El que fuera jefe de Gabinete de José García Molina, vicepresidente segundo de la Junta de Castilla-La Mancha se incorpora a la estructura del Gobierno de La Rioja  que conforman PSOE y Podemos. 

Julio Pérez del Campo, vinculado al Consejo Autonómico de Podemos Castilla-La Mancha desde 2015, será el responsable de la Oficina de Retorno de La Rioja, adscrita a la Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos.

Su incorporación se produce tres meses después de la del que fuera concejal en Ciudad Real y secretario general de Podemos en esta provincia, Mario Herrera, quien en septiembre asumió la Dirección General de Participación Ciudadana del Ejecutivo riojano, mientras que Axier Amo, exjefe de Gabinete de la consejera para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha, Inmaculada Herranz, se incorporó también al gobierno de aquella comunidad autónoma al frente de la Jefatura de Gabinete de la Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos. 

El propio Mario Herrera, junto a Francis Gil -miembro del núcleo duro de Podemos Castilla-La Mancha en la anterior legislatura y que algunas fuentes sitúan también ahora como asesor-formaron parte del equipo negociador con el PSOE que culminaría en el actual Gobierno riojano.

La trayectoria profesional de Julio Pérez del Campo

Julio Pérez del Campo (Talavera de la Reina, Toledo 1983) es licenciado en Protección Medioambiental por la Universidad de Irlanda y en Ciencias Ambientales por la Universidad Rey Juan Carlos.

Según recoge la nota del Gobierno de La Rioja, el nuevo responsable de la Oficina de Retorno ha trabajado como profesor en diferentes institutos de Castilla La Mancha y en la UNED, y ha formado parte de varios movimientos sociales, entre ellos el 15M y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. 

El talaverano es conocido también en su faceta cultural al haber ganado el Goya al Mejor Cortometraje Documental en la edición de este año, con 'Gaza' en el que muestra su apoyo al pueblo palestino.

De hecho, en este año 2019 fue nombrado embajador de buena voluntad del pueblo palestino.

La Oficina de Retorno en la que llevará a cabo su labor, tiene como principal objetivo diseñar un plan de retorno de la emigración riojana tanto la procedente del extranjero como de otras regiones de España.

Entre sus funciones se encuentran mantener contacto con las comunidades riojanas en el extranjero, conocer sus necesidades con el fin de posibilitar el retorno e implementar las herramientas que permitan a los riojanos y riojanas que así lo deseen volver a La Rioja. Además, la Oficina de Retorno trabajará conjuntamente con el resto de la administración riojana para la puesta en marcha de las acciones necesarias que permitan conseguir un plan de retorno exitoso en La Rioja.

Aprovechando que en los próximos días retomaré mi trayectoria profesional, me gustaría despedirme compartiendo algunas reflexiones que surgen como consecuencia de los acontecimientos de las últimas semanas. No hablaré en nombre  propio, puesto que el trabajo desarrollado no es fruto del sentir  de una persona sino de un trabajo sólido y coherente de un equipo completo que aúnan sus voces en este artículo.

Los más de diez años de crisis económica han tenido consecuencias profundamente graves, pero la más sustancial ha sido evidenciar que en este país y en esta región no existía ningún sistema de protección para asegurar lo mínimo para la supervivencia de miles de familias. Así, la población, en los momentos más graves de la crisis económica, quedó abandonada a su suerte. Desafiamos una realidad que mostraba que Castilla-La Mancha es la quinta comunidad autónoma con la mayor tasa de pobreza relativa de España que afecta a casi el 38% de los menores de la región y la última comunidad en cobertura del sistema de rentas mínimas.

“El que no arriesga, no gana”. Esta creencia popular es inspiradora para afanarse en retos, metas, y compromisos. Aun sabiendo que la senda a recorrer no estaba exenta de obstáculos, y siendo conscientes de que los momentos de dificultad iban a estar muy presentes en cada paso que se diera, decidimos intentarlo. Ciudadanos de “a pie”, de espacios profesionales y trayectorias distintas, que indignados ante la situación en la que vivían vecinos, amigos y compañeros deciden dar un paso adelante.

El compromiso de mejorar las condiciones de vida de los castellano-manchegos nos llevó a estar dispuestos a arriesgar con lo inusual, por ello, entramos en el Gobierno y asumimos la responsabilidad y el encargo, siendo muy conscientes de la posibilidad de fracasar. 

Logramos alcanzar un Proyecto de ley justificado, minucioso, atendiendo a cada uno de los actos del procedimiento legislativo en tiempo, forma y contenido, participado no solo con las organizaciones de la sociedad civil, sino también, y de manera permanente, con las consejerías implicadas. Pero lo realmente esencial es que la nueva política propuesta de Garantías de Ingresos y Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha, si se hubiera implantado, tendría un impacto 10 veces superior a la actual renta mínima, beneficiando a más de 92.000 personas y generando más de 1.000 puestos de trabajo a tiempo completo, dinamizando así, la economía de la región. Este aumento en la cobertura no sería fruto de la casualidad, sino de la intencionalidad de convertir una ayuda en un derecho. 

Así, el pasado 12 de febrero el Consejo de Gobierno  asumió el compromiso de llevar a las Cortes el Proyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas manifestándolo a través de su aprobación. El compromiso adquirido en esta fecha no es un compromiso con nosotros, no es un compromiso con Podemos, es un compromiso con la gente, con las familias y con el presente y el futuro de esta región. 

Sin embargo, en las últimas semanas, las informaciones vertidas por los medios de comunicación han sido, cuanto menos, confusas. El periódico La Tribuna ha informado que ya se están tomando decisiones. La primera de ellas, guardarse en el cajón los proyectos de ley de Garantías y de Participación Ciudadana, que ya tenían el visto bueno tanto del Consejo de Gobierno como del Consultivo y estaban, por tanto, listos para entrar en las cortes regionales. Añade esta misma publicación que el Ejecutivo regional ha elaborado su plan normativo para este año, en el que han desaparecido las conocidas Leyes Podemos (La Tribuna, 13 de junio de 2019). 

No tramitar esta ley supone traicionar y olvidar a 92.000 personas que necesitan de protección social y económica de manera urgente y genera no pocos interrogantes, como cuál es el fin y el sentido del cambio de decisión y qué cuestiones se priorizan por delante de la protección de la población en situación de mayor vulnerabilidad. 

Las pasadas elecciones autonómicas otorgaron al Partido Socialista la máxima legitimidad en forma de mayoría absoluta en las Cortes Regionales. En este contexto y ya como ciudadanía, seguimos instando al presidente, y a su equipo de Gobierno, a que cumplan con el Proyecto de Ley que ya aprobó y que ha contado con el consenso y respaldo de todos los agentes sociales implicados. Los compromisos de un gobierno adquieren valor cuando se convierten en realidades, esperamos y exhortamos al nuevo ejecutivo para que sea capaz de hacerlo.

“Quizá José García Molina, como último servicio, esté poniendo contra las cuerdas al propio Paco Núñez”. De esta forma se ha referido el portavoz del Gobierno regional en funciones, Nacho Hernando, a la decisión del Consejo de Coordinación de Podemos de Castilla-La Mancha de dimitir en bloque tras el resultado de las elecciones. “Podemos ha tomado una responsabilidad y quizá algunos pidan que tome la misma línea a quienes han perdido prácticamente la mitad de los votos y de los diputados como puede ser el PP”, ha dicho Hernando.

Para el portavoz regional, Podemos al igual que otros partidos a raíz de los resultados electorales, “tendrá que afrontar un proceso de reflexión interna. Solo puedo decir a título personal que aquellas personas que decidan marcharse de la política o buscar otra actividad distinta, desde el Gobierno les deseamos lo mejor. Esperamos que tengan éxito haya donde vayan y que sean felices”, ha subrayado Nacho Hernando.

Respecto a la continuidad de José García Molina e Inmaculada Herranz en el Gobierno regional, el portavoz ha asegurado que una cosa es su dimisión de su cargo en Podemos y otra es el cese. “Al cese estamos todos expuestos. No tuvimos prisa de cesarlo antes de las elecciones y no vamos a tenerla ahora en funciones. No tiene ningún sentido y es una decisión que tienen que tomar ellos”.

Por cierto, que ha confirmado que al último Consejo de Gobierno acudió la consejera del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, pero que el vicepresidente segundo, José García Molina, no pudo asistir. “Imagino que tendría mucho jaleo”, ha agregado. Lo que sí que le ha recordado Hernando a ambos es que antes de cesar o dimitir hay que presentar las declaraciones de bienes de salida, ya que, según ha manifestado, es un elemento del que “no podemos olvidarnos”.

Page no ha dado pistas sobre el nuevo Gobierno: “Es un excelente jugador de mus”

Preguntado sobre su continuidad en el cargo como portavoz del Gobierno, Nacho Hernando, ha asegurado que Emiliano García-Page, aún no ha dado pistas: “Es un excelente jugador de mus”, ha indicado.

Lo que sí que ha señalado, en cuanto a plazos, es que será el próximo 19 de junio cuando se constituyan las Cortes de Castilla-La Mancha y que a partir de ahí se irán viendo, en unos “plazos muy similares” a la legislatura pasada, los “sucesivos hitos” hasta la constitución del Gobierno.

“Hasta aquí les puedo decir”, ha señalado el portavoz del Ejecutivo quien ha añadido que los resultados de las elecciones autonómicas del pasado domingo, en las que el PSOE obtuvo mayoría absoluta con 19 escaños en el Parlamento regional, facilitan que las cosas vayan lo más rápidamente posible.

La cobertura de las prestaciones del Plan Integral de Garantías Ciudadanas diseñado por el Gobierno regional a iniciativa de Podemos, aumentó en 2018 hasta alcanzar a 111.000 hogares de la región -frente a los 100.000 de 2017- que recibieron al menos una prestación social de las incluidas en dicho plan. 

En total se llevaron a cabo 153.466 prestaciones en Castilla-La Mancha, incluidas las periódicas, vinculadas a la garantía de rentas, la de mayor cobertura prestacional (83,7%), ayudas para suministros básicos del hogar (10,2% de las ayudas) o subvenciones para garantizar las necesidades habitacionales (6,1%).

Algunos hogares castellano-manchegos se beneficiaron de más de una de estas prestaciones (fue una de las novedades incorporadas al plan el pasado año).

Estas son algunas de las conclusiones que se desprenden del informe de seguimiento del Plan Integral de Garantías Ciudadanas 2018 presentado este martes en el seno del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha con el que, según ha explicado la consejera de coordinación del citado plan, Inmaculada Herranz “se da continuidad a la tarea evaluativa de las prestaciones y programas que incluye” desde que PSOE y Podemos acordasen lanzarlo en 2017.

Por provincias, las prestaciones se han producido sobre todo en Toledo con el 37,9% del total, seguida de Ciudad Real con el 24,4% y Albacete con el 19,7%. “Se corresponde el número de prestaciones con el peso que tienen estas provincias sobre la población total de Castilla-La Mancha”, ha explicado Herranz.

Donde sí hay un mayor “equilibrio” en el reparto de prestaciones es en el que tiene que ver con la distribución de ayudas hombre-mujer. En el análisis de los datos sobre el impacto de género del plan destacan algunos datos: respecto al Ingreso Mínimo de Solidaridad el 67,3%  de perceptores son de mujeres frente al 32,7 de varones y en el caso de las ayudas para emergencias el 70% fueron concedidas a mujeres y el 29% a varones.

En el caso del empleo, la consejera ha explicado que hay una mayor representación de las mujeres en los planes de empleo, ya que el 59,4% son contrataciones a mujeres. Y sin embargo eso cambio con los programas para mayores de 55 años donde la “masculinización” de ayudas es mayor (el 80% de ellas se destinaron a hombres).

Se trataba, ha dicho la consejera de  “disponer de datos” para diseñar “de forma racional y realista” una estrategia que permita dar solución “a las necesidades de las personas”. 

Inmaculada Herranz, que ha estado acompañada por el vicepresidente segundo, José García Molina,  ha destacado que la herramienta informática utilizada para implementar y agilizar el plan ha permitido también establecer la correlación entre unas y otras medidas puestas en marcha de manera transversal en distintos departamentos del Gobierno regional.

Ha puesto como ejemplo que  el 39,2% de los perceptores de ayudas a familia numerosa han recibido también alguna ayuda de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes o que el 28% de los titulares de la ayuda para garantizar suministros energéticos percibe una ayuda para material curricular como libros. 

También ha destacado que tras implementarse un sistema más flexible para el Ingreso Mínimo de Solidaridad en 2018, han aumentado las ayudas concedidas en un 45,3% y se ha producido un 23,7% más de solicitudes. También ha aumentado la cuantía medida concedida hasta los 513,06 euros.

Otra de las mejoras del pasado año fue la ampliación de la percepción de las ayudas de emergencia en situaciones de pobreza energética pudiéndose percibir más de una, por lo que 542 unidades familiares han recibido en 2018 más de una ayuda a suministros. A eso se suma que los cambios en el acceso a determinadas prestaciones de educación han supuesto que, en las bonificaciones en las escuelas infantiles de la Junta, el 47,9% de los matriculados tenga una exención del 100% en la matrícula.

La consejera ha finalizado con una referencia al proyecto de ley aprobado el pasado febrero en Consejo de Gobierno y que incluye el Plan de Integral de Garantías Ciudadanas a través de las garantías complementarias, articulando, ha dicho, “un nuevo derecho de garantía de ingresos para todos aquellos hogares de bajos ingresos”.

Una ley que, sin embargo, no se espera que vea la luz en esta legislatura aunque desde Podemos han reiterado hoy que “no renuncian a nada” y que si no pasa por las Cortes regionales serán otros ( aludiendo al PSOE sin citarlo) los que tengan que dar explicaciones.

La Ley de Participación Ciudadana, a Consejo Consultivo

Otra ley que previsiblemente no verá la luz en esta legislatura y que está auspiciada por Podemos en el seno del Gobierno regional es la que regula la participación ciudadana en la región. 

Este martes el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al texto que será remitido a  Consejo Consultivo. “Hemos pedido que el dictamen se haga de urgencia”, decía José García Molina.

El vicepresidente segundo sostiene que su proceso de elaboración ha sido “el más participado de la historia de la Junta” ya que ha contado con aportaciones de más de 700 personas y más de 70 entidades . “Es de por sí una muy buena noticia”, se congratulaba.

“Veníamos a cumplir un mandato constitucional y de propio Estatuto de Autonomía”, ha dicho, para elaborar una ley que, según ha reconocido ha tenido como “guía” las de otras regiones como Andalucía, Navarra y Aragón. 

Organizaciones sociales como la EAPN, los colegios de Trabajo y Educación Social, sindicatos como Comisiones Obreras y UGT, se reunieron esta semana en la última convocatoria de la Mesa Regional de Garantías Ciudadanas. Se trata de una iniciativa de la consejera encargada de la coordinación del Plan de Garantías Ciudadana, Inmaculada Herranz, y ha servido como un espacio de trabajo para, entre otras cosas, la creación del proyecto de Ley de Ingresos y Garantías Ciudadanas impulsadas por Podemos.

Dicha Ley, a pesar de haberse aprobado en Consejo de Gobierno, no llegará, previsiblemente, a las Cortes regionales. Esto es algo que los que han trabajado en la Mesa lamentan en conjunto, especialmente debido a que afecta a las personas más vulnerables de la región. Así lo señala Felipe Cano, del Colegio regional de Trabajo Social. “Consideramos que es una Ley necesaria desde el punto de vista que favorecía las necesidades de quienes lo están pasando mal en la región”, explica el vocal del Colegio. Desde su punto de vista profesional, explica, ven que sigue habiendo muchas situaciones “complicadas” y por eso querían colaborar con la administración.

“Fraude” con las organizaciones y los colectivos más vulnerables

Sin entrar en las “discrepancias políticas que han podido darse”, considera que “hubiese sido importante que la Ley se hubiese aprobado, porque es objeto de nuestra atención como trabajadores”. Sin embargo, valoran su participación en la Mesa, en concreto a lo que se refiere al diagnóstico que se ha hecho de la región y de las zonas más vulnerables. “Hemos intentado trasladar las opiniones y la visión profesional de los trabajadores sociales” y por eso lamenta que “sería una pena que el trabajo se quedase metido en un cajón”.

La misma opinión muestran desde el Colegio de Educadores y Educadoras Sociales, aunque con más contundencia. “Es un fraude”, explica su presidente Francisco Peces, que no se vaya a aprobar una ley en la que el colegio ha participado “activamente” porque es “necesaria para proteger a los colectivos más vulnerables” de la región.

En cuanto a las propuestas que han hecho, señalan que han pedido la protección de los menores y, en concreto, de aquellos no acompañados. El “fraude”, explica Peces, sería para con los representantes de la sociedad civil que han participado en el proyecto y “sobre todo para los destinatarios de la ley”. “Se introducen medidas que no existían y es importante que se dote de presupuesto. No nos conformamos con las ayudas que ya existen. Si no sale adelante, sería una falta de respeto para los que hemos trabajado en ella”, concluye.

Planes de Empleo

Desde los sindicatos coinciden en llamar la atención hacia la necesidad de la región de continuar con los Planes de Empleo, que se contemplan también dentro de la Ley. Desde Comisiones Obreras, María Ángeles Castellanos, secretaria regional de Empleo, explica que aunque “parte del trabajo” no vaya a salir adelante, esto no significa que lo realizado en la Mesa sea algo “inútil o infructuoso”. “Hemos avanzado mucho. Hemos dado una vuelta importante a lo que había que hacer. Recogimos elementos importantes, como los Planes de Empleo”. Castellanos valora el diálogo social que se ha creado en la Mesa, así como las fórmulas que se han creado para avanzar.

“Nos parece una buena fórmula”, afirma la sindicalista, porque “todo lo que sea dialogar y participar y acordar este diálogo es importante”. Castellanos también destaca la encuesta de diagnóstico de la UCLM, tanto por lo que significa la iniciativa en sí, así como por los resultados obtenidos. “Nos da una visión de pueblos, comarcas y ciudadanos que no teníamos. Es la realidad socioeconómica de Castilla-La Mancha, para poder ver dónde está la pobreza y poder así dirigir las políticas que están en marcha para que sean efectivas”, afirma.

Carlos Pedrosa, secretario general de UGT, asegura que lamenta que la Ley no sale adelante pero que es por una cuestión de “calendarios que nadie nos ha explicado”. “Nos preocupa bastante el asunto, porque el Plan de Garantías supone una coordinación de políticas entre las distintas consejerías. Pero lo que más nos preocupa es el tema de los Planes de Empleo”, señala el sindicalista. “Tenemos una fuerte preocupación por la situación de estos planes, debido a las numerosas reclamaciones que han recibido los Ayuntamientos”, explica. Por eso, señala que esto es lo “realmente urgente” para solventarse. “Sin un Plan de Empleo, tendríamos la puerta de la garantía de rentas tapiada”, afirma.

“Ilusión frustrada”

Como una “ilusión frustrada”, califica la falta de aprobación de la Ley de Garantías Ciudadanas el presidente estatal de EAPN, Carlos Susías, que asegura que habla desde la “óptica de las personas más necesitadas”. “Es una ley para toda la ciudadanía, aunque beneficia esencialmente a los más vulnerables”, explica. Además, lamenta que no se sepa “muy bien” cuál es realmente el motivo por el que no salga adelante. “Es frustrante que no se ponga por delante el interés de las personas, además de ser una ley innovadora y que moderniza el sistema”, asegura.

Y es que, describe, lo que planteaba el proyecto de Ley es algo que ya piden desde Europa, una coordinación de los servicios sociales con los servicios de empleo y el uso de instrumentos como la ventanilla única planteada para simplificar el proceso. Además, recuerda que el documento está basado en los análisis de cómo están distribuidas las necesidades y las prestaciones que ya existen en Castilla-La Mancha. “Era un paso importante que iba en la mejora de todos los ciudadanos. Impulsaba el desarrollo y el crecimiento, además de ser solidaria y ponía todos los recursos para optimizarlos”, concluye.

Un 16,7% de los hogares de Castilla-La Mancha viven con ingresos bajos. En el caso de aquellos en los que viven menores, un 13% tiene bajos ingresos. Así lo señalan los últimos datos del nuevo informe realizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, cuyos resultados se harán públicos en los próximos días, adelantó la consejera encargada de la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz.

Herranz presidió la nueva convocatoria de la Mesa de Garantías Ciudadanas, un organismo constituido en noviembre de 2017 como mecanismo de coordinación externo para trabajar junto a la Consejería. Así, “ver los pasos que se han ido dando en cuanto al Plan Integral de Garantías Ciudadanas” y también en cuanto al diagnóstico integral de la región y, finalmente, también en relación al Proyecto de Ley de Ingresos y Garantías Ciudadanas.

“Seguimos avanzando en esta mesa y lo que traemos es el quinto borrador que se constituyó como el proyecto de Ley de Ingresos y Garantías Ciudadanas”, explicó Herranz. Junto a esto, el organismo trabjaará con los principales indicadores de vulnerabilidad que se han extraído del informe de la UCLM con el total de la muestra de la investigación.

Entre las conclusiones que se han conseguido del documento, se señala que son 50.000 hogares los que tienen vulnerabilidad habitacional, que se trata de viviendas en las que se invierte más del 40% de los ingresos en el pago de la hipoteca o el alquiler. Para la discusión de este tipo de datos, señala Herranz, es que se ha constituido la Mesa de Garantías, a través de sus miembros que representan a la sociedad civil, con organizaciones como sindicatos, colegios profesionales u organizaciones sociales.

En el informe, ha destacado Herranz, se señala cómo las comarcas con mayor incidencia de bajos ingresos se encuentran las de serranía. Son estas zonas las que tienen un mayor porcentaje con bajos ingresos, aunque en el caso de otros índices, como la de dificultad de pago de alquiler o hipoteca, las zonas con mayor vulnerabilidad son aquellas cercanas a grandes ciudades o a Madrid, como La Sagra o el Corredor del Henares.

En cuanto a las consideraciones del Consejo Consultivo, Inmaculada Herranz señaló que se trataban “principalmente” de aquellas vinculadas a la Ley de Servicios Sociales, que se han incorporado al texto aprobado en Consejo de Gobierno y también a los procedimientos que debe seguir la ueva Ley.

El pasado 15 de febrero el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha celebró el IV Foro de la Ciudadanía. A lo largo de una mañana rendíamos cuentas de las acciones realizadas durante el ejercicio 2018 y el grado de cumplimiento de nuestros compromisos con la sociedad. En la comisión de Políticas Sociales, Sanitarias y de Igualdad, numerosas intervenciones de representantes de entidades sociales de nuestra región apelaron a la necesidad de tramitación y aprobación en las Cortes de Castilla-La Mancha del Proyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado martes 12 de febrero. Se trata de entidades que conocen de primera mano la situación de vulnerabilidad económica de un gran sector de la sociedad castellano-manchega y que son conscientes de la importancia de la aprobación de la ley para miles de familias de nuestra tierra.

Las situaciones de escasez y vulnerabilidad a las que se enfrenta la ciudadanía dependen tanto de las características estructurales y de coyuntura económica de la región, como de la capacidad de respuestas de sus administraciones. Los diez años de crisis económica vinieron acompañados por una respuesta política asociada a recortes, abandono y pisoteo de los derechos elementales de la población con la consolidación fiscal como coartada. Las distintas administraciones conocen su cuota de responsabilidad.

En los últimos dos años en Castilla-La Mancha hemos asistido al efecto directo que tiene la inversión en política social sobre la vida de los ciudadanos y ciudadanas, en los que se ha reducido en cuatro puntos el Riesgo de pobreza y exclusión Social (del 37,9% en 2016 al 33,9% en el 2017). Sin embargo esta cifra sigue exigiendo un cambio rápido y eficaz en los sistemas de protección social, una cifra que se sitúa 7,3 puntos porcentuales por encima de la media nacional (26,6% de la población) y que asciende al 41,7% si hablamos de menores de 18 años. Sin duda alguna se trata de una situación de desigualdad que, a pesar de la recuperación económica de la región, se mantiene lejos de los niveles previos a la crisis y corre el riesgo de perpetuarse y cronificarse en el tiempo, ya que, desgraciadamente, ni el empleo es capaz de garantizar unos ingresos mínimos para satisfacer las necesidades más básicas.

¿Qué sistema de protección social tenemos para hacer frente a las necesidades de la población de nuestra región? Desde la entrada de Podemos en el Gobierno de Castilla-La Mancha se han dado avances importantes en las medidas dirigidas a paliar y erradicar la pobreza en nuestra región, como por ejemplo: el aumento de la cuantía, del presupuesto y las mejoras técnicas en el Ingreso Mínimo de Solidaridad, las cuales han permitido incrementar el número de concesiones de la ayuda, alcanzado así un máximo histórico en 2018 (más de 2.633 nuevas concesiones).

Pero hablemos claro, según denuncia la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales con datos del Informe de rentas mínimas de inserción elaborado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la cobertura del IMS en 2017 no alcanzaba el 2,1% de la población que estaba bajo el umbral de pobreza. De hecho, somos la comunidad autónoma con la cobertura más baja, a gran distancia de la media nacional (8%), evidenciando así la necesidad de dar un paso más allá en este tipo de políticas. La Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas supone colocar a Castilla-La Mancha 8 puntos porcentuales por encima de la media nacional, pasando de la última posición a la sexta comunidad autónoma con mayor cobertura. Esta diferencia no es fruto de la casualidad, ni tampoco de un aumento de inversión a ciegas, sino el paso de cubrir las necesidades con ayudas a configurar un derecho de ciudadanía.

El Proyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha, en cuya elaboración han participado activamente los principales agentes sociales y la sociedad civil en su conjunto, integra el derecho subjetivo a unos ingresos mínimos a través de los planes de empleo y/o la prestación de renta garantizada y el derecho al acceso a un conjunto de garantías complementarias -la mayoría de ellas vigentes actualmente-. Se estima que durante el primer año, la cobertura del derecho a la garantía de ingresos sea casi diez veces superior al del actual IMS, beneficiando a más de 92.000 personas. Además, esta Ley impactará sobre la economía de todos los hogares porque generará un impulso de la producción de más de 90 millones de euros y la creación de más de 1.000 puestos de trabajo a tiempo completo, dinamizando así la economía de la región.

Desde la entrada de Podemos en el gobierno regional nuestro trabajo ha tenido un claro objetivo: Avanzar en derechos para la ciudadanía y asegurar el futuro en la región. El Proyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha supone un avance en un derecho esencial, el derecho a vivir en condiciones de dignidad. Todo el equipo de la Consejería, las entidades sociales, los sindicatos y la sociedad en su conjunto hemos trabajado en una Ley que cuenta con un extenso consenso social para que la vida de 92.000 personas quede asegurada con un sistema de protección estable y no para que se quede en un “cajón”. La responsabilidad política y la altura de miras debe ser el eje de la acción de gobierno.  ¿Alguien puede entender que se antepongan los intereses particulares a una sociedad castellano-manchega más justa e igualitaria?

A tres meses de que finalice la legislatura, el último Consejo del año del Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de Garantías Ciudadanas y Garantía de Ingresos en esta comunidad autónoma, tal y como adelantó eldiarioclm.es. Es la norma que da cuerpo legislativo, modificado y adaptado, al Plan de Garantías Ciudadanas, principal hoja de ruta de Podemos dentro del Ejecutivo de Emiliano García-Page y que forma parte de las condiciones que la formación morada pactó con el PSOE cuando entró en el Ejecutivo. Ahora queda su tramitación parlamentaria, que se realizará prácticamente ‘in extremis’ antes de la disolución del Parlamento en marco y de las elecciones autonómicas previstas para mayo.

El vicepresidente primero de la Junta, José García Molina, y la consejera del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, cargos de Podemos en el Ejecutivo, han sido los encargados de anunciar esta toma en consideración. La consejera ha destacado que se trata de un “momento muy importante” para Castilla-La Mancha: “Dimos nuestra palabra y la hemos cumplido”. Esta ley, ha añadido, cumple con las obligaciones del Gobierno regional de “promover la igualdad social, como base de la libertad individual”, y coloca a la comunidad autónoma “a la altura de las regiones más avanzadas de España y de Europa”. En varias ocasiones se ha referido también al “amplísimo consenso” conseguido entre organizaciones sociales, entidades del tercer sector, colectivos ciudadanos, federación de municipios, sindicatos y el resto de consejerías del Ejecutivo.

En este anteproyecto se regulan los dos tramos de condiciones que las familias deben cumplir para tener acceso a la renta mínima hasta completar los 600 euros, una cantidad que se elevará por cada miembro adicional. El objetivo es crear un sistema de protección estable donde se integran derechos avanzados en tres ejes: la coherencia con los fondos estructurales de la Unión Europea destinados a España, que Castilla-La Mancha sea equiparable a otras comunidades autónomas que ya cuentan con este sistema, y su alta participación.

Con esta norma se hará efectivo tanto el derecho de garantía de ingresos como un conjunto de garantías complementerias. El primer bloque mantiene el objetivo de garantizar la renta mediante las políticas activas de empleo, por un lado, y para los que no tienen empleo, por otro lado, una renta garantizada o la complementariedad de sus ingresos “para mantener una vida digna”. El segundo bloque se refiere a las iniciativas complementarias, que son prestaciones vinculadas a la educación (material escolar, libros de texto), vivienda (rescate habitacional) y acompañamiento en el ámbito socio-laboral.

Los tramos para la garantía de rentas

Así, el acceso a la titularidad del derecho de garantías ciudadanas vendrá determinado por la capacidad económica de las personas solicitantes y demás miembros de su unidad de convivencia. Para ello se establecen dos tramos. En el primero, la renta garantizada se hará efectiva cuando la capacidad económica de quien lo solicita, y en su caso, de los demás integrantes de la unidad de convivencia de la que formen parte, sea inferior al 70% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para unidades de convivencia unipersonales, incrementándose en un porcentaje por miembro adicional, con una prestación media de 600 euros mensuales. En estos casos, tal y como aparecía también en el primer texto, tendrán prioridad las familias con menores por la necesidad de erradicar la pobreza infantil. Y en este tramo, las familias pueden acogerse tanto a la garantía de ingresos como a las complementarias.

En cuanto al segundo tramo, referente solo a las garantías complementarias, se establece cuando la capacidad económica de quien lo solicita, y en su caso, de los demás integrantes de la unidad de convivencia de la que formen parte, sea igual o superior al 70% del SMI, no superando el 130% de este indicador para unidades de convivencia unipersonales e incrementándose un porcentaje por miembro adicional.

Una precisión importante es que a la entrada en vigor de esta ley las personas perceptoras que tengan reconocido el Ingreso Mínimo de Solidaridad -el instrumento castellano-manchego ya existente para situaciones de extrema necesidad- pasarán a tener reconocida de forma automática la Prestación de Renta Garantizada. La previsión es que estas medidas tengan en 2019 un total de 24.000 titulares pero que lleguen a unos 94.000 beneficiarios en Castilla-La Mancha.

La luz verde que hoy ha recibido la ley supone un “paso decisivo hacia nuevo modelo de atención social”. En total, dará  cobertura a 23.379 personas, con 92.169 beneficiarios, de los cuales casi 40.000 son menores de 14 años. Precisamente, la atención a menores en riesgo de pobreza y exclusión social era uno de los objetivos primordiales de la norma. En cuanto al conjunto de garantías complementarias, alcanzará a 100.000 familias, es decir, un “amplio impacto” para la ciudadanía castellano-manchega. De hecho, sobre esta cuestión se han incorporado novedades al nuevo borrador, añadiendo prestaciones asociadas al transporte.  

Por cada euro destinado, un retorno de 1,43 euros

La consejera ha precisado además que la entrada en vigor de la Ley de Garantías Ciudadanas supondrá un alto retorno económico para la región: según el estudio que a este respecto ha elaborado la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), por cada euro destinado a esta renta garantizada, habrá un retorno 1,43 euros en forma de aumento de la producción, lo que provocará “efectos multiplicadores y dinamizadores directos sobre la sociedad”. Las previsiones apuntan también que se crearán 1.000 nuevos empleos a tiempo completo, un aumento de la producción de 90 millones de euros y un retorno impositivo de 2,9 millones de euros.

Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno regional y también secretario general de Podemos Castilla-La Mancha ha defendido esta toma en consideración frente a “muchos que han dicho que el hecho de que Podemos estuviese en un gobierno era un peligro e iba a generar poco menos que el apocalipsis en la región”. “Nos comprometimos a genera más garantías y estabilidad. Estamos cumpliendo nuestra palabra. Hoy en Castilla-La Mancha somos más iguales y cuando se apruebe en las Cortes, la ley nos hará un poco más libres”.

García Molina ha insistido en que “no solo no ha llegado el apocalipsis, no se ha roto la región”, sino que la formación morada ha generado, tanto en este anteproyecto de ley como en el de Participación Ciudadana (aún pendiente de luz verde) los procesos participativos “más amplios y extensos en la historia de la Junta”. Ha concluido afirmando que “se han dicho muchas barbaridades” sobre esta ley y que ahora se demuestra que era posible aprobarla, está avalada por el Gobierno y se ha demostrado su retorno económico.

En cuanto al hecho de que la nueva Ley de Garantía de Ingresos entre en vigor con los presupuestos estatales y regionales prorrogados, el líder de Podemos considera que a nivel nacional se han dado “avances” y hay “un empeño en que haya una dinámica política con mayor tranquilidad”. Pero en cualquier caso, ha garantizado que la norma puede aplicarse incluso con prórroga presupuestaria, es decir, con las cuentas públicas de 2018. Finalmente, García Molina ha dicho que Podemos quiere que la tramitación parlamentaria sea lo más breve posible y que se “acortarán” los plazos dentro de la normativa vigente. “Estamos a tiempo”, ha reiterado.

Finalmente, la consejera ha querido recalcar que la norma supone una nueva inversión de 27 millones de euros, del total de 61 millones de euros que costará, lo que significa tan solo el 0,3% del presupuesto castellano-manchego: “Una inversión muy baja para un impacto como el que acabamos de describir y que se trata de invertir en las personas por encima de todo”.    

La actual legislatura de Castilla-La Mancha se ha desarrollado en varios tiempos, pero todos han tenido un denominador común: las decisiones de Podemos. Su representación parlamentaria ha sido crucial para que el PSOE de Emiliano García-Page haya podido desenvolverse con más o menos soltura ante un PP ya sin María Dolores de Cospedal. Pero este ciclo no ha estado exento de tropiezos. El acuerdo de investidura entre PSOE y Podemos se convirtió a los dos años en “papel mojado”, algo de lo que ambos se culparon mutuamente. Después, vino el pacto de Gobierno mediante el que la formación morada entró a formar parte del Ejecutivo castellano-manchego, y ahora llega otra prueba de fuego: la aprobación de las dos leyes que Podemos ha elaborado: la Ley de Garantía de Ingresos y de Garantías Ciudadanas, que regula entre otras cuestiones una renta mínima en la región, y la Ley de Participación Ciudadana.

El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha y vicepresidente segundo del Gobierno, José García Molina, ha anunciado a eldiarioclm.es que el anteproyecto de ley de renta mínima recibirá luz verde del Consejo de Gobierno el 27 de diciembre, es decir, el último del año. Con ello, el plazo es ‘in extremis’: solo queda un periodo de sesiones hasta la disolución de las Cortes regionales, en el que esta ley debería pasar por plazos de enmiendas, comisión y pleno. Es posible, pero “ajustado”.

Esta normativa ha sido elaborada desde el equipo dirigido por la consejera del Plan de Garantías Ciudadanas Inmaculada Herranz (otra de las componentes de Podemos en el Gobierno). Con ello se ha buscado dar cuerpo legislativo a ese plan de garantías, convertido en la principal hoja de ruta de la formación morada para revertir las consecuencias de los recortes por la crisis. En este anteproyecto se regulan los dos tramos de condiciones que las familias deben cumplir para tener acceso a la renta mínima hasta completar los 600 euros, una cantidad que se elevará por cada miembro adicional.

El objetivo es crear un “sistema de protección estable” donde se integran derechos avanzados en tres ejes: la coherencia con los fondos estructurales de la Unión Europea destinados a España, que Castilla-La Mancha sea equiparable a otras comunidades autónomas que ya cuentan con este sistema, y su “altísima” participación, ya que la norma viene “avalada” por el conjunto de colectivos sociales, asociaciones de vecinos, sindicatos y profesionales.

Los dos bloques de garantía de rentas

Este anteproyecto de ley, como ya adelantó eldiarioclm.es, hará efectivo tanto el derecho de garantía de ingresos como un conjunto de garantías complementerias. El primer bloque mantiene el objetivo de garantizar la renta mediante las políticas activas de empleo, por un lado, y para los que no tienen empleo, por otro lado, una renta garantizada o la complementariedad de sus ingresos “para mantener una vida digna”. El segundo bloque se refiere a las iniciativas complementarias, que son prestaciones vinculadas a la educación (material escolar, libros de texto), vivienda (rescate habitacional) y acompañamiento en el ámbito socio-laboral.

Así, el acceso a la titularidad del derecho de garantías ciudadanas vendrá determinado por la capacidad económica de las personas solicitantes y demás miembros de su unidad de convivencia. Para ello se establecen dos tramos. En el primero, la renta garantizada se hará efectiva cuando la capacidad económica de quien lo solicita, y en su caso, de los demás integrantes de la unidad de convivencia de la que formen parte, sea inferior al 70% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para unidades de convivencia unipersonales, incrementándose en un porcentaje por miembro adicional, con una prestación media de 600 euros mensuales. En estos casos, tal y como aparecía también en el primer texto, tendrán prioridad las familias con menores por la necesidad de erradicar la pobreza infantil. Y en este tramo, las familias pueden acogerse tanto a la garantía de ingresos como a las complementarias.

En cuanto al segundo tramo, referente solo a las garantías complementarias, se establece cuando la capacidad económica de quien lo solicita, y en su caso, de los demás integrantes de la unidad de convivencia de la que formen parte, sea igual o superior al 70% del SMI, no superando el 130% de este indicador para unidades de convivencia unipersonales e incrementándose un porcentaje por miembro adicional.

Una precisión importante es que a la entrada en vigor de esta ley las personas perceptoras que tengan reconocido el Ingreso Mínimo de Solidaridad -el instrumento castellano-manchego ya existente para situaciones de extrema necesidad- pasarán a tener reconocida de forma automática la Prestación de Renta Garantizada. La previsión es que estas medidas tengan en 2019 un total de 24.000 titulares pero que lleguen a unos 94.000 beneficiarios en Castilla-La Mancha.

En cuanto a la Ley de Participación Ciudadana, que abandera el director general Jose Luis García Gascón, Podemos también espera su tramitación antes de las elecciones, es decir, en el mismo periodo de sesiones. Este texto se ha elaborado con numerosas aportaciones de la ciudadanía y una de sus novedades más importantes es que a través del mismo se crea un sistema que “obliga al compromiso de la Administración con las propuestas de la sociedad”. Será a través de los llamados 'convenios' con la ciudadanía para tener una garantía legal.

Estas dos leyes “no hubieran sido una realidad si Podemos no hubiera estado en el Gobierno”, resalta el vicepresidente José García Molina. Dice tener la garantía de que ambos anteproyectos pasarán por el Consejo con tiempo suficiente para que se tramiten antes del final de la legislatura, y de hecho, no contempla ningún escenario en el que esto no sea así. Preguntado por las dudas que desde la Junta se han sembrado en torno a que parte de estos textos aún estaban sin consensuar, explica que ha habido una “lectura parcial” que llevaba quizás a “exagerar la discrepancia en cuanto a los contenidos de las leyes”. Pero “esa etapa se ha pasado ya” y “todos tenemos claro que ambas normas supondrán un avance extraordinario”.

Se trata así de un escenario que el líder de Podemos considera “positivo”. De hecho, afirma quedarse con “el principio y el final” de la legislatura. Con el principio, porque “veníamos de una  legislatura que había generado mucho padecimiento social y en los empleados públicos” y “todo se inició con una nueva esperanza y expectativa de cambio en la región” encuadrada en el pacto de investidura por el que Podemos permitió gobernar a Emiliano García-Page. Después, habla de una “parte intermedia” que tuvo que ver con la ruptura de ese acuerdo debido a los “incumplimientos” de los socialistas. Pero desde agosto de 2017, eso se convirtió en un “entendimiento entre diferentes” que todavía dura.

“No gustaría que la recuperación de políticas sociales fuera con mayor intensidad, por ejemplo, pero en líneas generales, hemos demostrado que nos podemos ir entendiendo”. El líder de Podemos considera además que hay otras leyes muy importantes pendientes de aprobación aparte de las que ha liderado su partido, como la de Bienestar Anima, la de Vivienda y la de Economía Circular.

Supervivencia del pacto de gobierno PSOE-Podemos

Pero, ¿llegará el pacto hasta la disolución del Parlamento castellano-manchego o está supeditado a estas dos leyes? “Mientras se cumpla palabra dada, habrá acuerdo. Es la misma posición que mantuvimos con el acuerdo de investidura. Por nuestra parte, estamos en la lógica de cumplir la palabra cuando entramos en el Gobierno y espero que la otra parte también”, afirma. Niega cualquier indicación desde la dirección nacional de Podemos para romper antes ese acuerdo: “Nosotros hacemos política autonómica y autónoma”.

Preguntado sobre si el pacto PSOE-Podemos sigue siendo un modelo a exportar a nivel nacional, García Molina destaca la necesidad de que exista un “proyecto de región y de país” de carácter progresista, y no solo por el auge de la ultraderecha: “Sería bueno que las fuerzas progresistas contravinieran su propia historia y supieran trabajar más juntas, porque parece que la división ha sido más propia de la izquierda. En este momento en el que ellos (la derecha) se fragmentan en partidos distintos, sí deberíamos construir un proyecto mucho más colectivo”.

Finalmente, pone como ejemplo lo sucedido en las elecciones andaluzas. Considera que debería “tomar nota todo el mundo” acerca de “cómo perder un gobierno gracias a gobernar con Ciudadanos y que eso se haya llevado buena parte del voto socialista”. “Es lo que pasa cuando te confundes en tu discurso y en tus prácticas con otros”, agrega, aunque también destaca la gran abstención, que “nos tiene que hacer pensar en cómo puede haber un proyecto que movilice a la gente para que no se quede en casa”.

Restan cuatro meses para la disolución de las Cortes de Castillla-La Mancha de cara a las elecciones autonómicas y entre las muchas leyes pendientes de tramitación está también la Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas que Podemos ha elaborado dentro del Gobierno regional. A esta cuestión se ha referido el secretario de Organización del PSOE castellano-manchego, Sergio Gutiérrez, quien ha asegurado que el Grupo Parlamentario Socialista apoyará “sin fisuras” este proyecto de ley cuando llegue al Parlamento, si bien ha recordado que primero tiene que recibir el visto bueno del Consejo de Gobierno.

Ha comprometido así el apoyo socialista en sede parlamentaria, avisando de que primero tiene que cumplir “todos los requisitos” establecidos para superar el trámite de anteproyecto de ley. En todo caso, ha sugerido que una ley de garantía de rentas de este tipo debería tener además trasfondo nacional, por lo que ha abierto el debate a la posibilidad de afrontar este extremo desde el Gobierno nacional.

Precisamente, la consejera encargada de la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, ha asegurado que la norma pasará por el Consejo de Gobierno “en las próximas semanas” y se ha mostrado convencida de que “estará lista antes de que se disuelvan las Cortes”. Herranz ha presidido una nueva reunión de la Mesa regional de Garantías Ciudadanas y ha insistido en que el borrador está “en la fase final” para convertirse en anteproyecto de ley y ha reiterado que llegará “perfectamente a tiempo” a las Cortes.

También ha manifestado que espera que la ley se apruebe “por unanimidad” porque es “una inversión directa en la población de Castilla-La Mancha” y va a asegurar, ha añadido, “que esta población no quiera o no necesite salir de este territorio para tener una vida digna”. En este sentido, ha comentado un informe de impacto y retorno económico de esta norma apunta a que cada euro invertido en el sistema de garantía de ingresos repercute en la producción de esta región en 1,43 euros.

Impacto en personas con discapacidad

Asimismo, también ha formado parte de la reunión un informe elaborado por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) sobre el impacto de las garantías de renta en hogares con personas con discapacidad. A este respecto, ha revelado que el informe indica que el nivel de vulnerabilidad en estos casos se incrementa cuatro puntos con respecto a los hogares con bajos ingresos sin personas con discapacidad, elevándose del 16,7% al 20,9%.

Por su parte, la portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Claudia Alonso, se ha referido también a esta cuestión asegurando que su partido tomará la decisión de apoyarla o no si el texto supera el trámite del Consejo de Gobierno e inicia su recorrido parlamentario.

Ha criticado que este texto legislativo se haya anunciado en reiteradas ocasiones pero aún no haya llegado a las Cortes, al tiempo que ha acusado a Herranz por “no ejecutar” las competencias que desempeña en su Consejería más allá del diseño de esta ley. “Si nos vamos a partidas que dependen de su Consejería, la ejecución es de cero euros. Ya que tiene competencias, bien valdría a los castellano-manchegos con que se pusiera a ejecutarlas”, ha incidido.

Desde la irrupción de Podemos en las Cortes Regionales, hace casi cuatro años, la política regional ha cambiado, no solo por la presión y el cambio de ritmo que supone la superación del reparto de la baraja entre dos partidos, sino la valentía y atrevimiento de entrar en el Gobierno y demostrar que no solo se pide un cambio en la política, sino que estamos dispuestos a hacerlo y a hacerlo gobernando.

No se trata de una cuestión de discurso, se trata de una cuestión de hechos consolidados. Me gustaría recordar en este momento que entramos en el Gobierno hace poco más de un año y medio, con poco tiempo y mucho por hacer. Los cambios producidos no solo han tenido un peso cuantitativo sino cualitativo, de fondo y de norte. Nuestro norte ha sido hacer girar la política hacia la ciudadanía, poner en el centro de la acción política a las personas y sus necesidades, es momento de hacer recuento del mismo.

En qué momento hubiera sido imaginable implementar los procedimientos de emergencia ciudadana, un Plan Integral de Garantías Ciudadanas -Plan Podemos- atendiendo a las necesidades de vivienda, consumos energéticos y renta, trasformando la mirada fragmentada de la Administración en una mirada integrada y ajustada a las necesidades de las familias de Castilla-La Mancha. Un aumento presupuestario del 20% de las medidas del Plan Podemos, una inversión directa en la población de la región en los tres principales pilares, un 48% de aumento en el Ingreso Mínimo de Solidaridad, un 25,1% en políticas activas de empleo y un 8,8% en políticas de vivienda.

Un fuerte cambio en las dinámicas de gobernanza y coordinación interna constituyendo una dirección en el que todas las consejerías implicadas en políticas sociales pongan el foco en la misma dirección, un proceso de participación y coordinación externo con entidades, sindicatos, profesionales y ciudadanos en todas las provincias de nuestra comunidad.

Pero producir cambios sustanciales supone trasformar las coberturas de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha en un derecho. Para ello la futura Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas supone el resultado de un trabajo de evaluación de las políticas, de diagnóstico de las necesidades y una respuesta sólida y estable para que, nunca más, la familias y los hogares de esta región queden abandonados a su suerte.

En definitiva, dijimos que nuestro objetivo era implantar y coordinar el Plan Podemos, y lo hemos hecho. Dijimos que eran necesarios mecanismos de coordinación interna y externa, y lo hemos hecho. Dijimos que debía ser prioritaria la inversión en las personas, y lo hemos hecho. Dijimos que toda política social debe incluir un proceso autoevaluativo, y lo hemos hecho. Dijimos que era necesario un buen diagnóstico de la situación de la región, y también lo hemos hecho. Dijimos que veníamos a elevar a derecho las necesidades y una vida digna de la población de Castilla-La Mancha y nos encontramos en los últimos trámites para llevar la Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas a las Cortes de Castilla-La Mancha.

Podemos Gobernar Castilla-La Mancha, con Jose García Molina como cabeza de lista, es un proyecto serio, colectivo y que ha demostrado que cambiar Castilla-La Mancha no es una ficción, es una realidad.

Más de 60 aportaciones, la mayoría de ellas aceptadas, ha recibido en su periodo de información pública el anteproyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas que Podemos ha elaborado en el Gobierno de Castilla-La Mancha, una de los objetivos por los que entró a formar parte del Ejecutivo. Se trata de una elevada participación que ha derivado en la elaboración de un segundo borrador, donde, además de su impacto en las cuentas públicas, se precisan de forma más detallada los dos tramos de condiciones que las familias deben cumplir para tener acceso a la renta mínima hasta completar los 600 euros, una cantidad que se elevará por miembro adicional. Así lo han detallado la consejera para la coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz; y el vicepresidente segundo del Gobierno, José García Molina.

Este último ha explicado que con el segundo texto se da un “un paso más” hacia la consecución de la ley, uno de los compromisos de Podemos junto con la nueva normativa de participación ciudadana, también pendiente de trámite. “Es un avance importante, estamos en la última fase de la elaboración del anteproyecto de ley y buscamos su aprobación en el mínimo tiempo posible”.

Por su parte, Inmaculada Herranz ha precisado que ahora el anteproyecto de Ley es una “norma sólida” que avanza hacia “un sistema de protección estable” y que integra derechos avanzados en tres ejes: la coherencia con los fondos estructurales de la Unión Europea destinados a España, que Castilla-La Mancha sea equiparable a otras comunidades autónomas que ya cuentan con este sistema de garantía de rentas, y su “altísima” participación, ya que la norma viene “avalada” por el conjunto de colectivos sociales, asociaciones de vecinos, sindicatos y profesionales.

Este anteproyecto de ley, como ya adelantó hace meses eldiarioclm.es, hará efectivo tanto el derecho de garantía de ingresos como un conjunto de garantías complementerias. El primer bloque mantiene el objetivo de garantizar la renta mediante las políticas activas de empleo, por un lado, y para los que no tienen empleo, por otro lado, una renta garantizada o la complementariedad de sus ingresos “para mantener una vida digna”. El segundo bloque se refiere a las iniciativas complementarias, que son prestaciones vinculadas a la educación (material escolar, libros de texto), vivienda (rescate habitacional) y acompañamiento en el ámbito socio-laboral.

En este segundo borrador queda determinado que se entiende por situación de carencia o insuficiencia de recursos aquella contingencia que tiene lugar en el transcurso de la vida de una persona y que le impide hacer frente a las necesidades vitales para el mantenimiento propio o de las personas que integran la unidad de convivencia a la que pertenece.

Así, el acceso a la titularidad del derecho de garantías ciudadanas vendrá determinado por la capacidad económica de las personas solicitantes y demás miembros de su unidad de convivencia. Para ello se establecen dos tramos. En el primero, la renta garantizada se hará efectiva cuando la capacidad económica de quien lo solicita, y en su caso, de los demás integrantes de la unidad de convivencia de la que formen parte, sea inferior al 70% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para unidades de convivencia unipersonales, incrementándose en un porcentaje por miembro adicional, con una prestación media de 600 euros mensuales. En estos casos, tal y como aparecía también en el primer texto, tendrán prioridad las familias con menores por la necesidad de erradicar la pobreza infantil. Y en este tramo, las familias pueden acogerse tanto a la garantía de ingresos como a las complementarias.

En cuanto al segundo tramo, referente solo a las garantías complementarias, se establece cuando la capacidad económica de quien lo solicita, y en su caso, de los demás integrantes de la unidad de convivencia de la que formen parte, sea igual o superior al 70% del SMI, no superando el 130% de este indicador para unidades de convivencia unipersonales e incrementándose un porcentaje por miembro adicional.

Una precisión importante es que a la entrada en vigor de esta ley las personas perceptoras que tengan reconocido el Ingreso Mínimo de Solidaridad -el instrumento castellano-manchego ya existente para situaciones de extrema necesidad- pasarán a tener reconocida de forma automática la Prestación de Renta Garantizada.

La previsión: un total de 94.000 beneficiarios en 2019

La consejera de Garantías Ciudadanas ha precisado que la previsión es que estas medidas tengan en 2019 un total de 24.000 titulares pero que lleguen a unos 94.000 beneficiarios en Castilla-La Mancha. Además, también ha concretado que la implementación de la ley no supondrá una asignación presupuestaria completamente nueva ya que muchas de estas medidas ya se encuentran en el Plan de Garantías Ciudadanas del que procede el anteproyecto de ley, y que ya ha estado presupuestado en el presente ejercicio.

De cualquier forma, Herranz ha afirmado que el impacto económico de la nueva inversión para la garantía de ingresos será de entre el 0,15% y 0,20% del Presupuesto castellano-manchego. Es una cifra de entre 12 y 18 millones de euros, “perfectamente asumible”. “Esta ley vale mucho más de lo que cuesta”, ha destacado, añadiendo además que todos los estudios señalan que la inversiones de este tipo que se realizan en la ciudadanía “revierten en el desarrollo económico”.

El vicepresidente ha añadido asimismo que la responsabilidad principal de un gobierno es ante todo “proteger a la gente y promover la igualdad de condiciones”. “En Castilla-La Mancha no queremos pagar más impuestos y no queremos tener menos servicios, no queremos ser más que nadie pero tampoco menos que nadie, queremos equipararnos a lo que ya existe”. De hecho, ha subrayado que el empleo es una prioridad pero que la realidad de Castilla-La Mancha es que hay muchas familias que no tienen acceso al mundo laboral y que deben poder acceder a estos ingresos mínimos.

Sobre los plazos para la aprobación de la ley, ambos mantienen la expectativa de que se apruebe antes de que acabe el año, junto con los presupuestos regionales. García Molina reconoce las cuentas públicas regionales para 2019 están “paradas” a la espera de lo que suceda a nivel estatal. “Estamos a la expectativa. Nos jugamos mucho dinero extra del que no estamos sobrados, y me parecería un error mayúsculo que no se aprobaran”, ha concluido.

La consejera de Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas de Castilla La Mancha, impulsora de la renta básica en su comunidad, pretende que la medida llegue a las Cortes y sea aprobada por unanimidad

Se aleja de las afirmaciones de Fernando Clavijo, para quien la renta básica cronifica la pobreza. “Ningún indicador europeo justifica ese tipo de afirmación” y defiende que es una medida que ayuda a reactivar la economía

Señala que la crisis ha demostrado que los sistemas de protección social con los que contábamos son temporales ya que una vez se acaban los subsidios por desempleo no queda nada

Inmaculada Herranz es consejera de Podemos en el Gobierno de Castilla de La Mancha, donde la formación morada mantiene un pacto con el PSOE desde hace poco más de un año. Una alianza que pone como ejemplo de acuerdo de progreso. Es socióloga e impulsora de la Ley de Garantías Ciudadanas, entre cuyas medidas se encuentra la de garantizar una renta básica a la población. Una norma que pretende que llegue al Congreso para que sea una cuestión de Estado. Invitada por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión, ha participado en unas jornadas en Las Palmas de Gran Canaria.

Se aleja totalmente de las afirmaciones del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), que el año pasado aseguró en el Parlamento regional que la implantación de una renta básica cronifica la pobreza. Herranz asegura que lo que complica esta situación es la dejadez de las administraciones públicas. “Ningún indicador europeo justifica ese tipo de afirmación”.  Además, aclara que esta medida ayuda a mover la economía y que en las regiones donde se ha hecho una mayor inversión en gasto social se ha reducido la tasa de pobreza.

Ya se ha cumplido un año desde que entrara Podemos en el Gobierno de Castilla la Mancha con el PSOE. ¿Qué balance general puede hacer de este acuerdo entre partidos?

Podemos entra en el Gobierno de Castilla La Mancha para dar estabilidad. Creo que eso se ha logrado y además se ha conseguido una aceleración de los ritmos dentro del Gobierno. Nuestro objetivo ha sido recuperar parte de los derechos que la crisis económica había secuestrado y, en el caso de esta comunidad, estos diez años han supuesto prácticamente el abandono de una parte de la población.

¿Lo pondría como ejemplo de pacto progresista en España?

Sí, yo creo que es importante. Los gobiernos del cambio han generado un avance mucho más rápido y la conquista de algunos derechos ya que, la crisis económica ha servido de excusa para retirar derechos que ya se habían conseguido. El caso de Castilla La Mancha es paradigmático porque en el momento en el que la gente estaba peor, cuando el porcentaje de paro era más elevado, lo que sucede con un gobierno del PP es un desmantelamiento de los sistemas de protección social. Es decir, cae el 25% del gasto social.

Se dice que hemos salido de la crisis, pero al precio de perder derechos…

Efectivamente, hemos perdido derechos y algunas certezas. Se nos ha demostrado que los sistemas de protección que teníamos eran temporales, pues agotada una prestación por desempleo o los subsidios no tenemos nada. Entonces, no podemos dejar a la población abandonada a su suerte y no le podemos decir a la gente que no va a poder comer o no va a poder pagar su vivienda o los suministros energéticos.

De hecho, una de las medidas estrella de su gestión al frente de la Consejería es el Plan de Garantías Ciudadanas. ¿Cuáles son sus claves?

El objetivo era mejorar la calidad de vida de la población y, en un primer momento, se puso en funcionamiento poniendo en coordinación una parte de algunas de las medidas que ya existían. Es decir, teníamos unas prestaciones vinculadas a vivienda, otras a bienestar social… pero lo que no hacía la administración era sentarse a hablar. Lo que hicimos es generar un plan teniendo en cuenta las necesidades básicas, que tienen que ver con la vivienda, la renta y los suministros energéticos.

¿En qué consiste esa renta básica? ¿Quiénes podrían acceder a ella?

Para lo que es el plan, que es con lo que arrancamos, se ha hecho un diagnóstico de las necesidades de la población y vamos a hacer lo que para nosotros es el elemento clave: elevar a derecho las necesidades básicas. Vamos hacia una Ley de Garantías e Ingresos de la que estamos pendientes en las próximas semanas de sacar el segundo borrador con las alegaciones. Avanzamos hacia ello a través de los planes de empleo y la renta garantizada. Estamos hablando de una prestación de media de 600 euros, dependiendo del número de miembros y que es complementaria como derecho subjetivo. Es decir, es un derecho de todos los hogares de Castilla La Mancha con una implantación progresiva. La administración se responsabiliza de que todos los hogares que estén por debajo de esa cantidad económica lleguen a ese mínimo de ingresos.

Canarias es una de las comunidades con mayor índice de personas que se encuentran en riesgo de sufrir vulnerabilidad social y pobreza. Entonces, ¿cree que tiene sentido implantar una renta básica en las Islas?

No solo es elemental sino que debe ser una prioridad. La responsabilidad de lo que le pasa a los ciudadanos es de las administraciones públicas. En aquellos lugares en los que se ha producido una fuerte inversión sobre la población, esa tasa de pobreza no es tan elevada. En Castilla La Mancha, el último dato de 2017 ya apunta a una bajada de esa tasa y estamos ya en la quinta, mientras que Canarias es la segunda. Castilla La Mancha es un ejemplo claro de cómo al aumentar el gasto social baja la tasa de pobreza. Habrá que ver qué ha pasado en Canarias y por qué sigue manteniendo esa segunda posición de pobreza y exclusión social según los datos del Eurostat.

Sin embargo, a pesar de que grupos como Podemos han solicitado la implantación de esta renta básica al presidente regional, Fernando Clavijo (CC), ha contestado que esta medida puede cronificar la pobreza. ¿Qué le contestaría para desmontar esta afirmación?que esta medida puede cronificar la pobreza.

Lo que me gustaría es girar esa afirmación. Lo que se está diciendo desde una administración pública es que es mejor para la población no poder alimentar a sus hijos, no poder pagar la hipoteca o tener que estar viviendo de la pensión de sus padres. No hay nada que desmotar ahí, no cronifica la pobreza. La pobreza se cronifica cuando la administración se retira. En los últimos diez años lo que ha pasado es que cae el empleo de una manera dramática, se agotan las prestaciones por desempleo y no se resuelve la empleabilidad. Se produce así una cadena sistemática y las administraciones no hacen nada, sino que en algunos casos retiran el gasto social y ese deterioro económico se va haciendo cada vez mayor; eso es cronificar la pobreza.

Se podría decir que Castila La Mancha es un ejemplo de cómo la inversión en servicios sociales es lo que al final ha hecho que la gente pueda salir adelante…

No solo es que salga adelante, es que ningún indicador europeo justifica ese tipo de afirmación (la del presidente de Canarias). La pobreza se hereda y, según el Eurostat, en el caso de España, el 52% de las personas que a día de hoy son pobres lo eran cuando eran menores. Con esta afirmación no solo le estamos diciendo a la población que se puede quedar desprotegida, sino que además estás hipotecando la vida de nuestros hijos.

¿Cuánto sale a las arcas públicas introducir una renta básica?

Eso depende de la población de cada comunidad autónoma y de los porcentajes en sí. Nosotros hemos establecido una implantación progresiva en el que nuestro eje prioritario son los hogares con menores y estamos hablando de un presupuesto de 65 millones de euros en el primer año de implantación solo en garantía de ingresos, porque a ello se le añaden garantías complementarias como las vinculadas a vivienda o educación y aumentaría el presupuesto. Una parte de la inversión ya se está utilizando, sería reorganizar las partidas y colocar la prioridad donde debe estar.

Lo plantean como una inversión que ayudaría a incrementar el poder adquisitivo de las personas y mover la economía.

De hecho, la tasa de retorno a la economía supone que de cada euro que se invierte puede estar en el 1,2 o 1,4. Pensemos que si un hogar que ahora mismo no tiene ingresos o tiene 200 o 300 euros si le aseguramos a ese hogar, que imaginemos con dos miembros,  750 - 800 euros, ese dinero lo va a gastar en ir a comprar a la panadería del barrio, en ropa para sus hijos, en el centro de alimentación más cercano. La activación económica es evidente. El consumo y la economía empiezan así a moverse. Todos los estudios avalan que la inversión en población que eleva sus niveles de renta genera una mayor actividad económica.

La ley de garantías ciudadanas, ¿qué medidas recoge en materia de vivienda?

Lleva una serie de prestaciones vinculadas que tienen que ver con ayudas al arrendamiento, alquileres del parque público de vivienda, con la intermediación en ejecuciones hipotecarias, pero también recoge prestaciones en otros ámbitos como en educación con ayudas de libros, transporte escolar, residencias universitarias…

Es bastante transversal la ley, toca varios aspectos…

Claro, porque entendemos que lo que se está haciendo hasta el momento es una intervención fragmentada de las personas y uno puede entender que administrativamente existan distintas consejerías, pero la vida de la gente no está fragmentada y si tengo un problema de escasez de renta, tengo un problema para comprar el material escolar, de alimentación, para pagar el alquiler… No hagamos a la gente ir desnudándose ventanilla a ventanilla para recibir una prestación y luego vuelva a desnudarse de nuevo, a tener que contar su vida de nuevo cuando la administración puede tener mecanismos de intercomunicación.

¿Considera que es positivo que, ya pensando en las próximas elecciones, se lleguen a acuerdos progresistas como el de su comunidad autónoma? ¿Cree que es el camino que se debe seguir teniendo en cuenta lo que ocurrió en los pasados comicios cuando se rompió con el bipartidismo?

Lo importante es el diálogo y es lo que ahora mismo se está produciendo. Es importante saber hacia dónde nos dirigimos y qué queremos conseguir. Mientras los objetivos estén claros seguiremos para adelante ya que lo importante es que los cambios y las políticas públicas reviertan en la población.

¿Se percibe un incremento y unas ansias de participar en decisiones políticas por parte de la ciudadanía? ¿Qué herramientas se pueden utilizar para implicar a más personas en la toma de decisiones?

Hay muchas herramientas y hay que utilizar todas las que se puedan. Un elemento que hemos intentado hacer en Castilla La Mancha es que las administraciones den cuenta de lo que hacen y es importante que haya espacios abiertos a la ciudadanía donde  se les explique qué se está haciendo.

De aquí al próximo año ¿cuál es su objetivo a grandes rasgos?

Un objetivo claro y prioritario: llevar a las Cortes la Ley de Garantías Ciudadanas e Ingresos y que se apruebe por unanimidad y, si podemos, implantarla en 2019.

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José García Molina, y la consejera para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, han mantenido una reunión con el senador Ramón Espinar en la que se han abordado, entre otros asuntos, las iniciativas llevadas a cabo desde el Gobierno autonómico en el último año.

En este sentido, Ramón Espinar ha declarado que en Castilla-La Mancha se está haciendo “un gran trabajo”, en alusión a la futura Ley de Garantía de Ingresos y de Garantías Ciudadanas, de la que ha afirmado que “queremos estudiar, y trasladar su debate, el debate de la renta garantizada y el de su financiación, a la escala nacional”. Porque “creemos que si somos capaces de llegar a acuerdos para mejorar las condiciones de vida de los castellano-manchegos, tenemos que ser capaces también de llegar a acuerdos en el conjunto de la nación para mejorar la vida de la gente”.

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, por su parte, ha mostrado su acuerdo a abrir un debate nacional: “creemos que es efectivamente importante y relevante que algunas cosas que se están haciendo bien se eleven al debate nacional, vía en el Senado o por qué no, en el Congreso”. Según ha dicho, hay otras comunidades autónomas que ya tienen aprobadas rentas garantizadas o están en trámites para hacerlo, y “que también tienen interés en que ese debate nacional, especialmente en lo que hace a la financiación de este tipo de renta, se pueda materializar”.

Además, García Molina ha mostrado su deseo de que la futura Ley de Garantía de Ingresos y de Garantías Ciudadanas pueda debatirse, como apuntaba la consejera Inmaculada Herranz hace una semana, en el mes de noviembre próximo en las Cortes autonómicas.

“Estamos en el gobierno para dar estabilidad”, ha declarado, “estamos en el gobierno para garantizar una mejor vida a la gente y eso es lo que nos ocupa y esa es la hoja de ruta que nos hemos trazado; y creo que hasta el momento hemos estado de acuerdo en todos los puntos de estas leyes”. “De alguna manera, toda la sociedad civil organizada nos está diciendo que esta es una gran ley, es una ley necesaria para Castilla-La Mancha y no nos cabe en la cabeza otra opción más que esta ley se materialice”, ha concluido.

Las novedades suelen generar expectativas y escepticismo a partes iguales. De hecho, el impacto social y mediático del Plan de Garantías Ciudadanas corrobora esa premisa. Pero para entender la dimensión de las novedades conviene realizar ciertos ejercicios de memoria y retrotraerse a la historia reciente y a los puntos de los que se parte, en el caso que nos ocupa, en relación a las políticas sociales implementadas en nuestra región.

Algunas de las prestaciones integradas en Plan Integral de Garantías Ciudadanas ya existían anteriormente. Tal situación puede provocar que la comparativa directa con los años anteriores a la puesta en marcha del Plan se haga más compleja. La novedad radical es que, frente a la anterior descoordinación y dispersión de políticas públicas en materia social, por primera vez se ha procedido a una integración y reordenación de medidas y prestaciones. Todo ello ha podido trasladar confusión en los análisis de ciertos medios de comunicación. Por lo mismo, y en aras a la claridad, precisaré algunas cuestiones de cierta relevancia con respecto al Plan Integral de Garantías Ciudadanas.

El Plan nace con el objetivo de mejorar la respuesta a las necesidades de una población duramente golpeada por la crisis económica. Para ello integra las medidas anteriormente dispersas y de las que carecíamos de un histórico de evaluaciones de su impacto y efectividad. En esta dirección, a ocho meses de nuestra entrada en el Gobierno, se ha conseguido implementar el Plan con importantes mejoras de cobertura, se ha elaborado el Primer Informe de Seguimiento del 2017, disponemos de un diagnóstico en profundidad de las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas de la región y se ha elaborado el borrador de Anteproyecto de la Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha ajustándolo a dicho diagnóstico. Rara vez en las políticas sociales de nuestra tierra se ha hecho tanto, y tan novedoso, en tan poco tiempo.

En relación a las principales mejoras del Plan destacan: el significativo aumento presupuestario en el 2018, que supone un incremento del 31,6% respecto a algunas de las medidas existentes en el 2016, y del 20% respecto al 2017; el aumento de la cuantía y el tiempo de percepción del Ingreso Mínimo de Solidaridad; la integración de las medidas de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para una mayor cobertura a los hogares con escasos ingresos. También la mejora del Plan de Pobreza Energética, pudiendo percibir dos prestaciones al año en lugar de la única que se había previsto en 2016.

Como parte de nuestro compromiso político, por primera vez en Castilla-La Mancha, el día 20 de marzo, se hace público el Primer Informe de Seguimiento de las medidas del Plan Integral de Garantías Ciudadanas. En él se analiza la implementación y el impacto del mismo. Entre los principales resultados globales destaca la nueva concesión de 137.062 prestaciones en el 2017 que han recibido un total de 100.000 perceptores. Con respecto al 2016 se produce un incremento en el volumen de prestaciones del 23,4% pasando de 111.088 en 2016 a 137.062 en el 2017.

Sin embargo, diseñar políticas sociales adaptadas a las situaciones reales de la población requiere un diagnóstico en profundidad que determine el conjunto de necesidades y la dimensión de las mismas. Por primera vez en nuestra región, la Universidad de Castilla-La Mancha elabora un estudio representativo en todas las provincias y capitales de Castilla-La Mancha con el objetivo de fijar la “población de alta vulnerabilidad” a la que debe dirigirse una Ley que tenga como objetivo proveer a la ciudadanía de los recursos necesarios para tener una vida digna. Entre los principales resultados de este diagnóstico cabe resaltar que, del total de hogares de la región, el 16,7% vive en hogares con bajos ingresos y que, en el conjunto de los hogares con menores, esta situación afecta al 14,7% de estos hogares.

En definitiva, el borrador de Anteproyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas nace de un proceso riguroso de implementación del Plan Integral de Garantías Ciudadanas, de la evaluación del mismo y del análisis científico de las necesidades de la población. Con ello, el borrador de Anteproyecto de Ley no solo incorpora las principales prestaciones del Plan a través de un conjunto de Garantías Complementarias, sino que crea, por primera vez en Castilla-La Mancha, un Derecho de Garantía de Ingresos por encima de los 600 euros, a través de la Renta Garantizada como derecho subjetivo que, en su primer año de aplicación, prevé llegar al 90% de nivel de cobertura de los hogares con menores con bajos ingresos.

Este nuevo derecho no permite comparativa, es un sistema de protección social totalmente nuevo, sin precedentes en Castilla-La Mancha, porque sencillamente no existía en nuestra región. Es un paso adelante con el objetivo de alcanzar el 100% de protección. Porque sabemos que, garantizar la igualdad social es garantizar la libertad individual.

Ocho meses después de la entrada de Podemos en el Gobierno de Castilla-La Mancha, ya ha arrancado el procedimiento de toma en consideración de la futura Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas de la región. Será la normativa de medidas integrales que asegurará una ‘renta mínima’ a las personas y familias en mayor grado de pobreza y vulnerabilidad social de la comunidad autónoma, dando cuerpo legislativo al Plan de Garantías Ciudadanas que la formación morada gestiona en el Ejecutivo a través de la consejera Inmaculada Herranz y que fue aprobado el pasado mes de octubre. Esta futura ley, cuya aprobación definitiva tras su trámite parlamentario está prevista para final de año, se articula en torno a principios de igualdad social que persiguen el reconocimiento del Derecho a la Garantía de Ingresos, por un lado, y las Garantías Complementarias, por otro. Con ello, Castilla-La Mancha será la novena comunidad autónoma del país en establecer un sistema de ‘renta mínima’.

La Garantía de Ingresos reconocerá a las unidades familiares beneficiarias una Renta Garantizada por encima de los 600 euros mensuales, aplicándose incrementos de porcentaje de esta cantidad en función de los miembros que la compongan. El reconocimiento del derecho se hará en base a la capacidad económica del hogar, criterios objetivos de renta y número de miembros de la unidad de convivencia.

En líneas generales, sobre la población ‘objetivo’, prevé reconocer el derecho a ingresos garantizados a unos 25.000 hogares con menores y, que, en el conjunto de la ley, consiga alcanzar coberturas a más de 50.000 hogares en Castilla-La Mancha.

La fundamentación de esta nueva norma se basa en la caída de la renta media durante la crisis económico-financiera que atraviesa el país desde 2008, y que resultó aún más acusada en Castilla-La Mancha. A ello se unen los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE) del indicador agregado AROPE, que reflejan que la población castellano-manchega que se encontraba en riesgo de pobreza y exclusión social durante el 2016 ascendía hasta el 37,9 %, siendo la tercera comunidad autónoma con la tasa más alta por detrás de Canarias y Andalucía. De hecho, una reciente encuesta realizada por la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de Reina (Universidad de Castilla-La Mancha) muestra que el 15,4% de la población vive en hogares con bajos ingresos.

La población 'objetivo': sectores prioritarios

En el caso de los hogares con menores de 18 años, uno de los objetivos prioritarios, el 14,7% de los hogares con menores se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad por bajos ingresos, lo que representa un total de 31.800 hogares en la región. Se considera una prioridad en cuanto a la erradicación de la “pobreza heredada”, es decir, la transmisión intergeneracional de esta situación.

Con los derechos de garantías ciudadanas se pretende dar cobertura de apoyo económico y prestacional a las unidades de convivencia con menores de 18 años a su cargo, con personas dependientes y con personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 65%. Además, tal y como adelantó la consejera a eldiarioclm.es, hay otros sectores de la ciudadanía que son prioritarios en la futura aplicación de la ley. Por ello, de forma excepcional estarán incluidas unidades de convivencia independientes, cuando convivan en el mismo domicilio y alguno de ellos sea víctima de explotación sexual o trata, de violencia de género o intrafamiliar con hijos menores a cargo. Asimismo, se incluye a personas o unidades de convivencia que hayan sufrido un proceso de desahucio de su vivienda habitual y no tengan ninguna vivienda.

El núcleo central de la ley son los dos tramos que establece para determinar una renta garantizada. Un primer tramo para la concesión de ese importe se establece cuando la capacidad económica de quien lo solicita, y en su caso, de los demás integrantes de la unidad de convivencia de la que formen parte, sea inferior al 70% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para familias unipersonales, incrementándose en porcentajes progresivos por miembro adicional. Según la memoria económica adicional al borrador, en este escenario el ingreso mínimo garantizado mensual es de 600,99 euros con un miembro, y puede llegar hasta un máximo de 944 euros por el incremento de la familia hasta los seis miembros.

En el segundo tramo, se regula la renta mínima cuando la capacidad económica sea igual o superior al 65% del SMI. También en este caso se realiza el cálculo para familias unipersonales, incrementándose en un porcentaje por miembro adicional. Aquí la renta mínima sería de 558 euros mensuales con solo un miembro y el máximo es el mismo que en el anterior tramo: 944 euros hasta los seis miembros.

Un dato importante es que en ningún caso la cuantía mensual total de la prestación podrá superar el 110% del SMI y que ese importe para una sola persona se actualizará anualmente. También hay un mínimo: en los casos en el que la cuantía mensual a percibir en concepto de renta garantizada sea inferior a 50 euros, la concesión efectiva se equiparará a este límite y nunca por debajo de esa cantidad.

¿Cuánto tiempo se puede acceder a esa renta mínima? En el anteproyecto se regula que la concesión de la prestación económica tendrá, con carácter general, una duración de doce meses, renovables por periodos de igual duración, mientras continúe la situación de necesidad que generó el derecho de acceso. Debe renovarse obligatoriamente mediante una resolución de prórroga, cada año, sin perjuicio de la obligación permanente de las personas destinatarias de notificar cualquier modificación.

Otro dato importante es que cuando la ley entre en vigor los perceptores que tienen reconocido el Ingreso Mínimo de Solidaridad (nombre de la ayuda castellano-manchega que ya existe para situaciones de extrema necesidad) pasarán a tener reconocida de forma automática la prestación de renta garantizada. Será básicamente un reconocimiento ‘de oficio’, porque estas personas y familias ya cumplen con los requisitos establecidos.

Inversión y plazos

Además, ¿cuánto dinero se invertirá y cuáles serán los plazos para la implantación de estas ‘rentas mínimas’? Para la estimación presupuestaria que supondrá la ley en los próximos años, el Gobierno ha tenido en cuenta la previsión de su implantación en enero de 2019. Pese a las expectativas de crecimiento económico en la región, el Ejecutivo argumenta que los objetivos de estabilidad presupuestaria que se aprobaron en 2012 imposibilitan la implantación de una nueva ley que supere los 260 millones de euros en presupuesto. Por ello, su cobertura se implantará progresivamente, dando prioridad a las familias con menores a su cargo en el primer año, al colectivo de hogares con dependientes en el segundo año, y a hogares con personas discapacitadas en el tercer ejercicio.

A este respecto, el cálculo del impacto presupuestario de implantación de esta ley se ha realizado sumando los elementos de gasto público. En el primer tramo (el 70% del SMI) el importe que supondría la cobertura de la ley para la totalidad de hogares sería de más de 327 millones de euros en 2019, de los cuales 231 millones serían de nueva inversión ya que más de 96 millones corresponden al importe que ya se presupuestará en 2018 para planes de empleo e IMS. En el caso del segundo tramo (65% del SMI) el presupuesto total sería de más de 272 millones de euros, un 16,8% menos que en el anterior escenario. De estos últimos, aproximadamente 176 millones supondrían nueva inversión para el Gobierno, por el mismo motivo.

Esto traerá consigo, según los cálculos del Gobierno, un aumento de los hogares con derecho a garantía de ingresos. Concretamente, sin contar a los que ya son beneficiarios de planes de empleo o del IMS, la ‘renta mínima’ llegaría, en el primer tramo, a 18.665 titulares más que tienen menores a su cargo, con unas 68.241 personas como destinatarias (entendiendo como destinatarios a la persona titular y a todos los beneficiados por esa ayuda); a 1.198 hogares con dependientes a su cargo, que se correspondería con 2.414 destinatarios; y a 4.318 hogares con discapacitados, que supondría 7.944 beneficiarios más.

En el segundo escenario, serían 14.188 hogares con menores con 51.074 destinatarios más; 1.198 hogares con dependientes y 2.414 destinatarios más; y 3.630 hogares con discapacitados, que se corresponden con 6.569 destinatarios más. Realizando un cómputo global, serían más 139.000 personas nuevas beneficiarias de la renta garantizada en la región.

Los datos del diagnóstico que la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina ha realizado para complementar el Plan de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha, han permitido a la consejera que gestiona este proyecto, Inmaculada Herranz (Podemos), crear una fotografía de las diferencias entre provincias en cuanto a pobreza y vulnerabilidad social. Por ese motivo, ha realizado una serie de encuentros en todas las provincias que este jueves, día 26 de abril, también se llevará a cabo en Toledo. Será desde las 17.00 a las 19.00 horas en la Escuela de Administración Regional ubicada en el Polígono, y al mismo están invitados todos los ciudadanos para “dar voz” tanto al Plan de Garantías como a la futura ley integral que garantizará su implantación normativa.

La consejera ha explicado a eldiarioclm.es que estos actos se han llevado a cabo con el objetivo de dar cuenta del trabajo realizado en torno al Plan y a su informe de seguimiento durante el pasado año. “Hemos establecido un proceso de diálogo con la población, para conocer sus necesidades, sus dudas y sus propuestas”. A los datos ya obtenidos tanto del seguimiento como del diagnóstico, añade, hay que ponerles “voz” porque “es nuestra responsabilidad”.

En cada una de las provincias, los encuentros han servido para ofrecer los datos concretos y algunas singularidades de los variados territorios de Castilla-La Mancha. En el caso de Toledo y sobre el informe de seguimiento de 2017, la provincia alberga el mayor número de prestaciones de toda la comunidad autónoma, un total de 49.100. Por programas, las prestaciones en garantía habitacional representan el 29,4% del total de las concedidas en la región, destacando las ayudas al alquiler como principal eje, que llegan al 26,6%. Mientras, en garantías de suministros, en la provincia se aglutinó el 26,4% de las concedidas en la región. El resto lo compone la garantía de rentas, “centro neurálgico” del Plan, que alcanza las 42.100 prestaciones.

Diagnóstico social en Toledo

Pero los datos más reveladores se encuentran en el diagnóstico social realizado. Existen algunas peculiaridades en el caso de la provincia de Toledo que tienen que ver con la vulnerabilidad habitacional, es decir, aquellos hogares o familias a los que el coste de alquiler o hipoteca supera en el 40% de sus ingresos. En la provincia, supone un 22% de los hogares, dos puntos por encima de la media regional, que puede tener relación con el incremento del precio medio de las hipotecas. Por otra parte, sobre la “población objetivo” del Plan de Garantías, es decir, aquellos hogares especialmente vulnerables con bajos ingresos, tanto la provincia como la capital se encuentran por debajo de la media regional, pero esta tendencia se revierte cuando se trata de de hogares con menores. En ambos casos (con un 20,2% en la capital y un 15,6% en la provincia) están por encima de la media.

La consejera considera que estas cifras conforman uno de los motivos por los que el Gobierno regional quiere poner el foco en hogares vulnerables con menores, considerando además que, según los expertos, el 52% de esos hogares con pobreza severa tiene tendencia a reproducirla.

Aunque Toledo no es de las provincias con porcentajes más altos en este tipo de pobreza (Cuenca y Ciudad Real se encuentran por delante) Inmaculada Herranz considera que el Plan tiene en cuenta estas diferencias entre provincias y también entre diferentes áreas. Señala por ejemplo que mientras aumenta el porcentaje de hogares con menores ingresos en aquellos municipios con menos de 20.000 habitantes, en estas poblaciones la vulnerabilidad habitacional disminuye mientras sube en las grandes ciudades.

Por todo ello destaca la importancia de estas jornadas, para conocer la opinión de los ciudadanos de diferentes áreas geográficas y conocer situaciones de todo tipo. “Tenemos los datos, que son importantes, pero necesitamos ponerlo en tres dimensiones”, recalca.

Tras las diferentes jornadas celebradas, la consejera afirma que el sentir de la ciudadanía es de “cierta expectación” de cara a la futura ley. “La mirada está puesta ahí, en dar respuesta a las situaciones actuales y que además se pueda generar un mecanismo que les proteja. La población demanda que no vuelva a suceder lo que han vivido en estos años, no volver a encontrarse abandonados ante situaciones que no son su responsabilidad individual, sino fruto de vaivenes de estructuras económicas”.

Esta misma semana, la consejera para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas ha presidido también el cuarto encuentro de trabajo de la Mesa Regional de Garantías Ciudadanas que componen sindicatos, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil. En el mismo ha informado a los actores sociales de la región de las líneas básicas que conforman el borrador de anteproyecto de Ley de Garantías de Ingresos y Garantías Ciudadanas que la propia consejería ha venido trabajando en los últimos meses y que estará disponible para consulta pública en las próximas semanas.

Ya se conocen los primeros resultados de la implantación del Plan de Garantías Ciudadanas que Podemos gestiona en el Gobierno de Castilla-La Mancha, así como el diagnóstico socio-demográfico de la población que ha llevado a cabo la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina. Los esbozos generales los ha dado a conocer la consejera encargada de la coordinación del Plan de Garantías, Inmaculada Herranz, después de que la semana pasada el Consejo de Gobierno conociera el informe de seguimiento de 2017. Ha recordado que este proyecto, ya incluido en los Presupuestos regionales del presente año con 36 medidas transversales, se aprobó como una “experiencia de integración evaluable”.

El informe sobre el Plan de Garantías incluye tanto la metodología que se ha llevado a cabo para el seguimiento de las prestaciones, como los análisis y resultados obtenidos y la acción integral entre consejerías, es decir, la capacidad de respuesta que ha tenido la Administración castellano-manchega. Para ello, ha sido fundamental la elaboración de un sistema informático denominado “cuadro de mandos” donde se han establecido las comunicaciones entre departamentos para obtener los resultados.

Según ha desgranado la consejera, el total de prestaciones concedidas a los ciudadanos en 2017 dentro del Plan ha sido de 137.362, a las que hay sumar las 13.205 que se han seguido manteniendo aunque ya estaban vigentes el año anterior. Por eso, el cómputo total de prestaciones recibidas por los castellano-manchegos ha sido de 150.267, repartidas entre unos 100.000 perceptores. Es decir, hay hogares y personas que requieren más de una prestación.

Más concretamente, el programa de garantía habitacional asume un total de 11.936 prestaciones, el de suministros básicos de electricidad y gas (medidas contra la pobreza energética) hasta 14.526 y el de garantías de rentas aglutina el mayor número de perceptores, con 111.109 prestaciones. Por provincias, Toledo es la que alberga el mayor porcentaje con el 37,3%, seguida de Ciudad Real con el 23,4% y de Albacete con el 21,3%. En menor medida, Guadalajara tiene el 9,2% de estas prestaciones y Cuenca el 8,8%. Esta diversificación es “fácilmente explicable”, según Herranz, ya que refleja una “distribución idéntica” al peso de la población.

La comparativa total de la aplicación del Plan de Garantías con respecto a 2016 ofrece también algunas cifras significativas como el hecho de que las ayudas al alquiler hayan subido más de un 60% al haberse incorporado factores sociales en la priorización recursos habitacionales, como es el caso de la violencia de género. No obstante, ha descendido el número de solicitudes de ayudas para garantía de suministros energéticos, aunque se ha dado respuesta a la totalidad de las presentadas. Esto se debe, explica la consejera, a que se ha intervenido de manera previa a los cortes de suministro, es decir, a la combinación “de medidas preventivas y paliativas”.

En cuanto al sistema de garantía de rentas, uno de los pilares del Plan de Podemos dentro del Gobierno de Castilla-La Mancha, uno de los programas que más ha elevado su cobertura ha sido el que incluye todas las prestaciones vinculadas a educación (compra de libros y comedores escolares, entre otros) pasando las solicitudes de 74.000 a 79.000. Otro elemento importante es el impacto de género en su aplicación: en el 53% de los casos las preceptoras son mujeres, pero sucede al contrario en las solicitudes donde “esa aparente homogeneidad se rompe”.

En cuanto al diagnóstico elaborado por la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera, se trata de una evaluación realizada sobre un total de 1.306 hogares y 3.432 personas en 333 municipios de la región, lo que supone una “amplia representatividad” autonómica, provincial y en capitales de provincia. Algunas conclusiones generales desvelan que el hogar mayoritario en Castilla-La Mancha es el de dos miembros seguido por el de tres, y que el 27,6% de los hogares tienen al menos un menor de 18 años y el 36,2% al menos un mayor de 64 años. La tasa de paro regional ronda el 20%, el 83% de los trabajadores son asalariados, y el resto trabaja por cuenta propia.

Vivienda y bajos ingresos

En el caso de vivienda, el 68% tiene la vivienda completamente pagada, y la media de pago es de 428 euros mensuales en el caso de las hipotecas y de 277 euros para el alquiler. En el 65% de hogares castellano-manchegos, el gasto que supone la hipoteca no llega al 30%, pero hay 60.000 hogares que tienen que dedicar el 40% o más para poder dar respuesta a los gastos de la vivienda, es decir, “lo hacen con dificultad”.

Aplicando los criterios técnicos, en toda la región, el 16,7% de hogares son vulnerables con bajos ingresos, siendo Guadalajara la provincia con menor incidencia y Ciudad y Cuenca las que más. En el 14,7% de los hogares de la región con bajos ingresos viven menores, lo que arroja una cifra de hasta 30.000 hogares. Este último porcentaje es la “población objetivo” a la que quiere llegar en su totalidad el Plan de Garantías Ciudadanas.

Finalmente, Inmaculada Herranz ha querido hacer hincapié en que durante los siete meses que Podemos lleva en el Gobierno regional ha conseguido cumplir los objetivos marcados como son la implantación del Plan, los mecanismos de coordinación, los de participación y la próxima remisión al Consejo de Gobierno del anteproyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanos, que “se apoyará en estos resultados”.

La consejera para la coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, ha presidido este martes una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan de Garantías Ciudadanas. En ella, han participado, como miembros de la Comisión: la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto; y los directores generales de Coordinación y Planificación, Alejandro Alonso; de Presupuestos, Isidro Hernández; de Salud Pública y Consumo, Manuel Tordera; y de Vivienda y Urbanismo, José Antonio Carrillo, en el lugar de la consejera de Fomento. También ha asistido aunque no es miembro de la Comisión, el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro.

En la reunión, Inmaculada Herranz ha dado a conocer el resto de miembros un primer análisis de los resultados obtenidos del proceso de coordinación y seguimiento de las medidas integradas en el Plan en sus primeros seis meses; del que se extraen las cifras de 100.000 personas perceptoras de ayudas; 46.670 hogares con menores y un total de prestaciones concedidas que asciende a 137.571.

Análisis de resultados por programas

La consejera Herranz ha indicado que en el Programa de Garantía Habitacional se han concedido un total de 11.936 prestaciones, de las cuales 8.181 corresponde a prestaciones monetarias y /o en especie y 3.755 a atenciones técnicas.

En el Programa de Garantía de Suministros Básicos del Hogar se han concedido 14.526, de las cuales son prestaciones monetarias 5.850 y 8.182 corresponden a acciones informativas, de mediación o de educación (OMIC).

Por último, en el Programa de Garantía de Rentas se han concedido un total de 111.109 prestaciones económicas o en especie dependientes de Educación y Bienestar Social; así como las contrataciones en planes de empleo.

Análisis por impacto de género

Del total de prestaciones también se han obtenido los datos atendiendo al género de las personas perceptoras, siendo el 47% de los titulares hombres, y el 53% mujeres. De igual forma se han podido obtener la diferenciación en las prestaciones de carácter periódico y puntual o de emergencia, siendo la correspondiente al Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) de un 63,1% corresponden a varones frente al 36,9% de las solicitudes presentadas por mujeres; la referente a ayudas de emergencia de un 70% las ayudas concedidas en favor de mujeres frente a un 30% concedidas a varones; y, por último, las ayudas concedidas para el mantenimiento de las condiciones básicas, en las que se refleja un 96% de concesiones en favor de las mujeres.

En definitiva, ha declarado Inmaculada Herranz, “se han realizado mejoras en el Ingreso Mínimo de Solidaridad, ampliado la percepción de las ayudas de emergencia para situaciones de pobreza energética, aumentado el acceso a determinadas ayudas de Educación, y logrado una ampliación de presupuesto”

Falta poco más de una semana para la huelga feminista de carácter laboral, de cuidados, de consumo y estudiantil convocada para el próximo día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y desde diferentes colectivos y sindicatos de la región se agudizan los llamamientos para que todas las mujeres participemos. A esta petición se ha sumado también la consejera para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha, Inmaculada Herranz (Podemos), quien ha adelantado a eldiarioclm.es que realizará huelga general de 24 horas ese día para manifestar su adhesión.

“Hago un llamamiento a todas las mujeres para que se note cuál es el papel que estamos desempeñando”, ha manifestado la consejera con motivo de esta convocatoria organizada desde la Coordinadora Estatal del 8M y a la que posteriormente se han sumado los sindicatos para dar cobertura legal. UGT y CCOO han convocado paros de dos horas por turno mientras que desde la Confederación Intersindical , CNT y CGT se llama a la huelga general.

Herranz ha indicado que las mujeres son una “potencia” para España: “Estamos  desarrollando a nivel profesional, laboral y familiar un papel tremendamente relevante, pero se mantienen las desigualdades”. De hecho, ha recalcado que ni uno solo de los indicadores estructurales apunta la existencia de la igualdad de género, “más allá de un discurso que sí se ha implementado en los medios de comunicación”.

A este respecto, considera que esa igualdad “no es real” en ninguno de los ámbitos de la vida social, ni en el público, ni en el laboral, ni en el reparto de tareas, ni en el ámbito de la representación política. “Por lo tanto tenemos un camino largo por recorrer y es importante que cada una de las generaciones de mujeres hagamos nuestra parte de la lucha. Otras mujeres previamente hicieron un esfuerzo importante y nosotras debemos hacer el nuestro”, agrega.

Precisamente, el vicepresidente segundo del Gobierno regional y secretario general de Podemos en la comunidad autónoma, José García Molina, ha afirmado en CMM que apoya esta huelga porque está “más que justificada” sobre todo cuando “vemos cómo en un país desarrollado sigue existiendo esa desigualdad, ya no solo laboral, sino también en el papel y en el rol social de las mujeres”. “Todo lo que sea visibilizar que hay un problema que sigue existiendo y al que hay que poner soluciones, es algo positivo. Y en este sentido todavía queda mucho camino por delante”.