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La 'renta mínima' de Castilla-La Mancha será para ingresos menores del 70% del SMI

Tendrá un “impacto mínimo” en las cuentas públicas y "revertirá" en el desarrollo económico: “Vale más de lo que cuesta”

El segundo borrador de la ley confirma este ingreso en un mínimo de 600 euros por unidad familiar y mantiene un segundo tramo de medidas complementarias

Podemos, impulsor de esta norma en el Ejecutivo regional, sigue confiando en que se apruebe a final de año junto con los Presupuestos autonómicos

renta mínima

Europa Press

Más de 60 aportaciones, la mayoría de ellas aceptadas, ha recibido en su periodo de información pública el anteproyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas que Podemos ha elaborado en el Gobierno de Castilla-La Mancha, una de los objetivos por los que entró a formar parte del Ejecutivo. Se trata de una elevada participación que ha derivado en la elaboración de un segundo borrador, donde, además de su impacto en las cuentas públicas, se precisan de forma más detallada los dos tramos de condiciones que las familias deben cumplir para tener acceso a la renta mínima hasta completar los 600 euros, una cantidad que se elevará por miembro adicional. Así lo han detallado la consejera para la coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz; y el vicepresidente segundo del Gobierno, José García Molina.

Este último ha explicado que con el segundo texto se da un “un paso más” hacia la consecución de la ley, uno de los compromisos de Podemos junto con la nueva normativa de participación ciudadana, también pendiente de trámite. “Es un avance importante, estamos en la última fase de la elaboración del anteproyecto de ley y buscamos su aprobación en el mínimo tiempo posible”.

Por su parte, Inmaculada Herranz ha precisado que ahora el anteproyecto de Ley es una “norma sólida” que avanza hacia “un sistema de protección estable” y que integra derechos avanzados en tres ejes: la coherencia con los fondos estructurales de la Unión Europea destinados a España, que Castilla-La Mancha sea equiparable a otras comunidades autónomas que ya cuentan con este sistema de garantía de rentas, y su “altísima” participación, ya que la norma viene “avalada” por el conjunto de colectivos sociales, asociaciones de vecinos, sindicatos y profesionales.

Este anteproyecto de ley, como ya adelantó hace meses eldiarioclm.es, hará efectivo tanto el derecho de garantía de ingresos como un conjunto de garantías complementerias. El primer bloque mantiene el objetivo de garantizar la renta mediante las políticas activas de empleo, por un lado, y para los que no tienen empleo, por otro lado, una renta garantizada o la complementariedad de sus ingresos “para mantener una vida digna”. El segundo bloque se refiere a las iniciativas complementarias, que son prestaciones vinculadas a la educación (material escolar, libros de texto), vivienda (rescate habitacional) y acompañamiento en el ámbito socio-laboral.

Inmaculada Herranz y José García Molina

Inmaculada Herranz y José García Molina JCCM

En este segundo borrador queda determinado que se entiende por situación de carencia o insuficiencia de recursos aquella contingencia que tiene lugar en el transcurso de la vida de una persona y que le impide hacer frente a las necesidades vitales para el mantenimiento propio o de las personas que integran la unidad de convivencia a la que pertenece.

Así, el acceso a la titularidad del derecho de garantías ciudadanas vendrá determinado por la capacidad económica de las personas solicitantes y demás miembros de su unidad de convivencia. Para ello se establecen dos tramos. En el primero, la renta garantizada se hará efectiva cuando la capacidad económica de quien lo solicita, y en su caso, de los demás integrantes de la unidad de convivencia de la que formen parte, sea inferior al 70% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para unidades de convivencia unipersonales, incrementándose en un porcentaje por miembro adicional, con una prestación media de 600 euros mensuales. En estos casos, tal y como aparecía también en el primer texto, tendrán prioridad las familias con menores por la necesidad de erradicar la pobreza infantil. Y en este tramo, las familias pueden acogerse tanto a la garantía de ingresos como a las complementarias.

En cuanto al segundo tramo, referente solo a las garantías complementarias, se establece cuando la capacidad económica de quien lo solicita, y en su caso, de los demás integrantes de la unidad de convivencia de la que formen parte, sea igual o superior al 70% del SMI, no superando el 130% de este indicador para unidades de convivencia unipersonales e incrementándose un porcentaje por miembro adicional.

Una precisión importante es que a la entrada en vigor de esta ley las personas perceptoras que tengan reconocido el Ingreso Mínimo de Solidaridad -el instrumento castellano-manchego ya existente para situaciones de extrema necesidad- pasarán a tener reconocida de forma automática la Prestación de Renta Garantizada.

La previsión: un total de 94.000 beneficiarios en 2019

La consejera de Garantías Ciudadanas ha precisado que la previsión es que estas medidas tengan en 2019 un total de 24.000 titulares pero que lleguen a unos 94.000 beneficiarios en Castilla-La Mancha. Además, también ha concretado que la implementación de la ley no supondrá una asignación presupuestaria completamente nueva ya que muchas de estas medidas ya se encuentran en el Plan de Garantías Ciudadanas del que procede el anteproyecto de ley, y que ya ha estado presupuestado en el presente ejercicio.

De cualquier forma, Herranz ha afirmado que el impacto económico de la nueva inversión para la garantía de ingresos será de entre el 0,15% y 0,20% del Presupuesto castellano-manchego. Es una cifra de entre 12 y 18 millones de euros, “perfectamente asumible”. “Esta ley vale mucho más de lo que cuesta”, ha destacado, añadiendo además que todos los estudios señalan que la inversiones de este tipo que se realizan en la ciudadanía “revierten en el desarrollo económico”.

El vicepresidente ha añadido asimismo que la responsabilidad principal de un gobierno es ante todo “proteger a la gente y promover la igualdad de condiciones”. “En Castilla-La Mancha no queremos pagar más impuestos y no queremos tener menos servicios, no queremos ser más que nadie pero tampoco menos que nadie, queremos equipararnos a lo que ya existe”. De hecho, ha subrayado que el empleo es una prioridad pero que la realidad de Castilla-La Mancha es que hay muchas familias que no tienen acceso al mundo laboral y que deben poder acceder a estos ingresos mínimos.

Sobre los plazos para la aprobación de la ley, ambos mantienen la expectativa de que se apruebe antes de que acabe el año, junto con los presupuestos regionales. García Molina reconoce las cuentas públicas regionales para 2019 están “paradas” a la espera de lo que suceda a nivel estatal. “Estamos a la expectativa. Nos jugamos mucho dinero extra del que no estamos sobrados, y me parecería un error mayúsculo que no se aprobaran”, ha concluido.

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