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CATALUNYA

La Audiencia de Barcelona insta al juez a investigar "las órdenes dadas por los responsables" de la Policía el 1-O

Las magistradas corrigen de nuevo al instructor y le obligan a reabrir una pieza archivada sobre la intervención policial en un colegio de Barcelona

"La represión del 1-O no fue debida a la actuación incontrolada de unos pocos agentes, sino que estaba planificada", sostiene el teniente de alcaldía Jaume Asens

Spanish National Police prevents people from entering a voting site at a school assigned to be a polling station by the Catalan government in Barcelona, Spain, Sunday, 1 Oct. 2017. Catalan pro-referendum supporters vowed Saturday to ignore a police ultimatum to leave the schools they are occupying to use in a vote seeking independence from Spain.

Intervención policial el 1-O AP Photo/Emilio Morenatti

Por segunda vez la Audiencia de Barcelona ha corregido al juez que investiga la actuación de la Policía Nacional el 1-O en la capital catalana. De nuevo las magistradas ponen el foco en la cadena de mando del operativo y ordenan al instructor practicar una "investigación global" del dispositivo que no se limite a la actuación concreta en cada uno de los 27 centros de votación donde los agentes intervinieron para impedir la votación.

En un auto, al que ha tenido acceso este diario, las magistradas de la sección 3a reabren la pieza que archivó el juez sobre la intervención policial en el centro social de Trinitat Vella y le instan a proseguir las pesquisas sobre "el análisis de las órdenes dadas por los responsables del operativo conjunto, de cada uno de los suboperativos y de su ejecución". Solo así, argumentan las togadas, se podrá "poner en evidencia si los hechos revisten o no caracteres de delito".

Al inicio de la causa, el juez abrió 27 piezas separadas, una por centro donde el 1-O hubo cargas en Barcelona. A lo largo de año y medio, ha archivado las pesquisas referentes a una quincena de colegios bien por considerar proporcionada la actuación policial bien por no poder identificar a los agentes que propinaron golpes o porrazos a los votantes.

Tras el recurso de los votantes que denunciaron a la Policía, el Ayuntamiento de Barcelona –que ejerce la acusación popular– y la Generalitat, la Audiencia obliga al juez a reabrir la causa al ver necesario indagar en la cadena de mando. Lo mismo indicaron las magistradas cuando el pasado mes de marzo también instaron al instructor a reabrir las pesquisas referentes al colegio Estel para "profundizar en la investigación" y averiguar "las órdenes concretas" que recibieron los agentes actuantes.

La investigación de la cadena de mando forma parte de la pieza principal del caso, por la que de momento no se ha imputado a ningún mando. La cuarentena de agentes investigados lo están por sus porrazos o golpes concretos a los concentrados en un colegio o por ser los jefes del operativo sobre el terreno en cada centro, y por lo tanto responsables de la actuación presuntamente desproporcionada de sus subordinados.

En sucesivos informes aportados al juez, los cargos de Interior, tanto del Gobierno del PP –empezando por el coordinador del dispositivo, el coronel Diego Pérez de los Cobos– como del actual Ejecutivo del PSOE, han afirmado que la orden de cargar y de ejecutar el mandato del TSJC para impedir el 1-O recayó en los responsables operativos de los antidisturbios sobre el terreno, los denominados "jefes de unidades de intervención".

Al igual que en los informes remitidos al juzgado de instrucción 7 de Barcelona, Pérez de los Cobos explicó durante su declaración como testigo en el Supremo que la "decisión concreta" de actuar en los centros recayó en estos ocho mandos de los antidisturbios (de los que cuatro están imputados a día de hoy).

Tanto Pérez de los Cobos como los máximos responsables de la Policía en Catalunya y del Ministerio del Interior dijeron desconocer los detalles de las actuaciones y negaron que se impartieran órdenes políticas para efectuar las intervenciones en los colegios así como para cesarlas al mediodía, dejando la responsabilidad en los citados ocho inspectores jefe.

Estos ocho inspectores jefe, según el sumario del caso, lideraron los equipos mixtos de unidades de antidisturbios y de información de la Policía que se desplegaron el 1-O en Barcelona. Se dividieron la ciudad en ocho zonas –por criterios a día de hoy desconocidos– y determinaron el número de efectivos necesario para la actuación en los colegios, circunstancias que también determinaron la presencia física del jefe de unidad en un colegio u otro.

En este sentido, las magistradas de la Audiencia reiteran lo que ya dijeron el pasado mes de marzo y sostienen que "las consignas a los agentes" de los responsables del operativo deben servir para determinar si el uso de la fuerza concreto hacia los votantes fue proporcional o no a la situación en el colegio. Si no lo es, advierten los magistrados, el "responsable" de decidir la intervención deberá responder penalmente por las lesiones ocasionadas a los votantes por sus subordinados.

El teniente de alcaldía de Barcelona (y candidato de los 'comuns' a les generales), Jaume Asens, ha celebrado que la Audiencia haya aceptado el recurso del consistorio e inste a "aclarar las responsabilidades de los mandos" policiales. "Es una muy buena noticia para los denunciantes de la violencia policial del 1 de octubre que habían visto como su causa había sido archivada y que se ha reabierto pese a la oposición frontal a investigar las responsabilidades del operativo de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado", ha aseverado.

Desde el inicio de la causa, ha recordado Asens, la acusación del Ayuntamiento ha apuntado "no solo a los agentes concretos que agredieron a los ciudadanos, sino también a los responsables policiales y políticos del operativo que dieron las órdenes de intervenir". "Todo apunta a que la represión no fue debida a la actuación incontrolada de unos pocos agentes, sino que estaba planificada y obedecía a órdenes concretas", ha agregado.

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