El Gobierno olvida tramitar la solicitud de reconocimiento a García Caparrós como víctima del terrorismo de Estado

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado sin tramitar la solicitud para reconocer como víctima del terrorismo de Estado a Manuel José García Caparrós, el joven malagueño asesinado por la Policía durante la masiva movilización de andaluces por una autonomía plena que tuvo lugar en Málaga el 4 de diciembre de 1977, hace ahora 48 años.

El pasado mes de junio, las hermanas de García Caparrós -Dolores, Francisca y Purificación- enviaron una carta al presidente del Gobierno con una serie de reclamaciones: la desclasificación y acceso al expediente secreto del asesinato de Manuel José, que alberga el Congreso de los Diputados, el reconocimiento como víctima del terrorismo y una reunión con el presidente.

El 22 de octubre, recibieron una carta de vuelta firmada por el director de gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, “en nombre del presidente”, informándoles de que el reconocimiento de víctima de terrorismo era una competencia del Ministerio de Interior, y de que se derivaba su solicitud a este departamento para que lo gestionara.

“En relación con su solicitud de reconocimiento a su hermano como víctima del terrorismo, le informamos de que esta materia corresponde al Ministerio del Interior, órgano competente a través de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo. En consecuencia, damos traslado de su carta a dicho ministerio para que estudie y valore su petición conforme a la normativa vigente”, reza la misiva.

El reconocimiento civil de víctima del terrorismo no es una simple consideración administrativa, supondría colocar al joven malagueño en el mismo estatus que los asesinados por ETA, por los GAL, por el Grapo o por organizaciones yihadistas, y abriría la puerta a sus familiares a ayudas económicas, asistencia jurídica y exenciones fiscales.

Sin embargo, dos meses después de la carta y habiéndose celebrado el pasado 4 de diciembre los actos de homenaje por el aniversario de la muerte del joven sindicalista, y habiéndose reunido ese mismo día la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, con las hermanas García Caparrós, en Málaga, la petición de éstas no ha sido tramitada por el Gabinete del Presidente del Gobierno, pese al anuncio de su misiva.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska asegura a este periódico que “no ha entrado” la solicitud de la familia para iniciar el proceso administrativo para el reconocimiento como víctima de terrorismo. Y desde el Gabinete de la Presidencia reconocen que la petición no se ha gestionado aún, pero no aclaran por qué ha quedado varada la tramitación ni por qué no se ha remitido la solicitud al Ministerio de Interior desde que respondieron a la carta de las hermanas, hace dos meses.

El pasado 4 de diciembre, ante la ausencia prolongada de respuesta por parte del Gobierno, Francisca, Purificación y Dolores escribieron una segunda misiva, esta vez dirigida a la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, para saber si Presidencia les había derivado su solicitud. “Instamos a que se nos informe de cómo podemos comenzar a hacer efectivo esta consideración de víctima de terrorismo para nuestro hermano, vilmente asesinado por la espalda en una manifestación pacífica donde se creó terror por parte de la policía armada”, reza la carta.

La figura de Manuel José García Caparrós está reconocida como una suerte de mártir del proceso autonomista andaluz. La Junta le nombró Hijo Predilecto de Andalucía a título póstumo, y todas las fuerzas políticas -excepto Vox- votaron hace unos años en el Parlamento para que el Congreso facilitara a la familia el expediente de la comisión que investigó su asesinato, en 1987, con información bajo secreto.

Después de muchas gestiones y lances políticos, la Cámara Baja aprobó una reforma del reglamento de archivos que sirvió para sortear la Ley de Secretos Oficiales y permitir a las García Caparrós consultar el expediente íntegro de hermano el pasado 18 de noviembre.

La otra reclamación histórica de la familia es el reconocimiento del joven como víctima del terrorismo de Estado, que podía suponer alguna indemnización para las hermanas por el asesinato de Manuel José. El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, gestiona este recocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo en España, regulado por una ley de 2011.

El Gobierno ofrece ayudas económicas, asistencia psicológica y jurídica a los familiares y un certificado oficial para acreditar su condición de víctima, que le permite acceder a beneficios como excenciones fiscales para la vivienda o en el pago de determinadas tasas. La Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo amplió el marco temporal para la consideración de víctima, pero desde Interior aseguran que se gestionan los expedientes que llegan sin mirar la fecha.

Fuentes del Ministerio de Interior aseguran que no han tramitado nunca una petición de reconocimiento de víctima del terrorismo por excesos policiales durante la transición o el periodo preautonómico, pero sí para víctimas de grupos de extrema derecha. En febrero de 2023, el Consejo de Ministros concedió la Gran Cruz del Reconocimiento Civil a Vicente Cuervo Calvo, con una asunción automática de su condición de víctima del terrorismo.

Cuervo, un joven militante de la CNT que no había cumplido aún los 22 años, fue asesinado por elementos ultraderechistas en Vallecas, en Madrid, el 10 de febrero de 1980.