El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha valorado este jueves la petición de indulto parcial que ya tiene preparada la familia del expresidente andaluz, José Antonio Griñán, contra el que el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a nueve años de cárcel por prevaricación y malversación en el caso de los ERE. En una entrevista en Canal Sur recogida por Europa Press, Nieto (quien ha enmarcado este paso de la familia en el ámbito de “lo personal”) ha defendido que “el día que se asuma que ha sido un gravísimo error en la gestión de la Junta y de quien gobernaba, se estará en condiciones de pensar en lo humanitario”.

La mujer del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, María Teresa Caravaca; y su hijo, Manuel Griñán Caravaca, presentarán la petición de indulto parcial alegando su “intachable trayectoria vital caracterizada por su lucha por la democracia” y que, a lo largo de 40 años dedicados al servicio público, “jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo de funcionario”. Así queda reflejado en el borrador de la petición de esta medida adelantado por El Confidencial.

Sobre esta petición de indulto parcial, el titular andaluz de Justicia ha asegurado que “es el momento” de que el PSOE “cambie de actitud”, ya que “hay personas que a día de hoy siguen negando que existiera una trama que dio lugar a la pérdida, o al mal uso, o al uso delictivo de más de 1.000 millones de euros en Andalucía”, aunque la sentencia hace referencia a una cifra de 680 millones de euros. “Por acción u omisión, esa responsabilidad es de quien gobernaba en ese momento en la Junta de Andalucía”, ha apostillado Nieto, que ha exigido “respeto” al trabajo de la Justicia que, en este caso concreto, a su juicio, ha sido “meticuloso”.

El documento de petición de indulto, que será presentado ante el Ministerio de Justicia y que busca evitar la entrada en prisión del que también fuera presidente del PSOE, contará con la firma de apoyo de, entre otros, dos expresidentes del Gobierno: José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González. Asimismo, señalan que será presentado tras la publicación de la sentencia del Supremo, de la que hasta ahora sólo se ha adelantado el fallo.

“Desafortunada ironía”

La familia de Griñán califica de “desafortunada ironía” su condena a prisión por malversación, toda vez que “durante toda su vida ha hecho precisamente de la honestidad profesional y económica su principal valor”. Tras repasar su biografía política, y atacando al delito de malversación, apuntan que es un “hecho cierto y conocido” que el patrimonio del político andaluz es “limpio y ajustado al propio del servidor público”.

De hecho, hacen relación de sus cuentas y propiedades, señalando que han sido publicadas tanto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía como en el de las Cortes Generales, y apostillan que es “publico y notorio” que tras haber ocupado las más altas magistraturas del estado, “su patrimonio acredita por sí mismo la limpia ejecutoria de un servidor público ejemplar”.

Asimismo, destacan la actitud “prudente” y “discreta” mantenida por Griñán ante el proceso judicial del caso de los ERE, y añaden que mantienen el mismo respeto a los tribunales cuando piden la medida de gracia por “razones de humanidad y equidad”. La familia, en este borrador, señala que el exdirigente socialista ha sufrido a lo largo de once años “un permanente deterioro psicológico y moral” al ver su nombre expuesto al debate público.

La familia de Griñán alega además para defender el indulto que se da “una falta de proporcionalidad de la sanción”, que la tramitación de la causa se ha extendido por un “largo periodo de tiempo” y que la notificación del fallo del Supremo sin tener acceso a la sentencia para ver los motivos le somete “a una condena pública frente a la que en puridad no puede dar respuesta”.

El PP-A ha mostrado su disposición a sentarse con el PSOE-A para “explorar un acuerdo” sobre los Presupuestos andaluces para 2022, los últimos de la legislatura, si bien ha confiado en que haya una “voluntad sincera” de ese partido por llegar a acuerdos.

“Si quieren dialogar, van a poder dialogar con nosotros y si quieren llegar a acuerdos, lo veremos en los próximos meses”, según ha manifestado, en una entrevista con Europa Press, el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto.

Nieto ha confiado en que haya “una voluntad sincera” del PSOE-A por llegar a acuerdos, porque lo que estamos viendo hasta ahora es que parece que el fin del nuevo PSOE de Juan Espadas es “cambiar la imagen del partido y utilizar el diálogo como parte de esa nueva imagen”, cuando el diálogo debe ser siempre un medio para llegar a acuerdos, que es el fin.

“Se ha quitado la A de Andalucía y se ha puesto la S de Sánchez”

Asimismo, José Antonio Nieto ha considerado que el PSOE-A, con la llegada del nuevo liderazgo de Juan Espadas, ha perdido totalmente “la autonomía” que siempre ha tenido respecto a la dirección federal del PSOE.

“El PSOE andaluz se ha quitado la A de Andalucía y se ha puesto la S de Sánchez”, según ha expresado José Antonio Nieto, quien ha destacado esa “falta de autonomía del PSOE de Andalucía y la desvinculación de la tierra” que se ha consumado una vez que el candidato de Pedro Sánchez ganó las primarias internas en el PSOE-A.

Se ha mostrado convencido de que ahora el PSOE-A sólo va a decir “lo que le interese al PSOE de Sánchez porque ya es el PSOE de Sánchez”. “El candidato [Juan Espadas] responde a lo que le interesa al líder nacional y la dirección andaluza va a trabajar en lo que a Sánchez le venga bien”, ha augurado Nieto.

“Agravios” del Gobierno a Andalucía

“No vamos a oír en Andalucía ni la más remota crítica desde el PSOE-A a una acción del Gobierno de Sánchez”, según ha asegurado Nieto, quien ha lamentado que esto va a suponer que el PSOE-A se mantenga “en silencio” ante los “agravios” del Ejecutivo nacional a Andalucía como está ocurriendo con el reparto de fondos Covid o con la “infrafinanciación” que padece por el actual sistema de financiación autonómica.

“Sería muy ingenuo por nuestra parte pensar que el PSOE andaluz de Sánchez que ha aparecido ahora se ha caído del caballo y de golpe se va a transformar en lo contrario de lo que era hasta ahora”, según ha señalado.

En cualquier caso, José Antonio Nieto ha expresado que están dispuestos a sentarse a dialogar con el PSOE-A sobre temas importantes para Andalucía, como son los Presupuestos del próximo ejercicio, que tienen que servir para afrontar la recuperación económica y social tras la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Además, ha confiado en que la negociación abierta sobre el proyecto de Ley Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista) “se pueda cerrar bien”, sobre todo, porque son muchos los alcaldes del PSOE que están presionando para que se apruebe esa norma de manera definitiva.

Los mandos de los antidisturbios de la Policía Nacional que comandaron el operativo del 1-O sobre el terreno sí recibieron una orden para actuar. Así lo han afirmado cuatro de estos mandos en su declaración como imputados este jueves ante el juez de Barcelona que investiga la intervención policial para impedir el referéndum. La versión de estos cargos intermedios contradice la ofrecida por el entonces secretario de Estado de Seguridad y número dos del Ministerio del Interior, José Antonio Nieto, que negó que se hubiera dado orden alguna para actuar. “Nunca, no hay un momento en el que se diga 'intervención ya'”, afirmó en su declaración como testigo ante el juez el pasado mes de julio y que reveló eldiario.es.

A diferencia de Nieto, los cuatro inspectores sí han proporcionado al juez el momento en que su “superioridad” les ordenó actuar y acudir a los centros para facilitar la intervención de urnas y papeletas, tal y como había ordenado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Fue entre las 8:00h. y las 9:00h., cuando se constató, según su versión, la inacción de los Mossos d'Esquadra para frenar la votación. En esa hora todavía no habían abierto los centros y los cuerpos estatales no habían recibido la petición de auxilio de la policía autonómica para cerrar los centros, que fue enviada a las 9:11h.

De hecho, los mandos han explicado que desde las 7:00h. permanecían apostados con sus unidades en “zonas de reacción” cercanas a los colegios, a la espera de acontecimientos. Sobre las 14:00h., han agregado, recibieron la orden de ir a comer al barco del puerto, ya que por la tarde acudieron a vigilar edificios estatales.

¿Y quién fue la “superioridad” que dio la orden? La pregunta del millón tampoco se ha respondido por completo este jueves tras más de dos años de investigación. Según fuentes de las acusaciones que ejercen los heridos y el Ayuntamiento de Barcelona, uno de los mandos investigados, a preguntas del juez, sí ha precisado que la orden provino del jefe de las unidades de intervención policial, José Miguel Ruiz Iguzquiza, que se encontraba en el centro de mando (CECOR) de la Policía Nacional el 1-O ubicado, según las mismas fuentes, en Vía Laietana.

Otras fuentes presentes en la declaración, sin embargo, matizan que no ha quedado claro de quién se trataba la “superioridad”, ya que los jefes han hablado indistintamente del “CECOR” y de un superior jerárquico inmediato al que se han referido como “Marte”. Según estas mismas fuentes, los inspectores han explicado que las órdenes que recibieron fueron “similares” a las de otros operativos, basadas en la “congruencia, oportunidad y uso proporcionado de los medios policiales”. También han relatado, como otros agentes investigados, un ambiente “hostil” en los centros y han negado extralimitación alguna en el uso de la fuerza.

Los cuatro inspectores que han declarado este jueves, junto a otros cuatro que comparecerán ante el juez el lunes, lideraron los equipos mixtos de unidades de antidisturbios y de información de la Policía que se desplegaron el 1-O en Barcelona. Se dividieron la ciudad en ocho zonas –por criterios a día de hoy desconocidos– y determinaron el número de efectivos necesario para la actuación en los colegios, circunstancias que también determinaron la presencia física del jefe de unidad en un colegio u otro. Es decir, que no todos estuvieron físicamente en cada uno de los colegios donde se intervino.

Tanto Nieto como el coordinador del dispositivo, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, señalaron a estos jefes como los responsables que tomaron las decisiones sobre la intervención en los centros. Este jueves los mandos han revelado un nuevo escalafón en la cadena de mando, que puede alargar todavía más la instrucción de un caso que acumula casi medio centenar de policías investigados.

La citación como investigados de estos ocho inspectores se ha producido después de que la Audiencia de Barcelona ordenara al instructor profundizar en la cadena de mando del operativo. Las magistradas de la Audiencia sostuvieron que “las consignas a los agentes” de los responsables del operativo deben servir para determinar si el uso de la fuerza concreto hacia los votantes fue proporcional o no a la situación en el colegio. Si no lo fue, advirtieron las magistradas, el “responsable” de decidir la intervención deberá responder penalmente por las lesiones ocasionadas a los votantes por sus subordinados.

Nadie pulsó un botón rojo para que la Policía y la Guardia Civil intervinieran el 1-O.  Así lo sostuvo el exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto en su declaración como testigo el pasado 18 de junio ante el juzgado que investiga la actuación policial del 1-O en Barcelona, a la que ha tenido acceso eldiario.es. “No hubo un momento en el que se dijera 'intervención ya”, afirmó Nieto. El ex alto cargo limitó su participación en el operativo a prever, dos días antes de la votación, el despliegue de Policía y Guardia Civil al margen de los Mossos, pero negó haber decidido las actuaciones concretas en los centros y el fin de la intervención.

El juez instructor, Francisco Miralles, formuló la pregunta del millón al inicio del interrogatorio como testigo de Nieto: “¿Quién da la orden de que los agentes del Cuerpo Nacional de Policía actúen en la ciudad de Barcelona, en qué momento, y por qué?” El número dos del entonces ministro del Interior Juan Ignacio Zoido empezó una aseveración sobre las órdenes de Fiscalía y del TSJC que suspendían la votación pero no ofreció una respuesta clara, por lo que el instructor le preguntó directamente: “¿La orden la da usted?”.

“La orden sale en la instrucción, por tanto la doy yo”, respondió Nieto. Se refiere el exalto cargo de Interior a la instrucción que él mismo redactó en la que se daban a los agentes las pautas de actuación en el 1-O. En el documento se indicaba que Policía y Guardia Civil actuarían “en apoyo” de los Mossos, pero también “en caso necesario en sustitución” de la policía catalana, esto es, de forma autónoma.

Y éste fue el caso a partir de primera hora de mañana del 1-O, cuando según Nieto “se constató” que los Mossos no habían cerrado ningún colegio durante la noche y la Generalitat había desvelado que gracias al censo universal se podía votar en todos los centros. “Pero no hay un momento en el que se plantee... no existe nunca eh, ni en este caso, ni nunca... en el que se diga 'intervención ya', no existe eso”, matizó Nieto, lo que obligó al instructor a preguntar por tercera vez si la orden la había dado él. “Sí, sí. La responsabilidad de toda la coordinación y de la ordenación de todo el operativo del 1 de octubre la asumí yo y la asumo yo”, dijo Nieto por respuesta.

La declaración de Nieto como testigo se enmarca en la línea de investigación abierta por el juez sobre la cadena de mando del operativo. En ningún momento de las casi cuatro horas de declaración el juez advirtió a Nieto de que sus respuestas pudieran hacer varias su condición de testigo a investigado, de forma que el exsecretario de Estado no se ha sumado a los más de 40 agentes imputados por su actuación el 1-O en Barcelona.

Nieto no dudo en enzarzarse en una discusión con el instructor a cuenta del significado de carga policial. Tras defender que las porras “están para usarse y no para enseñarse”, Nieto volvió a negar que hubiera cargas policiales el 1-O. El juez le preguntó por su definición de cargas, y Nieto respondió con una descripción de lo que se observa en algunos de los vídeos de la intervención policial que constan en el sumario del caso. Después de que el juez le hiciera notar la contradicción, preguntó si no había inspeccionado los vídeos del 1-O, a lo que Nieto le espetó: “Lo que usted considere que es una carga policial o no a mí no me parece trascendente ni relevante”.

Según su propio relato, la participación directa de Nieto en el 1-O terminó el 29 de septiembre, cuando rubricó con su firma la instrucción 4/2017. Tanto el juez instructor como el fiscal y las demás acusaciones quisieron que Nieto contara qué hizo el día 1 de octubre. El exsecretario de Estado explicó que estuvo en un despacho de la Delegación del Gobierno en Barcelona y que durante las primeras horas de la mañana estuvo “en reunión permanente” con el coordinador del dispositivo, el coronel Diego Pérez de los Cobos, y otros mandos.

En dichas reuniones, sin embargo, no se decidía en qué centros actuar, ya que la decisión correspondía a los “jefes de unidad de intervención” que estaban repartidos sobre el terreno, contó Nieto. “Yo no he participado en la operativa, confiaba en los criterios profesionales de quienes dirigen las unidades”, recalcó Nieto en varios tramos de su declaración a preguntas de las acusaciones que ejercen el centro Iridia y el Ayuntamiento de Barcelona.

De hecho, Nieto negó conocer el listado de centros en los que tenían previsto actuar las unidades antidisturbios. Para las cuestiones operativas, Nieto instó a las acusaciones a que preguntaran a Pérez de los Cobos, que declara este jueves como testigo. También es a Pérez de los Cobos a quién, según supuso Nieto, le llegaba la información de todo lo que sucedía en Barcelona el 1-O a través de un comisario provincial. “Pero es imaginación, desconozco el dato concreto”, matizó de inmediato.

El juez también preguntó a Nieto por el apartado de la instrucción que instaba a los agentes a garantizar la convivencia ciudadana, tal y como había ordenado la magistrada del TSJC a los cuerpos policiales. “A ningún policía o guardia civil hay que explicarle cómo se garantizan los derechos y libertades recogidos en la Constitución española”, contestó Nieto, visiblemente molesto.

Ante la repregunta del instructor por cómo se plasmó dicha garantía en la instrucción que mandó a ambos cuerpos, Nieto dijo que se priorizó la seguridad de los agentes y los ciudadanos al objetivo de cerrar centros e incautarse de urnas y papeletas. Y añadió, dirigiéndose al juez, una referencia al abatimiento de uno de los terroristas del 17-A por parte de los Mossos: “Usted sabe, lo han podido vivir en primera persona en la ciudad de Barcelona y en Catalunya, que en otros casos no muy lejanos no se ha priorizado y se privó a una persona del bien sagrado que es la vida porque se entendió que la prioridad absoluta era abatir a esa persona”.

Tras rehuir las cuestiones operativas, Nieto reveló un objetivo del dispositivo que hasta ese momento ningún responsable de Interior había descrito con tanta claridad. Según el exsecretario de Seguridad, ante las “limitaciones” de los efectivos policiales, una de las metas fue que la actuación policial sirviese para que las personas “engañadas” para participar en el referéndum no lo hicieran. “El objetivo era dar ejemplaridad para no repetir la comisión del delito”, resumió.

Y es que, según Nieto, “se podría haber empleado la fuerza en mucho mayor grado si se hubiese priorizado el objetivo de cerrar los centros al mantenimiento de la convivencia”. “Pero precisamente de lo que se trataba era que la presencia de la Policía sirviese de actitud ejemplarizante para conseguir que parte de la sociedad reaccionara y no ayudara a cometer una actuación ilícita”, aseveró, para finalmente concluir: “Cuando uno ve a la Policía actuando percibe la realidad con más claridad”.

El exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha vuelto a defender con contundencia el operativo policial del 1-O. Lo hizo en su declaración como testigo en el Supremo y lo ha vuelto a hacer, también como testigo pero esta vez por videoconferencia, ante el juez de Barcelona que investiga la intervención policial. Según fuentes presentes en la declaración, Nieto ha tildado de “ejemplar” la actuación policial del 1-O, y ha llegado a afirmar: “Las defensas [porras] están para usarse, no para enseñarse”.

En una declaración que se ha alargado casi cuatro horas, Nieto ha sostenido que detrás de la intervención policial también había un objetivo político. Así, ha expuesto que además de cumplir el auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que ordenaba a los cuerpos policiales impedir el referéndum, la actuación de la Policía era necesaria para “hacer entender” que el referéndum “era ilegal”. Según las mismas fuentes, Nieto ha sentenciado que “no se da una actitud ejemplarizante si la Policía se dedica a mirar”. En otras palabras, que la actuación buscaba dejar claro que el 1-O no tenía validez.

La declaración como testigo de Nieto este martes se encuadra en la línea de investigación abierta por el titular del juzgado de instrucción 7 sobre la cadena de mando del operativo del 1-O. Además de interrogar a Nieto, quien redactó las instrucciones a los agentes para incautarse de urnas y papeletas y cerrar los centros, el juez ha reclamado más información a Interior. Por ejemplo, ha pedido saber quién ordenó cesar las cargas del 1-O al mediodía, cuando el auto del TSJC instaba a los cuerpos policiales a impedir la votación todo el día.

Nieto se ha desentendido de los detalles del operativo y, según las mismas fuentes, ha explicado que su intervención el día del referéndum (estaba en Barcelona junto al coronel Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo) se limitó a autorizar el despliegue de las unidades policiales. Hasta aquí. Las decisiones sobre el terreno del operativo, como por ejemplo cuándo y en qué centros actuar, no las tomó él, ha explicado, sino los ocho inspectores jefe desplegados por los distintos barrios de Barcelona, los denominados jefes de unidades de intervención.

Cuatro de estos inspectores jefe permanecen imputados por su actuación en varios puntos de votación. El juez investiga a más de cuarenta agentes por porrazos en varias zonas del cuerpo, empujones, patadas y golpes. Nieto ha defendido sin matices la actuación de todos ellos, pero ha dicho que desconocía qué unidades intervenían en cada colegio, y tampoco ha dado el nombre de quién ordenó cesar las cargas al mediodía. Según ha explicado, los agentes estaban cansados porque se desplegaron a primera hora de la mañana.

En Barcelona todo el 1-O

Con todo, Nieto ha relatado que el 1-O estuvo en la Delegación del Gobierno de Barcelona junto a Pérez de los Cobos y que junto al coronel vio por televisión las imágenes de las cargas en los colegios. De hecho, ha indicado que los detalles de la, en sus palabras, “reunión permanente” de jefes policiales y de Interior, los tiene Pérez de los Cobos. Las acusaciones de los heridos y la popular que ejerce el Ayuntamiento de Barcelona han apuntado su nombre para reclamar la siguiente declaración testifical.

El juez Francisco Miralles ha llevado el peso del interrogatorio. En ningún momento, han coincidido las fuentes consultadas, el instructor ha insinuado que Nieto pusiera fin a su larga declaración, por lo que el juez no ve indicios para imputar al exnúmero dos de Zoido.

No obstante, magistrado y exsecretario de Estado de Seguridad han protagonizado momentos de tensión, como cuando Nieto ha insistido en criticar la “pasividad” de los Mossos d'Esquadra, ante lo que el magistrado le ha advertido de que en este procedimiento no se investiga la labor de este cuerpo. En otro tramo de la declaración, Nieto ha negado que hubiese habido cargas el 1-O, a lo que el instructor ha preguntado cómo explicaba que en el juzgado hubieran entrado más de 300 partes médicos con votantes heridos el 1-O. “La Policía cumplía una orden judicial e intervino para cumplir la ley”, ha sido la respuesta de Nieto.

A diferencia de Nieto, el recién nombrado concejal de Transparencia y Derechos Civiles del Ayuntamiento de Barcelona, Marc Serra, que ejerce la acusación popular, ha insistido en que la actuación policial del 1-O no la protagonizaron “agentes descontrolados”, sino que fue planificada desde las más altas instancias políticas y policiales. Y para Andrés García Berrio, abogado del centro Irídia que representa a una decena de heridos, la defensa de Nieto de la actuación policial es “vergonzosa” y “poco profesional”.

El murmullo de los responsables operativos de la seguridad del Estado en los días previos al referéndum secesionista irrumpió este lunes en el juicio del procés: el Ministerio del Interior nunca contó con los efectivos necesarios para detener una movilización ciudadana como la que se avecinaba en Catalunya el 1 de octubre de 2017. Y el Gobierno de Mariano Rajoy lo sabía. Pero para escucharlo públicamente, en toda su crudeza, ha sido necesario que pasen 17 meses y que el secretario de Estado de Seguridad de la época declare como testigo en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo.

Centenares de artículos periodísticos, de declaraciones públicas de los protagonistas políticos y diez sesiones de juicio no permitían albergar esperanza para una nueva revelación. Pero en la última parte de su declaración, que se prolongó durante cuatro horas y media, José Antonio Nieto expuso un dato que denota el convencimiento que el Ejecutivo central tenía del desastre que anticipaba y hasta donde estaba dispuesto a llegar para evitarlo. Nieto afirmó que el Gobierno de España propuso a la Generalitat “simular” el referéndum en las “plazas de los municipios” y en “lugares abiertos” en general, lugares que no aparecían mencionados en la prohibición del auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

José Antonio Nieto no habla de oídas. El secretario de Estado de Seguridad encabezaba la delegación que trasladó la oferta de Moncloa al presidente de la Generalitat Carles Puigdemont a tan solo 72 horas de la convocatoria de votación. Como se constataría tres días después, el Estado no había logrado interceptar las urnas donde más de dos millones de catalanes, según los convocantes, terminaron por depositar su voto.

Hasta ahora se desconocía que la oferta de convertir el 1-O en una jornada lúdica, con tal de que no hubiera votaciones en los colegios, fue trasladada en persona a Puigdemont en la reunión de la Junta de Seguridad que tuvo lugar en Pedralbes el 28 de septiembre. Ante el tribunal, José Antonio Nieto dijo ayer: “No hubo el más mínimo gesto de diálogo (por parte de la delegación de la Generalitat). Llegaron con una idea y se fueron con la misma idea. Se podría haber simulado ese referéndum en las plazas de los municipios o en lugares abiertos, donde no se fuese en contra de ese mandato. Así se les trasladó también”.

Que 6.000 policías eran insuficientes para parar el 1-O ha quedado igualmente de manifiesto en la declaración de Nieto en el juicio: “Quien propone la decisión (de enviar a 6.000 agentes soy yo, a raíz de las peticiones y análisis por parte de mandos de Guardia Civil y Policía Nacional. Se entiende que es el número de efectivos que podemos desplazar”. Nieto ha explicado que el grueso de los agentes eran antidisturbios y miembros de los servicios de Información. Para calcular el esfuerzo realizado por Interior basta con comparar con la cifra absoluta de los miembros de la Unidad de Intervención del Cuerpo Nacional de Policía, unos 2.300, a los que se pueden sumar otros 2.000 de la Unidad de Prevención y Reacción, y una cifra menor de las unidades de Guardia Civil.

A todo ello hay que sumar el repentino cambio de planes que supuso el auto de la jueza del 27 de septiembre, el día antes de la reunión en Pedralbes. De acuerdo con la instrucción que había dictado la Fiscalía, el Ministerio del Interior preveía introducir a los agentes en los colegios antes del día de la votación y precintarlos. Pero el auto de la magistrada del TSJC tomando el mando del operativo limitaba la actuación de los agentes a los espacios en los colegios destinados a la votación, sin permitir el precinto general de los centros el 1-O. Hasta entonces eran pocos policías. Desde ese momento, estaban limitados. Ante el tribunal, Nieto ha dicho que, “evidentemente”, el auto de la magistrada Mercedes Armas, “no facilitó” el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “Se había hecho un trabajo y hubo que adaptarlo”, añadió.

Hasta ahora, o más bien en aquellos días previos, todo habían sido circunloquios para no asumir que la ejecución policial de la orden judicial que prohibía el referéndum era una quimera. “En un caso, con un pícnic; en otro caso, con una manifestación, se podrán exteriorizar los sentimientos, pero no a costa de violentar la ley”, aseguró el propio Nieto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Seguridad. Era 28 de septiembre. Dos días antes, Mariano Rajoy, de pie junto a Donald Trump, había dicho en la Casa Blanca: “Es un disparate. Puede haber alboroto, ruido, pero no puede haber un referéndum válido y con garantías”.

Las precauciones de un lado tenían su reflejo en el otro. Ninguno se fiaba y tampoco querían descubrir sus cartas, aunque, como dijo Santi Vila, entre bambalinas había más moderados en ambos gobiernos de lo que parecía delante de los focos. El día anterior al referéndum, los líderes de ANC y Omnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart ofrecieron una rueda de prensa en el centro internacional de prensa. En la misma, Sànchez hizo una declaración que descolocó a sectores del independentismo.

Consideraba el entonces líder de la ANC que un millón de votantes, la mitad aproximadamente de los que habían participado en la consulta del 9 de noviembre de 2014, supondría “un éxito desbordante”. Las declaraciones de Sànchez hay que enmarcarlas en las disputas internas del independentismo que también han aparecido en el juicio. En concreto, entre los sectores que veían el 1-O como un mero elemento para forzar una negociación con el Estado –y se conformaban con la imagen de colas en los colegios para votar– y los que sí lo consideraban un referéndum vinculante con resultados a aplicar.

El acta de la junta de seguridad

Uno de los motivos por los que no había trascendido el dato es que de aquella reunión consta un acta, incorporada al sumario, que no recoge tal propuesta. Se trata de una nota de de cinco folios sobre una reunión que duró hora y media y que está redactada en estilo indirecto. Los términos utilizados denotan que el escribano es un funcionario del Estado que utiliza expresiones como “mozos de Escuadra” o “Generalidad de Cataluña”. El acta, empero, está firmada por representantes de ambas partes. Por un lado, el coronel Diego Pérez de los Cobos, “secretario en representación del Estado”; por el otro, Marta Gordi i Aguilar, “secretaria en representación de la Generalidad”.

La declaración de Nieto sobre el volumen del dispositivo necesario dejó alguna contradicción. Por una parte fue contundente al afirmar: “Si los Mossos hubieran cumplido el mandato judicial, el referéndum se habría desconvocado”. Eso es tal como afirmar que de haberse destinado los 17.000 agentes autonómicos a la jornada del 1-O, en lugar de los 7.800 el propio Cuerpo asegura haber empleado, las imágenes que dejó aquel día no se hubieran poducido. Pero, por otra parte, Nieto no negó la afirmación realizada en una entrevista a vozpopuli.com en la que dijo que ni con 90.000 agentes hubiera sido posible detener la votación. Para rematar, Nieto insistió en la tesis de los otros miembros de su Gobierno que han declarado al asegurar que la Policía y la Guardia Civil evitaron un referéndum el 1-O.

El secretario de Estado atribuyó al cansancio de los agentes, algunos había comenzado a trabajar a las 4 de la mañana, la decisión de no seguir interviniendo por la tarde. Así negó que Moncloa ordenara parar las cartas ante el escándalo internacional que dejaban las imágenes de los porrazos a los votantes. “No hubo una orden política ni de ningún otro tipo”, afirmó.

El señor X que ordenó iniciar y parar las cargas del 1-O no se ha descubierto este lunes. El ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto ha seguido los pasos de su antiguo jefe y ha descargado en los mandos operativos de la Policía Nacional y la Guardia Civil la responsabilidad de la actuación policial el 1-O. Pero a diferencia del exministro Zoido, Nieto ha protegido al coordinador del dispositivo policial, Diego Pérez de los Cobos, desvinculándolo de decisiones operativas del dispositivo. Pérez de los Cobos declara este martes y su testimonio es clave para sustentar la acusación de rebelión.

El número dos del exministro Zoido ha acudido a declarar como testigo al Tribunal Supremo con un conocimiento extenso de lo ocurrido en las fechas críticas del procés. Estuvo en Barcelona una semana antes del 1-O y siguió el día votación desde el centro de operaciones de la Delegación del Gobierno. Y lo más importante: Nieto dictó la instrucción general a todos los agentes (consultable al final de esta información) sobre cómo debía intervenirse el 1-O.

Sin embargo, en su declaración como testigo este martes en el Tribunal Supremo, Nieto ha rebajado la importancia de su propia instrucción y se ha desmarcado de su ejecución. Según ha dicho, fueron los mandos de Policía Nacional y Guardia Civil los que “tenían diseñadas las actuaciones, y las actuaciones se iban produciendo”. Es decir, Nieto ponía la teoría, pero los mandos la práctica.

Zoido dejó la decisión de ordenar las cargas del 1-O en los mandos “operativos” de Policía Nacional y Guardia Civil y el coordinador del 1-O, el por entonces coronel de la Guardia Civil y director del gabinete de coordinación y estudios de la secretaria de Estado de Seguridad, Diego Pérez de los Cobos. Los cargos políticos del Ministerio, como Nieto, no tuvieron ningún poder de decisión, afirmó Zoido.

A diferencia de Zoido, Nieto no ha incluido a Pérez de los Cobos entre los responsables de las decisiones concretas del 1-O. “Coordinar no es mandar”, ha defendido Nieto a preguntas del abogado Joaquim Forn, Xavier Melero. Entre las funciones de Pérez de los Cobos, ha reiterado Nieto, “no estaba ordenar algo, sino constatar que el despliegue [de los Mossos] era insuficiente”. Fueron los “responsables operativos de cada unidad” policial, ha continuado Nieto, los que decidieron intervenir el 1-O en cada colegio.

“Criterios puramente operativos”

“Los jefes de cada uno de los cuerpos y los responsables de las distintas unidades, en base a criterios puramente operativos, determinaron la actuación en los colegios y su distribución en función de la cercanía entre unos y otros”, ha aseverado Nieto. Dicha información, han indicado fuentes judiciales a este diario, no se ha aportado al juzgado de instrucción Barcelona que investiga la actuación policial del 1-O en la ciudad. A preguntas de las defensas, Nieto ha negado que los criterios “operativos” incluyeran cargar en los colegios donde tenían que votar Carles Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Artur Mas y otros líderes soberanistas.

También fueron los propios mandos policiales los que decidieron dejar de intervenir en la tarde del 1-O, aunque la jueza había instado a impedir el referéndum durante todo el día. En este sentido, Nieto ha querido dejar claro que no hubo “ninguna orden política o de la autoridad judicial” para que cesaran las actuaciones en los colegios. Fueron los mismos “responsables operativos de cada unidad”, ha reiterado, los que consideraron “más útil replegarse”.

Los motivos por los que Nieto ha explicado esta decisión ya habían sido expuestos en varios informes por Pérez de los Cobos en los juzgados catalanes que investigan la actuación policial: las grandes concentraciones de votantes hicieron que se priorizara “la seguridad de los agentes” a la “eficacia” del cumplimiento de la orden del TSJC para impedir el referéndum. Por contra, Zoido dijo desconocer los motivos que llevaron a frenar la intervención policial e instó a preguntar por ello a “los operativos”.

Pese a que hay más de treinta agentes imputados por su actuación del 1-O –por ejemplo, por aporrear en la cabeza a votantes, algo que Nieto ha dicho que no le consta que sucediera–, el exsecretario de Estado de Seguridad ha dicho que los agentes intervinieron haciendo “el uso mínimo imprescindible de la fuerza”. “Si se hubiera querido hacer un mayor uso de la fuerza, hubiéramos estado amparados por la ley”, ha remachado.

¿Quién sabía cuántos Mossos impedirían el 1-O?

A diferencia de Rajoy y sus exministros, la Fiscalía sí propuso a Nieto como testigo. Con ello el Ministerio Público quiere reafirmar sus dos principales tesis sobre la rebelión. Por un lado, el alzamiento violento en forma de “masas tumultuarias” en los colegios preparadas para impedir la labor policial. Por el otro, la dejación de funciones de los Mossos, supuestamente confabulados con el Govern para facilitar y no impedir el 1-O.

Nieto ha confirmado estas dos tesis, aunque en el primer caso ha hecho una vinculación genérica, a preguntas del fiscal Zaragoza, entre las “masas” y la ANC y Òmnium. A preguntas de las defensas de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que ejercen Jordi Pina y Benet Salellas, Nieto ha matizado que “se infería” que las concentraciones estaban auspiciadas por ANC y Òmnium porque “un número importante” de asistentes estaban vinculados a ambas entidades. “Un número importante de policías y guardia civiles recibieron golpes, vallas, bancos y adoquines”, ha agregado.

Nieto se ha empleado más a fondo para cargar contra el dispositivo de los Mossos d'Esquadra, del que no ha dudado en señalar que fue “insuficiente” y encaminado a “legitimar” el referéndum, más que a impedir su celebración. “Estoy convencido de que si los Mossos de forma clara hubiesen manifestado su voluntad de cumplir el mandato judicial el referéndum no se hubiese celebrado”, ha aseverado.

No obstante, el abogado de Forn, Xavier Melero, ha logrado que Nieto señalara a Pérez de los Cobos como el encargado de determinar si el dispositivo de los Mossos era insuficiente, lo que eleva la importancia de su testimonio. Así, Pérez de los Cobos deberá responder si consideró insuficiente el dispositivo de la policía catalana antes del 1-O.

Y es que los Mossos d'Esquadra en sus sucesivos informes aportados al TSJC (la foto que acompaña a esta información) han asegurado que Pérez de los Cobos dio “el visto bueno” el 29 de septiembre a su dispositivo policial, que contó con 5.400 agentes uniformados de seguridad ciudadana, 850 efectivos de investigación y 900 antidisturbios.

De hecho, Nieto ha afirmado “desconocer” con antelación el número de agentes que los Mossos planearon movilizar el 1-O y ha descartado que algunos colegios amanecieran cerrados por las visitas que durante todo el fin de semana patrullas de la policía catalana realizaron en los días previos. Y al tiempo que criticaba a la policía catalana, Nieto ha reconocido que no se dejó de “prescindir” de los mecanismos de coordinación entre cuerpos el 1-O, en los que el número dos de los Mossos, Ferran López, daba cuenta a Pérez de los Cobos de las actuaciones de la policía catalana.

Incluso fue culpa de los Mossos, a criterio de Nieto, que se incumplieran algunos puntos de su propia instrucción. Por ejemplo, el que fijaba que ante grandes concentraciones de personas en los colegios, las unidades de Policía Nacional o Guardia Civil se replegarían a “puntos seguros”, recayendo la intervención en las unidades de orden público de los Mossos d'Esquadra. Ocurrió lo contrario: los antidisturbios de los Mossos ni se vieron en los colegios el 1-O, mientras los de Policía Nacional y Guardia Civil se emplearon a fondo. Aunque, según Nieto, no fueron “técnicamente cargas”, sino “un empleo de la fuerza”.

En las películas norteamericanas de juicios, pocas tramas funcionan mejor que cuando un abogado debe encargarse de un caso realmente complicado, casi predestinado a un veredicto de culpabilidad. Claro que en el mundo real, al menos en España, las cosas no son como en el cine ni las tramas, tan redondas. Si queremos ver a un abogado decir al fiscal que lo va a sacar de la sala de una patada si continúa tapándole la visión de su defendido, para eso sólo tenemos a Jimmy Stewart en 'Anatomía de un asesinato'. Además, fiscales y abogados no se mueven de la silla en España.

Eso no quiere decir que no se pueda ver a un abogado irrumpir en la declaración de un testigo y proceder a desbrozar y desechar de forma metódica todo lo que ha dicho antes hasta dejarlo no tanto desnudo, pero sí en un estado mucho más frágil.

Es lo que hizo Xavier Melero, abogado del exconseller de Interior Joaquim Forn, con el exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto. Fue una sucesión de preguntas incisivas que permitieron al tribunal comprobar que no todo lo que había dicho Nieto era cierto, o al menos que había tenido algunas omisiones reveladoras. Sin faltar al respeto a los participantes en un juicio tan trascendental, se podría decir que ese fue un momento muy cinematográfico.

Empezó con el hecho de que Nieto había dicho que le había sorprendido que Forn utilizara la palabra “tumultuario” en su respuesta a la carta del ministro Zoido que le comunicaba el despliegue policial. Melero anunció que esa palabra ya aparecía en la carta de Zoido. Ouch. Bien, sólo era un detalle.

Pero después Melero siguió castigando y con asuntos de más peso. Su objetivo era desmentir el testimonio de Nieto, destinado a describir a los Mossos como un cuerpo policial cuya pasividad el 1-O y los días anteriores permitió el desafío a la ley. El exsecretario de Estado defendió con tanto entusiasmo la tesis del fiscal –que era quien había solicitado su testimonio– que llegó a soltar una hipótesis muy original: “Si los Mossos de forma clara hubieran manifestado su voluntad de cumplir el mandato judicial, el referéndum no se habría celebrado. Es más, se hubiera desconvocado”. 

Eso era sólo una especulación o una corazonada –por lo tanto no llega al nivel de ser una prueba– y además no era el Gobierno para el que servía Nieto quien podía desconvocar el referéndum, pero como frase destinada a ganar titulares y reforzar la versión de la fiscalía no estaba mal. 

El primer plan de los Mossos

Su problema vino cuando Melero empezó a apretar. Nieto había contado que el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, había presentado en una reunión de mandos policiales de ambos bandos del 21 de septiembre un plan de despliegue de la Policía autonómica para el 1-0 que fue considerado claramente insuficiente por Interior y el fiscal superior de Catalunya, que era entonces quien estaba al mando.

“Nunca conocimos el número de efectivos con que los Mossos iban a contar”, dijo Nieto, que también comentó que Trapero prometió entregar un nuevo plan y no lo hizo. Número de efectivos es una cuestión bastante concreta. Lo conoces o no lo conoces.

Entra en escena Melero. Oh, sorpresa, sí hubo un segundo informe de los Mossos el 29 de septiembre cumpliendo la orden de la fiscalía, aunque para entonces era la magistrada Mercedes Armas quien había asumido el control. Otra sorpresa. Sí incluía una cifra concreta de agentes, 5.800. Hay además un documento que lo prueba y que está aportado a la causa. Nieto dice después que cree que ese documento del 29 de septiembre “no se dio a conocer”. Luego afirma que cree que el coordinador de los mandos policiales –el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos– sí conocía su contenido, “pero no se hizo de forma documentada”, es decir, no se repartieron copias del escrito. Parecía que la memoria de Nieto empezaba a carburar.

Más allá del número de efectivos, ¿qué otras deficiencias se encontraron en los planes de los Mossos?, preguntó Melero. Por alguna razón, Nieto se metió en una disquisición sobre la palabra 'coordinador', por la figura de Pérez de los Cobos, nombrado por el fiscal superior de Catalunya para dirigir a todos los cuerpos policiales ante el referéndum. “No es lo mismo coordinar que mandar”, explicó Nieto.

El magistrado Marchena intervino para que respondiera a la pregunta, lo que no había hecho. “Entre sus funciones no estaba ordenar algo, sino constatar que el número y despliegue eran insuficientes”, siguió Nieto. “Alguien diría algo”, respondió Melero, que había cerrado la trampa y no iba a soltarla con facilidad. 

Las cifras de policías necesarios, según Nieto

Al poco, se vio por dónde quería ir Melero. Citó dos entrevistas que Nieto dio después del 1-O, a El Periódico y Vozpópuli, donde dio dos cifras muy dispares (60.000 en una y 90.000 en otra) como el número –en realidad, inalcanzable– de policías necesarios para impedir que se abrieran todos los colegios electorales y que se vieran las imágenes que todos recuerdan de ese día. Por tanto, casi admitía que todas las fuerzas policiales estaban ante una misión imposible. Hacer que algún tipo de referéndum no ocurriera estaba fuera de las posibilidades de esas policías. 

Para mayor confusión, Nieto dijo después que, aun con menos agentes, ese día “se consiguió que no hubiera referéndum”. Eso es lo que dijo la semana pasada Mariano Rajoy, una idea que siempre ha encontrado mucho escepticismo, también en su partido. Además, sin referéndum ¿cómo puede haber delitos de rebelión y sedición? 

Otra respuesta extraña de Nieto –a otro abogado de la defensa– planteó más dudas. Él no cree que votaran dos millones de personas, un dato nunca contrastado porque nadie se hizo responsable del recuento. “A nosotros nos daba igual el número de personas que participaran, un millón, dos millones, tres millones”, dijo. Pero si votó sólo un millón, el tan criticado despliegue de los Mossos quizá tuvo un efecto positivo al reducir el número de votos por debajo de la consulta del 9N. 

Melero le pilló también en una falsedad (o, siendo amables, un descuido de memoria) por haber dicho que las fuerzas policiales estaban obligadas a precintar los colegios electorales. No era así desde el auto de la jueza del TSJC Mercedes Armas (sí aparecía esa orden en el auto anterior del fiscal jefe).

El abogado también le preguntó por qué “se decidió prescindir del mecanismo de coordinación” entre las distintas policías (sólo se celebró el 1-O una reunión de las cuatro previstas). Nieto alegó que tuvo comunicación telefónica “constante” ese día con el comisario Ferran López, de los Mossos. 

“Claramente insuficiente e ineficaz”

A pesar del intenso marcaje de Melero, el exsecretario de Estado no fue mal testigo para la fiscalía. Certificó la imputación colectiva a los Mossos como cómplices del 1-O, lo que les convertiría en el 'brazo armado' de la rebelión a ojos de la acusación. Aún no está claro cómo pasará la fiscalía de denunciar una negligencia a una complicidad activa. El despliegue de los Mossos “fue claramente insuficiente, ineficaz y en algunos casos respondía a otro objetivo, dar apariencia de normalidad a lo que no era normal”, dijo Nieto.

Sobre los hechos violentos, base de una acusación de rebelión, Nieto se refirió a lo que todo el mundo ya conoce, en especial los incidentes del 20 de septiembre ante la Conselleria de Economía y el propio 1-O. “La violencia no era simbólica, sino real, porque se estaba atacando un símbolo de autoridad”, dijo en lo que podría ser una descripción de infinidad de manifestaciones en España de las últimas décadas. No supo dar muchos más ejemplos, aparte de acusar a los CDR de “facilitar hechos violentos”.

Para responder a las acusaciones de violencia por las fuerzas de seguridad, Nieto dijo que no hubo cargas policiales, lo que es toda una noticia para los que vieron las imágenes del 1-O. Era una cuestión terminológica. Para él, sólo se trata de una carga policial cuando los antidisturbios desalojan un espacio ocupado por personas. Pero sí dijo que hubo “empleo de la fuerza”. 

Habrá que esperar a ver qué dicen los que eran responsables de los Mossos en esas semanas sobre las acusaciones de Nieto, y cómo las confirman los responsables de Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña. Para entonces, volverá a estar al quite el abogado Xavier Melero. El exsecretario de Estado de Seguridad ya ha descubierto cómo se las gasta. Los demás están avisados.

El ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto ha defendido durante su comparecencia en el juicio del procés que durante el 1-O no hubo cargas policiales “según su definición técnica”. Nieto separa esta definición de la “coloquial o lo que se diga en los medios”.

“No hubo una carga entendida como una actuación con el objetivo de disolver una manifestación o desalojar un lugar ocupado. Eso no se produjo”, ha asegurado este lunes el ex número dos de José Ignacio Zoido en el Ministerio del Interior, palabras que han generado indignación en sectores del soberanismo catalán. Nieto sí ha reconocido que hubo “empleo de la fuerza” y en algunos sitios “de una forma llamativa”.

Nieto también ha destacado que Policía y Guardia Civil hicieron un “uso mínimo imprescindible de la fuerza” el 1-O y ha definido la actuación como “proporcionada y ejemplar”. Sin embargo, cinco juzgados de instrucción catalanes mantienen abiertas causas contra agentes al no considerar proporcional su actuación.

eldiario.es publicó los vídeos incluidos en el sumario del 1-O que grabaron las cámaras de los antidisturbios de la Policía. En el primero y el tercero de los vídeos, correspondientes a las escuelas Mediterrània y Pau Claris, el mando del operativo y un subinspector están doblemente imputados en el juzgado de instrucción 7 de Barcelona por su actuación en ambos colegios.

El juez instructor, en el auto por el que imputó ambos agentes, tildó de “como mínimo indiscriminada y desproporcionada” su actuación porque los agentes intervinieron sin avisar a los votantes concentrados en la puerta de los colegios. La intervención policial inició, según el instructor, “una situación violenta” que fue en aumento “hasta el punto de observarse a personas empujadas por el suelo, una persona con la cabeza ensangrentada y un agente golpeando con su defensa [la porra] en la cara de las personas que ya están desalojadas”.

En el caso del Pau Claris, el juez consideró “desproporcionada” e “incluso peligrosa” la actuación de los agentes en el instituto Pau Claris, donde varios votantes fueron arrojados por las escaleras.

El consejero delegado de Red Eléctrica Española (REE), Juan Lasala Bernad, figura en la lista de personas que propuso el Ministerio del Interior, con Juan Ignacio Zoido todavía al frente, para que sean condecorados con una alta distinción al mérito de la Guardia Civil. La compañía del Ibex 35 que dirige Lasala fichó a Arsenio Fernández de Mesa cuando Zoido prescindió de éste para seguir dirigiendo el instituto armado, en plena polémica por el retrato que desveló eldiario.es y en el que el entonces director general aparecía ataviado al estilo de un general del siglo XIX.

El número dos de Zoido, José Antonio Nieto, firmó una propuesta de condecoraciones el pasado 30 de mayo, que fue remitida a la Dirección General de la Guardia Civil al día siguiente, la jornada en la que se conoció el sentido del voto del PNV en la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy. En esa lista, a la que ha tenido acceso este medio, aparece Juan Lasala como único civil para el que se propone la concesión de la Cruz de Plata.

La Orden del Mérito de la Guardia Civil establece necesario para recibir la Cruz de Plata haber realizado “hechos que, sin reunir la condición de riesgo personal exigida para la Cruz de Oro, supongan una relevante colaboración con la Guardia Civil o revistan, por su naturaleza, un carácter o mérito tan relevante que requieran el alto reconocimiento y esta especial distinción”. 

El Gobierno del Partido Popular convirtió Red Eléctrica Española en una suerte de agencia de colocación para personas del partido y sus entornos. Su presidente no ejecutivo, José Folgado, fue secretario de Estado de Aznar. El propio Folgado se rodeó a su vez de colaboradores suyos en el Ministerio de Economía o en el Ayuntamiento de Tres Cantos y así hasta superar la decena de casos. Otro exsecretario de Estado, Alberto Nadal, llegó a ser consejero de REE durante unas horas, en marzo de 2012, junto al marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro. Ambos dimitieron por el escándalo generado. El mayor accionista de REE, que cotiza en el Ibex 35, es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el 20%. 

Fernández de Mesa dejó la dirección de la Guardia Civil en noviembre de 2016 y en enero de 2017 fue fichado por Red Eléctrica con un sueldo no inferior a los 150.000 euros anuales. Todos los trabajos que ‘Cuco’, apelativo cariñoso de su entorno, ha desempeñado desde los 21 años habían tenido que ver con la política. Amigo personal de Mariano Rajoy, no se separó nunca del ya expresidente, ni siquiera tras las derrotas políticas. Llegó a delegado del Gobierno en Galicia y allí tuvo que lidiar con la crisis del Prestige. “Probablemente el fuel no toque nunca la costa gallega”, dijo en rueda de prensa.

El escudero de Rajoy, de jardinero al sector energético

El episodio del cuadro fue la gota que colmó el vaso de la paciencia en la cúpula de la Guardia Civil. Generales y otros mandos criticaban en privado la ausencia de gestión durante su mandato y el interés en promocionar su imagen personal. Fernández de Mesa empezó de jardinero, pero siempre quiso ser militar, como confiesa en círculos reducidos. De ahí su interés por ser renovado como director general de una policía de naturaleza militar, objetivo que frustró la polémica del retrato.  

Quien ha tratado a Fernández de Mesa no se sorprendió que posara con 14 medallas y un bastón de mando y que pretendiera dejar ese retrato en dependencias de la Guardia Civil.. Él siempre defendió que el retrato era el regalo de un guardia civil jubilado que no le dejó pagarlo y que en ningún modo pretendía que fuera su legado para la galería de antiguos directores generales de la sede de la calle Guzmán el Bueno. 

En Red Eléctrica, Fernández de Mesa cubrió la vacante de otro responsable del PP, Agustín Conde, exalcalde de Toledo al que María Dolores de Cospedal llamó para ser secretario de Estado de Defensa. La compañía justificó el fichaje de Arsenio Fernández de Mesa por su experiencia y conocimientos en materia de seguridad integral.

El Ministerio del Interior, ni las direcciones generales de Policía o Guardia Civil, comentan en caso alguno los méritos específicos paras concesiones de este tipo de distinciones. En el caso de Lasala y todos los propuestos por el anterior Ministerio días antes de abandonarlo será el actual titular del departamento, Fernando Grande-Marlaska, quien rubrique finalmente o no, la concesión de las medallas de Guardia Civil. La Cruz de Plata al Mérito Civil no lleva aparejada una remuneración.

Consultada la eléctrica, fuentes de REE aseguran que desconocen la propuesta de condecoración para Lasala, pero recuerdan que “al menos dos personas” de su organigrama han sido reconocidas con medallas al mérito en el pasado por sus colaboraciones con Defensa y las Fuerzas de Seguridad del Estado, una relación que es “habitual” con el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), dependiente del Ministerio del Interior. 

En la misma lista que Lasala aparece el consejero delegado de Red Eléctrica también figuran una serie de colaboradores del propio ministro y del secretario de Estado, propuestos por éste último para que la Guardia Civil les condecore en su proxima festividad de la Virgen del Pilar. Es la lista que salió de Interior el día que Rajoy comenzó a decir adiós a la Presidencia del Gobierno.

Cuando en marzo de 2016, volví de cubrir en la isla griega de Lesbos la llamada “crisis de los refugiados”, la realidad en España me dio una bofetada. Los informativos abrían con manifestaciones pro y anti taurinas en Valencia. Unas 12.000 personas se manifestaban por un tema tan esencial y urgente mientras al extremo opuesto del Mediterráneo, total, sólo se ahogaban seres humanos, los supervivientes quedaron atrapados por el cierre de fronteras y amenazados con la deportación por el pacto UE-Turquía y tres rescatadores, conciudadanos nuestros, Manuel Blanco, Julio Latorre y Enrique Rodríguez, más dos daneses eran acusados de intentar traficar con personas.

Ahora acabo de aterrizar del juicio, en Mitilene, a los bomberos de ProemAid y voluntarios de Team Humanity, felizmente absueltos. También de entrar en los campamentos aún más atestados que hace dos años. Sea por casualidad o porque el proceso legal a los sevillanos haya devuelto el drama migratorio al foco mediático, en prensa, radio y televisión se abre paso, algo, el neo-holocausto del Mediterráneo (entre el Día de la Marmota del procés y la locura de Trump dispuesto, como Nerón incendió Roma, a quemar el planeta).

Dentro de la cobertura, punto álgido ha sido la emisión este domingo del Salvados de Jordi Évole, Después de Astral. Estoy doloridamente familiarizada con el infierno que muestra, tanto por mi experiencia, como por haber visto documentales y reportajes como To Kyma o Astral, ambos también sobre la ONG de socorristas de Badalona ProActiva Open Arms, y Fuocoammare, Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín, Socorrer a los migrantes en la ruta de los Alpes (canal ARTE), o Samba, un nombre borrado.

Hombres, mujeres y niños entumecidos en las balsas tras horas a la deriva, temiendo la muerte. Personas cayendo al mar, rescatadas in extremis por una entidad civil de voluntarios, en vez de por un rescate oficial que los europeos pagáramos. Pero también el horror en sus ojos. Las miradas traspasan. Son mirillas al hambre y la sed, la persecución y tortura por razones políticas o arbitrarias, en sus países de origen y los de tránsito. Las violaciones. De todos sus derechos, de su dignidad. Y sexuales.

Tanto a varones como, sobre todo, a las mujeres, doblemente victimizadas como siempre. Embarazadas en la ruta o con bebés de quienes las violaron. Sobre todo, en Libia. Lo peor es Libia, se sabe. Está documentado. Hay imágenes y sonido. La CNN emitió este noviembre de 2017 Subasta de esclavos en el siglo XXI, donde se prueba que en Libia, desde 400 euros, se venden personas a las que llaman “mercancía”. Miradlo. Seis minutos y medio. Se ven las subastas. Se muestra a quienes han logrado escapar de los dueños que les apaleaban. Esperan como en jaulas a que los traficantes les lancen en las balsas al Mediterráneo. Cuentan que hasta les metían objetos cortantes por el ano. Lo ha rodado y contado, con riesgo para su seguridad, una colega periodista, una gran profesional, mujer y ciudadana valiente, la reportera sudanesa Nima Elbagir.

Por eso, lo que más me ha escandalizado del Después del Astral de Évole, lo que 48h después aún me da náuseas, es el cinismo y la ineptitud del número dos del Ministerio de Interior español, José Antonio Nieto, cuando reconoce: “No sé a quién llegan los 130 millones de euros que la UE entrega Libia. No sé en qué porcentaje es una mejora de la situación en el Mediterráneo y en qué porcentaje está amparando situaciones como esas”. Las “situaciones” son las que previamente ha leído Évole del informe del Alto Comisionado de la ONU de Derechos Humanos: “Libia es un país que permite la esclavitud, violaciones, agresiones sexuales y asesinatos cometidos en nombre del control de la migración”.

No cabe una frivolidad mayor y más peligrosa por parte de todo un Secretario de Estado de Seguridad, que es el cargo que ostenta José Antonio Nieto, que admitir a cámara sin sonrojo ni temblor en la voz, sin vergüenza, que ignora si los grupos libios a los que financia (porque en Libia tras la caída de Gadafi no hay Estado ni gobierno oficial sino tres focos tribales enfrentados) son pertinaces violadores de derechos humanos.

Esa ignorancia confesa cuesta vidas cada día. De personas, adultos y niños, como los que veis en estas fotografías. Y, además, es un riesgo para la ciudadanía española. Porque mientras el Secretario de Estado no se molesta en poner –o encargarlo a alguien del Ministerio - una alerta en Google sobre “Libia y migración” para que le lleguen noticias -¡no hablemos ya de pedir informes a nuestra Inteligencia!, en la base naval de Cartagena (Murcia) se adiestra a guardacostas libios.

De estos que Nieto no sabe si se dedican a subastar y torturar personas. Los que han encañonado, en alta mar, a los rescatadores españoles de misiones como MayDayTerraneo (de ProemAid y SMH) o Proactiva OpenArms. Y, podrían convertirse en el discípulo que muerde la mano que le da de comer. Como pasó con Al-Qaeda, financiado por EEUU para luchar en Afganistán contra la URSS y luego voló las Torres Gemelas –reconocido por Hillary Clinton en el Congreso de EEUU y entrevista a Greta Van Susteren, en Fox News-. Evitar esa potencial catástrofe es una labor de tal responsabilidad, que no podemos dejarla en manos del insensato José Antonio Nieto.

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, tiene previsto visitar el Complejo Central de los Mossos d'Esquadra mañana martes, horas después de que arranque la campaña electoral del 21 de diciembre. El número dos del Ministerio del Interior se reunirá con los principales mandos de la policía autonómica y presenciará una exhibición de las unidades más características del Cuerpo, han informado a eldiario.es fuentes conocedoras de la visita. 

Según el plan distribuido a la cúpula de los Mossos d'Esquadra, Nieto llegará a las 11 de la mañana al complejo de Egara, en Sabadell. El número dos del Ministerio será recibido por la cúpula, con la que mantendrá un desayuno restringido. Después participará en una reunión de trabajo con 15 comisarios y 8 intendentes. Por último asistirá a la exhibición de unidades como la Brimo (Brigada Móvil), Arro (Área Regional de Recursos Operativos), Tedax (artificieros), guías caninos o el Grupo de Especial Intervención, la intervención de élite de los Mossos, entre otros. 

Nieto arranca esta tarde en Barcelona su periplo por Cataluña. A las 17:30 horas preside una reunión en la Delegación del Gobierno para coordinar los recursos y planes de todos los cuerpos policiales respecto a las elecciones del próximo 21 de diciembre, cuya campaña arranca a las 24 horas de este lunes. Interior no ha informado de esta visita. 

Mientras Nieto lidera la expedición del Ministerio del Interior a Cataluña, el máximo representante del Ministerio permanecerá en Sevilla. Una hora antes de la reunión en la Delegación del Gobierno, Juan Ignacio Zoido llegará a una fábrica de polvorones, Dulces Olmedo. Según ha informado el Ministerio del Interior, el ministro estará acompañado del alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñox, y del presidente del Consejo Regulador de Polvorones y Mantecados de Estepa, Eusebio Olmedo.  

Mañana martes, el ministro ha optado por visitar la sede de su partido en Sevilla, con motivo de la próxima celebración del Día de la Constitución. Esa será su actividad mientras su número dos visita el 'cuartel general' de los Mossos. Por la tarde, Zoido visitara la exposición “Murillo y su estela en Sevilla”.

“Esta situación responde, una vez más, a una campaña de acoso y derribo contra José Antonio Nieto”, actual secretario de Estado de Seguridad y número dos del Ministerio de Interior. Esta ha sido la respuesta oficial que ha emitido el PP de Córdoba tras haberse conocido que la investigación de la Guardia Civil en la trama Púnica apunta a una posible financiación irregular de los populares en la etapa en que Nieto era el presidente del partido en Córdoba.

La Guardia Civil habría encontrado facturas del año 2008 que probarían que el PP de Córdoba, liderado entonces por Nieto, se financió de manera irregular haciendo que el grupo inmobiliario Prasa se hiciera cargo de unas facturas con una empresa de publicidad. En concreto, se han hallado correos electrónicos y facturas que probarían que una filial Prasa, Hitos Urbanos SA, asumió deudas en publicidad del partido en la provincia cuando lo presidía José Antonio Nieto. En esos correos, además, aparece en comunicación el actual portavoz el PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido.

“No hay financiación ilegal”

Sobre todo esto, el PP cordobés ha emitido un comunicado en el que niega las acusaciones derivadas de la investigación de la trama Púnica y afirma que siempre ha cumplido la ley. “En el Partido Popular de Córdoba no hay financiación ilegal. El PP de Córdoba siempre ha cumplido escrupulosamente la Ley al financiarse con fondos propios y, las distintas campañas electorales, con los fondos asignados por la dirección nacional del PP para gasto electoral. Unos fondos que nunca hemos sobrepasado”, aseguran, aportando en esa línea una serie de “pruebas que confirman el pago de nuestros gastos”.

En estos mismos términos se ha expresado el actual presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, que en una comparecencia pública se ha remitido a lo expresado vía comunicado por su partido. “Sobre el mail publicado se desprende que hacemos las facturas. No tengo constancia de que hayamos pedido que no se anulen correos”, se ha limitado a ampliar.

Los populares defienden que “la contabilidad del PP de Córdoba es totalmente pulcra y transparente, auditada todos los años por la dirección nacional del PP y por el Tribunal de Cuentas”. Y describen que, “en este momento, todos los pagos se hacen desde el PP de Córdoba por transferencia bancaria de manera totalmente transparente y acorde a la legislación”, aunque no precisan cómo se hicieron en la época investigada. “El PP de Córdoba es un partido austero y no tiene nada que ocultar”.

Apuntan, sin embargo, directamente a la difusión de estas informaciones con un objetivo directo en Nieto, también exalcalde de Córdoba. “Esta situación responde, una vez más, a una campaña de acoso y derribo contra José Antonio Nieto. En el primer intento (en referencia a la reunión que mantuvo Nieto con el hermano de Ignacio González tras saberse investigado en la operación del Canal de Isabel II de Madrid) se demostró que no había nada que ocultar, al igual que pasará ahora”, aseguran.

“Desde el PP de Córdoba no vamos a admitir ninguna campaña de manipulación que desprestigie la imagen del partido”, y no dudan en anunciar acciones legales “contra todo el que ponga en duda la honestidad del partido y sus miembros”.

La Guardia Civil ha encontrado facturas que probarían que el PP de Córdoba, liderado entonces por el secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, se financió de manera irregular haciendo que el grupo inmobiliario Prasa se hiciera cargo de unas facturas con una empresa de publicidad.

En concreto, ha encontrado en una agencia de publicidad investigada en el marco del caso Púnica, Laboratorio Springer & Jacoby, facturas que implicarían que el PP de Córdoba se financió en 2008 con dinero de la empresa Hitos Urbanos SA, filial de de la inmobiliaria Prasa, según ha desvelado El Confidencial este lunes. 

El mismo medio de comunicación apunta que los documentos ya están en poder del titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional instructor del caso, Manuel García-Castellón. En concreto, la clave está en un correo electrónico al que ha tenido acceso El Confidencial con el encabezamiento “Pendientes del PP de Córdoba”, fechado el 28 de abril de 2008, donde se darían instrucciones sobre cómo proceder para cobrar una supuesta deuda contraída por el partido, en concreto por 12.000 euros, IVA incluido.

La misma información deja entrever no sólo que el PP de Córdoba habría asumido parte de sus gastos con dinero de Prasa, sino que se habría recurrido a facturas falsas siguiendo el sistema que la Guardia Civil ha descubierto para el partido en Madrid con el objetivo de que la fiscalización a la que están sometidas por ley estas organizaciones no pudieran detectar la irregularidad. 

Dicha empresa habría sido contratada por el PP de Córdoba en el marco de las elecciones de dicho año para llevar su campaña electoral y las facturas se habrían falseado para evitar superar el límite fijado para publicidad. 

El Ministerio del Interior ha elegido al comisario Juan Manuel Calleja para ocupar el puesto de consejero en la Embajada española en Argelia, uno de los destinos considerados un premio dentro del Cuerpo. El nombramiento se produce dos años después de que Calleja fuera destituido de su puesto de número dos en la Jefatura Superior de Madrid por reunirse con el presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa.

El comisario concertó la reunión sin conocimiento de los investigadores del caso, ni del juez, gracias a la intermediación del entorno del mafioso ruso Kalashov y mientras Correa negociaba en secreto con la Fiscalía Anticorrupción. Calleja, de 60 años, ocupa en la actualidad el puesto de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), a donde ascendió después de ser apartado a la División Económica y Técnica. Fuentes policiales apuntan a que su retribución mensual de Calleja en Argelia superará los 10.000 euros brutos mensuales.

Una mañana de marzo de 2015, Francisco Correa entró en la sede de la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un vehículo policial. Los agentes habían ido a recogerle a su domicilio después de concertar la cita con el comisario Calleja, entonces jefe de Operaciones de la Jefatura de Madrid. Desde enero, Correa negociaba en secreto con Anticorrupción una rebaja en la petición de condena en la conocida como Primera Época de Gürtel y la devolución de parte de su patrimonio en el extranjero, a cambio de tirar de la manta.

La reunión en el edificio de la calle Federico Rubio y Galí se prolongó por espacio de dos horas, al término de la cual, los agentes devolvieron a Correa a su domicilio. Según fuentes conocedoras del encuentro, el cabecilla de Gürtel no ofreció información novedosa. La reunión era conocida por el director adjunto operativo de la época, Eugenio Pino, el artífice de la policía política, quien no informó a nadie por encima en el organigrama de la Policía y el Ministerio. Sin embargo, solo Calleja pagó por la maniobra.

La reunión en la sede de la Jefatura se llevó a término con la participación de un individuo conocido como ‘Jaled’, que los Servicios de Información españoles sitúan en el entorno de Zakhar Kalashov, el jefe de la mafia encarcelado durante siete años en España y que en octubre de 2014 fue extraditado a Rusia. El tal ‘Jaled’ mantenía una relación desde hacía años con el comisario Calleja, que el policía ha venido defendiendo ante sus superiores por motivos profesionales.

Sin embargo, ese trato profesional entre el comisario y 'Jaled' se veía con recelo desde el principio en el ámbito judicial y policial, especialmente desde que Calleja contactara a finales de 2011 con el juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, para interceder en la concesión de un permiso penitenciario a Kalashov, ‘rey de reyes’ en la mafia rusa.

En mayo de 2015, dos meses después del encuentro con el comisario Calleja, Correa cortó de improviso las negociaciones que mantenía con las acusaciones populares para que éstas también rebajaran sus peticiones de condena y para el pago de la responsabilidad civil. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción consideraba que el principal acusado de Gürtel exigía unas condiciones desorbitadas para la información que ofrecía.

Francisco Correa desveló finalmente en el juicio, que arrancó en octubre de 2016, que la gran obra pública de Aznar llevaba un 3% de comisiones para el PP, de las que una parte se quedaban Luis Bárcenas y él. Cuando el juez del caso de la caja B, José de la Mata, llamó a Correa para que ratificara esa revelación y la detallase, el cabecilla de Gürtel se negó a declarar.

Las ansiadas embajadas

Las altas remuneraciones en las embajadas los convierten en destinos muy preciados en el seno del Cuerpo Nacional de Policía. Los distintos gobiernos los han utilizado para premiar a agentes destacados durante sus mandatos o simplemente a los que consideran afines ideológicamente. Los sueldos de agregado o consejero de Interior dependen de las actualizaciones que el Ministerio de Hacienda hace anualmente del Real Decreto 6/1995, basadas en el nivel de vida del país.

Para ser designado es necesario que la Comisión de Destinos en el Exterior del Ministerio del Interior eleve una propuesta al ministro de turno. Esta comisión está compuesta por siete cargos de la cúpula del departamento, con el secretario de Estado de Seguridad al frente. Su margen de maniobra es escaso, ya que debe decidir entre tres candidatos ya preseleccionados por la Dirección Adjunta Operativa.

Precisamente, otro de los que acaban de ser elegidos para ocupar un puesto en una embajada procede de Córdoba, la ciudad de la que fue alcalde hasta su nombramiento el actual secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. Domingo Suárez es en la actualidad jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la provincia de Córdoba.

A Senegal ha sido enviado el comisario Jorge Andino Zamañino, que sustituye a Nicolás Meca, destituido después de que eldiario.es desvelara que estaba siendo investigado por contrabando de bolsos hechos con piel de una serpiente protegida. El resto de nombramientos son María José Bustos, a Alemania; Francisco Javier Moñux, a Marruecos; y Daniel Salgado, a Venezuela.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, está detrás de la decisión de difundir a los medios de comunicación un informe mutilado de sus subordinados en el que se recogen las sospechas sobre el número dos del Ministerio del Interior, José Antonio Nieto, en relación con el chivatazo que alertó a Ignacio González y su entorno de la existencia de la Operación Lezo.

Se trata de un extracto del escrito en el que los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García se oponen a la puesta en libertad del expresidente de la Comunidad de Madrid y que ha servido para alertar al secretario de Estado de Seguridad de las sospechas que recaen sobre él.

Fuentes del caso aseguran a eldiario.es que la difusión de esa parte del informe ha comprometido cualquier investigación sobre la presunta implicación del secretario de Estado de Seguridad en el chivatazo o chivatazos recibidos por la presunta trama criminal liderada por Ignacio González.

La visita a Nieto de Pablo González en la sede del Ministerio a principios de marzo trascendió el 22 de abril, tres días después de las detenciones. El secretario de Estado negó desde ese mismo momento haber abordado con Pablo González la existencia de una operación. El Ministerio del Interior ha estado buscando en los últimos días el registro de la visita de Pablo González sin éxito, lo que añade aún más confusión al encuentro, según fuentes del departamento que dirige Juan Ignacio Zoido.

El número dos de Interior alegó al trascender el encuentro, y sigue haciéndolo, que conoce a Pablo González de su etapa como alcalde de Córdoba, ciudad en la que Mercasa se implantó de la mano del hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid. Este habría solicitado una reunión con Nieto para felicitarle por su nombramiento y solicitar la implicación de la Secretaría de Estado de Seguridad en próximos proyectos de Mercasa, según la versión del político.

Sin embargo, la relevancia que los fiscales del caso dan a esa reunión, a pesar de las explicaciones ofrecidas por el secretario de Estado, han trascendido cuando Moix y la Fiscalía General han trasladado parte del informe bajo secreto. Las conclusiones de los fiscales ahí incluidas distan mucho de la versión de Nieto.

Carlos Yáñez y Carmen García aseguran en su informe que una grabación a Ignacio González y sus dos hermanos “evidenció el interés de todos ellos por conocer quién estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía vinculado a los problemas de Ignacio González por la presunta investigación ‘chivada’ del secretario de Estado de Seguridad”. En otro punto de la parte filtrada, los fiscales hablan de la “especial gravedad” del encuentro entre Pablo González y el secretario de Estado “por lo que ello puede implicar”.

Después de reunirse con el número dos de Interior, Pablo González telefoneó a una persona y le dijo que el encuentro había sido “muy interesante”, pero que prefería no contárselo por teléfono, según publicó la cadena SER.

Un portavoz de la Fiscalía General del Estado reconoce que el escrito fue “recibido” en su sede ya mutilado con Anticorrupción como remitente. Fuentes de la fiscalía especializada consultadas por eldiario.es aseguran que Carmen García advirtió a Moix de que el escrito no podía ser puesto en conocimiento de los medios de comunicación por el secreto que pesa sobre el sumario. El otro fiscal, Carlos Yáñez, ni siquiera fue consultado, precisan.

Esas fuentes niegan así taxativamente la versión que ofrecen otras próximas al fiscal jefe, según la cual Carmen García accedió a la propuesta del fiscal jefe de publicar una parte del informe. La Fiscalía defiende que esa parte del informe, a pesar de estar secreto, no revela nada que ya se conociera de anteriores filtraciones.

A través de la Fiscalía General del Estado

A las 14.05 horas del martes, los medios de comunicación recibieron un correo electrónico de la Fiscalía General del Estado en el que se adjuntaban los escritos de Anticorrupción negándose a la libertad de González y de su directivo del Canal de Isabel II para América Latina, Edmundo Rodríguez Sobrino. El informe sobre González constaba de 43 páginas, pero 36 no eran adjuntadas por decisión de Anticorrupción, según explicó la Fiscalía General. Moix había solicitado a los fiscales el informe el lunes, éstos se lo entregaron y al día siguiente lo remitieron al juez Eloy Velasco.

Fuentes jurídicas consideran inaudita la difusión de una parte de un informe de Anticorrupción que pertenece a una causa sobre la que el juez ha dictado el secreto de sumario. Se pronuncian en el mismo sentido sobre la reacción del político, un miembro del poder ejecutivo que exige explicaciones a la Fiscalía sobre una investigación que está bajo secreto.

La consecuencia más evidente de la publicación del informe ha sido la airada reacción del secretario de Estado exigiendo explicaciones a través de un oficio remitido a la Fiscalía Anticorrupción el martes por la noche y cuyo contenido fue publicado al poco por numerosos medios de comunicación. La reacción de Anticorrupción llegó a la mañana siguiente cuando Moix declaró que “el señor Nieto no tiene nada que ver con este tema”.

Con esa afirmación tan rotunda del fiscal eximiéndole de cualquier responsabilidad, Nieto hizo una ronda por distintos medios de comunicación y por la tarde acudió al Congreso de los Diputados, donde estaba prevista con anterioridad una comparecencia suya por otras cuestiones. Las fuentes del caso insisten en que la línea de investigación sobre el secretario de Estado ha quedado seriamente dañada.

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha señalado que no se “ha planteado dimitir” tras conocerse “la famosa reunión”, en sus propias palabras, con Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ambos encarcelados en la operación Lezo.

“Le he reiterado a mi ministro mi absoluta lealtad desde el primer momento y le tengo que agradecer su confianza en todo momento. Tiene mi cargo a su disposición desde el minuto uno en que tomé posesión”, ha explicado el secretario de Estado de Seguridad. Juan Antonio Zoido, ministro del Interior, ha salido en reiteradas ocasiones a defender la actuación de Nieto.

Nieto ha comentado que no teme “acabar imputado porque sé que no hay ningún hecho que se me pueda achacar que sea constitutivo de delito, pero si hubiera alguna duda o algún error estoy a disposición de la Justicia para aclararlo”.

También ha admitido que desconoce si está siendo investigado por la Fiscalía por este asunto y ha dicho que “los fiscales deben actuar como tienen que actuar, tienen libertad e independencia para hacerlo, deben hacerlo con todas las consecuencias, le pese a quién le pese. Si es un problema para mí estoy dispuesto a asumirlo, tengo la conciencia tranquila, cuando termine esta investigación todo volverá a su cauce”. 

El número 2 del Ministerio del Interior hacía estas declaraciones antes de entrar en la comisión de Interior del Congreso para informar sobre la lucha contra el crimen organizado.

Nieto ha asegurado que tiene “la tranquilidad” de saber qué ocurrió en esa reunión y ha insistido en que “no hay nada” de lo que tenga que arrepentirse. Nieto ha admitido: “Lamento la mala suerte de que se produjera esa reunión y confío en la Justicia, en que el tiempo nos permita conocer el sumario y que todo nos lleve a la auténtica verdad”.

“He tratado de ser absolutamente leal a la verdad, voy a seguir colaborando en todo lo que tenga que ver con la investigación y en el trabajo que tengan que realizar tanto los jueces como los fiscales. Espero que se vayan aclarando las dudas, las conjeturas y los planteamientos que sean poco transparentes para que podamos transmitirle a la sociedad la tranquilidad que merece”, ha señalado Nieto.

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha rechazado este miércoles cualquier implicación en un presunto chivatazo a Pablo González -directivo de Mercasa encarcelado en el marco de la operación Lezo- durante una reunión que tuvo lugar el pasado 8 de marzo.

“Ojalá esté grabada y se pueda publicar, porque sinceramente tener que probar que uno es inocente hace tiempo que se demostró que era casi imposible. Pero en estas condiciones es peor”, ha lamentado esta mañana durante una entrevista en Onda Cero.

Nieto ha vuelto a pedir explicaciones por las alusiones que se realizan sobre él en un documento de la Fiscalía Anticorrupción para oponerse a la petición de libertad de Ignacio Lugar, que ha dado lugar a algunas interpretaciones periodísticas sobre su posible implicación en el chivatazo a los hermanos González. El número dos de Interior exige que se le informe de las actuaciones bajo secreto de sumario porque afectan a su trabajo, aunque una portavoz de la Fiscalía General del Estado negó este miércoles que la intención de los fiscales fuera atribuirle el chivatazo.

“No he visto ese documento de ese sumario secreto de la operación Lezo. Se lo he pedido a los medios, que entiendo que tienen una fuente solvente: 'oiga, ¿tienen el documento?' Porque yo no puedo acceder a él”, ha explicado durante la entrevista, en la que también ha señalado que no hablado nunca con Ignacio o Isabel González. Según relata, ningún medio ha podido confirmarle tener acceso a las alusiones que se realizan hacia él.

Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha disculpado la reunión de su subordinado con uno de los principales cabecillas de la Operación Lezo: “Ya dejó claro [Nieto, en su comparecencia en una comisión del Congreso] que era protocolaria, que se produjo mes y medio antes de su detención y que no sabía que estaba siendo investigado. No me dijo nada, ni que se iba a reunir ni el resultado”. Zoido defendió además que el encuentro “protocolario” duró “cinco minutos” y calificó como “suficientes exhaustivas y razonables” las explicaciones del secretario de Estado de Seguridad.

La cronología de la actuación de Interior en este caso es la que sigue: el 6 de marzo se reúnen los tres hermanos González, Pablo, Ignacio e Isabel. El 8 de marzo, Pablo González concertó un encuentro con el número dos de Interior, definida por Nieto como un encuentro con un directivo de Mercasa donde solo se habló de la seguridad de los mercados mayoristas. “No me hizo ninguna referencia a este tema. Tampoco habría podido decirle nada porque desconocía la investigación. Si hubiera tenido conocimiento, tampoco lo habría dicho”, ha afirmado. El objetivo de González con el encuentro era “probablemente retomar un contacto antiguo”.

Según el escrito de Anticorrupción, la primera conversación que se graba a los tres hermanos “evidenció el interés de todos ellos por conocer quién estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía vinculado a los problemas de Ignacio González por la presunta investigación 'chivada' del secretario de Estado de Seguridad”.

El número dos de Interior remitió ayer un oficio con membrete oficial del ministerio en el que conminaba a los fiscales del caso Lezo a darle explicaciones sobre el documento remitido a la Audiencia Nacional. Esta forma de proceder de Nieto ha causado perplejidad en el ministerio público. El portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García Ortiz, ha calificado en una entrevista en la cadena SER como “inaudita” esa forma de proceder de Nieto.

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha remitido un escrito sin precedentes a la Fiscalía Anticorrupción en el que exige “ser informado” de distintas actuaciones que se encuentran bajo secreto del sumario, dictado por un juez de la Audiencia Nacional. El motivo esgrimido para la exigencia del número dos de Interior es que las interpretaciones periodísticas de un escrito de Anticorrupción sobre su supuesta implicación en el chivatazo a la red de Ignacio González tienen “gravedad y trascendencia” en el ejercicio de sus funciones.

La Fiscalía Anticorrupción ha difundido poco después de las 14:00 horas de este martes una parte del escrito en el que se opone a la libertad de Ignacio González. Se trata de un informe de 43 páginas, firmado por los fiscales del caso Lezo, del que solo se ha puesto en conocimiento de los periodistas 7 de ellas, con el objeto de no violar el secreto de sumario. Un párrafo redactado de una forma confusa ha desatado distintas interpretaciones y muchos medios han atribuido a la Fiscalía una acusación directa al secretario de Estado de Seguridad. 

En el escrito de Anticorrupción, también de una causa secreta, se alude a una reunión de Ignacio González, su hermano Pablo -también en prisión- y la hermana de ambos, diputada en la Asamblea de Madrid. Una conversación grabada a los tres “evidenció el interés de todos ellos por conocer quién estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía vinculado a los problemas de Ignacio González por la presunta investigación ‘chivada’ del secretario de Estado de Seguridad”. En otro punto, los fiscales hablan de la “especial gravedad” del encuentro entre Pablo González y el secretario de Estado “por lo que ello puede implicar”.

A lo largo de la tarde, una portavoz de la Fiscalía General del Estado negó que la intención de los fiscales fuera atribuir el chivatazo a Nieto y ya por la noche trascendió el oficio del número dos de Interior hacia la Fiscalía Anticorrupción. En él, Nieto solicita “ser informado sobe la existencia de la citada acusación”. Y añade: “De serlo, conocer en qué términos se ha producido y, si los términos coinciden con lo aparecido en los medios de comunicación, cuáles son los cargos que se imputan a este secretario de Estado y sobre la base de qué hechos objetivos”.

El secretario de Estado de Seguridad tuvo que comparecer en el Congreso después de que se difundieran conversaciones de las que se desprendía que al día siguiente de la reunión entre los hermanos González, uno de ellos, Pablo, había ido a visitar a Nieto. El número dos de Interior explicó que Pablo González y él se conocían de Córdoba, donde Mercasa, una de las empresas públicas investigadas, había desarrollado proyectos con el hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid al frente. La visita, según Nieto, buscaba la colaboración de la Secretaría de Estado en otros proyectos de la empresa pública.

En su oficio, el secretario de Estado también solicita saber, si es que hay una investigación contra él, “ser informado sobre los motivos por los que hasta la fecha no ha sido notificada a quien suscribe referencia alguna sobre estos hechos tan graves como para sustentar dicha acusación en un escrito oficial del Ministerio Fiscal”.

Y añade un tercer punto en el que remata: “En caso de no ser cierta o ser inexacta la información publicada, que desde esa Fiscalía Anticorrupción se emita una nota aclaratoria a los medios de comunicación matizando o desmintiendo la noticia referida para evitar el daño que dicha información está provocando a la Secretaría de Estado de Seguridad y su titular”.

La decisión de la dirección nacional del PP de impedir que el actual presidente de los populares en Córdoba, José Antonio Nieto, se presentase a la reelección por su incompatibilidad al ocupar también el cargo de secretario de Estado de Seguridad, pilló por sorpresa al partido en la provincia cordobesa. No había aparecido ningún otro nombre de cara al próximo congreso del 3 de junio y, muy al contrario, cargos y militantes del PP cordobés habían lanzado una campaña en Twitter en apoyo al liderazgo de Nieto, pero el partido se encontró, de un día para otro, descolocado.

Así las cosas, el paréntesis de la Semana Santa les sirvió para encauzar a toda prisa la situación a la que se vio abocado el partido de manera inesperada, pero no para presentar una candidatura de consenso. Finalmente, serán dos las personas que se postulen para ocupar la presidencia del PP cordobés a partir de junio: Adolfo Molina -actual secretario general de la formación en Córdoba y parlamentario andaluz, que cuenta con los apoyos trasladados desde el sector oficial que antes apostaba por Nieto-, y Rosario Alarcón, parlamentaria andaluza y número 1 por Córdoba en las elecciones de 2015, que precisamente con su silencio se desmarcó con anterioridad del apoyo al actual presidente del PP cordobés.

La balanza, a primera vista y a falta del recorrido que pueda darse en los días de campaña interna que comienzan este 27 de abril, está claramente del lado de Adolfo Molina. Ha sido señalado como sucesor ‘natural’ directamente por Nieto y cuenta con la riada de apoyos de cargos públicos y orgánicos que aunaba la dirección saliente. Y eso se ha visto ya en la recogida de avales que los dos candidatos han presentado esta semana para hacer oficial su candidatura a la presidencia del partido: 1.759 han logrado reunir Molina por los 333 que ha sumado Alarcón. Si esos datos se traducen como el apoyo que cada candidato tiene realmente entre la militancia, la batalla puede darse por descafeinada de antemano.

Cada uno de ellos, a través de las redes sociales, ha valorado este primer round de cara a la presidencia del partido. Molina daba las gracias “de corazón a los más de 1.700 afiliados de toda la provincia que me han apoyado para presidir el PP de Córdoba”. Y mientras, Rosario Alarcón se mostraba “muy satisfecha” por “el resultado que hemos obtenido en un tiempo récord”, aunque pedía “disculpas” por no haber podido recoger más avales por “falta de medios técnicos”.

Salvaguardar la unidad

Pero la batalla de los apoyos internos de cada uno de los candidatos ha sufrido una variación crucial en los últimos días. Y es que, si hasta ahora se había enmarcado a Rosario Alarcón en el sector del PP que cuenta con el apoyo del presidente de los populares en Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, éste ha mostrado su adhesión a la candidatura de Adolfo Molina, convirtiéndolo en el candidato oficialista tanto de la dirección del PP cordobés como de los populares andaluces.

Moreno Bonilla expresó su apoyo a Molina en la Ejecutiva Regional del PP celebrada el pasado día 20 de abril, donde apostó por él y tomó la palabra para incidir en el mensaje de unidad que viene defendiendo desde hace meses. Y esa necesidad de unidad ha hecho variar el juego de equilibrios entre los dos candidatos cordobeses, para que uno de ellos cuente con el máximo número de votos posible.

Así, esta adhesión rebaja las expectativas de Rosario Alarcón para hacerse con la presidencia del PP cordobés, pues contaba como baza que podía recibir todo el apoyo de Moreno Bonilla, de quien había recibido la confianza para ser portavoz adjunta de su grupo en el Parlamento de Andalucía y al que se considera responsable de que José Antonio Nieto no pueda seguir en el cargo de presidente del partido en Córdoba.

Este movimiento ha descolocado la candidatura de Alarcón que, con ello y el reducido número de avales recogidos frente a su adversario, ve menguar sus posibilidades de éxito. Sus apoyos –una vez que los oficialistas se llevan los de los cargos públicos y orgánicos del PP- pasan por la militancia e incluso por algún nombre histórico del PP cordobés, como el expresidente provincial Enrique Bellido, que hace 15 años fue desbancado de su cargo y sustituido por una gestora.

A partir de ahora, se abren diez días de campaña electoral interna para Adolfo Molina y Rosario Alarcón. Los militantes están llamados a votación el 8 de mayo para mostrar su apoyo a una u otra candidatura. Quien gane -al conseguir más del 50% de las adhesiones habiendo solo dos candidaturas-, será designado candidato para ser proclamado nuevo presidente del PP cordobés en el congreso del 3 de junio.