La Guàrdia Civil ha denunciat el responsable de comercialitzar un habitacle de vuit metres quadrats per 695 euros al municipi mallorquí de Maria de la Salut. La barraca s'oferia a Internet com si en tingués 25. Davant la indignació generada, l'anunci va acabar sent retirat.

La investigació es va iniciar després que agents del Servei de Protecció a la Natura (Seprona) detectassin que la publicació havia generat ressò mediàtic. El comercialitzador presentava l'espai com a “ideal per a una persona que busqui tranquil·litat i contacte amb la natura”, amb “espai suficient” fins i tot per rebre familiars o amics els caps de setmana i amb “possibilitat de fer barbacoes”.

L'oferta va aixecar sospites tant per les dimensions com per les condicions de l’immoble, ubicat en sòl rústic. En la inspecció practicada el passat 10 de març, els agents varen constatar que la suposada vivenda era, en realitat, una caseta d’eines reconvertida per a ús residencial sense complir la normativa.

La construcció amb prou feines superava els 10 metres quadrats i només vuit eren habitables, molt lluny dels 25 que s’anunciaven. A més, presentava modificacions recents per fer-la habitable i instal·lacions exteriors pròpies d’un ús residencial, fet que apunta a una utilització irregular del sòl rústic.

Arran de la inspecció, l’Institut Armat ha aixecat diverses actes: una per incompliment de la normativa de cèdules d’habitabilitat, remesa a la Conselleria d’Habitatge; una altra per infracció urbanística, traslladada a l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca; i una tercera per vulneració de la Llei d’Aigües, en detectar-se un pou sense autorització.

El cas torna a posar el focus en l’auge de les infravivendes a Balears, un fenomen cada vegada més visible en un mercat tensionat per la manca d'oferta i els preus disparats. La proliferació d’anuncis d’espais mínims, sovint en condicions irregulars, evidencia fins a quin punt l’accés a una vivenda digna s’ha convertit en un dels principals problemes socials de l’arxipèlag.

La greu situació de l'habitatge a Balears, travessada des de fa anys per l'especulació -alimentada per les successives bombolles immobiliàries-, la voracitat dels fons d'inversió, la polarització econòmica i la turistització, està abocant nombroses persones a l'amuntegament en aquest tipus d'infrahabitatges i en caravanes, fenòmens agreujats, entre altres causes, per la creixent irrupció de compradors estrangers -principalment alemanys, britànics i francesos amb gran solvència financera- que compren immobles a preus inabastables per a la majoria dels residents.

La Guardia Civil ha denunciado al responsable de comercializar un habitáculo de ocho metros cuadrados por 695 euros en el municipio mallorquín de Maria de la Salut. La barraca se ofertaba en Internet como si tuviera 25 metros. Ante la indignación generada, y en medio de la grave crisis habitacional que atraviesa Balears, el anuncio fue retirado de inmediato.

La investigación se inició después de que agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) detectaran que la publicación estaba siendo objeto de atención mediática. El comercializador la ofertaba como “ideal para una persona que busque tranquilidad y contacto con la naturaleza, con espacio suficiente para disfrutar también de fines de semana con familiares o amigos” y “con posibilidad de realizar barbacoas”.

Tras una inspección realizada el pasado 10 de marzo, los agentes comprobaron que la supuesta vivienda era en realidad una caseta de aperos situada en suelo rústico que había sido transformada para uso residencial sin cumplir la normativa. La superficie total apenas superaba los 10 metros cuadrados, de los cuales solo ocho eran habitables.

Además, la edificación presentaba modificaciones recientes destinadas a hacerla habitable, así como instalaciones exteriores propias de una vivienda, lo que refuerza la hipótesis de un uso irregular del suelo rústico.

Como resultado de la inspección, el Instituto Armado ha levantado varias actas: una por incumplir la normativa de cédulas de habitabilidad y vivienda, remitida a la Conselleria de Vivienda; otra por infracción urbanística, trasladada a la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca, y una tercera por vulnerar la Ley de Aguas, al detectarse un pozo sin autorización.

En Balears, la especulación inmobiliaria -alimentada por las sucesivas burbujas inmobiliarias-, la voracidad de los fondos de inversión, la polarización económica y la turistización están abocando a cientos de personas al hacinamiento en infraviviendas y caravanas. Se trata de un fenómeno agravado, entre otras causas, por la creciente irrupción de compradores extranjeros -principalmente alemanes, británicos y franceses- con gran solvencia financiera.

Las operaciones las concentran inversores y grandes propietarios que compran inmuebles a precios inalcanzables para la mayoría de los residentes, quienes se ven abocados a la expulsión residencial en un mercado cada vez más orientado al lujo y a la inversión. Balears es, de hecho, la provincia de España con mayor concentración de viviendas de lujo, con precios superiores al millón de euros, y de ultralujo, aquellas con precio superior a los tres millones de euros, según datos de Idealista publicados en agosto de 2025.

Una imagen que contrasta con la proliferación de anuncios de espacios mínimos, muchas veces en condiciones irregulares, reflejando con ello hasta qué punto el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas sociales del archipiélago.

El pasado mes de septiembre, el Servicio de Inspección de Vivienda del Govern balear y el Grupo de Extranjería de la Policía Nacional detectaron la existencia de 11 infraviviendas en un asentamiento chabolista en el municipio mallorquín de Manacor. El propietario de las mismas había levantado los habitáculos para ponerlos en alquiler sin los suministros básicos y sin las condiciones necesarias de salubridad. Mientras tanto, en 2024 un policía local fue detenido por alquilar ilegalmente trasteros como si de viviendas se tratasen y sin las mínimas condiciones de higiene y salubridad.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Palma ha reactivado en las últimas semanas el desalojo de las más de 200 personas que desde hace años malviven en la antigua prisión de la capital balear: son, principalmente, residentes sin recursos, trabajadores precarizados y migrantes. Muchos de los afectados no tienen alternativa habitacional ni ingresos suficientes para pagar el alquiler de una habitación, cuyo precio en algunos casos llega a superar los 1.000 euros.

CSIF denuncia la convocatoria irregular de plazas de Subinspector y el abandono de la Policía Local por parte del Ayuntamiento de Logroño. Este puesto (subinspector) explican que es un mando intermedio “fundamental” dentro de la estructura de la Policía Local con funciones “de dirección, coordinación, supervisión de personal y adopción de decisiones operativas”. Funciones y responsabilidades que desde la formación sindical consideran “exigen, necesariamente, una formación específica, experiencia acreditada y un conocimiento profundo de la organización jerárquica del cuerpo policial”.

Sin embargo, advierten de una “ausencia de requisitos mínimos de acceso que devalúa gravemente la categoría profesional del puesto de subinspector, rompiendo el principio de progresión profesional lógica y meritocrática que debe regir en cualquier cuerpo policía”. Y es que la convocatoria permite el acceso a “personas sin experiencia previa como mando supone un serio perjuicio organizativo, afectando directamente al funcionamiento del servicio y debilitando la cadena de mando. A ello se suma un evidente agravio comparativo hacia los oficiales que, tras años de servicio, formación específica y asunción de responsabilidades, ven truncada una promoción profesional natural y coherente, generando desmotivación y deterioro del clima laboral”.

Actualmente, hay dos subinspectores en comisión de servicio que han superado el tiempo máximo legalmente establecido. Y en vez de regularizar esta situación mediante una convocatoria “adecuada y conforme a derecho de las plazas de Subinspector, el Ayuntamiento opta por incrementar el número de Subinspectores en comisión de servicios o en régimen de suplencia, perpetuando una situación de provisionalidad que vulnera los principios de estabilidad, legalidad y profesionalización del mando”.

Abandono de la Policía Local

A esta “deficiente gestión de los recursos humanos” se suma el “abandono generalizado de la Policía Local en materia de instalaciones”. En este sentido, el sindicato pone el foco en las “graves deficiencias del vestuario femenino, que no fue actualizado en su momento como sí ocurrió con los dos vestuarios masculinos. Actualmente, los servicios del vestuario femenino no funcionan adecuadamente, obligando a las agentes a tener que acudir a otros baños del edificio para poder utilizarlos, una situación inadmisible que vulnera la dignidad, la igualdad y las condiciones laborales básicas del personal”.

CSIF considera inaceptable que, “mientras se improvisan soluciones provisionales en los puestos de mando, se mantengan unas instalaciones obsoletas y en mal estado, especialmente cuando afectan de manera directa a las condiciones laborales y a la igualdad entre hombres y mujeres dentro del cuerpo policial”.

Por todo ello solicitan la revisión y modificación inmediata de la convocatoria de las plazas de Subinspector de la Policía Local que incluya como requisito obligatorio la titulación legalmente exigida y la pertenencia previa a la escala de Oficial o equivalente como mando inmediato inferior. Asimismo piden que se garantice una promoción interna coherente, profesional y basada en la experiencia real de mando así como la regularización de las actuales comisiones de servicio que han superado el tiempo máximo permitido, evitando el abuso de figuras provisionales.

Y además piden la mejora “urgente” de las instalaciones de la Policía Local y en especial “la adecuación y reparación inmediata del vestuario femenino, garantizando unas condiciones dignas, funcionales e igualitarias, así como la preservación de la dignidad, funcionalidad y autoridad del puesto de Subinspector dentro de la estructura de la Policía Local”.

Es diputado nacional por Toledo en el Congreso y vicesecretario de Comunicación de Vox en España. Pero los tentáculos de Manuel Mariscal, que forma parte del núcleo duro de Santiago Abascal, van mucho más allá de una mera función orgánica en el partido o de su actividad parlamentaria. Nacido en Talavera de la Reina, sus vínculos con esta ciudad y con Castilla-La Mancha son fuertes, y de hecho, es la persona de confianza de David Moreno, presidente del partido de ultraderecha en esta comunidad autónoma y vicealcalde de Talavera, donde gobierna junto al Partido Popular.

Ahora, el nombre de Mariscal ha salido a la palestra pública debido al ‘divorcio’ de Vox y Revuelta, una marca creada al calor del partido de Santiago Abascal, cuyo objetivo era atraer a los votantes más jóvenes, sobre todo en universidades y diferentes foros. Esta organización juvenil ha sido denunciada por presunta financiación irregular en algunas actividades como la recogida de fondos para los afectados por la dana de 2024, cantidades que nunca llegaron a los damnificados.

La situación ha hecho estallar las alarmas en la dirección nacional de Vox. Y Manuel Mariscal ahora está en la diana, como hombre fuerte en el núcleo duro de Abascal. Así lo reflejan los audios publicados por 'ElPlural' en los que el diputado habla con esta organización juvenil para indicar que su actuación “a todos nos está llevando a algo malo” y alerta de un posible “choque” entre el partido y Revuelta.

En uno de los audios Mariscal habla abiertamente de Santiago Abascal insistiendo en que es una “buena persona”, pero advierte de posibles consecuencias, con el objetivo de disolver la organización ultraderechista juvenil. 

Por eso, el vínculo del diputado nacional con Revuelta no ha pasado desapercibido en Castilla-La Mancha. El PSOE ya ha puesto al diputado del Congreso en la diana, y junto a él, al vicealcalde de Talavera y dirigente de la ultraderecha en la región, David Moreno.

La diputada socialista Paloma Jiménez ha pedido explicaciones a Vox haciendo referencia a las “irregularidades” de Revuelta y poniendo el foco también en Moreno. Los socialistas castellanomanchegos insisten en los antecedentes que preceden a este partido en Castilla-La Mancha, como la devolución a las Cortes regionales de 34.000 euros, que el Grupo Parlamentario de Vox había desviado a la dirección nacional.

Se da la circunstancia de que solo hace unos días, el pleno del Parlamento autonómico aprobó una reforma de su Reglamento para evitar que el dinero que perciben los grupos parlamentarios se destine a fines ajenos a la comunidad autónoma, entre ellos, esos envíos de fondos a las direcciones nacionales. Vox votó en contra de esta medida, que pretende reforzar la transparencia de los fondos públicos.

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, también ha criticado ese voto en contra y ha recordado que el ahora señalado Manuel Mariscal es hombre de confianza del presidente regional de Vox y vicealcalde de Talavera.

“Ya sabemos que un dirigente de Vox de Talavera estaba al tanto del escándalo de Revuelta: del dinero que pidieron para los afectados de la dana de Valencia y que se lo quedaron en el entorno de Vox. ¿Va a dar David Moreno explicaciones del dinero de los grupos municipales como le exigen sus exconcejales: Albacete, Toledo, Talavera? ¿Va a explicar David Moreno si va a tomar alguna medida contra Mariscal por conocer el escándalo de Revuelta y querer encubrirlo? ¿Va el PP de Castilla-La Manca a exigir explicaciones a sus socios de gobierno en Castilla-La Mancha o solo tienen coraje para hablar de Ábalos?”, plantea el dirigente socialista en X.

Curiosamente, quien responde a Sergio Gutiérrez en esta red social es Rosario Velasco, exconcejala de Vox en Albacete, quien dejó el partido en 2023 tras profundas desavenencias, y que desde entonces se ha mostrado muy crítica con sus antiguos compañeros, y especialmente con pactos entre el PP y la ultraderecha en los ayuntamientos.

Rosario Velasco no es la única 'ex' crítica con los de Abascal, incluido Manuel Mariscal. Quienes conocen a este último también lo han señalado. Es el caso de Antonio de Miguel, exconcejal de Vox en Guadalajara que abandonó el partido en mayo de 2023, y presume de haber “hecho frente” al “fontanero” Mariscal.

En la dirección nacional de Vox conocían desde hace meses las presuntas irregularidades de su rama juvenil, “Tenemos que adelantarnos antes de que salga un titular de que Vox está metido en esto”. Con esa frase, pronunciada en una reunión interna y ahora recogida en los mencionados audios, la cúpula de Vox asumía que sabía de esas actividades contables.

Las grabaciones revelan no solo el grado de conocimiento de la dirección nacional del partido, sino también la implicación directa de Santiago Abascal, que seguía el asunto con inquietud para evitar un escándalo público.

“Tenemos que adelantarnos antes de que salga un titular de que Vox está metido en esto”. Con esa frase, pronunciada en una reunión interna y ahora recogida en unos audios a los que han accedido El Mundo y El Plural, la cúpula de Vox asumía que conocía desde hace meses las presuntas irregularidades contables de Revuelta, su organización juvenil satélite, con los fondos recaudados para destinar a las víctimas de la dana. Las grabaciones revelan no solo el grado de conocimiento de la dirección nacional del partido, sino también la implicación directa de Santiago Abascal, que seguía el asunto con inquietud para evitar un escándalo público.

Los audios corresponden, principalmente, a un encuentro celebrado el 17 de octubre en la sede de la fundación Disenso entre la secretaria general adjunta de Vox, Montserrat Lluis, y el secretario general de Revuelta, Pablo González Gasca, quien además trabaja en el partido como responsable de marketing digital. Durante 42 minutos de conversación, Lluis admite que Abascal estaba al tanto de “los pormenores del caso” y que tanto ella como Jorge Buxadé habían recibido el encargo de reconducir la situación. “No tener información pone a Santiago como una moto”, reconoce, al tiempo que deja claro que el mayor temor era el impacto que el caso pudiera tener para el partido de cara a la opinión pública.

En ese contexto, los enviados de Vox en las conversaciones con los responsables de la organización juvenil plantean soluciones como “contratar a un abogado”, “dárselo a los viejos de Paiporta”, “hacerse una puta foto”, “hacerse un Alvise” o justificar que la asociación “había estado comprando lavadoras o limpiando casas”.

En la grabación, Lluis apunta a un problema estructural dentro del partido. “Este partido es la casa de Tócame Roque. Si queremos gobernar España no podemos funcionar así”, lamenta, antes de insistir en la necesidad de profesionalizar y limpiar la gestión: “Hay que empezar a funcionar de una manera que sea todo más profesional y limpio”. En ese contexto, plantea que una auditoría externa podría haber servido para zanjar las dudas sobre Asoma, la asociación de apoyo a mayores utilizada por Revuelta como estructura operativa. “¿El partido se conformaría con una auditoría de Deloitte para asegurar que las cuentas están correctas?”, pregunta González Gasca. “Totalmente”, responde Lluis, aunque después, no resultó suficiente para Vox, que exigió un control directo de las cuentas y liquidar la asociación.

“Si Revuelta es Vox, que lo sea para todo”

La relación entre Vox y Revuelta aparece descrita en los audios como mucho más estrecha de lo que oficialmente se admite. Lluis llega a afirmar que el problema de fondo es la falta de control político: “Si Revuelta es Vox, que lo sea para todo; hagamos esto como un satélite de verdad del partido”. González Gasca respalda esa versión y defiende que la coordinación era constante, citando instrucciones directas sobre campañas y acciones territoriales: “Siempre había una comunicación, 100%”. Esa dinámica se había hecho visible desde 2023, cuando Revuelta ganó protagonismo en las protestas contra la amnistía en Ferraz, respaldadas por dirigentes de Vox, incluido Abascal.

La sospecha de irregularidades en la gestión de fondos a través de Asoma ha derivado en denuncias ante la Fiscalía y en un enfrentamiento entre ambas organizaciones. En un intento de desvincularse, Vox ha llevado el caso ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante y advierte de acciones legales contra quienes hablen de “calumnias”, mientras en Revuelta sostienen que todo responde a una maniobra para tomar el control de la asociación. “Yo lo que no quiero es presentar unas cuentas para que luego toda la maquinaria empiece a actuar contra mí”, se escucha decir a González Gasca en uno de los audios.

Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid y diputado autonómico además de senador, ha incorporado recientemente a su equipo a un jefe de Gabinete, Víctor Ruiz de Almirón López, para que le asesore. Sin embargo, según ha informado este miércoles la Cadena Ser, su salario corre a cargo del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Madrid, pese a que Serrano no desempeña funciones directas en la actividad del partido en Cibeles.

Víctor Ruiz de Almirón López aparece registrado en el Portal de Transparencia como personal eventual de nivel 28 desde abril, con un salario de 63.159 euros anuales. También ocurre con Cristina Ramos García-Patrón, otra periodista en nómina de personal eventual de nivel 24, con un sueldo anual de 51.429,36 euros. Ramos es la ‘número dos’ del área de comunicación del PP en la Comunidad de Madrid (no del Ayuntamiento).

El Grupo Municipal Popular argumenta que Ruiz de Almirón “hace asesoría política” para ellos, según han explicado a elDiario.es. La Cadena SER señala que hasta ahora no constaba entre los trabajos conocidos por los periodistas que cubren la información local. Los populares aseguran a la Cadena Ser que Ruiz de Almirón compagina estas labores con la “asesoría a Serrano y otros cargos del partido”, sin especificar cuáles. “Los asesores del Grupo Municipal, igual que en otros ayuntamientos o en el Congreso de los Diputados y en el Senado, trabajan para el grupo y para el partido”, dicen desde Génova. Una portavoz subraya que “es algo habitual” y pide “diferenciar los asesores de Gobierno y los de los grupos”, pero evita aclarar si el PP madrileño abona un salario adicional por las funciones desempeñadas para ellos.

El decreto de 2014 que regula el personal eventual del Ayuntamiento establece que “su nombramiento y cese son libres”, pero no contempla que los partidos políticos puedan trasladar a los grupos municipales el coste de sus trabajadores. La única excepción prevista es que, de manera justificada, el personal pueda prestar servicios a otros órganos superiores o directivos integrados en los servicios generales del Ayuntamiento, lo que implica que sus tareas deben limitarse al ámbito municipal.

Ocurre lo mismo con la 'número dos' del área de comunicación del PP

El caso de Ruiz de Almirón no es aislado. Al menos desde agosto de 2023, el Grupo Municipal Popular también paga el salario de Cristina Ramos García-Patrón, otra periodista en nómina de personal eventual de nivel 24, con un sueldo anual de 51.429,36 euros. Sin embargo, Ramos es la ‘número dos’ del área de comunicación del PP en la Comunidad de Madrid y no del Ayuntamiento.

Por su parte, consultado por este periódico, el Grupo Municipal del PP argumenta que la periodista “se encarga de la coordinación entre el Grupo Municipal y el partido en lo que a prensa se refiere”. En su perfil de LinkedIn, Ramos no menciona experiencia vinculada al Ayuntamiento, destacando únicamente su labor como asesora de prensa del PP de Madrid desde junio de 2022. También es el caso del perfil de Ruiz de Almirón, en el que consta como “jefe de gabinete de la secretaría general” en el PP de Madrid, sin mención al Consistorio, y como él, Ramos evita hacer comentarios y remite a la información difundida por el partido.

Nuevas polémicas en torno a la gestión del Puerto de Valencia. Según ha confirmado elDiario.es de fuentes de toda solvencia, la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) ha admitido a trámite tres nuevas denuncias contra la presidenta, Mar Chao, por supuestas irregularidades en diversos contratos.

Tal y como avanzó elDiario.es, la entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital abrió recientemente una primera investigación para comprobar si Chao ha cobrado dietas o indemnizaciones derivadas de diferentes viajes de trabajo por encima de lo que le corresponde con arreglo a lo que establece la Ley 3/2015 de altos cargos y en materia de dietas, el artículo 8 del Real Decreto 462/2002. En la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) tan solo tienen la consideración de altos cargos la presidenta y el director general. La denuncia sugiere que a la presidenta se le habría aplicado el mismo régimen que al personal excluido del convenio, más ventajoso.

A esta causa se suman otras tres. La primera de ellas se refiere a un contrato que adjudicó el 21 de octubre del pasado año por importe de 160.930 euros (IVA incluido) a Andràs Abogados, asesoría ubicada en Barcelona. El órgano de contratación fue la propia presidencia de la APV que lidera Mar Chao y el objeto del contrato licitado el pasado 24 de julio fue la asistencia técnica para el apoyo en la gestión de personas. Sin embargo, como informó elDiario.es, un requerimiento de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia remitido a la APV advirtió de que los pliegos licitados podían incurrir en una limitación del derecho a la pública concurrencia. Tras este requerimiento, la APV publicó el pasado 17 de diciembre su desistimiento del contrato. El denunciante ante la OCI considera que puede haber un delito de prevaricación puesto que Chao ya contrató a esta empresa en una etapa laboral anterior a la que le adjudicó un contrato por valor de 475.000 euros.

La segunda se refiere a la contratación supuestamente directa, sin el preceptivo concurso público, de un book de fotos institucional para dar soporte gráfico a diferentes actos.

La tercera denuncia que también investiga la OCI pone de manifiesto irregularidades en diferentes procesos de contratación que supuestamente se habrían amañado. Se trataría de al menos seis puestos públicos adjudicados de forma presuntamente teledirigida a determinadas personas sin seguir las instrucciones para la selección de personal.

Todas estas cuestiones, de considerar el organismo que se ha infringido el régimen disciplinario de los altos cargos podrían llegar a suponer la inhabilitación de Mar Chao para ocupar cualquier puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años, según lo estipulado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Buen Gobierno, artículo 30.4. Los expedientes de la OCI son administrativos, pero en caso de que la Oficina viera un posible delito penal, podría trasladar denuncia a la Fiscalía, algo que también podría hacer un particular.

Al respecto, fuentes de la APV consultadas por elDiario.es han comentado al respecto de estas tres nuevas investigaciones que “actualmente hay pendientes de celebración tres juicios relacionados con diversos procesos de selección de personal” y han asegurado que no les consta “ninguna actuación pendiente respecto a los otros asuntos”.

Algunas de las mencionadas contrataciones supuestamente fraudulentas están judicializadas, como reconoce la APV, lo que podría paralizar las diligencias de la OCI. De hecho, la APV se sentará en el banquillo de los acusados próxiamente por el supuesto amaño de un proceso selectivo por el nombramiento de Alicia Gimeno como jefa de Gestión Económico-Financiera, tras una denuncia del sindicato UGT. La vista se iba a celebrar antes del pasado verano, pero se pospuso por la indisposición de uno de los letrados. Y no es el único juicio que tendrá lugar, puesto que, si no hay cambios, el 1 de octubre de 2026 habrá otra vista por el mismo motivo por la selección de Manuela Gras, actual subdirectora de Infraestructuras.

Como avanzó este diario, ambas fueron rescatadas del Consorcio Valencia 2007, ente público que gestionaba la Marina de València, hasta su liquidación. El resto de personal despedido acertó ante notario 20 días antes de que finalizara el plazo para presentarse al concurso convocado por la Autoridad Portuaria los nombres de las dos adjudicatarias. También está judicializado el nombramiento de Belén Fernández, exsubdirectora de Gestión de Dominio. Aunque abandonó su puesto, la causa judicial sigue vigente.

Todas estas polémicas no han pasado desapercibidas en los órganos superiores. Como informó elDiariop.es, fuentes del Ministerio de Transportes consultadas por elDiario.es lamentan las continuas polémicas y señalan al presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, como responsable por haber nombrado presidenta a Mar Chao.

El sindicato SOMA-FITAG-UGT ha denunciado este lunes “graves irregularidades” en el proceso de selección de la nueva dirección del Museo de la Minería de Asturias (MUMI), en Langreo. La organización asegura que la comisión encargada de la elección ha actuado con “arbitrariedad” y exige que el procedimiento sea declarado nulo para convocar uno nuevo con mayores garantías.

Según el sindicato, en la primera reunión de la comisión se decidió no admitir títulos universitarios anteriores al plan Bolonia, un criterio que después se modificó por su “manifiesta ilegalidad”. Sin embargo, no se abrió un plazo de subsanación para los aspirantes inicialmente excluidos, lo que, a juicio de UGT, dejó fuera a candidatos “absolutamente capacitados” para el puesto.

Nivel de inglés

Otra de las críticas se centra en el requisito del nivel de inglés. Las bases exigían certificados oficiales, pero ninguno de los aspirantes los presentó. Aun así, la comisión decidió que una persona externa —cuya identidad y cualificación no se han hecho públicas— evaluaría el conocimiento del idioma de los candidatos. “Una decisión no amparada en las bases de la convocatoria”, señala el sindicato, que denuncia la “improvisación” y la “falta de transparencia” del procedimiento.

SOMA-FITAG-UGT sostiene que estas prácticas contradicen los principios de legalidad, objetividad y libre concurrencia que deben regir la selección de personal en una fundación pública financiada con dinero del Principado.

Piden una nueva convocatoria

Ante esta situación, sus representantes han abandonado la comisión de selección y reclaman que el proceso se declare desierto para garantizar “seguridad jurídica, igualdad en el acceso y justicia” en una nueva convocatoria.

El MUMI, inaugurado en 1994 y gestionado por una fundación participada por el Principado de Asturias, es uno de los principales referentes culturales del valle del Nalón y un emblema de la memoria minera de la región. Financiado con fondos públicos, el museo recibe cada año a miles de visitantes y se considera una pieza clave en la oferta cultural y turística del área central de Asturias. La polémica sobre la elección de su dirección añade incertidumbre al futuro inmediato de la institución.

La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) considera nula “de pleno derecho” la adjudicación de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán. Este contrato, que se adjudicó por 62,8 millones de euros no es por el momento objeto de la investigación que está llevando a cabo el Tribunal Supremo, pero tanto el Ejecutivo de María Chivite como la comisión parlamentaria que investiga en Navarra todos los contratos adjudicados a la empresa Servinabar pidieron a la OANA que lo analizara.

En el informe la Oficina Anticorrupción señala que en la valoración de los criterios cualitativos de las distintas ofertas cuatro miembros de la mesa de contratación “remitieron sus puntuaciones al presidente y este determinó la suya teniendo conocimiento de las asignadas por los demás”. Según añade la oficina, “este hecho constituye una infracción de las normas de formación de la voluntad de los órganos colegiados y cuando dicha infracción es de carácter esencial supone la nulidad de pleno derecho de los acuerdos de la mesa de contratación y, por tanto, de la propuesta de adjudicación.

La obra de duplicación de los túneles de Belate no aparece citada en el informe de la UCO de la Guardia Civil por el que el Tribunal Supremo investiga a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, pero es una de las obras que el Gobierno de Navarra adjudicó a la empresa que la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama por su conexión con Cerdán tras haberse encontrado en casa del empresario Antxon Alonso un contrato privado por el que le vendió el 45% de las acciones de la empresa a Cerdán. Se trata de Servinabar 2000.

La adjudicación de la obra de Belate estuvo envuelta en polémica desde el comienzo. Tres miembros de la mesa de contratación, incluidos el secretario y el interventor, de ocho vocales en total, emitieron votos particulares oponiéndose a la adjudicación a esta UTE alegando indicios de arbitrariedad. Aseguraron que el informe de valoración de las siete ofertas presentadas no exponía “las razones que justifican las puntuaciones”, ni expresaba “las ventajas de unas ofertas frente a otras”, lo que, según añadieron, “puede generar arbitrariedad e indefensión para los licitadores”. También destacaron que el presidente de la mesa de contratación conocía las puntuaciones de los otros cuatro técnicos expertos en Obras Públicas antes de emitir su propia valoración, que fue determinante para que la UTE adjudicataria fuera la de Acciona, Servinabar 2000 y Osés.

En julio el alto funcionario del Gobierno de Navarra Lorenzo Serena, que ejerció de secretario de la mesa de adjudicación de estas obras, aseguró que “existía el nubarrón de que podía estar dada de antemano”.

En total, el Gobierno de Navarra envió a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción seis contratos adjudicados a la UTE de Acciona con Servinavar para su análisis, de los cuales en dos la directora de la oficina, Edurne Eguinoa, se desinhibió porque era directora general del Ejecutivo cuando se adjudicaron. Son el de las obras del jardín del Palacio de Navarra y del Archivo. Los cuatro analizados son los de la adjudicación para la construcción de 68 VPO en 2018, otras 46 en 2022; la construcción del colegio público de Arbizu; y las obras para el desdoblamiento de los túneles de Belate.

El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha señalado este lunes tras conocerse el informe que no comparte sus conclusiones y ha asegurado que “no paraliza la ejecución de las obras”, aunque ha encargado a la secretaría general técnica de su departamento que analice jurídicamente las conclusiones y consecuencias del informe.

“Seguimos pensando que la adjudicación es legal y transparente”, ha dicho Chivite, que ha añadido que “irregularidades administrativas no son ilegalidades y mucho menos corrupción”.

L’Autoritat Portuària de València continua sense voler fer públic l’informe de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) que va detectar irregularitats en l’entitat pública que presideix Mar Chao. Chao, que no va entregar el document als consellers del port, malgrat facilitar-ne altres de similars, ha donat explicacions minses sobre el contingut d’aquest informe, al·legant sempre que hi ha casos vinculats en mans de la justícia.

La nova negativa del port ha sigut aquesta vegada a un periodista d’elDiario.es que, a través del Ministeri de Transports i emparant-se en la Llei de transparència, va sol·licitar el document per a coneixement i informació a l’opinió pública pel fet de tractar-se el Port d’una entitat de dret públic. Però l’actitud de l’Autoritat Portuària de València ha sigut la mateixa, pegar una portada a la transparència.

Entre els arguments utilitzats pels serveis jurídics per a denegar el lliurament del document oficial, fins i tot encara que fora anonimitzat, el Port assegura que l’informe de la IGAE “passaria a integrar-se de manera immediata en l’anomenat circuit públic”. “Aquesta circumstància el faria susceptible de ser divulgat, fins i tot manipulat o utilitzat amb finalitats alienes a les previstes inicialment, cosa que podria derivar en un ús indegut o distorsionat del seu contingut”, prossegueixen, un argument que, de facto, impediria la divulgació a través dels mitjans de comunicació de qualsevol document de l’Administració i, per tant, del coneixement d’aquests per part de la ciutadania.

“Aquesta situació –abunden en el Port de València– no sols comprometria la confidencialitat i el tractament adequat d’aquesta informació, sinó que també generaria un escenari en què resultaria pràcticament inviable per a aquesta APV, així com per als treballadors afectats directament, revertir o mitigar els possibles danys ocasionats. La divulgació inadequada d’aquesta informació podria comportar conseqüències significatives, especialment en el marc dels processos en via jurisdiccional social esmentats prèviament, i n’afectaria el desenvolupament normal, l’objectivitat i la legitimitat”. La negativa es produeix, fins i tot, encara que s’anonimitzaren les dades personals com fa l’Administració de justícia que publica totes les seues sentències anonimitzant els afectats.

Un segon dels arguments plantejats per l’APV és que l’informe no l’ha elaborat el Port de València, sinó el Ministeri d’Hisenda. “Es tracta d’una documentació l’autoria i la competència material de la qual correspon a un tercer alié a aquest organisme, i la presència del qual en els nostres arxius obeeix a raons instrumentals o de mera tinença administrativa, però de cap manera a una actuació o una funció atribuïble a aquesta entitat”. És a dir, per als advocats del Port de València, un document d’Hisenda amb dades rellevants sobre possibles irregularitats detectades en el Port no el pot facilitar a la ciutadania ni l’entitat afectada. Encara més, amb vista al coneixement de l’opinió pública, entenen en l’APV que la difusió d’aquesta només es pot fer des de la mateixa autoritat qüestionada. El possible incomplidor és el que explica l’incompliment. Sense intermediaris periodístics o ciutadans.

El tercer argument que proposa l’APV és la col·lisió amb processos judicials en marxa i vinculats a la resolució, sempre segons la versió del Port. “S’ha de fer constar que hi ha diversos processos judicials en seu social que estan pendents de celebració. En el primer d’aquests procediments, per providència de 20 de juny de 2025, s’ha rebutjat l’aportació d’aquest mateix informe considerant que resulta innecessari i considerant addicionalment, respecte d’altres dades que poden quedar reflectides en l’informe de la IGAE, que no escau accedir a la sol·licitud, atés que aquest mateix podria contindre dades que pogueren afectar la intimitat de la interessada”, argumenta.

Per tant, conclouen, “es fa patent la necessitat d’adoptar un enfocament restrictiu i responsable en relació amb l’accés i la difusió de la informació, prioritzant sempre la protecció dels drets fonamentals de les persones involucrades, la preservació de la integritat dels procediments legals en curs i el funcionament adequat de les institucions públiques competents, considerant-se que ha de prevaldre la protecció de la documentació sol·licitada davant de la seua divulgació”.

L’informe del Port de Tenerife es va fer públic

És bastant habitual que els informes sobre compliment que la IGAE fa als ports espanyols i a altres administracions es facen públics a través dels mitjans de comunicació. Sense anar més lluny, el mateix informe que oculta el Port de València es va fer públic del Port de Tenerife. És aquest cas, la IGAE denunciava que en l’autoritat portuària de Tenerife hi havia hagut casos de col·locats i despeses d’allotjament inadequades, pel que sembla, pràctiques similars a les esdevingudes en la base portuària valenciana. De moment, els ciutadans continuaran sense poder accedir a la veritat.

La Autoridad Portuaria de Valencia sigue sin querer hacer público el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que detectó irregularidades en la entidad pública que preside Mar Chao. Chao, que no entregó el documento a los consejeros del puerto pese a facilitar otros similares, ha dado exiguas explicaciones sobre el contenido del mismo, alegando siempre que hay casos vinculados en manos de la justicia.

La nueva negativa del puerto ha sido esta vez a un periodista de elDiario.es que, a través del Ministerio de Transortes y amparándose en la ley de Transparencia, solicitó el documento para conocimiento e información a la opinión pública al tratarse el puerto de una entidad de derecho público. Pero la actitud de la Autoridad Portuaria de València ha sido la misma, dar un portazo a la transparencia.

Entre los argumentos utilizados por los servicios jurídicos para denegar la entrega del documento oficial, incluso aunque fuera anonimizado, el puerto asegura el informe de la IGAE “pasaría a integrarse de manera inmediata en el denominado circuito público”. “Esta circunstancia la haría susceptible de ser divulgada, incluso manipulada o utilizada con fines ajenos a los inicialmente previstos, lo que podría derivar en un uso indebido o distorsionado de su contenido”, prosiguen, un argumento que, de facto, impediría la divulgación a través de los medios de comunicación de cualquier documento de la administración y, por lo tanto, del conocimiento de los mismos por parte de la ciudadanía.

“Tal situación -abundan en el puerto de València- no solo comprometería la confidencialidad y el tratamiento adecuado de dicha información, sino que también generaría un escenario en el que resultaría prácticamente inviable para esta APV, así como para los trabajadores directamente afectados, revertir o mitigar los posibles daños ocasionados. La divulgación inadecuada de esta información podría conllevar consecuencias significativas, especialmente en el marco de los procesos en vía jurisdiccional social previamente mencionados, afectando su desarrollo normal, objetividad y legitimidad”. La negativa se produce, incluso, aunque se anonimizaran los datos personales como hace la administración de justicia que publica todas sus sentencias anonimizando a los afectados.

Un segundo de los argumentos planteados por la APV es que el informe no lo ha elaborado el Puerto de València, sino el Ministerio de Hacienda. “Se trata de una documentación cuya autoría y competencia material corresponde a un tercero ajeno a este Organismo, y cuya presencia en nuestros archivos obedece a razones instrumentales o de mera tenencia administrativa, pero en modo alguno a una actuación o función atribuible a esta entidad”. Es decir, para los abogados del puerto de València, un documento de Hacienda con datos relevantes sobre posibles irregularidades detectadas en el puerto no lo puede facilitar a la ciudadanía ni la entidad afectada. Es más, de cara al conocimiento de la opinión pública, entienden en la APV que la difusión de la misma solo se puede hacer desde la propia autoridad cuestionada. El posible incumplidor es el que explica el incumplimiento. Sin intermediarios periodísticos o ciudadanos.

El tercer argumento que propone la APV es la colisión con procesos judiciales en marcha y vinculados a la resolución, siempre según la versión del puerto. “Se ha de hacer constar que existen varios procesos judiciales en sede de lo social que están pendientes de celebración. En el primero de dichos procedimientos, por providencia de 20 de junio de 2025, se ha rechazado la aportación de este mismo informe considerando que resulta innecesario y considerando adicionalmente, respecto de otros datos que pueden quedar reflejados en el informe de la IGAE, que no ha lugar a acceder a lo solicitado, toda vez que el mismo podría contener datos que pudieran afectar a la intimidad de la interesada”, argumenta.

Por tanto, concluyen, “se hace patente la necesidad de adoptar un enfoque restrictivo y responsable en relación con el acceso y difusión de la información, priorizando siempre la protección de los derechos fundamentales de las personas involucradas, la preservación de la integridad de los procedimientos legales en curso y el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas competentes, considerándose que debe prevalecer la protección de la documentación solicitada frente a su divulgación”.

El informe del puerto de Tenerife se hizo público

Es bastante habitual que los informes sobre cumplimiento que la IGAE hace a los puertos españoles y a otras administraciones se hagan públicos a través de los medios de comunicación. Sin ir más lejos, el mismo informe que oculta el puerto de València se hizo público del puerto de Tenerife. Es este caso, la IGAE denunciaba que en la autoridad portuaria tinerfeña había habido casos de enchufismo y gastos de alojamiento inadecuados, al parecer, prácticas similares a las acontecidas en la base portuaria valenciana. De momento, los ciudadanos seguirán sin poder acceder a la verdad.

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), el organismo que supervisa el funcionamiento de la contratación pública, reclama dar más transparencia sobre las empresas vetadas para contratar con la Administración.

En su último informe anual, la entidad reclama la difusión de un listado específico y señala que “las causas de las prohibiciones para contratar tienen un alto valor informativo a la hora de señalar áreas de riesgo en el comportamiento de los operadores económicos en la contratación pública, sobre todo en materia de corrupción o cláusulas colusorias”.

La entidad lleva años reclamando medidas para corregir la opacidad en los vetos a contratistas que aplican las diferentes administraciones. En su informe de 2024, recién publicado, insiste en “la difícil detección de la prohibición para contratar” como consecuencia de la propia redacción de la normativa de licitaciones. Y señala que “pudiera ser de interés el mantenimiento de un listado de empresas incursas en prohibición para contratar”. 

Esta información hoy por hoy no la publica el Ministerio de Hacienda, encargado de aplicar los vetos a nivel estatal y de centralizar el estatus de cada licitador en un registro específico. En opinión de OIReScon, esa relación de empresas vetadas debería ser “accesible sin necesidad de consultas concretas” y “sin perjuicio de la debida protección de los datos personales que correspondiesen en cada caso”.

La normativa establece que no podrán contratar con la Administración las empresas que, entre otros supuestos, hayan sido sancionadas por delitos varios (contra la Hacienda pública, de corrupción, contra el medio ambiente...) o por infracciones graves en materia profesional que pongan en entredicho su integridad, como falsear el mercado o violar los derechos de los trabajadores.

Pero, en plena era de la información, conocer si un contratista está vetado requiere buscar una a una las empresas inscritas en el registro estatal de licitadores, denominado ROLECE (Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado). Ese listado que pide OIReScon no está disponible.

A cierre de 2023 había inscritas en ese registro 91.715 sociedades, un 12,5% más que un año antes y casi un 30% más que a cierre de 2021. La consulta en ese registro, que gestiona Hacienda, exige tener instalado un certificado electrónico. 

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ya se ha pronunciado a favor de hacer público ese listado de empresas vetadas por prácticas irregulares. Lo hizo después de que en 2022 un ciudadano solicitase a Hacienda la relación de sociedades vetadas que estaban inscritas en el ROLECE, al amparo de la Ley de Transparencia.

El ministerio se limitó a señalar que en ese momento había 138 empresas en esa situación. Pero no las detalló, ya que, argumentó, “no está regulada ninguna previsión de publicidad activa respecto de esta información y, adicionalmente, por razón de protección de datos de carácter personal y reputación de las personas en una materia de obvia sensibilidad”. Sin embargo, Transparencia acabó obligando a Hacienda a remitir en 2023 el listado a ese ciudadano, tras estimar una reclamación.

El informe de OIReScon refleja que en los registros autonómicos, la transparencia sobre estos vetos también brilla por su ausencia: “La mayoría de la información respecto a la inscripción de la prohibición o la prohibición en sí es obsoleta o se informa de un número de casos mínimo”. Solo hay datos sobre las prohibiciones en vigor (en algunos casos desfasados) en Euskadi, Andalucía, Comunitat Valenciana y Aragón. En el caso de Andalucía, se incluyen tanto a empresas como a personas físicas, pese a las cautelas de Hacienda sobre la protección de datos personales.

El informe recuerda que el momento en que se inscribe ese veto en los registros oficiales “es esencial puesto que, en determinados supuestos, marca el inicio de sus efectos”. “De la supervisión de los registros autonómicos se detecta en muchos casos ausencia de información sobre prohibiciones para contratar y, en algunos, falta de diligencia al no incorporar actualizado el vínculo informático para acceder al ROLECE”, dice el informe.

En las comunidades autónomas, el supervisor de la contratación pública detecta “un número reducido de prohibiciones vigentes inscritas”. Bien porque no se adoptan medidas “disciplinarias” o porque se toman, pero “no dan lugar a los procedimientos correspondientes que conllevarían la imposición de prohibiciones para contratar”. 

Otro posible motivo que apunta el informe es que esas prohibiciones se imponen, pero “no son trasladadas a los órganos correspondientes para su inscripción en el registro correspondiente”. Que en la práctica es lo mismo que no hacer nada.

Sin datos de por qué

El informe del mermado supervisor de los contratos públicos, una entidad adscrita orgánicamente a Hacienda que desde su creación no ha podido cubrir ni la mitad de su plantilla de cerca de 50 efectivos, refleja que en 2023 las prohibiciones para contratar inscritas en la Dirección de Patrimonio se redujeron hasta poco más de un centenar de sociedades y personas físicas. Es la cifra más baja desde que la oficina que supervisa el funcionamiento de la contratación pública publica estos datos, como puede verse en el siguiente gráfico.

El organismo destaca que el 38,56% de los vetos a contratistas que se inscribieron (40) fueron prohibiciones “en las que no se concreta su origen”. En otras palabras, “no se tiene información sobre las causas para contratar” en casi un 40% de los casos, “lo que dificulta poder adoptar medidas o actuaciones preventivas que minimicen el riesgo de su comisión”. 

En 2023 la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, anunció en el Congreso de los Diputados que el organismo aplicaría “directamente” la prohibición de contratar para empresas multadas por falsear la competencia. El veto, que en teoría era legalmente posible desde 2015, no terminaba de aplicarse ya que la decisión sobre la duración y el alcance de las prohibiciones recaía en Hacienda. En junio de 2023 el organismo publicó una Comunicación con los criterios generales para aplicar esos vetos. La CNMC no detalla qué vetos ha aplicado hasta ahora.

Una de las prohibiciones que trascendió en 2023 fue la aplicada a la filial de seguridad privada del gigante de los servicios Eulen, que fue vetada durante siete meses por Hacienda para contratar con la Administración. En este caso no tuvo relación con prácticas restrictivas de la competencia, sino por trato vejatorio de Eulen a un trabajador en Madrid. 

La oficina que supervisa la contratación pública considera “aconsejable que, por parte de los órganos de contratación, se pusieran en marcha mecanismos para tratar de supervisar las principales causas de prohibición para contratar declaradas en su ámbito”. Y que se tomen medidas para que al inscribir esos vetos “se indique su causa, con las cautelas que sean necesarias respecto a la protección de datos y debida confidencialidad”.

“Se insiste en señalar el alto valor que la información de la causa de la prohibición para contratar puede tener a la hora de diseñar un mapa de riesgos de la contratación pública, máxime en lo que atañe a la lucha contra la corrupción y las prácticas colusorias”, dice el informe, que destaca que el impago de salarios o retrasos justificados y la cesión ilegal de trabajadores suponen “un alto porcentaje” de las prohibiciones. Entre las dos sumaron el 38,18%. 

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha puesto la lupa en los procesos de adjudicación de puestos de la bolsa de trabajo. En concreto, investiga si cuatro aspirantes pudieron falsear sus méritos para acumular más puntos y situarse en mejor posición, según ha adelanto el diario regional La Verdad y han confirmado a elDiario.es Región de Murcia fuentes de la Consejería de Salud.

“Cuatro aspirantes de la bolsa de trabajo del SMS han presentado documentación de la que no han podido demostrar su veracidad a efectos de obtener más puntuación, de modo que se está tramitando el expediente que establece la bolsa”, han concretado desde este departamento. 

“Todos van a ser citados para darles audiencia y trámite”, aunque uno de ellos -que trabaja en el SMS ocupando una vacante- ha sido suspendido cauterlamente.

Desde la Consejería han recalcado que este procedimiento demuestra que “los sistemas de control del Servicio Murciano de Salud funcionan y otorgan garantías a los aspirantes”.

Casi 250.000 personas conforman las bolsas de empleo del SMS. Cada aspirante es responsable de cumplimentar sus méritos, que son revisados por los funcionarios de selección de personal.

Ha llegado al Congreso de los diputados una Iniciativa Legislativa Popular, que es la versión formal y oficial de una enorme campaña de firmas, para pedirle a los partidos que promuevan una regularización de inmigrantes. Que los que ya están aquí, puedan existir para la Seguridad Social, para tener un contrato legal, que formen parte de lo que ya forman parte. Se trata de medio millar de migrantes. Ha acabado el plazo para que los partidos políticos presenten enmiendas y todas estas personas esperan una solución a su situación. ¿Qué implicaría esta regularización? ¿Tiene sentido, además de por el sentido humanitario, por la parte más utilitarista? 

Lo hablamos con la jefa de Desalambre en elDiario.es Gabriela Sánchez y con el periodista de la sección de economía de elDiario.es David Noriega.

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Lo puedes escuchar en Podimo, la app de podcast y audiolibros que apoya ‘Un tema Al día’. Si te abres una cuenta en Podimo desde este enlace, tienes 45 días de acceso gratuito a todo su contenido exclusivo.

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

El vicepresidente segundo de la Diputación de Toledo, Daniel Arias, se ha desvinculado de los procesos y oposiciones de la Institución provincial y ha pedido a su socio de Gobierno, el PP, que “aclare cuanto antes las presuntas irregularidades”.

En nota de prensa, y tras negar cualquier vínculo con este proceso selectivo, el partido ha indicado haber conocido por la prensa estas presuntas irregularidades en las oposiciones.

“Como socios de gobierno, pedimos explicaciones de manera urgente al Partido Popular sobre estas acusaciones graves que afectan a personas de su partido, que es responsable del área de personal”.

“Vox en la Diputación de Toledo defiende la transparencia en todos los procesos y no toleraremos que se nos vincule con escándalos de falta de claridad y transparencia ni con ningún tipo de irregularidad”, ha insistido Arias.

De ahí que haya reclamado que se garantice que las personas que se contraten para trabajar en la Institución provincial sean “las más cualificadas y cuenten con los méritos requeridos para realizar dicho trabajo”.

“Es indispensable que todos los procesos realizados en la institución la beneficien y dignifiquen. Por ello, rechazamos tajantemente actuaciones irregulares como ha sucedido con otros gobiernos anteriores”, ha denunciado.

Dicho esto, Vox ha querido dejar claro que entre los nombres de las personas que conforman los tribunales o aparecen realizando las pruebas de selección, no hay nadie relacionado con su partido.

El juez de la Audiencia Provincial Francisco de Jorge, encargado de investigar el Caso Soule sobre presuntas irregularidades en la Federación Española de Fútbol, ha acordado el sobreseimiento de la causa para 22 imputados, 18 personas físicas y 4 jurídicas, entre las que se encuentra el presidente de la Federación Riojana de Fútbol, Jacinto Alonso.

Sí se mantienen como investigados el expresidente de la Federación Española Ángel María Villar, su hijo Gorka, y el que fuera vicepresidente económico y mano derecha del presidente, Juan Padrón. Los tres en su momento fueron encarcelados como integrantes de una supuesta red clientelar en la que presuntos tratos de favor en negocios particulares revertían en Villar en forma de votos.

Después de siete años desde que se iniciara, la investigación da un paso adelante con el archivo de las actuaciones, al entender el juez que no ha quedado debidamente acreditada su participación en los hechos investigados. Además de Alonso, también ha exonerado a otros cuatro presidentes territoriales. Quedan absueltos Ana Isabel Castro Val, Andrés Tolmos Baquero, Juan Espino Navia, Valentín Sainz Rozas Ramírez, Gonzalo Pérez Cea, María José Claramunt Alonso, Carlos Plasencia Romero, Vicente Temprado García, José Miguel Monje Carrillo, José Asensio García, Onofre Alba Gimeno, Vicente Muñoz Castelló, Diego Martínez Gómez, Antonio García Gaona, José Higinio Temprado Martínez, Víctor Oñate Serena y Raúl Massó Zambudio. Así como las ‘personas jurídicas’ de Viajes Vacança, Policlínica Murciana de Fútbol, Viajes Trujillo y Viajes Delpisa.

En el caso de Jacinto Alonso, dedicado a la correduría de seguros, se le acusaba de obtener importantes beneficios con las pólizas suscritas entre la RFEF y la compañía aseguradora Helvetia, de la que era agente Alonso. La acusación se refería al periodo entre los años 2009 y 2012 cuando el presidente de la Federación Riojana era a la vez miembro de la junta directiva de la Federación. Ahora el juez considera que no queda acreditada su participación en los hechos investigados y la causa contra Alonso queda sobreseída.

El PSOE de La Rioja ha destapado una nueva irregularidad en La Rioja 360, la nueva sociedad encargada de promocionar La Rioja desde 2020 y que sustituyo a La Rioja Turismo. Al parecer, tal y como ha detallado el diputado socialista Miguel González de Legarra, La Rioja 360 está contratando servicios con un “falso autónomo y además está vulnerando la Ley de Contratos”. Además, se da la circunstancia de que esta “falsa autónoma fue empleada de la actual directora general de Turismo, Virginia Borges, en la empresa de la que era propietaria hasta entrar a formar parte del Gobierno de Gonzalo Capellán y ser nombrada alto cargo del Ejecutivo”.

Y ha dado nombres. “Ainhoa Aria, trabajadora de Método Digital, la empresa de Virginia Borges hasta que fue nombrada directora general de Turismo del Gobierno de La Rioja”. Unos hechos que para el diputado socialista son “intolerables” porque estas “irregularidades se están cometiendo de forma consciente, deliberada y reiterada desde el septiembre de 2023. Desde entonces, el Gobierno de La Rioja está contratando la gestión e implantación de proyectos turísticos con un falso autónomo y está fraccionando los contratos con el único objetivo de burlar la Ley de Contratos”.

Más de 15.000 euros en 4 meses

Así, tal y como ha relatado González de Legarra, la directora general de Turismo comenzó a contratar en el mes de septiembre de 2023 a Arias, quien había trabajado en su empresa hacía sólo dos meses. “Y en cuatro meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, Arias emitió facturas a La Rioja 360 del Gobierno de La Rioja por un importe igual, 2.525 euros más IVA” facturas “con una numeración correlativa lo que demuestra que Arias no tiene más clientes que su antigua jefa. Curiosamente en diciembre, Arias emitió dos facturas con el mismo número 5, quizás una corresponda a la paga extraordinaria del mes diciembre”. Facturas que en total superan los 15.000 euros, el límite que establece la Ley de Contratos por lo que “no estamos ante un contrato menor que se pueda adjudicar de forma directa”.

Y en 2024 las contrataciones y las facturas continúan. “Las facturas se siguen emitiendo y la numeración sigue el orden correlativo a las de 2023; la número 7 corresponde a febrero y la 8 al mes de marzo. Curiosamente, la factura número 6 (la del mes de enero) se incrementa en 440 euros. El motivo, apoyo a FITUR, lo que nos hace pensar que este incremento se debe a la presencia de Arias en la FERIA”. Según el socialista habrá más facturas del mes de abril, mayo y junio porque “nos consta que sigue facturando”, de forma que la cuantía superará los 28.000 euros “a los que habrá que añadir la paga extra del mes de junio”.

Por todo ello, además de burlar la Ley con este fraccionamiento de contratos y de contratar a una falsa autónoma, el socialista ha denunciado que estamos ante “una privatización encubierta de un servicio público y una contratación encubierta de la que se está beneficiando una amiga, una antigua trabajadora de la actual directora general de Turismo del Gobierno de La Rioja”.

Una situación, ha dicho, que “quizás es el motivo de que un tercio de la plantilla de La Rioja 360 esté ahora mismo de baja por depresión y ansiedad”. Y va más allá, porque para González de Legarra, la actual reestructuración que se está llevando a cabo en La Rioja 360 sólo busca “desmotivar a los trabajadores para que renuncien y justificar así la contratación de sus amigas, tener el campo libre para contratar y consolidar a sus amigas”.

Por todo ello, los socialistas riojanos exigen responsabilidades al consejero de Turismo, José Luis Pérez Pastor, y al presidente del Ejecutivo, Gonzalo Capellán y exigen la “rescisión inmediata de este contrato fraudulento con esta amiga de la directora general de Turismo, Virginia Borges”. Además de las acciones parlamentarias, desde la filas socialistas no descartan otras “administrativas o jurídicas”.

Els polèmics genets que fa dies que escandalitzen l'opinió pública de Mallorca han decidit, de nou, enfilar-se sobre els seus majestuosos cavalls i, vestits amb les seves millors gales esportives, jugar un partit de polo il·legal a sa Barralina. elDiario.es ha comprovat que aquest divendres diversos jugadors han disputat un altre matx al camp de polo il·legal construït en sòl rústic, les instal·lacions del qual van ser precintades el 2017. Ni la persecució de l'Agència de Defensa del Territori (ADT) ni la prohibició de jugar del Tribunal Superior de Justícia balear frenen aquests jugadors furtius, que, amb aparent impunitat, gaudeixen d'un esport promocionat durant anys pels successius governs del PP a l'illa.

Durant dècades, l'espai natural d'Es Trenc-Salobrar de Campos, un dels sistemes litorals amb més valor ecològic de Mallorca i de tota la costa mediterrània, caracteritzat sobretot per extenses platges de sorra en forma de sistemes dunars, ha patit l'assetjament imparable dels projectes urbanístics. L'impacte del desenvolupament turístic i l'activitat humana ha causat un accelerat procés de degradació al qual també han contribuït l'obertura d'accessos no regulats a l'emblemàtica platja d'Es Trenc, inclosa a la xarxa europea Natura 2000. Les intenses mobilitzacions dutes a terme als anys vuitanta al crit de 'Salvem Es Trenc' van portar a declarar-la Àrea Natural d'Especial Interès (ANEI). Tot i això, mai ha deixat d'estar amenaçada per l'asfalt. Ara ha tornat a ser notícia per culpa d'aquests jugadors furtius.

Va ser la formació ecosobiranista Més per Mallorca la que, la setmana passada, va donar la veu d'alarma i va difondre les imatges del que havia passat. Les fotografies captaven com, passades les tres de la tarda del 10 de maig, diversos genets es llançaven a la pista del complex per disputar una competició, tot i que el Tribunal Superior de Justícia va suspendre la seva activitat fa set anys. Després de denunciar els fets davant del Consell de Mallorca, la institució insular va procedir a posar-los en coneixement de la Fiscalia per un possible delicte de desobediència. L'ADT també ha actuat d'ofici amb l'obertura d'un expedient de disciplina urbanística.

Des del Consell, governat per PP i Vox, expliquen que el propietari d'aquest terreny agrícola disposa d'una autorització per a l'ensinistrament de cavalls, però està paralitzada des del 2017 en haver-se desenvolupat des de llavors, de forma clandestina, diverses competicions de polo a la finca. Per part seva, el portaveu insular de Més, Jaume Alzamora, que recrimina la “permissivitat” de la institució en aquest sentit, calcula que la superfície del camp de polo de sa Barralina s'ha vist incrementada en un 25% des que va ser precintat, segons el que reflecteixen fotografies aèries preses pel satèl·lit Sentinel.

La llei del PP que va desfermar el furor del polo a Balears

La polèmica al voltant dels camps de polo en aquest enclavament fràgil es remunten a finals de la dècada dels noranta, quan l'Ajuntament de Campos va projectar, de la mà d'una empresa de capital alemany, la construcció d'una pista acompanyada de 3.000 places turístiques a la zona. El municipi sempre havia albirat en els macroprojectes urbanístics la seva cistella dels ous d'or. “Els 'campaners' saben bé el que volen i ara ni res ni ningú aconseguirà bloquejar-ho”, va manifestar ufanós el llavors alcalde Andreu Prohens (PP). El pacte de progrés (d'esquerres) que per primera vegada havia aconseguit el poder a Balears va acabar fent fora el projecte. Els promotors van acabar substituint la iniciativa per una clínica termal.

Tot i això, el polo va començar a causar furor a Balears –principalment entre els estrangers de més poder adquisitiu– a partir de l'aprovació, el 2014, de la Llei Agrària balear durant la legislatura del popular José Ramón Bauzá (2011-2015), que declarava el sector equí una prioritat estratègica de la política agrària de les illes. La normativa atribuïa al polo el caràcter d'activitat complementària de l'explotació agrària, igual que ho feia en el cas d'activitats eqüestres com l'hostatge i el pupil·latge eqüestre; la creació, la utilització i l'explotació de rutes i senders eqüestres; l'ús d'èquids en utilitats mediambientals i terapèutiques, l'equitació i altres modalitats i esports hípics com ara el trot, la doma i el salt. A més, exonerava aquestes activitats de la declaració d'interès general “per la vinculació amb la destinació o amb la naturalesa de les finques”.

El polo va començar a causar furor a Balears -principalment entre els estrangers de més poder adquisitiu- a partir de l'aprovació, el 2014, de la Llei Agrària balear durant la legislatura del popular José Ramón Bauzá (2011-2015)

Dos anys abans, l'Executiu del PP, de la mà del seu conseller Carlos Delgado, impulsava una Llei de Turisme –l'essència de la qual vol recuperar l'actual Govern de Marga Prohens– que donava via lliure a la construcció d'establiments i infraestructures d'aquest tipus “en qualsevol classe de sòl rústic amb independència del grau de protecció, sense que sigui necessària la declaració d'interès general”. Es donava així la combinació perfecta perquè els promotors del polo poguessin actuar a plaer.

Els ecologistes, en peus de guerra

L'aprovació de la Llei Agrària sota la batuta de l'exconseller d'Agricultura i posterior president del PP balear Biel Company va possibilitar la projecció de camps de polo la construcció dels quals va motivar severes crítiques per part dels grups ecologistes, entre altres motius per la ubicació i per la quantitat d'aigua que es requereix per a la realització daquest tipus de competicions. Entre aquelles entitats, el Grup d'Ornitologia Balear (GOB) va presentar al·legacions immediatament en afirmar que la normativa, so pretext de fomentar l'activitat agrària, afavoria en realitat els interessos dels grans propietaris i terratinents en promoure la desregulació del sòl rústic, la especulació, la substitució de l'activitat agrària i les inversions immobiliàries.

La Llei Agrària de l'exconseller del PP Biel Company va possibilitar la projecció de camps de polo, que va motivar severes crítiques per part dels grups ecologistes, que criticaven que la normativa afavoria en realitat els interessos dels grans propietaris i terratinents en promoure l'especulació, la substitució de l'activitat agrària i les inversions immobiliàries

Tot i això, després que la Llei entrés en vigor, l'Ajuntament de Campos, amb l'actual portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreras, al capdavant de l'alcaldia, no va trigar a treure a exposició pública dos projectes de camp de polo a la finca de sa Barralina, la mateixa en què els jugadors desafien actualment la prohibició d'activitat que pesa sobre el lloc. Una de les iniciatives passava per legalitzar la pista que ja feia anys que estava en funcionament, i la segona, per construir-ne una de nova. Tot això a nom de l'empresa Es Figueral SL, de nom comercial Barralina SL., que el 2022 –últimes dades disponibles– va veure incrementada la facturació fins a 1.276.939 euros. elDiario.es ha intentat posar-se en contacte amb la mercantil sense que cap dels telèfons de contacte que figuren a diferents pàgines web permetin la comunicació. A més, els seus assessors financers, que sí que responen a les trucades d'aquesta redacció, no faciliten cap informació.

Mallorca com la “nova meca del polo” per a l'aristocràcia

El rastreig de les dades d'aquesta mercantil condueix fins a Christoph-Daniel Crasemann, un magnat alemany que el 2006 va adquirir la finca de sa Barralina, on va arribar a albergar 120 cavalls, amb la intenció de convertir Mallorca en el nou destí del polo. El 2014 va fundar Sa Barralina SL amb un capital social de 2.113.000 euros. Amb ell, un altre dels empresaris relacionats amb aquesta pràctica esportiva és Christian Völkers, director executiu d'Engel & Völkers, que va adquirir la propietat mallorquina de Son Coll (Banyalbufar), on celebra tornejos de polo als quals assisteixen nombrosos representants del món empresarial i de l'aristocràcia europea.

El magnate Daniel Crasemann adquirió la finca de sa Barralina con la intención de convertir Mallorca en el nuevo destino del polo. Junto a él, otro de los empresarios relacionados con esta práctica deportiva es Christian Völkers, quien celebra torneos a los que asisten numerosos representantes del mundo empresarial y de la aristocracia europea

En un article, l'editor de la revista especialitzada Polo+10, Thomas Wirth, arriba a confessar que el seu somni i el dels seus amics és que “un gran nombre d'aficionats converteixin la nova meca del polo a Mallorca en la més gran d'Europa”. “Com més cavalls hi ha a l'illa, més ràpid gira el carrusel del polo i més atractiu es converteix. Perquè, què és el que tothom desitja? Jugar al polo! Podríem visitar-nos els uns als altres per jugar al polo i organitzar tornejos internacionals, tal com s'està fent ara a Argentina”.

Amb objectius similars, Crasemann va donar impuls al polo a sa Barralina. Tot i això, l'alegria li va durar poc. L'any 2016, l'ADT va obrir un expedient d'infracció als dos camps impulsats a la zona atès que no disposaven de les llicències urbanístiques municipals pertinents. La batalla no va fer res més que començar.

Aquest mateix any, el Govern balear, ja amb la socialista Francina Armengol al capdavant, va modificar part de l'articulat de la Llei Agrària, suprimint el precepte que les excloïa de les declaracions d'interès general. L'activitat eqüestre deixava d'estar regida per aquesta normativa i la pràctica del polo deixava de tenir caràcter d'activitat complementària. Al juliol de 2023, com informava Diari de Mallorca, Es Figueral Gran recorria davant el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) el decret amb què, un any abans, s'havia aprovat el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) d'Es Trenc/Salobrar de Campos, que prohibia expressament les activitats esportives en aquesta àrea protegida.

Actualment, una casa rural propera al camp de polo es publicita al portal immobiliari Idealista per 1,5 milions. La particularitat rau en el contingut de l'anunci. Tot i tractar-se d'una activitat esportiva prohibida, l'anunciant, la filial mallorquina de la multinacional Berkshire Hathaway HomeServices, propietat del multimilionari Warren Buffet, destaca que “la proximitat al camp de pol 'Sa Barralina' afegeix un atractiu addicional”.

Actualment, una casa rural propera al complex de sa Barralina es publicita a Idealista per 1,5 milions d'euros i l'anunci destaca que aquest camp de polo dóna 'un atractiu addicional' a la propietat

Les irregularitats urbanístiques, brou de cultiu a Balears

Els continus intents urbanitzadors mai no han abandonat Campos. Construccions d'hotels i altres edificis en línia de costa, ports esportius i explotacions industrials han anat de la mà d'un increment inesgotable d'usuaris a les platges i de l'empitjorament de la qualitat de l'aigua, un fenomen de conseqüències devastadores que enfosqueix les costes de Balears i compromet el seu futur. Les irregularitats urbanístiques, a més, han estat brou de cultiu en un territori les successives legislacions del qual han resultat insuficients per corregir l'exponencial creixement urbanístic de Balears experimentat en les darreres dècades i vinculat, principalment, a l'activitat turística desenfrenada.

Precisament, també a Campos, el 2013 la Justícia va posar fi a un dels embats territorials que més repercussió han generat a Mallorca, el relatiu a la construcció de fins a 68 apartaments, una piscina i un restaurant il·legals a Ses Covetes, a l'extrem de la platja verge des Trenc. La llicència va ser concedida de forma irregular l'abril de 1992.

Tot i les successives resolucions judicials dictades pel Tribunal Superior de Justícia de Balears, l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem en pro de la demolició d'aquestes edificacions, els promotors van fer cas omís a aquestes en una de les batalles judicials més llargues que es recorden a les illes (gairebé dues dècades en mans dels tribunals), mentre el PP, al capdavant de l'Ajuntament de Campos, promovia la reforma de les normes subsidiàries del municipi per declarar urbanitzables els terrenys en un dels múltiples intents per mantenir dretes les edificacions.

La promoció dels apartaments va canviar de mans diverses vegades, en una de les quals va recaure sobre un grup d'empresaris entre els que es trobava el pare de l'actual portaveu del PP al Parlament balear, Sebastià Sagreras, que, al seu torn, era llavors batle de la localitat. L'exprimer edil i avui diputat va ser multat diverses vegades pel TSJIB pel retard a complir les ordres judicials i donar inici a l'enderrocament del complex residencial.

En una entrevista amb Diario de Mallorca, Sagreras va arribar a afirmar que “això de ses Covetes és polèmica per a una minoria absoluta”. La lluita del grup ecologista GOB i el Partit Socialista de Mallorca (PSM) per aconseguir la demolició va culminar el 2013, quan els apartaments van ser finalment enderrocats. El 2022, la màxima instància judicial de les Balears desestimava, a més, la demanda d'indemnització per import d'11,3 milions d'euros que reclamaven els promotors per anul·lar la llicència de construcció dels apartaments. Inicialment, l'empresa constructora, Marina Erst, sol·licitava fins a 27 milions.

Los polémicos jinetes que llevan días escandalizando a la opinión pública de Mallorca han decidido, de nuevo, encaramarse sobre sus majestuosos caballos y, ataviados con sus mejores galas deportivas, jugar un partido de polo ilegal en sa Barralina. elDiario.es ha comprobado que este viernes varios jugadores han disputado otro encuentro en el campo de polo ilegal construido en suelo rústico cuyas instalaciones fueron precintadas en 2017. Ni la persecución de la Agencia de Defensa del Territorio (ADT) ni la prohibición de jugar del Tribunal Superior de Justicia balear frenan a estos jugadores furtivos, que, con aparente impunidad, disfrutan de un deporte promocionado durante años por los sucesivos gobiernos del PP en la isla.

Durante décadas, el espacio natural de Es Trenc-Salobrar de Campos, uno de los sistemas litorales con mayor valor ecológico de Mallorca y de toda la costa mediterránea, caracterizado sobre todo por extensas playas de arena en forma de sistemas dunares, ha sufrido el imparable acoso de los proyectos urbanísticos. El impacto del desarrollo turístico y la actividad humana ha causado un acelerado proceso de degradación al que también han contribuido la apertura de accesos no regulados a la emblemática playa de Es Trenc, incluida en la red europea Natura 2000. Las intensas movilizaciones llevadas a cabo en los años ochenta al grito de 'Salvem Es Trenc' llevaron a declararla Área Natural de Especial Interés (ANEI). Sin embargo, nunca ha dejado de estar amenazada por el asfalto. Ahora, ha vuelto a ser noticia por culpa de estos jugadores furtivos.

Fue la formación ecosoberanista Més per Mallorca la que dio la voz de alarma y difundió las imágenes de lo sucedido. Las fotografías captaban cómo, pasadas las tres de la tarde del pasado 10 de mayo, varios jinetes se lanzaban a la pista del campo para disputar una competición, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia suspendió su actividad hace siete años. Tras denunciar los hechos ante el Consell de Mallorca, la institución insular procedió a ponerlos en conocimiento de la Fiscalía por un posible delito de desobediencia. Asimismo, la ADT ha actuado de oficio con la apertura de un expediente de disciplina urbanística.

Desde el Consell de Mallorca, gobernado por PP y Vox, explican que el propietario de este terreno agrícola dispone de una autorización para el adiestramiento de caballos, pero se encuentra paralizada desde 2017 al haberse desarrollado desde entonces, de forma clandestina, varias competiciones en la finca. Por su parte, el portavoz insular de Més, Jaume Alzamora, que recrimina la “permisividad” de la institución en este sentido, calcula que la superficie del campo de polo de sa Barralina se ha visto incrementada en un 25% desde que fue precintado, a tenor de lo que se refleja se refleja en fotografías aéreas tomadas por el satélite Sentinel. 

La ley del PP que desató el furor del polo en Balears

La polémica en torno a los campos de polo en este frágil enclave se remontan a finales de la década de los noventa, cuando el Ajuntament de Campos proyectó, de la mano de una empresa de capital alemán, la construcción de una pista acompañada de 3.000 plazas turísticas en la zona. El municipio siempre había vislumbrado en los macroproyectos urbanísticos su cesta de los huevos de oro. “Los 'campaners' saben bien lo que quieren y ahora ni nada ni nadie conseguirá bloquearlo”, manifestó ufano el entonces alcalde Andreu Prohens. El pacte de progrés (de izquierdas) que por primera vez había alcanzado el poder en Balears acabó echando el proyecto por tierra. Los promotores acabaron sustituyendo la iniciativa por una clínica termal.

Sin embargo, el polo comenzó a causar furor en Balears –principalmente entre los extranjeros de mayor poder adquisitivo– a partir de la aprobación, en 2014, de la Ley Agraria balear durante la legislatura del popular José Ramón Bauzá (2011-2015), que declaraba el sector equino una prioridad estratégica de la política agraria de las islas. La normativa atribuía al polo el carácter de actividad complementaria de la explotación agraria, al igual que lo hacía en el caso de actividades ecuestres como el hospedaje y el pupilaje ecuestre; la creación, la utilización y la explotación de rutas y senderos ecuestres; el uso de équidos en utilidades medioambientales y terapéuticas, la equitación y otras modalidades y deportes hípicos como el trote, la doma y el salto. Además, exoneraba estas actividades de la declaración de interés general “por su vinculación con el destino o con la naturaleza de las fincas”.

El polo comenzó a causar furor en Balears -principalmente entre los extranjeros de mayor poder adquisitivo- a partir de la aprobación, en 2014, de la Ley Agraria balear durante la legislatura del popular José Ramón Bauzá (2011-2015)

Dos años antes, el Ejecutivo del PP, de la mano de su entonces conseller Carlos Delgado, impulsaba una Ley de Turismo –cuya esencia quiere recuperar el actual Govern de Marga Prohens– que daba vía libre a la construcción de establecimientos e infraestructuras “en cualquier clase de suelo rústico con independencia de su grado de protección, sin que sea necesaria la declaración de interés general”. Se daba así la combinación perfecta para que los promotores del polo pudieran actuar a sus anchas.

Los ecologistas, en pie de guerra

La aprobación de la Ley Agraria bajo la batuta del exconseller de Agricultura y posterior presidente del PP balear Biel Company posibilitó la proyección de campos de polo cuya construcción motivó severas críticas por parte de los grupos ecologistas, entre otros motivos por su ubicación y por la cantidad de agua que se requiere para la realización de este tipo de competiciones. Entre aquellas entidades, el Grupo de Ornitología Balear (GOB) presentó alegaciones de inmediato al afirmar que la normativa, so pretexto de fomentar la actividad agraria, favorecía en realidad los intereses de los grandes propietarios y terratenientes al promover la desregulación del suelo rústico, la especulación, la sustitución de la actividad agraria y las inversiones inmobiliarias.

La Ley Agraria del exconseller del PP Biel Company posibilitó la proyección de campos de polo cuya construcción motivó severas críticas por parte de los grupos ecologistas, que criticaban que la normativa favorecía en realidad los intereses de los grandes propietarios y terratenientes al promover la especulación, la sustitución de la actividad agraria y las inversiones inmobiliarias

Sin embargo, después de que la Ley entrase en vigor, el Ajuntament de Campos, con el actual portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, al frente de la alcaldía, no tardó en sacar a exposición pública dos proyectos de campo de polo en la finca de sa Barralina, la misma en la que los jugadores desafiaron recientemente la prohibición de actividad que en la actualidad pesa sobre el lugar. Una de las iniciativas pasaba por legalizar la pista que ya llevaba años en funcionamiento, y la segunda, por construir una nueva. Todo ello a nombre de la empresa Es Figueral SL, de nombre comercial Barralina SL., que en 2022 –últimos datos disponibles– vio incrementada su facturación hasta los 1.276.939 euros. elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con la mercantil sin que ninguno de los teléfonos de contacto que figuran en distintas páginas web permitan la comunicación. Además, sus asesores financieros, quienes sí responden a las llamadas de esta redacción, no facilitan ninguna información.

Mallorca como la “nueva meca del polo” para la aristocracia

El rastreo de los datos de esta mercantil conduce hasta Christoph-Daniel Crasemann, un magnate alemán que en 2006 adquirió la finca de sa Barralina, en la que llegó a albergar 120 caballos, con la intención de convertir Mallorca en el nuevo destino del polo. En 2014 fundó Sa Barralina SL con un capital social de 2.113.000 euros. Junto a él, otro de los empresarios relacionados con esta práctica deportiva es Christian Völkers, director ejecutivo de Engel & Völkers, quien adquirió la propiedad mallorquina de Son Coll (Banyalbufar), donde celebra torneos de polo a los que asisten numerosos representantes del mundo empresarial y de la aristocracia europea.

El magnate Daniel Crasemann adquirió la finca de sa Barralina con la intención de convertir Mallorca en el nuevo destino del polo. Junto a él, otro de los empresarios relacionados con esta práctica deportiva es Christian Völkers, quien celebra torneos a los que asisten numerosos representantes del mundo empresarial y de la aristocracia europea

En un artículo, el editor de la revista especializada Polo+10, Thomas Wirth, llega a confesar que su sueño y el de sus amigos es que “un gran número de aficionados conviertan la nueva meca del polo en Mallorca en la más grande de Europa”. “Cuantos más caballos hay en la isla, más rápido gira el carrusel del polo y más atractivo se convierte. Porque, ¿qué es lo que todo el mundo desea? ¡Jugar al polo! Podríamos visitarnos los unos a los otros para jugar al polo y organizar torneos internacionales, tal y como se está haciendo ahora en Argentina”.

Con similares objetivos, Crasemann dio impulso al polo en sa Barralina. Sin embargo, la alegría le duró poco. En 2016, la ADT abrió un expediente de infracción a los dos campos impulsados en la zona dado que no disponían de las licencias urbanísticas municipales pertinentes. La batalla no hizo más que empezar.

Ese mismo año, el Govern balear, ya con la socialista Francina Armengol al frente, modificó parte del articulado de la Ley Agraria, suprimiendo el precepto que las excluía de las declaraciones de interés general. La actividad ecuestre dejaba de estar regida por esta normativa y la práctica del polo dejaba de tener carácter de actividad complementaria. En julio de 2023, como informaba Diario de Mallorca, Es Figueral Gran recurría ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) el decreto con el que, un año antes, se había aprobado el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de es Trenc/Salobrar de Campos, que prohibía expresamente las actividades deportivas en esta área protegida.

En la actualidad, una casa rural próxima al campo de polo se publicita en el portal inmobiliario Idealista por 1,5 millones. La particularidad radica en el contenido de su anuncio. Pese a tratarse de una actividad deportiva prohibida, el anunciante, la filial mallorquina de la multinacional Berkshire Hathaway HomeServices, propiedad del multimillonario Warren Buffet, destaca que “la proximidad al campo de polo 'Sa Barralina' añade un atractivo adicional”. 

En la actualidad, una casa rural próxima al complejo de sa Barralina se publicita en Idealista por 1,5 millones de euros y el anuncio destaca que este campo de polo da 'un atractivo adicional' a la propiedad

Las irregularidades urbanísticas, caldo de cultivo en Balears

Los continuos intentos urbanizadores nunca han abandonado Campos. Construcciones de hoteles y otros edificios en línea de costa, puertos deportivos y explotaciones industriales han ido de la mano de un inagotable incremento de usuarios en las playas y del empeoramiento de la calidad del agua, un fenómeno de consecuencias devastadoras que ensombrece las costas de Balears y compromete su futuro. Las irregularidades urbanísticas, además, han sido caldo de cultivo en un territorio cuyas sucesivas legislaciones han resultado insuficientes para corregir el exponencial crecimiento urbanístico de Balears experimentado en las últimas décadas y vinculado, principalmente, al desenfreno de la actividad turística.

Precisamente, también en Campos, en 2013 la Justicia puso fin a uno de los embates territoriales que más repercusión han generado en Mallorca, el relativo a la construcción de hasta 68 apartamentos, una piscina y un restaurante ilegales en Ses Covetes, en el extremo de la playa virgen de Es Trenc. La licencia fue concedida de forma irregular en abril de 1992.

Pese a las sucesivas resoluciones judiciales dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Balears, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en pro de la demolición de estas edificaciones, los promotores hicieron caso omiso a las mismas en una de las batallas judiciales más largas que se recuerdan (casi dos décadas en manos de los tribunales), mientras el PP, al frente del Ajuntament de Campos, promovía la reforma de las normas subsidiarias del municipio para declarar urbanizables los terrenos en uno de sus múltiples intentos por mantener en pie las edificaciones.

La promoción de los apartamentos cambió de manos en varias ocasiones, en una de las cuales recayó sobre un grupo de empresarios entre quienes se encontraba el padre del actual portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras, quien, a su vez, era entonces alcalde de la localidad. El ex primer edil y hoy diputado fue multado varias veces por el TSJIB por el retraso en cumplir las órdenes judiciales y dar inicio al derribo del complejo residencial.

En una entrevista con Diario de Mallorca, Sagreras llegó a afirmar que “lo de ses Covetes es polémica para una minoría absoluta”. La lucha del grupo ecologista GOB y el Partit Socialista de Mallorca (PSM) por lograr la demolición culminó en 2013, cuando los apartamentos fueron finalmente derruidos. En 2022, la máxima instancia judicial de Balears desestimaba, además, la demanda de indemnización por importe de 11,3 millones de euros que reclamaban los promotores por la anulación de la licencia de construcción de los apartamentos. Inicialmente, la empresa constructora, Marina Erst, llegó a solicitar hasta 27 millones.

Otro chalé ilegal ligado a una familia de políticos de la comarca de la Cerdanya termina en los tribunales. Un juez mantiene imputados al exconcejal de Bellver de Cerdanya (Lleida) Joan Porta, hijo del exalcalde del municipio Xavier Porta, y a un arquitecto por la casa que el expolítico se construyó a partir de una antigua barraca de mineros en un terreno de su propiedad en medio del campo.

Según han informado fuentes judiciales, ante el juzgado de instrucción 1 de La Seu d'Urgell (Lleida) permanecen investigados tanto Porta como el arquitecto encargado del proyecto de obras que la Fiscalía ve ilegales. Ambos investigados, han explicado las mismas fuentes, ya prestaron declaración y el caso está a la espera de las últimas diligencias antes de que el juez decida si lo envía a juicio y por qué delitos (prevaricación o un delito contra la ordenación del territorio).

La causa ha llegado al juzgado tras pasar por los Agentes Rurales, que dieron el primer aviso sobre las obras; y la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) y la Sindicatura de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán), que dieron la razón a los ecologistas de SOS Pirineus que denunciaron las obras ilegales hace casi cinco años. A mediados del año pasado, la OAC, tal y como está obligada cuando aprecia indicios de delito, trasladó las pesquisas a la Fiscalía de Lleida, que a su vez las trasladó al juez.

Las investigaciones previas de la OAC, la Sindicatura de Greuges y los Agentes Rurales, que documentaron la construcción del chalé en un enclave privilegiado de la comarca en 2020, permitieron contar con los trámites administrativos que el consistorio, por aquel entonces liderado por Porta, llevó a cabo para intentar legalizar unas obras irregulares.

Los hechos se remontan al año 2019. Fue el año en que empezaron las obras en Casa Alay, una construcción en ruinas que había servido como caseta de herramientas de los mineros que explotaban el manganeso de la zona en los años 20 del siglo pasado. La finca está ubicada en una colina propiedad de Porta fuera del núcleo urbano del municipio (y en suelo no urbanizable), tal y como se observa en el vídeo grabado con un dron.

El movimiento propio de unas obras de tal envergadura hizo arquear la ceja a los ecologistas y generó controversia en la comarca y el municipio. Porta padre y Porta hijo, de la formación Endavant Cerdanya, dimitieron como alcalde y concejal de Bellver en abril de 2022, si bien la sucesora del primer edil, Laia Serra, no tuvo problemas para revalidar la mayoría en las municipales celebradas un año después.

Los Agentes Rurales, en noviembre de 2020, documentaron las obras para convertir la Casa Alay en un chalé de dos plantas, con una superficie de 68 metros cuadrados cada una y un balcón. Un mes después intervino la Generalitat, que a través del servicio de Urbanismo requirió al consistorio proteger la legalidad. El Ayuntamiento ordenó suspender las obras por realizarse en suelo no urbanizable.

Mientras los activistas de SOS Pirineus reunían la documentación en el registro y descubrían que la casa se hallaba en un terreno propiedad del hijo del entonces alcalde, el consistorio de Bellver empezó a intentar legalizar las obras –realizadas presuntamente sin licencia– con trámites que la Fiscalía considera un delito.

El intento de legalizar las obras se hizo por dos vías. Por un lado, el Ayuntamiento buscó que la Casa Alay –una caseta de herramientas– pasara a formar parte el catálogo de masías y casas rurales de la Generalitat, pese a que no aparecía en el catálogo municipal editado en 2006 de masías a conservar. Los ecologistas también acudieron entonces a los registros históricos y descubrieron que el libro más conocido que documenta las masías del Pirineo, 'El desert verd' (Garsineu), tampoco menciona la Casa Alay. Finalmente, la comisión territorial de urbanismo, dependiente de la Generalitat, dio de nuevo la razón a los ecologistas y rechazó incluir la barraca en el catálogo de masías en enero del año pasado.

Además de intentar reconocer legalmente una caseta de herramientas como una masía, el consistorio atendió la petición de Porta, en 2021, para legalizar las obras mediante la construcción una “construcción agrícola”. La Junta de Gobierno local lo aprobó en tan solo 15 días, pese a contar con un informe desfavorable del departamento de Agricultura por falta de adecuación de las obras a un almacén agrícola.

El proceso administrativo terminó en mayo de 2021, cuando la Junta de Gobierno local aceptó la licencia de obras para construir una cubierta agrícola. Como condiciones particulares se impuso que la edificación no se pudiera destinar a uso residencial y se descartó el balcón en la casa. Este movimiento para legalizar unas obras ya realizadas para un chalé declarándolas como cubierta agrícola colmó la paciencia de SOS Pirineus, que interpuso las acciones ante la Sindicatura y Antifraude que han terminado con el exconcejal investigado

La Sindicatura concluyó que las obras en Casa Alay empezaron sin licencia en 2019 y expresó la “duda” de si la legalización de obras como almacén agrícola era “la única vía posible para dar cobertura jurídica” a la edificación ya construida. Dado el conflicto de intereses del consistorio, a juicio de la Sindicatura debería haber sido el servicio de Urbanismo de la Generalitat quien decidiera si debía otorgarse la licencia de obras de almacén agrícola. Los ecologistas lo tienen claro: la única opción posible es derribar el chalé.