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La ‘renta mínima’ de Castilla-La Mancha será de un año prorrogable y superará los 600 euros mensuales

Ya se ha iniciado el procedimiento para que el Gobierno regional dé luz verde a la Ley de desarrollo del Plan de Garantías Ciudadanas que gestiona Podemos

Incluye hasta un máximo de 944 euros mensuales por incrementos adicionales en hogares con hasta seis miembros en situación de pobreza o vulnerabilidad

El objetivo principal es dar cobertura a hogares con menores, con dependientes a su cargo o con personas discapacitadas en rango igual o superior al 65%

Las víctimas de explotación sexual, de trata, de violencia machista o de desahucios también serán prioritarias

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Pobreza Cero

Ocho meses después de la entrada de Podemos en el Gobierno de Castilla-La Mancha, ya ha arrancado el procedimiento de toma en consideración de la  futura Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas de la región. Será la normativa de medidas integrales que asegurará una ‘renta mínima’ a las personas y familias en mayor grado de pobreza y vulnerabilidad social de la comunidad autónoma, dando cuerpo legislativo al  Plan de Garantías Ciudadanas que la formación morada gestiona en el Ejecutivo a través de la consejera Inmaculada Herranz y que fue aprobado el pasado mes de octubre. Esta futura ley, cuya aprobación definitiva tras su trámite parlamentario está prevista para final de año, se articula en torno a principios de igualdad social que persiguen el reconocimiento del Derecho a la Garantía de Ingresos, por un lado, y las Garantías Complementarias, por otro. Con ello, Castilla-La Mancha será la novena comunidad autónoma del país en establecer un sistema de ‘renta mínima’.

La Garantía de Ingresos reconocerá a las unidades familiares beneficiarias una Renta Garantizada por encima de los 600 euros mensuales, aplicándose incrementos de porcentaje de esta cantidad en función de los miembros que la compongan. El reconocimiento del derecho se hará en base a la capacidad económica del hogar, criterios objetivos de renta y número de miembros de la unidad de convivencia. 

En líneas generales, sobre la población ‘objetivo’, prevé reconocer el derecho a ingresos garantizados a unos 25.000 hogares con menores y, que, en el conjunto de la ley, consiga alcanzar coberturas a más de 50.000 hogares en Castilla-La Mancha.

La fundamentación de esta nueva norma se basa en la caída de la renta media durante la crisis económico-financiera que atraviesa el país desde 2008, y que resultó aún más acusada en Castilla-La Mancha. A ello se unen los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE) del  indicador agregado AROPE, que reflejan que la población castellano-manchega que se encontraba en riesgo de pobreza y exclusión social durante el 2016 ascendía hasta el 37,9 %, siendo la tercera comunidad autónoma con la tasa más alta por detrás de Canarias y Andalucía. De hecho, una reciente encuesta realizada por la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de Reina (Universidad de Castilla-La Mancha) muestra que el 15,4% de la población vive en hogares con bajos ingresos.

La población 'objetivo': sectores prioritarios

En el caso de los hogares con menores de 18 años, uno de los objetivos prioritarios, el 14,7% de los hogares con menores se encuentra en una situación de  alta vulnerabilidad por bajos ingresos, lo que representa un total de 31.800 hogares en la región. Se considera una prioridad en cuanto a la erradicación de la “pobreza heredada”, es decir, la transmisión intergeneracional de esta situación.

Con los derechos de garantías ciudadanas se pretende dar cobertura de apoyo económico y prestacional a las unidades de convivencia con menores de 18 años a su cargo, con personas dependientes y con personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 65%. Además, tal y como adelantó la consejera a eldiarioclm.es, hay otros sectores de la ciudadanía que son prioritarios en la futura aplicación de la ley. Por ello, de forma excepcional estarán incluidas unidades de convivencia independientes, cuando convivan en el mismo domicilio y alguno de ellos sea víctima de explotación sexual o trata, de violencia de género o intrafamiliar con hijos menores a cargo. Asimismo, se incluye a personas o unidades de convivencia que hayan sufrido un proceso de desahucio de su vivienda habitual y no tengan ninguna vivienda.

El núcleo central de la ley son los dos tramos que establece para determinar una renta garantizada. Un primer tramo para la concesión de ese importe se establece cuando la capacidad económica de quien lo solicita, y en su caso, de los demás integrantes de la unidad de convivencia de la que formen parte, sea inferior al 70% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para familias unipersonales, incrementándose en porcentajes progresivos por miembro adicional. Según la memoria económica adicional al borrador, en este escenario el ingreso mínimo garantizado mensual es de 600,99 euros con un miembro, y puede llegar hasta un máximo de 944 euros por el incremento de la familia hasta los seis miembros.

En el segundo tramo, se regula la renta mínima cuando la capacidad económica sea igual o superior al 65% del SMI. También en este caso se realiza el cálculo para familias unipersonales, incrementándose en un porcentaje por miembro adicional. Aquí la renta mínima sería de 558 euros mensuales con solo un miembro y el máximo es el mismo que en el anterior tramo: 944 euros hasta los seis miembros.  

Baremo de acceso e importe máximo de Garantía de Ingresos según el número de miembros del hogar

Baremo de acceso e importe máximo de Garantía de Ingresos según el número de miembros del hogar

Un dato importante es que en ningún caso la cuantía mensual total de la prestación podrá superar el 110% del SMI y que ese importe para una sola persona se actualizará anualmente. También hay un mínimo: en los casos en el que la cuantía mensual a percibir en concepto de renta garantizada sea inferior a 50 euros, la concesión efectiva se equiparará a este límite y nunca por debajo de esa cantidad.

¿Cuánto tiempo se puede acceder a esa renta mínima? En el anteproyecto se regula que la concesión de la prestación económica tendrá, con carácter general, una duración de doce meses, renovables por periodos de igual duración, mientras continúe la situación de necesidad que generó el derecho de acceso. Debe renovarse obligatoriamente mediante una resolución de prórroga, cada año, sin perjuicio de la obligación permanente de las personas destinatarias de notificar cualquier modificación.

Otro dato importante es que cuando la ley entre en vigor los perceptores que tienen reconocido el Ingreso Mínimo de Solidaridad (nombre de la ayuda castellano-manchega que ya existe para situaciones de extrema necesidad) pasarán a tener reconocida de forma automática la prestación de renta garantizada. Será básicamente un reconocimiento ‘de oficio’, porque estas personas y familias ya cumplen con los requisitos establecidos.

Inversión y plazos

Además, ¿cuánto dinero se invertirá y cuáles serán los plazos para la implantación de estas ‘rentas mínimas’? Para la estimación presupuestaria que supondrá la ley en los próximos años, el Gobierno ha tenido en cuenta la previsión de su implantación en enero de 2019. Pese a las expectativas de crecimiento económico en la región, el Ejecutivo argumenta que los objetivos de estabilidad presupuestaria que se aprobaron en 2012 imposibilitan la implantación de una nueva ley que supere los 260 millones de euros en presupuesto. Por ello, su cobertura se implantará progresivamente, dando prioridad a las familias con menores a su cargo en el primer año, al colectivo de hogares con dependientes en el segundo año, y a hogares con personas discapacitadas en el tercer ejercicio.

A este respecto, el cálculo del impacto presupuestario de implantación de esta ley se ha realizado sumando los elementos de gasto público. En el primer tramo (el 70% del SMI) el importe que supondría la cobertura de la ley para la totalidad de hogares sería de más de 327 millones de euros en 2019, de los cuales 231 millones serían de nueva inversión ya que más de 96 millones corresponden al importe que ya se presupuestará en 2018 para planes de empleo e IMS. En el caso del segundo tramo (65% del SMI) el presupuesto total sería de más de 272 millones de euros, un 16,8% menos que en el anterior escenario. De estos últimos, aproximadamente 176 millones supondrían nueva inversión para el Gobierno, por el mismo motivo.

Esto traerá consigo, según los cálculos del Gobierno, un aumento de los hogares con derecho a garantía de ingresos. Concretamente, sin contar a los que ya son beneficiarios de planes de empleo o del IMS, la ‘renta mínima’ llegaría, en el primer tramo, a 18.665 titulares más que tienen menores a su cargo, con unas 68.241 personas como destinatarias (entendiendo como destinatarios a la persona titular y a todos los beneficiados por esa ayuda); a 1.198 hogares con dependientes a su cargo, que se correspondería con 2.414 destinatarios; y a 4.318 hogares con discapacitados, que supondría 7.944 beneficiarios más.

En el segundo escenario, serían 14.188 hogares con menores con 51.074 destinatarios más; 1.198 hogares con dependientes y 2.414 destinatarios más; y 3.630 hogares con discapacitados, que se corresponden con 6.569 destinatarios más. Realizando un cómputo global, serían más 139.000 personas nuevas beneficiarias de la renta garantizada en la región.

Titulares y destinatarios de Garantía de Ingresos según tipología del hogar sin beneficiarios de planes de empleo o IMS

Titulares y destinatarios de Garantía de Ingresos según tipología del hogar sin beneficiarios de planes de empleo o IMS

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