La convalidación en el Congreso del Real Decreto-ley que regula las indemnizaciones a las víctimas o a sus familiares que fallecieron o padecen lesiones incapacitantes debido a su lucha por la democracia en el tardofranquismo y la Transición supone el reconocimiento y reparación de Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista malagueño muerto de un disparo durante la manifestación por la autonomía plena andaluza del 4 de diciembre de 1977. Así, las hermanas del símbolo de la lucha andalucista, Purificación, Dolores y Francisca, conseguirán ser indemnizadas por el crimen de estado, a pesar de la oposición de PP y Vox.

PP y Vox, que han votado en contra, han cargado contra el Gobierno y el texto calificándolo de “despropósito jurídico y aberración histórica”, en palabras del diputado popular Pedro Muñoz Abrines, quien también ha afirmado que el PSOE a través de la Ley de Memoria “ha comprado el mismo relato que escupía ETA para justificar sus asesinatos”, y advierte que el Partido Popular no va a ser cómplice de “su proceso de deconstrucción constitucional”.

Con respecto al caso de García Caparrós, cuya muerte ha calificado como “trágica e inaceptable”, ha indicado que no puede abordarse desde la Ley de Memoria, sino desde “la responsabilidad patrimonial del Estado por daños policiales”. En este sentido, mencionó que en 1978 el propio Congreso ya investigó los sucesos de Málaga y concluyó que “no se podía atribuir una responsabilidad política a las autoridades”, descartando su vinculación con la lucha contra la dictadura. Así, hubo 173 a favor y 170 en contra, junto a las siete abstenciones de Junts.

El desentendimiento en la materia entre el PP nacional y el de Juanma Moreno se agranda en este asunto, pues en las últimas horas no ha habido ningún pronunciamiento por parte de la dirección autonómica. Es más, el posicionamiento se contradice. Después de que el presidente autonómico reconociera a Caparrós como “víctima” del franquismo e invitara a las hermanas del malagueño al Palacio de San Telmo, prometiendo el apoyo institucional de la Junta, se reiteró el rechazo a nivel nacional.

El pasado 23 de septiembre fue cuando cuatro diputados del PP miembros de la Mesa del Congreso, José Antonio Bermúdez De Castro, Marta González, Carmen Navarro y Guillermo Mariscal, votaron en contra de una reforma legal que permitía consultar, por primera vez en 48 años, el expediente desclasificado de Manuel José García Caparrós. Una cuestión que se intentó resolver desde el partido andaluz con un “no sabían que estaban hablando de la desclasificación que lo afectaba”, aunque las fuentes consultadas por este medio fueron un paso más allá y la tildado de “menuda cagada”.

Modificación exprés

Cabe recordar que el pasado 24 de febrero fue el mismo Gobierno quien denegó la condición de víctima del terrorismo de Estado al joven malagueño. En una misiva remitida a las hermanas, la directora general de Apoyo a las Victimas del Terrorismo, Montserrat Torija, dependiente del Ministerio de Interior, considera que los hechos no tenían “encaje en el ámbito de aplicación de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo (2011), aun siendo unos hechos de una gravedad extrema, teniendo en cuenta que el cometido principal de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado es la protección de los ciudadanos y el libre ejercicio de sus derechos”.

Una semana después, el Ejecutivo nacional modificó en tiempo récord la Ley de Memoria Democrática, impulsada políticamente por la vicepresidenta primera María Jesús Montero, consiguiendo así que el Gobierno de PSOE y Sumar se corrigiera en ese breve lapso de tiempo. La reforma legal garantiza a su familia una indemnización de 250.000 euros por el fallecimiento del muchacho, símbolo de la lucha andalucista. En vez de cambiar la Ley de Ayudas a Víctimas del Terrorismo (2011), se hizo a través la Ley de Memoria Democrática, con lo que se amplió el periodo de reconocimiento y reparación integral de las víctimas del tardofranquismo o, en este caso, de los primeros años de la Transición y el proceso autonomista.

El texto aprobado este jueves reforma la Ley de Memoria Democrática para ampliar el margen temporal que ya estaba previsto en la anterior ley, la de 2007, que reconoció estas reparaciones hasta el 31 de diciembre de 1977. La idea inicial del Real Decreto era alargar la fecha un año más, hasta diciembre de 1978, pero un acuerdo alcanzado este jueves entre el Gobierno y ERC hará que el periodo se amplíe todavía más, hasta 1983, según confirman ambas partes.

Desclasificación del expediente

Esta aprobación se une a la que se dio el pasado 4 de febrero, cuando el Congreso de los Diputados autorizó un acceso parcial a las actas de la comisión de la Cámara Baja que investigó el asesinato de Manuel José García Caparrós. La Mesa votó a favor de la desclasificación del expediente, pero manteniendo el anonimato de los nombres propios que aparecen en él, es decir, tachándolos de sus páginas. Esta decisión, avalada por el criterio jurídico de los letrados del Congreso, ha frustrado las expectativas del grupo parlamentario Sumar, que el pasado diciembre registró la solicitud para que se “permitiera el acceso” total al archivo de la muerte de García Caparrós.

Lo que autorizó el Congreso es lo mismo que ya se había hecho en 2017, cuando una diputada malagueña de Unidas Podemos (dirigente de IU) logró el permiso para estudiar el expediente completo, pero se encontró que los nombres y apellidos de los protagonistas estaban tachados. La respuesta por escrito de la Mesa, a la que ha tenido acceso este periódico, reiteró que “la documentación cuya consulta se solicita sin anonimizar tiene carácter secreto” y sólo el órgano rector de la Cámara Baja “podría autorizar” su consulta.

El Gobierno de España ha modificado en tiempo récord una ley estatal para garantizar el reconocimiento de víctima de la represión policial a Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista malagueño muerto de un disparo durante la manifestación por la autonomía plena andaluza del 4 de diciembre de 1977. La reforma legal garantiza a su familia una indemnización de 250.000 euros por el fallecimiento del muchacho, símbolo de la lucha andalucista.

A través de una reforma ad hoc de la Ley de Memoria Democrática, impulsada políticamente por la vicepresidenta primera María Jesús Montero, el Gobierno de PSOE y Sumar se corrige a sí mismo en apenas una semana. El martes pasado, la Dirección General de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo, dependiente del Ministerio de Interior, comunicó por carta a la familia que denegaba la condición de víctima del terrorismo de Estado a García Caparrós, alegando que su caso “no tenía encaje” en la ley.

Para enmendar esa decisión, que desató un terremoto político en la izquierda andaluza a las puertas del 28F (Día de Andalucía), no se ha modificado la Ley de Ayudas a Víctimas del Terrorismo (2011), que dejaba fuera a García Caparrós, sino la Ley de Memoria Democrática, ampliando el periodo de reconocimiento y reparación integral de las víctimas del tardofranquismo o, en este caso, de los primeros años de la Transición y el proceso autonomista.

La primera Ley de Memoria Histórica, de 2007, iba desde el 1 de enero de 1968 hasta el 31 de diciembre de 1977, y el Real Decreto ley aprobado este martes amplía el periodo hasta el 29 de diciembre de 1978, cuando entra en vigor la Constitución Española. Sin embargo, esta prolongación del plazo legal no es la que mete dentro a García Caparrós, puesto que él fue asesinado el 4 de diciembre del 77 y ya estaba dentro del periodo recogido en la legislación anterior.

La reforma legal que acaba de aprobar el Consejo de Ministros recoge un artículo único, que modifica la segunda Ley de Memoria Democrática (2022), y añade seis disposiciones finales. Es en esas disposiciones donde se incluye el derecho a una indemnización “a las personas beneficiarias de quienes fallecieron en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos, así como de quienes hubiesen sufrido lesiones incapacitantes”, siempre que no hubieran sido ya indeminizadas con la primera Ley de Memoria.

La Ley de Memoria de 2022 suprimió las indemnizaciones a las víctimas del franquismo, recogidas en el artículo 10 de la ley anterior. El Real Decreto ley recupera esas ayudas, con 250.000 euros por víctima fallecida (la misma cantidad que contempla la Ley de Ayudas a Víctimas del Terrorismo (2011), que es la que esgrimieron las hermanas de García Caparrós para exigir una compensación al Estado).

La reforma legal incluye como perceptores de las ayudas a hijos y cónyuge o quienes hubieran convivido con la persona fallecida con análoga relación de afectividad, y añade la posibilidad de concesión de indemnizaciones extraordinarias en favor de quienes hubiesen sufrido lesiones incapacitantes, actualizándose las cuantías a 180.000 euros en el caso de incapacidad permanente absoluta y a 500.000 euros en caso de gran invalidez. Estas ayudas no podrán recibirlas “quienes hayan pertenecido o pertenezcan a bandas o grupos armados terroristas”.

Las hermanas García Caparrós -Purificación, Dolores y Francisca- tienen ahora un año de plazo para presentar la solicitud de su indemnización, prorrogable un año más con acuerdo del Consejo de Ministros. Al tratarse de un Real-Decreto ley, lo dispuesto en la norma entra en vigor de inmediato (en cuanto se publique en el BOE), pero deberá ser convalidado por el Congreso en 15 días. Entonces, serán los grupos quienes se retraten votando a favor o en contra.

El PSOE andaluz, que anunció la semana pasada en el Parlamento esta modificación ad hoc de la Ley de Memoria, ya ha conminado al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, a que ejerza su influencia en el PP de Alberto Núñez Feijóo para que todos sus diputados voten a favor en la Cámara Baja, garantizando así el reconocimiento como víctima de García Caparrós y la compensación económica a sus hermanas, que llevan reclamando casi 50 años.

La familia de Manuel José García Caparrós, el joven malagueño que con 18 años fue asesinado el 4 de diciembre de 1977 durante una manifestación por la autonomía plena andaluza, ha denunciado que “el Estado tiene que asumir su responsabilidad histórica” con su muerte, en respuesta a la carta del Ministerio del Interior que deniega su consideración como víctima del terrorismo.

Dolores, Francisca y Purificación --las hermanas de Manuel José--, junto a Joaquín Recio, portavoz de la asociación Manuel José García Caparrós, han expresado este viernes en rueda de prensa que tras el varapalo que supone la comunicación del Gobierno, su próxima esperanza es que el Consejo de Ministros apruebe este martes una modificación de la ley de víctimas del terrorismo, como ya ha confirmado el Ejecutivo a este periódico.

La asociación y la familia García Caparrós ha dado lectura a un comunicado en el que, en primer lugar, han dicho que no saben cómo la carta con la comunicación ha llegado a manos de la prensa: “Nosotras no la hemos movido. Siempre hay cosas raras en torno a nuestro caso”, han señalado.

Tras recordar que Manuel José García Caparrós es hijo predilecto de la ciudad de Málaga, de la provincia de Málaga e hijo predilecto de Andalucía, han insistido en que “fue asesinado vilmente por un policía de la policía armada, la policía del Régimen, el 4 de diciembre de 1977, dos años después de la muerte del dictador. Porque el régimen siguió matando después de muerto el dictador, como le ocurrió a mi hermano y a muchos jóvenes más en esa sangrienta transición”.

La familia del joven asesinado ha puesto especial hincapié en resaltar varias ideas, tales y como que a Manuel José “no lo mató una bala que cayó del cielo. Fueron a matar y lo mataron”; también insisten en que su caso “no es el único en el que desaparecen las pruebas, en el que se hace un juicio farsa y en el que se vilipendia su memoria”; y además consideran que “la Transición no fue modélica. Ya está bien. Hubo un plan del régimen franquista, ya sea institucional o no, para acallar la juventud que pedía más libertad y más derechos”.

En este punto de la comunicación, subrayan: “Nuestro caso es un caso de vulneración de los derechos humanos, de terrorismo de Estado. Hubo un plan por parte de la ultraderecha para generar tensión y miedo, y en eso entraban también sectores de los cuerpos y fuerzas de seguridad como la policía armada. No son casos aislados como han demostrados las tesis doctorales, los documentales, las investigaciones...”.

“Manto de impunidad”

La asociación y la familia García Caparrós ha expresado que, en su opinión, “lo que hay es un manto de impunidad que llega hasta hoy”, punto en el que señalan no entender como la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo “en vez de buscar soluciones que ayuden a mejorar la calidad democrática, nos deniega el derecho al reconocimiento como víctima del terrorismo”.

“Por supuesto que creemos que el Estado es el que tiene que asumir su responsabilidad histórica en este asesinato y en tantos otros. Pónganse señores diputados a trabajar por cambiar la ley, han tenido que pasar 20 años para recibir una contestación, consideramos que ya ha habido tiempo para cambiar lo que es injusto ¿no?”, han expresado Loli, Paqui y Puri.

Además, han considerado que “la falta de empatía y corresponsabilidad para con las víctimas como demuestra esta carta de contestación lo hace aún más grave, más inhumano”.

Para las hermanas y la asociación Manuel José García Caparrós, el joven está “en el limbo de la burocracia por leyes injustas que protegen a los victimarios, no a las víctimas”. Y al respecto han reclamado que “si el problema es la ley en la que no encaja, entonces cambien la ley. Que el Congreso de los Diputados y este Gobierno cambien lo que tengan que cambiar para no proteger a los terroristas que mueren en su casa sin ninguna responsabilidad amparados por el Estado”.

Las hermanas de Manuel José han denominado a la contestación que les ha dado el Ministerio de Interior como “la carta de la vergüenza”, y han pedido que “Andalucía se movilice por la dignidad y memoria de aquel que luchó por su autogobierno. Aquella Andalucía por la que murió nuestro hermano, deben abanderar la lucha contra la impunidad”.

Por último, han insistido en que la misiva de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo ha sido para ellas “la más dura que hemos recibido nunca”.

“Murió por Andalucía”

En el turno de preguntas, Loli García Caparrós ha pedido explícitamente al Partido Popular que apoye una modificación de la ley de víctimas del terrorismo. “Espero que el partido que gobierna Andalucía no vote que no”, ha dicho la hermana de Manuel José, que ha añadido: “Él murió por Andalucía y yo creo que la Junta de Andalucía es el primero que debería de apoyar el caso de García Caparrós”.

Sobre el debate generado tras la publicación de la carta, el portavoz de la asociación, Joaquín Recio, ha dicho que están de acuerdo con que el joven “sea parte del debate político de Andalucía”. “NOs parece necesario que las víctimas de la Transición estén ahí y nuestro Manuel José García Capadón, malagueño, asesinado por la Policía Armada el 4 de diciembre del 77, tiene que estar ahí en ese debate, siempre que se hable de dignidad y memoria”. “Nos parece que el debate es necesario para hablar de una transición bastante oscura en ese sentido y que hace falta arrojar luz”, ha añadido.

Y en cuanto a la modificación de la ley de víctimas del terrorismo, Recio ha precisado que, si bien no han sabido nada oficialmente por parte del Gobierno, lo que están viendo “por la prensa” es la posibilidad de que el próximo Consejo de Ministros promueva la modificación tomando como base “un artículo que se perdió de la ley de Memoria Histórica de 2007”.

“Es cierto que en la comisión parlamentaria Marlaska dijo que lo que había que intentar a lo mejor era restituir un artículo que se perdió de la ley de Memoria donde se podía dar amparo a víctimas como Manuel José. El tema es que la burocracia en la que está siempre Manuel José se termine y que se pongan a trabajar que sabemos que están trabajando los diputados pero que se pongan a trabajar en este sentido y que acaben con esta situación que es injusta, y las leyes están para cambiarlas”, ha insistido Recio.

Por último, y preguntadas por el hecho de que este sábado se celebra el Día de Andalucía, Loli, Puri y Paqui García Caparrós han mantenido que para ellas, y “en su corazón” el Día de Andalucía siempre será el 4 de diciembre “porque García Caparrós es un símbolo para Andalucía y siempre lo será”. “Nosotros nos iremos, pero el símbolo, pero la memoria y el nombre de Caparrós seguirán vivos toda la vida”.

También han insistido en que las ha sorprendido que en la carta “dijo que la policía estaba para proteger a los ciudadanos, supuestamente en el año 77”. “Yo le voy a decir a esta señora, a la que ha escrito la carta, que si me está hablando de la policía de ahora, pues todavía lo respeto y le digo que vale, pero la de 77 no estaba para proteger a los ciudadanos estaba para asustar a los habitantes, y es lo que le pasó, porque mi hermano no hizo nada para que le dieran un disparo”.

“A él lo mató un policía por la espalda por el simple hecho de llevar una bandera en la mano, como íbamos todos los andaluces con una bandera. No hubo provocación, no hubo nada más”, ha concluido Puri García Caparrós, que ha reclamado que su hermano no fue “una víctima de segunda”.

El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes la reforma exprés de dos leyes para, así, reconocer la condición de víctima de la represión policial a Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista malagueño muerto de un disparo de la Policía durante la manifestación por la autonomía plena andaluza del 4 de diciembre de 1977.

Se trata de una reforma parcial, ad hoc, de dos leyes que dependen del Ministerio de Presidencia: la Ley de Memoria Democrática y la Ley de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, con las que el Gobierno de Pedro Sánchez se enmienda a sí mismo. El pasado martes, el Ministerio de Interior comunicó por carta a las hermanas de Caparrós -Purificación, Francisca y Dolores- que denegaba la condición de víctima del terrorismo de Estado al joven, porque su caso, aun siendo “execrable” y de “extrema gravedad”, “no encajaba en la ley”.

El rechazo desató una tormenta política inesperada en Andalucía a las puertas del 28 de febrero (28F), cuando se conmemoran 47 años del proceso autonomista que culminó con la aprobación del Estatuto de Autonomía de 1981. La resolución soliviantó a todos los partidos de izquierdas -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía- que empezaron a pelearse entre sí, y comprometieron la figura de la candidata socialista, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Por la tarde, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tuvo que salir al paso de las críticas y propuso al Congreso una modificación exprés de la Ley de Memoria Democrática (2022), incorporando un artículo que se había derogado de la versión anterior (2007), para dar cabida al caso de García Caparrós. En apenas 24 horas esa sugerencia cobró forma, por mediación de Montero, y el Gobierno confirmó que el siguiente Consejo de Ministros aprobaría una solución ad hoc para el joven malagueño, que finalmente pasa por la modificación puntual de dos leyes.

García Caparrós no encaja en el supuesto legal de víctima del terrorismo, porque la legislación actual (de 2011) establece que debe “existir sentencia firme en la que se reconozca el derecho a ser indemnizado en concepto de responsabilidad civil por los hechos y daños contemplados en la Ley”; o, en el caso de que no exista tal sentencia, “que se hayan llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos”.

Terrorismo vs persecución policial

El Ministerio de Interior no tiene competencias para resolver qué es terrorismo, eso depende de la Audiencia Nacional y, sin un respaldo judicial expreso, la solicitud de la familia García Caparrós para el reconocimiento de víctima de su hermano era complicada. La alternativa que propuso Marlaska, que es la que va a ejecutar el Consejo de Ministros, cambian la consideración de víctima del terrorismo (que depende de Interior) por la de represión policial, que es potestad de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que dirige Félix Bolaños.

Recientemente, Bolaños ha concedido la condición de víctimas a 31 personas como damnificadas por la represión policial en los sucesos del 3 de marzo de 1977 en Vitoria-Gasteiz, en los que cinco trabajadores murieron y más de un centenar resultaron heridos.

El reconocimiento de víctima no es sólo una consideración administrativa y simbólica, supone colocar al joven malagueño en el mismo estatus que los asesinados por ETA, por los GAL, por el Grapo o por organizaciones yihadistas, y abriría la puerta a sus familiares a ayudas económicas, asistencia jurídica y exenciones fiscales.

Al reubicar a Caparrós entre las víctimas del tardofranquismo, el reconocimiento que ultima el Gobierno sale de la Ley de Memoria, como “víctima de persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978”.

Así constaba en el artículo 10 de la primera Ley de Memoria, de 2007, que fue derogado en 2022 y ahora se prevé actualizar para “promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal”, para que su familia tanta derecho a una indemnización económica y acceda a ayudas y exenciones fiscales.

La solución precipitada que ha gestionado el Gobierno busca reparar la frustración de las hermanas de García Caparrós, pero también pacificar a las izquierdas andaluzas y al PSOE. El grupo Por Andalucía, donde se ubica IU y Movimiento Sumar, tildó de “vergonzosa” la decisión de Interior y este mismo jueves, durante la sesión de control al Gobierno de Juanma Moreno, anunció una proposición de ley en el Parlamento para instar al Congreso a modificar la legislación para honrar al joven malagueño y otorgarle el reconocimiento de víctima.

Lo ha anunciado su portavoz, Inmaculada Nieto, en su cara a cara con Moreno. El presidente andaluz le ha recordado que esa potestad es del Gobierno central y que “en Madrid queda más legislatura que aquí” para tramitar una proposición de ley en favor de Caparrós. El texto de la ley de Por Andalucía es más un posicionamiento político, que expresa la solidaridad de esta izquierda con la familia del malagueño y la indignación con el Gobierno de Sánchez, una vez que el Ministerio de Presidencia ha confirmado que aprobará una modificación ad hoc de las leyes para resolver el conflicto.

Una vez lo aprueba el Consejo de Ministros, las dos reformas legales irán al Congreso, donde necesitan el voto mayoritario de la Cámara. En ese momento, el PP de Alberto Núñez Feijóo tendrá que posicionarse. La portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha instado a Moreno a ejercer su influencia sobre su jefe de filas y garantizar que los diputados populares en la Cámara Baja y en el Senado respaldarán las dos reformas legales.

La decisión del Ministerio de Interior de denegar la condición de víctima del terrorismo de Estado a Manuel José García Caparrós, muerto por un disparo de la Policía en la manifestación por la plena autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977, ha cimbreado por sorpresa la relación de los socios de Gobierno [PSOE y Sumar] y enfrentado a las izquierdas.

El terremoto político que ha provocado este asunto en Andalucía, a las puertas del 28F y con unas elecciones a la vuelta de la esquina, ha obligado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a salir al paso para calmar las aguas con una propuesta sorprendente: volver a reformar la Ley de Memoria, recuperando un artículo derogado de la versión anterior (de 2007), para dar encaje al caso de García Caparrós como “víctima del franquismo” y así poder indemnizar y resarcir a su familia.

La resolución de la Dirección General de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo, adelantada por elDiario.es el martes, fue comunicada por carta a las hermanas del joven malagueño en la antesala del Día de Andalucía (este sábado), desatando una sonora bronca entre los partidos del espacio progresista, con cruce de reproches entre diputados de Adelante Andalucía, Por Andalucía (IU, Sumar) y el PSOE.

Los del partido fundado por Teresa Rodríguez han llegado a pedir la dimisión del ministro del Interior y han exigido a Sumar que se salga del Gobierno de Pedro Sánchez. “Después decimos que si le regalamos el andalucismo a la derecha, si es que se la ponemos botando”, ha dicho el portavoz de Adelante, José Ignacio García, desde la tribuna del Parlamento, durante la sesión plenaria de este jueves. Destacados dirigentes de IU, como Antonio Maíllo, y de Sumar, han tildado el rechazo de Interior de “vergonzoso” y han exigido a Sánchez que “cumpla con el compromiso con la familia Caparrós”.

Los diputados socialistas han tenido que improvisar una justificación al portazo del Gobierno, anunciando una iniciativa en el Parlamento andaluz para que sea el Ejecutivo andaluz de Juan Manuel Moreno quien gestione el reconocimiento de García de Caparrós como víctima del Estado, en el marco de la Ley andaluza de Memoria.

El PSOE-A ha culpado de la negativa de Interior a “una ley de Rajoy”, en alusión a la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo (2011), que es la que ha esgrimido el Ministerio para concluir que los hechos que concurren en la muerte de García Caparrós, “aún siendo execrables” y de “extrema gravedad”, “no tienen encaje en la ley”.

Los dos supuestos que establece la norma para obtener el reconocimiento de víctima del terrorismo y, por ende, tener acceso a ayudas e indemnizaciones por parte del Estado están tasados en la ley y no se cumplen en el caso del joven malagueño: “Que exista sentencia firme en la que se reconozca el derecho a ser indemnizado en concepto de responsabilidad civil por los hechos y daños contemplados en la Ley”; o, en el caso de que no exista tal sentencia, “que se hayan llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos”.

El revuelo político en Andalucía, en la semana del 28F y a cerca de unas elecciones autonómicas inminentes, ha salpicado a la líder del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Montero se había reunido con las hermanas de Caparrós -Purificación, Francisca y Dolores- después de que el Congreso de los Diputados, con los votos de PSOE y Sumar, desclasificase el pasado noviembre el expediente secreto del asesinato del joven sindicalista, bajo llave durante 49 años en los archivos de la Cámara baja. Una reinvindicación de la familia desde hace casi medio siglo.

El eco de la algarabía que se ha montado en Andalucía ha llegado hasta el Congreso, donde Marlaska ha tenido que salir al paso y ha defendido que la citada Ley de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, que data de 2011, impide reconocer a García Caparrós como tvíctima del terrorismo de Estado, como ha resuelto un informe jurídico, a petición de la Dirección General de Víctimas.

No obstante, el ministro ha propuesto una solución, indicando que el caso del joven sindicalista parece más propio del artículo 10 de la primera Ley de Memoria Histórica (2007), que fue derogado en la segunda Ley de Memoria Histórica y Democrática (2022). Por eso ha sugerido al Congreso una reforma urgente de esa ley que permita un resarcimiento a la familia de García Caparrós, con la que dice estar de acuerdo.

Marlaska defiende que el malagueño muerto por un disparo de Policía en una manifestación autonomista en el 77 debe ser reconocido como “víctima de persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978”, como recoge el citado artículo de la Ley de Memoria, que serviría para “promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal”. Para que su familia accesa a esa indemnización, sería preciso recuperar el artículo 10 derogado de aquella ley de 2007.

El ministro ha sido preguntado por el portavoz de Izquierda Unida y representante de Sumar, Enrique Santiago, por la decisión del Ministerio de denegar la condición de víctima del terrorismo al joven sindicalista. La ley reconoce esa condición a “cualquier víctima de un grupo que intenta poner en tela de juicio, los valores democráticos”, como un grupo terrorismo armado, ha explicado.

Y por eso hace dos o tres años se dio el reconocimiento de víctima del terrorismo a Vicente Cuervo, que también fue asesinado en una manifestación en 1980, pero en su caso por parte de un grupo terrorista de extrema derecha. En cambio, García Caparrós recibió el disparo mortal de la Policía Armada, y su caso jurídicamente no tiene amparo legal en la Ley de Víctimas del Terrorismo de 2011, ha añadido el ministro.

Sí tendría encaje en la primera Ley de memoria, la que se hizo en 2007 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que en su artículo 10 permitía reconocer una indemnización a los fallecidos en defensa de la ley y la democracia desde 1968 hasta el 31 de diciembre de 1977, informa Europa Press.

Pero la Ley de Memoria Histórica de 2007 fue modificada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2022 con la Ley de Memoria Democrática, y ese artículo 10 quedó derogado sin que hasta ese momento constara ninguna reclamación por parte de la familia. Así las cosas, Marlaska considera que la solución a este caso sería acometer una “reforma urgente” de la Ley de Memoria de 2022 para volver a incorporar lo que establecía el artículo 10 de la de 2007. “Esa posibilidad está en sus manos --ha dicho a los grupos parlamentarios--, y yo lo entendería más que oportuno. Creo que sería la vía más rápida”.

La negativa del Gobierno de PSOE y Sumar de conceder el reconocimiento de víctima del terrorismo de Estado a Manuel Jesús García Caparrós ha soliviantado a todos los grupos de la izquierda andaluza en la antesala del 28 de febrero (28F), Día de Andalucía. Y no de cualquier 28F, sino del último de la legislatura, a pocos meses para unas elecciones donde el espacio progresista busca unidad y movilización.

El joven sindicalista malagueño murió asesinado por un disparo de la Policía militar durante la multitudinaria manifestación por la autonomía plena andaluza, el 4 de diciembre de 197 en una calle de Málaga. Hoy es considerado por todos los partidos, excepto Vox, una suerte de mártir de la conquista del autogobierno, y tiene el título póstumo de Hijo Predilecto de Andalucía, máxima distinción que otorga el Gobierno autonómico.

La resolución del Ministerio de Interior que deniega la condición de víctima a García Caparrós -y la consecuente indemnización a su familia- ha provocado una reacción unánime de rechazo en todos los partidos de izquierdas -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía-, pero también ha desatado un cabreo monumental y ha precipitado una pelea entre ellos, a las puertas de unas elecciones autonómicas inminentes.

La formación soberanista y andalucista, fundada por Teresa Rodríguez, ha sido la más dura, al exigir la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y lanzar un severo reproche al Gobierno más progresista de la historia“. Pero también la coalición Por Andalucía, donde está integrado Sumar (socio del Ejecutivo de Pedro Sánchez), ha expresado su rechazo: ”Es una injusticia y está fuera del sentido común“, ha valorado la diputada Esperanza Gómez, tras añadir que ”si no encaja en la ley, habrá que darle solución para responder al anhelo del pueblo andaluz“.

Más duro ha sido el secretario general del Partido Comunista en Andalucía (PCA) y candidato de Por Andalucía por Málaga, Ernesto Alba, que ha acusado al PSOE de “incumplir su palabra” y ha exigido a Sánchez que que cumpla su compromiso y ordene el reconocimiento inmediato de Caparrós como víctima del Estado, apelando a la “verdad, justicia y reparación que la familia lleva casi medio siglo reclamando”

La posición más comprometida era la del PSOE andaluz, pilotado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dado que el portazo a las reivindicaciones de las hermanas de García Caparrós parte de su Gobierno. Los socialistas han dado un volantazo de 180 grados, desviando el foco hacia el Ejecutivo andaluz de Juan Manuel Moreno, para anunciar que registrarán una iniciativa parlamentaria para instar a la Junta a reconocer al joven malagueño como “víctima de la violencia institucional”, en el marco de la Ley andaluza de Memoria Histórica, y la posibilidad de “una compensación económica para la familia”.

La Ley andaluza de Memoria, aprobada por el Parlamento en 2017 sin ningún voto en contra, no contempla la figura de “víctima del terrorismo” ni el término “violencia institucional”, que ha usado este miércoles el diputado socialista Rafael Recio. El artículo 3.2, sin embargo, sí habla del “derecho a la reparación plena, efectiva, rápida y proporcional a la gravedad de la violación y al daño sufrido, que supone la aplicación de medidas individuales y colectivas, la reparación moral, así como las de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción”.

“García Caparrós es víctima de Estado y el impedimento para reconocerlo es una ley del Gobierno de Rajoy, de 2011. El PSOE actúa con conciencia y pide a la Junta fortalecer ese reconocimiento”, ha dicho Recio, que también ha dejado abierta la puerta a que se reforme la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo (2011), en la que se ha basado la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, dependiente de Interior, para denegar la solicitud cursada por las hermanas de García Caparrós.

“Hoy por hoy, hay una ley de Rajoy que imposibilita llegar adonde pretende la familia”, ha subrayado el coportavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, que ha demandado también al Gobierno central un “estudio de las posibilidades” para que Caparrós sea reconocido como víctima de Estado. Recio ha defendido el papel del Ejecutivo de Sánchez y de su partido que, desde la Mesa del Congreso, logró desclasificar el expediente secreto sobre el asesinato del joven malagueño, conservado bajo llave en los archivos de la Cámara Baja desde hace casi 50 años.

Ésta era una de las reivindicaciones históricas de las hermanas de Caparrós -Dolores, Purificación y Francisca- que el pasado noviembre, finalmente, se personaron en el Congreso y tuvieron acceso a las actas de la comisión que investigó la muerte del joven. Las otras dos demandas, que hicieron llegar al presidente Sánchez por carta, fue el reconocimiento de víctima del terrorismo de Estado y una reunión con el mandatario. Ninguna de estas dos cosas se ha cumplido aún.

La carta que Interior ha enviado esta semana a las hermanas Caparrós, adelantada en exclusiva por este periódico, concluía que los hechos que rodearon el asesinato del joven malagueño en el 77 son “execrables” y de una “extrema gravedad”, pero advertía que esos hechos “no tienen encaje en el ámbito de aplicación de la Ley (...), teniendo en cuenta que el cometido principal de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado es la protección de los ciudadanos y el libre ejercicio de sus derechos”.

Esa norma establece que para ser destinatario de las ayudas y prestaciones reguladas en ella es necesario que concurra alguno de los dos siguientes supuestos: “Que exista sentencia firme en la que se reconozca el derecho a ser indemnizado en concepto de responsabilidad civil por los hechos y daños contemplados en la Ley”; o, en el caso de que no exista tal sentencia, “que se hayan llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos”.

El PP andaluz no ha querido pronunciarse sobre la resolución del Ministerio de Interior hasta no conocer al detalle el expediente. El diputado Pablo Venzal sí ha querido defender que, sobre este aspecto, el Gobierno de Moreno “ha hecho todo lo que tenía que hacer en el marco de sus competencias”.

La portavoz de la Junta de Andalucía y consejera de Hacienda, Carolina España, también ha evitado pronunciarse sobre la decisión del Ministerio de Interior. “No han reconocido la condición de víctima ni la indemnización a la familia, en eso nosotros no entramos. Desde la Junta siempre hemos tenido presente a García Caparrós”, ha asegurado.

La familia de García Caparrós tiene un mes de plazo para presentar un recurso de alzada contra la resolución del Ministerio de Interior por la vía administrativa y, si éste tampoco prospera, en última instancia podrá recurrirla judicialmente ante un tribunal de lo Contencioso Administrativo. Las hermanas han convocado este viernes a la prensa en Málaga para anunciar su decisión y expresar su malestar por el portazo del Gobierno.

El Gobierno de España ha denegado la condición de víctima del terrorismo de Estado a Manuel José García Caparrós, el joven malagueño asesinado por un disparo de la policía militar durante la manifestación por la autonomía plena andaluza del 4 de diciembre de 1977.

En una carta dirigida a las hermanas de Caparrós, a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, la Directora General de apoyo a las Victimas del Terrorismo, Montserrat Torija, dependiente del Ministerio de Interior, considera “execrables los hechos ocurridos” en los que “lamentablemente (...) un miembro de la policía armada disparó contra D. Manuel José García Caparrós causándole la muerte”.

Sin embargo, a renglón seguido, Interior advierte de que esos hechos “no tienen encaje en el ámbito de aplicación de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo (2011), aun siendo unos hechos de una gravedad extrema, teniendo en cuenta que el cometido principal de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado es la protección de los ciudadanos y el libre ejercicio de sus derechos”.

La familia del joven sindicalista tiene ahora un mes de plazo para presentar un recurso de alzada contra la resolución del Ministerio de Interior por la vía administrativa y, si éste tampoco prospera, en última instancia podrá recurrirla judicialmente ante un tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El reconocimiento civil de víctima del terrorismo no es una simple consideración administrativa, significaba colocar al joven malagueño en el mismo estatus que los asesinados por ETA, por los GAL, por el Grapo o por organizaciones yihadistas, y abriría la puerta a sus familiares a ayudas económicas, asistencia jurídica y exenciones fiscales.

El carpetazo del departamento de Fernando Grande Marlaska llega a pocos días del 28 de febrero (28F), día de Andalucía, que conmemora la conquista del autogobierno de Andalucía, consolidada en el Estatuto de Autonomía de 1981.

García Caparrós es Hijo Predilecto de Andalucía, un título que le concedió la Junta a título póstumo, y la solicitud de su familia para que el Gobierno le otorgara el reconocimiento de víctima fue respaldada por todos los grupos del Parlamento andaluz, excepto Vox.

El 4 de diciembre del 77, un millón de andaluces salieron a las calles a manifestarse por una autonomía plena. García Caparrós murió de un disparo en la movilización que tuvo lugar en Málaga. Cada año, los partidos de izquierdas conmemoran esa fecha como el primer episodio del proceso autonomista, comandado por el pueblo andaluz. El Gobierno de Juan Manuel Moreno fijó esa efeméride en el calendario oficial como el Día de la Bandera Andaluza.

Una cuenta pendiente desde 2007

En junio del año pasado, las hermanas de García Caparrós -Dolores, Francisca y Purificación- enviaron una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una serie de reclamaciones: la desclasificación y acceso al expediente secreto del asesinato de Manuel José, que albergaba el Congreso de los Diputados, el reconocimiento como víctima del terrorismo y una reunión con el presidente. Sólo la primera de las tres peticiones se les ha concedido.

El pasado 11 de noviembre, en el marco de la Ley de Memoria Democrática y en virtud de una reforma ad hoc del reglamento de archivos del Congreso, la Mesa de la Cámara Baja aprobó por unanimidad permitir a las hermanas García Caparrós el acceso al expediente desclasificado del asesinato Manuel José.

Dolores, Francisca y Purificación visitaron el Congreso y pudieron consultar personalmente el archivo “sin anonimizar” de la comisión que investigó su asesinato, es decir, sin los nombres de los implicados tachados. Cumplieron así un anhelo con casi 50 años de reivindicación.

Pero tras colmar ese objetivo, las hermanas de Caparrós continuaron escribiendo a Sánchez en busca del reconocimiento oficial como víctima del terrorismo. El 22 de octubre, el director de gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, les respondió por carta, “en nombre del presidente”, informándoles de que el reconocimiento de víctima de terrorismo era una competencia del Ministerio de Interior, y de que se derivaba su solicitud a este departamento para que lo gestionara.

Sin embargo, la solicitud de la familia García Caparrós se traspapeló y durante dos meses el departamento de Fernando Grande Marlaska no había estudiado aún si la petición para el reconocimiento del joven malagueño como víctima del terrorismo tenía encaje en la ley.

El abogado que representa a la familia volvió a remitir el escrito a Interior el pasado 4 de diciembre, al cumplirse 49 años del asesinato del joven sindicalista, y es ahora cuando la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo ha resuelto de forma desfavorable a sus intereses.

“Les trasladamos nuestras disculpas por la demora en atender la solicitud de información de su primer escrito. La recopilación de la información sobre el expediente tramitado en 2007 y el estudio de la situación actual nos ha llevado más tiempo del inicialmente estimado”, reza la carta, firmada por Torija.

En efecto, en 2007, año en el que se aprobó la primera Ley de Memoria Histórica, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, las hermanas de García Caparrós presentaron por primera vez ante el Ministerio del Interior una solicitud de indemnización por fallecimiento al amparo de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, de 1999.

Esta solicitud fue inadmitida por “extemporánea” en octubre de ese mismo año, y al Ministerio “no le consta” que la familia recurriese luego esa resolución en los tribunales.

En 2011, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que regula “indemnizaciones, ayudas, prestaciones, garantías y condecoraciones con la finalidad de reconocer y atenuar, en la medida de lo posible, las consecuencias de la acción terrorista”.

La carta que han recibido las hermanas de García Caparrós apela a esa misma ley, que establece que para ser destinatario de las ayudas y prestaciones reguladas en ella es necesario que concurra alguno de los dos siguientes supuestos: “Que exista sentencia firme en la que se reconozca el derecho a ser indemnizado en concepto de responsabilidad civil por los hechos y daños contemplados en la Ley”; o, en el caso de que no exista tal sentencia, “que se hayan llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos”.

En estos casos, concluye la misiva, “la condición de víctima o derechohabiente, la entidad de los daños sufridos, la naturaleza de los actos o hechos causantes y los demás requisitos legalmente exigidos pueden acreditarse ante la Administración General del Estado por cualquier medio de prueba admisible en derecho”.

La muerte de García Caparrós, que fue objeto de una investigación interna en el Congreso, no responde a ninguno de estos supuestos que establece la ley, razón por la que Interior ha rechazado su reconocimiento como víctima del terrorismo.

No ha sido el primer encuentro de víctimas de la transición, ni será el último, pero ha sido más que necesario que se hiciera y que se consiguiera, además de la unidad, un planteamiento de futuro en sus conclusiones.

Del 23 al 25 de enero del 2026 nos hemos dado cita en la ciudad de Logroño familiares de Marc Muñoz, Manuel José García Caparrós, Ángel Almazán, Caso Almería, Arturo Ruiz, Vitoria (3 de marzo de 1976), Teófilo del Valle, entre otros… El llamamiento lo realizó la asociación Manuel José García Caparrós desde Andalucía, con unos objetivos muy claros para las demás familias y entidades: 1) unir fuerzas desde las familias para conseguir más transparencia y verdad en nuestros casos; 2) avanzar en la reparación de las víctimas de la transición. No puede haber víctimas de primera y víctimas de segunda; 3) consolidar una relación entre todas las asociaciones y familiares para ayudarnos en nuestros objetivos de verdad, reparación y justicia.

En octubre de 2018 organizamos desde la asociación Manuel José García Caparrós un encuentro estatal de víctimas de la transición en Málaga, que contemplaba un segundo encuentro en el Parlamento Europeo, en el que participaron más de 80 personas provenientes de todo el Estado Español. De aquellos encuentros de Málaga y Bruselas surgió una red de amistad y colaboración entre las diferentes familias y un sentimiento de saber que estamos conectados y que podemos compartir nuestras luchas y sentimientos.

También nació la Asociación Andaluza de Víctimas de las Transición, que ahora ha adoptado un perfil más bajo tras tener un papel importante en algunos seminarios y cursos académicos de universidades andaluzas. El motivo principal es el repentino fallecimiento de nuestro compañero Manuel Ruiz, al que siempre recordaremos por su humanidad y tenacidad en su lucha por su hermano Arturo Ruiz y demás víctimas de la transición. Esperamos también ir saliendo de este letargo emocional y seguir su ejemplo con todo su legado de voluntad y sacrificio.

Constatamos la necesidad de estar más unidos que nunca, de modo que no se olvide la memoria de nuestros familiares y compañeros asesinados por la ultraderecha policial o parapolicial en la transición

La elección de Logroño surgió del contacto que se forja en las diferentes iniciativas que hemos desarrollado por todo el Estado español. Así conocimos la voluntad del homenaje a Miguel Sarabia, uno de los supervivientes de la matanza de Atocha del 24 de enero de 1977, al que nunca se le había realizado un homenaje institucional en su ciudad natal.

Así que consideramos a principios del año pasado que sería una buena idea unir la memoria de los abogados de Atocha con las demás víctimas de la transición. Gracias al trabajo institucional y su propuesta de homenaje por parte del PCE e IU de La Rioja, la familia de Miguel Sarabia, en concreto su viuda, una de sus hijas y dos nietas, pudieron disfrutar de un acto de colocación de una placa en la calle Barriocepo donde nació; y también de un acto cultural donde no faltó la palabra, tanto de la poesía de un exalumno de Miguel Sarabia llamado Manuel Tejedor, recitada por la joven Elena Ollero; y la música comprometida nacida del pueblo con el flamenco del cantaor Juan Pinilla y el toque de David Caro. “El hombre que fue bueno durante toda su vida”.

La prensa local y regional nos ha acompañado en todos los días de este encuentro y ha destacado con respeto y cierto entusiasmo el homenaje al logroñés Miguel Sarabia. Tan solo un diario estatal como eldiario.es se hizo eco del homenaje y encuentro. Sorprende mucho, porque cuando han querido otros medios han convertido a las víctimas en protagonistas. Esto sirve para constatar la necesidad de estar más unidos que nunca, de modo que no se olvide la memoria de nuestros familiares y compañeros asesinados por la ultraderecha policial o parapolicial en la transición, y consigamos evitar la impunidad con la que la ultraderecha vive desde la transición hasta la actualidad. Es el hilo negro que queremos desenmascarar desde muchos ámbitos de nuestra acción ciudadana.

En el encuentro nos hemos conocido más aquellos que ya nos conocíamos y hemos descubierto nuevas familias y casos. Yo escribo estas líneas desde una posición personal, y me gusta destacar que vinieran personas especialistas que están desarrollando investigaciones serias sobre la impunidad en los crímenes de lesa humanidad. En esa línea de investigación se debe insistir, sin cesar, porque se trata de conocer todo para poder sanar en lo más que se pueda el sistema democrático. Desde aquí hago un llamamiento no solo a familiares sino también a activistas e investigadores a sumarse a nuestra red.

Proponemos acudir a la Unión Europea para denunciar la no aplicación de la Ley de Memoria de Democrática

Pronto saldrán a la luz las conclusiones de todo este encuentro, de los debates y propuestas que han surgido. Me gustaría destacar algunas cuestiones. Por ejemplo, la necesidad de promover acciones conjuntas sabiendo que la unidad hace la fuerza. Por eso se han acordado unos máximos: entre otros, la derogación de la ley de amnistía, que choca con la capacidad de intervención de la justicia sobre los victimarios, o la modificación de la ley de secretos de estado, que no nos permite acceder a la documentación de nuestros casos.

Hay acuerdos concretos que tienen margen de desarrollo, como la propuesta de acudir a la Unión Europea para denunciar la no aplicación de la Ley de Memoria de Democrática o la confección de una unidad didáctica sobre las víctimas de la transición con una perspectiva global y curricular.

En el encuentro tuvimos otro momento abierto a la ciudadanía, que al igual que el homenaje a Miguel Sarabia, nos enriqueció con la participación de la gente de la ciudad. La proyección de la película Las armas no borrarán tu sonrisa de Adolfo Dufour nos habla de las víctimas y nos cuenta más concretamente la semana negra de Madrid de 1977.

Y esto es un tema que me apasiona: cómo el cine ayuda a la difusión de los casos, como fue la película de ficción basada en los hechos reales, El Caso Almería (Pedro Costa, 1984) o Vitoria, 3 de marzo (Victor Cabaco, 2018). Casi todos los casos tienen un documental que recoge lo que ocurrió: es el caso de Gustavo Muñoz, con Gustau, la transición al descubierto (Jaume Domènech, 2021) o Manuel José García Caparrós, que acumula varios estupendos…

La fuerza del cine llega hasta tal punto que en el caso del Teófilo del Valle el documental dirigido por Manuel de Juan abre nuevas perspectivas en la investigación y además provoca un movimiento que llega reactivar el caso incluso judicialmente, siendo el único caso abierto en un juzgado antes de que prescriba a sus cincuenta años el próximo febrero de este año. Sabemos de la fuerza que puede tener el cine. Por eso estamos apoyando la película documental El hilo negro de JAC López, donde participa Carlos Bardem, basada en la gran investigación de Carlos Portomeñe, La matanza de Atocha y otros crímenes de Estado: anatomía de la transición (Atrapasueños ed. 2022).

Nos queda un camino que recorrer y en ese camino ya no estamos tan solos y solas.

Joaquín Recio es escritor, editor y vocal de la Asociación Manuel José García Caparrós

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado sin tramitar la solicitud para reconocer como víctima del terrorismo de Estado a Manuel José García Caparrós, el joven malagueño asesinado por la Policía durante la masiva movilización de andaluces por una autonomía plena que tuvo lugar en Málaga el 4 de diciembre de 1977, hace ahora 48 años.

El pasado mes de junio, las hermanas de García Caparrós -Dolores, Francisca y Purificación- enviaron una carta al presidente del Gobierno con una serie de reclamaciones: la desclasificación y acceso al expediente secreto del asesinato de Manuel José, que alberga el Congreso de los Diputados, el reconocimiento como víctima del terrorismo y una reunión con el presidente.

El 22 de octubre, recibieron una carta de vuelta firmada por el director de gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, “en nombre del presidente”, informándoles de que el reconocimiento de víctima de terrorismo era una competencia del Ministerio de Interior, y de que se derivaba su solicitud a este departamento para que lo gestionara.

“En relación con su solicitud de reconocimiento a su hermano como víctima del terrorismo, le informamos de que esta materia corresponde al Ministerio del Interior, órgano competente a través de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo. En consecuencia, damos traslado de su carta a dicho ministerio para que estudie y valore su petición conforme a la normativa vigente”, reza la misiva.

El reconocimiento civil de víctima del terrorismo no es una simple consideración administrativa, supondría colocar al joven malagueño en el mismo estatus que los asesinados por ETA, por los GAL, por el Grapo o por organizaciones yihadistas, y abriría la puerta a sus familiares a ayudas económicas, asistencia jurídica y exenciones fiscales.

Sin embargo, dos meses después de la carta y habiéndose celebrado el pasado 4 de diciembre los actos de homenaje por el aniversario de la muerte del joven sindicalista, y habiéndose reunido ese mismo día la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, con las hermanas García Caparrós, en Málaga, la petición de éstas no ha sido tramitada por el Gabinete del Presidente del Gobierno, pese al anuncio de su misiva.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska asegura a este periódico que “no ha entrado” la solicitud de la familia para iniciar el proceso administrativo para el reconocimiento como víctima de terrorismo. Y desde el Gabinete de la Presidencia reconocen que la petición no se ha gestionado aún, pero no aclaran por qué ha quedado varada la tramitación ni por qué no se ha remitido la solicitud al Ministerio de Interior desde que respondieron a la carta de las hermanas, hace dos meses.

El pasado 4 de diciembre, ante la ausencia prolongada de respuesta por parte del Gobierno, Francisca, Purificación y Dolores escribieron una segunda misiva, esta vez dirigida a la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, para saber si Presidencia les había derivado su solicitud. “Instamos a que se nos informe de cómo podemos comenzar a hacer efectivo esta consideración de víctima de terrorismo para nuestro hermano, vilmente asesinado por la espalda en una manifestación pacífica donde se creó terror por parte de la policía armada”, reza la carta.

La figura de Manuel José García Caparrós está reconocida como una suerte de mártir del proceso autonomista andaluz. La Junta le nombró Hijo Predilecto de Andalucía a título póstumo, y todas las fuerzas políticas -excepto Vox- votaron hace unos años en el Parlamento para que el Congreso facilitara a la familia el expediente de la comisión que investigó su asesinato, en 1987, con información bajo secreto.

Después de muchas gestiones y lances políticos, la Cámara Baja aprobó una reforma del reglamento de archivos que sirvió para sortear la Ley de Secretos Oficiales y permitir a las García Caparrós consultar el expediente íntegro de hermano el pasado 18 de noviembre.

La otra reclamación histórica de la familia es el reconocimiento del joven como víctima del terrorismo de Estado, que podía suponer alguna indemnización para las hermanas por el asesinato de Manuel José. El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, gestiona este recocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo en España, regulado por una ley de 2011.

El Gobierno ofrece ayudas económicas, asistencia psicológica y jurídica a los familiares y un certificado oficial para acreditar su condición de víctima, que le permite acceder a beneficios como excenciones fiscales para la vivienda o en el pago de determinadas tasas. La Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo amplió el marco temporal para la consideración de víctima, pero desde Interior aseguran que se gestionan los expedientes que llegan sin mirar la fecha.

Fuentes del Ministerio de Interior aseguran que no han tramitado nunca una petición de reconocimiento de víctima del terrorismo por excesos policiales durante la transición o el periodo preautonómico, pero sí para víctimas de grupos de extrema derecha. En febrero de 2023, el Consejo de Ministros concedió la Gran Cruz del Reconocimiento Civil a Vicente Cuervo Calvo, con una asunción automática de su condición de víctima del terrorismo.

Cuervo, un joven militante de la CNT que no había cumplido aún los 22 años, fue asesinado por elementos ultraderechistas en Vallecas, en Madrid, el 10 de febrero de 1980. 

La ofrenda floral ante la placa que recuerda el lugar aproximado donde fue tiroteado Manuel José García Caparrós tiene cada año mayor concurrencia, en una evolución paralela a la que ha tenido la figura del joven como símbolo de la autonomía andaluza. Este jueves, cuando se cumplen 48 años de las masivas manifestaciones en Andalucía por la autonomía plena, y de su asesinato en medio de las cargas policiales que se produjeron en Málaga, han desfilado por allí candidatos a presidir la Junta de Andalucía, portavoces municipales y el alcalde De la Torre, acompañando a las hermanas García Caparrós, que han vuelto a reclamar que el Gobierno declare que su hermano fue una “víctima del terrorismo”, algo que el Presidente del Gobierno les dijo que estudiarían en el Ministerio del Interior.

“Por el simple hecho de llevar una bandera le dispararon por la espalda. Es de justicia”, han reclamado las hermanas, que se han felicitado de haber conseguido finalmente acceso a los documentos de la comisión del Congreso que investigó el suceso en 1978, pero han lamentado el manto de silencio que les ha impedido en todo este tiempo conocer a los responsables de la muerte. “Era muy fácil coger a la persona que disparó, por su pistola y por la bala. ¿Por qué lo escondieron? ¿Por qué quedó impune, por qué lo enviaron a otro pueblo? ¿O es que mis padres no tenían derecho a saber quién mató a su hijo? Ese policía, aunque esté muerto, saldrá a la luz. Le pese a quien le pese”, ha advertido Dolores. “El nombre del asesino tiene que salir a la luz”, han dicho luego.

Este es el primer año en que tienen en sus manos todos los documentos de la comisión de encuesta del Congreso que estudió aquellos sucesos y los de La Laguna (Tenerife), donde también murió un manifestante. Tras décadas reclamando, pudieron retirarlas el pasado 18 de noviembre, con una advertencia del departamento de archivos: aunque ellas tengan la dispensa para consultarlas, siguen siendo documentos secretos cuya revelación pública podría acarrear consecuencias penales, les han dicho.

Esta mañana no han contado nada: siguen escuchando los audios y revisando los papeles, pero para desentrañarlos por completo necesitan la ayuda de un abogado. Son casi 30 archivos sonoros y más de 2.000 folios.

El relato de los que estuvieron

“Aquel día muchos saltaron al río, otros corrimos a través de la obra del edificio de Hacienda. Estaba todo embarrado”, recuerda Manuel Garrido, a quien la carga policial le pilló sobre el puente de Tetuán, a escasos metros de donde murió García Caparrós. Se ha acercado a recordarlo y cuenta que escuchó los disparos, “varios, no sé cuántos”, aunque no se enteró de la muerte hasta por la noche.

“Aquello era una fiesta de personas. Había muchísimas familias, mujeres, niños, que venían a esto”. El Presidente de la Diputación Provincial, Francisco Cabezas, había advertido de que allí no ondearía la bandera, como sí ocurrió en el resto de capitales. Así que cuando José Trinidad Berlanga trepó para colocarla, la Policía, oculta tras el edificio y en los alrededores de la Catedral, intervino. “Estábamos encima del puente y vimos a los grises cargando desde la Diputación hacia acá”, relata Garrido. “Empezaron a cargar y se cortó la manifestación. Hubo personas que se quedaron atrapadas en el parque, y vinieron cargando hasta aquí aunque la cabeza de manifestación estaba ya en el Puente de las Américas, que es donde iban a dar un discurso los distintos políticos y ciudadanos”.

Antonio López, andalucista entonces y ahora, lleva años viniendo al homenaje. “Yo soy de la opinión de que el 4 de diciembre debe ser el Día de Andalucía”, proclama, alineándose con una corriente de asociaciones, sindicatos y partidos que consideran este día como la verdadera semilla de la autonomía andaluza. “Y el que la sigue la consigue”, vaticina.

Este año se ha presentado con un ejemplar de la revista Primera Plana en el que se da cuenta de los sucesos con abundante material fotográfico. Así quedaron registrados el momento en que José Trinidad Berlanga subió al balcón, las cargas posteriores y hasta los orificios de bala en las fachadas.

El día anterior, 3 de diciembre, López había organizado la manifestación de su pueblo, Torrox, uno de los primeros en salir a la calle. Habían hablado con el alcalde de entonces, y a diferencia de Cabezas, este había dado su consentimiento tácito a que colocaran la bandera en el Ayuntamiento: dejaron la puerta abierta.

De la Torre: “Una imprudencia brutal”

A la ofrenda floral han acudido políticos de todo signo, con la excepción de los representantes de Vox. Han estado los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía por la coalición Por Andalucía (Antonio Maíllo) y Podemos (José Antonio Delgado), el secretario provincial del PSOE (Josele Aguilar), el coordinador general de IU Andalucía, el del PCA (Ernesto Alba), los portavoces municipales de PSOE (Daniel Pérez) y Con Málaga (Toni Morillas y Nicolás Sguiglia) o el portavoz provincial de Adelante (Luis Rodrigo). Además, con varios de sus concejales ha acudido el alcalde, Francisco de la Torre (PP).

De la Torre, regidor desde el año 2000, se ha referido al episodio como “una tragedia para la familia y para todo el mundo”, pero ha evitado sumarse a la reclamación de que García Caparrós sea declarado “víctima del terrorismo”: “Es evidente que fue una víctima de aquel momento, pero calificar a la Policía Armada de ”terrorista“ es duro”.

Según ha dicho, “el uso del arma fue una imprudencia brutal” que acabó en tragedia. En su opinión, lo que ocurrió es que la Policía Armada “no estaba preparada para hacer frente a una manifestación que era pacífica, pero que degeneró en una manifestación violenta” a partir de la intervención policial. “Fue un error del gobernador civil, que había demostrado su vocación de apertura clarísima, pero no supo quizás gestionar aquel momento. Habría tenido que dar un golpe en la mesa y decir al presidente de la Diputación que ”se pone ahí la bandera y no me crees problema, por favor. Ni a mí, ni a Málaga ni a nadie“.

Él formó parte de la comisión de encuesta que investigó el asunto en el Congreso. A pregunta de este medio, esta mañana ha asegurado que desconocía que las actas sigan siendo secretas. “Yo creo que lo normal de un tiempo en que puede haber ciertos documentos que queden como reservados, es que luego pueda haber una apertura. Pasa en todos los países democráticos. No hay documentos que sean eternamente secretos”.

IU lleva años impulsando públicamente la desclasificación. A través del grupo Sumar, ahora ha culminado el proceso para que las hermanas puedan acceder a la documentación, previa reforma de la norma que rige el acceso a documentos del Congreso. “Estoy convencido que vamos a abrir el camino para que la conozca toda la sociedad”, ha señalado Maíllo.

En estos días nos han preguntado los periodistas en infinidad de ocasiones si la familia García Caparrós va a revelar el contenido de la documentación clasificada de secreta a la que han tenido acceso. Ellas mismas despejaron cualquier duda cuando dijeron: la verdad se conocerá. Y así de sencillo se responde a una amenaza de cárcel por revelación de secreto de estado, porque callar sería de nuevo matar a su hermano ¿O no?

¿Cómo es posible en una democracia avanzada, en pleno siglo XXI, que tengamos que guardar secreto sobre un asesinato de la policía franquista después de que Franco haya muerto? ¿Qué se está guardando o escondiendo? A las claras no es solo una cuestión de quién o quiénes perpetraron el crimen (el policía que disparó y el mando que ordenó), porque incluso lo más seguro es que hayan fallecido alguno de ellos. Se trata en todo caso de que la transición fue además de una ley de punto y final, un proceso complejo donde algunas vidas fueron segadas por “el bien” del mismo. El Estado se protege de airear el pasado oscuro en el que la impunidad ha sido parte del proceso hacia esta nueva época democrática tras la Dictadura. Y por decirlo de otra forma, la impunidad es el manto de silencio que nos hace a todos cómplices y que sigue siendo lo que permea y la hace imperfecta y hasta cierto punto injusta con aquellos que dejaron su vida por la libertad.

¿Cómo hemos podido tolerar durante 48 años que esta documentación no se haya mostrado a la familia García Caparrós? Ya lo dijo el abogado Luis Ocaña en un acto, si se han desclasificado los papeles del asesinato de Kennedy por qué no los de García Caparrós. En todo este proceso se suceden las anomalías que no son otra cosa que una serie de hechos como estrategia bien organizada para tapar los asesinatos que se dieron durante la transición. Se necesitaban poner sobre la mesa los cuerpos sin vida de la gente normal y sencilla que luchaba por la libertad. Y eso es lo que hicieron después de muerto Franco con los asesinatos de Teófilo de Valle, Marc Muñoz o de Ángel Almazán en 1976, del sangriento año de 1977 con Arturo Ruiz, Mari Luz Nájera, abogados de Atocha 55, entre otros…

Y así la nómina se amplió en 1978 con Germán Rodríguez en aquel fatal San Fermines… y podríamos seguir hasta los jóvenes del Caso Almería de 1981. Y todavía queda tanto por esclarecer de todos estos casos que lo único que podemos pensar es ¿a quién le interesaba que hubiera muertos sobre la mesa para negociar esta democracia? A los hechos nos remitimos si sabemos que la mayoría de los pistoleros asesinos de la ultraderecha (policial o no) se les recompensó y se les protegió incluso en países como Argentina y Brasil. Vencieron en aquel tiempo con el miedo, pero ahora las familias ya no tienen miedo, ahora no, como la familia García Caparrós y muchas otras que comienzan a exigir la verdad.

Los días después al asesinato de García Caparrós, Málaga se convirtió en una batalla campal, con una huelga general y con un entierro que ha sido uno de los más numerosos de la historia y que muchos recordarán por siempre

¿Cuántas veces han matado a García Caparrós? Quizás tantas veces como sus hermanas lo han levantado del olvido.

Los días después al asesinato de García Caparrós, Málaga se convirtió en una batalla campal, con una huelga general y con un entierro que ha sido uno de los más numerosos de la historia y que muchos recordarán por siempre. El poeta malagueño Laurentino Heras fue el primero en escribir un poema dedicado a García Caparrós, que además lo acompañó del primer dibujo que también se le hiciera a Manuel José, realizado por el genial pintor del Perchel, Manolo Garvayo. La dureza del poema es la misma sensación de vacío que dejó esta muerte en la sociedad malagueña:

Yo también he llorado tu muerte/ junto al río Guadalmedina, Manolo/ compañero, malagueño/a balazos asesinado tan pronto./Este paréntesis que sigue en blanco/es para los versos que ahora no acierto a escribirte./Quizá mañana lo rellene con las letras ensangrentadas/ de mi muerte como la tuya:/(                            ). Escrito el 6 de diciembre de 1977 en el Hospital Carlos Haya.

Quisieron esconder al muerto y no pudieron los primeros días, ni tampoco en los primeros aniversarios. El empuje del padre y de las fuerzas democráticas consiguió la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados en el año 1978, y durante meses el caso fue noticia. Después llegó la larga década de los 80 donde se intentó olvidar… pero cada 4 de diciembre aparecían flores en la esquina donde cayó antes de ser conducido en coche al hospital.

En los años 90 y al comienzo del siglo XXI la figura de García Caparrós se reivindicó como mártir de la causa andaluza. Memorable es la gran exposición y homenaje que se hiciera por parte de la Diputación de Málaga, García Caparrós. Memoria de Libertad (homenaje a los anónimos) (Málaga, 2008). El periplo de lucha de las hermanas ha sido constante desde entonces y gracias a su tesón han conseguido dar pasos que antes eran impensables. Hubo un hito institucional en todo este camino que fue cuando se declaró hijo predilecto de Andalucía, la primera vez que se daba a una persona fallecida y fue gracias a la petición de José Manuel Mariscal y Antonio Romero que se consiguiera en lo formal en 2013.

El abrazo del pueblo andaluz a la memoria de Manuel José ha seguido cosechando nombres para calles, plazas, avenidas, paseos o la constitución de los premios García Caparrós con la Fundación Memoria y Cultura y la cooperativa Atrapasueños… Y todo aquello llegó como colofón de una lucha intensa de divulgación. Así fue tras presentar por toda la geografía posible el documental “García Caparrós, memoria de nuestra lucha” (Hazeína Rodriguez, 2016) y que visitáramos todos los parlamentos que nos abrieron sus puertas (Catalunya, Pais Vasco, Navarra, Europeo…). Un trabajo político que hizo reaccionar a la misma Junta de Andalucía con Susana Díaz al frente a constituir un consejo conmemorativo del 4D que liberó rápidamente dinero para celebrar el 40 aniversario, pues casi el PSOE pierde la vez en la comba y así surgieron producciones como la estupenda película “23 disparos” y otras iniciativas al calor de este impulso institucional casi a última hora. El ayuntamiento de Málaga también fue corresponsable en aquel tiempo de esta efeméride y renovó la placa institucional en la esquina y dedicó, gracias a las gestiones de Remedios Ramos y de Gema del Corral, un nuevo lugar a los restos de Manuel José y sus padres, en el Jardín de la Memoria en Parcemasa.

Dentro de poco estaremos en el 50 aniversario de 1977, un año en el que la ultraderecha policial o paramilitar asesinó desde enero a diciembre, desde Arturo Ruiz a García Caparrós y Quesada… y  ahora es cuando más que nunca la sociedad nos tenemos que hacer fuertes en valores y en memoria para poder afrontar lo que viene

Todo al final ha sumado en la lucha de las hermanas donde el papel de los medios de comunicación ha sido también fundamental. Periódicos, radios y televisiones han dado un tratamiento tan responsable con la argumentación de las hermanas que siempre me ha parecido cuanto menos curioso. Y ahora con más perspectiva lo entiendo más todavía. El pasado día 18 de noviembre en el Congreso de los Diputados cuando por fin se consiguió que el Estado diera la documentación de la comisión de encuesta de 1978 a la familia, se vieron a muchos periodistas con lágrimas en los ojos y una sintonía con las hermanas que no es fruto de otra cosa que de esa verdad encarnada en tantos años de sufrimiento y de lucha por la memoria de su hermano. La verdad es muy difícil pararla.

Dentro de poco estaremos en el 50 aniversario de 1977, un año en el que la ultraderecha policial o paramilitar asesinó desde enero a diciembre, desde Arturo Ruiz a García Caparrós y Quesada… y  ahora es cuando más que nunca la sociedad nos tenemos que hacer fuertes en valores y en memoria para poder afrontar lo que viene. Carlos Portomeñe en su libro La matanza de Atocha y otros crímenes de Estado retrata bien cómo hay un hilo que une toda esta maraña de crímenes e impunidad. No son balas que caían del cielo ni muertes accidentales y aisladas. Hay un hilo negro que lo une todo, por eso iniciativas como la película documental El hilo negro que va a dirigir el malagueño José Antonio Castro, son fundamentales para seguir protegiendo la democracia y la libertad, como herramienta contra la ignorancia y la impunidad y que se puede apoyar por la ciudadanía gracias a su proceso ahora abierto de crowdfounding. La ciudadanía debe dar el paso y defender con iniciativas como esta los valores de la libertad.

El pasado 27 de febrero fue Manuel José García Caparrós reconocido como víctima del tardofranquismo, un término muy concreto que para nada completaba las esperanzas de las hermanas, que muy educadamente y con gratitud aceptaron pero para poder exigir el siguiente paso, que sea declarado su hermano víctima del terrorismo, porque lo que hizo el estado fue terrorismo. Por eso cada vez que quieren matar a Manuel José salen las hermanas con más fuerza, y por eso en este 4D de 2025 han reclamado ante la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo que se atienda su demanda… de esta forma se podrá cerrar un poco más el círculo de la verdad, justicia y reparación, abriendo grietas contra los que quieren de nuevo asesinar la memoria de Manuel José.

Hoy ya la familia puede gritar bien alto quién es el asesino de Manuel José, porque siempre ha estado ahí, siempre ha sido un secreto a voces y ya hoy no lo podemos dejar nunca más de nombrar: la impunidad.

Desde hace algún tiempo, Andalucía tiene dos días de celebración oficial. El 28 de febrero es el Día de Andalucía desde que entró en vigor la autonomía, en 1982, porque así lo dispone el Estatuto. Además, el 4 de diciembre es el Día de la Bandera desde que el Gobierno de Juan Manuel Moreno puso sello institucional a una conmemoración hasta entonces oficiosa y residual, que tuvo sus altibajos desde 1977 hasta que recibió el marchamo de un Decreto en 2022: el 4 de diciembre se conmemoran en Andalucía las multitudinarias manifestaciones de 1977 que condensaron la “voluntad del pueblo andaluz de acceder a las máximas cotas de autonomía bajo el símbolo común y de unión que representa la bandera de Andalucía”.

Aquel día, unos dos millones de andaluces y andaluzas salieron a las calles para reclamar el acceso por la vía rápida a las máximas cotas de autonomía a quienes estaban negociando el modelo de Estado y la descentralización autonómica. La aspiración era que al reconocimiento de la identidad le acompañara la “autonomía plena”, el sintagma que traducía al nuevo andamiaje institucional la fórmula acuñada por el político sevillano Manuel Clavero Arévalo: “Café para todos”. En este caso, para Andalucía, que refrendaría la exigencia vía referéndum el 28 de febrero de 1980.

Primer 4D con acceso a los documentos de la muerte

Aquellas protestas quedaron marcadas por la muerte de un tiro de un joven malagueño de 19 años, Manuel José García Caparrós, convertido con el paso de los años en un mártir de la autonomía. García Caparrós entronca con la bandera andaluza porque el intento de colocar una verdiblanca en el balcón de un edificio oficial fue la deflagración que desembocó en la muerte del joven.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Cabeza, se había negado a que la bandera andaluza ondeara en el antiguo “Palacio Provincial”, en la Alameda Principal. Iba a ser la única capital sin bandera y cuando un joven, José Manuel Trinidad Berlanga, trepó para colocarla, el caos se desató. La Policía Armada intervino y, ya por la tarde, durante las protestas que siguieron, hubo disparos. Una de las balas disparadas en el entorno de la Alameda de Colón atravesó el pecho de García Caparrós a la altura de la axila. Llegó muerto al hospital tras ser transportado por alguien cuya identidad sigue siendo desconocida hoy.

La bala fue para Andalucía entera, pero el que no llegó a casa fue él“, dijeron las hermanas Purificación, Francisca y Dolores García Caparrós al recoger, hace un mes, la documentación que el Congreso les ha mantenido oculta durante todos estos años.

Secreto 48 años después

Quién disparó el arma que lo mató sigue siendo un secreto casi medio siglo después. Este será el primer 4 de diciembre en que puedan consultar los documentos de la comisión del Congreso que investigó aquel suceso. Pero sólo podrán verlo ellas, bajo la advertencia de que si lo divulgan podrían incurrir en un delito de revelación de secretos, porque los documentos siguen siéndolos aunque ellas, como familiares, sí puedan verlos.

Entre tanto, siguen tratando que el Gobierno reconozca que Manuel José, cuya muerte quedó silenciada durante años (hasta el punto de que las propias instituciones le invirtieron el nombre llamándolo José Manuel), es “víctima del terrorismo”. A comienzos de noviembre recibieron una carta en la que el presidente del Gobierno asegura que ha dado instrucciones al Ministerio del Interior para que lo estudie. Supondría abrir una vía para todas las “víctimas de la Transición”. Esas víctimas y sus familiares mantendrán un encuentro estatal en Logroño a finales de enero.

Este martes, ellas insistieron por carta a la Dirección General de Víctimas del Terrorismo: “Nos gustaría saber si esto [la consulta de Presidencia sobre la viabilidad de la petición] se ha producido e instamos a que se nos informe de cómo podemos comenzar a hacer efectivo esta consideración de víctima de terrorismo para nuestro hermano, vilmente asesinado por la espalda en una manifestación pacífica donde se creó terror por parte de la policía armada”.

La institucionalización del 4D

Durante décadas, el 4 de diciembre era recordado en pueblos de marcada significación andalucista e izquierdista, muchos en la sierra sur sevillana: Herrera, Guillena, Martín de la Jara o Marinaleda. También en Casares, el municipio malagueño en el que nació Blas Infante. Alejandro Rojas Marcos, siendo alcalde de Sevilla, designó esa jornada como el Día de Homenaje a la Bandera en 1993. Casi treinta años después, un acto en Coria del Río dio la oportunidad a Juan Manuel Moreno de marcar la fecha en el calendario oficial y, de paso, modelar un perfil andalucista a la manera en que lo hicieron durante años los socialistas.

La idea la formuló el 19 de octubre de 2022 Rojas Marcos, histórico fundador del Partido Andalucista, y Moreno la cazó al vuelo, si es que no lo traía pensado. Un vídeo recoge el momento: “Al Presidente la propuesta que le hago es que convierta al 4 de diciembre en el Día de la Bandera de Andalucía. Oficialmente”, le espetó, mientras Moreno miraba complacido. De fondo, una réplica la histórica pizarra del Casino de la Exposición de Sevilla donde se anotó el escrutinio del referéndum de 1982. “La verdad que tiene sentido”, replicó: “Las cosas que tienen sentido nos la tomamos en serio, y como las cosas que nos tomamos en serio suelen salir, es probable que salga adelante”. El 8 de noviembre, apenas veinte días después, tenía listo el Decreto que lo regula.

El Día de la Bandera tiene su principal acto institucional en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz. Desde su primer año, la izquierda andaluza criticó el “postureo” de Moreno por “envolverse en la bandera” un día al año por motivos electorales, a su juicio. “Adueñarse del pasado para controlar el presente”, le afeó el entonces secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas.

También lo criticaron las hermanas García Caparrós, que le afearon el “olvido” inicial de su hermano, muerto precisamente por esa bandera el día que se conmemora. Moreno corrigió rápido el paso: recibió a las hermanas, las incluyó en la primera conmemoración y les prometió apoyo en su lucha por desclasificar los papeles y honrar la memoria de su hermano.

Conmemoración por todas las administraciones

Ahora, todas las instituciones quieren su acto por el 4D. El ministro Ángel Víctor Torres celebró en la víspera un homenaje en Málaga a un grupo de 23 periodistas que “destacó en la defensa de las libertades y de la Autonomía andaluza”: entre otros, Juanjo Téllez, Pilar del Río, Iñaki Gabilondo, María Esperanza Sánchez, Paco Lobatón, Tom Martín Benítez, Rafael Rodríguez, Mercedes de Pablos, Lola Cintado, Juan Holgado o Antonio Checa.

Por parte de la Junta de Andalucía, el presidente Moreno presidirá este jueves el acto oficial en San Telmo, donde se realizará el tradicional “elogio a la bandera”. Fuera, la Consejería de Cultura y Deporte organiza una veintena de actividades en bibliotecas, archivos, museos, conjuntos arqueológicos y monumentales, a las que se suman las organizadas por organismos adscritos, como el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) o la Fundación Barenboim-Said. Exposiciones, charlas, gincanas, talleres, conciertos, visitas teatralizadas y un itinerario guiado por el Parlamento de Andalucía, el menú para celebrar la enseña es para todos los gustos y en todas las capitales andaluzas.

Mientras, en Málaga, las hermanas García Caparrós acudirán como cada año a recordar a su hermano ante la placa situada en la calle Comandante Benítez. Estarán acompañadas por dirigentes de IU, el Partido Comunista y CCOO, que han acompañado sus reivindicaciones durante años. A mediodía es el acto institucional en el que participa el alcalde Francisco de la Torre. Y por la tarde les espera una agenda apretada: a las 16:00 acudirán a los Premios 4D - Rafael Escuredo de la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia, donde las recibirá María Jesús Montero, quien lleva meses tratando de movilizar al electorado posicionándose en asuntos sensibles como El Algarrobico o la desclasificación de las actas de García Caparrós.

Apenas un par de horas después, las hermanas deberán estar en Casares, en el extremo occidental de la provincia, donde Manu Sánchez, Lucía Sócam, Juan José Téllez o Salva Reina rendirán homenaje a su hermano, el joven que murió por la bandera andaluza.

Una tarde del 4 de diciembre de hace 48 años, alguien que dijo ser celador se personó en el hogar de la familia García Caparrós. “Papá, te buscan por Manolito”, avisó Loli, que entonces tenía 13 años. “Ahí empezó nuestro calvario”, cuenta tanto tiempo después.

Ni ella, ni sus padres ni sus hermanas han sabido jamás, hasta hoy, quién fue aquel hombre misterioso vestido con bata blanca que dio a su padre la fatal noticia de que su hijo Manuel José había muerto en un accidente de tráfico, ni quién fue el que apretó el gatillo de la pistola de la que salió la bala que mató a su hermano muy cerca de la Alameda de Colón, en Málaga. Primero les engañaron, y luego se lo ocultaron todo. Y eso las ha martirizado, añadiendo pena a la pena. “De aquel día recordamos muy poco, es como si me lo hubiesen borrado. Pero nos queda el sufrimiento”, dice Puri camino de Madrid.

Cuando llegó al hospital, a su padre le vetaron el acceso al lugar donde reposaba el cuerpo de hijo. Fue al dar la vuelta al cadáver cuando vio el orificio de la bala, a la altura de la axila, que mató a Manuel José cuando tenía 19 años. El proyectil desapareció para siempre y el padre regresó a casa con la ropa que el muchacho vistió en su último día de vida.

Casi medio siglo después, las hermanas Purificación, Dolores y Francisca (Puri, Loli y Paqui) García Caparrós se personaron este martes en el Congreso para recibir al fin dos cajas con más de 2.000 documentos, audios y un pendrive en los que esperan encontrar la verdad de lo que pasó aquel día de 1977 que marcó a Andalucía y a su familia para siempre: cuando cientos de miles de andaluces salieron a la calle pidiendo autonomía plena, y una bala disparada por el arma reglamentaria de un agente de la policía armada acabó con la vida de su hermano Manuel José. “La bala fue para Andalucía entera, pero el que no llegó a casa fue él”, dice Loli.  

A las puertas del Congreso las esperaba el vicepresidente de la cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y los diputados de Sumar Toni Valero y Esther Gil de Reboleño, que ha impulsado la modificación normativa que ha permitido la consulta de la documentación: “Es un honor como andaluza haber colaborado. Se abre un momento nuevo respecto a la apertura de expedientes aún cerrados”. Para Valero, el caso evidencia el “mito de la Transición”: “La lucha de las hermanas es la lucha de Andalucía por la verdad, la justicia y la reparación”.

“Para cerrar el duelo tenemos que saber la verdad”

Las hermanas llevan días nerviosas y emocionadas, avistando el final de un capítulo que no cierra la historia. “Parecía que esto no iba a llegar nunca”, exclama Loli en el patio del Congreso, aliviada cuando ya sujeta entre sus manos lo que llevan tanto tiempo anhelando: los documentos secretos de la Comisión de Encuesta que investigó los sucesos en el Congreso.

En esos papeles esperan encontrar nombres, culpables, responsables de la cadena de actos que acabó con la bala en el cuerpo de su hermano: quién dio la orden de evitar a toda costa que ondeara la bandera andaluza en el balcón de la Diputación de la Plaza de la Marina; quién dio órdenes a la Policía; quién disparó. Pero aún queda camino para conseguir la reparación total de su memoria. Quieren que sea declarado víctima del terrorismo, algo que ya estudia el Ministerio del Interior. Creen que lo sucedido con su hermano y con tantos otros en los años de la Transición entra en la categoría de “terrorismo de Estado”, lo que ha facilitado la impunidad durante tantos años. “Todo el mundo miraba a otro lado”, dicen las hermanas. “Pero para cerrar el duelo tenemos que saber la verdad”.

En el Congreso las han preparado para ver y oír cosas muy emotivas. El Departamento de Documentación y Archivos ha digitalizado los audios registrados por aquella Comisión de Encuesta. Cuentan con escuchar la voz de su padre o la declaración de Carlos Carmona, que acompañó a su hermano a bordo del misterioso vehículo que lo depositó en el hospital, y que quizá recordó ante los diputados las últimas palabras de Manuel José.

También están los documentos. Más de 2.000, que algunos diputados han podido consultar en los últimos años, pero siempre anonimizados. La reforma de la norma que regula el acceso a los archivos del Congreso, gracias al acuerdo entre Sumar y PSOE, ha permitido que también las hermanas puedan verlos, ya sin tachones. Ahí está el informe de la Policía Armada, donde se da cuenta de la acción represiva de aquella tarde.

“Yo no quiero que sea un secreto para toda la vida”

Puri, Loli y Paqui se mueven como una sola, pero cada una lleva el trance a su manera. Se despertaron a las 5:30 tras pasar la noche sin dormir, y se plantaron en el Congreso de los Diputados, donde las recibió el responsable de sus archivos, cuyo informe ha dado el visto bueno final al acceso a unos documentos bajo el aviso de que su contenido sigue siendo secreto, y solo ellas pueden consultarlo. Allí les han recomendado que busquen el consejo de un abogado para cerciorarse de qué pueden decir y qué no.   

“El pendrive no lo vamos a poner en un cuadro...”, avisa Puri: “Aunque sea secreto, no lo vamos a guardar otros 50 años. Yo lo que quiero es saber los culpables, no que sea un secreto para toda la vida”.

Ellas recogieron el testigo de sus padres. La madre de Manuel José murió a los tres años del asesinato del joven, “de pena”. Su padre en 1986, dejando la investigación de lo que pasó en manos de sus hijas. “Creo que hoy mis padres estarían felices”, dice Loli: “Hemos tenido días de decir que lo dejamos, pero te levantas y dices ”¡qué porras!“, él se lo merecía y vamos a llegar hasta el final”. “Hoy nos hemos acordado de mis padres, y de él”, dice Puri antes de emocionarse. 

Ellas se encontraron con todas las puertas cerradas y, en particular, la del Congreso. En esos años sólo tenían el apoyo de algunos diputados malagueños del PC, Tomás García y luego Antonio Romero, y la figura de García Caparrós seguía siendo semi-desconocida. Por aquel entonces, ni siquiera su nombre se recogía correctamente: para la prensa fue inicialmente José Manuel Caparrós, un error amplificado luego por una copla carnavalera, hasta acabar en una placa conmemorativa oficial. En todos estos años el reconocimiento era disperso e irregular. IU y algunos andalucistas toman el 4 de diciembre como fecha alternativa al 28 de diciembre y a García Caparrós como símbolo, pero no hay empuje institucional por parte de la Junta de Andalucía.

Entre 2016 y 2017 todo cambia. En diciembre de 2016 se estrena en el cine Albéniz de Málaga 'García Caparrós, memoria de nuestra lucha' dirigida por Hazeina Rodríguez. De la mano de la cooperativa Atrapasueños, las hermanas comienzan una gira por Andalucía y España para lograr su reconocimiento como víctima. En 2018 abanderan la creación de una asociación estatal de víctimas de la Transición, que organiza sendos encuentros en Málaga y en el Parlamento Europeo al que acuden más de 80 personas de toda España.

La concejala de IU Remedios Ramos logra que cambien la placa; el Ayuntamiento de Málaga sufraga los gastos de exhumación, traslado, incineración y entierro de los restos al Jardín del Recuerdo del cementerio municipal; y la Junta de Andalucía, gobernada por Susana Díaz, da el paso de reconocerlo Hijo Predilecto, el primer reconocimiento no en vida de este tipo. Un emotivo discurso de Antonio Banderas hace el resto. “Es el momento en que culmina el reconocimiento civil de la figura de García Caparrós”, señala Joaquín Recio, vocal de la asociación y editor de Atrapasueños, que las ha acompañado en este camino.

Desde entonces, la figura de García Caparrós ha crecido hasta convertirse en una especie de mártir del andalucismo. Eso sí, con una historia incompleta, en tanto que su muerte sigue hasta hoy cubierta por la sombra de la Ley de Secretos Oficiales, y con la espina clavada de que Andalucía aún no lo reconoce oficialmente como víctima, algo que sí han logrado de los parlamentos de Catalunya (como víctima del “terrorismo de Estado”) y Navarra (como víctima de la “violencia política”).

Este martes, algo de eso empezó a cambiar. Es la tercera vez que entran al Congreso, pero en esta ocasión las puertas se les abrieron de par en par. La agenda del día estaba cargada: diputados, café y visita al hemiciclo con la presidenta del Congreso Francina Armengol, cámaras de televisión, decenas de periodistas. Por la tarde, a la televisión y después, a una cita con la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero.

Les queda una tarea dura por delante. Revisar la documentación en torno a la que ha girado su vida durante tanto tiempo. “¿Expectativas? Todas. Si no, ¿para qué estamos luchando tanto?”, se pregunta Puri: “Mis padres se fueron muy jóvenes y no pudieron terminar la lucha, pero nosotros la hemos seguido. Hasta que no se sepa la verdad no vamos a parar”.

La familia de Manuel José García Caparrós (sus hermanas Dolores, Francisca y Purificación) han podido acceder a la información sobre quién disparó la bala que acabó con la vida de su hermano, el joven sindicalista de CCOO asesinado en Málaga el 4 de diciembre de 1977, durante la gran manifestación de andaluces por la autonomía plena. “Parecía que esto no iba a llegar nunca. Nos ha dicho que nos preparemos que vamos a ver cosas muy emotivas”, han señalado este martes por la mañana tras salir con un 'pendrive' entregado en el Congreso.

Han hecho falta casi 48 años y decenas de reclamaciones, compromisos, gestos e iniciativas para que el Congreso autorizara el 11 de noviembre el acceso a las actas de la Comisión de Encuesta que investigó el suceso en 1978, sin tachar nombres ni anonimizarlos.

El informe de la Dirección de Archivos que autoriza su visita les advierte de que no podrán “difundir” ni “revelar” ni “reproducir” el contenido, porque siguen siendo documentos “secretos” y su “estatus jurídico” no ha cambiado. Las hermanas del joven malagueño se exponen a multas y penas de cárcel si lo hacen.

Dolores, Francisca y Purificación han anunciado que recibirán asesoramiento legal para ver qué pueden contar y qué no: “Nos gustaría escuchar la verdad. Quién fue su asesino, quién preparó a la policía para salir a la calle. Vamos a buscar un buen abogado. Son muchos documentos, no hemos podido ver nada”.

El mes pasado, los cuatro miembros del PP en la Mesa se habían opuesto a la reforma del reglamento de Archivos de la Cámara, necesaria para abrir las actas de García Caparrós a la familia. Esa reforma salió adelante gracias a la mayoría de PSOE y Sumar, pero el rechazo de los populares puso en un compromiso al PP andaluz y al Gobierno de Juan Manuel Moreno, que se había comprometido personalmente con las hermanas a desatascar una reivindicación que duraba más de cuarenta años.

Moreno justificó el voto contrario de sus compañeros en Madrid alegando que “no sabían” que la votación sobre la reforma del reglamento de Archivos del Congreso afectaba directamente a la familia de García Caparrós, aunque las actas internas de aquella reunión, reveladas por El Diario, demostraron más tarde que los diputados del PP sabían que ambas iniciativas venían de la mano, a través de una iniciativa conjunta del grupo Sumar.

La Mesa del Congreso ha aprobado este martes, por unanimidad, permitir a las hermanas García Caparrós el acceso al expediente desclasificado de su hermano Manuel José, el joven sindicalista asesinado en Málaga el 4 de diciembre de 1977, durante la gran manifestación de andaluces por la autonomía plena.

Dolores, Francisca y Purificación García Caparrós cursaron una solicitud al Congreso para entrar en sus archivos y consultar personalmente el expediente del asesinato de su hermano “sin anonimizar”, es decir, sin los nombres de los implicados tachados. Cumplirán así un anhelo con casi 50 años de reivindicación, aunque el mismo informe de la Dirección de Archivos que autoriza su visita les advierte de que no podrán “difundir” ni “revelar” ni “reproducir” el contenido, porque siguen siendo documentos “secretos” y su “estatus jurídico” no ha cambiado. Las hermanas del joven malagueño se exponen a multas y penas de cárcel si lo hacen.

El pasado 31 de octubre, la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo del Congreso emitió un informe favorable a la petición de acceso de las García Caparrós, que fue elevado a la Mesa para su consideración. Este martes todos los partidos han votado a favor.

El director del Archivo, Miguel Ángel Gozalo, ha escrito un email a las hermanas del malagueño, “por cortesía”, para trasladarles el acuerdo de la Mesa y preguntarles qué día acudirán a consultar las actas (ellas han anunciado ya que irán el próximo 18 de noviembre). “Dada la singularidad” de este caso, Gozalo se ha ofrecido a recibirlas personalmente.

La decisión del órgano rector del Congreso ha sido unánime, aunque para ello los diputados del PP han tenido que rectificar su posición inicial, que soliviantó muchísimo a los suyos en Andalucía.

El mes pasado, los cuatro miembros del PP en la Mesa se habían opuesto a la reforma del reglamento de Archivos de la Cámara, necesaria para abrir las actas de García Caparrós a la familia. Esa reforma salió adelante gracias a la mayoría de PSOE y Sumar, pero el rechazo de los populares puso en un compromiso al PP andaluz y al Gobierno de Juan Manuel Moreno, que se había comprometido personalmente con las hermanas a desatascar una reivindicación que duraba más de cuarenta años.

Moreno justificó el voto contrario de sus compañeros en Madrid alegando que “no sabían” que la votación sobre la reforma del reglamento de Archivos del Congreso afectaba directamente a la familia de García Caparrós, aunque las actas internas de aquella reunión, reveladas por El Diario, demostraron más tarde que los diputados del PP sabían que ambas iniciativas venían de la mano, a través de una iniciativa conjunta del grupo Sumar.

La popular Carmen Navarro, Secretaria Cuarta de la Mesa, denunció antes de que se votase la citada reforma que “la finalidad” de aquella norma no es modernizar el acceso a los archivos de la Cámara en el marco del Plan Parlamento Abierto, a diferencia de lo que trata de defender el Secretario General [el letrado mayor], sino modificar el acceso para favorecer los intereses de un grupo parlamentario que solicitó el acceso a toda la documentación en relación con la Comisión de Encuesta celebrada en 1977 relacionada con el asesinato de García Caparrós“.

En el entorno del presidente andaluz, aquel tropiezo sentó fatal. “Menuda cagada”, admitieron fuentes de la dirección del PP-A, conscientes de que se arañaba el discurso andalucista de Moreno, su compromiso personal con las hermanas García Caparrós, y el propio voto de su partido en el Parlamento autonómico, donde dos años antes se aprobó con la mayoría absoluta popular una iniciativa del partido de Teresa Rodríguez -Adelante Andalucía- para instar al Congreso a dar apertura a las actas completas.

El dirigente popular, además, convirtió el 4 de diciembre -día de las manifestaciones autonomistas en la que murió García Caparrós- en una efeméride oficial del calendario andaluz, en el que desde hace tres años se conmemora el Día de la Bandera.

Actas secretas abiertas, pero que no se puede revelar su contenido

La Comisión especial de Encuesta sobre la muerte del joven sindicalista en Málaga el 4 de diciembre de 1977 se constituyó el 13 de enero de 1978, al amparo del Reglamento provisional del Congreso de los Diputados vigente en aquella legislatura. Las reuniones y deliberaciones eran secretas, confidenciales, tenían carácter reservado -tanto las actas como los informes, testimonios, grabaciones, material gráfico o de otra naturaleza que se usaron- y se hicieron a puerta cerrada. Los trabajos concluyeron el 9 de noviembre del 78, hace ahora 47 años.

Desde entonces esa documentación secreta ha estado custodiada por el Congreso, aunque en ocasiones se han autorizado consultas restringidas, pero siempre bajo estrictas condiciones y con datos y nombres personales anonimizados.

Algunos investigadores y diputados han tenido acceso parcial a esas actas: la investigadora Rosa Burgos, en 2007, que luego escribiría un libro sobre el asesinato de García Caparrós revelando datos que hasta entonces se desconocían [como las iniciales del policía que le disparó]; Jaime Relanzón Ramón, comandante de la Guardia Civil, que solicitó acceso a las actas secretas en el contexto de un expediente administrativo de responsabilidad patrimonial; la diputada malagueña de IU Eva García Sempere (en 2017); el exvicepresidente de la Junta de Andalucía y exconsejero de Presidencia, el socialista Manuel Jiménez Barrios; el parlamentario andaluz del PP Juan Ramón Ferreira; y ya en 2024, varios diputados de Sumar.

El Congreso, con los votos de PSOE y Sumar y el rechazo frontal del PP, aprobó recientemente una modificación de las normas de acceso a los archivos, que dejaba sin efecto un precepto de la Ley de Patrimonio Histórico Español, sobre el que prima la nueva Ley de Memoria Democrática, de 2022.

La actualización del sistema de acceso al Archivo del Congreso, restringido hasta ahora a historiadores por una Instrucción de 1984, autoriza la consulta a sociólogos, periodistas y cualquier “interesado”, incluido los “herederos” de protagonistas de esa documentación bajo custodia. Por esa rendija legal se ha colado la familia García Caparrós, acompañada en esta reivindicación desde hace más de cuarenta años por Izquierda Unida.

Las hermanas podrán consultar el expediente completo, pero con dos salvedades: no tendrán acceso a las “actas taquigráficas secretas” -“es insuficiente la legitimación de las solicitantes porque no son miembros del Congreso”, reza el informe del Departamento de Archivos de la Cámara Baja. Y, sobre todo, no podrán difundir ni revelar el contenido secreto al que tengan acceso, so pena de recibir una multa económica o de cárcel.

Entre los documentos custodiados sobre el asesinato de García Caparrós se encuentra el único ejemplar del acta taquigráfica de la sesión secreta del Pleno del Congreso de 9 de noviembre de 1978, en la cual se discutió y aprobó el dictamen final de la Comisión de Encuesta. “Esta acta se halla depositada en protocolo especial bajo la autoridad de la Presidencia”, dice el documento.

Entre los fondos depositados en el Archivo figuraban 36 cintas magnetofónicas que solo se encontraban transcritas parcialmente en la documentación original de la Comisión y que recientemente -el pasado 29 y 30 de octubre- “estas cintas fueron digitalizadas por los servicios de la Cámara”.

El informe también advierte a las hermanas García Caparrós de que el contenido al que van a tener acceso mantiene su condición “secreto” y “reservado”. En consecuencia, no pueden revelarlo cuando salgan de hacer la consulta. “Los documentos solicitados no dejan de tener carácter secreto aunque se autorice su acceso. Dicha autorización (...) no altera su estatus jurídico ni supone su publicidad general. En consecuencia, parece obligado advertir a las solicitantes que deberán respetar estrictamente su carácter reservado, no pudiendo difundirla ni reproducirla públicamente total ni parcialmente. Su divulgación podría conllevar las correspondientes responsabilidades”, reza el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Desde el Congreso aseguran que se trataría de responsabilidades “de tipo penal”. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico explican que, en este contexto específico, lo que podría verse comprometido es el artículo 11 de la Ley de Secretos Oficiales, que regula la obligación de las personas autorizadas a manejar “información clasificada” de cumplir con las medidas de protección establecidas, tanto de manera reglamentaria como las particulares que se definan.

Estas medidas, basadas en el principio de “necesidad de conocer”, limitan el acceso a la información únicamente a aquellos cuyo trabajo lo requiere o, en este caso, por razones personales de los herederos. Las penas de tipo básico por revelación de secretos van de uno a cuatro años de cárcel y multa de 12 a 24 meses; y las penas para la revelación agravada -si además de difundir datos encubiertos, estos se ceden a terceros- irían de dos a cinco años de cárcel.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a las hermanas de Manuel José García Caparrós en la que les invita a gestionar con el Ministerio del Interior la petición de que el joven malagueño, asesinado de un disparo durante una marcha por la autonomía andaluza el 4 de diciembre de 1977, sea reconocido como víctima del terrorismo y les agradece el “compromiso” con la memoria democrática. La carta, a la que este medio ha tenido acceso, está firmada “en nombre del presidente” por el director de gabinete de la Presidencia del Gobierno y fue remitida el pasado 22 de octubre. Ellas la recibieron la semana pasada.

El reconocimiento como víctima del terrorismo es una reclamación que las hermanas reiteraron el pasado junio, en una rueda de prensa en la que también exigieron al Gobierno que cumpliera con su compromiso para desclasificar de forma completa y sin anonimizar los documentos de la investigación en el Congreso de los sucesos que acabaron con la vida de Manuel José. Algo a lo que la Mesa dará luz verde este martes, si todo discurre como está previsto.

Manuel José García Caparrós, malagueño de 19 años, murió de un impacto de bala en las cargas policiales tras la manifestación por la autonomía andaluza que se celebraron en todas las capitales andaluzas el 4 de diciembre de 1977. Después de que grupos de ultraderecha reventaran la protesta, hubo disparos al aire y a las personas, y del arma de un agente de la policía armada salió la bala que mató a Manuel José, que se ha convertido con el paso de los años en el principal símbolo de la autonomía andaluza. Es Hijo Predilecto, hay calles en su nombre y su memoria ha sido recuperada mediante películas, libros y artículos de prensa. Antonio Banderas le rindió un emotivo homenaje al dedicarle su reconocimiento como Hijo Predilecto.

Las hermanas defienden que la declaración de Manuel José como víctima del terrorismo supondría, casi cincuenta años después, su reparación íntegra. Abriría también la puerta a eventuales reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Presidencia no les cierra la puerta y las deriva a la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, al que da traslado para que estudie su petición “conforme a la normativa vigente”. Según han explicado en alguna ocasión, a las hermanas no les satisface el término “víctimas del posfranquismo”, que pretende el Gobierno, porque ni siquiera saben bien qué significa ni qué implicaría.

Desclasificación en marcha

Por otro lado, la carta de Presidencia subraya la desclasificación completa de “los documentos completos, sin anonimizar” está sólo pendiente de la autorización final para que Dolores, Francisca y Purificación puedan presentarse en el Congreso.

La vicepresidenta María Jesús Montero se comprometió en febrero, durante un acto de homenaje a García Caparrós, a facilitar el acceso íntegro a los documentos secretos de la investigación de su muerte en el Congreso. Sin embargo, la falta de pasos efectivos en los meses siguientes soliviantó a las hermanas, que en junio cargaron con dureza contra el Gobierno, a cuyo Presidente remitieron una carta, pidiéndole celeridad en el acceso, el reconocimiento como víctima y una reunión. “En esta lucha está toda nuestra vida”, advertían.

Ahora, el director de gabinete de Presidencia subraya que la desclasificación ya está en marcha gracias a la reforma de las normas de acceso a la documentación del Congreso, impulsada en septiembre, que va a permitir, dice, “que la familia pueda conocer por fin lo que ocurrió aquel 4 de diciembre de 1977”.

Sánchez no acepta la propuesta de reunión, pero la carta insiste en la disposición del Gobierno a colaborar “en todo lo que esté en nuestra mano” para “avanzar en la verdad, la justicia y la reparación”. En ocasiones anteriores las hermanas no habían recibido respuesta. Las hermanas la “agradecen”, aunque subrayan que la petición era mantener un “encuentro formal” como “familiares de víctimas de la transición”.

Las hermanas quieren conocer quién fue el agente de la policía armada de cuya pistola salió la bala que mató a su hermano durante las manifestaciones por la autonomía andaluza. Ese nombre jamás se ha sabido con certeza, porque quienes en estos años han accedido al expediente se lo han encontrado anonimizado. La investigadora y secretaria judicial Rosa Burgos accedió al expediente y en 2017 publicó Las muertes de García Caparrós (Ediciones El Observador), donde se concluye que el autor del disparo responde a las iniciales M.P.R.

La carta de Presidencia a las hermanas incluye en dos errores sorprendentes. Uno, con el nombre del asesinado, a quien llama “Manuel Caparrós”, y no Manuel José García Caparrós. Hace unos años, también el Ayuntamiento de Málaga se equivocó y colocó en el punto declarado Lugar de Memoria Democrática una placa en recuerdo a “José Manuel García Caparrós”. El otro error de la misiva es anunciar la desclasificación de los documentos de la Comisión de Encuesta de “1987”, cuando los documentos datan de 1978.

Votación en la Mesa del Congreso, este martes

Las hermanas han recibido la carta en vísperas de que llegue el momento que llevan años deseando. Si todo va como está previsto, accederán al fin a los documentos en los que esperan encontrar el nombre completo de la persona que apretó el gatillo de la pistola que mató a su hermano. Según fuentes próximas a la familia, Dolores, Francisca y Purificación acudirán la próxima semana al Congreso de los Diputados, en cuyos archivos están los papeles hasta ahora anonimizados de la Comisión parlamentaria que investigó este suceso hace casi medio siglo.

Antes de que eso ocurra, la Mesa del Congreso debe ratificar este martes que, de acuerdo con la nueva norma de acceso a la documentación de sus archivos, las hermanas pueden ver los documentos. Fuentes de la Mesa confirman que el Departamento de Archivos y Documentación ha emitido un informe y ya ha preparado la documentación.

El visto bueno parece garantizado gracias a los votos favorables de los diputados del PSOE y de Sumar, que ya dieron su conformidad a la modificación de las normas de acceso a documento el pasado 23 de septiembre. En cambio, para el PP se trata de una votación endiablada: sus miembros en la Mesa deben optar por autoenmendar su negativa de entonces y votar a favor, o mantener el voto en contra, evidenciando una ruptura con el discurso en Andalucía de Juan Manuel Moreno, quien en 2022 prometió a las hermanas que apoyaría su lucha por acceder a esos documentos.

En septiembre, el voto en contra de los diputados nacionales del PP obligó a improvisar una respuesta al PP de Andalucía, donde la muerte de García Caparrós ha adquirido con el paso de los años un estatus simbólico que todas las fuerzas políticas, salvo Vox, pelean por capitalizar. También el PP, que por boca de sus portavoces andaluces alegó primero que los diputados nacionales “no sabían lo que votaban” y se equivocaron (“una cagada”), y después ha restado valor a que las hermanas puedan ver los documentos ahora. “La familia va a acceder sí o sí cuando se cumplan 50 años, no es algo insalvable ni que se vaya a prolongar en el tiempo”, dijo el portavoz Toni Martín.

En realidad, la motivación del PP para votar “no” al acceso a los documentos era evitar “favorecer los intereses de Sumar”, tal y como recogen las actas de aquella votación desveladas por elDiario.es. Pese a su teórico apoyo a la lucha de las hermanas por acceder a la documentación (que el propio PP andaluz pudo consultar en 2017), en el PP siguen considerando que esta es una batalla que alimenta a la izquierda. Durante años, IU (ahora en Sumar) ha acompañado a las hermanas en sus reclamaciones y últimamente ha sostenido la reclamación de modificar la normativa si era necesario, llegando incluso a advertir a su socio de Gobierno de un posible recurso ante el Tribunal Constitucional si no se daban pasos efectivos hacia la desclasificación.

Un parlamentario andaluz del Partido Popular pidió (y consiguió) acceder a los mismos documentos del Congreso relativos al asesinato del joven Manuel José García Caparrós que, por lo votado en la Mesa del Congreso, el PP nacional se niega a aportar a los familiares del joven que murió de un disparo de bala tras una manifestación por la autonomía andaluza. Esta posición del PP a nivel nacional contradice el compromiso de apoyo que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha trasladado en varias ocasiones a la familia.

Estos días, las tres hermanas apuran los tiempos antes de acceder a esos documentos, que han exigido a través de todo tipo de iniciativas desde hace más de una década. La Mesa del Congreso deberá votar próximamente sobre la solicitud que ellas registraron en cuanto les fue posible, una vez que el BOE publicó el nuevo reglamento de acceso a los archivos del Congreso, aprobado con los votos favorables en la Mesa de PSOE y Sumar, y en contra del PP. La nueva votación obligará al PP a retratarse.

Hace ahora un mes, el voto en contra en la Mesa provocó un cortocircuito en Andalucía, donde Moreno lleva años puliendo con mimo su discurso andalucista, con gestos que incluyen la promesa a las hermanas García Caparrós de que defendería su causa. Para explicar esta disonancia, el PP en Andalucía alegó inicialmente que el voto en contra a que sus compañeros de la Mesa “no sabían” lo que estaban votando, pero este medio ha podido acreditar lo contrario. El contenido de las actas de la Mesa el día de la votación, reveladas por elDiario.es, demuestra que los diputados del PP sabían que aquella reforma legal afectaba directamente a la familia García Caparrós.

La explicación más reciente, ofrecida por el portavoz del Grupo popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, es que la Mesa no votaba una iniciativa sobre la apertura del expediente de García Caparrós, sino contra “una norma general” y que, en todo caso, “la familia va a acceder sí o sí cuando se cumplan 50 años, no es algo insalvable ni que se vaya a prolongar en el tiempo”.

La contradicción puede rastrearse hasta los tiempos en que el PP de Moreno era oposición al Gobierno de Susana Díaz. Juan Ramón Ferreira Siles, por entonces parlamentario andaluz por Granada y miembro de la Comisión de Memoria, fue autorizado el 12 de diciembre de 2017 por la Mesa del Congreso de los Diputados a consultar los documentos anonimizados. Lo hizo en nombre del Grupo Popular en el Parlamento andaluz.

Ferreira es una de las pocas personas que, hasta ahora, ha podido ver las actas completas de la Comisión de Encuesta que investigó en el Congreso, a finales de 1977, los sucesos de Málaga y La Laguna (Tenerife). Todas ellas vienen relacionadas en un escrito emitido por la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo en enero de 2025, que informaba negativamente a la solicitud de Sumar para que la Mesa del Congreso desclasifique y permita el acceso a toda la documentación en su poder “relativa al asesinato de Manuel José García Caparrós”, por considerar que la legislación confería a esa documentación carácter secreto.

Este medio ha contactado reiteradamente con el exdiputado Juan Ramón Ferreira, que no ha respondido a las preguntas de elDiario.es.

“Unos días más no es nada”

El nuevo sistema facilitará la consulta de documentos sobre víctimas de la guerra, la dictadura, la resistencia guerrillera al franquismo, los españoles en campos de concentración o durante la Transición, siempre que lo pidan los interesados o sus familiares. Y ahí se incluyen las actas, completas y sin anonimizar, de la comisión del Congreso que en 1978 investigó el asesinato de García Caparrós.

Las hermanas de García Caparrós han solicitado acceso a la documentación, y serán llamadas próximamente, según les han explicado, aunque este martes aún no les habían dado fecha. “Hemos esperado tanto, que unos días más no es nada”, suspira Dolores, una de las hermanas. Su máxima aspiración es conocer el nombre completo, sin tachones ni iniciales, del policía que disparó la bala. Aunque habrá qué comprobar si eso efectivamente está: “A ver qué hay ahí. Se supone que sí, pero es muy extenso, tendremos que estudiarla letra por letra, ver lo que se hizo, lo que se dijo, los testigos, qué policías fueron llamados para testificar...”.  

La posición contraria a la nueva norma de acceso del Grupo Parlamentario Popular nacional, expresada en la votación de la Mesa, ha hecho un roto en el discurso de Juan Manuel Moreno. Ellas no se creen que los diputados populares de la Mesa no supieran qué se votaba. “Es absurdo, no me lo creo; que un partido de tanta importancia no sepa qué va a votar... Pues para eso que no vayan. Tendrán que informarse de qué votan”, protesta Dolores García Caparrós, quien recuerda que el Presidente prometió a las hermanas que pondría a su disposición la capacidad de la Junta para acceder a los documentos: “Nos dijo que ellos mismos lo iban a reclamar, para que nos enteráramos los andaluces. Que ahora rechacen que salga a la luz, siendo Manuel José Hijo Predilecto de Andalucía, no tiene sentido ninguno”.

Accesos a los documentos anonimizados

Los documentos relativos a la Comisión parlamentaria que investigó los sucesos de Málaga y La Laguna en diciembre de 1977 han sido consultados en diversas ocasiones por diputados y ciudadanos particulares, aunque siempre anonimizados.

La primera persona ajena al Congreso que consiguió ver esos documentos fue la secretaria judicial Rosa Burgos, autora de varios libros de investigación que ahondan en las circunstancias de la muerte de García Caparrós. Fue en 2007, lo hizo “autorizada por la Cámara” y el informe no menciona que a ella se le exigiera nada ni que se anonimizaran los documentos.

En 2012, Jaime Relanzón, comandante de la Guardia Civil, pudo consultar los documentos sin anonimizar, “de forma excepcional”. Relanzón era instructor de un expediente de responsabilidad patrimonial abierto a instancias de María Dolores Quesada, madre de Javier Fernández Quesada, asesinado por un disparo de un agente de la Guardia Civil a las puertas del paraninfo de la Universidad de La Laguna el 12 de diciembre de 1977. Tenía 22 años y se estaba manifestando por la represión policial contra las huelgas. Nunca se ha sabido el autor del disparo. Estos sucesos se investigaron en el Congreso por la misma Comisión que abordó el asesinato de García Caparrós.

En marzo de 2017 lo intentó por primera vez la diputada de IU Eva García Sempere, pero su solicitud fue denegada por la Mesa. Sin embargo, la misma Mesa reconsideró su decisión a petición del Grupo Unidas Podemos, y García Sempere pudo consultar la documentación aquel otoño, con los nombres tachados.

Por entonces, la cuestión de acceder a los documentos se había trascendido el interés de la familia para convertirse en una cuestión política relevante, gracias al capital simbólico del joven García Caparrós. Durante el verano y el otoño de 2017 fue el Gobierno de Susana Díaz el que lo intentó, hasta conseguir la autorización en diciembre. El 19 de diciembre se plantaron en el Congreso Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente del Gobierno andaluz y un Letrado del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Pero nuevamente, los documentos se anonimizaron.

Justo por aquel entonces, el 12 de diciembre, el Grupo Parlamentario Popular realiza también la petición, y Juan Ramón Ferreira obtiene autorización para la consulta.

Desde entonces, Rosa Burgos ha podido consultar (no copiar) la transcripción de las grabaciones previa disociación de datos (en noviembre de 2018) y los documentos anonimizados (en abril de 2021).

Las hermanas de Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista asesinado en Málaga el 4 de diciembre de 1977, durante la gran manifestación de andaluces por una autonomía plena, registraron el pasado 2 de octubre en el Congreso la solicitud formal para consultar el expediente desclasificado del malagueño, en virtud de la reciente reforma legal de acceso al archivo de la Cámara.

La consulta presencial de documentos custodiados en el Congreso debe aprobarla la Mesa, de modo que la solicitud de Dolores, Francisca y Purificación García Caparrós va a obligar a los diputados del PP a retratarse sobre un asunto aparentemente inocuo en Madrid, pero terriblemente eléctrico en Andalucía. La dirección del Archivo de la Cámara Baja está elaborando ahora el informe de evaluación de dicha solicitud -que previsiblemente será favorable- para posteriormente elevar el documento a la Mesa, donde los populares ya lo han rechazado dos veces.

El pasado 23 de septiembre, los cuatro miembros del PP en la Mesa del Congreso votaron en contra de una medida que el PP andaluz -y personalmente el presidente Juan Manuel Moreno- habían defendido tres años antes en el Parlamento autonómico. Esa contradicción puso en un brete a Moreno, que trató de justificar a sus compañeros alegando que “no sabían” que se votaba nada relacionado con García Caparrós, sino una modificación “genérica” del reglamento de acceso al archivo de la Cámara.

En realidad, el debate en la Mesa sobre la desclasificación del expediente del asesinato de García Caparrós había derivado en esa propuesta de reforma legal para actualizar el acceso al Archivo del Congreso, sobre la que el PP ya se había manifestado en contra en sesiones anteriores.

El contenido de las actas de la Mesa el día de la votación, reveladas por elDiario.es, desmienten al presidente andaluz y demuestran que los diputados del PP sabían que aquella reforma legal afectaba directamente a la familia García Caparrós. La Secretaria Cuarta de la Mesa, la popular Carmen Navarro, denunció a puerta cerrada que “la finalidad de la norma” que se votaba “no es modernizar el acceso a los archivos de la Cámara en el marco del Plan Parlamento Abierto, a diferencia de lo que trata de defender el Secretario General, sino modificar el acceso para favorecer los intereses de un grupo parlamentario que solicitó el acceso a toda la documentación en relación con la Comisión de Encuesta celebrada en 1977 relacionada con el asesinato de García Caparrós”.

El grupo parlamentario al que se refería Navarro es Sumar, socio de Gobierno de Pedro Sánchez. Siete meses antes, el 4 de febrero, el partido de Yolanda Díaz había llevado a la Mesa del Congreso la primera propuesta para desclasificar el expediente de García Caparrós “sin anonimizar” -esto es, sin tachar los nombres de los implicados-, pero esa vez la iniciativa fue tumbada con los votos de PSOE y PP porque carecía de cobertura legal, según el informe de los servicios jurídicos de la Cámara.

Ahora el Congreso debe gestionar la petición formal de las hermanas García Caparrós según el nuevo reglamento, publicado en el Boletín del Congreso la semana pasada. Su visita y personación en el archivo de la Cámara Baja “deberá efectuarse en los días y horas establecidos al efecto de forma que no perturben el normal desarrollo de la actividad parlamentaria”.

La documentación sobre el joven malagueño asesinado podrá consultarse “exclusivamente” en la sala de lectura o espacios habilitados al efecto dentro de las dependencias del Archivo, y el Congreso “no permitirá la salida o el préstamo de las actas originales fuera de dichas instalaciones”.

“Pase lo que pase, la familia tendrá acceso cuando se cumplan 50 años”

Cuando la Mesa tenga que valorar la solicitud de la familia García Caparrós, los diputados del PP tendrán que decidir si vuelven a votar en contra (dado que lo hacen en virtud de una reforma legal que ya han rechazado) o si se abstienen o votan a favor de la medida. El sentido de esta tercera votación -el PP ya ha rechazado tres solicitudes para abrir a la familia el expediente secreto de su hermano- va a dirimir también la influencia y el peso político de Moreno en el grupo parlamentario popular del Congreso, que dirige Alberto Núñez Feijóo.

El portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha reiterado este miércoles que sus compañeros en Madrid no votaron contra una iniciativa sobre la apertura del expediente de García Caparrós, sino contra “una norma general”. Preguntado por cuál será el voto del PP en la Mesa del Congreso cuando llegue la solicitud de acceso a los archivos de las hermanas del joven malagueño asesinado, Martín ha sugerido que su grupo no cambiará el sentido de su voto y volverá a rechazarlo, esta vez, de manera explícita: “Pase lo que pase, la familia va a acceder sí o sí cuando se cumplan 50 años, no es algo insalvable ni que se vaya a prolongar en el tiempo”.

La ley establece que los archivos secretos que custodia la Cámara Baja se desclasifican y son de acceso libre cuando se cumplen 50 años desde su registro, algo que en el caso del expediente del asesinato de García Caparrós se cumplirá en menos de dos años. Sin embargo, no es esto lo que votó el Parlamento andaluz ni lo que defendió entonces el PP regional y el propio Moreno.

La decisión que adopten los cuatro miembros del PP de la Mesa, en un par de semanas, volverá a tener una lectura política de amplio espectro en Andalucía. Moreno fue el primer dirigente popular que hizo suya la reivindicación de las manifestaciones de andaluces, el 4 de diciembre del 77, por una autonomía plena, al mismo nivel que la plasmada en el Estatuto vasco, catalán y gallego. Hasta el punto de convertir el 4D en una efeméride oficial -desde hace tres años se celebra el “Día de la Bandera de Andalucía”- y esgrimir públicamente un marcado perfil de “andalucismo moderno”.

Ese capital político del presidente nace precisamente del voto favorable del PP en el Parlamento a una propuesta del partido de Teresa Rodríguez -Adelante Andalucía- que instó al Congreso a facilitar el acceso a la familia García Caparrós al expediente de su hermano asesinado, hace tres años. Ese compromiso es el que sale magullado del rechazo de los populares en la Cámara Baja.

Frente a la resolución de denegación del acceso o de concesión de un acceso parcial a la solicitud de las hermanas García Caparrós, podrá interponerse recurso ante la Mesa del Congreso de los Diputados, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución. La Mesa, previo informe de la Dirección de Documentación Biblioteca y Archivo y de la Asesoría Jurídica, deberá resolver el recurso en el plazo de tres meses, transcurrido el cual, el recurso se entenderá desestimado.

El pasado 23 de septiembre, los cuatro diputados del PP miembros de la Mesa del Congreso votaron en contra de una reforma legal que permitía consultar, por primera vez en 48 años, el expediente desclasificado de Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista asesinado en Málaga el 4 de diciembre de 1977, durante la gran manifestación de andaluces por la autonomía plena.

La reforma salió adelante gracias a la mayoría progresista en la Mesa -PSOE y Sumar-, pero el rechazo de los populares desató una crisis imprevista en Andalucía, donde el mismo partido y todo el Gobierno andaluz había votado a favor de aquella medida tres años antes. “Menuda cagada”, admitieron fuentes de la dirección del PP-A.

García Caparrós es visto hoy como una suerte de mártir temprano del proceso autonomista andaluz, Hijo Predilecto de Andalucía a título póstumo. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, fue el primer dirigente popular en hacer bandera de la causa andalucista y trasladó su compromiso “personal” a las hermanas del joven malagueño, durante una reunión privada en el Palacio de San Telmo. De ahí lo difícil de explicar el portazo del PP en el Congreso.

Moreno trató de surfear las contradicciones asegurando, en el Parlamento andaluz, que sus compañeros de Madrid “no sabían” que aquel día se estaba votando sobre el acceso al expediente desclasificado de García Caparrós, sino una reforma “genérica” para la consulta de los archivos históricos custodiados por la Cámara Baja. “En ningún momento se menciona el nombre de García Caparrós”, justificó el presidente andaluz, ante las críticas acaloradas de toda la izquierda.

Sin embargo, las actas reservadas de la Mesa del Congreso en la reunión del 23 de septiembre, día de la votación, sí mencionan expresamente el expediente de García Caparrós. De hecho, es una de las diputadas del PP -Carmen Navarro, Secretaria Cuarta de la Mesa- la que hace una mención explícita al caso del joven malagueño asesinado, cuando está argumentando el voto contrario a la reforma de su grupo.

Fuentes del Congreso conocedoras del contenido de las actas confirman que, en el debate a puerta cerrada, la diputada del PP denunció que “la finalidad de la norma” que se votaba “no es modernizar el acceso a los archivos de la Cámara en el marco del Plan Parlamento Abierto, a diferencia de lo que trata de defender el Secretario General [el letrado mayor], sino modificar el acceso para favorecer los intereses de un grupo parlamentario que solicitó el acceso a toda la documentación en relación con la Comisión de Encuesta celebrada en 1977 relacionada con el asesinato de García Caparrós”.

El grupo parlamentario al que se refiere Navarro es Sumar, socio de Gobierno de Pedro Sánchez. Siete meses antes, el 4 de febrero, el partido de Yolanda Díaz había llevado a la Mesa del Congreso la primera propuesta para desclasificar el expediente de García Caparrós “sin anonimizar” -esto es, sin tachar los nombres de los implicados-, pero aquella vez la iniciativa fue tumbada con los votos de PSOE y PP porque carecía de cobertura legal, según el informe de los servicios jurídicos de la Cámara.

Ley de Memoria contra Ley de Patrimonio Histórico

Esos reparos legales son los que viene a solucionar la norma aprobada el mes pasado, una actualización del sistema de acceso al Archivo del Congreso, restringido hasta ahora a historiadores por una Instrucción de 1984, que autoriza la consulta a sociólogos, periodistas y cualquier “interesado”, incluido los “herederos” de protagonistas de esa documentación bajo custodia. Esa reforma desbloqueó una reivindicación de 48 años

La modificación se ampara en la Ley de Memoria Democrática (2022), e incluye un pequeño párrafo que permite a la familia García Caparrós satisfacer una reivindicación histórica de más de cuatro décadas (defendida y peleada desde el principio por Izquierda Unida).

El contenido de las actas de la Mesa desmienten al presidente Moreno y a su propio Gobierno. La portavoz de la Junta, Carolina España, también dijo que los diputados del PP “no sabían que estaban hablando de esta desclasificación que afectaba a García Caparrós”, y justificó su rechazo al procedimiento de acceso al Archivo del Congreso en que “se saltaba la Ley de Memoria Histórica”.

En realidad, los diputados del PP no salen en defensa de la Ley de Memoria Histórica (2007) -habría sido raro, dado que el PP recurrió esa ley ante el Tribunal Constitucional- sino de la Ley de Patrimonio Histórico Español, de 1985. Lo que ocurrió en la Mesa del Congreso aquel día fue justo lo contrario:

La reforma que permitirá a cualquier ciudadano consultar los documentos del Congreso hasta 1978, si acredita un interés legítimo, emana del Plan de Parlamento Abierto, una iniciativa que la Cámara Baja aprobó el pasado mes de marzo (también con el voto en contra del PP), y cuyo objetivo era dar más transparencia a la institución y abrirse a la participación ciudadana. 

El contenido de las actas de aquel día recuperan este debate, con los miembros de PSOE y Sumar a favor, y el PP en clara oposición. El letrado mayor de la Cámara advierte de que la propuesta supone “un cambio de paradigma basado en el principio general de acceso”, que “no sólo permitiría estudiar el pasado, sino tembién el presente y el futuro”, facilitando que a partir de ahora el Archivo “juegue un papel mucho más relevante que en el pasado”.

El PP replica que esta reforma supone “ignorar” la Ley de Patrimonio Histórico Español, que establece que los documentos que contengan datos personales no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de 25 años desde su muerte.

Pero el letrado le recuerda que esa ley está, desde 2022, supeditada a la Ley de Memoria Democrática (también rechazada por el PP) que “garantiza a los interesados y a sus herederos el derecho de acceso a los fondos documentales depositados en los archivos públicos y la obtenicón de la copia que solilcten de los documentos que les conciernan”.

Como portavoz de los cuatro diputados populares en la Mesa, Navarro echa en falta que no le hayan proporcionado un “informe jurídico” sobre esta cuestión y, finalmente, termina justificando el voto en contra de su grupo denunciando que la reforma legal sólo busca “favorecer los intereses” de Sumar, que previamente había solicitado “el acceso a toda la documentación relacionada con el asesinato de García Caparrós”.

El cisma PP nacional vs PP andaluz

El cisma entre el PP nacional y y el PP andaluz es palmario. Los de Moreno defendieron justo lo contrario en el Parlamento autonómico, apoyando una iniciativa calgada del partido de Teresa Rodríguez, Adelante Andalucía en noviembre de 2022. Pero, además, venían de ser el primer PP en España que no votaba en contra de una Ley de Memoria Histórica.

La Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática fue aprobada en el Parlamento sin ningún voto en contra, gracias a la abstención del PP. El Gobierno popular de María Guardiola, con los votos de Vox, acaba de derogar esa misma norma en Extremadura.

Los tres partidos de izquierdas en Andalucía -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía- han cargado duramente contra Moreno, acusándole de “falso andalucista”, y de ser “incapaz” de imponer su criterio y el del Parlamento andaluz en la votación del Congreso. En privado, fuentes del PP andaluz reconocen la “metedura de pata”.

La consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno andaluz también enmarcó el voto de rechazo del PP nacional en la “descoordinación” o el “desconocimiento”. “No sé si llamarlo descoordinación o desconocimiento de la medida que se votó en la Mesa del Congreso. Es que no sabían que estaban hablando de esta desclasificación que afectaba a García Caparrós”, dijo.

Ninguno de los cuatro diputados del PP en el órgano rector de la Cámara Baja es andaluz, pero llevan en minoría toda la legislatura y sus compañeros y rivales de partido aseguran que “se leen todos los papeles al dedillo y saben lo que votan”. Se trata de José Antonio Bermúdez De Castro, Vicepresidente Segundo del Congreso; Marta González, Vicepresidenta Cuarta; Guillermo Mariscal, Secretario Tercero; y Carmen Navarro; Secretaria Cuarta.

“Los diputados del PP no votaron por error. Tampoco votaron específicamente en contra del acceso a las actas de la familia García Caparrós, pero sabían lo que implicaba este rechazo, porque llevábamos meses debatiéndolo”, explicó a este periódico Esther Gil de Reboleño, Vicepresidenta Tercera de la Mesa y diputada de Sumar.

El PP de Alberto Núñez Feijóo votó el martes en el Congreso justo lo contrario de lo que el PP de Juan Manuel Moreno votó en noviembre de 2022 en el Parlamento andaluz: la desclasificación de los archivos del asesinato de Manuel García Caparrós, un joven sindicalista asesinado por la Policía mientras participaba en la gran manifestación de andaluces reclamando un autogobierno pleno, el 4 de diciembre de 1977 en Málaga.

Lo que parecía un trámite menor en Madrid ha encendido el debate parlamentario andaluz, ya en vías de la campaña electoral, y ha puesto en un aprieto a los de Moreno. El rechazo del PP nacional no sólo entra en colisión con lo que votó su grupo en Andalucía, también desautoriza personalmente al presidente que, cuatro días después de que el Parlamento avalase las históricas reivindicaciones de los García Caparrós, él mismo invitó a las hermanas del malagueño al Palacio de San Telmo -Dolores, Francisca y Purificación- y les prometió todo el apoyo institucional de la Junta.

El plantón de los de Feijóo, ya fuera consciente o por falta de cálculo político, coloca a Moreno en una posición incómoda a las puertas de unas elecciones andaluzas que, presumiblemente, serán después de las efemérides que conmemoran la conquista del autogobierno. El legado y la vigencia actual del proceso autonomista se ha convertido en una herramienta política y electoral de primer nivel y, en esto, la muerte y el recuerdo de García Caparrós ha jugado un especial simbolismo.

Moreno no sólo dio un paso importante al considerar al joven malagueño “víctima” del franquismo, reconocido así por el Parlamento andaluz con la mayoría absoluta del PP. También revalorizó desde su Gobierno la fecha del 4D -4 de diciembre de 1977- como un capítulo singular del proceso de conquista autonomista, al mismo nivel que el 28 de febrero (28F), día de Andalucía. De hecho, desde hace dos años, cada 4 de diciembre se celebra el Día de la Bandera Andaluza, una efeméride oficializada por el Ejecutivo del PP, y cuestionada por el PSOE, que acusa al dirigente popular de hacer “electoralismo”.

Este es el panorama en el que aterrizó, por sorpresa, el voto contrario del PP a la reforma que permitirá a la familia Caparrós leer el expediente completo del asesinato de su hermano.

La Junta: “No sabían lo que votaban”

Los populares andaluces han sorteado este miércoles, con dificultades, las contradicciones en las que ha tropezado su partido en la Cámara Baja, y la oposición de izquierdas ha aprovechado con toda la potencia posible para echar por tierra “el compromiso de Moreno con Andalucía”. “Moreno no es el García-Page del PP, es absolutamente débil dentro de su partido, es incompetente e incapaz”, ha censurado la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto.

“¿Cómo un presidente de la Junta de Andalucía vota en contra de un Hijo Predilecto de esta tierra?”, se ha preguntado la portavoz del PSOE-A, María Márquez. “Es un insulto a la historia de Andalucía y, lo peor de todo, es que posiblemente los diputados del PP en el Congreso no sabían lo que estaba votando ni quién era Caparrós”, ha abundado el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que ha pedido “una disculpa” a los populares.

La portavoz de la Junta de Andalucía y consejera de Hacienda, Carolina España, ha excusado el rechazo del PP de Feijóo a la desclasificación del expediente del asesinato del joven malagueño, que atribuye a la “descoordinación” con el PP andaluz o al “desconocimiento de la medida” por parte de los cuatro diputados populares con representación en la Mesa del Congreso, José Antonio Bermúdez De Castro, Marta González, Carmen Navarro y Guillermo Mariscal. “Es que no sabían que estaban hablando de esta desclasificación que afectaba a García Caparrós”, ha dicho.

La consejera ha explicado que las instrucciones que se votaron el martes modifican el acceso a los archivos de la Cámara Baja, es una norma genérica y, por tanto, “no hacía referencia en ningún momento a la desclasificación del asesinato de García Caparrós”. “No sé si llamarlo descoordinación o desconocimiento de la medida que se votó en la Mesa del Congreso”, ha insistido, para luego explicar que los cuatro diputados del PP “han votado en contra de un procedimiento, porque se saltaba la Ley de Memoria Histórica”.

La explicación no deja de ser peculiar, dado que el PP nacional votó en contra de la Ley de Memoria Histórica y, una vez aprobada, la recurrió (sin éxito) ante el Tribunal Constitucional. Pero, sobre todo, porque la Mesa del Congreso ya había abordado siete meses antes este asunto -el 4 de febrero-, cuando rechazó, entonces con los votos del PSOE y del PP, una propuesta de Sumar para desclasificar el expediente de García Caparrós “sin anonimizar”.

Aquel rechazo se justificó entonces en un informe de los servicios jurídicos del Congreso que habían advertido de la falta de anclaje legal para autorizar el acceso total a expedientes clasificados “sin anonimizar”: sólo se ha permitido previa solicitud en el marco de un proceso jurisdiccional.

Pero en esa misma reunión, el letrado mayor recordó a los miembros de la Mesa que aquel rechazo era provisional, porque estaba en curso la revisión de las normas de acceso a los archivos de la Cámara Baja y sus expedientes, que es lo que finalmente se aprobó el martes.

La reforma que permitirá a cualquier ciudadano el acceso a documentos del Congreso hasta 1978 si acredita un interés legítimo emana del Plan de Parlamento Abierto, una iniciativa que la Mesa aprobó en marzo (con el voto en contra del PP), para dar más transparencia a la institución y abrirse a la participación ciudadana. “Los diputados del PP no votaron por error. Tampoco votaron específicamente en contra del acceso a las actas de la familia García Caparrós, pero sabían lo que implicaba este rechazo, porque llevábamos meses debatiéndolo”, dice Esther Gil de Reboleño, vicepresidenta tercera de la Mesa.

En todo caso, habrá una segunda oportunidad para confirmar si la explicación que ha dado el Gobierno de Moreno sobre el rechazo de los diputados del PP en el Congreso se debió, efectivamente, al “desconocimiento”. Una vez aprobada las instrucciones, la familia de García Caparrós debe solicitar el acceso al archivo de su hermano y esa solicitud volverá a ser deliberada y votada por los miembros de la Mesa.

Los cuatro diputados populares podrán votar a favor, permitiendo usar la nueva norma de archivos que ellos mismos han rechazado, o podrán votar en contra, negando el acceso a la familia de Caparrós que cuenta con el mandato del Parlamento andaluz y el compromiso del presidente de la Junta.

Sin tachar los nombres de los implicados

Hay un artículo muy específico de las instrucciones sobre los archivos del Congreso que es la que permite a las hermanas de García Caparrós el acceso total a las actas de la Comisión de Encuesta, que en 1978 investigó el asesinato del joven malagueño. La nueva reforma permite consultar el expediente desclasificado y “sin anonimizar” (sin los nombres de los implicados tachados), una reivindicación histórica de la familia, respaldada desde siempre por Izquierda Unida (IU), y que hace año y medio hizo suya el Parlamento andaluz, y en primera persona, el presidente de la Junta.

El 24 de noviembre de 2022, la Cámara andaluza instó al Congreso a facilitar el acceso a las hermanas de García Caparrós al expediente secreto, aprobando una proposición no de ley registrada por el grupo mixto Adelante Andalucía, entonces pilotado por Teresa Rodríguez, y respaldado por todos los grupos con representación, excepto Vox. En el Congreso, el mismo asunto contó con el rechazo del PP y de la ultraderecha, y la medida salió aprobada gracias a la mayoría de la Mesa conformada por los miembros de PSOE y de Sumar.

Preguntado al respecto, el portavoz del PP andaluz en el Parlamento, Toni Martín, se ha hecho el despistado. “No tengo noticia ¿Eso se ha publicado?”, ha dicho, para luego recordar que su grupo “tiene una posición muy clara”, que votó a favor de la iniciativa de Adelante en el Pleno del Parlamento y que, ese día, “nos encantó contar con la familia de García Caparrós” en la tribuna de los invitados.

La reforma normativa de los archivos del Congreso, que ha facilitado finalmente el acceso al expediente del joven asesinado, es la última de las numerosas iniciativas pilotadas por los grupos de izquierdas, principalmente IU, para desbloquear este asunto. Se votaba el martes pero el sentido de la votación se había hecho público antes, aunque el PP asegura que lo desconocía.

La diputada de Sumar por Cádiz y miembro de la Mesa de la Cámara Baja, Esther Gil de Reboleño, lo anunció el sábado anterior, durante un acto de Los Verdes-Equo celebrado en Málaga. “El Congreso va a aprobar el próximo martes unas instrucciones históricas que permitirán acceder a los archivos de la Comisión de Encuesta de 1977 sin anonimizar, un gran paso para el andalucismo y el antifascismo que rompe décadas de silencio y abre un camino de verdad y justicia”, dijo la también vicepresidenta tercera de la Mesa.

elDiario.es y El País también adelantaron el lunes, un día antes de la votación en la Mesa del Congreso, que el martes se desbloquearía la norma que durante 48 años ha impedido a la familia de García Caparrós conocer los detalles de su asesinato, recogidos en las actas secretas. Los populares andaluces, además, ya se habían pronunciado públicamente cuando la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, anunció la última reforma reglamentaria que ha desatascado el asunto.

“Nosotros estamos a favor de que se conozca toda la verdad del asesinato de Manuel José García Caparrós. Así se lo hemos trasladado siempre a su familia, con apoyo y solidaridad, y hemos querido que conozcan toda la verdad para que puedan estar en paz”, ha zanjado la portavoz de la Junta.