“Las instituciones públicas someten a la mujer trans migrante a un proceso de tortura. Es un sistema heteronormativo y, como no encajamos en él, nos empujan a una tortura física y emocional”. Vlada Krassova, originaria de Nicaragua, huyó de su país en 2018. Pasó siete años como refugiada en Costa Rica hasta que, en 2025, llegó a España a través de un programa de reasentamiento.

La mujer trans migrante sufre una triple discriminación: por ser trans, por ser migrante y por ser mujer. No se trata solo del complejo proceso —físico, psicológico, social y económico— que atraviesa una mujer trans. Cuando a esa realidad se suma la migración, la dificultad se multiplica.

“Una mujer trans nacida en España ya cuenta con la nacionalidad; si además tiene una familia que le ofrezca apoyo, mucho mejor. Pero para quienes llegan en situación administrativa irregular y sin red familiar, todo es mucho más complicado”, explica Juan Nicolás, consultor en política social y experto en género. “La realidad es que estas mujeres están en la cola de la exclusión social”.

Las trabas administrativas

Uno de los grandes hitos de la Ley Trans, aprobada en febrero de 2023, fue la autodeterminación de género: la posibilidad de modificar legalmente el nombre y el sexo sin necesidad de informes médicos ni tratamientos previos, contribuyendo a su despatologización.

Sin embargo, las personas trans migrantes en situación irregular no pueden iniciar este proceso. Hasta que regularizan su situación, permanecen en un limbo en el que la identidad que figura en su documentación no coincide con la que viven.

La Ley Trans no nos favorece a todas. Es para personas con nacionalidad española, no para migrantes y mucho menos para quienes están en situación irregular

“Vienen huyendo de sus países por ser trans y, cuando llegan aquí, se encuentran con trabas administrativas. La Ley Trans es importante, pero no llega a todo el mundo. Hay derechos recogidos en el papel que no se trasladan a la vida real”, añade Nicolás.

Alexandra Andino, mujer trans hondureña, llegó a España en 2012: “Migré porque lo que estaba en juego era mi vida”. Sin embargo, sus expectativas no se cumplieron: “Pensaba que España era un país avanzado y que todo sería más fácil, pero la Ley Trans no nos favorece a todas. Es para personas con nacionalidad española, no para migrantes y mucho menos para quienes están en situación irregular”.

La mayoría de mis compañeras no pueden acceder al reconocimiento de su identidad hasta obtener la nacionalidad

En el caso de Vlada, el reconocimiento de su identidad también fue una barrera. “En Costa Rica llevaba cinco años con mi nombre y género reconocidos, pero al llegar a España tuve que empezar de nuevo”. A pesar de su condición de refugiada, esperó más de un mes para regularizar su identidad: “Esa espera me generó mucha ansiedad. Veía a personas cis en mi situación hacer trámites con normalidad, mientras yo no sabía cuánto tiempo tendría que esperar”.

Actualmente, la nicaragüense trabaja en un estudio académico sobre el acceso al reconocimiento de la identidad de género y reconoce que su caso es excepcional: “La mayoría de mis compañeras no pueden acceder al reconocimiento de su identidad hasta obtener la nacionalidad, y eso implica muchísimo más tiempo”.

Durante este bloqueo administrativo, uno de los temores más habituales es ser nombradas en público con un nombre legal que ya no las representa, conocido como deadname.

Laura Johana, ecuatoriana de 41 años, vivió varios años en Chile antes de llegar a España en 2024. “Antes pedía que me llamaran por mi apellido. No solía haber problema, aunque siempre puede tocar alguien que se niegue”, relata. En su caso, el proceso fue más sencillo gracias a su madre, residente en Cartagena desde hace más de dos décadas, lo que le permitió obtener el permiso de residencia y realizar el cambio de nombre en el consulado ecuatoriano en Murcia.

“Sin papeles no puedes acudir a un endocrino”

La falta de regularización legal obliga a estas mujeres, en muchas ocasiones, a interrumpir su proceso hormonal. “Sin papeles no puedes acudir a un endocrino. Muchas hemos tenido que interrumpir la hormonación, y eso provoca un desajuste físico y emocional muy fuerte, incluso depresión”, explica Alexandra.

Para las personas trans es un método de tortura que la continuación del proceso hormonal no se considere una emergencia en el sistema sanitario

En el caso de Vlada, como refugiada, contaba con tres meses de tratamiento asegurados por parte del gobierno de Costa Rica. Pasado este periodo empezó el calvario: “La interrupción del proceso hormonal conlleva disforia, ansiedad y depresión”, explica. Las trabas burocráticas y la falta de sensibilidad del personal sanitario acentuaron este estado: “Para las personas trans es un método de tortura que la continuación del proceso hormonal no se considere una emergencia en el sistema sanitario”, denuncia la nicaraguense.

Se acentúa el problema de vivienda

Si para la mayoría social esta cuestión es uno de los grandes conflictos sociales y económicos del país, para las mujeres migrantes trans la dificultad se multiplica. “Las propias inmobiliarias me dicen que los propietarios les piden que no alquilen a personas como yo”, explica Alexandra Andino. A pesar de tener contrato y nóminas que la avalan, muchos caseros se niegan a alquilarles un hogar “por ser migrantes y transexuales”.

La transfobia y el racismo se suman al ya de por sí complicado mercado de la vivienda: “Cuando preguntamos por qué, nos dicen que vamos a usar el piso para prostituirnos, una migrante trans siempre carga con el estigma de la prostitución incluso aunque pueda demostrar que no la ejerce”, cuenta la hondureña.

El experto en políticas de género, Juan Nicolás, asegura “que les nieguen el acceso a la vivienda provoca que muchas acaben viviendo prácticamente hacinadas”.

“Una sociedad que las rechaza influye en cómo se muestran”

“El estigma está muy presente. Algunas incluso tienen miedo de coger el autobús porque sienten las miradas”, explica Nicolás. “Muchas están en proceso de hormonación y no han completado la transición. La sociedad rechaza lo diferente, y eso genera intimidación”.

Cuando a la identidad trans se suman la migración y una situación socioeconómica vulnerable, el estigma se intensifica. Una brecha de clase de la que no todas son conscientes: “Conozco chicas trans españolas con recursos a las que nunca veo en manifestaciones por nuestros derechos. Creo que piensan que a ellas la transfobia no les afecta, pero nos afecta a todas. Si alguien quiere agredirte, no va a preguntarte cuánto dinero tienes”, señala Alexandra.

Vivimos en un entorno que nos sanciona no solo a nivel legal, también socialmente, y no siempre tenemos acceso a educación, salud o procesos de sanación. Todo eso se convierte en rabia

Ese rechazo constante no solo condiciona la vida cotidiana, también moldea la forma en que muchas mujeres trans se relacionan con el mundo. Si pensamos en referentes en España, como La Veneno o Jedet, suele repetirse un patrón de personalidades fuertes y extrovertidas. Sin embargo, esa imagen responde, en parte, a un mecanismo de defensa.

“Frente a una sociedad que las rechaza, tienen que desarrollar herramientas para protegerse, y eso influye en cómo se muestran”, explica Nicolás.

Para Vlada Krassova, es la experiencia de la violencia y exclusión la que determina ese carácter: “Si has vivido situaciones de acoso o agresión, o conoces a alguien que las ha sufrido, te da rabia que el sistema de justicia no sea efectivo. Ese carácter es una rabia que trata de canalizarse”, señala.

“Nuestra euforia no es una condición psicológica, viene de la sanción social de todo un sistema que trata de disciplinarte. Pero nosotras seguimos en la lucha”. Aunque se define como una persona introvertida, reconoce el impacto del sistema: “Me ha dañado tanto que ahora soy más cerrada. Vivimos en un entorno que nos sanciona no solo a nivel legal, también socialmente, y no siempre tenemos acceso a educación, salud o procesos de sanación. Todo eso se convierte en rabia”.

Cuando la exclusión social empuja al trabajo sexual

Las dificultades para regularizar la situación administrativa y acceder al empleo empujan a muchas mujeres trans migrantes a ejercer la prostitución. Más que una elección, se trata de un contexto condicionado por la falta de alternativas.

Así, a la transfobia, el racismo y la misoginia se suma la 'putofobia': el estigma hacia quienes ejercen la prostitución. Alexandra vivió esta realidad durante dos años: “Pasé casi dos años de mi vida perdidos en un polígono, arriesgándome a palizas e insultos. Pero era la única forma de ganar dinero”.

Pasé casi dos años de mi vida perdidos en un polígono, arriesgándome a palizas e insultos. Pero era la única forma de ganar dinero

Actualmente, trabaja como coordinadora en Acción Triángulo, una ONG en defensa de las personas LGBIQA+, pero no olvida a las compañeras que siguen ejerciendo la prostitución: “Es un trabajo de mucho riesgo, muy discriminatorio y rodeado de mucha hipocresía, porque quienes más nos señalan luego son quienes más nos buscan”.

El trabajo sexual también condiciona la transición. “Quería seguir con la hormonación, pero perdería clientes. Muchos buscan chicas sin operar, y necesitas ese dinero”, explica Laura Johana. La ecuatoriana reconoce que no siente que la sociedad empatice con ellas: “La gente piensa que es un trabajo fácil, pero no lo es. No es fácil acostarse con hombres que no te gustan y no siempre son agradables”.

En otras muchas ocasiones, ni siquiera es la falta de alternativas lo que las empuja a la prostitución. Explica Juan Nicolás que “muchas llegan engañadas, pensando que trabajarán en cuidados o tareas domésticas, y acaban en redes de trata”.

Soluciones estructurales frente a la “estigmatización social y las trabajas administrativas”

“Es fundamental sensibilizar a propietarios, sanitarios y personal de la administración. Darles herramientas para saber cómo tratar, a nivel personal y profesional, a estas mujeres”, como experto en políticas de género y transgénero, para Juan Nicolás la respuesta pasa por el desarrollo de programas integrales que aborden todas estas dimensiones.

“La raíz del problema es que no pueden acceder a los recursos básicos por la estigmatización social y las trabas administrativas. Esos son los dos grandes motivos de exclusión, por eso la solución pasa por programas integrales de inclusión social”, concluye el experto.

La incapacidad de varios policías en ponerse de acuerdo sobre si un conductor estaba drogado o no ha salvado a ese hombre de una pena de cárcel por un accidente de coche del que no era responsable. Un juez ha dictaminado que para ser condenado por conducir bajo los efectos de las drogas hace falta, precisamente, estar bajo los efectos de las drogas. Y que debe quedar acreditado.

Pero no con un mero positivo en el test de droga en carretera, el llamado drogotest, y menos si es de saliva. No es suficiente, sostiene este magistrado, y no es el primero que lo dice. En este caso “no ha quedado suficientemente acreditado que el acusado exteriorizara signos de afectación o intoxicación por la ingesta de marihuana ni que condujera bajo la influencia de esta sustancia, siendo la prueba practicada insuficiente a los fines pretendidos, por lo que debe prevalecer el principio in dubio pro reo y (...) se debe absolver al acusado de la acusación que sobre él pesa”.

El abogado que ha llevado el caso, Francisco Azorín, cree que “es necesario que se regule mejor los test de droga en carretera, porque el test en saliva ofrece resultados positivos a los varios días de haber consumido y se debería de ofrecer siempre el derecho a una prueba de contraste en sangre a las personas que dan positivo en saliva. Además, el test de signos externos sobre la afectación en las capacidades psicofísicas para la conducción no debería realizarse por la policía, sino por un médico. Esto ayudaría a resolver estos procedimientos condenando a las personas que efectivamente hayan provocado el accidente por ir bajo los efectos de las drogas y absolvería a aquellos que consumieron días atrás y que esa ingesta de drogas en nada tuvo que ver con el accidente”.

El sistema de detección de drogas en carretera (y posterior sanción) está cada vez más cuestionado tanto por jueces como por expertos y asociaciones civiles. Los drogotest en saliva devuelven positivos varios días después de haber consumido sustancias, pero además ni siquiera detectan necesariamente drogas: un juez anuló hace unos meses una multa de mil euros y seis puntos del carné de conducir a una mujer porque el aparato había dado positivo por un metabolito, una sustancia que genera el organismo cuando ya ha procesado y depurado la cocaína y por tanto no está bajo sus efectos, como recogió el magistrado en su sentencia absolutoria.

Los jueces empiezan a generar un patrón. Aquel caso fue por lo administrativo, este por lo penal, pero la conclusión es la misma y cuestiona un elemento central de la política antidroga en carretera: un positivo en un control, por sí mismo, no es siempre condición suficiente para sancionar.

Consumió la noche anterior

El hombre dio positivo por cannabis tras atropellar a una anciana. Sí, reconoció, había fumado marihuana. Pero la noche anterior, más de 12 horas antes. La perito explicaría más tarde ante el juez que es perfectamente posible que la máquina pite en esas circunstancias. Un policía creyó notar olor a porro. Veía a una persona locuaz, preocupada y con los ojos rojos y dilatados.

Pero otros dos agentes no notaron nada de eso. El olor a porro podía ser el cigarrillo que el joven se había fumado in situ para calmar los nervios tras el accidente y locuaz es compatible con nervioso, pero no es la reacción más típica del cannabis, alegaría el abogado en el juicio. El joven ni siquiera tenía culpa del accidente: la mujer, con problemas de audición, probablemente no vio ni oyó el coche y se golpeó con él. La ubicación del bollo, en la parte lateral trasera del coche, confirmaba su versión.

Estas discrepancias de los policías, la incapacidad de la perito para determinar la cantidad de THC (el principal principio activo del cannabis) necesaria en el organismo para afectar a una persona y el hecho de que el hombre no fuera responsable del atropello –si hubiera sido culpa suya se consideraría prueba de que conducía bajo la influencia de la droga– llevaron al juez a absolver al conductor.

El juez recuerda en su sentencia que el Código Penal castiga a quien conduzca “bajo la influencia de drogas tóxicas” y que, a diferencia de lo que sucede con el alcohol, el resto de sustancias no tiene un límite marcado por la ley que no se pueda superar. “Así como en el caso de la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas se establecen normativamente unos límites máximos y objetivos a partir de los cuales la conducción se considera influenciada por la ingesta de alcohol (0,60 miligramos por litro en aire o 1,2 gramos por litro en sangre), no sucede lo mismo en el caso de la conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, por lo que en estos casos habrá de acudirse a las circunstancias acreditadas del caso concreto para determinar si la conducción estaba o no influenciada por el previo consumo de droga”, escribe el magistrado.

Los cinco años de proceso que ha pasado (la causa estuvo dos paralizada), con la amenaza de perder la plaza de funcionario que acababa de sacarse, no se los quita nadie.

“Moraleja”, concluye el abogado Azorín, “si fumas por la noche y al día siguiente conduciendo, una anciana o un niño te sale entre dos coches, lo atropellas y no tienes la culpa, esa presencia de cannabis u otra droga va a convertir tu presunción de inocencia en presunción de culpabilidad y te va a arruinar la vida económica y emocionalmente. Hay que regular de manera urgente esta cuestión”, cierra.

Un sistema cuestionado

No es el primer juez que cuestiona un positivo en un control de carretera como prueba suficiente para condenar a un conductor. El magistrado que anuló una sanción por cocaína utilizaba argumentos similares a los de este caso: “Este método [un test de saliva] por sí solo no acredita de forma fehaciente que una persona se encuentre bajo la influencia de sustancias estupefacientes, sino que se trataría, en todo caso, de un mero indicador de si esa persona ha podido consumir o no una sustancia, pero sin determinar el momento en que lo ha hecho, esto es, el momento previo a conducir o incluso el mismo día, ni la intensidad o efectos de la presencia de dicha sustancia en las capacidades del sujeto para conducir”.

Además, explican expertos en la materia, cada marca de aparatos tiene un punto de corte distinto porque no existe una ley que establezca un criterio, como sí sucede con el alcohol. “Uno de los grandes problemas del sistema de medición [de drogas en carretera] es quién pone los límites en los dispositivos”, explicaba a este periódico Juan José Ramírez, quien ha estado vinculado a los controles de Tráfico durante 47 años, primero en la Guardia Civil y luego en la Policía Local de Osuna (Sevilla) y ha escrito la tesis doctoral 'Los controles de drogas a conductores en España: análisis de la legislación, la formación específica de los profesionales y los dispositivos de detección', probablemente el análisis más completo de la situación realizado en España.

“Lo normal sería que los pusiera la administración, como hace con el alcohol. Pero en estos aparatos los pone cada fabricante. Eso provoca que una misma muestra puede dar resultado negativo o positivo según el aparato”, explica. Exactamente lo mismo sucede con la prueba de sangre en laboratorio, si el conductor pide ese segundo test (está en su derecho). “Pasa lo mismo”, insiste Ramírez, “una misma muestra puede dar negativo o positivo según el laboratorio por la misma razón, no hay una norma, y puedes encontrar diferentes límites de corte para diferentes sustancias en cada laboratorio. Esto arroja inseguridad jurídica”.

Tampoco existe, señala el abogado Azorín, una ley que establezca qué sustancias pueden detectar o no los aparatos. Este vacío ha propiciado, por ejemplo, que las benzodiazepinas hayan dejado de dar positivo por decisión no se sabe bien de quién. “Si los test no detectan estos sedantes ni muchas nuevas sustancias psicoactivas no prohibidas u otras que, aunque estén prohibidas no aparezcan en el aparato, difícilmente vamos a tener un sistema que proteja la seguridad vial. Lo único que tenemos es una máquina de represión de la persona usuaria de drogas y una forma de financiar las arcas públicas”, lamenta el letrado.

El ex guardia Ramírez recordaba a raíz del caso de la mujer exonerada del positivo por metabolitos que esta postura crítica no trata de eximir a las personas que conducen bajo el efecto de las drogas, sino de poner orden en un sistema que no cree justo. “La realidad es tozuda y dice que se consume y se conduce al mismo tiempo. Y ese consumo debe estar totalmente regulado para evitar que suponga un peligro en la vía pública. Lo mismo que hay que regularlo hay que garantizar los derechos de los ciudadanos, establecer las suficientes garantías procesales para que cuando se persiga un determinado caso tenga posibilidades de éxito. Hay que hacer legislaciones acordes a la realidad social. Las leyes que no son entendidas ni asumidas por los ciudadanos están llamadas a ser desobedecidas”.

La inesperada ruptura por parte del PP del consenso alcanzando con los socialistas para reformar el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha ha provocado la reacción de ocho asociaciones LGTBI de Castilla-La Mancha que han expresado este viernes su “profunda preocupación” ante la posibilidad de que sus derechos, inicialmente pactados para ser incluidos vía enmienda en el trámite ante el Congreso de los Diputados, queden fuera del texto final.

La reforma estatutaria se encuentra ahora en el Congreso, a la espera de que se debatan las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios, pero de entrada el PP plantea que si no se modifica, a la baja, el número de diputados que pueden tener las Cortes de Castilla-La Mancha, no darán su visto bueno. Y eso a pesar de haber fijado una posición conjunta con el PSOE antes de llevar la reforma a las Cortes Generales, con una horquilla entre 25 y 55 escaños. Ahora no quieren que el techo pase de 35 escaños.

El cambio de opinión de los 'populares' de Paco Núñez está siendo muy criticado por los socialistas - y se ha tendido ya la mano a seguir adelante, sin el PP, tanto desde IU como desde Movimiento Sumar- pero también por otros colectivos como los empresarios, los sindicatos o el Tercer Sector Social de la comunidad autónoma y ahora se suman las críticas de los colectivos LGTBI. Mientras, Vox dice ver el enfrentamiento “comiendo palomitas”, porque su postura es la no cambiar nada, y mucho menos si tiene que ver con los derechos LGTBI.

El 'tamaño' del Parlamento castellanomanchego parece haber bloqueado una reforma que, en la práctica, tiene un calado que va mucho más allá del número de escaños. En realidad es lo de menos porque tanto PP como PSOE se habían comprometido a que eso no se aplicaría en las próximas elecciones autonómicas previstas para 2027.

Lo cierto es que, de no prosperar el texto, decaerían reformas importantes, adecuadas al actual contexto socioeconómico de la comunidad autónoma y en algunos casos muy esperadas por diversos sectores castellanomanchegos. También se cerrarían puertas a las reformas que espera el colectivo LGTBI.

“El Estatuto fue aprobado en las Cortes regionales tras un acuerdo entre las principales fuerzas políticas de nuestra comunidad autónoma, PSOE y PP, y el voto en contra de la formación de Vox. Ese consenso representaba un compromiso institucional con la estabilidad y el avance de Castilla-La Mancha”, recuerdan desde las asociaciones LGTBI. Tras el optimismo inicial ahora se temen lo peor.

En el rifirrafe entre PP y PSOE, los socialistas recogieron el “órdago” de los 'populares' que les retaron a retirar 21 enmiendas al texto, entre ellas la que tiene que ver con los derechos LGTBI. El PSOE aceptó, siempre y cuando el PP retome el pacto.

Ese día, el número dos del PSOE autonómico dijo la mayoría de las enmiendas socialistas son “mínimos retoques jurídicos de los letrados”, en 18 de ellas, mientras que las otras tres están “pactadas” con el propio PP, las que hacen referencia a la UCLM y la comunidad LGTBI. “Nos piden retirar todas las enmiendas. Acepto el órdago. Me comprometo solemnemente a retirar todas aquellas enmiendas que no estén de acuerdo si ellos retiran las suyas. Primero, claro está, que expliquen cuál de nuestras enmiendas les supone un problema. Y las retiramos al mismo tiempo que ellos. Hoy mismo”.

Hoy estas siete asociaciones preguntan: “¿Es que acaso ahora la enmienda LGTBI no la veían de consenso?”, plantean desde la Asociación WADO LGTBI de Castilla-La Mancha, ⁠Plural LGTBIQ+ Mancha Centro, Chrysallis Asociación de familias de Infancia y Juventud Trans*, Fundación Triángulo, Familias Transformando Castilla-La Mancha, ADISE LGTBIQ+, Asociación LGTBI Torrijos y comarca y Bolo-Bolo LGTBI+ Castilla-La Mancha.

“Nos preocupa que se plantee la retirada global de todas las enmiendas, equiparando modificaciones previamente consensuadas, como la relativa al colectivo LGTBI o la referente a la Universidad de Castilla-La Mancha, y otras enmiendas de carácter técnico por lo visto, con enmiendas de calado como la de las horquillas parlamentarias redactadas de carácter unilateral”.

Si existen discrepancias reales desde el PP sobre alguna enmienda concreta, deben explicarse. Y si no las hay, no se entiende que se cuestionen en bloque, y así haya sido demandado por la secretaria general de los populares

Las preguntas al PP y los “derechos secuestrados”

En un comunicado conjunto apelan directamente al Partido Popular y a su secretaria general Carolina Agudo, que fue la que explicó las razones de la ruptura: “Si existen discrepancias reales desde el PP sobre alguna enmienda concreta, deben explicarse. Y si no las hay, no se entiende que se cuestionen en bloque, y así haya sido demandado por la secretaria general de los populares”, señalan los colectivos LGTBI.

Su pregunta, dicen, es “sencilla y legítima: si determinadas enmiendas fueron pactadas previamente, ¿por qué ahora se cuestionan en su conjunto? ¿Existe un desacuerdo real con el contenido de la enmienda LGTBI una vez el texto ha llegado al Congreso? O, por el contrario, ¿se está utilizando el trámite parlamentario para impedir la aprobación definitiva del Estatuto?”.

A los siete colectivos les preocupa “especialmente” que los derechos del colectivo LGTBI “puedan verse afectados por dinámicas políticas ajenas a la realidad social de Castilla-La Mancha”. Se reivindican como parte de la sociedad civil castellanomanchega y critican que con esta posición “ la totalidad de los derechos de Castilla-La Mancha estén también secuestrados”.

Y es que, advierten, “en nuestra región ya hemos visto retrocesos en políticas de diversidad en algunos municipios como Toledo, Talavera de la Reina o Guadalajara, en contextos de acuerdos entre PP y Vox”.

En nuestra región ya hemos visto retrocesos en políticas de diversidad en algunos municipios como Toledo, Talavera de la Reina o Guadalajara, en contextos de acuerdos entre PP y Vox

En Talavera de la Reina, en el pleno del mes de enero de este año, PP y Vox aprobaron una moción de éstos últimos para exigir la censura de los “contenidos ideológicos” en el sistema educativo, aludiendo a la Ley LGTBI. Y en Toledo va a hacer un año de la aprobación de una moción tránsfoba, sobre la no financiación a clubes deportivos en los que se permita la participación de personas trans haciendo referencia al aspecto biológico.

En ciudades como las ya mencionadas o Guadalajara, añaden, “se ha retrocedido en el número de acciones desde el ámbito municipal en visibilidad del colectivo LGTBI. Todo esto nos preocupa porque, asimismo, es público que Vox ha defendido la derogación de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha en 2025. ¿Esta es la deriva de espacios que va a permitir el PP y con lo que va a negociar siendo uno de los partidos junto al PSOE y Ciudadanos que aprobaron por unanimidad la Ley LGTBI de Castilla-La Mancha?”, preguntan.

Es público que Vox ha defendido la derogación de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha en 2025. ¿Esta es la deriva de espacios que va a permitir el PP y con lo que va a negociar siendo uno de los partidos junto al PSOE y Ciudadanos que aprobaron por unanimidad la Ley LGTBI de Castilla-La Mancha?

Creen “imprescindible que se despeje cualquier duda sobre el compromiso real con la enmienda LGTBI y con la garantía de derechos en el nuevo Estatuto” y afirman que “la ciudadanía merece claridad”.

En su opinión, “si existe un cambio de posición respecto a la enmienda LGTBI, debe explicarse de manera transparente. Y si no lo hay, no entendemos que su inclusión se diluya dentro de una confrontación política más amplia que nada tiene que ver con la garantía de derechos”.

El Estatuto de Autonomía es una norma estructural para Castilla-La Mancha. No puede convertirse en un escenario de bloqueo donde se mezclen acuerdos previos con desacuerdos posteriores sin explicación pública. La sociedad civil merece coherencia

Dicen que sus peticiones son sencillas y van desde el “respeto al consenso institucional alcanzado”, “claridad en las posiciones políticas” y “garantía expresa de que los derechos del colectivo LGTBI no quedarán en el aire”.

Recuerdan que el Estatuto de Autonomía “es una norma estructural para Castilla-La Mancha. No puede convertirse en un escenario de bloqueo donde se mezclen acuerdos previos con desacuerdos posteriores sin explicación pública. La sociedad civil merece coherencia”, zanjan.

El destacado activista estadounidense Jesse Jackson ha muerto a los 84 años. Figura clave del movimiento por los derechos civiles, el reverendo Jackson fundó organizaciones en defensa de la justicia social y también se presentó en dos ocasiones a las primarias presidenciales del Partido Demócrata en los años 80.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento del líder de los derechos civiles y fundador de la Rainbow PUSH Coalition, el honorable reverendo Jesse Louis Jackson, Sr. Falleció pacíficamente el martes por la mañana, rodeado de su familia”, ha anunciado la familia en un comunicado.

“Nuestro padre fue un líder servicial, no solo para nuestra familia, sino también para los oprimidos, los que no tienen voz y los marginados de todo el mundo”, dice la nota. “Nuestro padre fue un líder servidor, no solo para nuestra familia, sino también para los oprimidos, los que no tienen voz y los olvidados de todo el mundo. Lo compartimos con el mundo y, a cambio, el mundo se convirtió en parte de nuestra familia extendida. Su inquebrantable fe en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas, y les pedimos que honren su memoria continuando la lucha por los valores por los que vivió”.

La causa de la muerte no ha sido confirmada. Jackson fue hospitalizado en noviembre para recibir tratamiento por una enfermedad neurodegenerativa rara y particularmente grave, la parálisis supranuclear progresiva (PSP), según Rainbow PUSH Coalition. En 2017, reveló que padecía Parkinson. Fue tratado como paciente ambulatorio en Northwestern Medicine en Chicago durante al menos dos años antes de compartir el diagnóstico con el público.

La icónica figura del movimiento en favor de los derechos civiles en Estados Unidos, dejó oficialmente en 2023 su organización Rainbow PUSH Coalition, que fundó en 1971 en defensa de esos derechos y de la justicia internacional.

Jackson fundó Operation PUSH en 1971, tres años después del asesinato de su compañero de activismo Martin Luther King en Memphis, que él presenció.

En 1996, su organización pasó a llamarse Rainbow PUSH Coalition tras fusionarse con The National Rainbow Coalition. El grupo tiene como misión proteger, defender y ganar derechos civiles y se define como una organización multirracial, multitemática, progresiva e internacional, que busca el cambio social.

Trump califica a Jackson de “buen hombre, con mucha personalidad y coraje”

El presidente de EEUU, Donald Trump, elogió este martes al fallecido reverendo Jesse Jackson, un “buen hombre” de personalidad arrolladora al que aseguró conocer bien, e insistió en que a pesar de las “falsas” acusaciones de racismo en su contra, siempre mantuvo una buena relación con el veterano activista afroestadounidense.

“El reverendo Jesse Jackson ha muerto a los 84 años. Lo conocí bien, mucho antes de ser presidente. Era un buen hombre, con mucha personalidad, coraje y 'astucia callejera'. Era muy afable, alguien que de verdad amaba a la gente”, escribió Trump en Truth Social.

El mandatario republicano aseguró que “a pesar de que los canallas y lunáticos de la izquierda radical, todos demócratas” lo llaman “falsa y constantemente racista”, para él “siempre fue un placer ayudar a Jesse a lo largo del camino”.

Estas declaraciones de Trump llegan semanas después de la publicación de un vídeo, ya eliminado, en su cuenta de Truth Social donde aparecen el expresidente Barack Obama, y la ex primera dama Michelle, caracterizados como simios, algo que generó duras críticas de demócratas y republicanos por igual.

Hubo una España, no tan lejana, en la que las fronteras estaban totalmente cerradas y el mundo exterior era un completo desconocido. “Yo no he tenido pasaporte hasta la democracia, con lo cual no podía salir”, recuerda la directora de cine Azucena Rodríguez. Durante el franquismo, sólo unos pocos podían viajar… y muy de vez en cuando. “Yo la primera vez que me subí en avión fue en el viaje de novios”, cuenta la escritora Ana Santos. Cuando algunos españoles en los 60 y 70 empiezan a viajar a Londres o a París alucinan con cosas como que las parejas se den besos por la calle. Algo prohibido en España.

Además, en esos años España también se abre al turismo por cuestiones económicas. Las suecas en bikini copan las playas y protagonizan las películas de la época. Traen un aire de libertad que va calando poco a poco en la sociedad y el país empieza a trabajar para pedir la entrada en la Unión Europea hasta que, años después, lo consigue. “Lo que queríamos era evolucionar”, resume Carmen Ortiz, que asegura que ese pedazo de cambio de los 80 solo fue posible porque izquierda, derecha y centro negociaron para ponerse de acuerdo. “Todos tuvimos que ceder”.

Plot twist: cómo España se sacudió la caspa es un podcast de elDiario.es con guion y producción de Mar Abad y Javier Pascual y la realización sonora de Andreu Quesada. Las ilustraciones de la serie son de Míriam Persand. Un podcast realizado con la colaboración de la Celebración de los 50 años de libertad en España.

Sigue a Plot twist en tu plataforma de audio favorita para no perderte ningún episodio:

Hubo una España, no tan lejana, en la que las universidades se convirtieron en el mayor espacio de lucha por la democracia del país. Cada vez más jóvenes leían libros y veían películas prohíbidas por la censura, se afiliaban a distintos partidos políticos ilegales y hacían propaganda contra el régimen. Pero en las mismas aulas había estudiantes que pertenecían a la llamada Brigada Político Social, que trabajan de topos para la policía (los grises). Y si te pillaban en una reunión de más de 10 personas… ibas directo al calabozo por “asociación ilícita”.

Además, en el calabozo eran frecuentes las torturas para conseguir confesiones. “Las celdas eran horribles, veías churretones de sangre…”, recuerda Azucena Rodríguez, que estuvo dos veces en la cárcel. La segunda, durante un año, por lanzar unos panfletos en la calle. “Te zarandeaban, te maltrataban… Era una situación humillante y, por supuesto, me pegaron”, recuerda Paloma Simón. “Yo tenía 19 años y lo único que quería era que hubiera democracia”. Pero incluso cuando Franco murió, la democracia se hizo esperar y la verdadera libertad tardó unos años en llegar. Lo recuerda bien Carlos Santos: “Quienes gobernaban no tenían prisa por que hubiera una democracia completa”.

Plot twist: cómo España se sacudió la caspa es un podcast de elDiario.es con guion y producción de Mar Abad y Javier Pascual y la realización sonora de Andreu Quesada. Las ilustraciones de la serie son de Míriam Persand. Un podcast realizado con la colaboración de la Celebración de los 50 años de libertad en España.

Sigue a Plot twist en tu plataforma de audio favorita para no perderte ningún episodio:

Hubo una España, no tan lejana, en la que apenas existía una sanidad pública, no había sindicatos para defender los derechos de los trabajadores y la escasez de vivienda era uno de los principales problemas de la sociedad. Paca Sauquillo señala el motivo: “En el año 39, terminada la guerra, en España había mucha necesidad de vivienda porque se había destruido”.

En aquella época, en las grandes ciudades, había barrios enteros de chabolas construidas en una sola noche para que la policía no pudiera derribarlas. Los derechos de los trabajadores estaban en manos de un sindicato único que servía al régimen franquista y quienes incitaban a la huelga se iban directos al calabozo. Además, las mujeres no podían trabajar sin el permiso de sus maridos. Y si necesitabas una vacuna o una operación quirúrgica, tenías que pasar por caja.

Plot twist: cómo España se sacudió la caspa es un podcast de elDiario.es con guion y producción de Mar Abad y Javier Pascual y la realización sonora de Andreu Quesada. Las ilustraciones de la serie son de Míriam Persand. Un podcast realizado con la colaboración de la Celebración de los 50 años de libertad en España.

Sigue a Plot twist en tu plataforma de audio favorita para no perderte ningún episodio:

Hubo una España, no tan lejana, en la que el 80% de las mujeres eran analfabetas. Y eso que se entendía que eras analfabeto solamente si no sabías firmar o escribir tu nombre. Lo explica bien la abogada Paca Sauquillo: “En el momento en que tú podías poner tu firma ya dejabas de ser analfabeto”. 

En aquella época, apenas había colegios mixtos, y a las niñas que iban al colegio se les enseñaba a coser y a cocinar. “Te preparaban para ser una buena esposa”, recuerda la terapeuta Paloma Simón, a quien se le daba fatal la costura. Además, la religión estaba en el centro de la educación para todos. “Era una propaganda muy subliminal, incluso en los cuentos que leíamos, que eran fundamentalmente vidas de santos, vidas heróicas, de personas sacrificadas, de personas convertidas a una causa en nombre de Dios”, cuenta la historiadora Ana Santos.

Plot twist: cómo España se sacudió la caspa es un podcast de elDiario.es con guion y producción de Mar Abad y Javier Pascual y la realización sonora de Andreu Quesada. Las ilustraciones de la serie son de Míriam Persand. Un podcast realizado con la colaboración de la Celebración de los 50 años de libertad en España.

Sigue a Plot twist en tu plataforma de audio favorita para no perderte ningún episodio:

“Vivimos en una sociedad que tiene miedo a la muerte, una sociedad tanatofóbica. Sin embargo, es muy importante pensar en la muerte, porque es el acto final de nuestra vida”. Así lo ha indicado la tesorera de la asociación Derecho a Morir Dignamente en Castilla-La Mancha, que ha pedido a la Administración autonómica un mayor esfuerzo a la hora dar a conocer este derecho.

Castillo ha realizado esta petición en Toledo, ciudad elegida para la presentación de dicha asociación que, constituida el pasado mes de noviembre como tal, pretende “promover una cultura de la muerte digna, para que la buena muerte sea un valor social”.

Y es que, según ha detallado en la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la presidenta regional, Blanca Calvo, Castilla-La Mancha se sitúa a la cola en cuanto a número de solicitantes de voluntades anticipadas o testamento vital, ese escrito donde cada persona manifiesta su deseo sobre los cuidados sanitarios que recibirá en el futuro que, tras formalizarse ante un funcionario, notario o tres testigos, se inscribe en el Registro Autonómico.

“Si fuésemos a viajar a la Antártida seguramente pensaríamos bastante en cómo hacerlo. Pero el viaje de la muerte, que está asegurado para todos, no lo pensamos”, ha lamentado la tesorera de Morir Dignamente, que ha dado cuenta de que en la Comunidad, tan solo el 5,93 de cada 1.000 habitantes han solicitado la Declaración de Voluntades Anticipadas, lejos de regiones como Navarra (32,50 por mil) o el País Vasco (27,72 por mil).

Según ha detallado, hasta el 30 de junio de 2025, han sido un total de total 13.505 las personas de la región (4.587 hombres, 7.864 mujeres) que lo han solicitado: 3.571 en Albacete, 3.323 en Ciudad Real, 3.224 en Toledo, 2.134 en Guadalajara y 1.253 en Cuenca.

Carrillo, que ha apuntado que en la región hay un total de 76 puntos de información y registro y oficinas habilitadas para poder oficializar dicho documento, ha animado a los castellanomanchegos a definir “su último viaje”. “Si estuviéramos en coma o tuviéramos problemas cognitivos, no podríamos solicitar la eutanasia si no lo hemos solicitado previamente en nuestro documento de voluntades anticipadas. Para tener una muerte digna, hay que pensarla. Hay que hacer uso de nuestros derechos y dejar por escrito y registrada nuestra voluntad”, ha insistido.

De ahí que haya reclamado a la Administración un mayor esfuerzo para que la ciudadanía conozca mejor este derecho. “Nosotros como asociación desde luego estamos comprometidas en esta tarea, en darlo a conocer”, ha concluido.

Eutanasias en Castilla-La Mancha desde 2021

Mientras, la presidenta de la misma, Blanca Calvo, ha explicado que Muerte Digna, que ya cuenta con 113 socios en la región (10 en Cuenca, 15 en Albacete, 23 en Ciudad Real, 30 en Toledo y 35 en Guadalajara) decidió constituirse en asociación regional para tener mayor representatividad ante las autoridades sanitarias de la región, para vigilar que los centros de registro funcionen bien y para dar un apoyo directo y personalizado a todos los castellanomanchegos que encuentran problemas a la hora de registrar su declaración de voluntades anticipadas o gestionar su petición de eutanasia.

Para ello, según ha avanzado, la asociación contará en un par de semanas con un el teléfono 699-545-545, que les permitirá ofrecer una trato más personalizado.

En otro orden de cosas, Calvo ha detallado los datos regionales de eutanasia. Entre 2021 y 2023 se han ejecutado 19 de las 28 solicitadas. Si en ese año en que se aprobó la ley -2021- se solicitaron dos, en el 2022 la región registró 19 solicitudes -siete ejecutadas-, que ascendieron a 28 en 2023, nueve ejecutadas.

Sobre esa cuestión, además de pedir que se agilicen los plazos, la presidenta de Morir Dignamente en Castilla-La Mancha ha dado un tirón de orejas tanto al Ministerio como a los gobiernos regionales por la tardanza en publicar los datos. “No puede ser que estemos acabando 2025 y muchas comunidades autónomas no hayan presentado su memoria”.

De igual modo, ha solicitado la creación de un registro de objetores y que la administración compense al personal sanitario que realice eutanasias, porque eleva su carga de trabajo.

Por último, ha demandado cambios legislativos que impidan la judicialización de la eutanasia, tras los casos de Noelia y Francesc, ambos en Cataluny, donde “una serie de personas que no tienen nada que ver con los peticionarios están haciéndoles la vida imposible, y nunca mejor dicho, porque ellos querrían haber terminado y no pueden”.

Cada 6 de diciembre recordamos la Constitución de 1978 como el pacto que abrió la puerta a la democracia y a un amplio catálogo de derechos y libertades. Pero, cuarenta y siete años después, muchas de aquellas promesas siguen sin hacerse realidad en la vida cotidiana de la mayoría social, y especialmente en territorios como Castilla-La Mancha.

Movimiento Sumar nació reconociendo la Constitución como marco de convivencia, sí, pero también como una hoja de ruta para transformar el país y garantizar derechos efectivos. Defender la Constitución hoy significa hacerla avanzar: reforzar el Estado social, blindar la sanidad, la educación y la dependencia, y combatir desigualdades territoriales y sociales que ya se están cronificando.

Porque mientras una parte de la derecha convierte la Constitución en un eslogan vacío, la ciudadanía se enfrenta cada día a dificultades muy reales: acceder a una vivienda digna, encontrar un empleo estable o recibir atención sanitaria de calidad, especialmente en el medio rural. Los derechos están reconocidos en el texto, pero las políticas públicas no han acompañado al ritmo necesario. Y esa brecha golpea de forma particular a jóvenes, mujeres, personas LGTBIQ+ y a quienes viven en zonas amenazadas por la despoblación.

Por eso, hablar hoy de reforma constitucional solo tiene sentido si es para ampliar y blindar derechos, no para vaciarlos. Actualizar la Carta Magna significa incorporar un lenguaje inclusivo, reforzar la igualdad entre mujeres y hombres, reconocer la diversidad familiar y proteger de forma explícita los derechos de las personas con discapacidad, del colectivo LGTBIQ+, del medio ambiente y de los animales.

Desde Movimiento Sumar Castilla-La Mancha, defender la Constitución es comprometerse con una región más justa, feminista, verde y cohesionada, donde vivir en un pueblo o en una ciudad no marque los límites de los derechos de nadie. En este Día de la Constitución, la prioridad es clara: menos retórica y más cumplimiento; menos discursos vacíos y más políticas que hagan realidad el mandato de una España social, democrática y verdaderamente igualitaria.

La continuidad del Armari de la Memòria, el archivo público dedicado a preservar la memoria histórica del colectivo LGTBI en la Comunitat Valenciana, se encuentra en un momento crucial. La Generalitat ha anunciado que asumirá su gestión directa a partir del 1 de diciembre, una gestión que había realizado Lambda, el Colectivo LGTB+ por la diversidad sexual, de género y familiar, desde 2021.

Lambda denuncia que la Generalitat está obstaculizando su funcionamiento desde que el servicio fue trasladado en junio a la Casa de la Diversidad, donde —según afirma— la Dirección General de Diversidad ha limitado el uso de espacios esenciales y ha dificultado la atención al público durante meses.

La entidad sostiene que la supervisión administrativa impuesta por el actual gobierno se ha convertido en un sistema de control excesivo que retrasa actividades, censura contenidos vinculados a la memoria histórica del colectivo y provoca cancelaciones por falta de autorización. Lambda asegura que esta situación hace imposible desarrollar proyectos y cumplir con las obligaciones legales del servicio, cuyo funcionamiento ha quedado “en la práctica” gravemente restringido.

El concierto vigente para la gestión del archivo vence el 30 de noviembre y, a quince días del plazo, afirma Lambda que la Generalitat no ha detallado ninguna fórmula para garantizar su continuidad. Para Lambda, este silencio genera alarma entre trabajadores, depositantes que han cedido materiales de gran valor histórico, investigadores y ciudadanía, que podrían perder un servicio público pionero contemplado en la Ley 23/2018 de igualdad LGTBI.

La entidad acusa al Gobierno autonómico de actuar con falta de transparencia y advierte: si la intención es cerrar el servicio, debe comunicarlo públicamente.

La Generalitat asume la gestión directa

Mientras Lambda denuncia bloqueo institucional, la Generalitat anunciaba este jueves que asumirá la gestión directa del Espai de la Memòria con el objetivo de reforzar la eficiencia del servicio, optimizar recursos públicos y garantizar la protección de la documentación custodiada. Este anuncio se produce también en medio de las negociaciones con la extrema derecha de Vox para elegir a Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón. Vox ha sido una formación crítica con los movimientos LGTBI+ y ha pactado con el PP recortes como el de la Ley Trans.

El archivo Armari de la Memòria, creado en 2021 por el anterior Ejecutivo, cuenta con un equipo de siete profesionales y ha supuesto un coste superior a 1,3 millones de euros, la mayor parte destinado a personal. La Administración asegura haber realizado un análisis de su funcionamiento y considera que “la gestión directa permitirá estabilizar el servicio, integrarlo en la estructura pública y evitar costes derivados de intermediaciones”.

La Generalitat sostiene que la Casa de la Diversidad ofrece condiciones adecuadas para conservar el archivo y afirma haber diseñado un plan de transición coordinado para garantizar un traspaso seguro y una mayor coordinación entre equipos técnicos.

Denuncia ante inspección por irregularidades de seguridad

Por otro lado, la representación sindical de la plantilla del Armari de la Memòria y Lambda han presentado una denuncia ante Inspección de Trabajo por graves irregularidades en prevención de riesgos laborales y seguridad en la sede actual del archivo. Señalan la ausencia de planes de emergencia y evacuación, la falta de documentación sobre sistemas contra incendios, riesgos eléctricos, humedades y plagas que podrían afectar tanto al personal como al fondo documental que custodian.

La denuncia detalla un episodio ocurrido el 10 de octubre de 2025, cuando la plantilla recibió instrucciones de silenciar manualmente la alarma contra incendios sin confirmación técnica de que no existía fuego ni humo. Lambda considera este hecho un ejemplo del «menyspreu absolut» hacia la seguridad laboral y lo enmarca en un patrón de negligencia administrativa que ha generado un entorno de trabajo inseguro.

La entidad asegura haber remitido más de treinta comunicaciones formales sin respuesta satisfactoria y acusa a la Dirección General de Diversidad de mantener una actitud «ideológica i hostil». En su comunicado advierte que la precarización del archivo es un síntoma del retroceso en políticas de igualdad y un ataque directo a la memoria democrática del colectivo LGTBI.

Concentración por el Día de la Memoria Trans ante las Corts

Además este sábado 22 de noviembre se conmemora el Día de la Memoria Trans. Por ello Lambda ha convocado a las 18:00h una concentración frente al Palau de les Corts Valencianes. Este acto se anuncia como “una llamada urgente para exigir derechos trans y LGTBIQ+ reales y protegidos”.

Señalan que “la autodeterminación de género es fundamental para garantizar la dignidad, el respeto y la visibilidad de todas las personas trans. En un contexto donde los derechos LGTBIQ+ siguen en riesgo a nivel nacional e internacional, la visibilidad y la exigencia de su protección son más urgentes que nunca”.

En este sentido hacen un llamamiento claro a detener el retroceso legislativo en la Comunitat Valenciana que, según denuncian, patologiza la identidad trans, legitima la violencia y la discriminación, y desprotege derechos fundamentales. Bajo el lema “Nuestra identidad no se debatirá, son derechos”, el colectivo exige “que València sea segura para todas, todes y todos, y la lucha no parará hasta que se recuperen y garanticen plenamente estos derechos”.

La declaración de Antifa como organización terrorista por parte de Donald Trump abre la puerta a la persecución penal de todo aquel que se oponga y proteste contra la deriva autoritaria de la Casa Blanca. Antifa no es una organización como tal, no tiene estructura ni organización concreta, sino una ideología que lucha contra el fascismo y que, con las políticas autoritarias de Donald Trump en su segundo mandato, ha vuelto a cobrar cierto protagonismo.  

Con Andrés Gil, corresponsal de elDiario.es en Estados Unidos, conocemos mejor en qué consiste Antifa en Estados Unidos. Escuchamos también el testimonio del profesor e historiador norteamericano Mark Bray, autor del libro Antifa, y que llegó a España huyendo de Estados Unidos en octubre tras recibir amenazas de la ultraderecha. Natalia Chientaroli, subdirectora de elDiario.es entrevistó a Bray y nos ayuda a entender mejor las claves de su libro. 

***

Si te gusta este podcast, necesitamos tu apoyo. Hazte socia, hazte socio en eldiario.es/socio

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

Cubierta por un velo y con un pañuelo palestino sobre los hombros, Eman ha acudido este martes a la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja para entregar las 11.000 firmas que ha recogido en las últimas semanas a través de la plataforma change.org. Son para ella la muestra de que no está sola en esta lucha, la que inició hace ya un mes cuando fue expulsada del instituto Sagasta de Logroño por negarse a quitarse el velo islámico para entrar al centro.

Desde entonces ha presentado varias quejas tanto a la consejería como al instituto, pero aunque ambas instituciones le han respondido, ninguna le ofrece una solución: su continuidad en este centro educativo pasa por acudir a clase sin velo. Es lo que lleva haciendo semanas a pesar de sentirse “humillada” por ello. “Tuve una reunión con la directora y me explicó que con tres partes me abrirían expediente y me podría quedar fuera del Bachillerato Internacional”, explica, “así que no podía enfrentarme a ellos individualmente porque además aquí en La Rioja no hay ningún otro centro donde pueda cursarse esta modalidad de Bachillerato. He tenido que cumplir con la norma”.

Esto supone para esta joven un verdadero problema. “Es muy humillante porque no hay ningún fundamento ni razón, me siento fatal porque todo el mundo me mira muchísimo, hay comentarios que no están bien y es muy vergonzoso”, explica, “me he puesto el pañuelo como musulmana y es muy humillante que venga una persona y te lo haga quitar. Dicen algunos que nos obligan a ponernos pañuelo, pero es que son los mismos que nos obligan a quitármelo. Déjame a mí ponérmelo por mi voluntad y quitármelo por mi voluntad también”.

Muchos profesores y la mayor parte de sus compañeros están apoyando su lucha. También ex profesores del IES Sagasta se han dirigido a la organización del Bachillerato Internacional que, hasta ahora, no ha dado ninguna respuesta. Ahora, con esta recogida de firmas, trata de demostrar que no está sola y confrontar el discurso de la directora del IES Sagasta que señala que no se puede cambiar la norma por una única alumna. Lo que no tiene claro es cuál será el siguiente paso. “Voy viendo poco a poco porque igual todo esto puede perjudicarme en mis estudios. Intento que no afecte”, explica.

Eman desmonta uno a uno los argumentos de la directora del centro. “Dice que los alumnos no pueden llevar la cabeza cubierta, pero ella equipara las capuchas y gorras con el velo islámico aunque tienen diferentes usos. Dice además que es un sesgo de género. Alega también que en los exámenes podría copiar con auriculares ocultos, pero le di la solución prestándome a enseñar las orejas antes de entrar. También decía que en los pasillos si hay un conflicto o un robo, si vamos cubiertos no se puede identificar bien a los alumnos. No tiene ningún sentido”.

Tiene también respuesta para aquellas voces que exigen a la población musulmana que se adapte a las normas de España igual que un español debe adaptarse a las normas de un país árabe cuando lo visita. “Las normas... ¿Qué norma hay en la Constitución española que diga que no puedes expresarte libremente? Ni siquiera en la normativa de mi instituto hacen referencia al hiyab. Si me dices que en Afganistán prohíben algo, es porque está en su norma. Pero es que aquí esa norma no existe. Si España es democrática hay que cumplirlo, porque es un derecho de cada persona”, insiste esta joven logroñesa que tiene hasta ahora brillantes resultados académicos.

Pide a la consejería de Educación que se pronuncie claramente sobre este asunto y recuerda que si prohíben el velo estarán “limitando la educación de las personas musulmanas” porque “obligan a elegir entre religión y educación, dos cosas fundamentales para una persona”.

De hecho, Eman no fue la única alumna que vio limitado este derecho. Como ella, la prohibición del uso del velo en este centro público de Logroño afectó a otras alumnas. Ellas decidieron quitárselo pero Eman en un principio se negó y por eso fue expulsada. Desde entonces ha habido numerosas movilizaciones y varias asociaciones de personas migrantes han denunciado que esta prohibición “atenta contra el derecho a la propia imagen que garantiza la Constitución, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, la Declaración Universal de DD.HH., el Convenio Europeo de DD. HH. y obvia una sentencia del tribunal supremo en de 2013”.

Desde la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja se han lavado las manos alegando que la prohibición “se ajusta a derecho” y apelando a la “autonomía de los centros y sus reglamentos de funcionamiento”. Sin embargo, desde la Universidad de La Rioja, la Clínica Jurídica y de Intervención Social ha elaborado un informe a la consulta del AMPA del instituto sobre la prohibición del velo islámico. Concluye que el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro no tiene cobertura legal suficiente y “no puede limitar derechos fundamentales como la libertad religiosa sin respaldo legal superior”. Además, recuerda que toda restricción a derechos fundamentales debe ser aprobada por ley orgánica, responder a un fin legítimo y ser proporcional, requisitos que, según recoge el informe, este reglamento “no cumple”.

En cualquier caso, Eman sabe que tiene por delante dos años en el instituto más antiguo de Logroño, el IES Sagasta. Es la única opción que tiene si quiere cursar en La Rioja el Bachillerato Internacional, al que se accede con excelentes calificaciones y nivel alto de inglés. Después, estudiará Derecho. Lo tiene claro. “Esto que me está pasando no tiene ningún fundamento legal y eso me avergüenza todavía más”, concluye.

El asesinato de Charlie Kirk, un referente muy popular entre los jóvenes ultraconservadores de Estados Unidos, ha provocado una conmoción en la sociedad norteamericana alimentando en gran parte por una sobrerreacción de la Casa Blanca y todo el movimiento MAGA. Trump y los principales cargos de su Gobierno culparon del crimen a la “izquierda radical” y elevaron la figura de Kirk como su nuevo mártir en un funeral de Estado retransmitido por televisión.  

Con Carlos Hernández-Echevarría, adjunto a la dirección de Maldita y experto en política norteamericana, analizamos el punto de inflexión que puede representar este asesinato político en la democracia estadounidense.

***

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

La joven N. ha superado otro obstáculo para poder materializar su derecho a morir. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado el recurso que el padre de N., representado por el grupo ultracatólico Abogados Cristianos, interpuso contra el aval que una jueza de Barcelona había concedido a su eutanasia, aunque ha admitido que el hombre pueda recurrirla (algo que había negado la primera magistrada que juzgó el caso).

En la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el TSJC concluye que existe un “innegable interés” del padre de N. en que la joven siga con vida, por lo que el hombre sí está legitimado para recurrir la eutanasia. Pero no para impedirla del todo, agrega el tribunal, que aprecia claramente padecimientos “graves, crónicos, constantes e imposibilitantes” y sin pronóstico de mejora en la joven, así como su plena capacidad y conciencia para pedirla, algo que negaban el padre y el colectivo ultracatólico.

Los jueces asumen al 100% que la joven solicitó su eutanasia “sin injerencia ni influencia” derivadas del trastorno límite de la personalidad que padece. “Sus capacidades de saber, discernir y ejecutivas están conservadas”, reza la sentencia de la sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC.

“Reconocer la posibilidad” de impugnar una eutanasia, enfatiza la sentencia, no implica que se deba estimar el recurso del padre. Los magistrados reconocen que la materialización de la eutanasia en el caso de N. todavía podría “postergarse” y admiten que ello puede generar “insatisfacción” en la joven.

El de N. fue el primer juicio en la historia de España por una eutanasia ya concedida. Su padre y Abogados Cristianos impugnaron ante los juzgados el visto bueno a la muerte digna que habían dado en pleno los juristas y médicos de la Comisión de Garantías de la Generalitat de Catalunya.

Previsiblemente, pese a esta sentencia a su favor, N. seguirá sin poder ejercer su derecho a morir (el proceso judicial ha paralizado la eutanasia desde agosto de 2024), ya que Abogados Cristianos y su padre pueden recurrir la sentencia del TSJC ante el Tribunal Supremo. La sentencia se puede recurrir en un plazo de 30 días.

La causa es de especial relevancia no solo por estar en juego el derecho a la muerte digna, sino también por otro aspecto esencial: si un familiar de un solicitante de eutanasia puede recurrirla. Los juristas y expertos en eutanasia habían mostrado su alarma ante la posibilidad de que los jueces permitan, tal y como ha sucedido, a un familiar recurrir una eutanasia ya concedida, ya que la ley, en realidad, estaba pensada para que los recursos judiciales fueran para dirimir las denegaciones de la muerte digna, y no los avales.

La lentitud de la Justicia para decidir sobre la muerte digna de N. es otra de las claves del caso. La eutanasia de la joven se autorizó en julio del año pasado. Abogados Cristianos la impugnó y la jueza la suspendió a principios de agosto. Pese a tratarse de un procedimiento prioritario sobre el resto al versar sobre derechos fundamentales, la primera sentencia no llegó hasta marzo de este año.

Sobre este aspecto, los magistrados del TSJC manifiestan que “no está al alcance” de los tribunales “evitar” la tardanza en la resolución de los casos, ya que, argumentan, deriva de la “inexistencia” de una legislación que les permita resolver en primer lugar las causas derivadas de la eutanasia.

Abogados Cristianos recurrió ante el TSJC y los jueces catalanes dejaron su deliberación sobre el caso para septiembre. Ahora los ultracatólicos pueden recurrir ante el Tribunal Supremo e incluso han mostrado su intención de llegar hasta el Constitucional e instancias europeas para impugnar el derecho a morir de N.

Además del caso de N., otro hombre de Barcelona tiene la eutanasia suspendida por un recurso de su padre. Su causa se encuentra pendiente de que el Supremo decida en las próximas semanas. Son los dos únicos casos, por ahora, de eutanasias judicializadas en España.

En ningún momento del procedimiento Abogados Cristianos ha aportado informe pericial alguno para rebatir a los 19 juristas y especialistas médicos de la Generalitat que avalaron la eutanasia de N. Los ultracatólicos sí habían alegado, sin ninguna prueba, deudas económicas de la joven para impedir su eutanasia.

Frente a las afirmaciones sin sustento de Abogados Cristianos, los jueces remarcan que todos los informes médicos del caso sostienen “al unísono” que N. presenta “pleno cumplimiento” de los requisitos para poder morir de forma digna, tal y como la propia solicitante corroboró en el juicio.

A lo largo de los últimos meses, N. ha puesto en conocimiento de los jueces las presiones para renunciar a su eutanasia que ha recibido de grupos vinculados al grupo católico cercano al centro de menores donde pasó parte de su infancia. Pero la voluntad de N. es firme aunque su padre y grupos ultras intenten impedirla: solo quiere morir dignamente.

Las presiones de grupos católicos que la joven N. denunció durante el primer juicio de la historia de España contra una eutanasia legalmente concedida se han seguido produciendo. Así lo corroboran los mensajes de teléfono a los que ha tenido acceso elDiario.es, en los que los miembros de una comunidad cristiana escriben, en contra su voluntad, a la joven, a quien la Justicia mantiene en suspenso desde hace un año su voluntad de morir dignamente. “Realmente tiene que ser un infierno haber hecho esta opción”, reza uno de los mensajes.

La joven ha enviado una carta al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en la que denuncia que no poder materializar su derecho a morir dignamente supone alargar su sufrimiento. El caso se encuentra a la espera de que el TSJC resuelva (desde hace dos meses) el recurso del padre de la joven, que tuvo la custodia retirada durante parte de la minoría de edad de N., contra el aval de la jueza de primera instancia a la eutanasia. El padre está representado por los ultracatólicos Abogados Cristianos.

Durante el juicio, celebrado el pasado mes de marzo, la joven denunció ante la magistrada y la fiscal “coacciones” para impedir su eutanasia por parte de los grupos católicos ligados al centro tutelado donde vivió parte de su minoría de edad y vinculados a una parroquia de Sabadell (Barcelona). Dos mujeres, una de ellas monja, habían irrumpido en la habitación del centro sociosanitario en el que N. vive ahora y la llenaron de cruces y estampitas religiosas, explicó la joven en la vista.

Tras el juicio, expone N., estas conductas han persistido. La joven explica a los jueces que personas vinculadas a la comunidad religiosa han seguido entrando sin su permiso en la habitación del hospital para “charlar” y tratar de convencerla “de que estaba tomando una decisión equivocada”. La joven, que en ocasiones estaba somnolienta debido a los fármacos que le prescriben, les tuvo que echar o llamar a las enfermeras para que les expulsaran.

Dos de las mujeres vinculadas a la comunidad católica que han irrumpido en su habitación (y que también acudieron a la vista) han sido identificadas por N. porque trabajaban en el centro de menores de la Generalitat en el que permaneció la joven durante parte de su infancia, cuando su custodia le fue retirada al padre.

Con ambas mujeres, relata N., mantuvo una buena relación hasta que conocieron su decisión de acogerse a la eutanasia. Desde ese momento, al igual que su padre, las dos mujeres “han intentado por todos los medios” que no ejerza su derecho a morir dignamente, denuncia N.

Además de irrumpir en su habitación sin su permiso, una de las mujeres ha presionado a la joven enviándole mensajes de teléfono. “Me cuesta mucho entender tu actitud de rotura radical al amor de los otros. Realmente tiene que ser un infierno haber hecho esta opción y vivir así”, reprocha la mujer a N. en uno de los mensajes, enviado en respuesta a la petición de la joven para que la dejen en paz y cesen los mensajes y las visitas sin su consentimiento.

En el mismo mensaje, además, es la mujer la que reconoce que otro de los miembros de la comunidad religiosa acudió a la habitación de N. en el hospital, pero alega que ella no le había dicho nada. “Siento mucho que no acojas a los que tienen deseo de estar contigo”, llega a afearle la mujer a la joven.

“Sé que lo estás pasando fatal”

En otro mensaje, del pasado mes de abril, la mujer desea “muy buena Pascua de Resurrección” y le insiste en verle y llevarle una mona, el pastel tradicional que se da a los niños en Catalunya por Pascua. La joven reaccionó pidiendo que la dejaran en paz y que ningún miembro de la comunidad religiosa acudiera más al hospital, petición incumplida por parte del grupo católico, según se desprende de lo relatado por N. a los jueces.

En la sentencia de primera instancia, la magistrada avaló no solo la eutanasia de N., sino que también descartó que su padre tuviera legitimación legal para recurrirla. La jueza se situó así en línea con los expertos que recordaron que la ley de eutanasia no contempla el desacuerdo familiar como un motivo para impugnar judicialmente una eutanasia. Es más, la norma está pensada para que un solicitante a quien la Comisión ha denegado la eutanasia pueda recurrir esta negativa ante un juez, pero no al revés.

La magistrada tumbó todos los argumentos de Abogados Cristianos sobre una supuesta voluntad viciada de la joven para pedir la eutanasia. Los ultracatólicos y su padre aseguraban que la joven había escrito una carta en la que manifestó que quería dar marcha atrás a su petición, extremo que fue desmentido por la joven en el juicio.

N. vinculó ese episodio a las coacciones y entradas sin permiso que las dos mujeres de entornos católicos hacían en la habitación del hospital, y la magistrada avaló la versión de la joven. “No se puede otorgar a la carta el carácter de prueba de voluntad cambiante, pues consta acreditado que N. no era consciente de lo que estaba escribiendo, al dictado de otras personas, dado su estado de somnolencia”, aseveró la magistrada en su sentencia, pendiente ahora de ser ratificada por el TSJC.

Por el contrario, la joven negó con contundencia durante el juicio haber recibido presión alguna por parte de médicos o psicólogos del centro, así como de los expertos de la Generalitat encargados de evaluar su caso. La Comisión de Garantías de la Generalitat, con sus 19 profesionales en pleno, dio el visto bueno a la eutanasia de la joven.

“Sé que lo estás pasando fatal, es durísimo”, escribe la mujer en otro mensaje a N. tras el juicio. En esta ocasión, la católica le manifiesta su voluntad de “reconciliarse” y le desea “paz en el corazón”. Lo que N. quiere, y vuelve a reiterar en su última carta al TSJC, es materializar su derecho a morir dignamente, suspendido desde hace un año.

Se cumplen exactamente 20 años desde que en España se celebró la primera boda homosexual, tan solo unos días después de que el Congreso de los Diputados aprobase el matrimonio igualitario. Desde entonces, unas 75.000 parejas del mismo sexo han contraido matrimonio. Pero antes de llegar a esa meta final, la equiparación total de derechos con la llegada al poder de Rodríguez Zapatero, el gobierno de Aznar hizo un ofrecimiento al movimiento LGTBI que pudo haber cambiado la historia.

Con Boti García Rodrigo, activista de larga trayectoria, reconstruimos ese encuentro en un despacho de La Moncloa, en el que el movimiento LGTBI tomó una decisión tajante y crucial. Con Alejandro Menéndez, consejero legal de la ONG por los derechos civiles Reclaim, nos asomamos a la realidad paralela que supone vivir en un país donde solo existe la unión civil como figura jurídica para las parejas homosexuales.

***

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

Este 28 de junio estaba marcado en rojo en el calendario. En muchas ciudades europeas se celebraba el Día del Orgullo LGTBIQ+, y todos los ojos estaban puestos en Budapest, la capital de Hungría, donde el gobierno del ultraderechista Viktor Orbán había prohibido la manifestación. Ese veto ha conseguido el efecto contrario al que pretendía, porque la manifestación del orgullo de Budapest ha sido la más multitudinaria que se recuerda en 30 años, convirtiéndola, sin duda, en un hecho histórico.

Con Marta Borraz, enviada especial de elDiario.es a Hungría, revivimos esta jornada tan especial en la que cientos de miles de personas desafiaron a su Gobierno para reivindicar los derechos civiles de un colectivo cuyas libertades se han ido recortando en los últimos años.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

A lo largo y ancho de Estados Unidos, los chats grupales y los foros comunitarios han comenzado a llenarse de advertencias. No se trata solo de las típicas alertas sobre el tráfico o estaciones de metro fuera de servicio, sino de dónde y cuándo se ha visto por última vez una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Informan sobre los lugares que hay que evitar o sobre el aspecto de los agentes vestidos de paisano.

“Hola a todos”, escribió la semana pasada un residente del barrio de Brooklyn, en Nueva York, en un chat privado con sus vecinos: “Un pajarito me acaba de decir que hay agentes del ICE rondando nuestras calles”. Otra persona no tardó en seguir su ejemplo: “Un testigo afirma que ha visto a dos agentes con chalecos con el logo del ICE detener a tres personas”. También proporcionaron detalles sobre el lugar donde se produjeron las arrestos y el aspecto de los vehículos camuflados: “Si alguien ve a algún agente del ICE o alguna actividad de esta agencia, puede enviar una descripción a través de este enlace para que las personas encargadas de la respuesta rápida local puedan actuar”.

Este tipo de conversaciones son ahora habituales en EEUU. Ha habido redadas de ICE antes de la llegada de Trump, pero llama la atención que una agencia policial haya llevado a cabo una campaña tan exitosa para infundir miedo a nivel nacional.

Los cruces fronterizos se encuentran en mínimos históricos. Los aficionados han evitado asistir al mundial de clubes de fútbol, en el que participan los equipos más importantes del mundo y superestrellas mundiales, por miedo a los agentes de inmigración. Se está deteniendo a trabajadores de puestos de tacos. Algunas granjas tienen tanta escasez de mano de obra que las cosechas se están pudriendo al sol.

Incluso un niño de cuatro años, ciudadano estadounidense con derecho a residir en el país y enfermo de cáncer, fue deportado a Honduras con su familia. En una aparición en el canal CBS News, el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, mostró indiferencia ante el caso. En declaraciones para justificar la deportación, defendió: “Cuando entras ilegalmente en el país y sabes que te encuentras en una situación que es ilegal y decides tener un hijo ciudadano estadounidense […] es tu responsabilidad, no del gobierno”.

En el imaginario público, ICE se ha convertido en una agencia que se salta la ley para obedecer la agenda personal de Trump. Sus agentes se han convertido en una especie de ejecutores internos de las ideas de extrema derecha del Make America Great Again (Haz que EEUU recupere su grandeza o MAGA, por sus siglas en inglés). Detienen a “ilegales” y deportan a quienes consideran “delincuentes” a El Salvador, para que se enfrenten a la justicia sin garantías procesales. Trump prometió “castigos” con vistas a su segundo mandato. Los activistas y defensores de derechos humanos señalan que los agentes del ICE son los soldados que lo ejecutan.

Muchas personas se preguntan: ¿es legal el mandato del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de ICE? Las respuestas a esta pregunta son variadas, y algunos aspectos se están debatiendo en los tribunales, pero, en teoría, la unión de una fuerza policial nacional con la policía local debería tener límites.

“Mientras ICE, el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales mantengan un enfoque limitado a cuestiones migratorias, las fuerzas policiales locales pueden —y deben— mantenerse al margen”, afirma Jeffrey Fagan, profesor de Derecho de la Universidad de Columbia. “Pero, como hemos visto [en Los Ángeles] durante las recientes protestas, estas fronteras se difuminan cuando los civiles se organizan para protestar y plantear cuestiones que afectan a la función de proteger la seguridad pública de la policía local”, añade.

Las protestas por las redadas masivas de ICE en Los Ángeles llevaron a Trump a enviar a 4.000 efectivos de la Guardia Nacional (en contra de los deseos del Gobierno de California) y a desplegar 700 marines. California ha denunciado al Gobierno de Trump en los tribunales por lo que considera un despliegue ilegal de la Guardia Nacional para reprimir las protestas, a pesar de que el Departamento de Policía de Los Ángeles había señalado que estaban “en su mayor parte bajo control”.

“Las preocupaciones que azuzaron la protesta contra el proceder del Gobierno federal se extenderán inevitablemente a la policía local cuando haya manifestaciones”, señala Fagan, que añade: “Mantenerlas separadas será vez más difícil a medida que la campaña federal contra la inmigración se extienda”.

Aunque el ICE no lleve a cabo las detenciones, sus acciones han sembrado el caos y han dado lugar a un uso sin precedentes del poder estatal. El FBI detuvo a finales de abril a una jueza de Wisconsin y la acusó de impedir que el personal de inmigración detuviera a un hombre en su juzgado.

Enfrentarse al ICE se ha convertido igualmente en un grito de guerra de los demócratas y la izquierda. Por todo Estados Unidos ha crecido la oposición ciudadana a las redadas. Algunas encuestas muestran que las deportaciones se han convertido en un espectáculo venenoso para Trump y el Partido Republicano.

Los rivales políticos también han aprovechado esta coyuntura para mostrar su resistencia: el senador de California Alex Padilla fue detenido y esposado mientras intentaba interrogar a la responsable del DHS, Kristi Noem, en una rueda de prensa. En otra escena distópica en un tribunal de inmigración, el interventor municipal de Nueva York y candidato a la alcaldía, Brad Lander, fue detenido en público por agentes enmascarados que se lo llevaron a rastras.

“No me consta que haya información pública sobre quiénes son exactamente estos hombres enmascarados”, afirma Heidi Beirich, cofundadora del Proyecto Global contra el Odio y el Extremismo, que imparte un curso sobre policía en la Universidad del Sur de California. La experta indica que sí se sabe que “agentes de hacienda y otros departamentos ejecutivos han sido destinados a esta labor”, pero que “todo es un poco opaco”.

“El hecho de que no se identifiquen en muchos de los casos que se han denunciado hace que todo esto sea aún más inquietante. Es parte de la estrategia autoritaria de Trump hacer que los agentes arresten a personas sin dar sus nombres ni los de sus agencias y simplemente se las lleven de la calle en vehículos sin distintivos”, concluye Beirich.

La propaganda del DHS también se ha convertido en un arma al servicio del Gobierno de Trump. Amedrenta y promueve la delación. Imitando los carteles de la Segunda Guerra Mundial que pedían a los ciudadanos que estuvieran atentos a lo que entonces era la amenaza real del espionaje enemigo, el DHS publicó una imagen similar en X. “Ayude a su país a localizar y arrestar a los extranjeros ilegales”, publicó la agencia, con una caricatura del Tío Sam y un número del DHS al que llamar para informar de avistamientos.

Beirich afirma que, para algunos, es difícil discernir la difusa línea que separa lo que es una agencia federal encargada de hacer cumplir la ley y lo que es la milicia privada del propio Trump. En este sentido, afirma que “es evidente que el ICE y el DHS se han vuelto mucho más siniestros y están envueltos en un gran misterio, y es evidente que son armas del régimen de Trump para vulnerar los derechos y, literalmente, hacer desaparecer a personas”.

En la actualidad las versiones y los remakes están a la orden del día tanto en el cine como en la música, pero no es algo nuevo, sino que ocurre desde el inicio de estas artes, y algunas de ellas incluso han superado a sus originales, como es el caso de uno de los éxitos más destacados y recordados de Aretha Franklin.

La apodada como ‘reina del soul’ cambió su carrera musical cuando con tan solo 25 años optó por versionar la canción Respect, escrita y grabada por Otis Redding, en 1967, llevándola a toda una transformación que le daría el éxito que no tuvo en su voz original.

El giro de Aretha Franklin que cambió ‘Respect’

Respect fue uno de los éxitos más destacados de la carrera de Aretha Franklin y el primero que le abrió longeva trayectoria como una de las voces más importantes del soul, R&B y góspel, y todo ello a pesar de que no es una grabación original.

Pero Aretha Franklin logró llevar la canción a un nuevo terreno, dando la vuelta a su significado original y añadiendo pequeños retoques a la letra que le darían el gancho rítmico como fue el caso de la parte del deletreo del título, así como unos coros que decían “sock it to me, sock it to me, sock it to me...”, que se interpretaron con connotación sexual, pero le daban un sonido diferente.

Así, el single estuvo dos semanas en las listas de éxitos y ha traspasado generaciones por su significado.Y es que Franklin tomó una canción que era un reproche de un marido a su mujer por no obtener el respeto que merecía al volver a casa y la convirtió en un himno feminista, al cambiar las tornas y ser la esposa la que pedía ser respetada tras haber trabajado todo el día en casa.

Así fue como Respect pasó a ser un himno del feminismo en parte por considerarse una sátira de la actitud machista que tomaban muchos maridos en sus hogares. Todo ello en una década de los 60 en la que el movimiento protesta por los derechos civiles tomó protagonismo, de la que la canción también fue un símbolo, y a lo que la propia artista reaccionó con un “era lo que se necesitaba en ese momento”, en una entrevista a la revista Elle en 2016.

Ottis Redding, el compositor e interprete original de la canción, llegó a reaccionar en vida a la versión de Aretha Franklin, sobre lo que dijo: “Una buena amiga se la llevó lejos”, mientras la interpretaba en el Festival de Monterrey en 1967, un año en el que unos meses después perdería la vida en un accidente de avión.

Un éxito que marcó a Aretha Franklin

Respect supuso uno de los primeros éxitos de Aretha Franklin dentro de su álbum I Never Loved a Man The Way I Loved You, que le llevaría a ser considerada una artista internacional, así como sería el inicio de una carrera que le llevó a ganar 18 premios Grammy, dos de ellos gracias a este sencillo.

Aretha Franklin no solo convirtió esta canción en todo un himno feminista, sino que también fue una de las primeras cantantes en denunciar abusos, lo que le llevaría a ser un ejemplo. Su versión sería más tarde obra también de otras interpretaciones por artistas como Stevie Wonder, y fue incluida en películas como Forrest Gump o Platoon.