“Trato vejatorio” a un trabajador: el motivo del veto de Hacienda a la filial de seguridad privada de Eulen

Eulen Seguridad SA, la división de seguridad privada del gigante español de los servicios Eulen, ha sido vetada por el Ministerio de Hacienda para obtener contratos públicos de la Administración durante un periodo de siete meses, tal y como desveló elDiario.es. La decisión se debe a una sanción por “trato vejatorio” a un trabajador en un centro de trabajo en Madrid, según explican a este medio fuentes conocedoras del expediente que resolvió la Comunidad de Madrid por estos hechos.

Fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo indican que ese expediente no es público y que se abrió después de una denuncia ante la Inspección de Trabajo, que es competencia de la Dirección Provincial (Gobierno de España).

“A la Comunidad de Madrid le corresponde darle trámite” y al denunciante se le dio la razón. “Los hechos de refieren a un centro específico de la empresa y con un problema de un trabajo en concreto”. “No ha sido algo generalizado”, según esas fuentes.

El resultado fue una sanción por una infracción “muy grave” recogida en el artículo 8.11 del Real Decreto-Ley 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Ese artículo castiga “los actos del empresario que fueren contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores”.

La resolución sancionadora fue notificada a la empresa el 14 de mayo de 2021 y fue declarada firme un mes después. La empresa abonó la sanción, que ascendió a unos pocos miles de euros, según fuentes del Gobierno madrileño, que no precisan la cifra.

Tal y como establece la ley, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid informó de la resolución sancionadora a la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado el 8 de abril de 2022. La junta estatal de contratos acordó iniciar la tramitación de expediente administrativo para determinar el alcance y la duración de la prohibición para contratar, al concurrir la causa descrita en el artículo 71.1.b de la ley 9/2017, de contratos públicos.

Y, tras analizar el caso, abogó por aplicar esa prohibición a Eulen Seguridad durante el plazo de 7 meses, tal y como finalmente se ha aplicado por orden de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La prohibición ya figura en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, tal y como establece la legislación. 

Más de cien denuncias

Fuentes sindicales decían este jueves no tener información sobre estos hechos en una empresa que acumula numerosas denuncias de los representantes de los trabajadores ante la Inspección: 42 en 2022 solo en Madrid, en el caso de UGT, y más de un centenar desde 2021, en el de CCOO.

No obstante, según UGT, la situación “ha cambiado mucho” recientemente, a mejor, con la llegada de una nueva dirección de Recursos Humanos.

El veto a Eulen Seguridad para contratar con la Administración entró en vigor el pasado 19 de abril y estará vigente hasta el próximo 18 de noviembre.

La decisión de Hacienda va a implicar que se quede sin optar a contratos públicos durante más de la mitad del ejercicio 2023. En 2021, último año en el que presentó cuentas, la filial tuvo unas ventas de 218 millones de euros y un beneficio de apenas 426.000 euros, con 6.588 empleados y unos gastos de personal de 192 millones.

La filial es una de las principales patas de negocio de Eulen, un gigante que, tal y como explica en su web, factura más de 1.530 millones al año (el 81% en España), con cerca de 75.000 empleados (el 64% en España) y presencia en Chile, México, Perú, Colombia o Estados Unidos. El grupo ha declinado comentar este asunto.

Pese a esa elevada facturación, la empresa “da un retorno del 1,5%”, según decía la presidenta ejecutiva de Eulen, María José Álvarez, en una entrevista concedida hace años en la que confirmaba que la guerra con sus hermanos “está igual”.

Álvarez, que heredó de su padre, David Álvarez (fallecido en 2015), el 60% de las acciones de Eulen, contaba que algunos empresarios le habían ofrecido mediar en un conflicto de difícil solución: “Tengo algunos que me dicen: 'Yo os voy a juntar a comer'. Y respondo que vale, pero que no ponga ni tenedores ni cuchillos. Aprecio el esfuerzo, pero mejor que no”.

La familia Álvarez figuraba en el puesto 106 de la lista de los más ricos de España del último ranking de El Mundo. Recientemente el clan perdía al mayor de los siete hijos del fundador, Jesús David, considerado el hermano neutral en la guerra que el clan mantiene desde hace una década. Desvinculado de Eulen en 2018, llegó a ser consejero de la gasista Enagás. 

Constituida en marzo de 1974 y con sede en las oficinas de Eulen en la urbanización La Florida, en Madrid, Eulen Seguridad es, como recuerda en su último informe de gestión, correspondiente a 2021, la empresa decana de servicios globales de seguridad en España, “con unos pilares sólidos sobre los que cada día, todos lo que trabajamos en Eulen Seguridad tratamos de desarrollar un concepto de protección física, lógica, reputacional, etc. que pasa por el uso prioritario de la inteligencia y la tecnología, sin olvidarnos por supuesto de las personas y los procedimientos”.

En sus últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, de 2021 y accesibles a través de Insight View, Eulen Seguridad no hace ninguna mención a esa sanción por vulnerar la dignidad de ese trabajador, que se le impuso en ese ejercicio, más allá de reseñar un impacto fiscal de 64.000 euros por “sanciones y expedientes laborales y administrativos”. El importe de esa sanción fue testimonial, pero le va a salir caro al grupo.

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