La fundación del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias ha cálculo tras analizar los datos de la Seguridad Social e investigaciones relacionadas, que hay 4.429 empleadas domésticas migrantes sufriendo algún tipo de irregularidad laboral en Canarias.

La entidad destaca la dificultad que entraña investigar las condiciones de las trabajadoras migrantes no documentadas porque “no suele haber datos o los pocos que hay se presentan de forma fragmentada a través de investigaciones cualitativas en momentos y geografías puntuales”, lo que impide llegar a “una estimación precisa de las personas que se encuentran en dicha situación, aún menos si entramos en detalle”.

Aunque el trabajo doméstico es uno de los sectores más invisibilizados, según datos de la Universidad de A Coruña y la Plataforma por un Empleo del Hogar y de Cuidados Con Plenos Derechos, una de cada cuatro mujeres migrantes empleadas en él se encuentra en situación irregular.

Odesocan advierte de que “ser una mujer extranjera sin una situación administrativa regulada en Canarias supone una exposición a un grado de violencia incompatible con un modelo de gobierno vinculado legalmente a defender un Estado social, democrático y de derecho”, lo que contraviene lo establecido en el artículo 14 de la Constitución Española.

Para cuantificar el número de mujeres migrantes que trabajan en el empleo doméstico en Canarias sin contrato ni alta en la Seguridad Social este observatorio recurrió a “tres métodos que operan como aproximaciones complementarias al fenómeno, dado que la irregularidad laboral es, por definición, opaca a los registros administrativos y las fuentes estadísticas convencionales no permiten su medición”, recalca en su nota.

El análisis de la información consultada arrojó un rango estimado de entre 718 y 4.506 mujeres migrantes en situación de irregularidad laboral en el empleo doméstico en Canarias.

El límite inferior (718) es el resultado de aplicar el único ratio de irregularidad sectorial disponible en la literatura española y el límite superior (4.506) es el déficit de afiliación respecto a lo que correspondería a Canarias por su peso demográfico, e interpreta ese déficit como expresión de la irregularidad estructural del archipiélago.

La cifra real se sitúa previsiblemente en la mitad superior del rango, dado que la evidencia disponible -el perfil productivo canario, la mayor incidencia proporcional del empleo irregular extracomunitario documentada por Fedea y BBVA Research, y el déficit de afiliación observado en los registros de la Seguridad Social- apunta de forma convergente a una informalidad estructural que supera con claridad el escenario conservador.

“En ningún caso deben interpretarse como estimaciones puntuales, sino como el intervalo dentro del cual se mueve el fenómeno con las fuentes públicas actualmente disponibles. La precisión adicional requeriría acceso a la Muestra Continua de Vidas Laborales del Ministerio de Inclusión, que combina para la misma persona la ocupación CNO, el régimen de afiliación y la nacionalidad, y cuya explotación se propone como línea de investigación futura”, manifiesta la entidad

Playa privada, piscina frente al mar y suites con vistas a la bahía de Alcúdia. Durante años, Alcudiamar se ha presentado como un resort de lujo en primera línea del puerto. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), sin embargo, ha puesto fin a ese modelo al anular la actividad de alojamiento turístico de un complejo que, durante más de dos décadas, ha funcionado en la práctica como hotel en pleno dominio público portuario.

El origen del conflicto se remonta a 2003, cuando la Conselleria balear de Turismo concedió la autorización para el ‘Botel Alcudiamar’ a pesar de que la concesión original otorgada en 1988 únicamente amparaba la construcción de un puerto deportivo con zona náutica y un “poblado marinero”. Ese título permitía desarrollar servicios vinculados a la actividad portuaria -como escuela de vela y alojamiento para navegantes-, incluyendo habitaciones de uso restringido a tripulaciones, pero no contemplaba su explotación mercantil ni un uso hotelero destinado al público general.

La autorización concedida años después por el Govern balear daba cobertura, sin embargo, a una explotación que fue evolucionando hasta operar como un hotel de cuatro estrellas. En 2016, el Ejecutivo balear autorizó la ampliación de la concesión hasta un total de 42 años, consolidando a largo plazo, tal como denuncia la entidad ecologista GOB Mallorca, la explotación del complejo sobre la base de un modelo que ahora el TSJIB cuestiona en su elemento central: el uso hotelero.

La sentencia estima parcialmente el recurso interpuesto por el GOB contra la resolución y anula expresamente la cláusula que permitía la explotación turística del complejo. Los magistrados concluyen que el alojamiento previsto para tripulaciones -un uso accesorio ligado a la actividad náutica- no puede equipararse a la explotación de un hotel abierto al público general.

Los ecologistas sostenían que el establecimiento operaba como un hotel-apartamentos de cuatro estrellas sin cumplir las condiciones exigidas ni disponer de las licencias adecuadas, y denunciaban una utilización irregular del dominio público en el que únicamente se permitía “el uso de habitaciones para navegantes”. En un comunicado difundido tras conocer la resolución, el GOB señala que ha reclamado al Ayuntamiento de Alcúdia y al Departamento de Turismo del Consell de Mallorca el cierre inmediato y el precinto del establecimiento.

Frente a ello, la empresa concesionaria ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo el punto que anula el uso hotelero de la instalación, asegurando -recoge Europa Press- que no gestiona un hotel como tal, que el establecimiento al que se refiere la sentencia se encuentra en situación de baja temporal y que lo que explota son alojamientos vinculados a la actividad náutica dentro de un centro turístico-deportivo, compatibles, a su juicio, con la concesión.

El establecimiento, sin embargo, continúa comercializándose en plataformas turísticas como un hotel de cuatro estrellas con piscina, jardines, restaurante y acceso directo al mar. “En Botel Alcudiamar disfrutarás de una playa privada con actividades como submarinismo, windsurf y vela. En la piscina cubierta lo pasarás en grande, y el spa garantiza un buen momento de relax, con masajes o manicura y pedicura”, puede leerse en una de ellas. “El Botel Alcudiamar es un distinguido establecimiento de 4 estrellas situado en una de las zonas más encantadoras, prometiendo una estancia inolvidable”, publicita otra la las plataformas, todas ellas abiertas al público en general.

La promoción corporativa de Alcudiamar, concultada por elDiario.es, presenta además el 'botel' como un “resort con puerto deportivo”, oferta de ocio, restauración, eventos y alojamiento de alto nivel. “No vamos a reseñar los datos actuales porque a la vista está cual ha sido el desarrollo en todos los aspectos, y especialmente el turístico. Las plazas hoteleras se han multiplicado, igualmente que las estancias al haberse alargado la temporada turística”, puede leerse en una de sus memorias, que recoge, además, la opinión de varios de sus clientes: “Vinimos por primera vez a Mallorca para el Iroman de 2012 y conocimos Mallorca, Alcúdia y el Botel al mismo tiempo y la verdad es que nos gustó mucho. Prueba de ello es que desde 2012 hemos vuelto 10 veces a Alcúdia y nos hemos alojado 8 veces en el Botel Alcudiamar”.

Desde el GOB denuncian que esta situación se ha mantenido durante años “con la tolerancia de las administraciones competentes”, por lo que exigen “una actuación inmediata para restablecer la legalidad vulnerada”. “La inacción administrativa ante una sentencia tan clara podría suponer una vulneración del principio de legalidad y de los deberes de disciplina urbanística y turística”, advierte la entidad ecologista, que considera que resolución marca un precedente importante en la delimitación de los usos en dominio público portuario y “refuerza la idea que no todo se vale bajo la cobertura de concesiones administrativas”.

Para el GOB, la sentencia del TSJIB confirma una reivindicación sostenida durante años: “El 'Botel' Alcudiamar no es legal como establecimiento turístico y, en consecuencia, tiene que cesar su actividad”.

La sentencia (aún no firme) que ratifica la ilegalidad de las 37 viviendas construidas sin licencia en la planta baja de la urbanización Monte Carrera, en la localidad de Arguineguín, ha forzado al Ayuntamiento de Mogán a frenar el expediente del denominado Programa de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU), una iniciativa privada que pretende, precisamente, regularizar esos inmuebles a través de la cesión de unos terrenos.  

El expediente ha sido paralizado para evaluar cómo afecta el reciente fallo judicial a ese plan, según informan fuentes municipales y ha confirmado el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mogán, Mencey Navarro, en declaraciones al periódico Canarias 7. 

En el informe que dio luz verde a la tramitación del PAMU, la arquitecta municipal ya había advertido de que ese litigio judicial podía tener incidencia sobre el expediente administrativo de regularización de las viviendas y que ello debía ser valorado “jurídicamente”. 

En una sentencia dictada el pasado 31 de marzo, la magistrada titular de la plaza 2 del Tribunal de Instancia (Sección Contencioso-Administrativo) de Las Palmas de Gran Canaria desestima el recurso de la empresa promotora de esas viviendas, Carrera Ground Floor, contra la orden de restablecimiento de la legalidad urbanística alterada dictada por el propio Ayuntamiento de Mogán, que era firme en la vía administrativa desde enero de 2022.  

El fallo dio por probado que las obras se ejecutaron sin licencia durante la pandemia de Covid-19 y consistieron en el derribo de los muros del sótano para habilitar pisos irregulares. La licencia original, de marzo de 2005, permitía una altura máxima de dos plantas. Sin embargo, el complejo se construyó excediendo este límite, levantándose con tres alturas en contra de la normativa urbanística de la zona. 

Para no tener que demoler esa planta construida de más, se llegó a un acuerdo de legalización en abril de 2011. La solución consistió en tapiar la planta baja con un muro perimetral, convirtiéndola en un sótano cerrado. Sin embargo, en el año 2020, según recogen las actas levantadas por la Policía Local tras las denuncias de los vecinos y confirman informes periciales, la empresa promotora derribó esos muros de cerramiento para construir ahí las 37 nuevas viviendas y tres locales comerciales. 

La sentencia dictamina que, al derribar los muros y abrir esas viviendas sin licencia, la urbanización volvió a tener tres plantas habitables y, por tanto, se vulneró la legalidad. 

Apenas un mes antes de que se dictara esta sentencia, el pleno del Ayuntamiento de Mogán, con los votos a favor de los concejales del grupo de gobierno (Juntos por Mogán), había dado luz verde a la tramitación del PAMU, que pretende amnistiar esas obras. 

Esa iniciativa privada propone ceder al Ayuntamiento 625 metros cuadrados a cambio de que se le concediera un incremento de edificabilidad de 3.120 metros cuadrados, lo que la promotora necesita para regularizar las 37 viviendas y los tres locales comerciales. En febrero, el gobierno local autorizó someter el proyecto a evaluación ambiental simplificada.

La propiedad de los terrenos cedidos

Juan Manuel Gabella, concejal de Nueva Canarias- Bloque Canarista (NC-Bc), había remitido el pasado 10 de abril a la alcaldesa, al secretario del Ayuntamiento y a la Asesoría Jurídica un escrito en el que, además de pedir aclaración sobre las consecuencias jurídicas de la reciente sentencia sobre el expediente de regularización de las viviendas, cuestionaba que se hubiera dado continuidad al PAMU sin que la empresa promotora hubiera aportado el documento acreditativo de la titularidad de los terrenos que pretende ceder. 

En ese escrito, el concejal canarista recordaba que el propio Ayuntamiento de Mogán requirió ese certificado de titularidad a la empresa y esta no lo ha entregado. 

La Comunidad de Propietarios del complejo, llamada Monte Carrera Green Garden Club, también se opuso frontalmente a la maniobra de legalización impulsada por la promotora y remitió un escrito al Ayuntamiento el 6 de marzo exigiendo “la inmediata paralización” del expediente. Los vecinos advirtieron que los terrenos que la empresa pretende ceder el Ayuntamiento a cambio de un aumento de la edificabilidad son en realidad “elementos comunes de la comunidad”. Afirmaron, además, que esa iniciativa nunca fue sometida a la debida consulta entre los propietarios ni dieron su consentimiento para tal fin. 

También el empresario Juan Manuel Pérez León solicitó formalmente la paralización del expediente en una denuncia presentada en vía administrativa. En ella afirmaba que este proyecto generaba “un efecto llamada a las irregularidades urbanísticas”, al permitir la consolidación de obras clandestinas. 

La Guàrdia Civil ha denunciat el responsable de comercialitzar un habitacle de vuit metres quadrats per 695 euros al municipi mallorquí de Maria de la Salut. La barraca s'oferia a Internet com si en tingués 25. Davant la indignació generada, l'anunci va acabar sent retirat.

La investigació es va iniciar després que agents del Servei de Protecció a la Natura (Seprona) detectassin que la publicació havia generat ressò mediàtic. El comercialitzador presentava l'espai com a “ideal per a una persona que busqui tranquil·litat i contacte amb la natura”, amb “espai suficient” fins i tot per rebre familiars o amics els caps de setmana i amb “possibilitat de fer barbacoes”.

L'oferta va aixecar sospites tant per les dimensions com per les condicions de l’immoble, ubicat en sòl rústic. En la inspecció practicada el passat 10 de març, els agents varen constatar que la suposada vivenda era, en realitat, una caseta d’eines reconvertida per a ús residencial sense complir la normativa.

La construcció amb prou feines superava els 10 metres quadrats i només vuit eren habitables, molt lluny dels 25 que s’anunciaven. A més, presentava modificacions recents per fer-la habitable i instal·lacions exteriors pròpies d’un ús residencial, fet que apunta a una utilització irregular del sòl rústic.

Arran de la inspecció, l’Institut Armat ha aixecat diverses actes: una per incompliment de la normativa de cèdules d’habitabilitat, remesa a la Conselleria d’Habitatge; una altra per infracció urbanística, traslladada a l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca; i una tercera per vulneració de la Llei d’Aigües, en detectar-se un pou sense autorització.

El cas torna a posar el focus en l’auge de les infravivendes a Balears, un fenomen cada vegada més visible en un mercat tensionat per la manca d'oferta i els preus disparats. La proliferació d’anuncis d’espais mínims, sovint en condicions irregulars, evidencia fins a quin punt l’accés a una vivenda digna s’ha convertit en un dels principals problemes socials de l’arxipèlag.

La greu situació de l'habitatge a Balears, travessada des de fa anys per l'especulació -alimentada per les successives bombolles immobiliàries-, la voracitat dels fons d'inversió, la polarització econòmica i la turistització, està abocant nombroses persones a l'amuntegament en aquest tipus d'infrahabitatges i en caravanes, fenòmens agreujats, entre altres causes, per la creixent irrupció de compradors estrangers -principalment alemanys, britànics i francesos amb gran solvència financera- que compren immobles a preus inabastables per a la majoria dels residents.

La Guardia Civil ha denunciado al responsable de comercializar un habitáculo de ocho metros cuadrados por 695 euros en el municipio mallorquín de Maria de la Salut. La barraca se ofertaba en Internet como si tuviera 25 metros. Ante la indignación generada, y en medio de la grave crisis habitacional que atraviesa Balears, el anuncio fue retirado de inmediato.

La investigación se inició después de que agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) detectaran que la publicación estaba siendo objeto de atención mediática. El comercializador la ofertaba como “ideal para una persona que busque tranquilidad y contacto con la naturaleza, con espacio suficiente para disfrutar también de fines de semana con familiares o amigos” y “con posibilidad de realizar barbacoas”.

Tras una inspección realizada el pasado 10 de marzo, los agentes comprobaron que la supuesta vivienda era en realidad una caseta de aperos situada en suelo rústico que había sido transformada para uso residencial sin cumplir la normativa. La superficie total apenas superaba los 10 metros cuadrados, de los cuales solo ocho eran habitables.

Además, la edificación presentaba modificaciones recientes destinadas a hacerla habitable, así como instalaciones exteriores propias de una vivienda, lo que refuerza la hipótesis de un uso irregular del suelo rústico.

Como resultado de la inspección, el Instituto Armado ha levantado varias actas: una por incumplir la normativa de cédulas de habitabilidad y vivienda, remitida a la Conselleria de Vivienda; otra por infracción urbanística, trasladada a la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca, y una tercera por vulnerar la Ley de Aguas, al detectarse un pozo sin autorización.

En Balears, la especulación inmobiliaria -alimentada por las sucesivas burbujas inmobiliarias-, la voracidad de los fondos de inversión, la polarización económica y la turistización están abocando a cientos de personas al hacinamiento en infraviviendas y caravanas. Se trata de un fenómeno agravado, entre otras causas, por la creciente irrupción de compradores extranjeros -principalmente alemanes, británicos y franceses- con gran solvencia financiera.

Las operaciones las concentran inversores y grandes propietarios que compran inmuebles a precios inalcanzables para la mayoría de los residentes, quienes se ven abocados a la expulsión residencial en un mercado cada vez más orientado al lujo y a la inversión. Balears es, de hecho, la provincia de España con mayor concentración de viviendas de lujo, con precios superiores al millón de euros, y de ultralujo, aquellas con precio superior a los tres millones de euros, según datos de Idealista publicados en agosto de 2025.

Una imagen que contrasta con la proliferación de anuncios de espacios mínimos, muchas veces en condiciones irregulares, reflejando con ello hasta qué punto el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas sociales del archipiélago.

El pasado mes de septiembre, el Servicio de Inspección de Vivienda del Govern balear y el Grupo de Extranjería de la Policía Nacional detectaron la existencia de 11 infraviviendas en un asentamiento chabolista en el municipio mallorquín de Manacor. El propietario de las mismas había levantado los habitáculos para ponerlos en alquiler sin los suministros básicos y sin las condiciones necesarias de salubridad. Mientras tanto, en 2024 un policía local fue detenido por alquilar ilegalmente trasteros como si de viviendas se tratasen y sin las mínimas condiciones de higiene y salubridad.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Palma ha reactivado en las últimas semanas el desalojo de las más de 200 personas que desde hace años malviven en la antigua prisión de la capital balear: son, principalmente, residentes sin recursos, trabajadores precarizados y migrantes. Muchos de los afectados no tienen alternativa habitacional ni ingresos suficientes para pagar el alquiler de una habitación, cuyo precio en algunos casos llega a superar los 1.000 euros.

CSIF denuncia la convocatoria irregular de plazas de Subinspector y el abandono de la Policía Local por parte del Ayuntamiento de Logroño. Este puesto (subinspector) explican que es un mando intermedio “fundamental” dentro de la estructura de la Policía Local con funciones “de dirección, coordinación, supervisión de personal y adopción de decisiones operativas”. Funciones y responsabilidades que desde la formación sindical consideran “exigen, necesariamente, una formación específica, experiencia acreditada y un conocimiento profundo de la organización jerárquica del cuerpo policial”.

Sin embargo, advierten de una “ausencia de requisitos mínimos de acceso que devalúa gravemente la categoría profesional del puesto de subinspector, rompiendo el principio de progresión profesional lógica y meritocrática que debe regir en cualquier cuerpo policía”. Y es que la convocatoria permite el acceso a “personas sin experiencia previa como mando supone un serio perjuicio organizativo, afectando directamente al funcionamiento del servicio y debilitando la cadena de mando. A ello se suma un evidente agravio comparativo hacia los oficiales que, tras años de servicio, formación específica y asunción de responsabilidades, ven truncada una promoción profesional natural y coherente, generando desmotivación y deterioro del clima laboral”.

Actualmente, hay dos subinspectores en comisión de servicio que han superado el tiempo máximo legalmente establecido. Y en vez de regularizar esta situación mediante una convocatoria “adecuada y conforme a derecho de las plazas de Subinspector, el Ayuntamiento opta por incrementar el número de Subinspectores en comisión de servicios o en régimen de suplencia, perpetuando una situación de provisionalidad que vulnera los principios de estabilidad, legalidad y profesionalización del mando”.

Abandono de la Policía Local

A esta “deficiente gestión de los recursos humanos” se suma el “abandono generalizado de la Policía Local en materia de instalaciones”. En este sentido, el sindicato pone el foco en las “graves deficiencias del vestuario femenino, que no fue actualizado en su momento como sí ocurrió con los dos vestuarios masculinos. Actualmente, los servicios del vestuario femenino no funcionan adecuadamente, obligando a las agentes a tener que acudir a otros baños del edificio para poder utilizarlos, una situación inadmisible que vulnera la dignidad, la igualdad y las condiciones laborales básicas del personal”.

CSIF considera inaceptable que, “mientras se improvisan soluciones provisionales en los puestos de mando, se mantengan unas instalaciones obsoletas y en mal estado, especialmente cuando afectan de manera directa a las condiciones laborales y a la igualdad entre hombres y mujeres dentro del cuerpo policial”.

Por todo ello solicitan la revisión y modificación inmediata de la convocatoria de las plazas de Subinspector de la Policía Local que incluya como requisito obligatorio la titulación legalmente exigida y la pertenencia previa a la escala de Oficial o equivalente como mando inmediato inferior. Asimismo piden que se garantice una promoción interna coherente, profesional y basada en la experiencia real de mando así como la regularización de las actuales comisiones de servicio que han superado el tiempo máximo permitido, evitando el abuso de figuras provisionales.

Y además piden la mejora “urgente” de las instalaciones de la Policía Local y en especial “la adecuación y reparación inmediata del vestuario femenino, garantizando unas condiciones dignas, funcionales e igualitarias, así como la preservación de la dignidad, funcionalidad y autoridad del puesto de Subinspector dentro de la estructura de la Policía Local”.

Es diputado nacional por Toledo en el Congreso y vicesecretario de Comunicación de Vox en España. Pero los tentáculos de Manuel Mariscal, que forma parte del núcleo duro de Santiago Abascal, van mucho más allá de una mera función orgánica en el partido o de su actividad parlamentaria. Nacido en Talavera de la Reina, sus vínculos con esta ciudad y con Castilla-La Mancha son fuertes, y de hecho, es la persona de confianza de David Moreno, presidente del partido de ultraderecha en esta comunidad autónoma y vicealcalde de Talavera, donde gobierna junto al Partido Popular.

Ahora, el nombre de Mariscal ha salido a la palestra pública debido al ‘divorcio’ de Vox y Revuelta, una marca creada al calor del partido de Santiago Abascal, cuyo objetivo era atraer a los votantes más jóvenes, sobre todo en universidades y diferentes foros. Esta organización juvenil ha sido denunciada por presunta financiación irregular en algunas actividades como la recogida de fondos para los afectados por la dana de 2024, cantidades que nunca llegaron a los damnificados.

La situación ha hecho estallar las alarmas en la dirección nacional de Vox. Y Manuel Mariscal ahora está en la diana, como hombre fuerte en el núcleo duro de Abascal. Así lo reflejan los audios publicados por 'ElPlural' en los que el diputado habla con esta organización juvenil para indicar que su actuación “a todos nos está llevando a algo malo” y alerta de un posible “choque” entre el partido y Revuelta.

En uno de los audios Mariscal habla abiertamente de Santiago Abascal insistiendo en que es una “buena persona”, pero advierte de posibles consecuencias, con el objetivo de disolver la organización ultraderechista juvenil. 

Por eso, el vínculo del diputado nacional con Revuelta no ha pasado desapercibido en Castilla-La Mancha. El PSOE ya ha puesto al diputado del Congreso en la diana, y junto a él, al vicealcalde de Talavera y dirigente de la ultraderecha en la región, David Moreno.

La diputada socialista Paloma Jiménez ha pedido explicaciones a Vox haciendo referencia a las “irregularidades” de Revuelta y poniendo el foco también en Moreno. Los socialistas castellanomanchegos insisten en los antecedentes que preceden a este partido en Castilla-La Mancha, como la devolución a las Cortes regionales de 34.000 euros, que el Grupo Parlamentario de Vox había desviado a la dirección nacional.

Se da la circunstancia de que solo hace unos días, el pleno del Parlamento autonómico aprobó una reforma de su Reglamento para evitar que el dinero que perciben los grupos parlamentarios se destine a fines ajenos a la comunidad autónoma, entre ellos, esos envíos de fondos a las direcciones nacionales. Vox votó en contra de esta medida, que pretende reforzar la transparencia de los fondos públicos.

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, también ha criticado ese voto en contra y ha recordado que el ahora señalado Manuel Mariscal es hombre de confianza del presidente regional de Vox y vicealcalde de Talavera.

“Ya sabemos que un dirigente de Vox de Talavera estaba al tanto del escándalo de Revuelta: del dinero que pidieron para los afectados de la dana de Valencia y que se lo quedaron en el entorno de Vox. ¿Va a dar David Moreno explicaciones del dinero de los grupos municipales como le exigen sus exconcejales: Albacete, Toledo, Talavera? ¿Va a explicar David Moreno si va a tomar alguna medida contra Mariscal por conocer el escándalo de Revuelta y querer encubrirlo? ¿Va el PP de Castilla-La Manca a exigir explicaciones a sus socios de gobierno en Castilla-La Mancha o solo tienen coraje para hablar de Ábalos?”, plantea el dirigente socialista en X.

Curiosamente, quien responde a Sergio Gutiérrez en esta red social es Rosario Velasco, exconcejala de Vox en Albacete, quien dejó el partido en 2023 tras profundas desavenencias, y que desde entonces se ha mostrado muy crítica con sus antiguos compañeros, y especialmente con pactos entre el PP y la ultraderecha en los ayuntamientos.

Rosario Velasco no es la única 'ex' crítica con los de Abascal, incluido Manuel Mariscal. Quienes conocen a este último también lo han señalado. Es el caso de Antonio de Miguel, exconcejal de Vox en Guadalajara que abandonó el partido en mayo de 2023, y presume de haber “hecho frente” al “fontanero” Mariscal.

En la dirección nacional de Vox conocían desde hace meses las presuntas irregularidades de su rama juvenil, “Tenemos que adelantarnos antes de que salga un titular de que Vox está metido en esto”. Con esa frase, pronunciada en una reunión interna y ahora recogida en los mencionados audios, la cúpula de Vox asumía que sabía de esas actividades contables.

Las grabaciones revelan no solo el grado de conocimiento de la dirección nacional del partido, sino también la implicación directa de Santiago Abascal, que seguía el asunto con inquietud para evitar un escándalo público.

“Tenemos que adelantarnos antes de que salga un titular de que Vox está metido en esto”. Con esa frase, pronunciada en una reunión interna y ahora recogida en unos audios a los que han accedido El Mundo y El Plural, la cúpula de Vox asumía que conocía desde hace meses las presuntas irregularidades contables de Revuelta, su organización juvenil satélite, con los fondos recaudados para destinar a las víctimas de la dana. Las grabaciones revelan no solo el grado de conocimiento de la dirección nacional del partido, sino también la implicación directa de Santiago Abascal, que seguía el asunto con inquietud para evitar un escándalo público.

Los audios corresponden, principalmente, a un encuentro celebrado el 17 de octubre en la sede de la fundación Disenso entre la secretaria general adjunta de Vox, Montserrat Lluis, y el secretario general de Revuelta, Pablo González Gasca, quien además trabaja en el partido como responsable de marketing digital. Durante 42 minutos de conversación, Lluis admite que Abascal estaba al tanto de “los pormenores del caso” y que tanto ella como Jorge Buxadé habían recibido el encargo de reconducir la situación. “No tener información pone a Santiago como una moto”, reconoce, al tiempo que deja claro que el mayor temor era el impacto que el caso pudiera tener para el partido de cara a la opinión pública.

En ese contexto, los enviados de Vox en las conversaciones con los responsables de la organización juvenil plantean soluciones como “contratar a un abogado”, “dárselo a los viejos de Paiporta”, “hacerse una puta foto”, “hacerse un Alvise” o justificar que la asociación “había estado comprando lavadoras o limpiando casas”.

En la grabación, Lluis apunta a un problema estructural dentro del partido. “Este partido es la casa de Tócame Roque. Si queremos gobernar España no podemos funcionar así”, lamenta, antes de insistir en la necesidad de profesionalizar y limpiar la gestión: “Hay que empezar a funcionar de una manera que sea todo más profesional y limpio”. En ese contexto, plantea que una auditoría externa podría haber servido para zanjar las dudas sobre Asoma, la asociación de apoyo a mayores utilizada por Revuelta como estructura operativa. “¿El partido se conformaría con una auditoría de Deloitte para asegurar que las cuentas están correctas?”, pregunta González Gasca. “Totalmente”, responde Lluis, aunque después, no resultó suficiente para Vox, que exigió un control directo de las cuentas y liquidar la asociación.

“Si Revuelta es Vox, que lo sea para todo”

La relación entre Vox y Revuelta aparece descrita en los audios como mucho más estrecha de lo que oficialmente se admite. Lluis llega a afirmar que el problema de fondo es la falta de control político: “Si Revuelta es Vox, que lo sea para todo; hagamos esto como un satélite de verdad del partido”. González Gasca respalda esa versión y defiende que la coordinación era constante, citando instrucciones directas sobre campañas y acciones territoriales: “Siempre había una comunicación, 100%”. Esa dinámica se había hecho visible desde 2023, cuando Revuelta ganó protagonismo en las protestas contra la amnistía en Ferraz, respaldadas por dirigentes de Vox, incluido Abascal.

La sospecha de irregularidades en la gestión de fondos a través de Asoma ha derivado en denuncias ante la Fiscalía y en un enfrentamiento entre ambas organizaciones. En un intento de desvincularse, Vox ha llevado el caso ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante y advierte de acciones legales contra quienes hablen de “calumnias”, mientras en Revuelta sostienen que todo responde a una maniobra para tomar el control de la asociación. “Yo lo que no quiero es presentar unas cuentas para que luego toda la maquinaria empiece a actuar contra mí”, se escucha decir a González Gasca en uno de los audios.

Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid y diputado autonómico además de senador, ha incorporado recientemente a su equipo a un jefe de Gabinete, Víctor Ruiz de Almirón López, para que le asesore. Sin embargo, según ha informado este miércoles la Cadena Ser, su salario corre a cargo del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Madrid, pese a que Serrano no desempeña funciones directas en la actividad del partido en Cibeles.

Víctor Ruiz de Almirón López aparece registrado en el Portal de Transparencia como personal eventual de nivel 28 desde abril, con un salario de 63.159 euros anuales. También ocurre con Cristina Ramos García-Patrón, otra periodista en nómina de personal eventual de nivel 24, con un sueldo anual de 51.429,36 euros. Ramos es la ‘número dos’ del área de comunicación del PP en la Comunidad de Madrid (no del Ayuntamiento).

El Grupo Municipal Popular argumenta que Ruiz de Almirón “hace asesoría política” para ellos, según han explicado a elDiario.es. La Cadena SER señala que hasta ahora no constaba entre los trabajos conocidos por los periodistas que cubren la información local. Los populares aseguran a la Cadena Ser que Ruiz de Almirón compagina estas labores con la “asesoría a Serrano y otros cargos del partido”, sin especificar cuáles. “Los asesores del Grupo Municipal, igual que en otros ayuntamientos o en el Congreso de los Diputados y en el Senado, trabajan para el grupo y para el partido”, dicen desde Génova. Una portavoz subraya que “es algo habitual” y pide “diferenciar los asesores de Gobierno y los de los grupos”, pero evita aclarar si el PP madrileño abona un salario adicional por las funciones desempeñadas para ellos.

El decreto de 2014 que regula el personal eventual del Ayuntamiento establece que “su nombramiento y cese son libres”, pero no contempla que los partidos políticos puedan trasladar a los grupos municipales el coste de sus trabajadores. La única excepción prevista es que, de manera justificada, el personal pueda prestar servicios a otros órganos superiores o directivos integrados en los servicios generales del Ayuntamiento, lo que implica que sus tareas deben limitarse al ámbito municipal.

Ocurre lo mismo con la 'número dos' del área de comunicación del PP

El caso de Ruiz de Almirón no es aislado. Al menos desde agosto de 2023, el Grupo Municipal Popular también paga el salario de Cristina Ramos García-Patrón, otra periodista en nómina de personal eventual de nivel 24, con un sueldo anual de 51.429,36 euros. Sin embargo, Ramos es la ‘número dos’ del área de comunicación del PP en la Comunidad de Madrid y no del Ayuntamiento.

Por su parte, consultado por este periódico, el Grupo Municipal del PP argumenta que la periodista “se encarga de la coordinación entre el Grupo Municipal y el partido en lo que a prensa se refiere”. En su perfil de LinkedIn, Ramos no menciona experiencia vinculada al Ayuntamiento, destacando únicamente su labor como asesora de prensa del PP de Madrid desde junio de 2022. También es el caso del perfil de Ruiz de Almirón, en el que consta como “jefe de gabinete de la secretaría general” en el PP de Madrid, sin mención al Consistorio, y como él, Ramos evita hacer comentarios y remite a la información difundida por el partido.

Nuevas polémicas en torno a la gestión del Puerto de Valencia. Según ha confirmado elDiario.es de fuentes de toda solvencia, la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) ha admitido a trámite tres nuevas denuncias contra la presidenta, Mar Chao, por supuestas irregularidades en diversos contratos.

Tal y como avanzó elDiario.es, la entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital abrió recientemente una primera investigación para comprobar si Chao ha cobrado dietas o indemnizaciones derivadas de diferentes viajes de trabajo por encima de lo que le corresponde con arreglo a lo que establece la Ley 3/2015 de altos cargos y en materia de dietas, el artículo 8 del Real Decreto 462/2002. En la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) tan solo tienen la consideración de altos cargos la presidenta y el director general. La denuncia sugiere que a la presidenta se le habría aplicado el mismo régimen que al personal excluido del convenio, más ventajoso.

A esta causa se suman otras tres. La primera de ellas se refiere a un contrato que adjudicó el 21 de octubre del pasado año por importe de 160.930 euros (IVA incluido) a Andràs Abogados, asesoría ubicada en Barcelona. El órgano de contratación fue la propia presidencia de la APV que lidera Mar Chao y el objeto del contrato licitado el pasado 24 de julio fue la asistencia técnica para el apoyo en la gestión de personas. Sin embargo, como informó elDiario.es, un requerimiento de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia remitido a la APV advirtió de que los pliegos licitados podían incurrir en una limitación del derecho a la pública concurrencia. Tras este requerimiento, la APV publicó el pasado 17 de diciembre su desistimiento del contrato. El denunciante ante la OCI considera que puede haber un delito de prevaricación puesto que Chao ya contrató a esta empresa en una etapa laboral anterior a la que le adjudicó un contrato por valor de 475.000 euros.

La segunda se refiere a la contratación supuestamente directa, sin el preceptivo concurso público, de un book de fotos institucional para dar soporte gráfico a diferentes actos.

La tercera denuncia que también investiga la OCI pone de manifiesto irregularidades en diferentes procesos de contratación que supuestamente se habrían amañado. Se trataría de al menos seis puestos públicos adjudicados de forma presuntamente teledirigida a determinadas personas sin seguir las instrucciones para la selección de personal.

Todas estas cuestiones, de considerar el organismo que se ha infringido el régimen disciplinario de los altos cargos podrían llegar a suponer la inhabilitación de Mar Chao para ocupar cualquier puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años, según lo estipulado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Buen Gobierno, artículo 30.4. Los expedientes de la OCI son administrativos, pero en caso de que la Oficina viera un posible delito penal, podría trasladar denuncia a la Fiscalía, algo que también podría hacer un particular.

Al respecto, fuentes de la APV consultadas por elDiario.es han comentado al respecto de estas tres nuevas investigaciones que “actualmente hay pendientes de celebración tres juicios relacionados con diversos procesos de selección de personal” y han asegurado que no les consta “ninguna actuación pendiente respecto a los otros asuntos”.

Algunas de las mencionadas contrataciones supuestamente fraudulentas están judicializadas, como reconoce la APV, lo que podría paralizar las diligencias de la OCI. De hecho, la APV se sentará en el banquillo de los acusados próxiamente por el supuesto amaño de un proceso selectivo por el nombramiento de Alicia Gimeno como jefa de Gestión Económico-Financiera, tras una denuncia del sindicato UGT. La vista se iba a celebrar antes del pasado verano, pero se pospuso por la indisposición de uno de los letrados. Y no es el único juicio que tendrá lugar, puesto que, si no hay cambios, el 1 de octubre de 2026 habrá otra vista por el mismo motivo por la selección de Manuela Gras, actual subdirectora de Infraestructuras.

Como avanzó este diario, ambas fueron rescatadas del Consorcio Valencia 2007, ente público que gestionaba la Marina de València, hasta su liquidación. El resto de personal despedido acertó ante notario 20 días antes de que finalizara el plazo para presentarse al concurso convocado por la Autoridad Portuaria los nombres de las dos adjudicatarias. También está judicializado el nombramiento de Belén Fernández, exsubdirectora de Gestión de Dominio. Aunque abandonó su puesto, la causa judicial sigue vigente.

Todas estas polémicas no han pasado desapercibidas en los órganos superiores. Como informó elDiariop.es, fuentes del Ministerio de Transportes consultadas por elDiario.es lamentan las continuas polémicas y señalan al presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, como responsable por haber nombrado presidenta a Mar Chao.

El sindicato SOMA-FITAG-UGT ha denunciado este lunes “graves irregularidades” en el proceso de selección de la nueva dirección del Museo de la Minería de Asturias (MUMI), en Langreo. La organización asegura que la comisión encargada de la elección ha actuado con “arbitrariedad” y exige que el procedimiento sea declarado nulo para convocar uno nuevo con mayores garantías.

Según el sindicato, en la primera reunión de la comisión se decidió no admitir títulos universitarios anteriores al plan Bolonia, un criterio que después se modificó por su “manifiesta ilegalidad”. Sin embargo, no se abrió un plazo de subsanación para los aspirantes inicialmente excluidos, lo que, a juicio de UGT, dejó fuera a candidatos “absolutamente capacitados” para el puesto.

Nivel de inglés

Otra de las críticas se centra en el requisito del nivel de inglés. Las bases exigían certificados oficiales, pero ninguno de los aspirantes los presentó. Aun así, la comisión decidió que una persona externa —cuya identidad y cualificación no se han hecho públicas— evaluaría el conocimiento del idioma de los candidatos. “Una decisión no amparada en las bases de la convocatoria”, señala el sindicato, que denuncia la “improvisación” y la “falta de transparencia” del procedimiento.

SOMA-FITAG-UGT sostiene que estas prácticas contradicen los principios de legalidad, objetividad y libre concurrencia que deben regir la selección de personal en una fundación pública financiada con dinero del Principado.

Piden una nueva convocatoria

Ante esta situación, sus representantes han abandonado la comisión de selección y reclaman que el proceso se declare desierto para garantizar “seguridad jurídica, igualdad en el acceso y justicia” en una nueva convocatoria.

El MUMI, inaugurado en 1994 y gestionado por una fundación participada por el Principado de Asturias, es uno de los principales referentes culturales del valle del Nalón y un emblema de la memoria minera de la región. Financiado con fondos públicos, el museo recibe cada año a miles de visitantes y se considera una pieza clave en la oferta cultural y turística del área central de Asturias. La polémica sobre la elección de su dirección añade incertidumbre al futuro inmediato de la institución.

La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) considera nula “de pleno derecho” la adjudicación de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán. Este contrato, que se adjudicó por 62,8 millones de euros no es por el momento objeto de la investigación que está llevando a cabo el Tribunal Supremo, pero tanto el Ejecutivo de María Chivite como la comisión parlamentaria que investiga en Navarra todos los contratos adjudicados a la empresa Servinabar pidieron a la OANA que lo analizara.

En el informe la Oficina Anticorrupción señala que en la valoración de los criterios cualitativos de las distintas ofertas cuatro miembros de la mesa de contratación “remitieron sus puntuaciones al presidente y este determinó la suya teniendo conocimiento de las asignadas por los demás”. Según añade la oficina, “este hecho constituye una infracción de las normas de formación de la voluntad de los órganos colegiados y cuando dicha infracción es de carácter esencial supone la nulidad de pleno derecho de los acuerdos de la mesa de contratación y, por tanto, de la propuesta de adjudicación.

La obra de duplicación de los túneles de Belate no aparece citada en el informe de la UCO de la Guardia Civil por el que el Tribunal Supremo investiga a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, pero es una de las obras que el Gobierno de Navarra adjudicó a la empresa que la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama por su conexión con Cerdán tras haberse encontrado en casa del empresario Antxon Alonso un contrato privado por el que le vendió el 45% de las acciones de la empresa a Cerdán. Se trata de Servinabar 2000.

La adjudicación de la obra de Belate estuvo envuelta en polémica desde el comienzo. Tres miembros de la mesa de contratación, incluidos el secretario y el interventor, de ocho vocales en total, emitieron votos particulares oponiéndose a la adjudicación a esta UTE alegando indicios de arbitrariedad. Aseguraron que el informe de valoración de las siete ofertas presentadas no exponía “las razones que justifican las puntuaciones”, ni expresaba “las ventajas de unas ofertas frente a otras”, lo que, según añadieron, “puede generar arbitrariedad e indefensión para los licitadores”. También destacaron que el presidente de la mesa de contratación conocía las puntuaciones de los otros cuatro técnicos expertos en Obras Públicas antes de emitir su propia valoración, que fue determinante para que la UTE adjudicataria fuera la de Acciona, Servinabar 2000 y Osés.

En julio el alto funcionario del Gobierno de Navarra Lorenzo Serena, que ejerció de secretario de la mesa de adjudicación de estas obras, aseguró que “existía el nubarrón de que podía estar dada de antemano”.

En total, el Gobierno de Navarra envió a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción seis contratos adjudicados a la UTE de Acciona con Servinavar para su análisis, de los cuales en dos la directora de la oficina, Edurne Eguinoa, se desinhibió porque era directora general del Ejecutivo cuando se adjudicaron. Son el de las obras del jardín del Palacio de Navarra y del Archivo. Los cuatro analizados son los de la adjudicación para la construcción de 68 VPO en 2018, otras 46 en 2022; la construcción del colegio público de Arbizu; y las obras para el desdoblamiento de los túneles de Belate.

El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha señalado este lunes tras conocerse el informe que no comparte sus conclusiones y ha asegurado que “no paraliza la ejecución de las obras”, aunque ha encargado a la secretaría general técnica de su departamento que analice jurídicamente las conclusiones y consecuencias del informe.

“Seguimos pensando que la adjudicación es legal y transparente”, ha dicho Chivite, que ha añadido que “irregularidades administrativas no son ilegalidades y mucho menos corrupción”.

L’Autoritat Portuària de València continua sense voler fer públic l’informe de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) que va detectar irregularitats en l’entitat pública que presideix Mar Chao. Chao, que no va entregar el document als consellers del port, malgrat facilitar-ne altres de similars, ha donat explicacions minses sobre el contingut d’aquest informe, al·legant sempre que hi ha casos vinculats en mans de la justícia.

La nova negativa del port ha sigut aquesta vegada a un periodista d’elDiario.es que, a través del Ministeri de Transports i emparant-se en la Llei de transparència, va sol·licitar el document per a coneixement i informació a l’opinió pública pel fet de tractar-se el Port d’una entitat de dret públic. Però l’actitud de l’Autoritat Portuària de València ha sigut la mateixa, pegar una portada a la transparència.

Entre els arguments utilitzats pels serveis jurídics per a denegar el lliurament del document oficial, fins i tot encara que fora anonimitzat, el Port assegura que l’informe de la IGAE “passaria a integrar-se de manera immediata en l’anomenat circuit públic”. “Aquesta circumstància el faria susceptible de ser divulgat, fins i tot manipulat o utilitzat amb finalitats alienes a les previstes inicialment, cosa que podria derivar en un ús indegut o distorsionat del seu contingut”, prossegueixen, un argument que, de facto, impediria la divulgació a través dels mitjans de comunicació de qualsevol document de l’Administració i, per tant, del coneixement d’aquests per part de la ciutadania.

“Aquesta situació –abunden en el Port de València– no sols comprometria la confidencialitat i el tractament adequat d’aquesta informació, sinó que també generaria un escenari en què resultaria pràcticament inviable per a aquesta APV, així com per als treballadors afectats directament, revertir o mitigar els possibles danys ocasionats. La divulgació inadequada d’aquesta informació podria comportar conseqüències significatives, especialment en el marc dels processos en via jurisdiccional social esmentats prèviament, i n’afectaria el desenvolupament normal, l’objectivitat i la legitimitat”. La negativa es produeix, fins i tot, encara que s’anonimitzaren les dades personals com fa l’Administració de justícia que publica totes les seues sentències anonimitzant els afectats.

Un segon dels arguments plantejats per l’APV és que l’informe no l’ha elaborat el Port de València, sinó el Ministeri d’Hisenda. “Es tracta d’una documentació l’autoria i la competència material de la qual correspon a un tercer alié a aquest organisme, i la presència del qual en els nostres arxius obeeix a raons instrumentals o de mera tinença administrativa, però de cap manera a una actuació o una funció atribuïble a aquesta entitat”. És a dir, per als advocats del Port de València, un document d’Hisenda amb dades rellevants sobre possibles irregularitats detectades en el Port no el pot facilitar a la ciutadania ni l’entitat afectada. Encara més, amb vista al coneixement de l’opinió pública, entenen en l’APV que la difusió d’aquesta només es pot fer des de la mateixa autoritat qüestionada. El possible incomplidor és el que explica l’incompliment. Sense intermediaris periodístics o ciutadans.

El tercer argument que proposa l’APV és la col·lisió amb processos judicials en marxa i vinculats a la resolució, sempre segons la versió del Port. “S’ha de fer constar que hi ha diversos processos judicials en seu social que estan pendents de celebració. En el primer d’aquests procediments, per providència de 20 de juny de 2025, s’ha rebutjat l’aportació d’aquest mateix informe considerant que resulta innecessari i considerant addicionalment, respecte d’altres dades que poden quedar reflectides en l’informe de la IGAE, que no escau accedir a la sol·licitud, atés que aquest mateix podria contindre dades que pogueren afectar la intimitat de la interessada”, argumenta.

Per tant, conclouen, “es fa patent la necessitat d’adoptar un enfocament restrictiu i responsable en relació amb l’accés i la difusió de la informació, prioritzant sempre la protecció dels drets fonamentals de les persones involucrades, la preservació de la integritat dels procediments legals en curs i el funcionament adequat de les institucions públiques competents, considerant-se que ha de prevaldre la protecció de la documentació sol·licitada davant de la seua divulgació”.

L’informe del Port de Tenerife es va fer públic

És bastant habitual que els informes sobre compliment que la IGAE fa als ports espanyols i a altres administracions es facen públics a través dels mitjans de comunicació. Sense anar més lluny, el mateix informe que oculta el Port de València es va fer públic del Port de Tenerife. És aquest cas, la IGAE denunciava que en l’autoritat portuària de Tenerife hi havia hagut casos de col·locats i despeses d’allotjament inadequades, pel que sembla, pràctiques similars a les esdevingudes en la base portuària valenciana. De moment, els ciutadans continuaran sense poder accedir a la veritat.

La Autoridad Portuaria de Valencia sigue sin querer hacer público el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que detectó irregularidades en la entidad pública que preside Mar Chao. Chao, que no entregó el documento a los consejeros del puerto pese a facilitar otros similares, ha dado exiguas explicaciones sobre el contenido del mismo, alegando siempre que hay casos vinculados en manos de la justicia.

La nueva negativa del puerto ha sido esta vez a un periodista de elDiario.es que, a través del Ministerio de Transortes y amparándose en la ley de Transparencia, solicitó el documento para conocimiento e información a la opinión pública al tratarse el puerto de una entidad de derecho público. Pero la actitud de la Autoridad Portuaria de València ha sido la misma, dar un portazo a la transparencia.

Entre los argumentos utilizados por los servicios jurídicos para denegar la entrega del documento oficial, incluso aunque fuera anonimizado, el puerto asegura el informe de la IGAE “pasaría a integrarse de manera inmediata en el denominado circuito público”. “Esta circunstancia la haría susceptible de ser divulgada, incluso manipulada o utilizada con fines ajenos a los inicialmente previstos, lo que podría derivar en un uso indebido o distorsionado de su contenido”, prosiguen, un argumento que, de facto, impediría la divulgación a través de los medios de comunicación de cualquier documento de la administración y, por lo tanto, del conocimiento de los mismos por parte de la ciudadanía.

“Tal situación -abundan en el puerto de València- no solo comprometería la confidencialidad y el tratamiento adecuado de dicha información, sino que también generaría un escenario en el que resultaría prácticamente inviable para esta APV, así como para los trabajadores directamente afectados, revertir o mitigar los posibles daños ocasionados. La divulgación inadecuada de esta información podría conllevar consecuencias significativas, especialmente en el marco de los procesos en vía jurisdiccional social previamente mencionados, afectando su desarrollo normal, objetividad y legitimidad”. La negativa se produce, incluso, aunque se anonimizaran los datos personales como hace la administración de justicia que publica todas sus sentencias anonimizando a los afectados.

Un segundo de los argumentos planteados por la APV es que el informe no lo ha elaborado el Puerto de València, sino el Ministerio de Hacienda. “Se trata de una documentación cuya autoría y competencia material corresponde a un tercero ajeno a este Organismo, y cuya presencia en nuestros archivos obedece a razones instrumentales o de mera tenencia administrativa, pero en modo alguno a una actuación o función atribuible a esta entidad”. Es decir, para los abogados del puerto de València, un documento de Hacienda con datos relevantes sobre posibles irregularidades detectadas en el puerto no lo puede facilitar a la ciudadanía ni la entidad afectada. Es más, de cara al conocimiento de la opinión pública, entienden en la APV que la difusión de la misma solo se puede hacer desde la propia autoridad cuestionada. El posible incumplidor es el que explica el incumplimiento. Sin intermediarios periodísticos o ciudadanos.

El tercer argumento que propone la APV es la colisión con procesos judiciales en marcha y vinculados a la resolución, siempre según la versión del puerto. “Se ha de hacer constar que existen varios procesos judiciales en sede de lo social que están pendientes de celebración. En el primero de dichos procedimientos, por providencia de 20 de junio de 2025, se ha rechazado la aportación de este mismo informe considerando que resulta innecesario y considerando adicionalmente, respecto de otros datos que pueden quedar reflejados en el informe de la IGAE, que no ha lugar a acceder a lo solicitado, toda vez que el mismo podría contener datos que pudieran afectar a la intimidad de la interesada”, argumenta.

Por tanto, concluyen, “se hace patente la necesidad de adoptar un enfoque restrictivo y responsable en relación con el acceso y difusión de la información, priorizando siempre la protección de los derechos fundamentales de las personas involucradas, la preservación de la integridad de los procedimientos legales en curso y el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas competentes, considerándose que debe prevalecer la protección de la documentación solicitada frente a su divulgación”.

El informe del puerto de Tenerife se hizo público

Es bastante habitual que los informes sobre cumplimiento que la IGAE hace a los puertos españoles y a otras administraciones se hagan públicos a través de los medios de comunicación. Sin ir más lejos, el mismo informe que oculta el puerto de València se hizo público del puerto de Tenerife. Es este caso, la IGAE denunciaba que en la autoridad portuaria tinerfeña había habido casos de enchufismo y gastos de alojamiento inadecuados, al parecer, prácticas similares a las acontecidas en la base portuaria valenciana. De momento, los ciudadanos seguirán sin poder acceder a la verdad.

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), el organismo que supervisa el funcionamiento de la contratación pública, reclama dar más transparencia sobre las empresas vetadas para contratar con la Administración.

En su último informe anual, la entidad reclama la difusión de un listado específico y señala que “las causas de las prohibiciones para contratar tienen un alto valor informativo a la hora de señalar áreas de riesgo en el comportamiento de los operadores económicos en la contratación pública, sobre todo en materia de corrupción o cláusulas colusorias”.

La entidad lleva años reclamando medidas para corregir la opacidad en los vetos a contratistas que aplican las diferentes administraciones. En su informe de 2024, recién publicado, insiste en “la difícil detección de la prohibición para contratar” como consecuencia de la propia redacción de la normativa de licitaciones. Y señala que “pudiera ser de interés el mantenimiento de un listado de empresas incursas en prohibición para contratar”. 

Esta información hoy por hoy no la publica el Ministerio de Hacienda, encargado de aplicar los vetos a nivel estatal y de centralizar el estatus de cada licitador en un registro específico. En opinión de OIReScon, esa relación de empresas vetadas debería ser “accesible sin necesidad de consultas concretas” y “sin perjuicio de la debida protección de los datos personales que correspondiesen en cada caso”.

La normativa establece que no podrán contratar con la Administración las empresas que, entre otros supuestos, hayan sido sancionadas por delitos varios (contra la Hacienda pública, de corrupción, contra el medio ambiente...) o por infracciones graves en materia profesional que pongan en entredicho su integridad, como falsear el mercado o violar los derechos de los trabajadores.

Pero, en plena era de la información, conocer si un contratista está vetado requiere buscar una a una las empresas inscritas en el registro estatal de licitadores, denominado ROLECE (Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado). Ese listado que pide OIReScon no está disponible.

A cierre de 2023 había inscritas en ese registro 91.715 sociedades, un 12,5% más que un año antes y casi un 30% más que a cierre de 2021. La consulta en ese registro, que gestiona Hacienda, exige tener instalado un certificado electrónico. 

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ya se ha pronunciado a favor de hacer público ese listado de empresas vetadas por prácticas irregulares. Lo hizo después de que en 2022 un ciudadano solicitase a Hacienda la relación de sociedades vetadas que estaban inscritas en el ROLECE, al amparo de la Ley de Transparencia.

El ministerio se limitó a señalar que en ese momento había 138 empresas en esa situación. Pero no las detalló, ya que, argumentó, “no está regulada ninguna previsión de publicidad activa respecto de esta información y, adicionalmente, por razón de protección de datos de carácter personal y reputación de las personas en una materia de obvia sensibilidad”. Sin embargo, Transparencia acabó obligando a Hacienda a remitir en 2023 el listado a ese ciudadano, tras estimar una reclamación.

El informe de OIReScon refleja que en los registros autonómicos, la transparencia sobre estos vetos también brilla por su ausencia: “La mayoría de la información respecto a la inscripción de la prohibición o la prohibición en sí es obsoleta o se informa de un número de casos mínimo”. Solo hay datos sobre las prohibiciones en vigor (en algunos casos desfasados) en Euskadi, Andalucía, Comunitat Valenciana y Aragón. En el caso de Andalucía, se incluyen tanto a empresas como a personas físicas, pese a las cautelas de Hacienda sobre la protección de datos personales.

El informe recuerda que el momento en que se inscribe ese veto en los registros oficiales “es esencial puesto que, en determinados supuestos, marca el inicio de sus efectos”. “De la supervisión de los registros autonómicos se detecta en muchos casos ausencia de información sobre prohibiciones para contratar y, en algunos, falta de diligencia al no incorporar actualizado el vínculo informático para acceder al ROLECE”, dice el informe.

En las comunidades autónomas, el supervisor de la contratación pública detecta “un número reducido de prohibiciones vigentes inscritas”. Bien porque no se adoptan medidas “disciplinarias” o porque se toman, pero “no dan lugar a los procedimientos correspondientes que conllevarían la imposición de prohibiciones para contratar”. 

Otro posible motivo que apunta el informe es que esas prohibiciones se imponen, pero “no son trasladadas a los órganos correspondientes para su inscripción en el registro correspondiente”. Que en la práctica es lo mismo que no hacer nada.

Sin datos de por qué

El informe del mermado supervisor de los contratos públicos, una entidad adscrita orgánicamente a Hacienda que desde su creación no ha podido cubrir ni la mitad de su plantilla de cerca de 50 efectivos, refleja que en 2023 las prohibiciones para contratar inscritas en la Dirección de Patrimonio se redujeron hasta poco más de un centenar de sociedades y personas físicas. Es la cifra más baja desde que la oficina que supervisa el funcionamiento de la contratación pública publica estos datos, como puede verse en el siguiente gráfico.

El organismo destaca que el 38,56% de los vetos a contratistas que se inscribieron (40) fueron prohibiciones “en las que no se concreta su origen”. En otras palabras, “no se tiene información sobre las causas para contratar” en casi un 40% de los casos, “lo que dificulta poder adoptar medidas o actuaciones preventivas que minimicen el riesgo de su comisión”. 

En 2023 la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, anunció en el Congreso de los Diputados que el organismo aplicaría “directamente” la prohibición de contratar para empresas multadas por falsear la competencia. El veto, que en teoría era legalmente posible desde 2015, no terminaba de aplicarse ya que la decisión sobre la duración y el alcance de las prohibiciones recaía en Hacienda. En junio de 2023 el organismo publicó una Comunicación con los criterios generales para aplicar esos vetos. La CNMC no detalla qué vetos ha aplicado hasta ahora.

Una de las prohibiciones que trascendió en 2023 fue la aplicada a la filial de seguridad privada del gigante de los servicios Eulen, que fue vetada durante siete meses por Hacienda para contratar con la Administración. En este caso no tuvo relación con prácticas restrictivas de la competencia, sino por trato vejatorio de Eulen a un trabajador en Madrid. 

La oficina que supervisa la contratación pública considera “aconsejable que, por parte de los órganos de contratación, se pusieran en marcha mecanismos para tratar de supervisar las principales causas de prohibición para contratar declaradas en su ámbito”. Y que se tomen medidas para que al inscribir esos vetos “se indique su causa, con las cautelas que sean necesarias respecto a la protección de datos y debida confidencialidad”.

“Se insiste en señalar el alto valor que la información de la causa de la prohibición para contratar puede tener a la hora de diseñar un mapa de riesgos de la contratación pública, máxime en lo que atañe a la lucha contra la corrupción y las prácticas colusorias”, dice el informe, que destaca que el impago de salarios o retrasos justificados y la cesión ilegal de trabajadores suponen “un alto porcentaje” de las prohibiciones. Entre las dos sumaron el 38,18%. 

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha puesto la lupa en los procesos de adjudicación de puestos de la bolsa de trabajo. En concreto, investiga si cuatro aspirantes pudieron falsear sus méritos para acumular más puntos y situarse en mejor posición, según ha adelanto el diario regional La Verdad y han confirmado a elDiario.es Región de Murcia fuentes de la Consejería de Salud.

“Cuatro aspirantes de la bolsa de trabajo del SMS han presentado documentación de la que no han podido demostrar su veracidad a efectos de obtener más puntuación, de modo que se está tramitando el expediente que establece la bolsa”, han concretado desde este departamento. 

“Todos van a ser citados para darles audiencia y trámite”, aunque uno de ellos -que trabaja en el SMS ocupando una vacante- ha sido suspendido cauterlamente.

Desde la Consejería han recalcado que este procedimiento demuestra que “los sistemas de control del Servicio Murciano de Salud funcionan y otorgan garantías a los aspirantes”.

Casi 250.000 personas conforman las bolsas de empleo del SMS. Cada aspirante es responsable de cumplimentar sus méritos, que son revisados por los funcionarios de selección de personal.

Ha llegado al Congreso de los diputados una Iniciativa Legislativa Popular, que es la versión formal y oficial de una enorme campaña de firmas, para pedirle a los partidos que promuevan una regularización de inmigrantes. Que los que ya están aquí, puedan existir para la Seguridad Social, para tener un contrato legal, que formen parte de lo que ya forman parte. Se trata de medio millar de migrantes. Ha acabado el plazo para que los partidos políticos presenten enmiendas y todas estas personas esperan una solución a su situación. ¿Qué implicaría esta regularización? ¿Tiene sentido, además de por el sentido humanitario, por la parte más utilitarista? 

Lo hablamos con la jefa de Desalambre en elDiario.es Gabriela Sánchez y con el periodista de la sección de economía de elDiario.es David Noriega.

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El vicepresidente segundo de la Diputación de Toledo, Daniel Arias, se ha desvinculado de los procesos y oposiciones de la Institución provincial y ha pedido a su socio de Gobierno, el PP, que “aclare cuanto antes las presuntas irregularidades”.

En nota de prensa, y tras negar cualquier vínculo con este proceso selectivo, el partido ha indicado haber conocido por la prensa estas presuntas irregularidades en las oposiciones.

“Como socios de gobierno, pedimos explicaciones de manera urgente al Partido Popular sobre estas acusaciones graves que afectan a personas de su partido, que es responsable del área de personal”.

“Vox en la Diputación de Toledo defiende la transparencia en todos los procesos y no toleraremos que se nos vincule con escándalos de falta de claridad y transparencia ni con ningún tipo de irregularidad”, ha insistido Arias.

De ahí que haya reclamado que se garantice que las personas que se contraten para trabajar en la Institución provincial sean “las más cualificadas y cuenten con los méritos requeridos para realizar dicho trabajo”.

“Es indispensable que todos los procesos realizados en la institución la beneficien y dignifiquen. Por ello, rechazamos tajantemente actuaciones irregulares como ha sucedido con otros gobiernos anteriores”, ha denunciado.

Dicho esto, Vox ha querido dejar claro que entre los nombres de las personas que conforman los tribunales o aparecen realizando las pruebas de selección, no hay nadie relacionado con su partido.

El juez de la Audiencia Provincial Francisco de Jorge, encargado de investigar el Caso Soule sobre presuntas irregularidades en la Federación Española de Fútbol, ha acordado el sobreseimiento de la causa para 22 imputados, 18 personas físicas y 4 jurídicas, entre las que se encuentra el presidente de la Federación Riojana de Fútbol, Jacinto Alonso.

Sí se mantienen como investigados el expresidente de la Federación Española Ángel María Villar, su hijo Gorka, y el que fuera vicepresidente económico y mano derecha del presidente, Juan Padrón. Los tres en su momento fueron encarcelados como integrantes de una supuesta red clientelar en la que presuntos tratos de favor en negocios particulares revertían en Villar en forma de votos.

Después de siete años desde que se iniciara, la investigación da un paso adelante con el archivo de las actuaciones, al entender el juez que no ha quedado debidamente acreditada su participación en los hechos investigados. Además de Alonso, también ha exonerado a otros cuatro presidentes territoriales. Quedan absueltos Ana Isabel Castro Val, Andrés Tolmos Baquero, Juan Espino Navia, Valentín Sainz Rozas Ramírez, Gonzalo Pérez Cea, María José Claramunt Alonso, Carlos Plasencia Romero, Vicente Temprado García, José Miguel Monje Carrillo, José Asensio García, Onofre Alba Gimeno, Vicente Muñoz Castelló, Diego Martínez Gómez, Antonio García Gaona, José Higinio Temprado Martínez, Víctor Oñate Serena y Raúl Massó Zambudio. Así como las ‘personas jurídicas’ de Viajes Vacança, Policlínica Murciana de Fútbol, Viajes Trujillo y Viajes Delpisa.

En el caso de Jacinto Alonso, dedicado a la correduría de seguros, se le acusaba de obtener importantes beneficios con las pólizas suscritas entre la RFEF y la compañía aseguradora Helvetia, de la que era agente Alonso. La acusación se refería al periodo entre los años 2009 y 2012 cuando el presidente de la Federación Riojana era a la vez miembro de la junta directiva de la Federación. Ahora el juez considera que no queda acreditada su participación en los hechos investigados y la causa contra Alonso queda sobreseída.

El PSOE de La Rioja ha destapado una nueva irregularidad en La Rioja 360, la nueva sociedad encargada de promocionar La Rioja desde 2020 y que sustituyo a La Rioja Turismo. Al parecer, tal y como ha detallado el diputado socialista Miguel González de Legarra, La Rioja 360 está contratando servicios con un “falso autónomo y además está vulnerando la Ley de Contratos”. Además, se da la circunstancia de que esta “falsa autónoma fue empleada de la actual directora general de Turismo, Virginia Borges, en la empresa de la que era propietaria hasta entrar a formar parte del Gobierno de Gonzalo Capellán y ser nombrada alto cargo del Ejecutivo”.

Y ha dado nombres. “Ainhoa Aria, trabajadora de Método Digital, la empresa de Virginia Borges hasta que fue nombrada directora general de Turismo del Gobierno de La Rioja”. Unos hechos que para el diputado socialista son “intolerables” porque estas “irregularidades se están cometiendo de forma consciente, deliberada y reiterada desde el septiembre de 2023. Desde entonces, el Gobierno de La Rioja está contratando la gestión e implantación de proyectos turísticos con un falso autónomo y está fraccionando los contratos con el único objetivo de burlar la Ley de Contratos”.

Más de 15.000 euros en 4 meses

Así, tal y como ha relatado González de Legarra, la directora general de Turismo comenzó a contratar en el mes de septiembre de 2023 a Arias, quien había trabajado en su empresa hacía sólo dos meses. “Y en cuatro meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, Arias emitió facturas a La Rioja 360 del Gobierno de La Rioja por un importe igual, 2.525 euros más IVA” facturas “con una numeración correlativa lo que demuestra que Arias no tiene más clientes que su antigua jefa. Curiosamente en diciembre, Arias emitió dos facturas con el mismo número 5, quizás una corresponda a la paga extraordinaria del mes diciembre”. Facturas que en total superan los 15.000 euros, el límite que establece la Ley de Contratos por lo que “no estamos ante un contrato menor que se pueda adjudicar de forma directa”.

Y en 2024 las contrataciones y las facturas continúan. “Las facturas se siguen emitiendo y la numeración sigue el orden correlativo a las de 2023; la número 7 corresponde a febrero y la 8 al mes de marzo. Curiosamente, la factura número 6 (la del mes de enero) se incrementa en 440 euros. El motivo, apoyo a FITUR, lo que nos hace pensar que este incremento se debe a la presencia de Arias en la FERIA”. Según el socialista habrá más facturas del mes de abril, mayo y junio porque “nos consta que sigue facturando”, de forma que la cuantía superará los 28.000 euros “a los que habrá que añadir la paga extra del mes de junio”.

Por todo ello, además de burlar la Ley con este fraccionamiento de contratos y de contratar a una falsa autónoma, el socialista ha denunciado que estamos ante “una privatización encubierta de un servicio público y una contratación encubierta de la que se está beneficiando una amiga, una antigua trabajadora de la actual directora general de Turismo del Gobierno de La Rioja”.

Una situación, ha dicho, que “quizás es el motivo de que un tercio de la plantilla de La Rioja 360 esté ahora mismo de baja por depresión y ansiedad”. Y va más allá, porque para González de Legarra, la actual reestructuración que se está llevando a cabo en La Rioja 360 sólo busca “desmotivar a los trabajadores para que renuncien y justificar así la contratación de sus amigas, tener el campo libre para contratar y consolidar a sus amigas”.

Por todo ello, los socialistas riojanos exigen responsabilidades al consejero de Turismo, José Luis Pérez Pastor, y al presidente del Ejecutivo, Gonzalo Capellán y exigen la “rescisión inmediata de este contrato fraudulento con esta amiga de la directora general de Turismo, Virginia Borges”. Además de las acciones parlamentarias, desde la filas socialistas no descartan otras “administrativas o jurídicas”.