones históricas por el delta del río Guadalquivir, desde la prehistoria a la sombra de Tartessos, la invasión vikinga o la expedición comercial de Japón. Todo, por ese Lacus Ligustinus que bautizó el Imperio Romano.

Y, de ahí, a “una aventura colonizadora fraguada en el barro, bajo el sol y con los ingredientes de una odisea en poco menos de cien años de lucha”, apunta el autor de ‘La Isla del arroz’. En rincón del Sur de Europa que fue durante siglos un entrante del mar, el lago Ligur, “un puñado de valientes mujeres y hombres consiguieron labrar la que hoy es una tierra de cine”, como retrató la premiada película ‘La Isla Mínima’, ganadora de diez Premios Goya.

La novela gráfica también relata la intrahistoria de los núcleos poblacionales isleños, encabezados por Isla Mayor y Alfonso XIII. Como el experimento inglés, la creación de los ‘poblaos’ o la propia colonización faraónica de la marisma.

Aparece contado además el paso por el lugar dos personajes históricos que dan nombre a sendos asentamientos: el rey Alfonso XIII y el dictador Francisco Franco. O cómo el pueblo suprime con un referéndum aquella nomenclatura con oscuro pasado, Villafranco del Guadalquivir.

‘La Isla del arroz’ tiene un capítulo especial dedicado a las mujeres isleñas. Narra también episodios clave como la lucha por la independencia del municipio que desembocó en un encierro multitudinario en la Catedral de Sevilla que acabó con una batalla campal a los pies de la Giralda. Cuenta con capítulos curiosos, como la nevada del año 54 y sobre el guardián alado de la marisma, el mosquito. Y otros que desvelan las claves de esta isla de los pájaros a las puertas de Doñana, caso del cultivo del arroz y la aparición del cangrejo rojo.

Los autores de 'La isla del arroz'

Juan Miguel Baquero Zurita es periodista. Especializado en Derechos Humanos y Memoria Histórica, es colaborador habitual de eldiario.es casi desde su fundación y, como freelance, en diversos medios de comunicación. Baquero es autor del libro El país de la desmemoria (Roca Editorial, 2019).

Con anterioridad ha publicado sendos anuarios de intervenciones en fosas comunes del franquismo, en colaboración con la Junta de Andalucía. El primero, Que fuera mi tierra, logra el Premio Chaves Nogales al mejor libro periodístico del año 2016. Y le sigue, el año 2018, Las huellas en la tierra.

Ángeles de la Torre Bravo es doctora en Bellas Artes y profesora de Educación Secundaria Obligatoria en un instituto del Aljarafe sevillano. Fue doctorada con la tesis ‘El pensamiento artístico, ciencia y religión en al-Ándalus’. Y es creadora de obras plásticas para “expresar ideas y sentimientos individuales y colectivos”.

Organiza exposiciones y entre las más recientes está la muestra ‘Invisibilizadas’, en el Antiquarium de Sevilla. En el año 2006 gana el premio de escultura convocado para la realización de un Monumento a las Víctimas de la dictadura de Franco en Coria del Río.

Actos de la Semana Cultural 2019

La presentación de ‘La Isla del arroz’ tuvo lugar el viernes 26 de abril a las 19:30 horas en el EUM Fernando Pallarés. El acto contó con la presencia de Juan Miguel Baquero y una exposición de las acuarelas realizadas para esta obra por Ángeles de la Torre. Ese mismo día, Baquero también presentó ‘La Isla del arroz’ en los diferentes centros educativos del municipio isleño.

La Semana Cultural quedó completada con actividades en los colegios para promover la igualdad de género, con ‘Cuando las niñas vuelan alto’, del programa ‘Leemos en violeta’ organizado por el Área de Igualdad y la Biblioteca Municipal Alfonso Grosso.

La inauguración, el lunes 22 de abril, contó como evento principal una actividad infantil, las Monas de Pascua, y una “chocolatada” en plaza José Barco amenizada por el espectáculo ‘Cirkomanía’. El día 23 se celebró una reunión del Club de Lectura y una masterclass de fotografía de naturaleza a cargo de Carlos Romero bajo el título ‘Nuestra pequeña África, Veta la Palma, el paraíso, Isla Mayor (Doñana)’.

El día 24 se llevó a cabo una proyección de cortometrajes participantes en los Premios Fugaz y el 25 un cuentacuentos infantil por Nancy Pozo, con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro. La Semana Cultural 2019 culminó el 26 de abril a las 19:30 horas en el EUM Fernando Pallarés con una exposición de las acuarelas realizadas por Ángeles de la Torre y con la presentación de la novela gráfica ‘La Isla del arroz’, de Juan Miguel Baquero.

Isla Mayor (Sevilla) vive empantanada por la recurrente crisis del cangrejo rojo. Cuando la prohibición de comerciar con el crustáceo parecía sorteada por excepciones introducidas por el Gobierno andaluz, el golpe llega de la nueva dirección socialista que tumbó en el Congreso una PNL del PP para autorizar la explotación del procambarus clarkii. “¿Y de qué voy a comer si no puedo pescar?”, dicen en un pueblo donde tres de cada cuatro casas dependen de la captura de una especie catalogada como invasora.

Sin cangrejo, los vecinos describen para la localidad plantada a las puertas de Doñana un futuro casi apocalíptico. “¿Dónde va a ir la gente a trabajar?”, pregunta el alcalde isleño, Juan Molero. “Esto pasaría de ser un pueblo colonizado a uno de emigrantes”, reitera. En la calle cunde la idea de una suerte de “obsesión” por abocar a Isla Mayor a un drama social de imprevisibles consecuencias. Y el regidor socialista señala sin tapujos: “el nuevo ‘ecoPSOE’ de Pedro Sánchez ha abandonado al medio rural”.

Alude Molero al primer encontronazo de los diputados socialistas en el Congreso al hilo de la modificación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad aprobada bajo el mandato como ministra de Medio Ambiente de la ahora presidenta del PSOE, Cristina Narbona. El Parlamento de Andalucía había reclamado medidas para buscar soluciones y la región incluso había salvado con un Plan de Control la sentencia del Tribunal Supremo que, como adelantó eldiario.es Andalucía, prohibía la pesca y comercio del cangrejo rojo.

El conflicto tiene su origen en la sentencia del Tribunal Supremo de 2016 en la que el alto tribunal da la razón a grupos ecologistas que reclamaban la inclusión de ocho especies en el catálogo de especies invasoras, entre ellas, el cangrejo rojo. La sentencia se basa en informes científicos del CSIC y otros expertos que prueban el carácter invasor y la amenaza grave que suponen sobre las especies autóctonas, el medio ambiente y los hábitats y ecosistemas. Sin embargo, la prhibición de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos, incluyendo el comercio exterior implica un mazazo para el sector.

Porque el sector deja en la comarca una facturación de 20 millones de euros anuales con más de 180.000 jornales al año y unos 500 pescadores. Además, están las industrias auxiliares, “el que cose redes y las vende” o “muchísimas mujeres que trabajan en los viveros”, explica Molero. Negar la principal vía de ingresos a las familias lleva al municipio, de 6.000 habitantes, “a un futuro muy oscuro”.

“Si no tengo para dar de comer a mi hija, ¿qué hago?”

“Muy bien, me quitan el cangrejo, pero cuando no tenga para comprarle los libros del colegio a mi hija o ni siquiera tenga para comer, ¿qué hago?”, pregunta un pescador que prefiere mantener el anonimato. Porque ya la situación es difícil, dice. La campaña de pesca “va de julio a septiembre a octubre, poco más”, y ahí muchos tienen que acumular “algo de dinero” para todo el año.

“Sé de gente que deja fiado el pan, no cosas de lujo, sino el pan, y luego cuando llega la campaña pues paga en la tienda, ¿qué va a hacer la criatura?”, relata. Los cultivos del entorno “dan peonadas, cada vez menos, pero ninguna en los meses del cangrejo”. Pocas opciones a la vista. “No hay fresas, no hay arándanos, ni patata, ni melón, ni naranjas… Y sin trabajo, ¿de qué comemos?”.

“En el pueblo hay familias enteras dedicadas al cangrejo”, según el alcalde de Isla Mayor. “Trabajan pescando padres e hijos, madres e hijas en los viveros, cosen sus propias redes y las venden”, relata. “Es su única salida laboral para pagar la comida, la luz, el agua... es que si esto se acaba es un desastre”.

La pesca del cangrejo, además, “no es ninguna ganga”. La época estival castiga a los pescadores con altas temperaturas y “tienes que trabajar de noche, metido en el agua, entre mosquitos… duro es”, cuenta a este periódico un veterano de estas lides, Francisco Galera. Lo más peligroso, dice Juan Zabala, “es que no tenemos ninguna cobertura y si cogemos la fiebre de las ratas o nos cortamos en un pie nos quedamos sin nada”.

El Ayuntamiento pide al Gobierno otra oportunidad

El Ayuntamiento de Isla Mayor, para hacer frente la nueva crisis, ha aprobado por unanimidad una moción que insta al Gobierno de España “a negociar con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de los Diputados para que se ponga en marcha una nueva modificación de la ley”. Una segunda oportunidad para aprobar la supervivencia del sector cangrejero.

Aunque la campaña pesquera que arranca en unas semanas “parece que no peligra porque al empuje ecologista no le daría tiempo a tumbar el actual plan de control de la Junta de Andalucía por mucho que corran en los juzgados”, apunta Juan Molero. Pero “un 70% de la población vive directa o indirectamente del cangrejo” y sin la pesca “el paro sería enorme”, generando “una situación insostenible”.

Alimento de aves

Desde la Corporación municipal insisten en que el cangrejo rojo americano “ya está naturalizado en las marismas del río Guadalquivir y además tiene el visto bueno de los rectores de Doñana” porque el crustáceo se ha convertido en una pieza codiciada por las aves que aprovechan la despensa del parque nacional. “Y además es una especie introducida en los años 70 por la administración central como medida, precisamente, de apoyo al empleo en el medio rural”, subrayan.

“Los que estamos en la calle vemos el problema diario de los vecinos y está claro que si no hay solución a la crisis del cangrejo, nos llevan a un verdadero drama social”, dice el alcalde. Las empresas “estarían abocadas a cerrar”. Y los pescadores solo piden seguir sacando de los canales el sustento rojo: “No entendemos nada, nos quieren quitar nuestro medio de vida y nos dejan sin nada para el día de mañana”.

Cognoms valencians com Ferrer, Bru, Soler o Marco són habituals a Isla Mayor –antigament coneguda com El Puntal–, una petita població d’uns 5.900 habitants situada als marenys del Guadalquivir, amb huit municipis repartits entre tres províncies –Sevilla, Huelva i Cadis– i tres illes (Isla Mayor, Isla Menor i la cinematogràfica Isla Mínima). En aquesta zona hi ha l’arrossar més gran d’Espanya, amb 12.500 hectàrees destinades a aquest conreu i una producció de 10.500 quilos només a Isla Mayor.

En els anys 40, després de la Guerra Civil, va començar la colonització d’El Puntal, un petit municipi que es va rebatejar com a Villafranco del Guadalquivir. Més d’un miler de valencians (al voltant de la meitat de la població local) s’hi van traslladar des de la zona de l’Albufera, llocs com Sueca, Cullera, Catarroja, el Palmar, Benifaió, Almussafes, Silla.., per començar una vida nova i dedicar-se al conreu de l’arròs i a la pesca. Amb ells es van emportar la seua llengua i les seues tradicions, que han mantingut fins ara els qui van decidir no tornar a casa i quedar-se en terres andaluses.

Juan Molero, alcalde d’Isla Mayor, explica que es tracta d’un poble molt peculiar: “Hi va venir molta gent de molts llocs, fugint o buscant faena, persones a qui ningú buscaria ací, de manera que açò es va convertir en un rebujito”.

Com reconeixen aquests primers ‘colons’ i el mateix alcalde, les condicions de vida a la zona eren “penoses”. “Açò era l’infern, no hi havia res. Fins i tot paludisme”, explica Molero, que recorda que els marenys eren una zona principalment ramadera que es va reconvertir a l’agricultura –amb el conreu de l’arròs– i la pesca –sobretot, del cranc. “És com Texas en menudet, com l’Oest de les pel·lícules”, descriu Vicenta Soler (80 anys), que va arribar a Isla Mayor procedent del Palmar el 1963, després d’haver-se casat amb el seu marit, Miguel Ferrer (86 anys), que va emprendre el viatge d’anada a terres sevillanes el 1957: “Ell va venir amb un germà a veure açò, els va agradar, van comprar terres i ací continuem”.

Vicenta relata que el seu marit era pescador a l’Albufera i va decidir emigrar a la recerca de millor fortuna després que coneguts seus a València els parlaren dels marenys. “Al principi hi anàvem a treballar i ens en tornàvem al Palmar quan acabava la temporada, però quan els fills van començar l’escola vam decidir instal·lar-nos definitivament a Isla Mayor”, comenta.

Juli Rúa té 74 anys i va arribar a Isla Mayor amb els pares el 1956, amb 12 anys, procedent de Catarroja: “Ens va costar un poc adaptar-nos-hi i hi vam arribar amb la idea de tornar, però al final hi vam posar arrels i ací continuem”. “Sobretot recorde ma mare, al principi, plorant quan llegia alguna carta que havia rebut de València”, indica Juli, que apunta que mantenen la relació amb la Catarroja natal.

Mantenint els costums

Precisament, en relació amb aquesta adaptació, reconeixen que inicialment va ser difícil i que, fins i tot, hi havia un cert distanciament i recel entre aquesta important comunitat valenciana i la població autòctona. Amb el pas del temps, però, els uns i els altres s’hi han adaptat, “encara que ací continuem sent els valencians i a València els andalusos”.

Malgrat viure a centenars de quilòmetres de casa seua, continuen mantenint els seus costums: “A casa continuem parlant valencià i continuem fent paelles, arròs al forn, arròs amb fesols i naps, all i pebre”, explica Vicenta. A més, coincidint amb el cap setmana de Pasqua, se celebra la Mona, una tradició importada des de la Comunitat Valenciana.

I no sols això. El 1967, fins i tot, es va arribar a plantar i cremar un monument faller en ple mes de juny, coincidint amb la celebració de la Fira a Isla Mayor. Des de l’Ajuntament es plantegen la possibilitat de tornar a recuperar aquesta possibilitat, encara que traslladant-la al mes de setembre amb motiu de les festes de Sant Rafael, tal com explica l’alcalde, que destaca la important influència de la Comunitat Valenciana en aquest petit poble dels marenys del Guadalquivir.

Apellidos valencianos como Ferrer, Bru, Soler o Marco son habituales en Isla Mayor -antiguamente conocida como El Puntal-, una pequeña población de unos 5.900 habitantes situada en las marismas del Guadalquivir, con ocho municipios repartidos entre tres provincias -Sevilla, Huelva y Cádiz- y tres islas (Isla Mayor, Isla Menor y la cinematográfica Isla Mínima). En esta zona se encuentra el mayor arrozal de España, con 12.500 hectáreas destinadas a este cultivo y una producción de 10.500 toneladas sólo en Isla Mayor.

En los años 40, tras la Guerra Civil, comenzó una colonización de El Puntal, un pequeño municipio al que se rebautizó como Villafranco del Guadalquivir. Más de un millar de valencianos (alrededor de la mitad de la población local) se trasladaron desde la zona de la Albufera, lugares como Sueca, Cullera, Catarroja, El Palmar, Benifaió, Almussafes, Silla... para empezar una nueva vida y dedicarse al cultivo del arroz y la pesca. Con ellos llevaron su lengua y sus tradiciones, que han mantenido hasta nuestros días quienes decidieron no regresar a sus casas y quedarse en tierras andaluzas.

Juan Molero, alcalde de Isla Mayor, explica que se trata de un pueblo muy peculiar: “Vino mucha gente de muchos sitios, huyendo o buscando trabajo, personas a las que nadie iba a buscar aquí, con lo que esto se convirtió en un rebujito”.

Como reconocen esos primeros 'colonos' y el propio alcalde las condiciones de vida en la zona eran “penosas”. “Esto era el infierno, no había nada. Incluso paludismo”, explica Molero, quien recuerda que las marismas era una zona principalmente ganadera que se reconvirtió a la agricultura -con el cultivo del arroz- y la pesca -sobre todo, del cangrejo-. “Es como Texas en chiquitito, como el Oeste de las películas”, describe Vicenta Soler (80 años), que llegó a Isla Mayor procedente de El Palmar en 1963, después de haberse casado con su marido, Miguel Ferrer (86 años), quien emprendió el viaje de ida a tierras sevillanas en 1957: “Él vino con un hermano a ver esto, les gustó, compraron tierras y aquí seguimos”.

Vicenta relata cómo su marido era pescador en la Albufera y decidió emigrar en busca de mejor fortuna después de que conocidos suyos en Valencia les hablaran de las marismas. “Al principio íbamos a trabajar y nos volvíamos al Palmar cuando acababa la temporada, pero cuando nuestros hijos comenzaron el colegio decidimos instalarnos definitivamente en Isla Mayor”, comenta.

Juli Rúa tiene 74 años y llegó a Isla Mayor con sus padres en 1956, con 12 años, procedente de Catarroja: “Nos costó un poco adaptarnos, y llegamos con la idea de volver, pero al final echamos raíces y aquí sigo”. “Sobre todo recuerdo a mi madre, al principio, llorando cuando leía alguna carta que había recibido de Valencia”, indica Juli, quien apunta que mantienen la relación con su Catarroja natal.

Manteniendo las costumbres

Precisamente, en relación a esta adaptación, reconocen que inicialmente fue difícil y que incluso había cierto distanciamiento y recelos entre esa importante comunidad valenciana y la población autóctona. Sin embargo, con el paso del tiempo, unos y otros se han adaptado, “aunque seguimos siendo los valencianos aquí y los andaluces en Valencia”.

Pese a vivir a cientos de kilómetros de los que eran sus hogares, siguen manteniendo sus costumbres: “En casa seguimos hablando valenciano, y continuamos cocinando paellas, arròs al forn, arròs amb fessols i naps, all i pebre”, explica Vicenta. Además, coincidiendo con el fin de semana de Pascua se celebra la Mona, una tradición importada desde la Comunitat Valenciana.

Y no sólo eso. En 1967 incluso se llegó a plantar y quemar un monumento fallero en pleno mes de junio, coincidiendo con la celebración de la Feria en Isla Mayor. Desde el ayuntamiento se están planteando la posibilidad de volver a recuperar esta posibilidad, aunque trasladándola al mes de septiembre con motivo de las fiestas de San Rafael, tal y como explica el alcalde, quien destaca la importante influencia de la comunidad valenciana en este pequeño pueblo de las marismas del Guadalquivir.

Peligro: agua potable en tuberías con amianto. Cuando el problema, camuflado, sale del grifo... El uso y fabricación de materiales de fibrocemento está prohibido por ley. En la Unión Europea (UE) y en España, desde 2001. Pero bajo el suelo permanecen, al menos, 40.000 kilómetros de tubos confeccionados con la mezcla de cemento y asbesto que tanto éxito cosechó en el franquismo.

Al hilo del “riesgo para la salud” que entrañan estas instalaciones, IU ha presentado en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Andalucía una proposición no de ley (PNL) para elaborar un Plan de Eliminación de las Conducciones de Agua Potable de fibrocemento. Exigen eliminarlas en cinco años. El Servicio Nacional de Salud estima en un 83 por ciento el repunte de enfermedades cancerígenas relacionadas con la inhalación y gestión de este producto y, según IU, los informes estiman que en España quedan unos 150.000 kilómetros de tuberías con amianto en redes de abastecimiento y 95.000 en alcantarillado, con el 60 por ciento bajo gestión de las administraciones públicas.

Como paradigma, el asunto es una inquietud diaria en Isla Mayor (Sevilla), alega el alcalde, Juan Molero (PSOE). “El principal problema”, sostiene, de un pueblo azotado en los últimos tiempos por la crisis del cangrejo rojo, las amenazas reincidentes al cultivo de arroz y hasta la detención de medio cuartel de la Guardia Civil por presunta colaboración con el narcotráfico. Misma zozobra que serpentea por pueblos y ciudades que suman gotas en el océano del amianto que continúa instalado en España.

Una clave: “no existe evidencia conclusiva de que el amianto ingerido sea cancerígeno”, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como sí ocurre en el caso de la inhalación de fibras del mineral: la contaminación con polvo de asbesto es causante de una mortandad calificada por expertos como genocidio industrial. Unos 125 millones de trabajadores, en el mundo, siguen expuestos.

“Aquí nadie bebe agua del grifo”

Una cifra: 40.000 kilómetros de tuberías de fibrocemento. Es el remanente español en datos –en 2012– de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamientos (AEAS). La revolución del amianto en la segunda mitad del siglo XX sembró el país con unos 150.000 kilómetros. Aquellos populares elementos de construcción están hoy prohibidos. Queda un puñado por retirar.

Y una respuesta: el principio de precaución aconseja sustituir “de manera urgente” estas conducciones, señalan los estudios consultados por eldiario.es/andalucia. No hay evidencias que relacionen beber agua de tuberías fabricadas con asbesto, pero mejor prevenir, vienen a decir. La ley marca una excepción en instalaciones con “vida útil”, considerada en 40 años de media. Casi toda la red nacional supera esa edad.

El caso particular de Isla Mayor refleja así una realidad oculta bajo tierra. Una suerte de sinécdoque poco poética que designa la parte local como ejemplo del todo. El abastecimiento de agua llega al pueblo marismeño por una red de 30 kilómetros para surtir a más de 6.000 habitantes. Pocos isleños, sin embargo, beben de un grifo que escupe una inquietud diaria. “No nos fiamos”, dicen unos vecinos.

Las añejas instalaciones dejan un gesto básico atado por costumbre a una parada en tiendas y supermercados para cargar litros de agua mineral. Nadie prohibió nunca consumir el líquido de la red de abastecimiento que solo muestra en análisis “un alto nivel de cloruro”. Y algo “de mal sabor”, apunta el alcalde.

“Aquí nadie bebe agua del grifo… la mosca está detrás de la oreja, claro”, certifica el temor un isleño. La calidad del agua ha recibido “expedientes y alguna sanción” por parte de la Junta de Andalucía, según fuentes municipales, aunque la Consejería de Salud no ha respondido, por ahora, a las preguntas de este medio al respecto.

Roturas en las tuberías: un problema oculto

Desde el Ayuntamiento de Isla Mayor deslizan un desasosiego añadido: “la cantidad de roturas que tiene la red” causa “alarma”. Desde la toma de agua en pozos subterráneos “todo es fibrocemento” y el cálculo alcanza “un 30% de pérdida de agua en el trasporte”. Cuestiona el primer edil: “¿Quién certifica que con esas roturas no pasa nada? Es muy difícil”, dice.

Y plantean, además, un doble obstáculo. Sustituir los 30 kilómetros de tuberías, dicen, tiene un coste cercano a los “3 millones de euros”. Una cantidad inasumible en solitario por el pueblo. Otra circunstancia que atasca el asunto es la privatización del servicio de abastecimiento –contrato en vigor hasta el año 2026 y un coste de resolución de 300.000 euros– en favor de Urbaser y su filial Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento y Depuración de Isla Mayor (Socamex).

“El agua es captada, tratada y transportada en Alta mediante una conducción subterránea de fibrocemento hasta los Depósitos Principales”, describe la página web oficial. De las captaciones en pozos –en la finca privada Casa Nieves, a unos 12 kilómetros del núcleo principal de población– hasta varias estructuras de almacenamiento situadas en Isla Mayor y la pedanía de Alfonso XIII.

De la revolución 'uralita' al riesgo sanitario

Aquella revolución del amianto que vestía miles de tejados españoles con la conocida uralita desde los años 60, estalló asociada a enfermedades graves. Caso del cáncer de pulmón o mesotelioma y el aumento en el riesgo de contraer tumores de garganta, riñón, esófago o de vesícula biliar. Un rastro mortal certificado en casos por inhalación de asbesto que tardan años en dar la cara.

El uso masivo en la construcción inundó el país de redes de abastecimiento, saneamiento y riego. Pese a la prohibición, la legislación española salva a materiales no friables (que no se descomponen fácilmente en fibras) “ya instalados” hasta “el fin de su vida útil”. Como las tuberías de fibrocemento, cuya reparación entraña serios riesgos sanitarios y exige medidas extremas de seguridad laboral. O los residuos abandonados de forma indiscriminada que esconden la exposición ambiental al mineral cancerígeno.

¿Y beber de tuberías de fibrocemento? Diversos estudios confirman que el consumo de agua contaminada con amianto es habitual. En Canadá, Holanda, EEUU… y en España. La teórica no friabilidad se ve alterada por varios factores que liberan fibras de amianto como la erosión continuada a lo largo de decenas de años de servicio o la degradación del cemento. La clave es determinar si la cantidad que sale de los grifos constituye un riesgo y ahí, dicen los expertos, debe prevalecer el principio de precaución.

“Ninguna exposición al amianto es segura, por ello debe de ser retirado lo antes posible”, señala el presidente de la Federación Española de Asociaciones y Colectivos de Víctimas del Amianto, Juan Carlos Paúl. La “tragedia” sanitaria acabará cuando las administraciones “tomen conciencia” del caso como “un problema de salud pública”, dice en una tribuna abierta titulada Amianto, sustancia inmoral.

La pesca del cangrejo rojo venció la prohibición del Tribunal Supremo casi de milagro. En el último minuto, de penalti, pero la actividad está a pleno rendimiento: las industrias bregan por recuperar facturaciones de 20 millones de euros anuales y en los viveros la música la pone un incesante trajín de empleados. Todos contentos. O quizás no tanto. Con salarios de 3 euros la hora, 80 céntimos el kilo… la captura de procambarus clarkii nada entre la salvación y la precariedad laboral.

“Niña, ¿cuánto llevas hoy?”, pregunta un pescador veterano en un bar cercano a una de las factorías. “Son las 3 de la tarde y no llevo ni 20 euros”, responde una joven veinteañera. La labor más demandada es 'pelar colitas', trocear el duro caparazón del crustáceo para sacar la zona carnosa del abdomen. Por 3 euros de media el kilo, ya pelado. A las más nuevas les cuesta cubrir gastos.

Los pescadores son “otro mundo”. Capturar cangrejos es casi una profesión de riesgo. Que no es peligroso de por sí el marisco, pese a gastar pinzas de aspecto medio alienígena. El sustento básico de las marismas del Guadalquivir (junto al cultivo arrocero) requiere embutirse, bajo la canícula, en asfixiantes monos impermeables. Arrastrar el material metidos en barro y agua hasta la cintura. Combatir el frío de la noche o el amanecer, los mosquitos y hasta la leptospirosis, enfermedad conocida como 'fiebre de las ratas'. Por 80 céntimos el kilo.

Regula “el mercado”: EEUU y China

“El mercado es EEUU y China, no aquí al lado, y dependemos de eso. Queremos vender y ser competitivos”, defiende el presidente del sector de empresarios cangrejeros, Valentín Murillo. ¿Precariedad laboral? “Depende del punto de vista que se mire”, dice. ¿Salarios bajos? “Depende de la producción y hay unos precios establecidos que soportan estos trabajos, todo regulado bajo convenio”, sostiene.

No lo ve así el sindicato UGT. “Vamos a entablar negociación con la patronal del pescado, con las empresas que se dedican a este sector, porque según la información que tenemos no se está aplicando correctamente el convenio”, asegura el responsable del Sector Agrario, Forestal y el Manipulado Hortofrutícola de FITAG, Emilio Terrón. “Igual que se ha regularizado todo el tema de la pesca después de la prohibición hay que hacerlo con las relaciones laborales, los trabajadores tienen que ganar un salario digno”, apunta.

La tarta económica saltó a la luz con la crisis del cangrejo que adelantó eldiario.es/andalucía. Un par de decenas de millones de euros entre los cinco viveros que funcionan en Isla Mayor (Sevilla). Y el runrún en el pueblo fue claro. Empuje colectivo, pero de reojo vistazo serio a las condiciones de trabajo y el trozo del pastel que toca a cada cual.

“Hemos cobrado 35 céntimos, una miseria”

“Llevo 35 años pescando. Y es duro, claro. Tienes que trabajar de noche, metido en el agua, entre mosquitos… duro es”. Quien habla es Francisco Galera, veterano de la pesca. “Este año podemos decir que está bien la cosa, a 80 céntimos el kilo de cangrejo y el año pasado lo pagaban a 50 y hasta hemos llegado a cobrarlo a 35 céntimos. Una miseria”.

La crisis, asegura, ha marcado “un precio mínimo de 75” que tres de los cinco viveros del pueblo han subido a 80. Y lo mejor, que el trance motivado por la sentencia del Supremo los hecho pasar “de furtivos a estar legales” con la orden firmada para permitir las capturas de la especie invasora. Con estos mimbres, un pescador medio avezado puede coger en campaña “unos 200 kilos al día, limpio”, precisa Juan Zabala.

“En el campo tengo unas 450 redes puestas y preparadas, por si hacen falta, otras más de 100”. Zabala habla con pasión de la pesca y la marisma. Con poco más de 40 años, soporta “unas cuantas temporadas” de trabajo con el cangrejo rojo americano. Lo más peligroso, dice, “es que no tenemos ninguna cobertura y si cogemos la fiebre de las ratas o nos cortamos en un pie… nos quedamos sin nada”. Este año, “sin cupo de kilos ni de horas”, la faena “compensa más”.

Trabajar a destajo por salarios “injustos”

“Pero es verdad que las muchachas se quejan, que los precios son muy bajos. Por el vivero pasa uno de UGT”, señala Galera. “En los centros la mayoría son mujeres y trabajan por kilos, a destajo”, en jornadas maratonianas, confirma Terrón. Las condiciones “evidentemente son una injusticia”.

Los pescadores, cuenta, son más independientes: “la pesca es peculiar porque van con sus coches por fincas donde tienen repartidas las artes, cargan el producto en remolques, cestas y sacos y lo transportan a los centros de recepción, las fábricas, donde están los trabajadores que manipulan el producto”.

“Los trabajadores han estado al pie del cañón, apoyando en todas las manifestaciones y en todo momento de forma leal”, relata, por eso, continúa el representante sindical, “no sería justo que sigan con las mismas condiciones”. Y los empresarios, vaticina, “seguramente lo van a entender y cuando nos sentemos no debe haber ningún problema”.

“Este año es favorable porque nos están demandando, nos piden bastante y ese beneficio lo hemos trasladado a los pescadores”, responde el presidente de la patronal. “Eso no quiere decir que para el año que viene se van a mantener los precios, si sube o baja no podemos saberlo”, avisa. El tiempo, a velocidad de cangrejo, dirá.

Érase una vez un lugar convertido en un edén para los pájaros. Tanto se hizo paraíso ornitológico aquella tierra, que los edificios mutaron en estampas callejeras. Las más variopintas construcciones servían como puros reclamos, lienzos para dibujar aves migratorias. Y no es una fábula. Existe, al sur de Sevilla, y a las mismas puertas de Doñana.

La marisma y el delta del Guadalquivir componen un mundo medio onírico, a mitad de camino entre el vergel, la tierra salvaje y el finis terrae andaluzfinis terrae. Miles de hectáreas colmadas de arrozal que reciben la mayor concentración de especies de aves del sur de Europa. Es 'la isla de los pájaros'.

Se trata del mismo espacio conquistado por el invasor y exótico Procambarus clarkii, ese crustáceo inmerso ahora en su propia crisis existencial, la del cangrejo rojo. El mismo bicho que el Tribunal Supremo prohíbe pescar y comercializar a denuncia de organizaciones ecologistas y sirve, a su vez, como sustento fundamental a la reserva faunística de la zona. Y como sostén económico de todo un pueblo, Isla Mayor, que sobrevive con una economía bipolar centrada en los frutos que da esa tierra: arroz y cangrejos.

En el entorno singular que retrató la película La Isla Mínima, un puñado de edificios públicos recibe al visitante vestidos al estilo 'pop art'. La idea partió de un proyecto denominado 'Isla de los Pájaros', elaborado por la consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla con un coste de 230.000 euros e inaugurado en el año 2010. Desde entonces, las calles del pueblo acentúan la importancia de la ornitología para el municipio arrocero.

Estaba incluido en el Plan de Dinamización del río Guadalquivir con un doble objetivo: turístico, por un lado, y artístico y divulgativo, para convertir la localidad marismeña en una suerte de museo callejero. De ahí los colores llamativos con los que están pintados desde el Ayuntamiento isleño a depósitos de agua o el edificio de usos múltiples.

El diseño formó parte de un paquete de iniciativas para fomentar el atractivo turístico del entorno de Doñana. La obra principal fue el pantalán de Isla Mínima, en dique seco y al que no se ha sacado el beneficio esperado: el atraque de cruceros en mitad de la marisma sevillana. Otro de los puntales del proyecto fue la revitalización del Centro de Visitantes de la Dehesa de Abajo, situado en La Puebla del Río igual que el embarcadero.

La isla de los pájaros lo es en todos los sentidos. Incluso en la calle, el asfalto, los edificios, el pueblo. Al alcance del visitante está el privilegiado enclave marismeño que permite disfrutar de un auténtico paraíso ornitológico y también, por si fuera poco, el Guadalquivir histórico que se deshace en meandros y sinuosos brazos infinitos.

O la mayor reserva de arroz de España y segunda de Europa. Y un paisaje camaleónico que, atado al cereal, pasa de ser un páramo a estar anegado hasta el infinito o a ser un vergel verde y amarillo, luego, cuando explota el arrozal. Ahí, en mitad de ese tesoro natural, están las aves que conquistaron incluso las fachadas urbanas.

Los apoyos al sector del cangrejo rojo caen en cascada tras la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe su pesca y comercialización. Declaraciones que piden “una solución” y llegan desde el Gobierno andaluz, la Diputación de Sevilla, ayuntamientos, organizaciones sindicales y agrarias, partidos políticos… Como respaldo a esa llamada “urgente” desde el municipio más afectado, Isla Mayor.

“Apoyo total al sector del cangrejo rojo del Gobierno de Andalucía”, resume la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta, Carmen Ortiz. El crustáceo es “una oportunidad desde el punto de vista económico y también ambiental”, destaca en una visita conjunta a empresas comercializadoras su homólogo en Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal.

Una petición en la plataforma change.org dirigida a la presidenta andaluza, Susana Díaz, y a la Oficina del Parlamento Europeo en España “por la supervivencia del sector cangrejero en Isla Mayor” suma centenares de firmas en esta defensa múltiple. En la localidad marismeña, el fallo del alto tribunal supone un grave problema económico y social. Gran parte de la población vive, de manera directa o indirecta, del cangrejo rojo americano. La denuncia de organizaciones ecologistas no iba sólo contra Procambarus clarkii (nombre científico del crustáceo), pero la sentencia termina con el principal sustento de 6.000 isleños.

El hombro más fuerte al que apoyarse, para Isla Mayor, es el de la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz ha pedido al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que modifique “con urgencia” la normativa que prohíbe la pesca y venta de cangrejo rojo. Y salvar, de momento, una nueva campaña que está a punto de arrancar y que suma anualmente cerca de 200.000 jornales y 20 millones de euros de facturación. Los empresarios anuncian además que prevén reunirse con el delegado del Gobierno central en Andalucía, Antonio Sanz.

Se busca “solución con urgencia”

“La solución hay que adoptarla con urgencia porque no podemos permitir que se paralice un sector que genera riqueza y empleo, un sector asentado en la comarca y que es compatible con el medio ambiente”, sentencia la consejera. El objetivo es que se permita el comercio con el cangrejo ya transformado, elaborado y no vivo, “evitando así que esta especie se reproduzca en otros espacios naturales”. La Junta de Andalucía ha creado además un grupo de trabajo para estudiar las consecuencias de la sentencia del Supremo que anula la excepción que permitía la pesca y analizar posibles alternativas, como pedir la suspensión de la ejecución del dictamen judicial.

El pleno de la Diputación sevillana ha aprobado una moción, por unanimidad, en defensa del sector cangrejero y por el “grave problema socio económico” que supone para la comarca del Bajo Guadalquivir. En el texto se reclama al Gobierno central que recurra el fallo que da la razón a Ecologistas en Acción y varios grupos conservacionistas sobre el cangrejo rojo y otros animales y plantas incluidas en el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras.

El propio presidente de la institución provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, pide “estudiar las cosas con sentido común”. “Miles de personas viven de la pesca” y comercio del cangrejo rojo, avisa. Algunos alcaldes han sumado apoyo. Caso del de Isla Mayor, Juan Molero, que abandera la reivindicación y futuras movilizaciones. O de otras poblaciones con trabajadores en el sector, como el de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), Juan Manuel Valle, que pide implicación a las instituciones públicas y “soluciones”.

“Preocupación” por “las familias que viven de la pesca”

El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Manuel Gracia, ha manifestado su “preocupación” solidaria por el sector, los pueblos afectados “y las familias que viven de la pesca”. Pide al “poder judicial” que adopte “resoluciones que fueran en línea con las necesidades de la sociedad” y se muestra “optimista” sobre una posible “solución”.

En cuanto a partidos políticos, el PSOE anuncia una batería de propuestas en el Parlamento de Andalucía y el Congreso de los Diputados en defensa del comercio del cangrejo rojo como “tradición y principal sustento para las familias de Isla Mayor”, según la secretaria general sevillana, Verónica Pérez. El PP de Sevilla muestra su “preocupación” por las consecuencias de la sentencia y apoya “sin paliativos” al sector, asegura Juan Bueno.

Organizaciones agrarias como UPA-A instan a “unir fuerzas” para reclamar “una salida”. La cuestión es defender una especie que en la marisma del río Guadalquivir genera “grandes beneficios sociales y medioambientales”. Como Asaja, que advierte del “problemón” y la “ruina” que supone un problema para el que señala “un único y directo responsable: Ecologistas en Acción”. Desde las fuerzas sindicales, CCOO reclama un “plan de emergencia” para contrarrestar el impacto de la sentencia del Tribunal Supremo.

El cangrejo de río no es autóctono. Así se titula un estudio multidisciplinar liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que no deja lugar a dudas. Y el desarrollo del trabajo tampoco: el conocido como “cangrejo autóctono” (Austropotamobius italicus) es una especie introducida desde Italia a finales del siglo XVI por “expreso deseo del rey Felipe II”.

La sentencia del Tribunal Supremo que adelantó eldiario.es/andalucía prohíbe la pesca, posesión y comercio del cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii) –y otras especies incluidas en el Catálogo español de Especies Exóticas Invasoras– está basada en la “amenaza grave” que el crustáceo supone “para las especies autóctonas, los hábitats y los ecosistemas”. Según el CSIC, no obstante, el considerado cangrejo autóctono es también alóctono, es decir, de otro país.

¿Y cuando una especie alóctona deja de serlo para convertirse en autóctona? El fallo judicial que anula el decreto que permitía la “extracción de esta especie destinada a la industria alimentaria” no distingue fechas de introducción. El texto, tras la denuncia de organizaciones ecologistas, no marca un punto de inflexión. “La posibilidad de que el cangrejo de río no fuera nativo de España ya se había planteado con anterioridad”, subraya el estudio encabezado por el investigador del CSIC en la Estación Biológica de Doñana, Miguel Clavero y publicado en julio de 2015 en la revista Biological Reviews.

Tras la sentencia del Supremo, la población sevillana de Isla Mayor vive entre la alarma y el “desastre”. La mayor parte del pueblo vive de alguna forma de la pesca del cangrejo rojo, un sector industrial puntero a nivel europeo y uno de los mayores del mundo que factura 20 millones de euros anuales y produce cerca de 200.000 jornales. El Ayuntamiento local y las empresas alertan de que las grandes distribuidoras han parado los pedidos para una campaña que estaría a punto de comenzar y que supone “el pilar más importante del municipio”, en palabras del alcalde, Juan Molero.

“Un animal importado desde Italia”

“Se trata de un animal importado desde Italia”. La afirmación tajante del trabajo científico de “los primeros estudios genéticos sobre cangrejos de río” que descubrieron “a comienzos de la pasada década” que los crustáceos “de la península ibérica eran muy similares a los del noroeste de la península italiana y, en cambio, tenían muy poco en común con los de Francia”.

“Aquellos resultados provocaron cierto revuelo científico y promovieron estudios más exhaustivos, aunque sus resultados fueron poco concluyentes”, explica Clavero. La principal conclusión, añade, “es que toda la información analizada refuerza la evidencia histórica de que el cangrejo de río es una especie introducida en España” como “atestiguan numerosos documentos históricos” que muestran “las gestiones diplomáticas realizadas por la corte española para conseguir cangrejos italianos”.

Fueron “al menos cinco años de negociaciones”, cuentan, y “en 1588 el Gran Duque de la Toscana ordenó el envío de un cargamento de cangrejos con destino Madrid”. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, estos cangrejos de río se introdujeron en la meseta norte y el valle del Ebro. La expansión de la especie se intensificó mediante numerosas introducciones durante el siglo XIX y continuó durante el XX, apuntan, “hasta ocupar prácticamente todas las zonas calizas de la península ibérica”. En la década de los años 70 “fue abundante y pescado en grandes cantidades” hasta que su población “se desplomó” por la “rápida expansión de dos especies de cangrejos de origen norteamericano y de las enfermedades asociadas a ellas”.

¿Tiene sentido conservar una especie introducida?

El concepto de invasora es una de las bases, precisamente, que usa el Supremo para la anulación de la excepción que permitía la pesca y comercio del cangrejo rojo. “Estamos en presencia de una especie exótica invasora con acreditada constatación científica sobre su carácter dañino”, dice el alto tribunal. Procambarus clarkii forma parte del listado de las 20 especies exóticas invasoras más dañinas presentes en España. Mientras, el de río, el 'autóctono', es una de las principales prioridades en la conservación de la biodiversidad en España.

“Se dedican muchos recursos a su cría en cautividad, a la creación de poblaciones mediante sueltas y al mantenimiento de las poblaciones silvestres que aún existen”, señala Miguel Clavero sobre Austropotamobius italicus. “¿Tiene sentido centrar esfuerzos de conservación en una especie introducida?”, pregunta el investigador. “Nuestro trabajo debería llevar a un replanteamiento de las estrategias españolas de conservación de la biodiversidad, cuestionando el papel prioritario del cangrejo de río”, concluye.

Estos días, tras la sentencia que tiene a Isla Mayor en mitad de una prohibición que supone su supervivencia económica, según el Ayuntamiento isleño, la propia Estación Biológica de Doñana defendía la permanencia del cangrejo rojo americano en el entorno del Parque Nacional de Doñana. El impacto del crustáceo en la marisma no es grave por su presencia durante décadas y por haberse convertido en sustento principal de la dieta de muchas especies, principalmente las aves. Si desaparece el cangrejo rojo, sí produciría en la actualidad una grave problemática en el ecosistema natural de Doñana.

A diferencia de trabajos anteriores, “basados exclusivamente en datos genéticos”, los autores defienden un estudio que recopila e integra información de varias disciplinas científicas: ecología, biogeografía, arqueología, paleontología, lingüística o genética y ha recurrido “a un libro de gastronomía y farmacia”. Este carácter multidisciplinar hace que este tipo de estudios sean “más útiles y robustos que los basados en un único punto de vista a la hora de tratar cuestiones complejas o polémicas”.

La industria del cangrejo rojo en Isla Mayor tiene los días contados. Una sentencia del Tribunal Supremo ha dado la razón a los grupos ecologistas: no se puede seguir comercializando esta especie invasora, que genera 20 millones de euros para cinco viveros y 250 familias pescadoras, pero que tiene un fuerte impacto sobre el medio ambiente.

El Supremo ha admitido el recurso que presentó Ecologistas en Acción, Seo/Birdlife y la Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos, contra un decreto que el ministro Miguel Arias Cañete firmó poco antes de abandonar su puesto y marcharse a la Comisión Europea.

La sentencia obliga a incluir especies como la carpa común o la trucha arco iris en el Catálogo español de Especies Exóticas Invasoras y prohíbe la comercialización del cangrejo rojo americano o la explotación del visón americano. El decreto de Cañete había excluido a varias de estas especies del Catálogo o, como en el caso del cangrejo, había permitido que se siguieran explotando con fines comerciales.

El Supremo es tajante y declara la “nulidad radical” de la disposición quinta adicional del decreto que permitía la comercialización de Procambarus clarkii, al ser una “transgresión de lo imperativamente establecido” por la Ley de Patrimonio Natural.

Los grupos ecologistas se congratulan de que el poder judicial haya obligado a la administración a cumplir la ley contra una de las veinte especies exóticas invasoras más dañinas de España, tal y como apuntan estudios del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Juan Carlos Atienza, responsable de biodiversidad en SEO/Birdlife, subraya que en el caso del cangrejo rojo, “la disposición era ilegal, la sentencia es de obligado cumplimiento inmediato y lo que se tiene que hacer ahora es impedir su aprovechamiento de manera inmediata”.

José Luis Anguita, experto en biodiversidad de Ecologistas en Acción, resalta que “el decreto no casaba con las leyes ambientales y lo que viene a decir el Tribunal Supremo es que el decreto de Cañete era ilegal”. Atienza compara el caso del cangrejo con el de los astilleros. “Debería haber reconversiones, como ocurrió con las navieras. El cangrejo autóctono es igual de rico que el otro. No se trata de que la gente deje de pescar o comer cangrejos, sino de amoldarnos a lo que es sostenible. Mantener una especie autóctona y una invasora resulta insostenible”, explica.

El cangrejo rojo, introducido en los años 70 en España, tiene dos efectos especialmente negativos sobre el medio ambiente: por un lado, desplaza al autóctono al portar enfermedades que acaban con él y, por otro, supone un enorme impacto sobre humedales y ríos. Ese impacto se traduce también en términos económicos para los arroceros, que ven como los muros de sus parcelas se ven socavados por los agujeros de estos animales.

El experto en biodiversidad de SEO/Birdlife recuerda que “mientras hay unas personas ganando dinero con la explotación del cangrejo rojo, los demás ciudadanos sufrimos su impacto ambiental y lo pagamos con nuestros impuestos. Los que tienen estas industrias no están pagando un impuesto solidario para que no se extingan los cangrejos autóctonos o para que no supongan un problema para los agricultores del arroz”.

De este modo, mientras hay toda una industria alrededor de un animal con unos efectos ambientales muy graves, que exporta cada año tres millones de kilos a Estados Unidos, China o Francia, la administración pública está criando cangrejos autóctonos para evitar su extinción. “La Unión Europea ha puesto dinero para salvar al cangrejo autóctono”, subraya Atienza.

Ecologistas en Acción y SEO/Birdlife creen que la solución no será sencilla, pero recalcan que lo primero es impedir el aprovechamiento y comercialización del cangrejo rojo extraído del entorno natural.

“Las soluciones para el cangrejo rojo en las marismas tendrá que venir de las administraciones y los expertos, que tendrán que llevar a cabo una regulación que impida que la proliferación del cangrejo rojo vaya a más”, analiza Anguita.

Desde SEO/Birdlife, por su parte, creen que los pescadores deberían ayudar a “mejorar las poblaciones” de cangrejo autóctono, mediante una reintroducción que forme parte de un plan de recuperación.

• La decisión judicial supone la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y venta de ejemplares vivos o muertos, incluyendo el comercio exterior (página 45)

Cientos de familias de Isla Mayor (Sevilla) viven del cangrejo rojo americano, ya sea trabajando en viveros o pescando el crustáceo en las marismas del río Guadalquivir. Una labor que deja al año más de 150.000 jornales y un volumen de negocio de 20 millones de euros. Sin esta base económica, el pueblo tiembla. Como ahora, tras la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe su venta. El sector, con el apoyo del Ayuntamiento isleño, ha acordado recurrir el fallo ante el Constitucional.

El crustáceo, originario de América, ya estaba incluido en el Catálogo español de Especies Exóticas Invasoras pero con una excepción que autorizaba su comercialización. La decisión judicial anula ese permiso especial sobre Procambarus clarkii o cangrejo de río. Y esto supone la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y venta de ejemplares vivos o muertos, incluyendo el comercio exterior.

“Un desastre para la Isla”, dicen en el municipio. Industria y pescadores de cangrejo rojo americano defienden la captura y mercadeo del crustáceo. Con ese “todos a una” que se palpa en la población marismeña, una reunión de las partes implicadas en el Consistorio local ha acordado varias medidas. Judicial, con un recurso “inmediato” al Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo. Político, con la petición de apoyo a ayuntamientos del entorno y Junta de Andalucía. Y social, con la pretensión de realizar “manifestaciones y cuantas movilizaciones sean necesarias”.

Todos entienden que se trata de una especie exótica, invasora... pero alertan de un doble peligro. Además del económico y social se sumaría un problema, de rebote, ecológico. “Es casi imposible eliminar la especia con otra fórmula que no sea la contaminación ambiental masiva”, apunta el presidente de la Asociación de la Pesca y Acuicultura del entorno de Doñana, Valentín Murillo. Y si no se captura ni se extermina, alertan, “por su capacidad reproductora provocaría una plaga de dimensiones desconocidas”.

“Mucha preocupación en la Junta de Andalucía”

“La situación provoca mucha preocupación en la Junta de Andalucía”, explica el delegado regional de Agricultura y Pesca, Manuel Benítez. La administración regional “no va a mirar para otro lado” e intentará “ver cómo casa la sentencia con el intento de regulación que venía estudiando la comunidad autónoma”. El Gobierno andaluz, sostiene, no quiere “la desaparición” del sector.

El cangrejo rojo es un soporte vital en Isla Mayor, un pueblo de más de 6.000 habitantes al sur de Sevilla. Máxime tras el declive en jornales de la producción arrocera. Incluso aporta a la economía local de poblaciones del entorno como La Puebla del Río, Aznalcázar, Los Palacios, Lebrija o Trebujena (Cádiz).

“Las malas noticias se confirman y las cadenas distribuidoras empiezan a recular, haciendo más visible el problema”, manifiesta el alcalde isleño, Juan Molero. La prohibición judicial afecta a otras especies y “no admite excepciones o salvedades genéricas”, según la sentencia. El Supremo no ve “finalidad zoogenética” en el comercio para la industria alimentaria del cangrejo. “No guarda relación alguna”, asegura el tribunal.

Un pueblo entre la alarma y el “desastre”

“Aquí la mayoría de la gente come directa o indirectamente del cangrejo y si es verdad que no dejan pescar… es la ruina para el pueblo”, sostiene Raúl Arroyo, trabajador del sector del cangrejo. En Isla Mayor, precisa, “la gente ni se lo cree que esto pueda pasar”. Andan entre la alarma, la incredulidad y “el desastre que se vendría encima”.

Con la sentencia, la Sala III del alto tribunal estima en parte el recurso presentado por Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y la Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos contra el Real Decreto que regula el catálogo de especies invasivas. El fallo está fundamentado en informes científicos del CSIC y expertos que prueban el carácter invasor y la amenaza grave que suponen sobre las especies autóctonas, el medio ambiente y los hábitats y ecosistemas.

Junto al cangrejo rojo americano, entran en el inventario prohibido el visón americano, la carpa común, la trucha arco iris, el alga comestible wakame, la pataca o tupinambo, el hongo quitridio o el bóvido conocido como arruí. Algunas ya estaban incluidas con anterioridad en el listado de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

La movilización de Isla Mayor pretende alcanzar una salvedad en la decisión del Tribunal Supremo. Está en juego, dicen desde las marismas sevillanas, el trabajo de decenas pescadores, miles de jornales y millones de euros de volumen de negocio global.

“No tenemos tiempo de reacción, en cuanto salga publicado en el BOE las empresas dejarán de hacer pedidos y facturar y esto será el fin de esta industria”, avisa Arsenio Romero, empresario. “En esto es muy importante el apoyo de la Junta de Andalucía, debemos trabajar juntos, tomar decisiones rápidas y saber lo antes posible si podremos seguir trabajando”, señala el portavoz de la Asociación de Pescadores de Isla Mayor, José Antonio Muñoz. “Y aquí no existía el cangrejo autóctono antes de la introducción del americano y por tanto no es un problema como especie exótica, todo lo contrario, es un beneficio”, apuntilla Murillo.

Cuando las elecciones municipales de 2003 trajeron un cambio al frente de la alcaldía de Isla Mayor (Sevilla), el nuevo Gobierno local ordenó una auditoría a la empresa municipal del suelo. La sospecha era por posibles “irregularidades económico financieras”. Y la “sorpresa” resultante, una cifra lindante con los dos millones de euros que el ayuntamiento “saca de las arcas” y da como préstamo “a una empresa fantasma que inmediatamente desaparece”.

Arranca ahí una investigación ahora en manos de la sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por el “descubierto” contable correspondiente al periodo 1999-2003. Tras las indagaciones incoadas y la notificación pública, el ayuntamiento isleño ejerce su derecho a personarse en la causa y denuncia por este caso al exalcalde José Manuel Aviñó Navarro (PSOE) y al consejo de administración de la sociedad, incluido el concejal Manuel Paredes (PP), según han confirmado fuentes municipales a eldiario.es/andalucia. El agujero económico en la Empresa Municipal del Suelo de Isla Mayor (Emsimsa) ascendería a un montante total de 1.923.732,68 euros.

El actual alcalde isleño, Ángel García Espuny (IU), ya había manifestado que el Gobierno municipal “ni muchísimo menos” iba a pasar por alto el asunto. El regidor había solicitado, no obstante, “prudencia” hasta analizar la causa en profundidad con el objeto de conocer los pormenores de la investigación. Ahora, fuentes municipales confirman la denuncia contra los antiguos responsables de la empresa local de la vivienda.

Demanda “con nombres y apellidos”

“Ya nos hemos personado en la causa, hemos formalizado una demanda civil en nombre del ayuntamiento y habrá juicio. El Tribunal de Cuentas dictaminará”, sostienen desde el gabinete jurídico del ayuntamiento de Isla Mayor. “La demanda”, continúan, “ya no tiene más remedio que ir con nombres y apellidos contra todo el consejo de administración”.

Aunque “hay una diferencia de responsabilidad”, precisan, entre el exalcalde Aviñó Navarro “y los dos vicepresidentes de Emsimsa, Manuel Paredes (PP) y Enrique Aguado (PSOE)” y el resto de miembros. Las fuentes municipales consultadas entienden además que si el Tribunal de Cuentas “ha decretado embargo al antiguo alcalde y los vicepresidentes es porque ha visto indicios”. Al resto del consejo se le ha imputado “responsabilidad contable”.

La investigación abierta por el Tribunal de Cuentas responde a un acuerdo plenario del mandato posterior, de 2003 a 2007, en el que José Manuel Aviñó había sido despojado del bastón de mando y la alcaldía estaba en manos de Francisco Murcia (IU), fallecido en 2008. La providencia de la sección de enjuiciamiento parte “como consecuencia de las irregularidades económico financieras detectadas en la sociedad Emsimsa”, participada “íntegramente por el ayuntamiento de Isla Mayor, durante los ejercicios económicos de 1999 a 2003”.

El exalcalde dice que trabajadores “salieron un poco 'rana'”

En concreto, dicho departamento está tramitando un “procedimiento de reintegro por alcance (…) con motivo del posible descubierto producido en los fondos públicos”. El entonces alcalde, en declaraciones a la Cadena Ser, reduce el caso a errores contables relacionados con una promoción de 200 viviendas en el municipio. “Se adelantaba el dinero mediante pagarés que era algo que todos pensábamos que estaba bien hecho. Lo que pasa es que después nos salieron un poco ‘rana’ algunos de la empresa y pasó lo que pasó”, aduce.

Y denuncia, además, persecución política en este tema. “En el camino ha quedado un fallo contable –continúa– que ya en su día se utilizó políticamente. En ningún lado, en ningún juzgado, se ha dicho que se llevaran el dinero”. El propio José Manuel Aviñó fue condenado en el año 2010 a nueve meses de cárcel y tres años y medio de inhabilitación para cargo público municipal de carácter electivo por ordenar, el día previo a su cese como alcalde, el pago de 5.701,49 euros en favor de la misma sociedad, Emsimsa, a pesar de los informes contrarios entonces del tesorero y del interventor municipal.

¿Por qué está judicializado el caso? En aquel momento, señalan a este periódico las mismas fuentes, el Consistorio arrastraba “muchas deudas, a la Seguridad Social, proveedores, Hacienda… y se aprobó en pleno una ampliación de capital –que no fue inscrita en el registro mercantil– para pagar”. Sin embargo este extremo “no se llegó a formalizar” aunque el ente público “sí transfirió los fondos”. La “sorpresa”, dicen, llegó tras la auditoria por “posibles descuadres de contabilidad” ordenada en 2003: “el ayuntamiento saca de las arcas 200 millones de pesetas, no paga las deudas que tiene y da un préstamo a una empresa fantasma que inmediatamente desaparece”.

Así, arrancó “un expediente de responsabilidad patrimonial” contra los gestores de la sociedad ahora denunciados que comprobó “que había un descuadre en cuenta de al menos 1,6 millones de euros”. El exalcalde y los vicepresidentes investigados “recurrieron al juzgado de lo contencioso administrativo y el TSJA, que siguió viendo que había indicios en cuanto a descuadre y remitió todo al Tribunal de Cuentas, que ha visto que hay responsabilidad”, subrayan.

La marisma del río Guadalquivir sirve de privilegiada y abundante despensa para la diversa fauna que discurre por las tierras más al sur de la provincia sevillana. El rincón acuático posa durante meses como un vergel, anegado para dar vida al mayor arrozal de la península ibérica. Pero cuando culmina la siega, el cultivo del cereal tiene preparado un suculento festín a las aves que sortean los vientos del parque nacional de Doñana.

El tractor, ataviado por unas inmensas ruedas metálicas, remueve el fango y la paja. Con el agua cenagosa, forma una pastosa tierra casi movediza que servirá de futuro abono. Alimento para el nuevo arroz, para una nueva campaña que da vida a Isla Mayor, la antigua Villafranco del Guadalquivir que retrata la exitosa película La Isla Mínima.

Las pesadas máquinas, que sortean a base de fuerza la atracción imantada del pantano, dejan tras de sí un rastro que es uno de los banquetes anuales para los pájaros. Un espectáculo colosal al fundirse con el paisaje único de la planicie marismeña. “Un horizonte que no es sino la repetición obstinada del sentido lineal del horizonte”, que dijera el escritor gaditano José Manuel Caballero Bonald.

“El fangueo se suele realizar desde finales de la recolección hasta últimos de noviembre, generalmente”, explica Maribel Olivares, isleña y autora de las fotografías que ilustran esta información. Aunque hay agricultores, continúa, “que no fanguean hasta que no desaguan las tablas de arroz, sobre mediados de enero”.

Sevilla posee el mayor arrozal de España. Y el segundo de Europa, solo superado por Italia y la provincia piamontesa de Vercelli. Tierras que no solo producen un apreciado cereal, sino que dibujan “preciosos reflejos que se producen cuando el agua está en calma total”, dice Olivares.

Magia, casi. El marjal duplicando la realidad. Hasta enero, la tierra deja el espejo acuático que regresa en primavera, cuando el añejo pantanal vuelve a anegarse para una nueva siembra. Y las puestas de sol… Una de las razones por las que Steven Spielberg eligiera en 1987 rodar en la marisma del Guadalquivir El Imperio del Sol.

“En los arrozales de Isla Mayor ya casi no se ven cosechadoras, pero los tractores fangueadores continúan atrayendo una gran cantidad de aves”, explica Maribel Olivares. En redes sociales cuenta el devenir del cultivo y de la marisma, con un aporte documental fotográfico que elaboró durante años su propio padre, Antonio Olivares, y cuenta en blanco y negro lo que fue la construcción de aquella indómita isla del Guadalquivir. “Si tienes la suerte de dar con un tractor”, recomienda, “tienes la mañana o la tarde aseguradas”.

El incesante pulso del ser humano al fértil delta del río Guadalquivir atesora una intensa y reciente historia que explota en los estertores de la Guerra Civil y retrata ahora la recién estrenada película La Isla Mínima.

El sur de Sevilla cultivó un relato salpicado de colonizadores con acento valenciano, aventuras vitales al estilo del Oeste americano y 'rojos' que, perseguidos por las fuerzas franquistas, ocultaron su identidad en una suerte de finis terrae a la andaluza, entre arrozales, paludismo y trabajo de sol a sol.

Al calor de la naciente dictadura no creció un 'pueblo de fascistas', pese a que el topónimo del mayor núcleo residencial acogió el nombre de Franco y persiste simbología afín, caso de la denominación del equipo de balompié local: Villafranco Club de Fútbol.