Un juzgado ha anulado el plan general de ordenación de Puerto del Rosario (Fuerteventura) en lo que compete a la parcela que la empresa petrolífera DISA tiene junto a la zona de la playa de Los Pozos, en pleno centro de la ciudad.

La anulación del plan general puede dejar en el aire la construcción del futuro Palacio de Justicia, previsto en la trasera del cuartel militar, en la avenida Manuel Velázquez Cabrera.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha dado la razón a Disa y ha anulado el acuerdo municipal adoptado en 2017 para la puesta en marcha de la junta de compensación para los terrenos de la trasera del acuartelamiento y la parcela de la compañía petrolífera junto a la playa de Los Pozos.

En el acuerdo, el Ministerio de Defensa aportaba 32.366 metros cuadrados de la parte trasera del cuartel, de los cuales se convertían en edificables 29.517 metros, unos terrenos de donde saldría una parcela en la que ubicar el futuro Palacio de Justicia.

Por su parte, DISA aportaba una parcela de 12.461 metros cuadrados ubicada en la zona comprendida entre el Palacio de Congresos y la playa de Los Pozos, un espacio libre que pasaría a propiedad del Consistorio de la capital majorera, que anunció un concurso de ideas para ver cuál sería la funcionalidad que se le daría a este espacio.

DISA obtendría de esta operación suelo en las parcelas de la trasera del cuartel. Sin embargo, la empresa petrolífera rechazó la operación y acabó impugnando el acuerdo adoptado por el Consistorio en octubre de 2017.

El descontento de DISA con este acuerdo residía en el hecho de que la parcela cercana a la playa de Los Pozos debería estar clasificada como suelo urbano consolidado, pero el PGO, que entró en vigor en 2016 con Coalición Canaria en la Alcaldía, le rebajaba la categoría a suelo urbano no consolidado.

La sentencia considera que “a tenor de las pruebas periciales aportadas en este procedimiento, que son coincidentes, a la parcela le debería corresponder la categoría de consolidada”, y destaca cómo “todo el suelo de su entorno fue así categorizado” en el Plan General.

La resolución judicial, que es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, recuerda que en 2002 los suelos del entorno que quedaron fijados como consolidados “no tenían el grado de desarrollo de los servicios urbanos de los que sí disponía la parcela recurrente”, la que tenía Disa.

La magistrada Olimpia del Rosario apunta que en los terrenos colindantes se ejecutaron el Palacio de Congresos y la piscina municipal “no justificándose en modo alguno, tal y como señalan los peritos, la diferencia de categorización en un caso y otro más cuando la intención municipal es desarrollar la parcela, primero como aparcamiento público y después según las iniciativas vecinales”.

La sentencia anula el plan general de Puerto del Rosario y, en consecuencia, “declara la nulidad del acto recurrido”, lo que da pie a que se anule la operación urbanística de la trasera del cuartel. El Gobierno de Canarias tenía previsto iniciar las obras del Palacio de Justicia en la zona de la trasera del cuartel el próximo año, un proyecto que ahora queda en el aire.

La familia Carceller ha logrado atenuar el millonario impacto que ha tenido en las cuentas de su emporio empresarial el desplome que sufrió en 2018 una de sus participadas, la constructora Sacyr, gracias a una maniobra contable en la petrolera de la que son principales accionistas, la canaria Disa.

Los Carceller son una de las familias más ricas del país y su cabeza visible es Demetrio Carceller Arce, nieto de un exministro franquista y condenado en 2016 por delito fiscal junto con su padre (ambos se libraron de pisar la cárcel tras pagar una histórica multa de 93 millones de euros).

Carceller controla a través de Disa un 12,6% de Sacyr, que el año pasado cayó en bolsa un 26%. Aunque este año la cotización de la constructora se ha recuperado con creces (sube un 46% desde enero), el desplome ha obligado a la petrolera canaria, su primer accionista, a asumir deterioros millonarios en sus cuentas de 2018.

A cierre del año pasado, Disa tenía valorada su inversión en Sacyr en 121,5 millones, frente a los más de 156 millones de un año antes. “En el ejercicio 2018 la partida por deterioros y pérdidas por enajenaciones de instrumentos financieros recoge la pérdida registrada por la caída de la cotización de las participaciones del grupo en Sacyr SA por importe de 43,916 millones”, explica en sus últimas cuentas, recientemente depositadas en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife y aprobadas sin salvedades por la auditora Deloitte.

Disa, con la que este diario intentó contactar sin éxito, ha podido contrarrestar ese efecto negativo gracias a la decisión de integrar en su perímetro de consolidación su participación del 35% en la cervecera Damm con efectos a partir de junio de 2018. Con ello, se ha apuntado en su cuenta de resultados plusvalías contables de 208,2 millones por “la diferencia entre el valor razonable de la participación en la fecha de toma de control y el valor contable preexistente”.

Para poder hacerlo, Disa ha tenido que demostrar que tenía la capacidad de ejercer control efectivo sobre la cervecera. Y en ello ha sido determinante la salida del máximo órgano gestión de Damm, en 2018, del empresario y abogado Pau Furriol Fornells, que era consejero de la cervecera desde 1993.

Furriol llegó a ser detenido en septiembre de 2017, en plena escalada soberanista en Catalunya. Era el propietario de una nave en la que la Guardia Civil encontró casi 10 millones de papeletas de votación para el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. Con la salida de este vocal, el máximo órgano de gestión de Damm, tradicionalmente uno de los mejor pagados de España, ha reducido su tamaño y el poder de los Damm en él ha crecido.

4.200 millones en activos

Con la integración de Damm, Disa ha mitigado el roto que ha provocado en sus cuentas la caída de Sacyr y ha conformado un grupo con activos de 4.200 millones, una cifra de negocio de 3.220 millones (superior a la de muchas compañías del Ibex), una plantilla de más de 5.800 personas y un beneficio de 139,9 millones. El grupo Disa es el cuarto distribuidor de carburantes y lubricantes en España, donde opera a través de su marca y de más de 300 estaciones de servicio Shell. Es el primer operador independiente, con más de 600 gasolineras.

El Grupo Damm garantizó “asignaciones vitalicias a sus consejeros” para cuando abandonen sus cargos en la empresa, que en 2017 abonó a sus administradores una retribución récord de 10,153 millones, superior a la de la mayoría de las compañías del Ibex.

Los Carceller controlan un 33,62% de Disa a través de la sociedad holandesa Padlock Holding y extienden sus intereses mucho más allá del petróleo o la cerveza de Damm, de la que tienen un 53% por medio de Disa y de otra firma holandesa, Seegrund BV.

Sus negocios abarcan, entre otros sectores, la energía eólica, con varios parques en Canarias (tienen 64 megavatios y son el principal operador) y proyectos de renovables en Latinoamérica; la distribución de electricidad; la restauración (con las cafeterías Rodilla o la cadena Hamburguesa Nostra), el sector hotelero (Disa es dueña del hotel Sheraton La Caleta de Tenerife); el alimentario, con un 11,69% de Ebro Foods; o incluso la organización de torneos de paddle a través de la sociedad Setpoint Events.

Presente en cuatro países (España, Andorra, Portugal y Chile), en Portugal Disa ha constituido la sociedad DILU Red Limitada destinada a la explotación de estaciones de servicio en gestión propia. También tiene un 20,22% de una sicav, Renta Insular Canaria.

Disa, que en sus cuentas refiere reclamaciones fiscales realizadas en los últimos años que suman cerca de 36 millones, tiene como presidente a Demetrio Carceller III, nieto del exministro franquista de Industria y Comercio y fundador de Falange y la petrolera Campsa, Demetrio Carceller Segura.

Hace casi tres años, Demetrio Carceller III pudo esquivar la cárcel tras un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable de cuatro delitos fiscales. Su padre, el octogenario Demetrio Carceller II (nacido en 1930), se declaró culpable de catorce delitos fiscales. La familia ocultó más de 500 millones en paraísos fiscales en islas remotas como Niue o Samoa.

Gracias a ese acuerdo, el juicio no llegó a celebrarse y Demetrio Carceller III pudo sortear la inhabilitación como administrador de empresas y mantener sus cargos en compañías como Disa y Damm (es el presidente de ambas) y Sacyr y Ebro Foods, de las que es vicepresidente. Esta última está participada por el Estado español.

Tras casi un año de tiras y aflojas, trámites burocráticos y cierto empatanamiento por la presencia de grandes compañías cuasimonopolísticas en Canarias como Endesa, Disa o Enagás, la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha resuelto este viernes el trámite de competencia abierto en verano pasado y ha adjudicado a la mercantil Totisa Holdings su proyecto original de instalar en el Puerto de La Luz y de Las Palmas una planta de gas natural licuado (GNL) para buques, regasificación y producción de energía.

La decisión, anunciada a principios de esta semana por la propia Autoridad Portuaria tras solventarse los penúltimos informes técnicos pendientes de resolver y, por tanto, elevarse a la aprobación del Consejo de este viernes, viene a cerrar un año de informes y contrainformes. Finalmente, y pese a sus continuas maniobras por hacerse con la concesión, Disa, Endesa y Eneagás se han quedado fuera ya que sus proyectos “no se adecuan” a los objetivos planteados desde el principio.

Sin embargo, las compañías eliminadas no aceptan la adjudicación porque “no se pueden unificar concesiones destinadas a actividades distintas”. Además, han anunciado acciones judiciales contra la Autoridad Portuaria si esta no convoca un concurso público con bases “transparentes, objetivas y no discriminatorias”, tal y como ha anunciado Canarias 7.

No es la primera vez que la eléctrica italiana intenta obstaculizar las administraciones, ya que en 2018 ya hizo que la Autoridad Portuaria se planteara sustituir el proceso de competencia por un concurso y así paralizar el proyecto de suministro de gas natural licuado a buques.

Por su parte, el presidente del organismo, Juan José Cardona, ha recordado que Totisa no ha pedido tutorizar el suministro de gas natural a buques y que “nada impide a Endesa” ni a cualquier otra entidad “solicitar una concesión”, para lo que la institución que dirige deberá convocar un concurso público.

La empresa adjudicataria, instalada en la capital grancanaria desde 2011, ha emitido un comunicado en el que explica al completo el procedimiento que ha seguido para diseñar el proyecto. “Conscientes de la creciente tendencia mundial por la sustitución del Fuel Oil en los buques mercantes por el Gas licuado, decidimos apostar por este combustible mucho más respetuoso con el medioambiente”, explica el documento.

De este modo, y tras estudiar los emplazamientos más “idóneos” para acometer la inversión para este tipo de plantas, optaron por el Puerto de La Luz. Las primeras dudas sobre la rentabilidad de esta iniciativa surgen por la baja demanda que existe hoy de este tipo de combustibles. “Se calcula que el número de buques impulsados por gas licuado solo representa un 1% de la flota mundial”, explica Totisa, a pesar de que garantiza que esta cifra aumentará ya que “desde el año 2020, en aguas europeas será obligatorio que los buques minimicen sus emisiones de óxidos de azufre”. Esto solo es posible usando este combustible.

Además, a este obstáculo se sumaba la “deficiencia energética” en el Puerto de La Luz. Pero, la “tecla” para hacer este proyecto viable es “incluir una planta eléctrica y aprovechar así la conexión la red que se habilitó en su día y que estimaba unos 70 MV de volcado a la red”. Así, finalmente la concesión contará con una superficie de 15.544,80 metros cuadrados para la zona terrestre y 38.226 para la lámina de agua.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas otorgará a Totisa Holdings su proyecto de planta de gas natural licuado. Después de un año de trámites, Puertos decide excluir los proyectos de Disa y Endesa por no responder al objeto inicial de la concesión. La Autoridad Portuaria elevará el próximo viernes 28 de junio al Consejo de Administración, que se celebrará en la sede la institución portuaria, la propuesta de resolución del trámite de competencia de proyectos para el otorgamiento de la concesión para la construcción y explotación de la planta de almacenamiento de gas natural licuado, regasificación y producción de energía en el Puerto de La Luz.

La institución portuaria, que ha remitido hoy martes la propuesta a todos los miembros del Consejo de Administración, recibió el 10 de julio de 2018 por parte de Totisa Holdings S.A.U. la solicitud para la ocupación de dominio público portuario para la actividad de carga y descarga; almacenamiento; comercialización y regasificación de gas así como la producción de energía eléctrica.

El 28 de julio y mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado, la Autoridad Portuaria inició el trámite de competencia de proyectos para la presentación de otras solicitudes con el mismo objeto concesional que la presentada por Totisa, tanto desde el punto de vista de la actividad como del espacio de dominio público solicitado. En este trámite se presentaron proyectos en competencia por parte de la empresa Scale Gas Solutions, S.L.- Distribuidora Marítima Petrogás, S.L.U. y la empresa Endesa Generación S.A, respectivamente.

Tras el análisis de las distintas alternativas, la Autoridad Portuaria propone, en primer lugar, excluir las proposiciones presentadas por Scale Gas Solutions, S.L.- Distribuidora Marítima Petrogás, S.L.U. y Endesa Generación S.A, por ser ambas de distinto objeto concesional a la solicitud incial, ya que en el inicio de trámite de competencia de proyectos en julio de 2018 se decidió que debería ser el mismo. En segundo lugar, y tras haberse recabado diferentes informes oficiales a organismos competentes en el sector energético, se propone continuar el procedimiento de otorgamiento de la concesión a la entidad TOTISA, de conformidad con lo establecido en la Ley de Puertos.

La solicitud de concesión de Totisa Holdings consiste en ocupar una superficie de 14.440 metros cuadrados en los rellenos de la Dársena de la Esfinge; 38.226 metros cuadrados de lámina de agua en la Dársena de La Esfinge y 2.312 metros cuadrados de canalizaciones subterráneas (áreas 3 y 4 de la zona de servicio del Puerto de Las Palmas). La actividad a desarrollar en la concesión consistirá en el almacenamiento y el suministro de GNL; aprovechando el GNL almacenado se generará energía eléctrica.

De este modo, se prevé una generación de electricidad de 73,9 MW de los cuales 2,78 MW serán destinados al abastecimiento eléctrico de la propia concesión. En cuando a la distribución de las superficies, Totisa tiene previsto, en la zona de la lámina de agua acoger a la zona de almacenaje y zona de carga y descarga. En la zona de servicio terrestre, está prevista la adecuación de la planta de regasificación; la central de generación y la subestación.

Cajasiete ha hecho entrega de una nómina extra a una empleada de DISA al ser agraciada en el sorteo realizado entre todos los empleados que tienen domiciliadas sus nóminas en la entidad financiera.

La beneficiada fue Claudia Plasencia Marrero, empleada en el departamento de Recursos Humanos de la distribuidora, la cual manifestó su enorme sorpresa y satisfacción por el premio recibido.

Ese premio es fruto del acuerdo entre DISA y Cajasiete para la domiciliación voluntaria de nóminas en esta entidad finaciera.

La Cuenta Nómina de Cajasiete no tiene comisiones de mantenimiento, de administración ni por apuntes. Todos los trámites de traspaso de cuenta desde otra entidad son gratuitos.

Todos los empleados DISA y de las empresas del grupo que domicilien sus nóminas en Cajasiete tendrán un disponible en su cuenta del 80% de su nómina y para disponer de un anticipo de la nómina automático no tendrán que realizar ninguna gestión añadida ni aportar documentación adicional, además de otras importantes ventajas.

Cajasiete y DISA, además, mantienen un acuerdo de colaboración por el que los titulares de tarjetas de crédito Nuestra Gente de la entidad financiera se beneficiarán de un descuento directo del 3% en sus repostajes dentro de la red de estaciones de servicio de DISA y Shell de Canarias.

La empresa canaria DISA no podrá incrementar su número de estaciones de servicio durante un año en las islas de Fuerteventura, La Palma, Lanzarote, La Gomera y El Hierro, así como en Ceuta y Melilla, al superar la cuota de mercado del 30% en esos territorios, que es el umbral establecido para limitar el crecimiento empresarial según la normativa sobre competencia en el sector de hidrocarburos. Así consta en una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Entretanto, Repsol tendrá limitada la expansión en 28 provincias, islas o ciudades autónomas. En concreto, los territorios en los que la petrolera no podrá crecer son Albacete, Asturias, Ávila, Islas Baleares, Cáceres, Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, A Coruña, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Lleida, Lugo, Madrid, Ourense, Palencia, Pontevedra, La Rioja, Segovia, Soria, Teruel, Toledo, Valladolid y Vizcaya, así como las islas de Formentera, Ibiza y Mallorca.

En el caso de la petrolera CEPSA, las limitaciones a su crecimiento quedan restringidas a cuatro territorios: Melilla y las islas de Formentera, Ibiza y Menorca.

La Ley 8/2015, de 21 de mayo, establece que los operadores con una cuota de mercado superior al 30% no podrán incrementar el número de instalaciones en régimen de propiedad o en virtud de cualquier otro título que les confiera la gestión directa o indirecta de esas instalaciones proveedoras.

Tampoco podrán suscribir nuevos contratos de distribución en exclusiva con distribuidores al por menor que se dediquen a la explotación de la instalación para el suministro de combustibles y carburantes a vehículos, con independencia del que tenga la titularidad o el derecho real sobre ella.

La compañía energética DISA ha incorporado sus primeros tres parques eólicos a la red eléctrica de las islas Canarias, con un total de 44 megavatios (MW), según ha informado este lunes la empresa a través de una nota de prensa.

El consejero delegado de DISA, Santiago Rull, ha defendido este viernes la comercialización de energía eléctrica renovable para los hogares del Archipiélago frente a la introducción del aire propanado para consumo doméstico que, a su juicio, llega “tarde” y no compensa económicamente al usuario.

La experiencia de DISA en la gestión de la única red canalizada de aire propanado operativa en Canarias, localizada en Adeje, al sur de Tenerife, fundamenta la posición del grupo canario, según explica la entidad.

“En Adeje no existe ningún cliente doméstico enganchado a la red canalizada de aire propanado”, afirma Rull, quien indica que no hay demanda porque el Estado regula los precios del butano envasado y del aire propanado y son similares.

Al consumidor doméstico no le compensa económicamente esta sustitución porque además con el aire-propanado debe pagar un término fijo consuma o no el gas, agregó el consejero delegado de DISA, para quien hay que evitar construir redes de aire-propanado canalizado sobredimensionadas ya que sólo tendrá interés para grandes consumidores, como hoteles e industrias.

Rull señala que la velocidad de implantación que el Gobierno de Canarias y Red Eléctrica de España han logrado proyectar a la construcción de parques y plantas de energía eólica y fotovoltaica en esta legislatura hace que “la mejor apuesta sea ya la comercialización de la producción eléctrica renovable para los hogares canarios”.

DISA apoya con inversiones estratégicas la generación eléctrica con fuentes renovables y ya está comercializando esta electricidad para hogares, pymes y empresas, informa Rull.

El grupo DISA, líder en generación de electricidad de origen fotovoltaico en Canarias con instalaciones en cinco de las siete islas que suman 20 megavatios de potencia, es uno de los principales impulsores del desarrollo de las energías renovables en Canarias, según indica en el comunicado.

Con tres parques eólicos en construcción, a finales de este año 2018 se convertirá en líder en energías renovables con infraestructuras que sumarán cerca de 70 megavatios de potencia eólica y fotovoltaica.

DISA comercializa esta electricidad de origen renovable a los clientes que se han dado de alta a través de su página web.

Rull expuso estos planteamientos ante unos 150 expertos del sector energético y representantes de las principales instituciones públicas de Canarias, reunidos en Tenerife durante la jornada de debate sobre “La Transición hacia Nuevos Modelos Energéticos”, organizada por el Club Español de la Energía.

El consejero delegado de DISA participó en una mesa redonda sobre “La transformación del sector energético: hacia un modelo más eficiente y sostenible”, junto con representantes de las principales empresas energéticas que operan en España, como Cepsa, Iberdrola, Enagas y Redexis.

Santiago Rull aclaró que el objetivo 100% energías renovables sólo es aplicable en el 20%-30% del consumo energético global de Canarias, que es el que se corresponde con la generación eléctrica.

“Ni para el transporte aéreo, ni para el marítimo, ni para el terrestre pesado existe hoy por hoy tecnología renovable para sustituir a los combustibles tradicionales”, expuso.

“Mientras se produce el cambio de modelo hacia la generación eléctrica 100% renovable, es imprescindible mantener las centrales de generación con combustibles fósiles en condiciones para operar, pero la reducción de consumo de combustibles que se está produciendo hace que los sobrecostes de producción se estén multiplicando sin que exista compensación pública”, advirtió también.

Por ello Rull citó el ejemplo de El Hierro, donde la generación eléctrica cuenta con dos infraestructuras: la primera, la central hidroeólica que genera electricidad renovable, y la central térmica que consume en sus turbinas gasoil eléctrico para generar luz.

El aumento de la producción renovable en El Hierro ha reducido a la mitad el consumo de gasoil eléctrico en esta isla pero los gastos de transporte y almacenamiento que garantizan el suministro de este combustible en la isla no se han reducido.

Esto significa que el coste asociado al consumo de combustible para la producción de cada KW/h en la central térmica se están multiplicando, añade DISA.

La causa penal abierta en enero de 2013 contra cuatro altos funcionarios del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a quienes se les acusaba en una querella de haber permitido que la petrolera Disa, propiedad de la poderosa familia Carceller, operase durante tres años sin licencia en una gasolinera del barrio capitalino de Jinámar llegará a juicio con solo dos procesados.

Gonzalo Muñoz García de la Borbolla, jefe de servicio de Actividades Comerciales e Industriales, y Carmen Nieves Martín Pérez, directora general de Edificación y Actividades, se sentarán en el banquillo por un presunto delito de prevaricación administrativa tras haber agotado, sin éxito, los recursos para tratar de evitar la vista oral, aún sin fecha señalada.

Así se desprende de un auto dictado el pasado 19 de diciembre por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. La resolución judicial sí estima, en cambio, el recurso presentado por la tercera técnica municipal que permanecía imputada, María Ángeles Canella -jefa de sección de Actividades Comerciales e Industriales-, y archiva las actuaciones contra ella al no considerar acreditada su participación en los hechos.  La responsabilidad de la cuarta querellada, Antonia María García Carló, exdirectora general de Ordenación Urbanística, ya había quedado descartada por parte de la jueza instructora en el auto de apertura de procedimiento abreviado, la antesala del juicio oral. 

La causa se encontraba paralizada desde hacía cerca de un año y medio. La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell, dictó en mayo de 2016 una providencia para que las partes formularan escritos de acusación o pidieran el archivo de la causa. La resolución de la Audiencia Provincial, que está firmada por el magistrado Carlos Vielba, viene a dar respuesta, casi 18 meses después, a los recursos de apelación presentados por los tres técnicos, representados por el abogado del Ayuntamiento capitalino, contra el auto que decretaba la apertura de juicio.

En su tardía respuesta, la Audiencia precisa que dos de los tres funcionarios, Gonzalo Muñoz García de la Borbolla y Nieves Martín Pérez, no están facultados para presentar el recurso de apelación, puesto que no interpusieron el anterior de reposición o reforma (ante el propio juzgado de instrucción), una acción que sí emprendió –aunque fue desestimada por el juez Salvador Alba, sustituto de Rosell en Instrucción 8- la ahora absuelta María de los Ángeles Canella. Por lo tanto, el mencionado auto (la transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado) adquiere firmeza con respecto a los dos primeros investigados, “sin que quepa rehabilitar este trámite (la presentación del recurso de reforma) con ocasión de la apelación”. Es decir, la Audiencia se pronuncia a favor de continuar el procedimiento y de ordenar la celebración de juicio oral contra los dos técnicos.

La Sala entiende que existen indicios de la comisión de un delito por parte de los dos encausados, pero que no concurren razones para determinar la intervención de María de los Ángeles Canella en los hechos denunciados. La Audiencia recuerda que esta funcionaria permanecía imputada porque su firma aparecía en alguno de los decretos que facilitaron que la estación de servicio de Disa se mantuviera abierta sin contar con las preceptivas licencias, entre ellos el que admitió, sin previo traslado a las partes, un recurso presentado por la petrolera fuera de plazo y al margen del procedimiento establecido.  La resolución reconoce que es “palmario” que se omitieron trámites, pero puntualiza que la recurrente no dictó ese decreto, por lo que “mal cabe continuar el procedimiento por el dictado de una resolución presuntamente prevaricadora en la que solo interviene en su notificación”.  

La acusación particular, que ejercen vecinos de la zona, solicita penas de entre nueve y quince años de inhabilitación para los funcionarios. La Fiscalía, por su parte, pide el sobreseimiento de la causa porque no aprecia “intención prevaricadora” en la actuación de los técnicos, a quienes exculpa por la “complejidad notoria” del expediente y porque no atisba “un especial interés” de los mismos en permitir que Disa operase sin licencia. Los dos trabajadores municipales que se sentarán en el banquillo de los acusados por esta causa también están procesados, a la espera de que se señale fecha para celebrar el juicio, por haber incumplido una sentencia firme que les obligaba a cerrar un restaurante sin licencia en la zona de Triana.

En paralelo a la vía penal, el caso de la gasolinera Disa de Jinámar tiene otra vertiente en la jurisdicción civil. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se enfrenta a una reclamación de cerca de tres millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial por los mismos hechos. Algunos denunciantes con intereses en la zona reclaman, en concreto, 2,88 millones por el perjuicio económico grave ocasionado como consecuencia de la decisión de la Administración de mantener operativa la estación de servicio, esto es, por el lucrocesante o pérdida de las ganancias potenciales.

El grupo DISA ha formalizado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Ejecutivo autonómico (de Industria) que asigna la instalación de la canalización de aire propanado en Puerto de la Cruz (norte de Tenerife) a la empresa Redexis Gas, SA.

La resolución de la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias data de febrero de 2017, indica DISA en una nota, y aplica los requisitos y criterios de valoración establecidos por el Decreto 345/2015, por el que se regulan los trámites de concurrencia y de convocatoria pública y los criterios de valoración en el supuesto de confluencia de dos o más solicitudes de autorización administrativa de instalación de distribución de combustibles por canalización.

El recurso al Decreto 345/2015 se encuentra pendiente de sentencia judicial en el TSJC. DISA presentó el mencionado recurso al considerar que vulnera la legislación estatal ya que prima como criterio de valoración el mayor número de kilómetros de canalización de la red y el menor tiempo de obra. Sin embargo, la Ley estatal de Hidrocarburos valora los proyectos que menor coste representen al Estado. A esta disconformidad, hay que añadir la inclusión del efecto retroactivo que afectó negativamente a los proyectos que presentó DISA con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 345/2015.

DISA considera que el decreto es “pernicioso” por el efecto que genera su aplicación, ya que, al establecer como principal criterio de valoración el mayor número de kilómetros de canalización, potencia el sobredimensionamiento de la infraestructura más allá de la necesaria para la cobertura de la demanda real de ese producto en los municipios canarios.

DISA defiende que los criterios y requisitos exigidos por la Administración pública para la implantación de ese producto con distribución canalizada deben estar ajustados a la demanda real presente y futura en cada municipio. Por sus condiciones y características, al ser un producto industrial, la demanda se concentra en empresas hoteleras e industriales que requieren de ese suministro para especialmente para calentar agua o para la climatización de piscinas.

Por ahora, el uso doméstico es inexistente en la única red de distribución de aire propanado canalizado existente en Canarias, situada en el municipio de Adeje. La ausencia de demanda doméstica se justifica porque el precio regulado del aire propanado para ese uso es similar al del butano (que controla DISA y menos CEPSA).

Sin embargo, el usuario debe afrontar el coste de las acometidas y el cambio de los equipos, por lo que no le es interesante económicamente.

Alrededor de 2.500 escolares de Primaria y Secundaria se beneficiarán este curso de los talleres realizados dentro del proyecto Escuelas por un desarrollo sostenible, que promueve buenas prácticas para la conservación del medioambiente.

La iniciativa de la Fundación Santa Cruz Sostenible, financiada por la Fundación DISA, hace hincapié en los conceptos de sostenibilidad, biodiversidad y ecosistemas para relacionarlos con las materias primas y enseñar cómo hacer un uso responsable de estas.

En esta quinta edición, los talleres se completarán con salidas de campo al jardín botánico Palmetum y al parque García Sanabria, donde podrán comprobar en primera persona lo visto en las aulas.

Los responsables de este proyecto visitaron este miércoles las instalaciones del CEIP García Escámez. Allí tuvieron la oportunidad de conocer, entre otras novedades, el disfraz de pisos de vegetación que se le coloca a un escolar para que otros puedan instalar las especies animales y vegetales según el ecosistema del que se trate.

El acto contó con la asistencia del concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa; la concejala de Educación y Juventud, Verónica Meseguer; el cuarto teniente de alcalde y concejal del Distrito Ofra-Costa Sur, Dámaso Arteaga; la directora de la Fundación DISA, Raquel Montes; el gerente de la Fundación Santa Cruz Sostenible, Pedro Millán; y la directora del CEIP García Escámez, Isabel Pérez.

Hasta ahora, un total de 1.303 escolares (890 de Primaria y 413 de Secundaria) han recibido esa formación en el presente curso. La experiencia arrancó el pasado mes de noviembre y, hasta la fecha, ha visitado los centros académicos Dominicas (90 alumnos), Echeyde (107), Los Dragos (48), Villa Ascensión (54), Adonai (49), IES Anaga (113), Hermano Pedro (33), La Salle (110), CER Anaga (44), Rodríguez Alberto (80), Secundaria Rodríguez Alberto (90), El Tablero (94), Alfonso Spínola (101), García Escámez (80), Secundaria del Bethencourt y Molina (97), y San Andrés (113).

Por ahora, se han realizado un total de cinco visitas al Palmetum por parte de los centros escolares Adonai, Dominicas, Villa Ascensión, Teobaldo Power y Echeyde I. En el García Sanabria, mientras tanto, ya han estado los colegios Hermano Pedro, Rodríguez Alberto (Primaria y Secundaria) y el CER de Anaga.

Además, un total de 623 alumnos de los mencionados centros educativos han podido disfrutar ya del contenido de estos talleres en el medio.

El Cabildo de Gran Canaria ha levantado un acta de infracción a Disa, empresa que lidera la distribución del gas licuado en el Archipiélago, por no calcular los parámetros individuales del consejero de seguridad, experto en el ámbito del transporte de combustible por carretera que contribuye a la prevención de riesgos en la descarga de mercancías peligrosas.

Con el paso de los años, Disa se ha convertido en un poderoso grupo que lidera la distribución de gases licuados del petróleo a granel en Canarias. Sin embargo, su actividad ha sido dencunciada en diversas ocasiones por empresas instaladoras de las islas, que han llegado a calificar sus prácticas como “abusivas”.

Una de estas empresas es Red Gas Canarias, que ha trasladado diversos escritos al Cabildo de Gran Canaria sin obtener resultado. Hace un año, el consejero de Transportes insular, Juan Francisco Trujillo, afirmó que la Corporación había hecho todas las inspecciones pertinentes derivadas de las casi 10 denuncias interpuestas hasta la fecha por susodicha entidad instaladora. Asimismo, dijo sospechar que la “insistencia” de sus denuncias respondía a intereses empresariales.

Sin embargo, en esta ocasión la Administración ha decidido abrir expediente a Disa por no estar calculando los parámetros de seguridad individual del consejero en cuestión. Es decir, que un único consejero de seguridad no pueder atender a todas las instalaciones de la Isla, sino a una ratio en concreto, explican desde Red Gas Canarias

La resolución llega después de que el Diputado del Común admitiera investigar una queja contra la empresa y que el Cabildo de Lanzarote la sancionara tras recibir la denuncia de que utiliza empresas de su propio grupo o empresas instaladoras que no están autorizadas, para el transporte de mercancías peligrosas.

Este último extremo no ha sido objeto de la apertura del expediente sancionador en Gran Canaria, como tampoco otros aspectos referentes a las descargas, al considerar que no existen pruebas de cargo que acrediten otro tipo de irregularidades en la actividad de la entidad.

Entre las advertencias del denunciante, se alerta de que la matriz ha llevado a cabo en 2016 una escisión en sus empresas y ha pasado el transporte de mercancías peligrosas a Disa Gestión Logística S.L.

El Servicio Canario de Defensa de la Competencia publicó en 2014 y 2015 dos resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia - a las que no se puede acceder por internet - que consideraban que no quedaba acreditado que exista una práctica prohibida por parte de DISA.

Desde el Grupo Canario aseguraron en su momento que evalúan todas las quejas recibidas y que cuentan con documentación oficial proveniente del Gobierno central que avala su actividad.

La Fundación Disa y el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma han firmado un convenio de colaboración para participar en la próxima actuación prevista en el marco del proyecto Santa Cruz, capital del Color, que tiene como objetivo principal la rehabilitación y la recuperación de espacios públicos en aparente estado de abandono o desuso como escaleras, muros y fachadas a través del arte urbano, se informa en nota de prensa.

La responsable del Área Cultural de la Fundación Disa, Andrea León, y el alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Sergio Matos, firmaron este acuerdo para la ejecución de una intervención artística en una de las zonas de la capital palmera apta para ello.

Andrea León señala que “el arte urbano es, además de una forma de expresión, una herramienta artística capaz de transformar cualquier lugar deteriorado por el paso del tiempo o por otros factores. Además, este proyecto tiene una doble vertiente ya que, por un lado, contribuye a embellecer la ciudad y, por otro, da la oportunidad a los artistas de plasmar sus creaciones en lugares visibles para la ciudadanía”.

Por su parte, el alcalde de la capital palmera, Sergio Matos, destacó que “la contribución de la Fundación DISA contribuye a dar mayor dimensión al proyecto Santa Cruz, Capital del Color, y supone un ejemplo de colaboración entre las instituciones públicas y la empresa privada en actuaciones que repercuten en el bienestar de los ciudadanos y en este caso concreto con la mejora de los espacios urbanos dotándolos de contenido artístico”.

Santa Cruz, capital del Color es una iniciativa de la Concejalía de Movimiento Vecinal de Santa Cruz de La Palma, que dirige Juan José Neris, que propone una serie de acciones encaminadas al embellecimiento de zonas urbanas mediante intervenciones realizadas por distintos artistas y colectivos. Este proyecto persigue el empleo del cromatismo artístico como base para la rehabilitación de aquellos tramos del callejero que se encuentran más deteriorados.

Los barcos de bandera gallega Proteína 65, en clase ORC, y Künga, en Open, ganaron la I Discoveries Race, evento disputado entre Lisboa y Las Palmas de Gran Canaria y organizado por la Asociación Naval de Lisboa, el Club Naval de Cascais y el Real Club Náutico de Gran Canaria.

Esta iniciativa de la Cofradía Europea de la Vela en honor a los descubridores españoles y portugueses partió el pasado domingo 27 de agosto y concluirá este lunes 4 con la correspondiente entrega de premios, prevista en las instalaciones del club decano de la vela canaria.

En la clase ORC, dominada por el Proteína 65 del Club Náutico de Sada y perteneciente al armador Manuel Batallán, los tres barcos inscritos en esta clase culminaron la prueba, siendo el segundo en hacerlo el Nautilus y el tercero el Sao Gabriel.

Por su parte, el Künga vigués, del armador Jorge E. Mallo, fue el vencedor en la clase Open, aventajando al portugués Polar, mientras que el tercer barco en liza, el Zarco, también de bandera lusa, llegó a la capital grancanaria pero en condición de retirado de la competición.

Una vez se contabilizaron los tiempos compensados, el Proteína 65 fue el ganador, superando en casi hora y media (1:29.07) al Nautilus de la Armada Española, que fue el primero que cruzó la línea de meta en tiempo real.

Así, el Nautilus, que quedó segundo en ORC, conquistó el Trofeo Fernando de Magallanes tras ser el primero que alcanzó la línea de meta en aguas de la bahía de Las Palmas.

De igual forma, durante la noche del pasado viernes también arribó el Künga, de Marina Punta Lagoa, de Jorge E. Mallo, siendo el primero de los barcos que compiten en la clase Open, y la madrugada de este domingo lo hicieron el Polar y el Zarco.

Por su parte, el Sao Gabriel completó la travesía el sábado a primera hora de la mañana, y fue tercero a tan solo 1:35.51 en tiempo compensado del segundo clasificado, el Nautilus.

Mientras tanto, en la clase Open el Künga se impuso con suspense, después que hubiera una confusión en el momento de llegar al final de la regata con las balizas fijas que hay en la bahía grancanaria, aunque tras ser estudiada la situación los responsables decidieron que había sido el justo vencedor.

CEPSA celebró este viernes en Santa Cruz, en un acto convocado en el Iberostar Grand Hotel Mencey, su nueva apuesta económica en las islas, que no es otra que la que consiste en ofertar botellas de gas butano y propano (gases licuados del petróleo -GLP-) en su mercado interior. Esta novísima actividad ya se ha iniciado en las dos islas más pobladas: Tenerife y Gran Canaria.

Tal y como aseguró en ese acto corporativo el director del área de Gas de CEPSA, Filipe Henriques, la intención de esta empresa energética es superar la cuota de mercado que ya se alcanza en la Península en este mismo segmento, del 25%, para cuyo objetivo la multinacional se valdrá de una potente inversión ya realizada (77 millones de euros en toda España, con gran parte de ellos destinados al archipiélago) y de botellas para la carga del gas muy innovadoras: más ligeras que las hasta ahora existentes, con hasta siete kilos menos por unidad; con mayor seguridad, de fácil manejo y con el control integral de la trazabilidad en todas ellas, esto último gracias a la implantación de un sistema de identificación por radiofrecuencia (RFID).

Con esas potencialidades, entre otras muchas señaladas por Henriques, CEPSA, aunque esto no se reconoció de forma explícita, pretende ir restando cuota de mercado a la empresa competidora que copa esta actividad en las islas, DISA, a la que algunos de los políticos que tomaron la palabra en la presentación de este mediodía se refirieron como “el monopolio”.

Henriques se felicitó por la creación de esta nueva línea de negocio en Canarias, tras “muchos años de espera”, a la vez que vinculó la demora en la entrada de CEPSA en el gas GLP en España a todo lo que se retrasó la modificación de la normativa regulatoria, algo que llegó en 2013. Estos cambios legales dieron suficientes garantías a la compañía para activar el plan de expansión en este negocio.

Aparte de esas bondades, enumeradas por el responsable de Gas en CEPSA, Henriques aludió a otras, en este caso las relacionadas con la distribución de las botellas. Acerca del nuevo modelo, indicó que los pedidos se podrán hacer las 24 horas del día y todos los días de la semana, bien a través de un teléfono único y gratuito (900 300 120), de una APP específica o de la web corporativa www.botellacepsa.com. Todas estas entradas se canalizarán a través de un canal común de solicitudes, y los instrumentos digitales implantados permitirán hacer las transacciones sin el uso de papel.

En la actualidad, señaló Henriques, hay dos almacenes de botellas, uno en Tenerife y otro en Gran Canaria. Las botellas, por ahora, se cargan y llegan desde la Península. Estas ya se comercializan a domicilio en las principales poblaciones de las islas reseñadas. El trabajo de la ampliación de esta red domiciliaria a las otras islas también se ha iniciado. Aparte de la entrega casa a casa o negocio a negocio, CEPSA comercializa las botellas de GLP en toda su red de estaciones de servicio, que son más de 80 en todo el archipiélago.

Con esta nueva línea de negocio, CEPSA amplía sus actividades económicas en las islas y entra en la pelea por un mercado de 3,5 millones de botellas en toda Canarias, demanda real que en la actualidad casi atiende en exclusividad la firma DISA, a la que ahora le sale un potentísimo competidor.

En la cita de este viernes, titulada Llegan a Canarias las botellas de gas de CEPSA, hubo amplia representación institucional de origen público, como, por ejemplo, el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, o bien el consejero insular de Agricultura, Jesús Morales, que disculpó la ausencia del presidente Carlos Alonso. También hubo representación de la Zona Especial Canaria (ZEC) y del Ayuntamiento capitalino.

Por parte de CEPSA, junto al citado Henriques, se dirigió al público presente en la sala el director de CEPSA Comercial Petróleo, Álvaro Díaz. También estuvo el responsable de esta misma compañía en Canarias, José Manuel Fernández Sabugo.

El grupo Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha pedido al gobierno municipal que asuma “responsabilidades” ante la reclamación de 3 millones de euros por permitir, presuntamente, que una gasolinera operara tres años en Jinámar “sin licencia de apertura”.

En un comunicado, la portavoz municipal de Cs, Beatriz Correas, señala que se emprendieron “acciones patrimoniales” por parte de varios empresarios de la zona contra el Consistorio, ya que esa irregularidad “pudo haberles causado un perjuicio económico grave”.

Correas denuncia que el Consistorio capitalino continúa sin ejecutar una sentencia que le obliga a tramitar la solicitud de unos demandantes que le exigen una indemnización millonaria.

Además, la edil lamenta que el Gobierno de la ciudad siga sin explicar “las razones del supuesto incumplimiento de la resolución judicial”, a pesar de que hubiera agotado el plazo que dio el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria.

La concejala solicita al Ayuntamiento que “obedezca a la autoridad judicial y tramite la reclamación de los afectados”, además de que de “las explicaciones pertinentes sobre los motivos que le han llevado, presuntamente, a desobedecer y retrasar la ejecución de esta sentencia”.

En opinión de Correas, el Consistorio debe asumir “responsabilidades por su permisividad e inacción política” durante los años que estuvo operando sin licencia la estación Disa de Jinámar, “así como por los supuestos incumplimientos judiciales”.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se enfrenta a una reclamación por responsabilidad patrimonial de cerca de tres millones de euros por haber permitido que una estación de servicio de la petrolera Disa, propiedad de una poderosa familia de empresarios, los Carceller, operase durante tres años (de 2009 a 2012) sin la pertinente licencia de apertura en el barrio de Jinámar de la capital.

En paralelo al procedimiento penal que mantiene imputados a tres altos funcionarios del Consistorio por el mismo motivo, algunos de los denunciantes, con intereses en la zona, emprendieron en enero de 2014 acciones patrimoniales contra el Ayuntamiento al considerar que su permisividad e inacción ante la irregular situación de la gasolinera y la tienda ubicada en la confluencia de las Ramblas de Jinámar con Santa Rita Casia les había ocasionado un perjuicio económico grave (por lucro cesante -pérdida de ganancias potenciales como consecuencia del daño-) que cifraban en 2,88 millones de euros.

Esa reclamación en la vía administrativa no fue tramitada por el Ayuntamiento capitalino, que consideró que incumplía con los requisitos exigidos porque no había identificado “adecuadamente” la lesión que sustenta esa petición de responsabilidad patrimonial.

Los afectados, representados por el abogado Pablo López, del bufete López&López, recurrieron entonces a los tribunales. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de la capital dictó en mayo de 2016 una sentencia que les daba la razón y obligaba al Consistorio a retrotraer el expediente y analizar el fondo del asunto, esto es, a dirimir si los demandantes tienen derecho a cobrar una indemnización por lucro cesante derivada de la apertura de una gasolinera que carecía de autorización.

Sin entrar a valorar la posible responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento, el magistrado concluyó que el escrito presentado por los afectados sí identificaba los daños producidos y que, por lo tanto, la administración debía tramitarlo. Además, imponía a la corporación el pago de las costas procesales, que cuantificaba en un máximo de 5.000 euros debido a “la complejidad del asunto”.

Transcurridos ocho meses sin que el Ayuntamiento moviera pieza y ante una solicitud de ejecución de sentencia por parte de los demandantes, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria emitió el pasado 18 de enero una diligencia de ordenación que otorgaba al Consistorio un plazo de 15 días para que explicara las razones del incumplimiento de la resolución judicial, bajo apercibimiento de multa.

Agotado ese plazo, sigue sin haber contestación. El pasado viernes los afectados solicitaron al Juzgado la imposición al funcionario responsable de las sanciones previstas en el artículo 112 de la Ley 29/1998, que van desde los 150 hasta los 1.500 euros. También reclaman que se le advierta de que, en caso de persistir en el incumplimiento, se podrá deducir testimonio para exigir la responsabilidad penal por desobediencia a la autoridad judicial. Desde el área de Urbanismo del Ayuntamiento afirman que el asunto estaba en manos de los servicios jurídicos y que contestarán al requerimiento judicial “de forma inmediata”.

Indemnización por la vía penal

Entre los argumentos esgrimidos para oponerse a dar curso a la reclamación de los afectados y pedir la suspensión del procedimiento, los servicios jurídicos del Consistorio capitalino sostenían que en el proceso penal ya se reclama una indemnización por daños y perjuicios “idéntica a la pretendida en la vía administrativa”. Una circunstancia que, a juicio de los letrados de la corporación, podría dar lugar a dos resoluciones judiciales sobre la misma materia. El juez rechazó esta petición de suspensión y recordó que su función en este procedimiento se limitaba a analizar “la admisión o indebida admisión de la solicitud de responsabilidad patrimonial”, sin examinar el fondo de la cuestión.

El procedimiento penal se encuentra paralizado desde hace diez meses. En septiembre de 2015, el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado, el paso previo a la apertura de juicio oral, al considerar que existían indicios de prevaricación continuada. El Ayuntamiento ha asumido la defensa de los funcionarios imputados: Carmen Nieves Martín, directora general de Edificación y Actividades; Gonzalo Muñoz García de la Borbolla, jefe de servicio de Actividades Comerciales e Industriales, y María Ángeles Canella León, jefa de sección del mismo departamento. Tras ver desestimado en abril de 2016 el primer recurso, de reforma, contra el citado auto, los servicios jurídicos de la corporación apelaron ante la Audiencia Provincial, que aún no ha señalado fecha para la votación y resolución.

La acusación particular pide penas de entre nueve y quince años de inhabilitación para los técnicos municipales por un delito de prevaricación administrativa continuada. La Fiscalía, por su parte, se ha alineado con las tesis de la defensa al pedir el sobreseimiento de la causa y la libre absolución de los acusados. El Ministerio Público no aprecia que los funcionarios tuvieran “especial interés” en que Disa obtuviera licencia para poder operar y les exculpa de responsabilidades por la “complejidad notoria” del expediente tramitado.

Según los querellantes, los aún imputados no ejecutaron órdenes de paralización de la actividad y precinto, no retrotrayeron el expediente a pesar de la existencia de una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que revocaba el permiso de instalación concedido a Disa y no sancionaron a la petrolera a pesar de que operó sin licencia de apertura desde julio de 2009 al mismo mes de 2012 con una construcción que doblaba en superficie a la autorizada en el proyecto presentado en el año 2006.

Durante la fase de instrucción, los técnicos defendieron que no ejecutaron la orden de cierre de las instalaciones porque la concesión de los permisos era “inminente”, ya que contaba con “un informe favorable a todo el proyecto”. Ese informe de reconocimiento final de obra, fechado en abril de 2010, decía literalmente que la estación de servicio se ajustaba “sensiblemente” al proyecto. A este respecto, la jueza instructora exponía en el auto de transformación en procedimiento abreviado: “La administración actúa en un procedimiento sancionador como si se hubiera otorgado la licencia por su previsible resolución, lo cual no deja de ser desiderátum más propio de Disa que del servicio competente del Ayuntamiento”.

Fuentes oficiales de la Concejalía de Urbanismo precisan que el actual grupo de gobierno “no tiene nada que ver” con los hechos denunciados, que proceden de una etapa anterior (2009-2012), y que la estación de servicio de Jinámar opera en la actualidad dentro de la legalidad.

El Gobierno de España deberá pagar 12 millones de euros a DISA Gas para compensar los daños y perjuicios como consecuencia de la aplicación de la fórmula de fijación de los precios máximos de venta de la bombona de Gas Licuado del Petróleo (GLP), sin tener en cuenta el coste añadido que soporta la entidad en Canarias por su condición de región ultraperiférica, según una nota de prensa de la compañía.

Con esta sentencia firme emitida por la Audiencia Nacional, DISA Gas consigue dar un paso adelante en la reivindicación para que se reconozca la singularidad canaria en una nueva regulación del GLP, teniendo en cuenta que el sistema actual supone unas pérdidas anuales para la entidad de en torno a los tres millones de euros, generando una situación que no se puede mantener en el tiempo.

La sentencia emitida por la sala de lo Contencioso Administrativo el pasado mes de diciembre, cobra ahora firmeza al no haber sido recurrida por la Abogacía del Estado. En este pronunciamiento judicial se reconoce la reclamación de DISA Gas por daños y perjuicios sufridos por la aplicación de la fórmula de cálculo para los precios máximos de venta de la bombona de gas licuado del petróleo, aprobada por la Orden de Industria Turismo y Comercio 2608/2009, para el periodo comprendido entre el cuatro trimestre de 2009 y el segundo trimestre de 2012.

Esta reclamación se ampara además en la anulación, por parte del Tribunal Supremo, de dicha orden en junio de 2012, argumentando como motivos principales las pérdidas ocasionadas a las empresas operadoras del sector, al producir un desfase entre los costes incurridos y los ingresos procedentes de la venta del producto al consumidor. Asimismo, reconoce que se trata de unas pérdidas cuya recuperación no está garantizada.

La Audiencia Nacional establece en su sentencia inicial el pago por parte del Gobierno de España de 9,3 millones de euros a DISA Gas, cuantía que se ha visto incrementada hasta los 12 millones de euros como consecuencia de los intereses de demora generados desde 2009.

Por otro lado, DISA Gas confía en que esta sentencia sirva de precedente de cara al recurso que ha presentado contra la nueva Orden del actual Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (IET 389/2015), que regula el precio de venta del GLP envasado, en la que tampoco se tiene en cuenta los costes añadidos que se generan en las islas y que supone unas pérdidas anuales de 3 millones de euros.

Hace poco más de una semana, medios de todo el mundo se hacían eco de una sorprendente noticia en torno a las polémicas decisiones del presidente de los Estados Unidos. Esta vez, sin embargo, no tenía nada que ver con sus opiniones sobre los inmigrantes o el cambio climático, sino con un aspecto tecnológico: según desvelaba The New York Times, Donald Trump sigue utilizando su antiguo móvil Android, “pese a las protestas de algunos de sus asistentes”.

Se trata, al parecer, de un Samsung Galaxy al que supuestamente había renunciado para usar un dispositivo “seguro, cifrado y aprobado por los Servicios Secretos”. No sabemos si Trump ha abandonado estas buenas intenciones o está utilizando más de un teléfono, pero el simple hecho de llevar encima un ‘smartphone’ sin las medidas de protección adecuadas ya conlleva graves riesgos para la privacidad de los asuntos de estado.

“Cuando un miembro del gobierno quiere realizar comunicaciones seguras tiene que asumir que puede ser el objetivo de ataques dirigidos […], no solo enfocados a interceptar tráfico no cifrado, sino a instalar ‘malware’ en el teléfono”, explica a HojaDeRouter.com Karl Osterberg, responsable de producto de GSMK, una firma berlinesa especializada en seguridad de las comunicaciones móviles. La Agencia de Sistemas de Información de Defensa (DISA) estadounidense es consciente de la situación y por eso, según han revelado recientemente medios del país norteamericano, ha elegido un dispositivo ultraseguro para la oficina presidencial.

El móvil es un Boeing Black, un teléfono cifradoBoeing Black desarrollado por la prestigiosa empresa aeronáutica y modificado bajo la batuta de la propia DISA para aumentar su seguridad. El dispositivo está incluido en el Mobility Classified Capability, el programa de la agencia para manejar información secreta que hace uso de “dispositivos móviles comerciales [’smartphones’ y dispositivos con internet] y componentes comerciales de arquitectura móvil” como redes privadas virtuales, todos aprobados por la NSA.

A pesar de que la institución “no está capacitada para responder preguntas relacionadas con el presidente de los Estados Unidos”, ni sobre aspectos concretos del programa -según nos han indicado sus responsables-, su director general, Alan Lynn, habló sobre el teléfono en la conferencia Milcom celebrada en Baltimore el pasado mes de noviembre. Aseguró entonces que habían contado con Boeing para desarrollar una tecnología móvil para llevar a cabo comunicaciones ‘top secret’: “Boeing Black es el dispositivo con el que estamos trabajando”, dijo entonces Lynn, advirtiendo después que aún estaban en fase de pruebas.

Boeing, por su parte, también se resiste a dar más detalles sobre el teléfono, aunque fuentes de la empresa nos han informado de la clausura del programa de soluciones de seguridad móvil a finales del año pasado. Han puesto así punto y final al proyecto Black, pero esto no significa, sin embargo, que sus clientes hayan dejado de emplear el dispositivo. “No podemos desvelar quién lo ha comprado o lo está usando, pero sí confirmar que pueden seguir utilizándolo”, dice una portavoz de la compañía.

El secretismo que rodea al asunto impide saber con seguridad si Trump utiliza este sofisticado ‘smartphone’ o si aún no ha jubilado a su inseparable Samsung. Pero la información técnica del dispositivo facilitada tanto por Boeing como por la DISA sí que permite conocer algunas de las especificaciones del móvil que debería llevar el presidente estadounidense.

Un teléfono blindado contra ciberataques

La empresa fabricante de aviones registró por primera vez los documentos del teléfono en la Comisión Federal de Comunicaciones en 2014 y obtuvo el certificado de la NIAP (de National Information Assurance Partnership), la entidad estadounidense encargada de verificar la seguridad de los productos y sistemas TIC, en 2015. Se trata, según describen estos pliegos, de un ‘smartphone’ con dos tarjetas SIM, basado en Android, capaz de utilizar tanto redes privadas de comunicaciones como públicas.

En lo que respecta al tráfico de datos, esta capacidad de cambiar de una red a otra selectivamente, según se maneje información clasificada o no, es “una especificación que tienen la mayoría de móviles seguros”, dice Osterberg. Cuando las comunicaciones son delicadas, se transmiten a través de una red privada virtual (VPN), donde “puede controlarse el tráfico y aplicar medidas de seguridad como inspecciones de los paquetes de datos y ‘firewalls’”, indica el alemán.

En el caso del presidente, se trataría de una red restringida a las comunicaciones gubernamentales. “Si el dispositivo se conectara a internet corrientemente estaría expuesto a todas las amenazas y ‘malware’ de la Red”, señala el experto de GSMK.

Según la DISA, el teléfono utiliza tanto las redes públicas GSM y LTE como otras destinadas a información clasificada a la hora de realizar las llamadas . Entre estas últimas, la institución incluye algunas herramientas seguras basadas en el protocolo de internet (VoIP) y la red Defense RED Switch Network, gestionada por la misma agencia, que garantiza las comunicaciones seguras hasta el nivel de alto secreto y está restringida a las operaciones militares.

Pero una de las claves del diseño de un móvil superseguro es el ‘hardware’, al que se le añaden funcionalidades de seguridad especiales. Entre ellas se incluye la capacidad de verificar que el ‘firmware’ -el programa que controla los componentes electrónicos- continúa siendo el original, “no uno desarrollado por un atacante”, detalla Osterberg. Por otro lado, la existencia de dos SIM es una característica importante en los teléfonos seguros más avanzados: el dúo se compone de una tarjeta estándar y una que actúa “de fondo para verificar que el código que se ejecuta es fiable”.

Aunque podría parecer lo contrario, el hecho de que el Boeing Black utilice un sistema operativo basado en Android no es un indicativo de que sea menos seguro. Los fabricantes de este tipo de ‘smarphones’ lo utilizan como cimiento sencillamente porque “es la única versión que puedes modificar legalmente: es ‘open source’, así que puedes escribir un producto y cambiarlo cuando quieras”, explica el teutón. Según advierte Osterberg, desarrollar un sistema operativo propio es una “condición indispensable” para reducir la vulnerabilidad del teléfono a los ataques.

El resultado es un ‘software’ que carece de aquellas funcionalidades que suponen una puerta de entrada a las amenazas, como los MMS. “Por muy bueno que sea el cifrado de las comunicaciones, no vale de nada si un atacante instala ‘malware’ en el móvil para espiar a través del micrófono o recopilar datos”, asegura el experto alemán.

Estos datos se autodestruirán en 30 segundos

Una de las prestaciones más llamativas del Boeing Black es su capacidad de autodestruir su contenido. Dispone para ello de un sistema de protección contra las manipulaciones que detecta si alguien intenta acceder a sus componentes internos y borra automáticamente la información guardada en la memoria y deja el ‘software’ inhabilitado. El proceso puede llevarse a cabo, por ejemplo, instalando un fotodiodo (un sensor sensible a la luz) bajo la carcasa, de manera que quedaría expuesto a la luz en caso de que se abriera, activando la eliminación de los datos.

De todas formas, y para asegurar aún más le integridad de la información, la mayor parte no se almacena en el ‘smartphone’, que Lynn consideraba algo “similar a una infraestructura de virtualización de escritorio”. El responsable de la DISA se refería al proceso por el que se separan la información y programas del dispositivo físico, es decir, el contenido se guarda en un servidor remoto desde donde se ejecutan las aplicaciones. El móvil representaría, prácticamente, un instrumento donde visualizar y operar con las herramientas.

Lynn aseguraba también durante la conferencia que la tecnología de Boeing “lleva mucho cifrado”. En este sentido, la protección de las comunicaciones no solo está determinada por las claves criptográficas generadas por el sistema, sino también por los algoritmos de cifrado. “Hay que entender el sistema de cifrado como un todo: los procesos de generación y destrucción de claves deben ser seguros y estas tienen que ser largas y producidas al azar”, indica Osterberg. Sin embargo, “las claves por sí solas no sirven de mucho si no se utilizan algoritmos adecuados”, aclara.

El director de la DISA indicó asimismo en noviembre que, por entonces, la agencia ya había entregado dos Boeing Black, uno al expresidente Barack Obama y otro al responsable de ciberoperaciones, Mike Rogers. La agencia no ha confirmado, sin embargo, si Trump ha heredado el dispositivo de su predecesor. Aunque parece lógico pensar que sus asesores han instado al presidente a utilizar el teléfono de Boeing u otro modelo seguro para proteger sus comunicaciones, es poco probable que uno de estos dispositivos le permita tuitear. Quizá Trump lo aclare todo en la red social, desde su Samsung, claro.

---------------------------------------------------------------------------

Las imágenes de este reportaje son propiedad, por orden de aparición, de Darron Birgenheier (1, 2), Boeing y DISA.

Lo que en 1933 nació como un pequeño proyecto que buscaba hacerse un hueco entre las poderosas empresas internacionales que lideraban el sector de los combustibles en el Archipiélago, se ha convertido en un poderoso grupo que lidera la distribución de gases licuados del petróleo a granel en Canarias.

Distribuidora Industrial S.A. (DISA) se constituyó en Santa Cruz de Tenerife con un capital inicial de 350.000 pesetas. Según publica en un página web, en 2013 se convirtió en el primer grupo canario por facturación al contar con unos ingresos de 2.416 millones de euros y en uno de los principales focos de trabajo de las islas, donde cuenta con más de 1.500 puestos de trabajo directos.

Poco a poco, DISA se ha ido haciendo con la distribución de gas en Canarias y ha extendido una amplia red de reparto domiciliario. Esta situación de fortaleza ha puesto en pie de guerra a diversas empresas instaladoras del Archipiélago, que han denunciado lo que consideran una serie de prácticas abusivas por parte de la empresa.

Recientemente las empresas instaladoras y de mantenimiento de gas de Lanzarote denunciaron que el Grupo se extralimita en sus funciones y entorpece la apertura de nuevos comercios con una serie de inspecciones que, según sostienen, no son de su competencia. Pese a ser consciente de esta práctica, el Gobierno regional prefiere de momento no posicionarse al respecto porque, asegura, sigue repasando las reclamaciones que tiene apiladas en su despacho.

Una de las empresas que ha ayudado a que la columna de reclamaciones sea mayor es Red Gas Canarias, con sede en Gran Canaria, quien reconoce el perjuicio que supone en sus clientes que las inspecciones de DISA contradigan sus indicaciones – con el consiguiente corte del suministro a comercios abiertos - lo que atribuye a una campaña en su contra por haber denunciado la situación ante las administraciones públicas.

La entidad ha trasladado la problemática al Diputado del Común, que ha aceptado investigar la queja.

Entre los escritos trasladados por esta empresa se encuentran varios firmados por la Confederación Canarias de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme) que datan desde 2015 al pasado junio y que no solo advierten de la problemática de las inspecciones. Dichos escritos reivindican que DISA GAS cobra un porcentaje más alto de lo establecido por los derechos de alta para recibir botellas; el corte de suministro a un establecimiento “sin previo aviso”; y la necesidad de que las descargas de gas cuenten con un asistente.

Sin embargo, Cecapyme se ha alejado durante los últimos meses de la problemática y no ratificará su documentación ante el Diputado del Común, por lo que sus demandas quedarán al margen de la investigación.

Esto puede deberse a que el Servicio Canario de Defensa de la Competencia ha publicado dos resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que archivan la denuncia al no quedar acreditado que exista una práctica prohibida por parte de DISA.

Desde el Grupo Canario aseguran a Canaria Ahora que no tienen constancia de la denuncia ante el Diputado del Común y asegura que ha evaluado todas las quejas recibidas y que cuenta con documentación oficial proveniente del Gobierno central que avala su actividad.

En el caso de las inspecciones, aseguran estar obligados a realizarlas según el artículo 20 del Real Decreto 1085/1992 que amplia la Ley de Hidrocarburos.

La consulta de DISA al Gobierno central, cuya respuesta se centra en el Real Decreto mencionado, data de marzo de 2015, aseveran.

Respecto al cobro de altas, aseguran que ocurre lo mismo y que las compañía no ha aplicado ningún aumento y que tras consultarlo al Gobierno canario verificaron que todo estaba en regla, de acuerdo con la valoración de la Comisión Nacional de la Energía.

Inspecciones por parte del Cabildo

Respecto a las competencias del Cabildo grancanario, Red Gas advierte de que las descargas de gas se llevan a cabo sin un asistente de descarga contratado por DISA y sin el debido consejero de seguridad. Advertencias de las que tiene conocimiento el consejero de Transportes insular, Juan Francisco Trujillo.

Trujillo asegura que el Cabildo ha hecho todas las inspecciones pertinentes derivadas de las casi 10 denuncias interpuestas por esta entidad instaladora, que es la única que ha traslado esta queja a la Administración insular, apostilla.

La jefa de sección de inspección, Rosa Fernández, sostiene que en caso de que se detecte una infracción, el caso pasa al departamento de sanciones. Pese a haber contestado a cinco de las reclamaciones interpuestas (a falta de gestionar otras dos registradas en diciembre), Trujillo rechaza informar a este periódico del resultado de las inspecciones amparándose en no incurrir en un delito en función de la Ley de Protección de Datos. Insiste, por otro lado, en que las inspecciones se han llevado a cabo y en que de tener que tomar cartas en el asunto, la Administración las hubiera tomado.

Sobre la elevada cantidad de denuncias, recuerda que el último encuentro con el denunciante “no fue agradable” y sospecha que la “insistencia” de sus denuncias responde a intereses empresariales. Aunque agradece que la ciudadanía ponga el foco sobre posibles irregularidades, hechas las comprobaciones pertinentes considera posible que “quieran utilizar la Administración para otros sistemas competenciales que no tienen nada que ver con ella”.