El empresario y expolítico ultraconservador Julio Ariza, fundador del Grupo Intereconomía, ha respondido este lunes a su rival radiofónico por la audiencia de derecha radical Federico Jiménez Losantos, quien le había recriminado haber emitido publicidad de la aerolínea Plus Ultra en su televisión El Toro TV, antigua Intereconomía Televisión.

“El tema de Plus Ultra le respondo muy rápido”, arrancó Ariza ante las insistentes preguntas de los usuarios de YouTube en un chat en directo de la televisión de su propiedad durante el programa 'Dando caña' de este lunes. El empresario aseguró que informaría de la relación de medios que habían recibido cobros por emitir publicidad de Plus Ultra.

“Nosotros fuimos uno de ellos. No tengo nada que decir. Si en ese momento alguien sabía todo lo que hoy se sabe sobre Plus Ultra, había hecho el curso de profetas con muchísimo éxito”, ha reconocido Julio Ariza, tras lo que ha defendido la decisión en la falta de información en ese momento sobre las presuntas irregularidades y delitos cometidos por sus accionistas. “Nosotros no lo sabíamos, tuvimos aquí a los de Plus Ultra, les preguntamos lo que teníamos que preguntarles, cobramos publicidad de Plus Ultra, como lo cobró El Mundo, la Cope, Onda Cero, el ABC... Bueno, tengo la lista entera y os daré las cantidades que cobró cada medio”, ha afirmado.

Tras ello, se ha dirigido directamente a Jiménez Losantos: “No tengo nada más que decirte, Federico, pero déjame en paz ya”. Y acto seguido ha recordado los orígenes de Libertad Digital, medio del que es copropietario el periodista aragonés: “Te ayudé a montar Libertad Digital al cincuenta por ciento. No sabíais qué hacer Alberto Recarte y tú. Vinisteis a pedirme por favor que os ayudáramos a montar Libertad Digital y lo hicimos”.

Y entonces han comenzado los reproches: “Cuando recibiste trescientos y pico mil euros de Bárcenas... del PP... yo me fui. Me fui porque no estaba de acuerdo, Fede. Así de sencillo”. Ariza ha llegado a decir que Federico Jiménez Losantos le parecía “muy osado diciendo esas cosas” y ha cargado contra la decisión de incluir en el consejo de Libertad Digital a un representante que ha dicho que fue escogido directamente por el exdiputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros y su mujer Rocío Monasterio. “¿Y para qué lo metió ese consejero? ¿Quieres que te lo cuente también? ¿Qué más cosas quieres que te cuente?”, ha amenazado Ariza.

Después, el fundador de Intereconomía ha defendido que no ha cobrado “ni un euro de Disenso”, en referencia a la fundación ligada al partido de ultraderecha Vox. Y ha continuado: “Deja de mentir. Vete, por favor, y te lo he dicho, os lo he dicho muchas veces. Idos a un juzgado cuanto antes. Denunciad que nosotros cobramos de Disenso”.

Ariza ha terminado esta intervención en directo en su canal de televisión pidiendo a Losantos que dejase de mentir y manipular y ha dicho incluso que está “envejeciendo fatal”. “Yo estoy envejeciendo pero intento hacerlo con cierta dignidad macho. Y tú estás hecho un viejo cascarrabias”.

Tan protagonistas fueron en una época como irrelevante su participación en el juicio del caso Kitchen. Son una decena de testigos clave en el ecosistema madrileño que alumbró el espionaje a Luis Bárcenas, tanto dentro como fuera de la Administración. A una parte de ellos solo el cargo que ocuparon les confiere un papel sobresaliente, como es el caso del presidente Mariano Rajoy y sus máximos colaboradores en el Gobierno y el PP. Otros testigos estaban acomodados en la penumbra de unos perfiles profesionales que esconden su auténtica impronta, como el padre Silverio o el abogado Javier Iglesias.

En las últimas semanas, todos han comparecido ante el tribunal del caso Kitchen ajenos a la guerra sucia del último Gobierno del PP, ya fuera contra los investigadores del caso de la caja B o contra los adversarios políticos de Podemos y el independentismo catalán. Han reaccionado extrañados a las preguntas de los abogados, que despacharon sin apenas aportaciones. Como si el archivo sonoro del caso Villarejo, las agendas del comisario o los avances en la investigación recogidos en el sumario no hubieran ofrecido suficientes pistas de quiénes son en realidad. 

Javier Iglesias, la abogacía como coartada

“Excelentísima señora”. Es la fórmula elegida por Javier Iglesias para dirigirse a la presidenta del tribunal durante sus dos comparecencias en el juicio de Kitchen. La respetuosísima fórmula no le sirvió para librarse de la advertencia airada de Teresa Palacios ante el intento por no contestar a una sola pregunta. Iglesias esgrimió su condición de abogado, en general, y de letrado de la mujer de Villarejo, en particular. Todo lo que hubiera conocido en el ejercicio de la abogacía está protegido por el secreto. Palacios aplazó la declaración y a la segunda, Iglesias tuvo que contestar a la mayoría de las preguntas que se le formularon: no podía ser que todo lo hubiera conocido como abogado.  

Antes de la comparecencia de Iglesias, Bárcenas había repetido las acusaciones vertidas en el pasado contra él al declarar como perjudicado en Kitchen. El ex tesorero del PP relató los ofrecimientos que le habría hecho Iglesias, primero en libertad, y cuando ingresó en prisión. El abogado habría llevado un mensaje del PP para que los papeles de la caja B quedaran en nada. Uno de los ofrecimientos habría incluido el pago de 500.000 euros. El otro, que el Gobierno libraría a Bárcenas de todos los investigadores judiciales y policiales de Gürtel. Y también del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. 

“Absolutamente falso”, replicó Iglesias en su turno. “Nunca he sido abogado del PP. Nunca me ha pagado el PP. Y nunca he recibido un mandato del PP”, añadió. Y sin haber trabajado en el PP, Iglesias siempre estuvo ahí. Como abogado de donantes del PP, del tesorero Álvaro Lapuerta y del cabecilla de la Gürtel Francisco Correa. Para este comenzó a trabajar precisamente cuando iba a tirar de la manta del 3% en comisiones para el partido. Hasta que recibió una visita de Iglesias y la colaboración con la justicia acabó.

La figura de Javier Iglesias es inabordable en apenas unos párrafos. Sirvan dos citas. Una es un informe de Asuntos Internos de octubre de 2018 en el que los agentes deben interpretar los audios incautados al comisario Villarejo sobre la operación Kitchen. “Habría tenido un resultado positivo y estaría coordinada por el entonces secretario de Estado de Seguridad (con conocimiento de El Asturiano [Rajoy] y El Largo [Iglesias])”, escribieron los investigadores.

Javier Iglesias dijo a este periódico en 2019 que no conocía a Mariano Rajoy. El expresidente desmintió esa afirmación en su declaración en el juicio de Kitchen y aseguró que se había reunido en un par de ocasiones con Iglesias como abogado del tesorero del PP Álvaro Lapuerta. 

La segunda cita es de Luis Bárcenas. Fue durante el juicio de la caja B del PP en la Audiencia Nacional. “El Largo, aunque no es el John Silver de ‘La Isla del Tesoro’, es Javier Iglesias, el abogado que en esta causa aparece por todos lados, en todas partes”, afirmó el ex tesorero.

El padre Silverio Nieto, pastor de almas

El padre Silverio da misa en la parroquia de la calle Goya, punto de encuentro del nacionalcatolicismo del barrio de Salamanca, en Madrid. Su relación con al menos tres de los acusados en el juicio de Kitchen era la misma que con cualquiera de sus parroquianos: él se dedica a sanar almas afligidas, explicó ante el tribunal.

Aquellas almas tan atormentadas en 2020 eran las del secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que amenazaba con hablar de la implicación del ministro del Interior, amigo del padre Silverio. O del comisario Enrique García Castaño, ‘El Gordo’, que había señalado previamente a Martínez. El Gordo también es muy amigo de don Silverio. El cura solo reenvió un mensaje para informar a unos de las intenciones de otros, afirmó ante el tribunal. “Lo estaban pasando muy mal humanamente”, dijo. 

Así que Silverio Nieto era próximo a Martínez y amigo personal del ministro del Interior y del comisario de las cloacas, García Castaño. Pudiera influir que antes de cura fue marino mercante, juez y, hasta el año 1983, inspector de la Policía. “No coincidí con Enrique García Castaño en el Cuerpo”, afirmó en el juicio. Sobre su papel en la Conferencia Episcopal, dijo que había sido responsable del contacto con otras confesiones religiosas, del máximo interés para los Servicios de Información. Y por el interés en esas confesiones conoció a Fernández Díaz, que quería entrevistarse con sus líderes religiosos cuando viajaban a España. 

De lo que no habló el padre Silverio fue del papel que tuvo en la negociación con las víctimas de abusos en la Iglesia en defensa de los intereses de esta. O de cómo influía en Fernández Díaz, al que llegaba a tratar con una vehemencia que rayaba el desprecio, según cuentan responsables de aquel ministerio. Esas fuentes aseguran que el padre Silverio, ahora de 79 años, dictaba nombramientos de policías al ministro.

El 4 de octubre de 2017, tres días después del referéndum soberanista en Cataluña, el padre Silverio escribe a Martínez, quien ya está fuera de Interior. “No es fácil hacerlo tan mal… se añora al Equipo anterior y sería imprescindible recuperar a EGCastaño. Es el único que tiene los contactos con los servicios inteligencias (sic) extranjeros y conoce internamente los Mossos”, analiza el pastor de almas.

Manuel Vázquez, el cordial ‘Fiti’

Una forma de hacer carrera en la Policía se ha encarnado estos días ante el tribunal de Kitchen. Entre las formas aparecidas, la del comisario ya jubilado Manuel Vázquez, ‘Fiti’ para todos en el Cuerpo. ‘Fiti’ no participó en la brigada política, pero tenía sus aspiraciones. Llegó a jefe de la UDEF y desde ese puesto se ofreció a lo que hiciera falta para acabar su carrera en Galicia, su tierra. De jefe superior.

Así que 'se comió el marrón’ del informe PISA, que no lo había hecho su unidad, la UDEF. Lo envió al Tribunal de Cuentas en el último intento de Interior por sacarle partido a la estrategia contra Podemos, después de que fuera rechazado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Antes, había telefoneado a los magistrados del alto tribunal por si requerían alguna explicación adicional del dosier que había incorporado Manos Limpias a una querella contra Pablo Iglesias e Íñigo Errejón.

En el juicio, ‘Fiti’ hizo de ‘Fiti’. Él no sabía nada de ningún operativo ilegal. Habiendo sido jefe de la UDEF esa afirmación venía muy mal a los acusados, que defienden que ellos espiaron a Bárcenas para ayudar a la Unidad. Pero ‘Fiti’ no les iba a dejar tirados del todo. Y en un momento dado de su declaración recordó algo: en la toma de posesión de su comisario general, este le preguntó si sabía algo de “una operación inteligencia”, legal, por tanto, sobre el entorno de Bárcenas. 

El comisario Vázquez fue jefe del inspector Manuel Morocho cuando este sufría, según su relato, una campaña de acoso para evitar que su trabajo sobre la caja B del PP no destrozara al partido. Según ‘Fiti’, Morocho exageraba. El chico sentía “autopresión”, según él. 

Más del 'Fiti' en el juicio: “Que aparezca M. Rajoy, el poner a dudar quién es, es como si aparece K. Mbappé en la contabilidad del Real Madrid”. Detrás de la ocurrencia de Vázquez, que recogieron muchos medios, está la explicación completa: él había advertido a Morocho que se precipitaba incluyendo el nombre de Rajoy al aludir a la anotación ‘M. Rajoy’ de los papeles de Bárcenas. Esos papeles, dijo, presentaban anomalías que hacían dudar entonces de su credibilidad, según advirtió a su subordinado.

Mariano Rajoy o como quiera que le llamen

Los testigos del caso Kitchen que querían mostrar tan solo una de sus caras tenían dos ventajas para hacer efectivo su plan: que no se les acusa de nada y que al tribunal solo le interesan los hechos recogidos en los escritos de acusación. 

A esto, Rajoy le sumó un considerable desprecio por el acontecimiento del juicio. El expresidente del Gobierno aseguró que no recordaba unos mensajes con Bárcenas que, sin embargo, comentó ante otro tribunal. Fue en 2017, durante uno de los hechos más trascendentes de su mandato, la declaración como testigo en el juicio de la caja B del PP. En aquellos mensajes, Rajoy intentaba que Bárcenas aguantara y no tirara de la manta que también le cubría a él, como perceptor de dinero negro de los empresarios. 

Siempre confiado en que su ingenio se impone a cualquier otra consideración, Rajoy optó por referirse a los indicios contra él en la causa de Kitchen con un intento por hacer gracia. Sobre los alias de 'El Asturiano' y 'El Barbas' con el que se referían a él Villarejo y sus compinches, dando por hecho su conocimiento de la operación, Rajoy dijo: “Yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por lo tanto, pregúntele a ellos”.

Soraya Sáenz de Santamaría, una sonrisa displicente

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría adoptó la postura más relajada de cuantas se han materializado ante el tribunal de Kitchen. Sonriente, la ex jefa política del CNI quiso hacer creer que se había enterado del espionaje a Bárcenas “por la prensa”. Ni recurrió a la salvaguarda de que el trabajo del servicio de Inteligencia está clasificado como secreto. 

El abogado de Podemos le preguntó si aquellas noticias tan inquietantes no le llevaron a hacer alguna averiguación por si le hacían alguna pregunta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, del que era portavoz. “No”, contestó Sáenz de Santamaría. 

María Dolores de Cospedal no hace encargos, solo pregunta

La exsecretaria general del Partido Popular presentó un método aún más atrevido de mostrar solo una cara: negó la evidencia reproducida en el juicio ante ella. Y así sentenció: “[A Villarejo] le hice preguntas, pero no encargos, que son cosas distintas”. La exhibición de los “trabajos puntuales” que propuso al policía su marido entonces, Ignacio López del Hierro, en su presencia, o el comentario sobre los papeles de Bárcenas (“Lo de la libretita sería mejor poderlo parar”), entran en la categoría de preguntas, según Cospedal. Esta última conversación fue por teléfono. La grabó Villarejo y fue publicada por El País en 2022. En el juicio, Cospedal aseguró que nunca había hablado por teléfono con Villarejo.

Ignacio Cosidó, el director ausente

Mención especial merece Ignacio Cosidó, el director general de la Policía durante la operación Kitchen que nunca supo nada de las maniobras sobre la familia de Bárcenas. Cosidó intentó defender su ignorancia por lo que hicieron sus inmediatos superiores y sus inmediatos subordinados hasta que aparecieron las firmas que le delatan. Cosidó estampó su rúbrica en los documentos que avalan las recompensas para los implicados en la operación en forma a de medallas pensionadas y destinos ‘dorados’.

“En las deliberaciones que se hacían en la Junta de Gobierno [sobre las medallas] había un número muy elevado de propuestas y no se podía entrar pormenorizadamente en cada expediente (...) Son muchos miles de expedientes los que a lo largo de mis 5 años de director se valoraron en la Junta de Gobierno”, dijo el exdirector de la Policía. 

Cosidó también chocó con la prensa. Se enteró por ella de la operación Kitchen, pero no leyó las noticias que informaban sobre cómo Interior decidió cesar a uno de sus policías de confianza, Marcelino Martín-Blas, por su enfrentamiento con Villarejo. Ignacio Cosidó dijo que el comisario llevaba al frente de Asuntos Internos cuatro años –en realidad eran poco más de tres– y a él le pareció normal “un cierto grado de rotación” que había decidido su segundo. 

Félix Sanz Roldán y el honor de los espías españoles

Ningún indicio consolidado pudo obtenerse de la participación del CNI durante la instrucción del caso Kitchen, que por otra parte duró hasta que Manuel García Castellón quiso. Pero varios indicios apuntan al servicio de Inteligencia: desde los motoristas con cámaras en el caso que perseguían a Rosalía Iglesias y que no eran policías hasta las cámaras ocultas en el chalé de los Bárcenas en Baqueira. 

Nada de ello resulta suficiente para rebatir una afirmación tan rotunda como la del entonces director, Félix Sanz Roldán: “EL CNI no tuvo actividad alguna, ni por acción ni omisión, sobre el caso por el que se me está preguntando. Ninguna. Cero absoluto. El CNI actúa siempre con absoluto respeto a la ley y hace lo que le dice su Gobierno para facilitarle elementos de juicio para tomar buenas decisiones. Ningún Gobierno de ningún color me pidió que hiciera nada ilegal y esto lo hubiera sido”. 

Una afirmación de Sanz Roldán tan rotunda como incontrastable: toda la actividad del CNI es secreta. Sin embargo, Sanz Roldán volvió a tropezar en su declaración con la obsesión hacia Villarejo. Dijo que había demandado al comisario por las difamaciones contra los miembros del Centro, que por tener identidades ocultas no pueden defenderse. Fue entonces cuando un abogado le preguntó por qué eligió una acusación del comisario contra él para presentar la querella –luego desestimada– en lugar de cualquiera de las otras acusaciones sin pruebas que Villarejo hizo contra los espías españoles. 

Jesús Vicente Galán, el policía que pasaba por allí

El inspector jubilado Jesús Vicente Galán confirmó que Asuntos Internos participó en las vigilancias extrajudiciales a Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas. Responsabilizó a su jefe en Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, que se sienta en el banquillo y con el que lleva años enfrentado. “Marcelino me dijo que Rosalía Iglesias estaba en peligro y que teníamos que darle protección sin ser detectados”, afirmó ante el tribunal. 

Galán se mostró como un mandado, pero su trayectoria lo desmiente. Días después de su declaración, una policía rasa compareció y contó las penurias que Galán le hizo pasar para que cambiara de destino y dejara así de investigar al Pequeño Nicolás a las órdenes directas de un juez. A la cúpula policial de entonces ya no le interesaba el caso del Pequeño Nicolás porque salpicaba a Villarejo. 

Jesús Vicente Galán fue miembro de la brigada política y no solo participó en Kitchen, también atacó a Podemos y fue recompensado con un destino en la Embajada de Mauritania (más de 11.000 euros mensuales) y una medalla pensionada, pasando a ingresar en el 'club de los diezmileuristas' que el PP organizó entre mandos afines.

Adrián de la Joya, desaparecido ¿en Suiza?

La mejor forma de no delatar el verdadero rostro en el juicio de Kitchen es no aparecer por él. El empresario Adrián de la Joya no ha sido localizado en Suiza, donde supuestamente mantiene su residencia. El tribunal prometió seguir buscándolo, pero se enfrentarán a la máxima de De la Joya: “Estoy vivo gracias a que nadie, nunca jamás, habla de mí”. Así se expresa en una de las grabaciones de su amigo y socio el comisario Villarejo. 

Detenido e imputado en el caso Lezo, Adrián de la Joya se quedó con el dinero que OHL depositó en una de sus cuentas en Suiza, cuyo último destinatario iba a ser Ignacio González, el expolítico del PP que llegó a presidente de la Comunidad de Madrid. En la Audiencia Nacional argumentó que Javier López Madrid y el grupo empresarial le debían dinero. 

Los investigadores del caso Kitchen siempre creyeron que su residencia en Suiza era una farsa y que el empresario siempre ha vivido en Madrid. 

El juicio de la Operación Kitchen va llegando a su fin y hoy queremos fijarnos en uno de esos personajes secundarios, que parece que no importan en la trama, pero que tienen mucho que decir para la resolución del caso. Es al que en una grabación Villarejo llama: “el Morocho de los cojones”. Es Manuel Morocho, inspector jefe de policía, al que presionan para quitar de sus informes sobre la caja B del PP nombres importantes. Nada menos que el de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. 

El testimonio de Morocho es vital en este juicio y se ha reafirmado en lo que ya dijo en la fase de instrucción: hubo presiones contra él y su equipo de trabajo en aquellos años. Lo analizamos con el periodista de elDiario.es, Pedro Águeda. 

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El testimonio del inspector jefe Manuel Morocho durante el juicio de Kitchen ha revelado varios episodios ocurridos en la cúpula de la Policía durante el primer gobierno de Rajoy que trascienden el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas. El director operativo del Cuerpo, Eugenio Pino, le obligó a un traslado interno para dificultar su investigación del caso de la caja B del PP. Bajo la máxima de 'ten cerca a tus amigos, pero más a tus enemigos', ubicó a Morocho en el nido de la brigada política que él mismo había creado. Allí, el policía presenció escenas que constatan las dos obsesiones de Pino y del Ministerio del Interior del PP: el independentismo catalán y Podemos.

Centrado en describir el acoso que sufrió durante al menos cinco años, el inspector jefe Morocho apenas se detuvo durante más de ocho horas de declaración en cuestiones no relacionadas con lo que el tribunal está juzgando. Sin embargo, en su descripción del ambiente que tuvo que soportar afloraron episodios como el dosier PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), sobre una presunta financiación ilegal de Podemos por Venezuela e Irán, o la falsa cuenta de Xavier Trias en un banco de Suiza.

Manuel Morocho era el jefe del grupo de la UDEF que investigaba el caso Gürtel desde 2007. Con la publicación de los 'papeles de Bárcenas', el juez Pablo Ruz requirió a Morocho y sus subordinados para hacerse cargo de la pieza separada sobre la caja B del Partido Popular. Los problemas con las filtraciones a la cúpula del partido de su anterior jefe, José Luis Olivera, pasaron a ser casi una anécdota con lo que le tocaría vivir a partir de ese momento, ya con una cúpula policial nombrada por el nuevo Gobierno del Partido Popular.

Morocho recibió “presiones” para no incluir el nombre de Rajoy en el cuerpo del informe principal —tuvo que colarlo en un anexo—, soportaba que los atestados se demoraran en la mesa de sus jefes durante meses antes de llegar al juez Ruz y vivía a diario, según su testimonio, un clima de comentarios despectivos y advertencias de sus superiores jerárquicos. También se le ofrecían puestos en destinos lejanos, los mejor remunerados, para apartarlo de la investigación.

Ante la negativa del policía a dejar el caso, el número dos del Cuerpo, Eugenio Pino, optó por decretar para Morocho una “adscripción temporal de funciones” a la Dirección Adjunta Operativa. Morocho tendría que seguir trabajando en el caso de la caja B a las órdenes directas de Ruz, pero su destino en la Policía cambiaba temporalmente. Lo sepultaron en trabajo, según su testimonio ante el tribunal.

De su unidad, la UDEF, el inspector jefe pasaba a estar destinado temporalmente en el engendro que había creado Pino en la Dirección Adjunta Operativa (DAO). La DAO había pasado de ser el órgano de dirección y coordinación de la Policía a albergar unidades de inteligencia y a un grupo de mandos, sin adscripción clara, que aparecen en cada maniobra contra Podemos, los líderes del procés y la operación Kitchen.

“Me dicen que voy como experto financiero, puesto que ha salido la cuenta de Trias y ha sido un error y le ha costado un disgusto al ministro [Jorge] Fernández Díaz. Ahí enmarcan mi entrada allí. Me dan alguna cosa de la familia Pujol, un inglés, un documento de garantía societaria, pero en fin... ahí no aguanto mucho, un día o dos”, declaró Manuel Morocho el miércoles durante el turno de preguntas de la representación de Podemos.

El 27 de octubre de 2012, con el éxito reciente de la Diada el mes anterior, El Mundo tituló en portada: “Investigan una cuenta de 12,9 millones del alcalde de Barcelona en Andorra”. El banco suizo UBS desmintió la existencia de la cuenta. El número de la misma que había sido publicado era incompatible con el sistema bancario del país. Informaciones posteriores acreditan que la información procedió de un funcionario de aduanas francés que recibió 25.000 euros de los fondos reservados a cambio.

“No sabían dónde ponerme”

“No sabían dónde ponerme”, expuso Morocho el miércoles ante el tribunal. A los dos días de llegar a la DAO fue trasladado a la sede de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC). La creación de esta brigada ocupa un episodio por sí mismo de la guerra sucia del PP. La opacidad con la que debe trabajar la Unidad de Asuntos Internos, que ya estaba adscrita a la DAO, fue aprovechada por Pino para operar sobre el terreno de todas las maniobras mencionadas. En su seno, Pino creó la BARC con el supuesto objetivo de analizar fracasos policiales del pasado. En realidad, era la herramienta que permitía al artífice de la brigada política lanzar a Asuntos Internos contra sus enemigos declarados. No se salvaron ni el caso Faisán, ni siquiera el 11-M, dos casos que afectaron al PSOE, pese a que sobre ellos pesaban sentencias firmes del Tribunal Supremo.

Una vez en la BARC, uno de los miembros destacados de la brigada política, José Ángel Fuentes Gago, que se sienta en el banquillo de Kitchen, entregó a Morocho el informe PISA sobre Podemos para que “lo analizara”. Aún quedaba un año para que el Ministerio del Interior filtrara su contenido a medios afines, coincidiendo con el inicio de las conversaciones entre PSOE y Podemos para la formación de Gobierno a principios de 2016. En el momento en que el abogado de Podemos, Jaime Montero, intenta preguntar cuál fue el análisis de Morocho sobre el dosier PISA, el abogado de Pino interrumpe y solicita al tribunal que el testigo no conteste por ser hechos fuera del procedimiento de Kitchen.

Durante el año y medio que pasó en la BARC, Morocho fue reclamado en un momento para otro colaborador directo de Pino que el miércoles le escuchaba igualmente desde el banquillo de los acusados, el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano. “Me citaron para reunirme con un periodista y contarle el resultado de la indagación del informe PISA. Él [Díez Sevillano] me introdujo al periodista”, explicó Morocho ante el tribunal. La mañana del 12 de enero de 2016, Okdiario y El Confidencial publicaron el contenido del informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima que luego despreciarían la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

El informe PISA es una de las maniobras más llamativas contra Podemos de la brigada política del PP. La guerra sucia contra el partido se investiga en el juzgado de Santiago Pedraz a partir de la querella que interpuso el partido. Varios de los imputados en Kitchen, con el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el antiguo DAO Pino al frente, son investigados en esa causa.

La utilización de los conocimientos de Morocho en investigaciones exclusivamente contra los adversarios del PP había empezado mucho antes. Al poco de cambiar el Gobierno y que el PP nombrara a Pino número dos de la Policía, el director adjunto operativo encargó a Morocho los trabajos policiales relacionados con la causa que se abría en el Tribunal Supremo contra José Blanco, ex secretario de Organización del PSOE. Todavía permanecía oculta la caja B del PP, pero el policía estaba enfangado en los trabajos de Gürtel. En el juicio de Kitchen ha reconocido que el encargo le “entorpeció” en su labor de investigar el caso de corrupción del PP.

Morocho explicó cómo, a diferencia de lo que ocurriría después con la caja B, la Dirección de la Policía puso a su disposición todos los medios que necesitara. El inspector jefe advirtió a sus superiores de que había llegado del juzgado de Lugo que había dictado la exposición razonada contra Blanco, que estaba aforado, unas grabaciones sin transcribir. En ellas, Morocho encontró el embrión del caso de la ITV en Cataluña, que acabaría con Oriol Pujol en prisión.

La cúpula policial del PP sabía que tenía en Morocho un capital profesional para utilizarlo en sus intereses y, al tiempo, era consciente de que su principal dedicación, por orden del juez Ruz, era la corrupción del PP, de cuya investigación quería apartar a toda costa. En su declaración en fase de instrucción del caso Kitchen, en 2021, el inspector jefe describió así su traslado a la DAO: “Tenían la sensación de haber cazado a un animal salvaje y no sabían qué hacer con él”.

De ese desconcierto habla otro de los episodios de su paso por la DAO. Fuentes Gago le entregó un informe del Sepblac en relación con las empresas y el capital que acumulaba el comisario Villarejo, una trama de sociedades en paraísos fiscales que había desvelado El País. Interior se vio obligado a abrir una investigación interna a uno de los puntales de su brigada política. Morocho hizo un análisis de “cuatro o cinco páginas” sobre el informe del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales y cuando se lo quiso entregar a Pino este se negó a recogerlo alegando que Villarejo había prestado relevantes servicios en materia antiterrorista.

Unos arqueólogos han descubierto en una momia romana en Egipto un papiro con un fragmento de La Ilíada, atribuida a Homero. Un gran hallazgo. Me quiero imaginar que tal vez en un tiempo muy allá, un grupo de arqueólogos descubrirá en una momia, pongamos que en Madrid, partes o la totalidad de los papeles del juicio de la Kitchen.

Será digno de estudio, quizá de estupor por el tiempo pasado. La civilización que lo descubra no sé si comprenderá qué es eso de las líneas rojas en un proceso penal. Un hallazgo que inmediatamente convocará el auxilio de los forenses judiciales. Nadie lo consiguió aclarar contemporáneamente, constan consultas a magistrados en ejercicio –no se pisan la toga– y a cesantes con opiniones de todo tipo. Lo cierto es que desde que la Fiscalía, refiriéndose a la instrucción del caso Kitchen, que será encontrada en un pendrive, el antiguo papiro, quizá dentro de mil años, señalaba cómo un juez había decidido recortar la investigación, someterla a un adelgazamiento forzoso, para que las aguas de la cocina no llegaran ni a la Moncloa ni a Génova, quizá nombrada para entonces como Palermo, topónimo más adecuado a una inercia que no creo que acabe en este caso.

En el papiro aparecerá el papel, valga la redundancia, de la magistrada presidenta del tribunal, vigilante de que no se ampliara el corralito rojo que había precintado su juez instructor y que el juicio parezca amputado y abiertamente cachondeable. Y los arqueólogos judiciales se preguntarán, ¿en qué consistía la línea roja? ¿Qué naturaleza procesal tenía? ¿Quién determinaba los límites? ¿A quién protegía, quién estaba detrás? Quizá piensen que algo de Estado profundo latía en todo el trasunto del expediente aparecido, pero vaya usted a saber cómo estará España dentro de mil años.

Lo que más sorprenderá a los arqueólogos judiciales será que una operación que amerita el nombre de Kitchen, cocina, no tenga cocinero. Una cocina robotizada

La misma curiosidad arqueológica, consultarán a arqueólogos politólogos, tendrán sobre el papel de un enigmático personaje, M. Rajoy, que no se acordaba de nada ni de nadie, ni tenía remotas ideas de casi nada. Con apoyo de la bibliografía disponible descubrirán que era el presidente del Gobierno de entonces y del partido que mandaba, el PP. Desconcertante, no se acordaba de que era presidente y jefe, por tanto, de su ministro de Interior y de la ministra de Defensa, también secretaria general del mismo partido citado. La conclusión es que declaraban como testigos para decir verdad, pero que debían tener una red, quizá roja, que, si mentían, impediría aunque resbalasen que se dieran de cabeza en el suelo de la sala. Así consta en el papiro hallado.

Uno que fue director general de la Policía también aparece en el papiro. No se había dado cuenta de que más de 70 policías y ocho comisarios a sus órdenes habían estado protegiendo a su partido en una operación subversiva y antidemocrática para estropear todo tipo de pruebas. En el papiro también figura un estrafalario tipo vestido de cura, pero sin más detalles.

Lo que más sorprenderá a los arqueólogos judiciales será que una operación que amerita el nombre de Kitchen, cocina, no tenga cocinero. Una cocina robotizada. Es más, el sospechoso no está claro si era un noble galaico nombrado como M. Rajoy u otros que responden a nombres como el Barbas o el Asturiano.

El papiro termina en el año de gracia de 2026, mes de abril, y queda para nuevos hallazgos de la arqueología judicial cómo quedó el asunto. Algún guasón parece que incluyó en el féretro de la momia madrileña una foto de Pedro Pacheco. Esto inquietará porque los arqueólogos judiciales no sabrán descubrir cómo encaja la foto en el caso, pero creo que acabarán sabiéndolo.

Antes de empezar, una invitación. Reserva estas fechas: viernes 26 y sábado 27 de junio. Celebramos la quinta edición de nuestro Festival de las Ideas y la Cultura en Rivas-Vaciamadrid. Habrá conferencias, música, periodismo, podcasts, humor… Entre otros nombres, ya contamos con Marc Giró, La Bien Querida, Silvia Intxaurrondo, Ariel Roth, Bob Pop, Inés Hernand, Arde Bogotá, Jordi Évole o Marta Flich. Todas las actividades son gratuitas y puedes venirte con quien quieras. Ojalá nos veamos allí.

“Alex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te de la orden. No debe de quedar nada. Es mi compromiso. Haz el favor de ir recuperándolos. Abrazo”

Esta nota manuscrita es de Luis Bárcenas. La escribió desde la prisión de Soto del Real. El papel se lo entregó a uno de sus amigos en la cárcel, otro recluso, que el 10 de marzo de 2014 tenía un permiso penitenciario. El encargo estaba claro: aprovechar esa salida al exterior para borrar los audios comprometedores que guardaba el extesorero del PP. En concreto, una copia que Bárcenas escondía en una cuenta de correo electrónico en la nube, en los borradores de ese e-mail.

No está claro quién es Alex. El recluso en cuestión, que hacía de recadero, se llama Isidro Sánchez; es posible que haya un tercero más. Hay menos dudas sobre la identidad de “M.R.” Son las siglas de Mariano Rajoy.

“M.Raj”, “M. Rajoy”, “Mariano” o “M.R.” son algunas de las fórmulas con las que se identificaba al expresidente del Gobierno en los papeles de Bárcenas. A su nombre, bajo distinta denominación, aparecen una treintena de anotaciones en esa contabilidad del PP. Suman 330.000 euros en total, entre 1997 y 2008. Siempre en dinero B.

Esta semana, en el juicio de la Kitchen, Luis Bárcenas ha vuelto a explicar cuáles eran esas pruebas que guardaba contra el PP. Eran tres grabaciones, según su versión. La primera, una comida que tuvo con Javier Arenas –hoy sigue siendo senador del PP y secretario del grupo parlamentario del PP en la cámara alta–. La segunda, una grabación del propio Bárcenas explicando cómo funcionaba esa caja B. La tercera, un audio grabado en el despacho de Mariano Rajoy en la sede del PP, donde también se escucha al expresidente destruir con una trituradora de papel uno de los folios de esa contabilidad paralela. 

Bárcenas guardaba copia de esos audios en un pen drive: escondido en el doble fondo de un arcón, en un taller de restauración de la mujer de Bárcenas. De allí lo robó la trama Kitchen en el otoño de 2013, según asegura el propio Bárcenas –y también el comisario Villarejo–.

Pero aquel pen drive no era la única copia. Había al menos otra más: la que Luis Bárcenas guardaba en esa cuenta gratuita de e-mail que, en marzo de 2014, ordenó destruir. 

“Es mi compromiso, no debe quedar nada”, escribió Bárcenas en esa nota manuscrita que ha reconocido como propia. ¿A cambio de qué?

El caso Kitchen, el caso Gürtel, la caja B… Hay que mirar el bosque, no los árboles. Todas estas tramas son, en la práctica, un mismo caso de corrupción. No solo porque coinciden los principales protagonistas. También por sus relaciones entre sí.  

La Gürtel ya se ha juzgado, dejando una enorme pregunta sin aclarar. ¿De dónde salió el dinero? ¿Cuál es el origen de las decenas de millones de euros que la Justicia encontró en las cuentas en Suiza de Francisco Correa y Luis Bárcenas?

El extesorero del PP llegó a sumar 48 millones de euros escondidos en sus cuentas en el Dresdner Bank y en el Lombard Odier. Buena parte de esta fortuna, según Bárcenas, la consiguió con inversiones en bolsa –uno de sus mayores pelotazos fue con la OPA de Enel sobre Endesa–. Pero su instinto o la información privilegiada con la que invertía no aclaran el origen de todos esos millones.

En su confesión, Francisco Correa dio una posible explicación a esa fortuna. Contó que Luis Bárcenas le encargó cobrar las comisiones del 3% durante el gobierno de José María Aznar. “Se trataba de adjudicar obras a los empresarios a cambio de que abonaran un porcentaje que yo recaudaría en beneficio de Luis Bárcenas”, aseguraba en un documento que me entregó en 2015. Un papel del que después se desdijo para, un año más tarde, confesar exactamente lo mismo ante la Audiencia Nacional. 

La explicación del 3%, de ser cierta, es incompleta: faltarían más personas en esa historia. Luis Bárcenas no adjudicó obra alguna. Eran otros los que lo hacían. Políticos que nunca fueron investigados por la justicia. La misma justicia que tampoco vio delito alguno en todos los sobresueldos en negro que se repartió durante años la cúpula del PP.

“Luis, sé fuerte” (...) “hacemos lo que podemos”, le escribió a Bárcenas Mariano Rajoy. Toda la trama Kitchen bascula sobre esta afirmación. Es la historia de un chantaje: Luis Bárcenas tenía información comprometida sobre su partido y sobre el entonces presidente Mariano Rajoy. Y solo una parte de la respuesta que dio aquel Gobierno ante la presión de Bárcenas se juzga estos días en la Audiencia Nacional. 

Según el juez Manuel García Castellón, la cúpula de Interior actuó por su cuenta y riesgo, sin que nadie en el Gobierno o en el partido se lo pidiera. La Fiscalía Anticorrupción acusó al propio García Castellón de levantar un “cordón o inaceptable línea roja” para que la instrucción no llegara hasta la rama política. Para desimputar a María Dolores de Cospedal –la que hablaba de “la libretita” de Bárcenas con el comisario Villarejo– y no citar ni siquiera como testigo al principal beneficiado de aquella trama: Mariano Rajoy.

Pero el brazo policial no fue el único que se activó ante la amenaza existencial que suponía para el PP este caso de corrupción. También hicieron lo que pudieron en otro frente: el de los tribunales. 

La investigación de la Gürtel está llena de maniobras judiciales en la oscuridad. 

El primer juez de la Gürtel, Baltasar Garzón, acabó expulsado de la carrera judicial. 

Cuando Garzón fue condenado, su plaza en el central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional salió a concurso. La ganó Miguel Carmona, un juez progresista, pero nunca la ocupó. 

Muy oportunamente, el Gobierno de Rajoy se encargó de buscar a Carmona otro destino: un puente de plata. Primero intentaron el Tribunal de la Haya, pero fueron tan torpes que presentaron su candidatura fuera de plazo. Después el Gobierno de Rajoy le nombró juez de enlace en Londres. Y mientras Carmona vivía en Londres, el Consejo General del Poder Judicial que presidía Carlos Lesmes, ex director general de Justicia con Aznar, pudo decidir quién ocupaba su puesto, en precario, de forma interina.  

Ese sustituto fue Pablo Ruz. Cada seis meses, el CGPJ decidía si le mantenía como sustituto y renovaba su sustitución. Estuvo cinco años en esa anómala situación: el juez más importante de España (para el PP) tenía contrato temporal. Y así siguió hasta que Pablo Ruz decidió ordenar el registro de la sede del PP. Pocos meses después, el CGPJ de Carlos Lesmes puso en marcha su sustitución.

Es algo parecido a lo que pasó con Manuel García Castellón. En su caso, era él quien estaba de juez de enlace: primero en París, luego en Roma. 17 años en uno de los puestos mejor pagados de la judicatura, en ambos destinos nombrado por gobiernos del PP. Casualmente, acabó pidiendo el regreso a su plaza en la Audiencia Nacional poco después de que Ignacio González y Eduardo Zaplana –descontentos con el juez sustituto, al que querían mandar “a tomar por culo a Onteniente”– pronosticaran su vuelta. 

Cuando al PP le va mal un juicio no cambia de abogado, cambia de juez. 

También funciona el palo y la zanahoria. El PP suele recompensar a aquellos magistrados que se portan bien. Es lo que pasó con Ángel Hurtado. Fue el único juez que se opuso a la condena del PP en el caso Gürtel. Fue también quien intentó que Mariano Rajoy no tuviera que declarar como testigo ante ese tribunal. Fue el juez que intentó evitar todas las preguntas incómodas para el presidente del Gobierno en esa declaración. Una actitud que recuerda a la que tuvo esta semana otra jueza, Teresa Palacios, ante este nuevo interrogatorio como testigo de Mariano Rajoy.

Tras estas hazañas, Ángel Hurtado fue ascendido al Tribunal Supremo por el CGPJ de mayoría conservadora, nombrado por el PP de Rajoy.

“Si hablas, tu mujer irá a prisión”, le decían a Luis Bárcenas durante el punto álgido del chantaje al Partido Popular. Un chantaje mutuo, al parecer.

Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, fue condenada a 15 años de cárcel en 2018 por la Audiencia Nacional. Y el tribunal tuvo que decidir si esta pena se empezaba a cumplir en ese momento o si había que esperar a que la sentencia fuera firme, cuando se pronunciara el Tribunal Supremo. 

En aquel tema, el CGPJ de Carlos Lesmes también operó. De hecho, fue algo que desempató el propio Lesmes, con su voto de calidad. Apartaron al juez progresista José Ricardo de Prada de aquella decisión. Y en 2018 la mujer de Bárcenas siguió en libertad. Entre quienes votaron a favor de que no entrara entonces en prisión estaba también el juez Ángel Hurtado.

Más tarde el Supremo rebajó la condena de la mujer de Bárcenas a 12 años y 11 meses. Entró en prisión en noviembre de 2020. Logró el régimen de semilibertad –solo dormir en la cárcel– dos años y medio después. 

¿Se entiende mejor ahora por qué nunca hemos escuchado esos audios que Luis Bárcenas se comprometió a destruir?

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy respondió el pasado jueves en el juicio de Kitchen a las preguntas sobre los mensajes que se intercambió con Luis Bárcenas en 2012 y 2013, durante la instrucción del caso Gürtel y tras el estallido de la caja B del PP. Lo hizo de dos formas: dijo que no recordaba algunos mensajes e incluso negó haber enviado uno de ellos, pese a estar acreditado en la causa judicial. Sus respuestas son distintas, incluso opuestas, a las que ofreció en 2017, también en la Audiencia Nacional, durante el primer gran juicio del caso Gürtel, la trama de mordidas y comisiones alrededor del Partido Popular en las comunidades autonómas de Madrid y Valencia

26 de julio de 2017. Rajoy se enfrenta a uno de los episodios más relevantes de su mandato como presidente del Gobierno. Declara como testigo en el caso de corrupción que a la postre motivará su salida del Palacio de La Moncloa. Responde desde el estrado por estar en ejercicio del cargo, según había acordado previamente el tribunal. El abogado de una de las acusaciones le pregunta por los mensajes que se intercambió con el extesorero de su partido. Rajoy reconoce los mensajes que envió, los comenta y concluye que no significa que él interviniera en ningún procedimiento judicial a favor del antiguo cargo del PP.

El 23 de febrero de 2012, el extesorero del PP escribió a Rajoy y este le respondió tres días más tarde: “Luis, nada es fácil. Hacemos lo que podemos”. El pasado jueves, en el juicio por la operación parapolicial para sabotear el caso de la caja B, Rajoy afirmó: “No tengo ni idea de lo que es eso”. “¿Ese mensaje lo manda usted?”, le preguntó el letrado Jaime Montero, de Podemos. “No”, contestó Rajoy.

En julio de 2017, Rajoy había dado una versión contraria. Admitió haber mandado el mensaje y ofreció su versión sobre él. “No tiene ningún significado ninguno”, dijo en primer lugar. Y luego añadió: “Hacemos lo que podemos significa lo que exactamente significa hacemos lo que podemos (...) Significa que no hicimos nada que pudiera perjudicar a ningún proceso”.

En el juicio de Gürtel, el abogado del Partido Socialista de Madrid, Wilfredo Jurado, preguntó a Rajoy también por el mensaje de “Luis, sé fuerte”. Fue enviado el 18 de enero de 2013. Solo dos días antes de ese mensaje había llegado a España comisión rogatoria de Suiza acreditando que Bárcenas tenía 22 millones de euros escondidos en el Dresdner Bank. En el juicio, Rajoy trasladó que el botín del tesorero supuso un antes y un después en su relación. Algo totalmente contradictorio con los mensajes que se intercambian aquel 18 de enero. Esa mañana, El Mundo ha publicado que Bárcenas repartía sobres de entre 5.000 y 15.000 euros mensuales entre los dirigentes del partido. Y que ese dinero procedía de donaciones de empresarios.

Bárcenas escribe a Rajoy para pedirle que el partido salga a desmentir “la filtración de Cospedal a El Mundo”. Esa relación tan fría entre ellos no era compartida, al menos entonces por el tesorero, que traslada a Rajoy: “Sabes que te estoy agradecido por el apoyo que personalmente siempre me has dado”. El presidente responde: “Luis. Lo entiendo. Sé fuerte. Mañana te llamaré. Un abrazo”. Rajoy dijo el jueves que este es el único SMS con Bárcenas que recuerda, pero por la única razón de que “a lo largo de los últimos quince años se ha publicado casi todos días”.

Cuando fue preguntado por ese mensaje en el juicio de Gürtel, en 2017, Rajoy respondió: “Ya lo he dicho en numerosas ocasiones. Uno no siempre acierta en la vida. Uno manda muchos mensajes en la vida, pero no hice absolutamente nada. Hasta tal punto que no le llamé”.

En 2021, durante el juicio de la caja B del PP, una pieza separada de Gürtel, Rajoy ya no recordaba “ninguno de los mensajes” con Bárcenas, a excepción de aquel en el que escribió “Luis, sé fuerte”. Inauguró el guion del pasado jueves. Los juicios de esta semana y el de 2021, los de la desmemoria, se diferencian del de Gürtel, en 2017, en que entonces Rajoy era presidente del Gobierno.

Ha sido el momento más mediático del juicio de la Kitchen. El día de la declaración del ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. También, de Maria Dolores de Cospedal. Declaran como testigos, no como acusados, por decisión de los jueces que manejaron la investigación previa. Sabíamos que al declarar como testigos y no como imputados el interrogatorio quedaba muy limitado. Así ha sido, pero también ha habido momentos que merece la pena escuchar. 

Repasamos los sonidos más importantes de la declaración de Rajoy y Cospedal en el juicio de la Operación Kitchen y les damos contexto y explicación con el periodista de elDiario.es que ha estado siguiendo el juicio, Pedro Águeda. 

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Mariano Rajoy abrió este jueves un frente más en el intento por limpiar su legado. A la recurrente insistencia por negar que presidió un partido que se financió con dinero negro de los empresarios, y que él mismo recibió parte de esos fondos, suma ahora la defensa de la actuación del Ministerio del Interior durante su primer gobierno. El expresidente negó la guerra sucia del caso Kitchen y, alineado con los acusados, defendió “una operación policial legal” que buscaba el dinero que pudiera tener escondido Luis Bárcenas y descubrir la identidad de sus testaferros. La tesis contraria, según la cual una operación parapolicial trató de sabotear el caso judicial de la caja B, sienta en el banquillo al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de 15 años de prisión.

Habían preguntado ya a Rajoy las acusaciones populares de PSOE y Podemos cuando el abogado de Villarejo interrogó al expresidente por si se interesó por una operación “de inteligencia sobre las cuentas en el extranjero” de la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias. Rajoy respondió que no, pero añadió que quería decir algo más al respecto. “Lo conocí luego. No ha habido ninguna operación política. Luego conocimos que hubo una operación policial cuyo objetivo era coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros. Pero era una operación policial. Estoy convencido de que esa operación se adecuó a la legalidad”, afirmó el testigo.

Las defensas del caso Kitchen esgrimen esta versión porque, entre otros motivos, no pueden negar los seguimientos a la familia de Bárcenas ni los pagos con fondos reservados al chófer de la familia para que actuara de topo. La prueba de todo ello es abrumadora. Casi dos años después de arrancar el dispositivo, uno de los acusados, el comisario Andrés Gómez Gordo, al que los demás llamaban 'Cospedín' por su relación profesional con la entonces secretaria general del PP, introdujo una serie de datos en las bases policiales para que pareciera que estaban compartiendo sus trabajos con los verdaderos investigadores de la caja B. No sirvió y 'Cospedín' y el resto han acabado en el banquillo.

Nada más aportó Rajoy. Con esta frase, además de negar un operativo tan grave cuando aún no llevaba dos años en el poder, Rajoy salió al rescate de su amigo Fernández Díaz. La tesis que se juzga es que el ministro del Interior fue el máximo responsable político de aquella operación Kitchen. El juez instructor dibujó “una línea roja de protección” alrededor de la cúpula política del partido, según escribieron los fiscales del caso. Pero su tesis triunfó ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Rajoy no respondería por la operación Kitchen –tampoco Cospedal– y el trámite de su declaración como testigo sería la única consecuencia para él.

Rajoy afirmó que su percepción de Bárcenas cambió cuando supo que tenía 47 millones escondidos en Suiza. La de los investigadores del caso Gürtel también. La primera prueba del botín en el extranjero fue una comisión rogatoria sobre la existencia de una cuenta en el Dresdner Bank con 22 millones que llegó a España el 16 de enero de 2013. El 14 de junio siguiente, ya con los papeles de Bárcenas publicados, se recibió otra información judicial suiza con el hallazgo de 25 millones de euros en el Lombard Odier.

El primer rastro de la operación Kitchen, o del operativo legal para Rajoy, es del 13 de julio de 2013. Habían pasado siete meses desde que empezara a aflorar la fortuna del tesorero, pero según Rajoy, en el verano se activó una operación secreta y legal para encontrar más dinero y testaferros. Una operación que se inició 48 horas antes de que Bárcenas declarara, a petición propia, después de pasar 18 días en prisión y de que El Mundo publicara una confesión realizada con anterioridad sobre la financiación irregular del PP.

Según Rajoy, no fue el temor a que el PP implosionase por aquellas revelaciones lo que motivó las maniobras de policías ajenos a la investigación del caso Gürtel y la caja B. En la versión del expresidente coincidió que unos policías comenzaron a investigar el caso de la caja B de espaldas al juez porque era su “obligación”.

“No tengo ni idea de lo que es eso”

Y si no existió una operación ilegal, continuaría el razonamiento del expresidente, él no pudo participar en ella, ni siquiera confluir en su interés por que la caja B del PP no aflorara. Y con ella las anotaciones sobre pagos a “M. Rajoy” incluidas. Por eso, sus contactos con el tesorero en aquellos meses eran tan insignificantes que los ha olvidado. Solo recuerda uno y porque ha aparecido publicado “casi todos los días” en estos últimos quince años, según explico al tribunal. Es aquel que escribió en SMS a Bárcenas cuando de la confesión del tesorero pendía su futuro: “Luis, sé fuerte”. A la postre, la primera sentencia del caso Gürtel incluyó una alusión a la caja B que desvelaría Bárcenas y eso motivó una moción de censura que terminaría desalojando del poder al autor del mensaje de texto.

Rajoy también dijo que no recordaba otro mensaje de Bárcenas en el que éste le pedía “hablar con Javier [Arenas]” el 5 de marzo de 2013, con los papeles de la caja B ya publicados y la amenaza de prisión para el tesorero en pie. “No lo recuerdo. No sé si me lo mandó o no. Reconocerlo no puedo porque no lo he mandado yo”, plantó Rajoy. “¿Recuerda que Bárcenas le dijese que tenía que hablar con Javier?”, le insistió la abogada del PSOE. “No”, zanjó Bárcenas.

El 26 de abril de 2012, Rajoy había escrito otro SMS a Bárcenas: “Luis, nada es fácil, hacemos lo que podemos”. La acusación de Podemos le preguntó por este mensaje y Rajoy respondió: “No tengo ni idea de lo que es eso”. Otro SMS que le escribió el tesorero decía: “Tú sabrás a lo que estás jugando”. Respuesta del expresidente: “Es un mensaje de hace más de 13 años. Ni me suena”.

La pregunta del abogado de Villarejo a Rajoy por si se interesó por una “operación de inteligencia” sobre Rosalía Iglesias está precedida de la afirmación del comisario en 2021 en el Congreso acerca de que él informaba a Rajoy de los avances de Kitchen a través de un número de teléfono que le habían facilitado. El juez García Castellón citó a Villarejo, que le entregó el número. Comenzaron unas pesquisas que no se agotaron por el cierre de la instrucción decretado por el magistrado el 29 de julio de 2021.

Rajoy no llegó a estar imputado. Ni siquiera declaró como testigo. Los indicios contra Cospedal no tenían relevancia penal, concluyó García Castellón. Y la responsabilidad de la Kitchen recayó en Fernández Díaz y en su secretario de Estado. A este último también le lanzó un diminuto salvavidas Rajoy este jueves. La defensa de Fernández Díaz le preguntó por las responsabilidades de un ministro del Interior sobre los fondos reservados, habida cuenta de que Rajoy también fue responsable de la cartera en 2001.

“A veces da la sensación de que no queremos ser conscientes de cuál es la funcionalidad de un ministro o secretario de Estado. No es tener confidentes ni saber en qué se gasta el dinero porque no tiene sentido. Es disparatado. Jamás supe nada de confidentes ni operaciones, ni fondos reservados y estuve un tiempo en el Ministerio del Interior”, dijo Rajoy. En su exposición de motivos, la ley que regula los fondos reservados, 11/1195, destaca en su exposición de motivos “la especial obligación de los ministros que tengan a su disposición gastos reservados de informar periódicamente a la comisión parlamentaria”.

Francisco Martínez y Jorge Fernández Díaz escuchaban a Rajoy desde los bancos para los acusados. “El secretario de Estado firmaba las grandes partidas (...) A partir de ahí no hacía absolutamente nada. Es absurdo pretender que el secretario de Estado se dedique a eso”, afirmó. Tanto Fernández Díaz como Martínez están acusados de malversación de fondos públicos, entre otros delitos.

Mariano Rajoy declara hoy en el juicio del caso Kitchen. Hace unos días declaró Luis Bárcenas y habló del ex presidente del Gobierno: aseguró que en sus papeles M.R. era Mariano Rajoy. Esos papeles, los papeles de Bárcenas, ya han sido juzgados. Están probados y sentenciados. Ahora se juzga la destrucción de pruebas, el uso de fondos públicos desde las cloacas para que no se descubriera que el PP tenía esa caja B. Y en el juicio, Bárcenas ha declarado como testigo, como víctima… Y, desde ese rol, le escuchamos señalar más directamente que nunca… a Mariano Rajoy.

¿Pero importa algo lo que digan testigos como Bárcenas, Rajoy o Cospedal en un juicio al que llegan como testigos? ¿Puede sobresalir algún testimonio o alguna prueba diferente que cambie todo lo que no se hizo en la instrucción del caso? ¿Qué dirá el ex presidente del Gobierno en torno a su participación en la destrucción de pruebas que supuestamente probaban la existencia de una caja B en el PP? Lo analizamos con el periodista de elDiario.es, Pedro Águeda. 

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El juicio del caso Kitchen alcanza este jueves uno de sus momentos álgidos con la declaración ante el tribunal de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. La imagen simboliza una investigación frustrada. Ambos declaran como testigos después de que el juez Manuel García Castellón impidiera a los primeros fiscales Anticorrupción del caso ahondar en los indicios contra la secretaria general del PP y tampoco hacer las mínimas comprobaciones respecto a los que afloraron sobre el presidente del Gobierno.

Abrirá la jornada Mariano Rajoy. El expresidente del PP y del Ejecutivo nunca declaró en fase de instrucción. Luego vendrá el turno de Cospedal, quien podrá estar acompañada de un abogado porque el tribunal valora que el archivo de la causa contra ella es provisional y puede revertirse.

En el caso de la antigua secretaria general del PP, la breve imputación que dictó contra ella García Castellón tiene un efecto retardado y otra vez favorable para Cospedal. Pese a comparecer como testigo, Cospedal podrá negarse a contestar cualquier pregunta cuya respuesta pudiera incriminarla. Se trata de una garantía consecuencia de haber sido imputada por un corto espacio de tiempo por García Castellón. Si aparecen en el juicio indicios contra la secretaria general que permitan volverla a imputar no podrá ser, en ningún caso, fruto de las preguntas que le hagan las acusaciones.

Las restricciones a las preguntas a Mariano Rajoy no serán tan exigentes, si bien la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ya ha impedido que se formulen a otros testigos cuestiones que puedan derivar en la incriminación del compareciente. Se trata de la tercera vez que Rajoy declara como testigo en un juicio de la Audiencia Nacional. Lo hizo siendo presidente del Gobierno, con el privilegio de sentarse en estrados; con posterioridad repitió en la vista por la pieza separada de la caja B, por videoconferencia y ya habiendo dejado el Gobierno; y repetirá mañana en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).

El testimonio más valioso para las acusaciones durante el juicio ha sido, hasta ahora, el del inspector jefe de Asuntos Internos Gonzalo Fraga, responsable policial de la investigación. Uno de los atestados firmados por el policía estaba destinado, a petición del juez, a clarificar a quiénes pertenecían los alias que pronunciaban Villarejo y sus compinches en las grabaciones incautadas. Fraga dijo que 'El Asturiano' y 'El Barbas' eran utilizados para referirse a Mariano Rajoy Brey. “No ofrece dudas”, zanjó el policía.

Villarejo y otros investigados aludían al expresidente del Gobierno como conocedor de la operación y se referían a él como objeto de sus peticiones y quejas. El comisario Villarejo ofreció en la comisión de investigación del Congreso el número de teléfono móvil al que asegura que escribía para tener a Rajoy informado personalmente de la operación para sabotear el caso de la caja B del PP que investigaba la Audiencia Nacional.

A continuación, el juez le citó y el comisario le entregó ese número de teléfono. Dio tiempo para averiguar que la línea telefónica, efectivamente, pertenecía al PP. Pero antes de que se lograra conocer a quien estaba asignado en el momento de los hechos, García Castellón cerró el caso, el 29 de julio de 2021, con diligencias aún por practicar. Quedó flotando la duda de si la afirmación de Villarejo tenía fundamento o era otro juego de prestidigitación del policía: una verdad, la existencia del número de teléfono y su uso por Rajoy, junto a una mentira, que él se hubiera escrito con el presidente alguna vez y no conservara los mensajes. 

La incógnita sobre la grabación

Rajoy también fue protagonista de la declaración durante seis horas de Luis Bárcenas como perjudicado de la operación Kitchen. Bárcenas explicó que en 2010, cuando ya había estallado el caso Gürtel y él estaba imputado, subió al despacho de Mariano Rajoy y le entregó “una fotocopia” con el saldo que quedaba de la caja B para su liquidación. “Ya no tenía sentido seguir”, afirmó.

Según el relato de Bárcenas, el presidente se mostró “extrañado” de que pudiera haber un rastro documental de los ingresos de dinero negro de los empresarios y el reparto en forma de sobresueldos y financiación de campañas. A continuación, Rajoy habría tomado el papel y, sin levantarse de su silla, se giró y lo introdujo en una máquina trituradora. “Se oye en la grabación”, explicó el extesorero. Nadie más que él ha escuchado esa grabación, señaló. Bárcenas defiende que la brigada política robó una copia del taller de su mujer mientras él estaba en la cárcel.

El segundo obstáculo al que se enfrentan las acusaciones en sus interrogatorios de este jueves con los hechos que no son objeto de la causa, hayan sido ya juzgados o no. La presidenta del tribunal ha permitido preguntas sobre ellos si servían para esclarecer algo relacionado con la operación de espionaje a Bárcenas. De continuar con este proceder, nadie podrá preguntar directamente al expresidente si él es el “M. Rajoy” que aparece como perceptor de dinero negro de los empresarios en los 'papeles de Bárcenas', por ejemplo.

En el caso de la grabación, las preguntas estaban justificadas porque el extesorero la incluye entre el material que los comisarios le sustrajeron. Resta saber si la presidenta permitirá preguntar por su existencia a Rajoy. El fiscal ya advirtió que, con independencia de que existiera, los acusados responden por haber montado una operación ilegal para, entre otro material, robar la grabación que ellos creían que escondía Bárcenas. En el juicio de la caja B, también como testigo, Rajoy negó que la reunión que recogería ese audio se produjera. “Es metafísicamente imposible”, dijo entonces.

Los indicios contra Cospedal, fuera del juicio

La declaración este miércoles del exmarido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, anticipa una declaración descafeinada de la antigua número dos del PP. La magistrada Palacios cortó reiteradamente a la acusación popular que ejerce el PSOE porque las preguntas se tenían que ceñir a aclarar los hechos que se investigan. Y esos hechos los delimitó ya el instructor, García Castellón. En la causa que se juzga el sospechoso de ser el máximo responsable de la operación Kitchen es Jorge Fernández Díaz. Nadie por encima de él en aquel Gobierno. Tampoco en el partido. Por este motivo, Rajoy y Cospedal solo son citados ante su posible contribución a esclarecer la responsabilidad de los diez acusados.

Así las cosas, López del Hierro se limitó a negar lo que Villarejo anotaba de sus contactos con él. Dijo que sus encuentros eran “coloquiales”, que tenían la oficina cerca y que nunca hablaban de trabajo. Solo reconoció conocer al comisario “desde los años noventa” y que fue él quien le presentó a su entonces esposa.

“Villarejo tenía interés y a mi mujer le pareció bien y les presenté. Hablaron de lo que Villarejo quería decirle y mi mujer expuso las preocupaciones que tenía en ese momento. Recuerdo algo relacionado con Rita Barberá porque mi mujer era muy amiga de ella”, ha dicho López del Hierro. Se refería a la grabación de 2009 en que, en pleno estallido del caso Gürtel, él y Cospedal le piden hacer “trabajos puntuales”, pese a que Villarejo era un comisario en activo destinado en el corazón de la seguridad del Estado. Después, dijo, no le constaban más encuentros entre Cospedal y el policía, pese a las evidencias reunidas por la investigación.

Los hallazgos de grabaciones y anotaciones al comisario permitieron acumular indicios contra Cospedal por su relación directa con Villarejo. Esas anotaciones incluían presuntos pagos al comisario realizados por el jefe de gabinete de la secretaria general del Partido Popular, José Luis Ortiz, quien también declarará este jueves. Ortiz estuvo imputado, como Cospedal, y podrá estar igualmente asistido por un abogado.

Ocho meses después de que Anticorrupción solicitara la imputación de Cospedal, el juez García Castellón se atrevió a citarla, solo después de evitar durante más de 78 minutos preguntar a Francisco Martínez, el número dos de Interior, por el papel de la secretaria general, algo a lo que se había comprometido a hacer el magistrado instructor en un auto y que no cumplió.

Pero la imputación de Cospedal duró poco, apenas dos meses. En el auto de cierre de la instrucción, García Castellón aludió al “derecho de reunión” que amparaba las reuniones y conversaciones a escondidas entre la secretaria general del PP y el comisario en activo. Durante el interrogatorio como imputada fue el propio juez quien introdujo en una de sus preguntas el “carácter social” de los encuentros entre ambos.

La Fiscalía Anticorrupción recurrió y dejó una frase que retumbará durante toda la sesión del jueves en el juicio: “Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección [la cúpula del PP], como si se hubiera establecido un cordón o una inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar”. La Sala de lo Penal rechazaría el recurso de la Fiscalía.

En 2022 hubo una nueva oportunidad para reabrir la causa. Fue con la publicación del audio de la conversación entre Cospedal y Villarejo en el que la primera le pide al comisario que “pare” la publicación de los 'papeles de Bárcenas', la prueba de la contabilidad en B del Partido Popular. García Castellón se volvió a negar y Anticorrupción, ya con uno de los fiscales fuera del caso, Ignacio Stampa, no recurrió por orden del jefe de la fiscalía especializada, Alejandro Luzón.

El acuerdo xenófobo y racista de PP-Vox en Extremadura, la ambigua posición de Feijóo ante la guerra de Irán, la dosis de recuerdo de la Kitchen, de Luis Bárcenas, de la corrupción de Estado, de M. Rajoy, de la destrucción de pruebas sobre la financiación ilegal, del uso fraudulento de los fondos reservados… Al presidente de la Junta de Andalucía y aspirante a revalidar la mayoría absoluta el próximo 17 de mayo, Juanma Moreno, le explota estos días la cabeza con la munición que se empeña su partido en proporcionar a la izquierda. La socialista María Jesús Montero tiene material de sobra para el desgaste. Cuestión distinta es que pueda desafiar los malos augurios que le pronostican los sondeos. 

Pero a lo que vamos. Moreno, que tanto hizo para llevar en volandas a Feijóo hasta la séptima planta de la calle Génova, ahora no sabe cómo soltar el lastre del gallego para que no interfiera en su campaña. Moreno, que se esfuerza en marcar distancias con Vox, y ahora María Guardiola, con la bendición de Génova, mete a los ultras en el Gobierno de Extremadura con un pacto racista, xenófobo y hasta inconstitucional que en pocas semanas se reeditará en Aragón y Castilla y León. Moreno, que tanto evita el insulto y el cuerpo a cuerpo, y agacha la cabeza con la ristra de improperios que sueltan los suyos por la boca. Moreno, que se aseguró de que Rajoy no pusiera un pie en Andalucía hasta que no pasen las elecciones andaluzas, y ahora va Bárcenas y recuerda en sede judicial, para que nadie olvide, lo que todos sabían y taparon durante años: “M.R era Rajoy y encargó destruir un audio cortito”. Moreno, que no tolera las formas de Ayuso, y no tiene manera de contener el torrente de vituperios de la baronesa parlanchina.

El PP parece dispuesto a arruinar el empeño del presidente de Andalucía para gobernar en solitario otros cuatro años. El matrimonio extremeño con Abascal llega justo cuando el auge de Vox parecía registrar una línea descendente como consecuencia de su alineamiento con Trump, de la derrota de Orbán en Hungría y de sus líos internos. Algo que no resulta inofensivo para los intereses de Moreno, quien hace esfuerzos, además, por desmarcarse del pasado de Aznar y de Rajoy, pero también del presente de un Feijóo resignado a su dependencia absoluta de la ultraderecha. 

Y si el PP ha elegido el peor momento para Moreno al oficializar su entente con Abascal, en mucho peor tiempo la Comisión Europea ha decidido echar por tierra el empeño de la derecha judicial y política para que Bruselas tumbara las sentencias del Constitucional que amparan a los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el caso de los ERE. 

La Comisión Europea ha pedido que no se admita a trámite de la “cuestión prejudicial” sobre el pronunciamiento del TC que solicitaba la Audiencia Provincial al entender que el TJUE no puede convertirse en una especie de “supercasación europea”, por más que se empeñen los populares en desacreditar, con tretas varias, al máximo garante de la Constitución española y todos sus pronunciamientos. De haber sido al contrario, la damnificada hubiera sido, seguro, la campaña de María Jesús Montero. Pero, por una vez no es al perro flaco al que todo son pulgas, sino al más rollizo en número de escaños.

Mejor le iría a Moreno, si el PP de Feijóo hubiera asumido el coste de una repetición electoral en Extremadura. Si no lo ha hecho es porque ni el racismo, ni la xenofobia ni la ilegalidad manifiesta son ya líneas rojas en su acción política. Y, quizá, también porque para el horizonte no tan lejano a Feijóo no le interesa en absoluto que el actual presidente de la Junta emerja como el único barón capaz de cortocircuitar a Vox sin hacer suyo el ideario ultra ni entrar en sus guerras culturales.

Luis Bárcenas dedicó este lunes los pasajes más relevantes de sus seis horas de declaración en señalar al elefante en la 'cocina' de Kitchen, Mariano Rajoy. La tesis que juzga el tribunal imputa al ministro del Interior de aquel Ejecutivo, Jorge Fernández Díaz, la máxima responsabilidad del operativo para robar pruebas incriminatorias del PP. Pero a la sospecha de que Fernández Díaz no podía estar en la cúpula de una maniobra así, ni dejar informar de ella a su amigo el presidente, se suma ahora la acusación de Bárcenas. Según el extesorero, Rajoy aparece en una grabación tratando el asunto de la caja B del PP. Con su acusación, Bárcenas convierte a Rajoy en el máximo interesado en que la operación Kitchen lograra su objetivo. 

El extesorero del PP se sentó este lunes por primera vez ante un tribunal de la Audiencia Nacional como víctima y no en calidad de acusado. Su testimonio no tuvo el peso que el de las víctimas en otros casos: Bárcenas estaba en la cárcel cuando su familia fue espiada y le robaron la documentación. Además, nada podía aportar de lo que se tramó en las cúpulas del Ministerio del Interior y la Policía. 

Pero el caso Kitchen no existiría sin el caso de la caja B. Y de este, Bárcenas tiene mucho que decir. La operación parapolicial pretendía hacerse con las pruebas de la financiación irregular del PP que podría haber escondido Bárcenas al entrar en prisión en el verano de 2013. Entre esas pruebas habría una grabación de 2010 en la que Bárcenas y Rajoy abordarían el asunto de la caja B. 

Bárcenas explicó que en 2010, cuando ya había estallado el caso Gürtel y él estaba imputado, subió al despacho de Mariano Rajoy y le entregó “una fotocopia” con el saldo que quedaba de la caja B para su liquidación. “Ya no tenía sentido seguir”, afirmó. Según su relato, el presidente se mostró “extrañado” de que pudiera haber un rastro documental de los ingresos de dinero negro de los empresarios y el reparto en forma de sobresueldos y financiación de campañas. A continuación, Rajoy habría tomado el papel y, sin levantarse de su silla, se giró e introdujo el papel en una máquina trituradora. “Se oye en la grabación”, explicó el extesorero. 

Esta es la segunda ocasión en la que Rajoy aparece mencionado en el juicio de Kitchen. La declaración más importante hasta la fecha ha sido la del inspector jefe al frente de la investigación. Gonzalo Fraga explicó que el juez pidió a Asuntos Internos identificar a la persona que se escondería tras los alias de 'El Asturiano' y 'El Barbas', utilizados por Villarejo y los otros miembros de la brigada política en los audios incautados. La identificación de Mariano Rajoy “no ofrece dudas”, declaró el inspector jefe Fraga. Los protagonistas de Kitchen hablaban de enviar mensajes al presidente del Gobierno y del PP y daban por hecho su conocimiento del operativo. 

Aún quedan semanas para las declaraciones de los acusados. Uno de ellos, José Manuel Villarejo, motivó el tímido intento del juez García Castellón por ahondar en la presencia de Rajoy en la operación Kitchen. Ante la comisión del Congreso, Villarejo captó la atención asegurando que informaba puntualmente a Rajoy de los avances del operativo. A continuación, el juez le citó y el comisario le entregó un número de teléfono con el que habría contactado en varias ocasiones con Rajoy. 

Dio tiempo para averiguar que el teléfono, efectivamente, pertenecía al PP. Pero antes de que se lograra conocer a quien estaba asignado en el momento de los hechos, García Castellón cerró el caso. Quedó flotando la duda de si la afirmación de Villarejo tenía fundamento o era otro juego de prestidigitación del policía: una verdad, la existencia del número de teléfono y su uso por Rajoy, junto a una mentira, que él se hubiera escrito con el presidente alguna vez y no conservara los mensajes. 

Este lunes, Bárcenas se tuvo que defender de la andanada de las defensas cuestionando la existencia de la grabación. Pero hubo otra época en que la existencia del audio no era una tesis que procediera del extesorero. Los comisarios que protagonizaron la operación Kitchen estaban convencidos de su existencia, tal y como demuestran las grabaciones del caso Villarejo. Este lunes, Luis Bárcenas les dio la razón. Y no solo eso. Para el ex tesorero, la brigada política buscó la grabación, la encontró y la puso fuera del alcance del juez Pablo Ruz, que investigaba la caja B del PP. Este lunes Bárcenas confirmó que nadie más que él ha escuchado el supuesto audio. 

En el juicio, las acusaciones y defensas se las ingeniaron para sortear la censura del tribunal e introducir en sus preguntas la cuestión de la existencia de las pruebas presuntamente robadas. Aunque, como se encargó de recordar el fiscal, si los policías llegaron a robar o no esas supuestas pruebas, incluida la grabación de Rajoy, no es algo de lo que tengan que responder los acusados. Si se demuestra que cometieron delitos durante su búsqueda serán condenados igualmente. 

Los abogados más beligerantes con el tema fueron los de Fernández Díaz y Francisco Martínez. El primero cuestionó que Bárcenas guardara el pendrive con la grabación de Rajoy en el local de restauración de muebles de su esposa y que al salir de prisión tardara dos meses en ir a comprobar que seguía allí. El letrado de Martínez insistió en la declaración de 2021 en que Bárcenas cambió de versión y negó haber grabado a Rajoy. El tesorero contestó que aún tenía esperanzas de un acuerdo con el PP que garantizase que su mujer no iba a entrar en prisión y que su estrategia de defensa en papeles de Bárcenas pasaba por no admitir esa grabación.

Contra la declaración de Rajoy

La declaración de Bárcenas este lunes choca frontalmente con el testimonio de Mariano Rajoy en el caso de la caja B. Allí, el expresidente dijo que en 40 años de militancia nunca había escuchado a alguien del PP hablar de la “caja B”. “Es metafísicamente imposible”, añadió, en referencia a que Bárcenas le hubiera entregado la última página de la contabilidad del dinero negro. Mariano Rajoy siempre ha negado que el “M. Rajoy” de los papeles de Bárcenas tenga alguna credibilidad y, por tanto, rechaza haber cobrado sobresueldos. 

De la declaración de Bárcenas este lunes llamó la atención un silencio. En ningún momento pronunció el nombre de su máxima enemiga en el partido, María Dolores de Cospedal. La secretaria general en tiempos de la Kitchen llegó a estar imputada por el cúmulo de indicios en su contra que aparecen en las agendas de Villarejo, las grabaciones del comisario y el teléfono de Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad. Pero el cierre abrupto de la instrucción por parte del juez Manuel García Castellón incluyó el archivo de la causa para Cospedal. 

Solo de pasada, Bárcenas señaló a la dirección del PP en la época para situarla en la cúpula de la operación Kitchen. El tesorero situó el inicio del operativo en la decisión del partido de destruir los discos duros que había dejado en la sede de Génova “dos días después” de su declaración ante el juez Ruz confesando la financiación irregular del partido. Está previsto que tanto Mariano Rajoy como María Dolores de Cospedal declararán como testigos antes de que acabe la semana. 

Luis Bárcenas tiene ahora todo el pelo blanco, pero no ha perdido seguridad en sí mismo. Quizá no suene tan arrogante como en el pasado, pero habla de forma enérgica y sin generar dudas. Solo en un momento se deja llevar por un carácter que nunca debió de ser fácil y comenta que cierta pregunta o sugerencia de un abogado viene a ser una estupidez. Pide disculpas rápidamente al ver que la presidenta del tribunal se ha quedado un poco anonadada por el atrevimiento. Tiene muy claro que va a contar en un juicio lo que Mariano Rajoy le pidió que se guardara para sí.

El extesorero del Partido Popular fue la principal víctima de la Operación Kitchen, la red de espionaje policial fuera de cualquier control judicial que se montó en el Ministerio de Interior. El objetivo era impedir que las pruebas en poder de Bárcenas llegaran a manos de la justicia y de los medios de comunicación. Al poco de comenzar a declarar el lunes, estableció una distinción interesante. “Esta operación tiene un comienzo por los responsables del partido y después, si se prueba aquí, un traslado al Ministerio del Interior”. Él tenía que saberlo bien. Sus interlocutores desde el principio eran dirigentes del PP o abogados vinculados al partido. Uno de ellos era Rajoy (“Luis, sé fuerte”).

El juez García Castellón se ocupó de que no se llegara a ninguna parte por esa vía de investigación. Rajoy, Cospedal o Javier Arenas nunca tuvieron que sudar demasiado. La responsabilidad quedó circunscrita al Ministerio de Interior, lo que no es una minucia, estando en el banquillo un ministro y un secretario de Estado del Gobierno de Rajoy y varios miembros de la cúpula policial.

Bárcenas recordó la escena de la que ya habló en 2021 y que es uno de los momentos estelares de la historia del PP. El día de 2009 en que Rajoy se llevó un susto de muerte al ver un documento con las cifras de la caja B que conservaba el tesorero del partido. En su despacho, Bárcenas le presenta “la contabilidad extracontable” –una forma elegante de llamar al dinero negro– con un saldo. “Cómo es posible que tengáis esos papeles”, dice que comentó el expresidente.

“Le entrego la última hoja de esos movimientos donde figura el saldo. Él se da la vuelta en el sillón, eso se oye en la grabación, y lo introduce en el destructor de papeles. El papel, que era una fotocopia, queda destruido”, explicó Bárcenas en la sala. No se sabe si Rajoy pensaba que estaba eliminando un documento original, pero su reacción fue inmediata, según la declaración del extesorero. Ese papel no debía salir de su despacho.

Bárcenas asegura que grabó esa conversación, al igual que otra con Arenas. Forma parte del material que preocupaba al PP. Contrató a un preso que decía saber de informática para que borrara ese y otros documentos en una salida de la prisión. Finalmente, no pudo hacerlo, pero alguien se ocupó del borrado. Al salir de la cárcel, Bárcenas no los encontró. Se los habían robado, según su testimonio.

El jueves está previsto que Rajoy declare en el juicio como testigo. Seguro que lo niega todo. Siempre lo ha negado todo, hasta lo que era imposible de negar. “Es metafísicamente imposible que haya podido destruir los papeles de Bárcenas”, dijo cuando declaró como testigo en el juicio de la caja B del PP. Veremos hasta dónde llegan los conocimientos de metafísica en el tribunal.

Los políticos pueden llegar a tener graves problemas de percepción de la realidad. Lo de Rajoy supera la media. Un abogado de las acusaciones le preguntó en ese juicio quién tomó la decisión de reformar toda la sede del PP en la calle Génova, una obra que supuso las lógicas molestias a los ocupantes del edificio. “No lo sé. Lo que sí puedo decirles es que yo no he sido”, respondió. Resulta que alguien decidió rehabilitar la sede entera con un coste superior al millón de euros, pero el pobre Mariano no dio ninguna orden. A fin de cuentas, él sólo era el presidente del partido.

Inicialmente, los dirigentes del PP prometieron a Bárcenas que harían lo posible para protegerle de las investigaciones judiciales. Pidió una “interlocución” directa con el ministro de Interior y el de Justicia. “Me indica (Rajoy) que con Jorge (Fernández Díaz) no hay ningún problema. 'Es amigo mío y te atenderá'”, le dijo el líder. Con Ruiz Gallardón, titular de Justicia, no se comprometió a nada. Al final, habló con el ministro de Interior, pero este se escaqueó y le pusieron otro interlocutor.

En ese momento, la sintonía entre el extesorero y la dirección del partido era completa. Es lo que le llevó a pedir a un preso que borrara los audios y otras pruebas. Por eso, se enfureció cuando El Mundo sacó la noticia que decía que él “había grabado a todo el partido” y que incluso había acudido a 'la tienda del espía' para hacer acopio de material de espionaje. Era falso y eso le podía meter en problemas con dirigentes del PP con los que aún quería estar a buenas.

Tiempo después, descubrió que le habían engañado o que las promesas eran imposibles de cumplir. “No se cumplen las expectativas que yo estaba teniendo”, fue como lo describió Bárcenas. Vio que estaba solo cuando ni siquiera pudieron impedir que su mujer entrara en prisión.

Bárcenas confirmó la tesis de la Fiscalía al identificar varios documentos y datos personales suyos que se encontraron en casa del comisario Villarejo. Todos ellos presuntamente entregados por el chófer Sergio Ríos, ahora en el banquillo, y al que contrató el policía a cambio de dinero sacado de los fondos reservados, como sostiene la acusación. Ese era el objetivo de la trama. Evitar que Bárcenas pudiera hacer daño al PP haciendo público ese material.

Es la razón por la que hoy no podemos escuchar a Rajoy meter la copia del saldo de la caja B del partido en una máquina para destruir documentos. La justicia es igual para todos, excepto para los que pueden reclutar a comisarios para que les hagan de detectives privados y no precisamente de los que descubren al autor del crimen en el desenlace.

El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas ha confirmado en el juicio del caso Kitchen que encargó desde la cárcel “destruir los audios” en los que Mariano Rajoy habla supuestamente de la caja B del Partido Popular. A preguntas del fiscal, Bárcenas ha declarado que conoció en la prisión de Soto del Real a un recluso que presumía de tener conocimientos informáticos, por lo que el extesorero le pagó por destruir los audios y otra documentación que guardaba “en la nube” aprovechando un permiso penitenciario que tendría Isidro Sánchez, que así se llamaba el recluso.

Bárcenas ha reconocido como suya una nota incautada a Sánchez en la cárcel. “Alex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te dé la orden. No debe quedar nada. Es mi compromiso…”, decía la nota que se ha exhibido este lunes. Luis Bárcenas ha dicho que se trata de su letra, pero que alguien la ha modificado.

El fiscal no le ha preguntado por qué la persona a la que se dirige se llama Alex y no Isidro, nombre de su compañero recluso. A preguntas de la defensa del exministro Jorge Fernández Díaz, Bárcenas ha explicado que “le llamaban Alex”. Sánchez habría cobrado 4.000 o 4.500 euros, según el extesorero. El dinero se lo había entregado el chófer de la familia, el acusado Sergio Ríos.

Más adelante, a preguntas de su abogada, Bárcenas ha precisado que se trataba de tres audios. En uno de ellos aparecía él dando explicaciones sobre “la contabilidad extracontable del partido y como funcionaba”, en referencia a la caja B; en otra una conversación breve con Mariano Rajoy; y otra, algo más extensa, con el que era su “buen amigo”, el señor Arenas.

En el turno para la acusación popular de Podemos, Bárcenas ha ahondado en el contenido de esos audios. En el que aparece Rajoy, Bárcenas acude a ver al presidente del PP en su despacho después de haberse reunido con Arenas. En el encuentro le entrega “una fotocopia” sobre el saldo existente en la caja B del partido y solicita instrucciones. Rajoy, según ha contado, se “extraña mucho” de que la financiación irregular esté por escrito y el tesorero le explica que su antecesor, Álvaro Lapuerta, y él necesitaban anotar las entradas y salidas en alguna parte. En el audio se escucharía cómo Rajoy se gira en su silla y destruye los papeles en una trituradora, según ha contado Bárcenas.

Luis Bárcenas ha dicho que esas grabaciones estaban en un pendrive, junto a la documentación sacada de Génova, en el local de restauración de su mujer, y que también se alojaban “en la nube”, de donde ordenó a otro preso que las destruyera. Bárcenas ha dado por hecho que el pendrive es parte del material que le habría robado la brigada política.

Las defensas han tratado de poner en duda la solidez del testimonio de Bárcenas en todo lo relacionado con estas grabaciones poniendo de manifiesto las contradicciones de los diferentes interrogatorios a los que se ha visto sometido desde 2013. Este lunes, el extesorero ha afirmado que esos supuestos audios no los ha escuchado nadie más que él, aunque durante la fase de instrucción sí dijo que los habían escuchado otras personas.

Entre ellos, la periodista Marisa Gallero, que en enero de 2016 publicó en el El Mundo un artículo titulado 'Bárcenas acusa: Tengo grabado a Rajoy recibiendo un sobre'. Según Bárcenas, ese pendrive con las grabaciones es parte del material que le sustrajo la brigada política mientras estaba en prisión en el marco de la Operación Kitchen. “¿No le comenta [a la periodista] que le han robado ese audio?”, le ha preguntado el abogado del exministro. “No me suena el artículo, no sé”, ha respondido Bárcenas.

“¿Con qué nos quedamos?”, ha llegado a preguntar la presidenta del tribunal, Teresa Palacios. Bárcenas ha respondido que estaba en momentos distintos, que no es lo mismo ser testigo que investigado y que esas respuestas eran parte de su estrategia de defensa. 

La defensa del ex número dos de Interior, Francisco Martínez, también ha cuestionado los cambios de versión de Bárcenas sobre la mera existencia de las grabaciones, dado que en declaraciones de los años 2018 y 2019 negó que él hubiera grabado a nadie. Bárcenas ha explicado que en ese momento estaba en “situación de entendimiento” con el PP y ha reconocido que la relación con el partido se rompió “definitivamente” en 2021, tras la entrada en prisión de su mujer, Rosalía Iglesias.

A la pregunta de si el recluso cumplió con las instrucciones de destrucción de los archivos “en la nube”, Bárcenas ha dicho que no lo sabe porque nunca más le vio, pero que cuando salió de la cárcel el material que debía borrar ya no estaba. El extesorero ha recordado que Sánchez fue detenido a la mañana siguiente de salir de permiso, que no pudo completarlo y que fue devuelto directamente a Soto del Real desde los juzgados de Plaza de Castilla. Bárcenas ha atribuido a Instituciones Penitenciarias la decisión de alejar a Sánchez de él dentro de la cárcel y ha contado cómo un tiempo después fue trasladado a otra prisión.

Isidro Sánchez declaró el pasado jueves que la nota no le fue incautada a él, que cobró 5.000 euros a través de una tercera persona y que le denunció por quedarse con el dinero de Bárcenas. Sánchez dijo que no le dio tiempo a cumplir con el encargo por la extraña detención por una requisitoria de la que nunca más se supo.

Implica en la Kitchen a la cúpula del PP

Bárcenas ha implicado al Partido Popular, concretamente a su dirección, en la operación Kitchen. La Fiscalía Anticorrupción llegó a acusar al juez Manuel García Castellón de dibujar “una línea roja” en la instrucción con la que hizo imposible ahondar en esa línea de la investigación. El ex tesorero ha relacionado con la operación Kitchen que “dos días después” de declarar él en la Audiencia Nacional sobre la existencia de la caja B, el PP decidió destruir sus ordenadores. María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del PP, llegó a estar imputada, pero García Castellón archivo la causa contra ella en el auto que sirvió para cerrar la instrucción.

También ha recuperado otro episodio, del que ya habló en el juicio de la caja B, las visitas de Javier Iglesias, un abogado al que la brigada política considera su nexo con Mariano Rajoy, pese a que uno y otro niegan que apenas se conozcan. Iglesias se reunió con Bárcenas antes de entrar en prisión y fue a visitarle también cuando estaba allí de forma provisional. En total fueron tres encuentros y el abogado hablaba, según Bárcenas, “en nombre de quienes entonces dirigían el Partido Popular”.

En febrero de 2013, también antes de que el extesorero entre en la cárcel, Iglesias le había pedido que cambiara “los conceptos y cantidades” de los papeles sobre la financiación irregular, que ya había publicado El País, o su mujer entraría en prisión. Se trataba, según ansiaba el PP, de “crear la incertidumbre de cuáles son falsos o ciertos o si todos son una falsificación”, ha dicho Bárcenas. “[Javier Iglesias] me ofrece pagarme 500.000 euros” que aportarían “empresarios afines” al partido y solucionar así el contencioso del despido que mantenía con el PP. Bárcenas se negó.

En Semana Santa, Bárcenas envió su último mensaje a Rajoy, con un tono muy duro. Fue el Miércoles Santo. Al día siguiente, por la mañana, Javier Iglesias contacta con él para decirle: “Se te ha ido un poco el tema. Tenemos que vernos”. Es la prueba de que el abogado Iglesias, 'El Largo', es un interlocutor directo con Rajoy, según ha defendido Bárcenas.

Al ingresar en la cárcel, Iglesias acudió a visitarle y le amenazó con que si tiraba de la manta su esposa, Rosalía Iglesias, también entraría en prisión, ha relatado a preguntas de la abogada del PSOE. El encuentro tuvo todas las facilidades con las que no contaba el abogado de Bárcenas para reunirse con él. Se celebró en una sala habilitada para ello. Esta circunstancia y el hecho de que hablara en nombre de Rajoy demuestra, según Bárcenas, que al abogado lo enviaba el PP y la “implicación” del Ministerio del Interior, de la que depende Instituciones Penitenciarias.

Durante el interrogatorio del fiscal, el extesorero del PP ha afirmado que Ignacio Peláez exfiscal que defendía a varios investigados del caso Gürtel, lo visitó un día en la cárcel en 2013 y le dijo que había la posibilidad de desmontar el caso. “Me dijo que las grabaciones de Peñas [el exconcejal del PP que denunció el caso] están manipuladas y que algunos policías lo pueden acreditar y eso cambiaría el discurrir del procedimiento que estaba pendiente de enjuiciamiento”.

Según Bárcenas, Peláez, ya fallecido, le dijo que uno de esos policías era José Manuel Villarejo y que le pidió una cantidad de “no menos de seis millones ni más de 12”. “Yo le dije que si era así, si el procedimiento estaba viciado que contase conmigo para la parte alícuota que correspondiere porque tenía el máximo interés en este tema”, ha detallado. No obstante, la operación no salió adelante. 

Turno para las víctimas de la operación Kitchen. Este lunes declaran en el juicio el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y su esposa, Rosalía Iglesias, objetivos principales del operativo diseñado presuntamente en el Ministerio del Interior para arrebatarles pruebas de la financiación irregular de la formación que presidía Mariano Rajoy. Una pregunta coronará la declaración de Bárcenas: ¿Existe la grabación realizada por él al expresidente del Gobierno hablando de la caja B del PP?

Bárcenas ha ofrecido versiones contradictorias sobre el audio. La periodista Marisa Gallero publicó en enero de 2016 un libro con el título Bárcenas: la caja fuerte. En él se afirmaba que el extesorero del PP había grabado a Rajoy, una vez había estallado el caso Gürtel, en una reunión en la que el primero entregaba a su jefe 4.900 euros de sobresueldo y una copia con las anotaciones de la caja B que el presidente del partido habría destruido en su presencia. 

Luis Bárcenas mantuvo esa versión hasta que el 29 de mayo de 2018, en el periódico El Mundo, negó que existiera la grabación. El contexto es importante. Bárcenas estaba a punto de ingresar en prisión por su condena del caso Gürtel, pero mantenía la esperanza de que su mujer, Rosalía Iglesias, nunca llegara a pisar la cárcel. Creía que estaba en la mano del partido en el Gobierno, el PP. Tres días después triunfó la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy. Rosalía Iglesias pasó tres años en la cárcel.

Con posterioridad, Bárcenas regresó a la versión inicial. Tanto a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, como al juez García Castellón, les trasladó que las grabaciones existían, que fueron borradas de la nube porque el PP se prestó a negociar con él, pero que guardó otra copia, en un pendrive. Se trataría de la grabación sustraída por la brigada política en el marco de la operación Kitchen.

En el juicio del caso de la caja B, en 2020, Bárcenas aseguró que la grabación recoge cómo él entrega los apuntes de la caja B a Rajoy y este, “espantado”, le reprocha que conste ese material. Según aquel relato de Bárcenas, Rajoy cogió los papeles, se giró en su silla y los destruyó en la máquina que para tal efecto tenía detrás. Sobre esa grabación y la de Arenas, Bárcenas añadió en el juicio la tesis del robo de la copia en el estudio de su mujer: “El señor Gómez Gordo [próximo a Cospedal y acusado en Kitchen], que se los llevó, debería aportarlos”.

La Kitchen en prisión

Esas supuestas grabaciones son uno de los misterios del caso Kitchen que la instrucción, prematuramente cerrada por el juez Manuel García Castellón, no pudo aclarar. En la última jornada del juicio afloró el pasado jueves de nuevo el asunto con el testimonio de un preso de Soto del Real al que Bárcenas habría ordenado esconderlas para, quizá, luego destruirlas. Sin embargo, las contradicciones de Isidro Sánchez, el antiguo recluso, no ayudaron a descifrar el enigma. 

Sánchez es de nacionalidad colombiana y presume de tener conocimientos informáticos. En el juicio explicó que el chófer de los Bárcenas entregó 5.000 euros a un amigo suyo en libertad para que cuando él saliera de permiso alojara en la ‘nube’, concretamente en el espacio del que dispondría una cuenta de correo electrónico previamente creada, un material relacionado con el anterior trabajo de Bárcenas, esto es, el de tesorero del PP. En fase de instrucción, Sánchez había contado otra cosa: que el encargo era únicamente para borrar el rastro de Rosalía Iglesias en noticias negativas de Youtube, un trabajo adicional, según afirmó el pasado jueves. 

El presunto espionaje en la cárcel a Bárcenas reúne algunos de los episodios más intrigantes de todo el caso Kitchen. Los funcionarios de Soto del Real dieron cuenta de la incautación a Isidro Sánchez de una nota donde supuestamente Bárcenas había escrito: “Alex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te dé la orden. No debe de quedar nada. Es mi compromiso…”. 

El entorno de Bárcenas no reconoce la letra del tesorero en esa nota, Sánchez ha declarado dos veces que a él no le incautaron nada, el director de la prisión reconoció el hallazgo en el juicio y, para rematar, el informático colombiano se llama Isidro, no Álex. Una nota interna de la prisión añade que Isidro Sánchez presumía de tener un socio ruso en el exterior también con altas habilidades informáticas. 

¿Tuvo en su poder Isidro Sánchez la supuesta grabación de Rajoy y la destruyó? Todos los testimonios confluyen en que la respuesta es no. Sánchez ha declarado que fue detenido después de pasar la primera noche del permiso penitenciario durante el cual iba a hacer el trabajo. Unos policías se presentaron en el hotel donde se alojaba porque tenía una requisitoria pendiente por otros delitos distintos a su condena. Se lo llevaron a Plaza Castilla y de ahí a la cárcel de vuelta. No pudo salir más en un año y medio. 

Fuentes jurídicas aseguran que la requisitoria no condujo a ningún enjuiciamiento posterior de Sánchez. Un policía ha declarado en el juicio que la reclamación saltó en el sistema cuando el hotel informó de los alojados esa noche, entre ellos el colombiano. Pero él añade que esa mañana firmó en dependencias de la Guardia Civil y que si hubiera tenido algo pendiente no habría salido libre del cuartel. 

Por otra parte, Enrique García Castaño, ‘El Gordo’, declaró ante el juez de instrucción que sus agentes siguieron a Sánchez desde que puso un pie en la calle, a la salida de Soto del Real, porque él había sido avisado del permiso. En las agendas de Villarejo, Sánchez aparece como “colaborador” entre una maraña de anotaciones con el nombre de otros presos compañeros de Bárcenas. Todos estos interrogantes provocan una confusión tras la que se oculta la supuesta grabación de Mariano Rajoy confesando la caja B. Una grabación de la que hablaban también en las grabaciones El Gordo y Villarejo, pero que nadie ha escuchado. 

Declaración del agente 81.067

Durante la sesión del lunes está prevista también la declaración de Manuel Morocho, uno de los testimonios más adversos para la mayoría de los acusados. En fase de instrucción Morocho relató las presiones y chantajes que sufrió para que el caso de la caja B, que él investigaba a las órdenes del juez Pablo Ruz, no afectara a la cúpula del PP. Esa declaración sostiene, por ejemplo, la imputación de José Luis Olivera. 

Pero la importancia para la causa de la declaración de Morocho radica en que el policía certificará que todos los seguimientos y maniobras sobre la familia de Luis Bárcenas no estaban destinados a localizar el dinero del extesorero u otras pruebas contra él en el caso Gürtel, sino que perseguía únicamente limitar los efectos que la investigación de Ruz en la Audiencia Nacional tuviera contra el PP, poniendo fuera de su alcance pruebas del dinero negro en la formación política. 

Las coartadas con que los mandos policiales de la época del Partido Popular pretenden hacer pasar la operación Kitchen por una actuación legal comenzaron a aflorar en la sesión del juicio de este martes, tras más de siete horas de declaraciones. Uno de los testigos, el inspector jefe jubilado Juan Vicente Galán, ha asegurado que uno de los acusados, el antiguo jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas le dio la orden de vigilar a Rosalía Iglesias, la esposa de Luis Bárcenas, cuando éste entró en la cárcel. Y añadió que no se trataba de espiarla sino de protegerla “sin ser detectados”.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía, dedicada a perseguir delitos cometidos por otros agentes, reconvertida a labores de protección de la mujer de Bárcenas es tan increíble como la imagen que pretendió ofrecer este martes Galán. De 68 años, el policía estuvo imputado en el caso Kitchen, aunque luego decayeron las acusaciones contra él. Ante el tribunal ha intentado aparecer como un simple subordinado de Martín Blas, si bien su perfil es muy distinto: Jesús Vicente Galán fue miembro de la brigada política y no solo participó en Kitchen, también atacó a Podemos y fue recompensado con un destino en la Embajada de Mauritania (más de 11.000 euros mensuales) y una medalla pensionada, pasando a ingresar en el 'club de los diezmileuristas' que el PP organizó entre mandos afines.

La Audiencia Nacional juzga el dispositivo parapolicial con objeto de encontrar y sacar de la circulación el material de la caja B del PP que pudiera guardar Luis Bárcenas o su familia después de que el tesorero entrara en prisión. El Ministerio del Interior hizo de la Unidad de Asuntos Internos en tiempos del PP un grupo operativo sobre el terreno en la Operación Cataluña. Y según aparece en el sumario de Kitchen repitió la operación para espiar a la familia del tesorero.

“Marcelino me dijo que Rosalía Iglesias estaba en peligro y que teníamos que darle protección sin ser detectados”, ha afirmado esta tarde ante el tribunal Jesús Vicente Galán. Se da la circunstancia de que Iglesias, Bárcenas y el hijo del matrimonio, Guillermo, ejercen la acusación particular porque creen que el único peligro que soportaron fue el que representaban policías como Martín Blas o el propio testigo.

Galán ha dicho que trasladó a sus subordinados la instrucción de Martín Blas y que ellos reaccionaron como lo había hecho él a recibirla, “con extrañeza”, la de unos policías que tienen que proteger a alguien sin que ese alguien se entere.

Comienzan las delaciones

Con la declaración del inspector jefe jubilado llegaron los 'cuchillos voladores' al juicio. En la sesión de este martes y en la de ayer, la defensa de Martín Blas se había afanado en restar importancia a los indicios de la participación de Asuntos Internos en el operativo Kitchen. Apenas unos coches y unos agentes que podían haber pasado casualmente cerca de los escenarios del espionaje. Todo eso se derrumbó con el testimonio de Jesús Vicente Galán quien, por otra parte, negó enemistad alguna con Martín Blas. Aunque parece que no es recíproco.

El abogado de Martín Blas ha preguntado a Galán por la denuncia que el comisario de Asuntos Internos de la época puso contra él en 2016, relacionada con un conflicto con los agentes que investigaban el caso del Pequeño Nicolás. Galán dijo que desconocía que su ex jefe le hubiera denunciado. “Siempre hemos tenido un trato correcto. De inferior a subordinado. Y le estoy agradecido por haberme llevado a la unidad, donde yo había estado hacía años”, ha declarado. Mientras, Martín Blas, sentado al lado de su abogado, se afanaba en pasarle papeles y señalarle párrafos.

Para terminar de romper el falso aroma de cordialidad, el abogado de Martín Blas ha recordado a Galán sus declaraciones en fase de instrucción. En las tres aseguró que “jamás había recibido una orden de Martín Blas para vigilar a Rosalía Iglesias”, según el letrado. Justo lo contrario de lo que acababa de declarar.

Jesús Vicente Galán ha asegurado que decidió retirar las vigilancias, que se prolongaron durante una o dos semanas, cuando detectó a otros policías haciendo lo mismo. Está acreditado que hasta 70 agentes del Área Especial de Seguimientos de la estructura antiterrorista de la Policía se repartieron las vigilancias de la familia Bárcenas durante meses 24 horas al día.

Tres años después del inicio de la operación Kitchen, el 18 de abril de 2016, Jesús Vicente Galán y otros de los acusados por el espionaje a Bárcenas, Bonifacio Díez Sevillano, se reunieron “con una fuente anónima catalogada de máxima fiabilidad” y así lo dejaron por escrito. Se trata del venezolano que fabricó el bulo de la cuenta falsa de Pablo Iglesias en el Caribe a cambio de un permiso de residencia en España. Así consta en la investigación que se sigue en el juzgado de Santiago Pedraz.

Ese mismo año, Jesús Vicente Galán fue recompensado con el puesto de agregado de Interior en Mauritania. Ya había sido condecorado con la Medalla al Mérito Policial con Distintivo Rojo, que supone un incremento del 15% del sueldo mensual de por vida. Al regresar de Mauritania fue destinado a una sección operativa de una comisaría de Madrid y en 2023 se jubiló. Ha pasado por la brigada política del PP sin que siquiera se haya conocido su rostro.

Luis Bárcenas busca acreditar ante el tribunal que juzga las maniobras para arrebatarle las pruebas sobre la financiación irregular del Partido Popular que sufrió “trato vejatorio” cuando estuvo interno en la cárcel de Soto del Real entre los años 2013 y 2015.

El extesorero de la formación ha puesto a disposición de la Audiencia Nacional diversa documentación, entre la que se encuentra una “orden de cacheo desnudo integral” que se llevó a cabo en septiembre de 2013 ante la sospecha de que hubiera introducido en la cárcel objetos prohibidos. Tras llevar a cabo ese cacheo los funcionarios no encontraron ningún elemento cuyo uso no esté autorizado en la prisión, tal y como acredita el parte aportado. 

Su abogada, Marta Giménez-Cassina, también ha aportado un parte por sospecha de ocultar objetos prohibidos que nunca se llegó a probar. Entre la documentación figuran también quejas del propio Bárcenas y un parte de asistencia médica por “enrojecimiento” en las muñecas, derivadas de un apretón excesivo de los grilletes por parte de la Guardia Civil durante los traslados. No obstante, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria desestimó su queja por las condiciones de estos traslados. 

Asimismo, Bárcenas adjunta el parte por el que fue castigado con privación de paseos y actos recreativos. El motivo alegado es que se negó a facilitar a los funcionarios el número de teléfono al que estaba llamando. La defensa argumenta que en prisión solo se puede llamar a números previamente autorizados.

La Audiencia Nacional acogerá desde este lunes el juicio por el caso Kitchen, la pieza número 7 de la macrocausa Villarejo y la única que responde a un encargo exclusivamente político al policía: encontrar y poner lejos del alcance de la justicia las pruebas que pudiera guardar Bárcenas de la financiación irregular del PP.