Más de la mitad habitantes de Catalunya, un 62,8%, viven en municipios que incumplen la normativa y ponen algún tipo de trabas para tramitar el padrón. Así lo muestra un sondeo realizado por ECAS a más de medio centenar de entidades que se dedican a acompañar a personas con problemas para acceder al este derecho recogido en la ley española.

El resultado de la encuesta apunta a que 40 municipios, el 66% de los que estas asociaciones tienen presencia, dificultan de alguna manera la incorporación en el censo de parte de su ciudadanía. El problema es “estructural”, tal como alertan las entidades, y no entiende ni de zonas geográficas ni de partidos políticos.

De hecho, la mayoría de municipios que dificultan este trámite (34,4%) están gobernados por el PSC, seguidos por Junts (26,2%). Pero los partidos situados más a la izquierda y que se han posicionado activamente en contra de las trabas al padrón tampoco están libres de culpa. En esta lista se encuentra también a ERC (18%), los Comuns (4,9%) y la CUP (3,28%).

Esta heterogeneidad en los colores políticos demuestra que los impedimentos al padrón “no tienen detrás una razón sólo ideológica”, tal como apunta Helena Costas, miembro de Ksnet, entidad que ha realizado el sondeo. Es más, todas las formaciones mencionadas, a excepción de Junts, firmaron el pasado diciembre el Pacto Nacional por el padrón. A pesar de eso, el sondeo alerta que el 30% de los encuestados asegura haber notado un empeoramiento en la situación después de las elecciones de 2023.

En la lista de municipios que se saltan la norma figuran las 10 ciudades más pobladas de Catalunya. “No se trata de casos aislados ni de una problemática de ciudades pequeñas”, apunta Carlos Macías, presidente de ECAS, que añade que los datos dibujan “un modelo de administración que no respeta la legalidad ni la calidad democrática”.

En este sentido, las entidades recuerdan que el padrón “no crea ni otorga derechos, simplemente es una herramienta administrativa” que está recogida en una ley orgánica idéntica para todos los municipios. “No es una prestación, un privilegio ni una política social, es una obligación de los municipios para tener claro quién vive allí y poder gobernar en consecuencia”, ha añadido Kautar Loukani, portavoz del área de padrón de ECAS.

A pesar de que la normativa es clara y establece que cualquier persona que viva en un municipio debe ser empadronada, la encuesta ha encontrado una gran variedad de casuísticas. En casi la mitad de los casos no se empadrona a todo el mundo que lo solicita, aunque cumpla con las condiciones.

Por ejemplo, en un 11,3% de los municipios se exige un tiempo mínimo de residencia para acceder al padrón, cosa que la ley no contempla. Y en un tercio se supera el máximo de tres meses para resolver el trámite y no se salda con silencio positivo. Otra de las cuestiones que alertan las entidades es que en muchos casos las verificaciones técnicas las realiza la policía municipal, cosa que “genera miedo” en aquellas personas con hijos a cargo, en situación administrativa irregular o en infraviviendas.

Además, lamentan que se suele demandar una prueba de residencia que “difícil de conseguir”. Cabe recordar que la ley especifica que no es necesario contar con un contrato de alquiler o de propiedad, aunque en diversos municipios es condición sine qua non.

Esto deja en un limbo a aquellas personas que están ocupando o también a las que realquilan habitaciones, una situación en la que están cerca de 400.000 personas sólo en el Área Metropolitana de Barcelona. Esto lleva a que el 30% de casos no se empadronen de ninguna manera; el 19% lo hagan en otros pisos que no son en los que residen habitualmente y el 23% optan por la medida del padrón sin domicilio fijo.

Se trata de una modalidad reconocida en la ley que dicta que una persona puede registrarse en lugares que no figuren como vivienda; es decir, en barracas, campamentos, sedes de entidades o equipamientos municipales. Pero esta es una posibilidad reconocida por muy pocos ayuntamientos. De hecho, el informe muestra que ninguno de los consistorios sobre los que hay datos realiza este trámite de manera ágil y que casi la mitad de ellos directamente no contemplan esta opción.

“Muchos municipios añaden condiciones a la normativa estatal, cosa que, si se traduce en dificultar el empadronamiento, es ilegal”, alerta Costas, que sostiene que estas trabas vienen a añadir más vulnerabilidad a las personas “más necesitadas”. En esta línea, apuntan a que la situación afecta más a aquellas personas que ya están en una exclusión residencial severa y lleva a problemas a la hora de acceder a servicios públicos como la escolarización de menores o la atención por parte de Servicios Sociales.

“Cuando alguien no se empadrona, desaparece del radar de la administración. Pero esa persona sigue existiendo”, apunta Loukani. Los colectivos más afectados por la vulneración del derecho al padrón son las personas migradas (77,4), seguida de aquellas que están en situación administrativa irregular (68,8%), los que ocupan o realquilan (64,5%) y las personas sin hogar (45,2%).

Uno de los datos más alarmantes para ECAS es que casi la mitad de entidades encuestadas asegura que el trato de los usuarios que se encuentran en estas casuísticas es diferente dependiendo de si van solos o acompañados por algún referente o voluntario. “Esto demuestra, no sólo que saben que lo que hacen no es legal, sino que un trámite que debería ser sencillo y asequible se convierte en una discriminación que resta autonomía a la ciudadanía”, apunta Loukani.

“No pedimos que se cambie la ley, sino que se aplique la que ya tenemos. En un momento en que aumentan los discursos de odio, es esencial exigir a nuestras administraciones que velen por la democracia y por la total garantía de los derechos”, zanja Carlos Macías, director general de ECAS.

La Declaración de Independencia que proclamaron 13 colonias de la corona británica en 1776 está firmada por los representantes de “los Estados unidos de América” (sic). La mayoría de las 1.300 palabras del texto aprobado por el Congreso el 4 de julio componen una lista de quejas por “la historia de abusos y usurpaciones” del rey Jorge III más que la fundación de una nación, que ni siquiera tiene un nombre claro. 

La misma frase se refiere a la independencia de las “Colonias Unidas”, tal vez una buena descripción de aquella alianza de territorios dispares y movidos por el deseo de romper con quienes imponían impuestos, leyes y guerras desde el otro lado del océano. Hasta después de la guerra de Secesión no se consolidó la conjugación de “Estados Unidos” en singular, como la actual: “Estados Unidos es…”

Puede que hoy no estuviéramos celebrando –o al menos recordando– este hito en la historia de la democracia constitucional si no fuera por la segunda frase de la declaración: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the Pursuit of Happiness”. Según la traducción un poco fea de los Archivos nacionales de Estados Unidos: “Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”.

El poder de esa frase, con su sujeto en primera persona plural, su afirmación de la igualdad, la libertad, los derechos innatos, y la sorprendente referencia a la felicidad, trasciende y con mucho lo que los fundadores dijeron o querían decir en ese momento. 

La primera palabra es la misma que la primera de la Constitución escrita 11 años después: “We”, nosotros, que recalca la autoafirmación. El aniversario que se celebra no es el de la independencia, que el Congreso aprobó el 2 de julio, sino del texto en sí, que se adoptó el 4. Importa declarar el hecho y declararlo así.

“Nuestra gobernanza no está basada en el derecho divino de los reyes ni en el poder de los emperadores y conquistadores. Está basada en un contrato social”, escribe Walter Isaacson en su libro The Greatest Sentence Ever Written (“La mejor frase jamás escrita”). Pero, como subraya el autor, ¿quiénes son “nosotros”? Entonces no eran las mujeres, los negros esclavizados, los blancos pobres ni mucho menos los nativos-americanos, que el documento fundacional describe como “salvajes”.

Los ahora llamados padres fundadores traicionaron esos ideales, empezando por el autor del borrador de la declaración, Thomas Jefferson. Más de 600 personas esclavizadas pasaron por Monticello, su plantación en Virginia, entre ellas Sally Hemings, esclavizada junto a los seis hijos que tuvo con ella. 

“Todos los hombres” se reducía entonces a una minoría de hombres blancos. John Adams se mofó de su esposa Abigail cuando le pidió que “recordara” a las mujeres. “No pongáis tanto poder ilimitado en manos de los maridos”, le escribió y añadió: “Acuérdate de que todos los hombres serían tiranos si pudieran”. Adams replicó: “Me da la risa… No se nos ocurre rechazar nuestros sistemas masculinos”.

Pero si Estados Unidos lleva 250 años celebrando el mito idealizado de su fundación ha sido por las aspiraciones que había detrás de ese texto y por cómo se han utilizado sus palabras para combatir las injusticias desde el origen de aquella nación que quería ser una cosa y hacía otra. 

La identidad nacional

Los impulsores de la Declaración querían liberarse del yugo de las monarquías europeas, con un sueño algo difuso de un gobierno “de las leyes y no de los hombres”. La identidad nacional que se podía construir tenía que ver con esos principios que tal vez unirían a la población más y más rápido que la lengua, la religión o el origen. 

La idea nueva es que los principios cohesionarían a una nación joven marcada por la diversidad, que no sería un problema mientras sus habitantes tuvieran en común la aspiración a esos ideales. El lema de Estados Unidos, también creado en 1776, es “E pluribus unum”, “de muchos, uno”. No harían falta cientos y cientos de años de convivencia, guerras y tradiciones como en Europa para sentir una identidad común, bastaría con creer en los principios fundacionales para ser estadounidense. 

“Es una idea atractiva, tan audaz como la noción de crear una república democrática en un mundo de monarquías, bajo la influencia de los sentimientos de la Ilustración que promovían la idea de que los seres humanos tenían derechos naturales”, explicaba la historiadora y catedrática de Harvard Annette Gordon-Reed hace unas semanas en el centro americano de la Universidad de Oxford. Gordon-Reed ha ganado los grandes premios del país, incluido el Pulitzer de Historia y el Premio Nacional de escritura por sus investigaciones sobre la familia Hemings y sus descendientes en Virginia.

A Jefferson, Adams y Benjamin Franklin, los principales artífices de la Declaración, les inspiraban los ideales ilustrados del momento, pero también el sueño entre arrogante e inocente de que aquello que se estaba forjando en Filadelfia sería mucho más de lo que parecía. La sugerencia de que 13 colonias con apenas dos millones de habitantes, lejos de los centros de poder de entonces, estaban cambiando el mundo les sirvió para inventarse un Estado federal, crear una identidad nacional y, de hecho, acabar cambiando el mundo.

“El Estado, la Constitución, los principios de libertad, igualdad y gobierno libre son lo que nos hacen sentirnos como un único pueblo. Ser estadounidense no es ser alguien, sino creer en algo”, escribe Gordon Wood, historiador especializado en la revolución y que murió hace unos días, en su libro The Idea of America. “Nuestra herencia revolucionaria todavía llama la atención de mucha gente en el mundo: nuestra devoción por la libertad y la igualdad, nuestro rechazo del privilegio, nuestro miedo al abuso del poder político, nuestra fe en el constitucionalismo y las libertades individuales”.

El libro es de 2011, cuando Estados Unidos todavía celebraba al primer presidente afroamericano de su historia mientras el actual presidente era el presentador de un concurso más bocazas que otros.

Wood recuerda que al final de la Declaración de Independencia los miembros del Congreso Continental reunidos en Filadelfia se prometieron “lealtad” por su vida, su fortuna y su honor. “No había nada más que ellos mismos… Ni patria ni tierra ni todavía nación”. “Estados unidos” era, de hecho, una idea, lejos de la concepción del arraigo en la tierra o en el suelo.

Se creó un nuevo Estado antes de que hubiera algo claro que uniera a sus habitantes y lo hicieron con esos ideales en los que creían unos pocos a finales del siglo XVIII. La monarquía europea dependía del orden impuesto desde arriba y se basaba en largas tradiciones culturales. La nueva república tenía poco donde agarrarse y solo podía prosperar si gobernantes y ciudadanos compartían buenas intenciones en lo que entonces era un experimento.

Esto contrasta con lo que sostiene el vicepresidente JD Vance, que en un discurso hace un año dijo: “Estados Unidos no es solo una idea. Somos un lugar concreto, con gente concreta y un conjunto concreto de creencias y una manera de vivir”. Sus ancestros, según él, son solo “los que domaron el continente salvaje”. Esta visión ha llegado, sin éxito esta vez, hasta un caso ante el Tribunal Supremo, que hace unos días rechazó el intento del Gobierno de eliminar el principio de que todas las personas nacidas en suelo estadounidense tienen esa nacionalidad por defecto, sin importar el estatus de su madre o su padre.

El sueño y la pesadilla

La expresión “sueño americano” no nació hasta el siglo XX. Fue popularizada por el libro de 1931 The Epic of America de James Truslow Adams, que escribió: “El sueño americano no es un sueño simplemente de automóviles y salarios altos, sino el sueño de un orden social en el que cada hombre y cada mujer puedan conseguir la plena estatura de la que son innatamente capaces, y ser reconocidos por otros por lo que son, sin importar las fortuitas circunstancias de su nacimiento o su posición”.

El ideal está claro. La práctica ha sido, con suerte, irregular. Un adjetivo frecuente para definir Estados Unidos es “inacabado”, un eufemismo optimista para la historia de discriminación y desigualdad que ha perdurado en el país desde sus orígenes. El triunfo y la tragedia han convivido durante siglos, el sueño y la pesadilla.

En Oxford, le pregunté a la historiadora Annette Gordon-Reed por la frase tan repetida en esta última década en Estados Unidos de “esto no es lo que somos”, pronunciada al mirar el autoritarismo contemporáneo, los intentos de censura, la persecución de los extranjeros y la traición a todos los ideales que proclama la Declaración y en que la dicen creer la mayoría de los estadounidenses. 

La historiadora, afroamericana de Texas, recuerda que siempre ha sido parte de la identidad nacional “una visión diferente de Estados Unidos menos igualitaria, más centrada en la sangre y la tierra, más racista”. “Desde luego, es lo que somos algunos de nosotros”, me contestó. “Hay personas que quieren ver la identidad estadounidense en su forma más elevada, incluso si ellos mismos no se la creen. Pero otras nunca se hicieron ilusiones sobre todo eso... Y hemos estado lidiando con la batalla entre estos grupos desde el principio.”

Cómo se ha usado la Declaración

Pero casi desde que la Declaración se hizo pública, en 1776, hay ejemplos de minorías subyugadas que o se creyeron el documento o lo utilizaron con ingenio para argumentar que la nación estaba traicionando sus principios y aferrándose al antiguo régimen colonial.

En enero de 1777, el activista Prince Hall lideró en Boston al grupo de hombres negros que presentaron en la asamblea de Massachusetts una petición para abolir la esclavitud: su argumento fue que contradecía los fundamentos de la nueva nación.

Si el ideal del nuevo país eran los derechos innatos a ser libre y ser feliz, entonces la esclavitud, la discriminación de las mujeres, los límites a las creencias religiosas y la explotación de los trabajadores ponían en peligro los fundamentos de la nación.

La declaración feminista en Seneca Falls en 1848 y el discurso de Qué significa para el esclavo tu 4 de julio de Frederick Douglass de 1852 recurrieron a las palabras de la Declaración.

El ideal convivía con la cruda realidad mientras el nuevo país no estaba a la altura de sus principios, como demostró durante décadas no solo en la práctica, sino con leyes y decisiones judiciales. En 1857, el Tribunal Supremo emitió la bochornosa sentencia que negó la ciudadanía a los afroamericanos esclavizados. La enmienda 14 de la Constitución, aprobada en 1868 y que dio la ciudadanía a todas las personas nacidas en suelo estadounidense, la dejó sin validez.

Contra la segregación y la xenofobia

En décadas de violencia, desigualdad y racismo, la Declaración ha sido una referencia constante hasta el siglo XX, también para la lucha de los derechos civiles. 

“Los activistas afroamericanos y sus aliados recurrieron sistemática e insistentemente al lenguaje de la Declaración para argumentar que la segregación y la discriminación racial no solo eran injustas, sino fundamentalmente antiestadounidenses”, explica Gordon-Reed, la historiadora. “Constituían violaciones de los principios sobre los que se había fundado la nación. Esta estrategia fue sumamente astuta porque impactó en la esencia misma de los estadounidenses: su orgullo por el tan cacareado excepcionalismo del país”. 

El texto también ha servido para construir el país como una democracia multirracial y multicultural, con las sucesivas oleadas de inmigrantes. A finales del siglo XIX, en particular, el Gobierno, la escuela y las organizaciones cívicas inculcaron los principios fundacionales como nexo de unión.

Entre 1871 y 1920, se estima que al menos 40 millones de personas cruzaron el Atlántico hacia América, la mayoría hacia Estados Unidos. El mito de la frontera estuvo marcado también por el sufrimiento. En el mismo periodo, cerca de 10 millones de migrantes volvieron a Europa. 

La cultura de la travesía

“La gente a la que no le gusta el país se tiene que quedar en casa”, le dice el narrador, Jim Burden, a la protagonista checa en Mi Ántonia de Willa Cather. Todavía es un niño cuando lo dice y no entiende todo lo que acabará entendiendo.

Mientras escribía este artículo pensaba en Cather y en esta novela publicada en 1918 y tan moderna que todavía refleja hoy la esencia del país, sus sueños y sus batallas sin resolver. La perspectiva de una mujer fuerte como la de Mi Ántonia es bastante única en la literatura de la época. La historia de la familia Shimerda llegada de Bohemia a Nebraska, está basada en personas reales y cuenta sin paternalismos ni heroicidades la experiencia de la migración como seña de identidad para los que se van y los que se quedan. Para los recién llegados y los llegados un poquito antes a un país en continuo movimiento.

Pensaba que tal vez estaba forzando la conexión con la Declaración de Independencia hasta que encontré el libro de 1995 de Joseph Urgo, catedrático de Literatura especialista en Cather, Willa Cather and the Myth of American Migration.

“El tema central, el mito abarcador, la experiencia que define la cultura americana en su esencia es la migración: la incansable, incesante y física movilidad”, escribe Urgo, que subraya que Cather es la escritora del siglo XX que refleja “de manera continua y cuidadosa” con sus novelas “el modo cultural del pensamiento producido por la conciencia migratoria”. 

“El desapego es un sine qua non de la existencia intelectual en América, como es el sentido del exilio, de vivir en una tierra extraña, de asegurar no entender las costumbres y las inclinaciones de la sociedad convencional”, escribe Urgo. “En Estados Unidos, la migración comienza como un acto físico —el desplazamiento de un lugar a otro—, pero con el tiempo se transforma en una forma de conciencia o de percibir el mundo.” 

El libro recalca el año de nacimiento que aparece en la lápida de Cather, 1876. Ella alteró la fecha (nació tres años antes) y así su falso cumpleaños coincidió con el muy celebrado centenario de la Declaración de Independencia. 

Cuando hablamos ahora por teléfono, Joseph Urgo me cuenta que uno de los motivos por los que Cather no fue tan reconocida en su tiempo como Hemingway, Fitzgerald y Faulkner, aparte del hecho de ser mujer, es porque “escribía de asuntos que eran difíciles de dirigir y aceptar intelectualmente”. “La migración en Estados Unidos nunca ha sido un asunto fácil, nunca fue celebrada en el momento”, explica. “Y Cather articuló mejor que nadie este mito de la migración. Utilizo este término porque no tienes que ir a ningún sitio para que te afecte. Está en la cultura”.

Esa cultura es que la que nació por accidente o no un 4 de julio. Y esa es la que muchos inmigrantes adoptaron. Urgo llama la descripción de Cather “travesía” y no “asimilación”. No hay un estándar uniforme al que asimilarse.

Ronald Reagan

Los migrantes encontraron a menudo en la Declaración una manera de sentir que pertenecían a aquel país y de reivindicar sus derechos. “En lugar de tener que esperar generaciones y generaciones para ser aceptados como estadounidenses, podían lograrlo viviendo en el país, creyendo en los documentos fundacionales y comprometiéndose a defender los valores que contienen”, dice Gordon-Reed. “La Declaración se convirtió en parte de la manera en que podían encontrar su lugar en la sociedad estadounidense”.

Ronald Reagan, republicano conservador, en su último discurso como presidente en enero de 1989 parafraseó una carta que había recibido y decía: “Puedes vivir en Francia, pero no puedes convertirse en francés; puedes ir a vivir a Alemania, a Turquía, a Japón, pero no podrás ser alemán, turco, japonés. Pero cualquiera, de cualquier lugar del mundo, puede venir a Estados Unidos y convertirse en estadounidense”.

El argumento que tomó Reagan de aquellas palabras es que los principios unen a las personas que llegan y a la vez mejoran el país. “Mientras otros países se agarran al pasado anquilosado, en Estados Unidos le damos vida a los sueños”, dijo. “Gracias a cada oleada de nuevas llegadas a esta tierra de oportunidad, siempre seremos una nación joven, llena de energía y de nuevas ideas… Si alguna vez cerramos la puerta a los nuevos estadounidenses, nuestro liderazgo en el mundo se perderá”.

Lo de ahora...

Annette Gordon-Reed cree que lo que está pasando ahora refleja “esa parte de la nación que nunca ha aceptado la Declaración” como un principio básico. 

En el último siglo, pese a los vaivenes y pasos atrás, la sociedad parecía estar progresando hacia la comprensión. “Incluso quienes no creían en las palabras de la Declaración sobre la igualdad sabían que debían actuar como si las creyeran. Hoy, la máscara se ha caído”, dice Gordon-Reed, que recuerda la visión del vicepresidente de Estados Unidos de que la pertenencia viene de haber vivido en un país durante mucho tiempo y tener una cultura y una religión igual, algo que “se acerca a una visión de la identidad estadounidense basada en la sangre y la tierra”. 

¿Cómo se defienden los ideales cuando parecen ser una máscara para ocultar lo contrario de lo que predican? ¿Es mejor tener esa máscara? La respuesta de la historiadora es que, aunque a menudo se traicionen, las aspiraciones siguen importando.

“A veces en la vida tenemos que actuar como si fuéramos mejores de lo que somos. No pensamos que seamos mejores de lo que somos. Aspiramos a ser mejores de lo que somos”, dice. “Las aspiraciones marcaron la diferencia en mi vida. Marcaron la diferencia en la vida de millones de personas”. Su tatarabuelo era un colonialista británico que esclavizó a su tatarabuela hasta que la llevó de Misisipí a Texas en 1850. Su bisabuela estuvo casada con un hombre esclavizado hasta la guerra de Secesión. Un siglo después, en 1965, Annette fue con seis años la primera negra en una escuela hasta entonces segregada del Este de Texas. 

La historiadora sabe de aspiraciones. “Prefiero eso a una visión de la vida limitada a lo que algunos llaman ‘la realidad’ porque entonces no existe nada más elevado que aquello que uno es capaz de concebir en el momento”, dice. “Es importante reconocer las promesas y entender que son aspiraciones: representan un ideal al que dirigirnos. Aún no hemos llegado allí, pero prefiero infinitamente vivir en un mundo guiado por esos ideales que en uno donde la gente diga ‘esta es la realidad y esto es lo mejor que podemos hacer’. Porque muy a menudo ese ‘mejor’ no es muy bueno”. 

El hotel de lujo Baur au Lac de Zúrich es una las Grande dame de Europa central. Inaugurado en 1844, su momento más estelar —hasta 2015—se había producido en 1856: Richard Wagner mostró allí por primera vez en público un aperitivo de su ópera La Walkiria. Cantó él mismo y al piano le acompañó Franz Liszt. Pero, cuando en mayo de 2015, la policía suiza entró en el edificio de la talstrasse cambió el destino del deporte más popular del mundo y, quizá sin saberlo, abrió el camino para que “el calvo de los sorteos” de la Champions League se convirtiera en el capo de la FIFA. Una segunda redada en diciembre de ese año —en ambas los agentes arrestaron a miembros del Comité Ejecutivo del fútbol mundial— pavimentó el camino. Hoy, la FIFA ya no usa el Baur au Lac.

El pasado 11 de junio comenzó en Ciudad de México el Mundial de fútbol de la FIFA 2026. El presidente de la organización, Gianni Infantino, que se hizo conocido por extraer bolas para los emparejamientos de equipos en competiciones europeas, asistía, casi solo, desde el palco. Acaba de cumplir diez años en el cargo. Una década en la que, según diversas fuentes que lo han investigado, ha puesto a la FIFA “al servicio” del poder para generar cuanto más dinero mejor. Y la joya de la corona es el Mundial. Gracias a eso, la supuesta entidad sin ánimo de lucro va a facturar en este ciclo de cuatro años 11.236 millones de euros, un 73% más que en el ciclo anterior.

Dos palabras definen a Infantino: servil y peligroso. No es el primer dirigente deportivo internacional megalomaníaco y narcisista, pero debe ser el mas servil. Servil hasta el nivel molecular

Jules Boykoff — Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad del Pacífico

“Dos palabras definen a Infantino: servil y peligroso”, cuenta el experto en política deportiva, Jules Boykoff. Según incide este doctor en Ciencias Políticas de la Universidad del Pacífico, el suizo “no es el primer dirigente deportivo internacional megalomaníaco y narcisista, pero debe ser el más servil. Servil hasta el nivel molecular”. Desde sus alabanzas a la Rusia de Vladímir Putin, quien le condecoró con la Orden de la Amistad en 2019, pasando por los acuerdos milmillonarios con la petrolera saudí Aramco, hasta inventarse un Premio de la Paz para otorgárselo al presidente de EEUU, Donald Trump, en plena escalada bélica.

Boykoff, que fue jugador profesional de fútbol en la década de los 90, añade que ese servilismo es parte de su plan de ingresos “por el que no le importa dañar la ética o romper los estatutos de la FIFA. Hará lo haga falta para asegurarse de que el dinero siga fluyendo a las arcas de la FIFA”.

Infantino, hijo de inmigrantes italianos en Suiza y de orígenes humildes, conquistó la cúpula del deporte casi de golpe. Tras pasar años en la administración de UEFA y FIFA en diferentes niveles, aprovechó la investigación del departamento de Justicia de EEUU contra directivos de la FIFA por cobrar sobornos para adjudicar sedes mundialistas y saltar al trono. La redada del hotel Baur au Lac de 2015 se realizó a petición de las autoridades estadounidenses.

El jefe de fútbol de entonces, el también suizo Joseph Blatter, tuvo que dimitir envuelto en el famoso Fifagate. Su delfín y esperado heredero, la estrella francesa Michel Platini –que había sido jefe de Infantino en la organización europea del fútbol, la UEFA— también debió evaporarse por el mismo caso. El 26 de febrero de 2016, poco más de tres meses después de la última redada policial en aquel hotel tipo Grande Dame de Suiza, Gianni Infantino, animador de sorteos, políglota, relaciones públicas y conocedor al milímetro de los reglamentos, salió elegido presidente de la FIFA. Después llegaron dos reelecciones sin oponente. “Por aclamación”, informó la FIFA.

Ya al mando, cuando a finales de 2017 se aproximaba el Mundial de Rusia y sobrevolaba la sombra de los sobornos también para la elección de Qatar 2022, Infantino se justificó públicamente en Moscú: “Es fácil pintar de oscuro todo lo que viene del este, de Rusia o del mundo árabe, porque nos consideramos los mejores, que sabemos cómo gobernar países. Sabemos que nuestras democracias funcionan”. Y decidió que no había necesidad de repetir el proceso de selección.

Infantino se siente atraído por el poder. Es un comunicador muy hábil y talentoso que ha prosperado, pero no tiene la capacidad personal para lidiar con el poder que ha obtenido. Y nunca la presidencia de la FIFA ha sido tan poderosa

Nick McGeehan — Doctor en Derecho Internacional

Y, a partir de ese momento, “la FIFA se ha convertido no solo en disfuncional sino también en una organización peligrosa”, describe el doctor en Derecho Internacional e investigador sobre Derechos Humanos, Nick McGeehan. O como lo define el expresidente del Comité de Gobernanza de la FIFA, Miguel Maduro, “funciona como un cartel ajeno al estado de derecho”.

McGeehan, especializado en la intersección entre deporte y derechos, detalla que Gianni Infantino “se siente atraído por el poder. Es un comunicador muy hábil y talentoso que ha prosperado, pero no tiene la capacidad personal para lidiar con el poder que ha obtenido. Y nunca la presidencia de la FIFA ha sido tan poderosa”.

Esa capacidad de relacionarse ha hecho que la organización actúe como un agente de relaciones públicas para la elite. “Si ves las relaciones que ha desarrollado con personajes como Vladímir Putin, con los cataríes en 2022, con Mohamed bin Salmán de Arabia Saudí y ahora con Donald Trump, deduces que ve a los líderes autoritarios como la mejor manera de asegurar los ingresos”, analiza el jurista internacional. “Replica el autoritarismo de los líderes autoritarios que admira”, añade.

Estructuralmente, la FIFA es una organización sin ánimo de lucro, pero acumula una gigantesca cantidad de dinero e Infantino lo ha potenciado con más dinero todavía que obtiene de fuentes como la petrolera estatal de Arabia Saudí, Aramco, uno de los mayores contaminadores del mundo.

La obsesión por monetizar el fútbol es evidente con solo mirar a las cifras de los Mundiales en los que Infantino se ha sentado en el palco presidencial. Los derechos televisivos de la cita de 2026 se han vendido por 4.264 millones de dólares. Un 36% más que en Rusia 2018 y un 24% más que hace cuatro años en Qatar.

Con todo, no es el mayor salto en la estrategia para hacer dinero. Si la Copa del Mundo de 2022 ya fue el torneo con las entradas más caras para el público, la cita de este año la supera holgadamente. Un partido de la fase de grupos es entre un 47% y un 74% más caro. Los asientos más económicos superan los 200 dólares. Pero para un partido de eliminatorias, los billetes más sencillos son un 250% más caros. En cuartos de final, esa misma categoría ha subido un 300%. Para la final, todas las entradas son más de un 300% más caras. La más barata por 4.000 dólares, la más cara, 10.000.

No se ha parado ahí: la FIFA ha permitido la venta de entradas con precios “dinámicos” de manera que el importe sube a medida que un asiento es más demandado. Y, además, ha puesto en marcha una web de reventa entre particulares en la que cobra comisión del 15% sobre el precio al vendedor y otro 15% al comprador.

Vida “cinco estrellas”

“Por eso puede afirmarse que Infantino es un personaje peligroso. Porque está poniendo en riesgo un deporte popular con su política de altos precios de entradas que necesita para mantener su estilo de vida de cinco estrellas. Así está succionando la magia de lo que hacía tan especial fútbol”, se queja Jules Boykoff que lleva años estudiando la manera de gestionar de la jerarquía del fútbol mundial.

Su estilo de vida “de cinco estrellas” incluye un sueldo base de 3,3 millones de dólares y un bonus de otros 2,78 millones tras subirlo un 33% para este año.

McGeehan –que dirige la organización pro Derechos Humanos FaisSquare– analiza que “lo que se ve ahora en EEUU con la Copa del Mundo [el asunto de los precios, los visados o el veto de entrada a un árbitro] tiene que ver con que Infantino debe sacar el máximo beneficio posible del Mundial. Extraer todo el dinero que pueda de los tres países para asegurar su base de poder. No esperemos ningún esfuerzo sobre los derechos humanos o confrontar con la administración de Trump sobre el ICE. Todos sus esfuerzos son para obtener el máximo beneficio”.

Tanto es así que ha permitido poner a disposición de las casas de apuestas los datos de su Mundial y que los partidos se retransmitan en salones de juego en un “comportamiento bastante típico de la FIFA y su hipocresía habitual”, según la profesora emérita de Justicia y Educación de la Universidad de Toronto, Helen Lensky. “Hablan de cómo el deporte es bueno para todo el mundo y luego hace algo tan evidentemente contradictorio”, añade.

Si algunos consideran “narcisista” la manera de gobernar la FIFA de Infantino, el suizo no les quita motivos para pensar así. Al jefe del fútbol, le gusta decir que su organización “tiene incluso más miembros que la ONU”. Se lo dijo a la cara al presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Dennis Francis, en septiembre de 2023. Para Infantino, su FIFA “es un punto de encuentro: el fútbol une al mundo”.

Sin embargo, al mismo tiempo, el suizo se ha asociado con el Board of Peace para Gaza creado (y presidido) por Donald Trump. A pesar de que el dirigente deportivo insiste siempre en que la FIFA “no puede resolver los problemas geopolíticos” para no tomar postura, sí firmó un acuerdo con este proyecto con el que el presidente de EEUU dijo que pretendía levantar una “Riviera” sobre las ruinas de la franja. ¿Qué ofrece a un territorio sin nada y víctima de un genocidio? “50 mini canchas de fútbol, campos, una academia y un estadio nacional de 20.000 asientos”.

Los estatutos de la FIFA establecen un máximo de 12 años, tres mandatos, para cualquier presidente. Sin embargo, Gianni Infantino ya se buscó un recoveco para alargarse en el cargo. Según él mismo, sus primeros tres años, de 2016 a 2019, no cuentan porque fueron el final del mandato interrumpido de Joseph Blatter. Para Infantino, a su reinado le queda otro mandato tras las elecciones de 2027.

Todo ocurrió muy rápido. La gente parecía sorprendida. Pero, en realidad, casi nadie hizo nada para evitar que los Hijos de Torquemada llegaran al poder. Es más, las derechas sistémicas les sirvieron de trampolín, como en el siglo XX. Y las izquierdas les facilitaron la victoria atomizándose en torno a innumerables tribus y liderazgos, como siempre.

Los ministros fueron sustituidos por 'comandantes', aunque casi ninguno de ellos, todos hombres, había hecho el servicio militar. Nunca habían ocultado sus propósitos. En cuanto llegaron al poder, cancelaron representaciones, censuraron publicaciones, aherrojaron los medios, prohibieron partidos y sindicatos, suspendieron el derecho de huelga y deportaron del país a millones de inmigrantes. Esto último provocó el colapso del mercado laboral y generó una crisis económica sin precedentes.

La patronal, que había saludado el cambio de régimen con indisimulada satisfacción, expresó su malestar. Fue entonces cuando el nuevo gobierno, muy amante, por otro lado, de referencias nostálgicas, procedió a resucitar el Patronato para la Redención de Penas. Miles y miles de hombres y mujeres encarcelados por sus ideas fueron obligados a trabajar como esclavos para intentar reflotar la productividad en los sectores más afectados por la Gran Expulsión. Además, participaron en la construcción de monumentos megalómanos como la Cruz de Santiago gigante levantada sobre la mole rocosa de las Peñas de San Pedro, en Albacete, destinada a convertirse en mausoleo del Jefe Supremo (también conocido como el Reconquistador por haber evitado el reemplazo de la religión cristiana por la musulmana). Allí murieron muchas personas como consecuencia del agotamiento, las palizas o la falta de atención médica. Sus cuerpos, como los del resto de víctimas de la violencia política, permanecen en cunetas y fosas comunes.

Para solventar el problema demográfico, las nuevas autoridades recurrieron al clásico robo de bebés de mujeres de izquierdas internadas en establecimientos penitenciarios. Fueron decenas de miles. Así, además, se contribuía a la extirpación del célebre 'gen rojo', que supuestamente provocaba delirios de justicia y libertad. Pero no fue suficiente para compensar el efecto de las deportaciones masivas, de modo que se optó por restablecer el Patronato de Protección a la Mujer, en cuyo seno legiones de muchachas jóvenes fueron reprogramadas para convertirse en madres fecundas al servicio del estado.

Aunque las comunidades autónomas habían sido suprimidas, la vocación vagamente folklórica y regionalista imperante alentó a las delegaciones territoriales a crear su propia nomenclatura. Así, en nuestra región, esas pobres chicas, que se distinguían de las demás por llevar en la cabeza el típico pañuelo aldeano y una toquilla o pelerina sobre los hombros, eran conocidas como 'las chachas'. Los hombres armados que las vigilaban eran 'los gañanes' y siempre se presentaban en público ataviados con la tradicional boina.

El orden público siempre fue una de las grandes preocupaciones de los Hijos de Torquemada, que no se limitaron a recuperar la Dirección General de Seguridad y el Tribunal de Orden Público, sino que repristinaron (uno de sus verbos preferidos) la institución que mejor representaba su espíritu fundacional: el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición.

El aumento exponencial de la represión, sin embargo, no disuadió a los sectores más comprometidos de la sociedad. Las chachas manchegas empezaron a forjar lazos de solidaridad en el interior de los correccionales. Durante sus salidas controladas, lograron comunicarse con líderes feministas que, pasado un tiempo, habían logrado recomponer sus organizaciones en la clandestinidad.

El caso más notable quizá sea el de Ágora, en Albacete. A ellas se unieron veteranos luchadores antifranquistas, jóvenes indignados con la deriva del régimen o arrepentidos por haberlo apoyado en algún momento, cristianos heterodoxos, sindicalistas, activistas sociales, miembros del colectivo LGTBIQ+, personas defensoras de los derechos humanos, demócratas en general, brigadistas extranjeros de toda clase, condición y sexo… Cualquier espacio servía como lugar de reunión. Cualquier momento era bueno para conspirar contra la nueva dictadura.

Y así nació la Resistencia.

(*) El Colectivo Puente Madera está formado por Esteban Ortiz, Vanessa Pérez, Elías Rovira y Javier Sánchez.

El cantante y músico estadounidense Bruce Springsteen recibirá un premio por su activismo en favor de la justicia social en el festival de cine de Tribeca en Nueva York el próximo 13 de junio, en un evento especial que contará con Bono, Patti Smith y Robert de Niro.

El festival de Tribeca anunció este martes en un comunicado que 'The Boss' recibirá el premio Harry Belafonte para las Voces por la justicia social, que distingue a artistas que “usan su plataforma activamente para promover la igualdad, dignidad y derechos humanos”.

“La noche juntará a un extraordinario círculo de artistas y activistas, destacando una conversación entre Springsteen y su gran amigo y compañero activista Bono”, el cantante de la banda U2, detalla la nota.

De Niro, uno de los cofundadores del certamen, y la cantante Patti Smith “también se unirán para rendir tributo a un legado definido no solo por el arte, sino por la acción”, agrega.

Tribeca también anunció este martes varios eventos para conmemorar aniversarios de películas a los que asistirán algunos protagonistas, entre ellas 'Taxi Driver', que cumple 50 años; 'El diario de Bridget Jones', que celebra 25, y 'Electroma', del grupo Daft Punk, que cumple 20.

Asimismo, se siguen añadiendo filmes al cartel y una novedad será el estreno mundial del documental sobre la gira de Katy Perry, 'The Lifetimes Tour', grabado en directo en París y que mezcla actuaciones y momentos entre bambalinas con la estrella.

Entre los nuevos cortos anunciados, destacan dos de tipo documental con historias “en la intersección de los deportes y la comunidad latina”, impulsados por el actor y productor John Leguizamo.

El festival acogerá además una serie de conversaciones en directo entre figuras del entretenimiento, como el actor Sean Penn y la periodista Kaitlan Collins, que tratarán sobre activismo e impacto global.

“Las instituciones públicas someten a la mujer trans migrante a un proceso de tortura. Es un sistema heteronormativo y, como no encajamos en él, nos empujan a una tortura física y emocional”. Vlada Krassova, originaria de Nicaragua, huyó de su país en 2018. Pasó siete años como refugiada en Costa Rica hasta que, en 2025, llegó a España a través de un programa de reasentamiento.

La mujer trans migrante sufre una triple discriminación: por ser trans, por ser migrante y por ser mujer. No se trata solo del complejo proceso —físico, psicológico, social y económico— que atraviesa una mujer trans. Cuando a esa realidad se suma la migración, la dificultad se multiplica.

“Una mujer trans nacida en España ya cuenta con la nacionalidad; si además tiene una familia que le ofrezca apoyo, mucho mejor. Pero para quienes llegan en situación administrativa irregular y sin red familiar, todo es mucho más complicado”, explica Juan Nicolás, consultor en política social y experto en género. “La realidad es que estas mujeres están en la cola de la exclusión social”.

Las trabas administrativas

Uno de los grandes hitos de la Ley Trans, aprobada en febrero de 2023, fue la autodeterminación de género: la posibilidad de modificar legalmente el nombre y el sexo sin necesidad de informes médicos ni tratamientos previos, contribuyendo a su despatologización.

Sin embargo, las personas trans migrantes en situación irregular no pueden iniciar este proceso. Hasta que regularizan su situación, permanecen en un limbo en el que la identidad que figura en su documentación no coincide con la que viven.

La Ley Trans no nos favorece a todas. Es para personas con nacionalidad española, no para migrantes y mucho menos para quienes están en situación irregular

“Vienen huyendo de sus países por ser trans y, cuando llegan aquí, se encuentran con trabas administrativas. La Ley Trans es importante, pero no llega a todo el mundo. Hay derechos recogidos en el papel que no se trasladan a la vida real”, añade Nicolás.

Alexandra Andino, mujer trans hondureña, llegó a España en 2012: “Migré porque lo que estaba en juego era mi vida”. Sin embargo, sus expectativas no se cumplieron: “Pensaba que España era un país avanzado y que todo sería más fácil, pero la Ley Trans no nos favorece a todas. Es para personas con nacionalidad española, no para migrantes y mucho menos para quienes están en situación irregular”.

La mayoría de mis compañeras no pueden acceder al reconocimiento de su identidad hasta obtener la nacionalidad

En el caso de Vlada, el reconocimiento de su identidad también fue una barrera. “En Costa Rica llevaba cinco años con mi nombre y género reconocidos, pero al llegar a España tuve que empezar de nuevo”. A pesar de su condición de refugiada, esperó más de un mes para regularizar su identidad: “Esa espera me generó mucha ansiedad. Veía a personas cis en mi situación hacer trámites con normalidad, mientras yo no sabía cuánto tiempo tendría que esperar”.

Actualmente, la nicaragüense trabaja en un estudio académico sobre el acceso al reconocimiento de la identidad de género y reconoce que su caso es excepcional: “La mayoría de mis compañeras no pueden acceder al reconocimiento de su identidad hasta obtener la nacionalidad, y eso implica muchísimo más tiempo”.

Durante este bloqueo administrativo, uno de los temores más habituales es ser nombradas en público con un nombre legal que ya no las representa, conocido como deadname.

Laura Johana, ecuatoriana de 41 años, vivió varios años en Chile antes de llegar a España en 2024. “Antes pedía que me llamaran por mi apellido. No solía haber problema, aunque siempre puede tocar alguien que se niegue”, relata. En su caso, el proceso fue más sencillo gracias a su madre, residente en Cartagena desde hace más de dos décadas, lo que le permitió obtener el permiso de residencia y realizar el cambio de nombre en el consulado ecuatoriano en Murcia.

“Sin papeles no puedes acudir a un endocrino”

La falta de regularización legal obliga a estas mujeres, en muchas ocasiones, a interrumpir su proceso hormonal. “Sin papeles no puedes acudir a un endocrino. Muchas hemos tenido que interrumpir la hormonación, y eso provoca un desajuste físico y emocional muy fuerte, incluso depresión”, explica Alexandra.

Para las personas trans es un método de tortura que la continuación del proceso hormonal no se considere una emergencia en el sistema sanitario

En el caso de Vlada, como refugiada, contaba con tres meses de tratamiento asegurados por parte del gobierno de Costa Rica. Pasado este periodo empezó el calvario: “La interrupción del proceso hormonal conlleva disforia, ansiedad y depresión”, explica. Las trabas burocráticas y la falta de sensibilidad del personal sanitario acentuaron este estado: “Para las personas trans es un método de tortura que la continuación del proceso hormonal no se considere una emergencia en el sistema sanitario”, denuncia la nicaraguense.

Se acentúa el problema de vivienda

Si para la mayoría social esta cuestión es uno de los grandes conflictos sociales y económicos del país, para las mujeres migrantes trans la dificultad se multiplica. “Las propias inmobiliarias me dicen que los propietarios les piden que no alquilen a personas como yo”, explica Alexandra Andino. A pesar de tener contrato y nóminas que la avalan, muchos caseros se niegan a alquilarles un hogar “por ser migrantes y transexuales”.

La transfobia y el racismo se suman al ya de por sí complicado mercado de la vivienda: “Cuando preguntamos por qué, nos dicen que vamos a usar el piso para prostituirnos, una migrante trans siempre carga con el estigma de la prostitución incluso aunque pueda demostrar que no la ejerce”, cuenta la hondureña.

El experto en políticas de género, Juan Nicolás, asegura “que les nieguen el acceso a la vivienda provoca que muchas acaben viviendo prácticamente hacinadas”.

“Una sociedad que las rechaza influye en cómo se muestran”

“El estigma está muy presente. Algunas incluso tienen miedo de coger el autobús porque sienten las miradas”, explica Nicolás. “Muchas están en proceso de hormonación y no han completado la transición. La sociedad rechaza lo diferente, y eso genera intimidación”.

Cuando a la identidad trans se suman la migración y una situación socioeconómica vulnerable, el estigma se intensifica. Una brecha de clase de la que no todas son conscientes: “Conozco chicas trans españolas con recursos a las que nunca veo en manifestaciones por nuestros derechos. Creo que piensan que a ellas la transfobia no les afecta, pero nos afecta a todas. Si alguien quiere agredirte, no va a preguntarte cuánto dinero tienes”, señala Alexandra.

Vivimos en un entorno que nos sanciona no solo a nivel legal, también socialmente, y no siempre tenemos acceso a educación, salud o procesos de sanación. Todo eso se convierte en rabia

Ese rechazo constante no solo condiciona la vida cotidiana, también moldea la forma en que muchas mujeres trans se relacionan con el mundo. Si pensamos en referentes en España, como La Veneno o Jedet, suele repetirse un patrón de personalidades fuertes y extrovertidas. Sin embargo, esa imagen responde, en parte, a un mecanismo de defensa.

“Frente a una sociedad que las rechaza, tienen que desarrollar herramientas para protegerse, y eso influye en cómo se muestran”, explica Nicolás.

Para Vlada Krassova, es la experiencia de la violencia y exclusión la que determina ese carácter: “Si has vivido situaciones de acoso o agresión, o conoces a alguien que las ha sufrido, te da rabia que el sistema de justicia no sea efectivo. Ese carácter es una rabia que trata de canalizarse”, señala.

“Nuestra euforia no es una condición psicológica, viene de la sanción social de todo un sistema que trata de disciplinarte. Pero nosotras seguimos en la lucha”. Aunque se define como una persona introvertida, reconoce el impacto del sistema: “Me ha dañado tanto que ahora soy más cerrada. Vivimos en un entorno que nos sanciona no solo a nivel legal, también socialmente, y no siempre tenemos acceso a educación, salud o procesos de sanación. Todo eso se convierte en rabia”.

Cuando la exclusión social empuja al trabajo sexual

Las dificultades para regularizar la situación administrativa y acceder al empleo empujan a muchas mujeres trans migrantes a ejercer la prostitución. Más que una elección, se trata de un contexto condicionado por la falta de alternativas.

Así, a la transfobia, el racismo y la misoginia se suma la 'putofobia': el estigma hacia quienes ejercen la prostitución. Alexandra vivió esta realidad durante dos años: “Pasé casi dos años de mi vida perdidos en un polígono, arriesgándome a palizas e insultos. Pero era la única forma de ganar dinero”.

Pasé casi dos años de mi vida perdidos en un polígono, arriesgándome a palizas e insultos. Pero era la única forma de ganar dinero

Actualmente, trabaja como coordinadora en Acción Triángulo, una ONG en defensa de las personas LGBIQA+, pero no olvida a las compañeras que siguen ejerciendo la prostitución: “Es un trabajo de mucho riesgo, muy discriminatorio y rodeado de mucha hipocresía, porque quienes más nos señalan luego son quienes más nos buscan”.

El trabajo sexual también condiciona la transición. “Quería seguir con la hormonación, pero perdería clientes. Muchos buscan chicas sin operar, y necesitas ese dinero”, explica Laura Johana. La ecuatoriana reconoce que no siente que la sociedad empatice con ellas: “La gente piensa que es un trabajo fácil, pero no lo es. No es fácil acostarse con hombres que no te gustan y no siempre son agradables”.

En otras muchas ocasiones, ni siquiera es la falta de alternativas lo que las empuja a la prostitución. Explica Juan Nicolás que “muchas llegan engañadas, pensando que trabajarán en cuidados o tareas domésticas, y acaban en redes de trata”.

Soluciones estructurales frente a la “estigmatización social y las trabajas administrativas”

“Es fundamental sensibilizar a propietarios, sanitarios y personal de la administración. Darles herramientas para saber cómo tratar, a nivel personal y profesional, a estas mujeres”, como experto en políticas de género y transgénero, para Juan Nicolás la respuesta pasa por el desarrollo de programas integrales que aborden todas estas dimensiones.

“La raíz del problema es que no pueden acceder a los recursos básicos por la estigmatización social y las trabas administrativas. Esos son los dos grandes motivos de exclusión, por eso la solución pasa por programas integrales de inclusión social”, concluye el experto.

La incapacidad de varios policías en ponerse de acuerdo sobre si un conductor estaba drogado o no ha salvado a ese hombre de una pena de cárcel por un accidente de coche del que no era responsable. Un juez ha dictaminado que para ser condenado por conducir bajo los efectos de las drogas hace falta, precisamente, estar bajo los efectos de las drogas. Y que debe quedar acreditado.

Pero no con un mero positivo en el test de droga en carretera, el llamado drogotest, y menos si es de saliva. No es suficiente, sostiene este magistrado, y no es el primero que lo dice. En este caso “no ha quedado suficientemente acreditado que el acusado exteriorizara signos de afectación o intoxicación por la ingesta de marihuana ni que condujera bajo la influencia de esta sustancia, siendo la prueba practicada insuficiente a los fines pretendidos, por lo que debe prevalecer el principio in dubio pro reo y (...) se debe absolver al acusado de la acusación que sobre él pesa”.

El abogado que ha llevado el caso, Francisco Azorín, cree que “es necesario que se regule mejor los test de droga en carretera, porque el test en saliva ofrece resultados positivos a los varios días de haber consumido y se debería de ofrecer siempre el derecho a una prueba de contraste en sangre a las personas que dan positivo en saliva. Además, el test de signos externos sobre la afectación en las capacidades psicofísicas para la conducción no debería realizarse por la policía, sino por un médico. Esto ayudaría a resolver estos procedimientos condenando a las personas que efectivamente hayan provocado el accidente por ir bajo los efectos de las drogas y absolvería a aquellos que consumieron días atrás y que esa ingesta de drogas en nada tuvo que ver con el accidente”.

El sistema de detección de drogas en carretera (y posterior sanción) está cada vez más cuestionado tanto por jueces como por expertos y asociaciones civiles. Los drogotest en saliva devuelven positivos varios días después de haber consumido sustancias, pero además ni siquiera detectan necesariamente drogas: un juez anuló hace unos meses una multa de mil euros y seis puntos del carné de conducir a una mujer porque el aparato había dado positivo por un metabolito, una sustancia que genera el organismo cuando ya ha procesado y depurado la cocaína y por tanto no está bajo sus efectos, como recogió el magistrado en su sentencia absolutoria.

Los jueces empiezan a generar un patrón. Aquel caso fue por lo administrativo, este por lo penal, pero la conclusión es la misma y cuestiona un elemento central de la política antidroga en carretera: un positivo en un control, por sí mismo, no es siempre condición suficiente para sancionar.

Consumió la noche anterior

El hombre dio positivo por cannabis tras atropellar a una anciana. Sí, reconoció, había fumado marihuana. Pero la noche anterior, más de 12 horas antes. La perito explicaría más tarde ante el juez que es perfectamente posible que la máquina pite en esas circunstancias. Un policía creyó notar olor a porro. Veía a una persona locuaz, preocupada y con los ojos rojos y dilatados.

Pero otros dos agentes no notaron nada de eso. El olor a porro podía ser el cigarrillo que el joven se había fumado in situ para calmar los nervios tras el accidente y locuaz es compatible con nervioso, pero no es la reacción más típica del cannabis, alegaría el abogado en el juicio. El joven ni siquiera tenía culpa del accidente: la mujer, con problemas de audición, probablemente no vio ni oyó el coche y se golpeó con él. La ubicación del bollo, en la parte lateral trasera del coche, confirmaba su versión.

Estas discrepancias de los policías, la incapacidad de la perito para determinar la cantidad de THC (el principal principio activo del cannabis) necesaria en el organismo para afectar a una persona y el hecho de que el hombre no fuera responsable del atropello –si hubiera sido culpa suya se consideraría prueba de que conducía bajo la influencia de la droga– llevaron al juez a absolver al conductor.

El juez recuerda en su sentencia que el Código Penal castiga a quien conduzca “bajo la influencia de drogas tóxicas” y que, a diferencia de lo que sucede con el alcohol, el resto de sustancias no tiene un límite marcado por la ley que no se pueda superar. “Así como en el caso de la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas se establecen normativamente unos límites máximos y objetivos a partir de los cuales la conducción se considera influenciada por la ingesta de alcohol (0,60 miligramos por litro en aire o 1,2 gramos por litro en sangre), no sucede lo mismo en el caso de la conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, por lo que en estos casos habrá de acudirse a las circunstancias acreditadas del caso concreto para determinar si la conducción estaba o no influenciada por el previo consumo de droga”, escribe el magistrado.

Los cinco años de proceso que ha pasado (la causa estuvo dos paralizada), con la amenaza de perder la plaza de funcionario que acababa de sacarse, no se los quita nadie.

“Moraleja”, concluye el abogado Azorín, “si fumas por la noche y al día siguiente conduciendo, una anciana o un niño te sale entre dos coches, lo atropellas y no tienes la culpa, esa presencia de cannabis u otra droga va a convertir tu presunción de inocencia en presunción de culpabilidad y te va a arruinar la vida económica y emocionalmente. Hay que regular de manera urgente esta cuestión”, cierra.

Un sistema cuestionado

No es el primer juez que cuestiona un positivo en un control de carretera como prueba suficiente para condenar a un conductor. El magistrado que anuló una sanción por cocaína utilizaba argumentos similares a los de este caso: “Este método [un test de saliva] por sí solo no acredita de forma fehaciente que una persona se encuentre bajo la influencia de sustancias estupefacientes, sino que se trataría, en todo caso, de un mero indicador de si esa persona ha podido consumir o no una sustancia, pero sin determinar el momento en que lo ha hecho, esto es, el momento previo a conducir o incluso el mismo día, ni la intensidad o efectos de la presencia de dicha sustancia en las capacidades del sujeto para conducir”.

Además, explican expertos en la materia, cada marca de aparatos tiene un punto de corte distinto porque no existe una ley que establezca un criterio, como sí sucede con el alcohol. “Uno de los grandes problemas del sistema de medición [de drogas en carretera] es quién pone los límites en los dispositivos”, explicaba a este periódico Juan José Ramírez, quien ha estado vinculado a los controles de Tráfico durante 47 años, primero en la Guardia Civil y luego en la Policía Local de Osuna (Sevilla) y ha escrito la tesis doctoral 'Los controles de drogas a conductores en España: análisis de la legislación, la formación específica de los profesionales y los dispositivos de detección', probablemente el análisis más completo de la situación realizado en España.

“Lo normal sería que los pusiera la administración, como hace con el alcohol. Pero en estos aparatos los pone cada fabricante. Eso provoca que una misma muestra puede dar resultado negativo o positivo según el aparato”, explica. Exactamente lo mismo sucede con la prueba de sangre en laboratorio, si el conductor pide ese segundo test (está en su derecho). “Pasa lo mismo”, insiste Ramírez, “una misma muestra puede dar negativo o positivo según el laboratorio por la misma razón, no hay una norma, y puedes encontrar diferentes límites de corte para diferentes sustancias en cada laboratorio. Esto arroja inseguridad jurídica”.

Tampoco existe, señala el abogado Azorín, una ley que establezca qué sustancias pueden detectar o no los aparatos. Este vacío ha propiciado, por ejemplo, que las benzodiazepinas hayan dejado de dar positivo por decisión no se sabe bien de quién. “Si los test no detectan estos sedantes ni muchas nuevas sustancias psicoactivas no prohibidas u otras que, aunque estén prohibidas no aparezcan en el aparato, difícilmente vamos a tener un sistema que proteja la seguridad vial. Lo único que tenemos es una máquina de represión de la persona usuaria de drogas y una forma de financiar las arcas públicas”, lamenta el letrado.

El ex guardia Ramírez recordaba a raíz del caso de la mujer exonerada del positivo por metabolitos que esta postura crítica no trata de eximir a las personas que conducen bajo el efecto de las drogas, sino de poner orden en un sistema que no cree justo. “La realidad es tozuda y dice que se consume y se conduce al mismo tiempo. Y ese consumo debe estar totalmente regulado para evitar que suponga un peligro en la vía pública. Lo mismo que hay que regularlo hay que garantizar los derechos de los ciudadanos, establecer las suficientes garantías procesales para que cuando se persiga un determinado caso tenga posibilidades de éxito. Hay que hacer legislaciones acordes a la realidad social. Las leyes que no son entendidas ni asumidas por los ciudadanos están llamadas a ser desobedecidas”.

La inesperada ruptura por parte del PP del consenso alcanzando con los socialistas para reformar el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha ha provocado la reacción de ocho asociaciones LGTBI de Castilla-La Mancha que han expresado este viernes su “profunda preocupación” ante la posibilidad de que sus derechos, inicialmente pactados para ser incluidos vía enmienda en el trámite ante el Congreso de los Diputados, queden fuera del texto final.

La reforma estatutaria se encuentra ahora en el Congreso, a la espera de que se debatan las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios, pero de entrada el PP plantea que si no se modifica, a la baja, el número de diputados que pueden tener las Cortes de Castilla-La Mancha, no darán su visto bueno. Y eso a pesar de haber fijado una posición conjunta con el PSOE antes de llevar la reforma a las Cortes Generales, con una horquilla entre 25 y 55 escaños. Ahora no quieren que el techo pase de 35 escaños.

El cambio de opinión de los 'populares' de Paco Núñez está siendo muy criticado por los socialistas - y se ha tendido ya la mano a seguir adelante, sin el PP, tanto desde IU como desde Movimiento Sumar- pero también por otros colectivos como los empresarios, los sindicatos o el Tercer Sector Social de la comunidad autónoma y ahora se suman las críticas de los colectivos LGTBI. Mientras, Vox dice ver el enfrentamiento “comiendo palomitas”, porque su postura es la no cambiar nada, y mucho menos si tiene que ver con los derechos LGTBI.

El 'tamaño' del Parlamento castellanomanchego parece haber bloqueado una reforma que, en la práctica, tiene un calado que va mucho más allá del número de escaños. En realidad es lo de menos porque tanto PP como PSOE se habían comprometido a que eso no se aplicaría en las próximas elecciones autonómicas previstas para 2027.

Lo cierto es que, de no prosperar el texto, decaerían reformas importantes, adecuadas al actual contexto socioeconómico de la comunidad autónoma y en algunos casos muy esperadas por diversos sectores castellanomanchegos. También se cerrarían puertas a las reformas que espera el colectivo LGTBI.

“El Estatuto fue aprobado en las Cortes regionales tras un acuerdo entre las principales fuerzas políticas de nuestra comunidad autónoma, PSOE y PP, y el voto en contra de la formación de Vox. Ese consenso representaba un compromiso institucional con la estabilidad y el avance de Castilla-La Mancha”, recuerdan desde las asociaciones LGTBI. Tras el optimismo inicial ahora se temen lo peor.

En el rifirrafe entre PP y PSOE, los socialistas recogieron el “órdago” de los 'populares' que les retaron a retirar 21 enmiendas al texto, entre ellas la que tiene que ver con los derechos LGTBI. El PSOE aceptó, siempre y cuando el PP retome el pacto.

Ese día, el número dos del PSOE autonómico dijo la mayoría de las enmiendas socialistas son “mínimos retoques jurídicos de los letrados”, en 18 de ellas, mientras que las otras tres están “pactadas” con el propio PP, las que hacen referencia a la UCLM y la comunidad LGTBI. “Nos piden retirar todas las enmiendas. Acepto el órdago. Me comprometo solemnemente a retirar todas aquellas enmiendas que no estén de acuerdo si ellos retiran las suyas. Primero, claro está, que expliquen cuál de nuestras enmiendas les supone un problema. Y las retiramos al mismo tiempo que ellos. Hoy mismo”.

Hoy estas siete asociaciones preguntan: “¿Es que acaso ahora la enmienda LGTBI no la veían de consenso?”, plantean desde la Asociación WADO LGTBI de Castilla-La Mancha, ⁠Plural LGTBIQ+ Mancha Centro, Chrysallis Asociación de familias de Infancia y Juventud Trans*, Fundación Triángulo, Familias Transformando Castilla-La Mancha, ADISE LGTBIQ+, Asociación LGTBI Torrijos y comarca y Bolo-Bolo LGTBI+ Castilla-La Mancha.

“Nos preocupa que se plantee la retirada global de todas las enmiendas, equiparando modificaciones previamente consensuadas, como la relativa al colectivo LGTBI o la referente a la Universidad de Castilla-La Mancha, y otras enmiendas de carácter técnico por lo visto, con enmiendas de calado como la de las horquillas parlamentarias redactadas de carácter unilateral”.

Si existen discrepancias reales desde el PP sobre alguna enmienda concreta, deben explicarse. Y si no las hay, no se entiende que se cuestionen en bloque, y así haya sido demandado por la secretaria general de los populares

Las preguntas al PP y los “derechos secuestrados”

En un comunicado conjunto apelan directamente al Partido Popular y a su secretaria general Carolina Agudo, que fue la que explicó las razones de la ruptura: “Si existen discrepancias reales desde el PP sobre alguna enmienda concreta, deben explicarse. Y si no las hay, no se entiende que se cuestionen en bloque, y así haya sido demandado por la secretaria general de los populares”, señalan los colectivos LGTBI.

Su pregunta, dicen, es “sencilla y legítima: si determinadas enmiendas fueron pactadas previamente, ¿por qué ahora se cuestionan en su conjunto? ¿Existe un desacuerdo real con el contenido de la enmienda LGTBI una vez el texto ha llegado al Congreso? O, por el contrario, ¿se está utilizando el trámite parlamentario para impedir la aprobación definitiva del Estatuto?”.

A los siete colectivos les preocupa “especialmente” que los derechos del colectivo LGTBI “puedan verse afectados por dinámicas políticas ajenas a la realidad social de Castilla-La Mancha”. Se reivindican como parte de la sociedad civil castellanomanchega y critican que con esta posición “ la totalidad de los derechos de Castilla-La Mancha estén también secuestrados”.

Y es que, advierten, “en nuestra región ya hemos visto retrocesos en políticas de diversidad en algunos municipios como Toledo, Talavera de la Reina o Guadalajara, en contextos de acuerdos entre PP y Vox”.

En nuestra región ya hemos visto retrocesos en políticas de diversidad en algunos municipios como Toledo, Talavera de la Reina o Guadalajara, en contextos de acuerdos entre PP y Vox

En Talavera de la Reina, en el pleno del mes de enero de este año, PP y Vox aprobaron una moción de éstos últimos para exigir la censura de los “contenidos ideológicos” en el sistema educativo, aludiendo a la Ley LGTBI. Y en Toledo va a hacer un año de la aprobación de una moción tránsfoba, sobre la no financiación a clubes deportivos en los que se permita la participación de personas trans haciendo referencia al aspecto biológico.

En ciudades como las ya mencionadas o Guadalajara, añaden, “se ha retrocedido en el número de acciones desde el ámbito municipal en visibilidad del colectivo LGTBI. Todo esto nos preocupa porque, asimismo, es público que Vox ha defendido la derogación de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha en 2025. ¿Esta es la deriva de espacios que va a permitir el PP y con lo que va a negociar siendo uno de los partidos junto al PSOE y Ciudadanos que aprobaron por unanimidad la Ley LGTBI de Castilla-La Mancha?”, preguntan.

Es público que Vox ha defendido la derogación de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha en 2025. ¿Esta es la deriva de espacios que va a permitir el PP y con lo que va a negociar siendo uno de los partidos junto al PSOE y Ciudadanos que aprobaron por unanimidad la Ley LGTBI de Castilla-La Mancha?

Creen “imprescindible que se despeje cualquier duda sobre el compromiso real con la enmienda LGTBI y con la garantía de derechos en el nuevo Estatuto” y afirman que “la ciudadanía merece claridad”.

En su opinión, “si existe un cambio de posición respecto a la enmienda LGTBI, debe explicarse de manera transparente. Y si no lo hay, no entendemos que su inclusión se diluya dentro de una confrontación política más amplia que nada tiene que ver con la garantía de derechos”.

El Estatuto de Autonomía es una norma estructural para Castilla-La Mancha. No puede convertirse en un escenario de bloqueo donde se mezclen acuerdos previos con desacuerdos posteriores sin explicación pública. La sociedad civil merece coherencia

Dicen que sus peticiones son sencillas y van desde el “respeto al consenso institucional alcanzado”, “claridad en las posiciones políticas” y “garantía expresa de que los derechos del colectivo LGTBI no quedarán en el aire”.

Recuerdan que el Estatuto de Autonomía “es una norma estructural para Castilla-La Mancha. No puede convertirse en un escenario de bloqueo donde se mezclen acuerdos previos con desacuerdos posteriores sin explicación pública. La sociedad civil merece coherencia”, zanjan.

El destacado activista estadounidense Jesse Jackson ha muerto a los 84 años. Figura clave del movimiento por los derechos civiles, el reverendo Jackson fundó organizaciones en defensa de la justicia social y también se presentó en dos ocasiones a las primarias presidenciales del Partido Demócrata en los años 80.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento del líder de los derechos civiles y fundador de la Rainbow PUSH Coalition, el honorable reverendo Jesse Louis Jackson, Sr. Falleció pacíficamente el martes por la mañana, rodeado de su familia”, ha anunciado la familia en un comunicado.

“Nuestro padre fue un líder servicial, no solo para nuestra familia, sino también para los oprimidos, los que no tienen voz y los marginados de todo el mundo”, dice la nota. “Nuestro padre fue un líder servidor, no solo para nuestra familia, sino también para los oprimidos, los que no tienen voz y los olvidados de todo el mundo. Lo compartimos con el mundo y, a cambio, el mundo se convirtió en parte de nuestra familia extendida. Su inquebrantable fe en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas, y les pedimos que honren su memoria continuando la lucha por los valores por los que vivió”.

La causa de la muerte no ha sido confirmada. Jackson fue hospitalizado en noviembre para recibir tratamiento por una enfermedad neurodegenerativa rara y particularmente grave, la parálisis supranuclear progresiva (PSP), según Rainbow PUSH Coalition. En 2017, reveló que padecía Parkinson. Fue tratado como paciente ambulatorio en Northwestern Medicine en Chicago durante al menos dos años antes de compartir el diagnóstico con el público.

La icónica figura del movimiento en favor de los derechos civiles en Estados Unidos, dejó oficialmente en 2023 su organización Rainbow PUSH Coalition, que fundó en 1971 en defensa de esos derechos y de la justicia internacional.

Jackson fundó Operation PUSH en 1971, tres años después del asesinato de su compañero de activismo Martin Luther King en Memphis, que él presenció.

En 1996, su organización pasó a llamarse Rainbow PUSH Coalition tras fusionarse con The National Rainbow Coalition. El grupo tiene como misión proteger, defender y ganar derechos civiles y se define como una organización multirracial, multitemática, progresiva e internacional, que busca el cambio social.

Trump califica a Jackson de “buen hombre, con mucha personalidad y coraje”

El presidente de EEUU, Donald Trump, elogió este martes al fallecido reverendo Jesse Jackson, un “buen hombre” de personalidad arrolladora al que aseguró conocer bien, e insistió en que a pesar de las “falsas” acusaciones de racismo en su contra, siempre mantuvo una buena relación con el veterano activista afroestadounidense.

“El reverendo Jesse Jackson ha muerto a los 84 años. Lo conocí bien, mucho antes de ser presidente. Era un buen hombre, con mucha personalidad, coraje y 'astucia callejera'. Era muy afable, alguien que de verdad amaba a la gente”, escribió Trump en Truth Social.

El mandatario republicano aseguró que “a pesar de que los canallas y lunáticos de la izquierda radical, todos demócratas” lo llaman “falsa y constantemente racista”, para él “siempre fue un placer ayudar a Jesse a lo largo del camino”.

Estas declaraciones de Trump llegan semanas después de la publicación de un vídeo, ya eliminado, en su cuenta de Truth Social donde aparecen el expresidente Barack Obama, y la ex primera dama Michelle, caracterizados como simios, algo que generó duras críticas de demócratas y republicanos por igual.

Hubo una España, no tan lejana, en la que las fronteras estaban totalmente cerradas y el mundo exterior era un completo desconocido. “Yo no he tenido pasaporte hasta la democracia, con lo cual no podía salir”, recuerda la directora de cine Azucena Rodríguez. Durante el franquismo, sólo unos pocos podían viajar… y muy de vez en cuando. “Yo la primera vez que me subí en avión fue en el viaje de novios”, cuenta la escritora Ana Santos. Cuando algunos españoles en los 60 y 70 empiezan a viajar a Londres o a París alucinan con cosas como que las parejas se den besos por la calle. Algo prohibido en España.

Además, en esos años España también se abre al turismo por cuestiones económicas. Las suecas en bikini copan las playas y protagonizan las películas de la época. Traen un aire de libertad que va calando poco a poco en la sociedad y el país empieza a trabajar para pedir la entrada en la Unión Europea hasta que, años después, lo consigue. “Lo que queríamos era evolucionar”, resume Carmen Ortiz, que asegura que ese pedazo de cambio de los 80 solo fue posible porque izquierda, derecha y centro negociaron para ponerse de acuerdo. “Todos tuvimos que ceder”.

Plot twist: cómo España se sacudió la caspa es un podcast de elDiario.es con guion y producción de Mar Abad y Javier Pascual y la realización sonora de Andreu Quesada. Las ilustraciones de la serie son de Míriam Persand. Un podcast realizado con la colaboración de la Celebración de los 50 años de libertad en España.

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Hubo una España, no tan lejana, en la que las universidades se convirtieron en el mayor espacio de lucha por la democracia del país. Cada vez más jóvenes leían libros y veían películas prohíbidas por la censura, se afiliaban a distintos partidos políticos ilegales y hacían propaganda contra el régimen. Pero en las mismas aulas había estudiantes que pertenecían a la llamada Brigada Político Social, que trabajan de topos para la policía (los grises). Y si te pillaban en una reunión de más de 10 personas… ibas directo al calabozo por “asociación ilícita”.

Además, en el calabozo eran frecuentes las torturas para conseguir confesiones. “Las celdas eran horribles, veías churretones de sangre…”, recuerda Azucena Rodríguez, que estuvo dos veces en la cárcel. La segunda, durante un año, por lanzar unos panfletos en la calle. “Te zarandeaban, te maltrataban… Era una situación humillante y, por supuesto, me pegaron”, recuerda Paloma Simón. “Yo tenía 19 años y lo único que quería era que hubiera democracia”. Pero incluso cuando Franco murió, la democracia se hizo esperar y la verdadera libertad tardó unos años en llegar. Lo recuerda bien Carlos Santos: “Quienes gobernaban no tenían prisa por que hubiera una democracia completa”.

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Hubo una España, no tan lejana, en la que apenas existía una sanidad pública, no había sindicatos para defender los derechos de los trabajadores y la escasez de vivienda era uno de los principales problemas de la sociedad. Paca Sauquillo señala el motivo: “En el año 39, terminada la guerra, en España había mucha necesidad de vivienda porque se había destruido”.

En aquella época, en las grandes ciudades, había barrios enteros de chabolas construidas en una sola noche para que la policía no pudiera derribarlas. Los derechos de los trabajadores estaban en manos de un sindicato único que servía al régimen franquista y quienes incitaban a la huelga se iban directos al calabozo. Además, las mujeres no podían trabajar sin el permiso de sus maridos. Y si necesitabas una vacuna o una operación quirúrgica, tenías que pasar por caja.

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Hubo una España, no tan lejana, en la que el 80% de las mujeres eran analfabetas. Y eso que se entendía que eras analfabeto solamente si no sabías firmar o escribir tu nombre. Lo explica bien la abogada Paca Sauquillo: “En el momento en que tú podías poner tu firma ya dejabas de ser analfabeto”. 

En aquella época, apenas había colegios mixtos, y a las niñas que iban al colegio se les enseñaba a coser y a cocinar. “Te preparaban para ser una buena esposa”, recuerda la terapeuta Paloma Simón, a quien se le daba fatal la costura. Además, la religión estaba en el centro de la educación para todos. “Era una propaganda muy subliminal, incluso en los cuentos que leíamos, que eran fundamentalmente vidas de santos, vidas heróicas, de personas sacrificadas, de personas convertidas a una causa en nombre de Dios”, cuenta la historiadora Ana Santos.

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“Vivimos en una sociedad que tiene miedo a la muerte, una sociedad tanatofóbica. Sin embargo, es muy importante pensar en la muerte, porque es el acto final de nuestra vida”. Así lo ha indicado la tesorera de la asociación Derecho a Morir Dignamente en Castilla-La Mancha, que ha pedido a la Administración autonómica un mayor esfuerzo a la hora dar a conocer este derecho.

Castillo ha realizado esta petición en Toledo, ciudad elegida para la presentación de dicha asociación que, constituida el pasado mes de noviembre como tal, pretende “promover una cultura de la muerte digna, para que la buena muerte sea un valor social”.

Y es que, según ha detallado en la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la presidenta regional, Blanca Calvo, Castilla-La Mancha se sitúa a la cola en cuanto a número de solicitantes de voluntades anticipadas o testamento vital, ese escrito donde cada persona manifiesta su deseo sobre los cuidados sanitarios que recibirá en el futuro que, tras formalizarse ante un funcionario, notario o tres testigos, se inscribe en el Registro Autonómico.

“Si fuésemos a viajar a la Antártida seguramente pensaríamos bastante en cómo hacerlo. Pero el viaje de la muerte, que está asegurado para todos, no lo pensamos”, ha lamentado la tesorera de Morir Dignamente, que ha dado cuenta de que en la Comunidad, tan solo el 5,93 de cada 1.000 habitantes han solicitado la Declaración de Voluntades Anticipadas, lejos de regiones como Navarra (32,50 por mil) o el País Vasco (27,72 por mil).

Según ha detallado, hasta el 30 de junio de 2025, han sido un total de total 13.505 las personas de la región (4.587 hombres, 7.864 mujeres) que lo han solicitado: 3.571 en Albacete, 3.323 en Ciudad Real, 3.224 en Toledo, 2.134 en Guadalajara y 1.253 en Cuenca.

Carrillo, que ha apuntado que en la región hay un total de 76 puntos de información y registro y oficinas habilitadas para poder oficializar dicho documento, ha animado a los castellanomanchegos a definir “su último viaje”. “Si estuviéramos en coma o tuviéramos problemas cognitivos, no podríamos solicitar la eutanasia si no lo hemos solicitado previamente en nuestro documento de voluntades anticipadas. Para tener una muerte digna, hay que pensarla. Hay que hacer uso de nuestros derechos y dejar por escrito y registrada nuestra voluntad”, ha insistido.

De ahí que haya reclamado a la Administración un mayor esfuerzo para que la ciudadanía conozca mejor este derecho. “Nosotros como asociación desde luego estamos comprometidas en esta tarea, en darlo a conocer”, ha concluido.

Eutanasias en Castilla-La Mancha desde 2021

Mientras, la presidenta de la misma, Blanca Calvo, ha explicado que Muerte Digna, que ya cuenta con 113 socios en la región (10 en Cuenca, 15 en Albacete, 23 en Ciudad Real, 30 en Toledo y 35 en Guadalajara) decidió constituirse en asociación regional para tener mayor representatividad ante las autoridades sanitarias de la región, para vigilar que los centros de registro funcionen bien y para dar un apoyo directo y personalizado a todos los castellanomanchegos que encuentran problemas a la hora de registrar su declaración de voluntades anticipadas o gestionar su petición de eutanasia.

Para ello, según ha avanzado, la asociación contará en un par de semanas con un el teléfono 699-545-545, que les permitirá ofrecer una trato más personalizado.

En otro orden de cosas, Calvo ha detallado los datos regionales de eutanasia. Entre 2021 y 2023 se han ejecutado 19 de las 28 solicitadas. Si en ese año en que se aprobó la ley -2021- se solicitaron dos, en el 2022 la región registró 19 solicitudes -siete ejecutadas-, que ascendieron a 28 en 2023, nueve ejecutadas.

Sobre esa cuestión, además de pedir que se agilicen los plazos, la presidenta de Morir Dignamente en Castilla-La Mancha ha dado un tirón de orejas tanto al Ministerio como a los gobiernos regionales por la tardanza en publicar los datos. “No puede ser que estemos acabando 2025 y muchas comunidades autónomas no hayan presentado su memoria”.

De igual modo, ha solicitado la creación de un registro de objetores y que la administración compense al personal sanitario que realice eutanasias, porque eleva su carga de trabajo.

Por último, ha demandado cambios legislativos que impidan la judicialización de la eutanasia, tras los casos de Noelia y Francesc, ambos en Cataluny, donde “una serie de personas que no tienen nada que ver con los peticionarios están haciéndoles la vida imposible, y nunca mejor dicho, porque ellos querrían haber terminado y no pueden”.

Cada 6 de diciembre recordamos la Constitución de 1978 como el pacto que abrió la puerta a la democracia y a un amplio catálogo de derechos y libertades. Pero, cuarenta y siete años después, muchas de aquellas promesas siguen sin hacerse realidad en la vida cotidiana de la mayoría social, y especialmente en territorios como Castilla-La Mancha.

Movimiento Sumar nació reconociendo la Constitución como marco de convivencia, sí, pero también como una hoja de ruta para transformar el país y garantizar derechos efectivos. Defender la Constitución hoy significa hacerla avanzar: reforzar el Estado social, blindar la sanidad, la educación y la dependencia, y combatir desigualdades territoriales y sociales que ya se están cronificando.

Porque mientras una parte de la derecha convierte la Constitución en un eslogan vacío, la ciudadanía se enfrenta cada día a dificultades muy reales: acceder a una vivienda digna, encontrar un empleo estable o recibir atención sanitaria de calidad, especialmente en el medio rural. Los derechos están reconocidos en el texto, pero las políticas públicas no han acompañado al ritmo necesario. Y esa brecha golpea de forma particular a jóvenes, mujeres, personas LGTBIQ+ y a quienes viven en zonas amenazadas por la despoblación.

Por eso, hablar hoy de reforma constitucional solo tiene sentido si es para ampliar y blindar derechos, no para vaciarlos. Actualizar la Carta Magna significa incorporar un lenguaje inclusivo, reforzar la igualdad entre mujeres y hombres, reconocer la diversidad familiar y proteger de forma explícita los derechos de las personas con discapacidad, del colectivo LGTBIQ+, del medio ambiente y de los animales.

Desde Movimiento Sumar Castilla-La Mancha, defender la Constitución es comprometerse con una región más justa, feminista, verde y cohesionada, donde vivir en un pueblo o en una ciudad no marque los límites de los derechos de nadie. En este Día de la Constitución, la prioridad es clara: menos retórica y más cumplimiento; menos discursos vacíos y más políticas que hagan realidad el mandato de una España social, democrática y verdaderamente igualitaria.

La continuidad del Armari de la Memòria, el archivo público dedicado a preservar la memoria histórica del colectivo LGTBI en la Comunitat Valenciana, se encuentra en un momento crucial. La Generalitat ha anunciado que asumirá su gestión directa a partir del 1 de diciembre, una gestión que había realizado Lambda, el Colectivo LGTB+ por la diversidad sexual, de género y familiar, desde 2021.

Lambda denuncia que la Generalitat está obstaculizando su funcionamiento desde que el servicio fue trasladado en junio a la Casa de la Diversidad, donde —según afirma— la Dirección General de Diversidad ha limitado el uso de espacios esenciales y ha dificultado la atención al público durante meses.

La entidad sostiene que la supervisión administrativa impuesta por el actual gobierno se ha convertido en un sistema de control excesivo que retrasa actividades, censura contenidos vinculados a la memoria histórica del colectivo y provoca cancelaciones por falta de autorización. Lambda asegura que esta situación hace imposible desarrollar proyectos y cumplir con las obligaciones legales del servicio, cuyo funcionamiento ha quedado “en la práctica” gravemente restringido.

El concierto vigente para la gestión del archivo vence el 30 de noviembre y, a quince días del plazo, afirma Lambda que la Generalitat no ha detallado ninguna fórmula para garantizar su continuidad. Para Lambda, este silencio genera alarma entre trabajadores, depositantes que han cedido materiales de gran valor histórico, investigadores y ciudadanía, que podrían perder un servicio público pionero contemplado en la Ley 23/2018 de igualdad LGTBI.

La entidad acusa al Gobierno autonómico de actuar con falta de transparencia y advierte: si la intención es cerrar el servicio, debe comunicarlo públicamente.

La Generalitat asume la gestión directa

Mientras Lambda denuncia bloqueo institucional, la Generalitat anunciaba este jueves que asumirá la gestión directa del Espai de la Memòria con el objetivo de reforzar la eficiencia del servicio, optimizar recursos públicos y garantizar la protección de la documentación custodiada. Este anuncio se produce también en medio de las negociaciones con la extrema derecha de Vox para elegir a Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón. Vox ha sido una formación crítica con los movimientos LGTBI+ y ha pactado con el PP recortes como el de la Ley Trans.

El archivo Armari de la Memòria, creado en 2021 por el anterior Ejecutivo, cuenta con un equipo de siete profesionales y ha supuesto un coste superior a 1,3 millones de euros, la mayor parte destinado a personal. La Administración asegura haber realizado un análisis de su funcionamiento y considera que “la gestión directa permitirá estabilizar el servicio, integrarlo en la estructura pública y evitar costes derivados de intermediaciones”.

La Generalitat sostiene que la Casa de la Diversidad ofrece condiciones adecuadas para conservar el archivo y afirma haber diseñado un plan de transición coordinado para garantizar un traspaso seguro y una mayor coordinación entre equipos técnicos.

Denuncia ante inspección por irregularidades de seguridad

Por otro lado, la representación sindical de la plantilla del Armari de la Memòria y Lambda han presentado una denuncia ante Inspección de Trabajo por graves irregularidades en prevención de riesgos laborales y seguridad en la sede actual del archivo. Señalan la ausencia de planes de emergencia y evacuación, la falta de documentación sobre sistemas contra incendios, riesgos eléctricos, humedades y plagas que podrían afectar tanto al personal como al fondo documental que custodian.

La denuncia detalla un episodio ocurrido el 10 de octubre de 2025, cuando la plantilla recibió instrucciones de silenciar manualmente la alarma contra incendios sin confirmación técnica de que no existía fuego ni humo. Lambda considera este hecho un ejemplo del «menyspreu absolut» hacia la seguridad laboral y lo enmarca en un patrón de negligencia administrativa que ha generado un entorno de trabajo inseguro.

La entidad asegura haber remitido más de treinta comunicaciones formales sin respuesta satisfactoria y acusa a la Dirección General de Diversidad de mantener una actitud «ideológica i hostil». En su comunicado advierte que la precarización del archivo es un síntoma del retroceso en políticas de igualdad y un ataque directo a la memoria democrática del colectivo LGTBI.

Concentración por el Día de la Memoria Trans ante las Corts

Además este sábado 22 de noviembre se conmemora el Día de la Memoria Trans. Por ello Lambda ha convocado a las 18:00h una concentración frente al Palau de les Corts Valencianes. Este acto se anuncia como “una llamada urgente para exigir derechos trans y LGTBIQ+ reales y protegidos”.

Señalan que “la autodeterminación de género es fundamental para garantizar la dignidad, el respeto y la visibilidad de todas las personas trans. En un contexto donde los derechos LGTBIQ+ siguen en riesgo a nivel nacional e internacional, la visibilidad y la exigencia de su protección son más urgentes que nunca”.

En este sentido hacen un llamamiento claro a detener el retroceso legislativo en la Comunitat Valenciana que, según denuncian, patologiza la identidad trans, legitima la violencia y la discriminación, y desprotege derechos fundamentales. Bajo el lema “Nuestra identidad no se debatirá, son derechos”, el colectivo exige “que València sea segura para todas, todes y todos, y la lucha no parará hasta que se recuperen y garanticen plenamente estos derechos”.

La declaración de Antifa como organización terrorista por parte de Donald Trump abre la puerta a la persecución penal de todo aquel que se oponga y proteste contra la deriva autoritaria de la Casa Blanca. Antifa no es una organización como tal, no tiene estructura ni organización concreta, sino una ideología que lucha contra el fascismo y que, con las políticas autoritarias de Donald Trump en su segundo mandato, ha vuelto a cobrar cierto protagonismo.  

Con Andrés Gil, corresponsal de elDiario.es en Estados Unidos, conocemos mejor en qué consiste Antifa en Estados Unidos. Escuchamos también el testimonio del profesor e historiador norteamericano Mark Bray, autor del libro Antifa, y que llegó a España huyendo de Estados Unidos en octubre tras recibir amenazas de la ultraderecha. Natalia Chientaroli, subdirectora de elDiario.es entrevistó a Bray y nos ayuda a entender mejor las claves de su libro. 

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Cubierta por un velo y con un pañuelo palestino sobre los hombros, Eman ha acudido este martes a la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja para entregar las 11.000 firmas que ha recogido en las últimas semanas a través de la plataforma change.org. Son para ella la muestra de que no está sola en esta lucha, la que inició hace ya un mes cuando fue expulsada del instituto Sagasta de Logroño por negarse a quitarse el velo islámico para entrar al centro.

Desde entonces ha presentado varias quejas tanto a la consejería como al instituto, pero aunque ambas instituciones le han respondido, ninguna le ofrece una solución: su continuidad en este centro educativo pasa por acudir a clase sin velo. Es lo que lleva haciendo semanas a pesar de sentirse “humillada” por ello. “Tuve una reunión con la directora y me explicó que con tres partes me abrirían expediente y me podría quedar fuera del Bachillerato Internacional”, explica, “así que no podía enfrentarme a ellos individualmente porque además aquí en La Rioja no hay ningún otro centro donde pueda cursarse esta modalidad de Bachillerato. He tenido que cumplir con la norma”.

Esto supone para esta joven un verdadero problema. “Es muy humillante porque no hay ningún fundamento ni razón, me siento fatal porque todo el mundo me mira muchísimo, hay comentarios que no están bien y es muy vergonzoso”, explica, “me he puesto el pañuelo como musulmana y es muy humillante que venga una persona y te lo haga quitar. Dicen algunos que nos obligan a ponernos pañuelo, pero es que son los mismos que nos obligan a quitármelo. Déjame a mí ponérmelo por mi voluntad y quitármelo por mi voluntad también”.

Muchos profesores y la mayor parte de sus compañeros están apoyando su lucha. También ex profesores del IES Sagasta se han dirigido a la organización del Bachillerato Internacional que, hasta ahora, no ha dado ninguna respuesta. Ahora, con esta recogida de firmas, trata de demostrar que no está sola y confrontar el discurso de la directora del IES Sagasta que señala que no se puede cambiar la norma por una única alumna. Lo que no tiene claro es cuál será el siguiente paso. “Voy viendo poco a poco porque igual todo esto puede perjudicarme en mis estudios. Intento que no afecte”, explica.

Eman desmonta uno a uno los argumentos de la directora del centro. “Dice que los alumnos no pueden llevar la cabeza cubierta, pero ella equipara las capuchas y gorras con el velo islámico aunque tienen diferentes usos. Dice además que es un sesgo de género. Alega también que en los exámenes podría copiar con auriculares ocultos, pero le di la solución prestándome a enseñar las orejas antes de entrar. También decía que en los pasillos si hay un conflicto o un robo, si vamos cubiertos no se puede identificar bien a los alumnos. No tiene ningún sentido”.

Tiene también respuesta para aquellas voces que exigen a la población musulmana que se adapte a las normas de España igual que un español debe adaptarse a las normas de un país árabe cuando lo visita. “Las normas... ¿Qué norma hay en la Constitución española que diga que no puedes expresarte libremente? Ni siquiera en la normativa de mi instituto hacen referencia al hiyab. Si me dices que en Afganistán prohíben algo, es porque está en su norma. Pero es que aquí esa norma no existe. Si España es democrática hay que cumplirlo, porque es un derecho de cada persona”, insiste esta joven logroñesa que tiene hasta ahora brillantes resultados académicos.

Pide a la consejería de Educación que se pronuncie claramente sobre este asunto y recuerda que si prohíben el velo estarán “limitando la educación de las personas musulmanas” porque “obligan a elegir entre religión y educación, dos cosas fundamentales para una persona”.

De hecho, Eman no fue la única alumna que vio limitado este derecho. Como ella, la prohibición del uso del velo en este centro público de Logroño afectó a otras alumnas. Ellas decidieron quitárselo pero Eman en un principio se negó y por eso fue expulsada. Desde entonces ha habido numerosas movilizaciones y varias asociaciones de personas migrantes han denunciado que esta prohibición “atenta contra el derecho a la propia imagen que garantiza la Constitución, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, la Declaración Universal de DD.HH., el Convenio Europeo de DD. HH. y obvia una sentencia del tribunal supremo en de 2013”.

Desde la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja se han lavado las manos alegando que la prohibición “se ajusta a derecho” y apelando a la “autonomía de los centros y sus reglamentos de funcionamiento”. Sin embargo, desde la Universidad de La Rioja, la Clínica Jurídica y de Intervención Social ha elaborado un informe a la consulta del AMPA del instituto sobre la prohibición del velo islámico. Concluye que el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro no tiene cobertura legal suficiente y “no puede limitar derechos fundamentales como la libertad religiosa sin respaldo legal superior”. Además, recuerda que toda restricción a derechos fundamentales debe ser aprobada por ley orgánica, responder a un fin legítimo y ser proporcional, requisitos que, según recoge el informe, este reglamento “no cumple”.

En cualquier caso, Eman sabe que tiene por delante dos años en el instituto más antiguo de Logroño, el IES Sagasta. Es la única opción que tiene si quiere cursar en La Rioja el Bachillerato Internacional, al que se accede con excelentes calificaciones y nivel alto de inglés. Después, estudiará Derecho. Lo tiene claro. “Esto que me está pasando no tiene ningún fundamento legal y eso me avergüenza todavía más”, concluye.

El asesinato de Charlie Kirk, un referente muy popular entre los jóvenes ultraconservadores de Estados Unidos, ha provocado una conmoción en la sociedad norteamericana alimentando en gran parte por una sobrerreacción de la Casa Blanca y todo el movimiento MAGA. Trump y los principales cargos de su Gobierno culparon del crimen a la “izquierda radical” y elevaron la figura de Kirk como su nuevo mártir en un funeral de Estado retransmitido por televisión.  

Con Carlos Hernández-Echevarría, adjunto a la dirección de Maldita y experto en política norteamericana, analizamos el punto de inflexión que puede representar este asesinato político en la democracia estadounidense.

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La joven N. ha superado otro obstáculo para poder materializar su derecho a morir. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado el recurso que el padre de N., representado por el grupo ultracatólico Abogados Cristianos, interpuso contra el aval que una jueza de Barcelona había concedido a su eutanasia, aunque ha admitido que el hombre pueda recurrirla (algo que había negado la primera magistrada que juzgó el caso).

En la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el TSJC concluye que existe un “innegable interés” del padre de N. en que la joven siga con vida, por lo que el hombre sí está legitimado para recurrir la eutanasia. Pero no para impedirla del todo, agrega el tribunal, que aprecia claramente padecimientos “graves, crónicos, constantes e imposibilitantes” y sin pronóstico de mejora en la joven, así como su plena capacidad y conciencia para pedirla, algo que negaban el padre y el colectivo ultracatólico.

Los jueces asumen al 100% que la joven solicitó su eutanasia “sin injerencia ni influencia” derivadas del trastorno límite de la personalidad que padece. “Sus capacidades de saber, discernir y ejecutivas están conservadas”, reza la sentencia de la sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC.

“Reconocer la posibilidad” de impugnar una eutanasia, enfatiza la sentencia, no implica que se deba estimar el recurso del padre. Los magistrados reconocen que la materialización de la eutanasia en el caso de N. todavía podría “postergarse” y admiten que ello puede generar “insatisfacción” en la joven.

El de N. fue el primer juicio en la historia de España por una eutanasia ya concedida. Su padre y Abogados Cristianos impugnaron ante los juzgados el visto bueno a la muerte digna que habían dado en pleno los juristas y médicos de la Comisión de Garantías de la Generalitat de Catalunya.

Previsiblemente, pese a esta sentencia a su favor, N. seguirá sin poder ejercer su derecho a morir (el proceso judicial ha paralizado la eutanasia desde agosto de 2024), ya que Abogados Cristianos y su padre pueden recurrir la sentencia del TSJC ante el Tribunal Supremo. La sentencia se puede recurrir en un plazo de 30 días.

La causa es de especial relevancia no solo por estar en juego el derecho a la muerte digna, sino también por otro aspecto esencial: si un familiar de un solicitante de eutanasia puede recurrirla. Los juristas y expertos en eutanasia habían mostrado su alarma ante la posibilidad de que los jueces permitan, tal y como ha sucedido, a un familiar recurrir una eutanasia ya concedida, ya que la ley, en realidad, estaba pensada para que los recursos judiciales fueran para dirimir las denegaciones de la muerte digna, y no los avales.

La lentitud de la Justicia para decidir sobre la muerte digna de N. es otra de las claves del caso. La eutanasia de la joven se autorizó en julio del año pasado. Abogados Cristianos la impugnó y la jueza la suspendió a principios de agosto. Pese a tratarse de un procedimiento prioritario sobre el resto al versar sobre derechos fundamentales, la primera sentencia no llegó hasta marzo de este año.

Sobre este aspecto, los magistrados del TSJC manifiestan que “no está al alcance” de los tribunales “evitar” la tardanza en la resolución de los casos, ya que, argumentan, deriva de la “inexistencia” de una legislación que les permita resolver en primer lugar las causas derivadas de la eutanasia.

Abogados Cristianos recurrió ante el TSJC y los jueces catalanes dejaron su deliberación sobre el caso para septiembre. Ahora los ultracatólicos pueden recurrir ante el Tribunal Supremo e incluso han mostrado su intención de llegar hasta el Constitucional e instancias europeas para impugnar el derecho a morir de N.

Además del caso de N., otro hombre de Barcelona tiene la eutanasia suspendida por un recurso de su padre. Su causa se encuentra pendiente de que el Supremo decida en las próximas semanas. Son los dos únicos casos, por ahora, de eutanasias judicializadas en España.

En ningún momento del procedimiento Abogados Cristianos ha aportado informe pericial alguno para rebatir a los 19 juristas y especialistas médicos de la Generalitat que avalaron la eutanasia de N. Los ultracatólicos sí habían alegado, sin ninguna prueba, deudas económicas de la joven para impedir su eutanasia.

Frente a las afirmaciones sin sustento de Abogados Cristianos, los jueces remarcan que todos los informes médicos del caso sostienen “al unísono” que N. presenta “pleno cumplimiento” de los requisitos para poder morir de forma digna, tal y como la propia solicitante corroboró en el juicio.

A lo largo de los últimos meses, N. ha puesto en conocimiento de los jueces las presiones para renunciar a su eutanasia que ha recibido de grupos vinculados al grupo católico cercano al centro de menores donde pasó parte de su infancia. Pero la voluntad de N. es firme aunque su padre y grupos ultras intenten impedirla: solo quiere morir dignamente.