La mujer que denunció por acoso laboral al alcalde de Almussafes, Toni González, y que posteriormente fue despedida de la Empresa Municipal de Serveis d'Almussafes (EMSPA) en la que trabajaba ha sido readmitida en su puesto de trabajo tras la resolución de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) por la que se abrió un procedimiento sancionador de hasta 300.000 euros tanto al primer edil como a la mercantil por una posible infracción muy grave, al considerar que el despido se ejecutó como represalia. González recibió posteriormente una segunda denuncia de otra persona por acoso sexual, lo que ha derivado en su expulsión del PSPV-PSOE.

El consejo de administración de la Empresa Municipal de Serveis d'Almussafes (EMSPA) acordó el pasado 18 de marzo dejar sin efecto el despido, tal y como consta en el expediente avanzado por The Objective y al que ha tenido acceso elDiario.es.

Según el escrito, en la resolución de Antifraude “se exponen una serie de antecedentes de hecho, con los que no se muestra conformidad, no obstante, no teniendo esta propuesta como objeto la formulación de alegaciones, a la citada resolución, que se formalizarán en tiempo y forma, es necesario resolver sobre la procedencia de las medidas provisionales”.

Por este motivo y tras defender el procedimiento por el que se adoptó la decisión de despedir a la empleada, basado en informes jurídicos, el consejero delegado de la EMPSA considera que dado que se trata de “una medida cautelar proporcional, que garantiza el ejercicio del derecho a la persona afectada, por lo que propone su adopción, dado que, en ningún caso, la resolución adoptada, lo fue como un acto de represalia o hostigamiento, habiéndose acreditado, la colaboración plena de la sociedad, en el procedimiento principal de investigación”.

Por este motivo, el consejo de administración acordó “la suspensión inmediata de la eficacia ejecutiva del acuerdo de despido disciplinario de fecha 13 de febrero de 2026, reponiendo a la trabajadora G. A. a su puesto de trabajo con con mantenimiento íntegro de sus condiciones profesionales y retributivas, alta y cotización, hasta que recaiga resolución administrativa firme en el procedimiento seguido por la AVAF, o pronunciamiento jurisdiccional incompatible de dichos efectos, todo ello en cumplimiento de la resolución de la Agencia Valenciana Antifraude, y sin perjuicio del ejercicio de los derechos oportunos por los cauces pertinentes, y con independencia del fondo de la resolución adoptada en su día y del ejercicio de los derechos que se consideren”.

Como informó este diario, la Agencia abrió procedimiento sancionador de hasta 300.000 euros por una posible infracción muy grave y requirió a la empresa pública su restitución en su puesto y que se abstengan de realizar “nuevos actos de presión, descrédito, exposición pública, hostigamiento o alteración perjudicial de las condiciones de trabajo”.

Según la resolución de la AVAF, “a la vista del despido ya ejecutado, de la persistencia del perjuicio y del riesgo de consolidación del daño profesional y económico de la persona protegida, procede acordar una medida restauradora inmediata”. La Agencia constató que los argumentos esgrimidos por la EMSPA para despedir a la denunciante relacionados con la revelación de una serie de datos no se sostienen porque esa misma información se había publicado por la entidad municipal: “Los datos de los trabajadores supuestamente revelados ya habían sido publicados por la empresa pública municipal en los informes de auditoría de los años anteriores”.

Por este motivo, acordó incoar procedimiento sancionador por la posible comisión de una infracción muy grave del artículo 63.1.b) de la Ley 2/2023, en relación con el artículo 36 de la misma ley, por la adopción de represalias contra G. A., persona informante protegida. La mencionada infracción puede acarrear una multa de entre 30.000 y 300.000 euros

La resolución señala como presuntos responsables a Antonio Manuel Orea Pedraza como consejero de la EMPSA a la propia empresa municipal como persona jurídica, a los miembros del Consejo de Administración que asistieron y votaron favorablemente los acuerdos adoptados en las sesiones de 9 de enero de 2026 y 13 de febrero de 2026 y a Toni González, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Almussafes, “en calidad de presunto responsable provisional, pendiente de concreción subjetiva tras la práctica de la prueba documental acordada en este acto”.

La Agencia Valenciana Antifraude (AVA) ha abierto procedimiento sancionador contra el alcalde de Almussafes, Toni González, y otros responsables de la Empresa Municipal de Serveis d'Almussafes (EMSPA) por la adopción de “represalias” contra la primero persona que lo denunció por acoso laboral. González recibió posteriormente una segunda denuncia de otra persona por acoso sexual, lo que ha derivado en su expulsión del PSPV-PSOE.

Según la resolución de la AVA, a la que ha tenido acceso elDiario.es, “a la vista del despido ya ejecutado, de la persistencia del perjuicio y del riesgo de consolidación del daño profesional y económico de la persona protegida, procede acordar una medida restauradora inmediata”. La Agencia ha constatado que los argumentos esgrimidos por la EMSPA para despedir a la denunciante relacionados con la revelación de una serie de datos no se sostienen porque esa misma información se había publicado por la entidad municipal: “Los datos de los trabajadores supuestamente revelados ya habían sido publicados por la empresa pública municipal en los informes de auditoría de los años anteriores”.

Según la AVA, la documentación remitida por EMSPA revela asimismo que, una vez incoado el expediente disciplinario, “todos los actos de instrucción se realizarán por la misma persona, hasta la propuesta de resolución que se elevará a esta Alcaldía”. Ese dato enlaza “la secuencia de hostigamiento dirigido castigar a la trabajadora menoscabando su integridad moral, con la esfera institucional de la Alcaldía y justifica, en este estado inicial del procedimiento, la inclusión provisional del titular de la Alcaldía-Presidencia entre los posibles responsables”.

Por este motivo, acuerda incoar procedimiento sancionador por la posible comisión de una infracción muy grave del artículo 63.1.b) de la Ley 2/2023, en relación con el artículo 36 de la misma ley, por la adopción de represalias contra G. A. Ll., persona informante protegida. La mencionada infracción puede acarrear una multa de entre 30.000 y 300.000 euros

La resolución señala como presuntos responsables a Antonio Manuel Orea Pedraza como consejero de la EMPSA a la propia empresa municipal como persona jurídica, a los miembros del Consejo de Administración que asistieron y votaron favorablemente los acuerdos adoptados en las sesiones de 9 de enero de 2026 y 13 de febrero de 2026 y a Toni González, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Almussafes, “en calidad de presunto responsable provisional, pendiente de concreción subjetiva tras la práctica de la prueba documental acordada en este acto”.

Además, como medidas provisionales propone “requerir a EMSPA la suspensión inmediata de la eficacia ejecutiva del acuerdo de despido disciplinario de 13 de febrero de 2026, así como de todos los actos de ejecución o desarrollo derivados del mismo” y que por lo tanto “reponga provisionalmente a G. A. Ll. en su puesto de trabajo, con mantenimiento íntegro de sus condiciones profesionales y retributivas, alta y cotización, hasta que recaiga resolución administrativa firme en este procedimiento o pronunciamiento jurisdiccional incompatible”. Además, requiere a EMSPA y al Ayuntamiento de Almussafes para que “se abstengan de realizar nuevos actos de presión, descrédito, exposición pública, hostigamiento o alteración perjudicial de las condiciones de trabajo de la persona protegida mientras se tramita este procedimiento”.

La Agencia concede a los presuntos responsables trámite de audiencia para que, en el plazo de diez días hábiles, puedan formular alegaciones, aportar documentos y proponer prueba.

El PSOE expulsa al alcalde de Almussafes, Toni González, expedientado por acoso sexual y laboral tras la denuncia de dos mujeres en el partido. La organización ha decidido este viernes expulsar al edil, que dejó sus cargos en el partido, por “revictimizar” a las denunciantes, a raiz de las manifestaciones en diferentes medios de comunicación sobre las denuncias, llegando a revelar datos de carácter personal que permiten identificarlas.

Fuentes del PSOE informan que la decisión se toma considerando que González atenta contra los valores de igualdad del partido. El alcalde, ya expedientado, inició un proceso penal contra la primera mujer que le acusó y que ha sido despedida recientemente de la empresa municipal. En entrevistas recientes, ha llegado a decir que la mujer que lo denució le “enseñó los pechos”.

González ha negado reiteradamente las acusaciones y manifestó a elDiario.es que la segunda es “una denuncia falsa de una amiga de la primera denunciante”. “Las dos han ido largando esto por el pueblo”, dijo.

La mujer que presentó la primera denuncia trabajaba en la empresa pública Emspa del Ayuntamiento de Almussafes y fue despedida en febrero. La segunda denunciante asegura que fue testigo cuando González le dijo a la primera: “Con la cara de santita que llevas, debes de dar buenas mamadas”.

El Comité de Ética y Garantías del PSPV-PSOE ya había abierto un expediente contra el alcalde de Almussafes por “amenaza velada” a la secretaria general del partido y ministra de Ciencia, Diana Morant, y por “menospreciar” a la mujer que le denunció por presunto acoso sexual. El expediente también se ha abierto por “deslealtad al proyecto socialista”, al asegurar que el alcalde ha reconocido que “está en conversaciones con otros partidos” para presentar una alternativa política en el municipio.

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, exigió la dimisión como alcalde de Toni González o la entrega de su acta y ha impuesto una gestora en la agrupación municipal de Almussafes.

“La actitud es la de un acosador”

Desde el PSPV apuntan que, más allá de lo que pueda determinar el órgano que estudia las denuncias internas, el 'CADE', “la actitud del alcalde de Almusafes hacia sus víctimas es la de un acosador”, con “comportamientos incompatibles con cualquier responsabilidad pública”.

Fuentes socialistas reiteran la campaña de buceoneo y las declaraciones contra las denunciantes, que consideran intolerable: “Si alguien es capaz de hacer todo eso a la luz de todos, cabe preguntarse qué no sería capaz de hacer en un despacho privado, sin nadie presente, frente a dos subordinadas”.

El Comité de Ética y Garantías del PSPV-PSOE ha abierto un expediente contra el alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, por “amenaza velada” a la secretaria general del partido y ministra de Ciencia, Diana Morant, y por “menospreciar” a la mujer que le denunció por presunto acoso sexual.

Fuentes del PSPV-PSOE han explicado que esa “amenaza velada” contra la líder de los socialistas valencianos hace referencia a unas declaraciones en las que el alcalde habría dicho: “Juro que como le pase algo a mi familia, Diana Morant se las verá conmigo”.

Las mismas fuentes han señalado que el expediente también se ha abierto por “deslealtad al proyecto socialista”, al asegurar que el alcalde ha reconocido que “está en conversaciones con otros partidos” para presentar una alternativa política en el municipio.

González, que fue suspendido cautelarmente de militancia el pasado mes de diciembre al hacerse públicas unas acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas contra él, mantiene el cargo de alcalde de Almussafes y su acta en el grupo socialista, por lo que tiene que responder a la disciplina interna del partido, según las mimas fuentes socialistas, que también han dicho que son “varias” las denuncias por acoso sexual presentadas internamente contra el alcalde.

El alcalde, por su parte, ha negado las acusaciones de acoso y asegura que no ha tenido ninguna comunicación oficial por parte del PSOE de que se haya presentado una segunda denuncia contra él.

De hecho, ha remitido un burofax a la dirección nacional del PSOE, al que ha tenido acceso EFE, para que le informen de la existencia o no de esa segunda denuncia “con el fin de ejercitar, si fuera necesario, el derecho de defensa”.

González ha asegurado que toda esa situación obedece a una guerra interna del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia, “que está abierto en canal”, según ha dicho.

En una carta abierta publicada en sus redes sociales González ha señalado que “la denuncia falsa por acoso sexual y laboral no es un hecho aislado sino que es el punto culminante de una campaña de acoso y derribo” contra su persona, que se inició hace más de cuatro años para menoscabar su imagen política, personal, familiar y profesional.

“Ante la falta de pruebas en mi contra y las pruebas y testimonios de mi inocencia que yo sí he aportado ante mi partido, resulta incomprensible que el caso no haya sido archivado”, afirma el alcalde, y añade que luchará “en todos los frentes posibles” para defender su honor y su imagen.

Por su parte, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, en declaraciones a los periodistas en Les Corts Valencianes, ha manifestado que ella va a estar siempre “del lado de la víctima”.

La PSOE ha trasladado a la ejecutiva nacional del PSPV los nombres de los cargos del partido que finalmente dirigirán la gestora que pilotará la crisis desatada en Almussafes y que finalmente estará dirigida por la responsable del partido en justicia y lucha contra la violencia de género, Rosa Peris.

La renuncia del alcalde, Toni González, a sus cargos orgánicos a raíz de una denuncia de una militante socialista por acoso provocó la intervención del partido, que conformó una gestora para la que inicialmente nombró a Jorge Vidal, Toñi Serna y Manoli Egea, quien expresó “todo” su apoyo a González a través de un comentario en redes sociales, donde sentenció: “La víctima eres tú”.

Sin embargo, el PSPV ya advirtió de que modificaría esta propuesta de la dirección provincial liderada por el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa. Fuentes socialistas han confirmado a elDiario.es que la dirección federal del partido ha dado el visto a la propuesta lanzada por la propia Morant para que sea Peris la que dirija la ejecutiva provisional, acompañada por Vidal y Serna.

Manoli Egea, apartada definitivamente de la gestora, calificó al alcalde de Almussafes denunciado de “una persona íntegra y intachable”, y aseguraba que “detrás de esto hay gente con intereses y ganas de hacer daño”. A esto añadía: “Aquí la víctima eras tú. Una lástima que las mujeres que sufren de verdad este tipo de acoso se vean ensuciadas por quien presenta denuncias falsas solo para hacer daño”.

Tras conocer estas declaraciones, desde el PSPV afirmaron que no iban a blanquear nada respecto a este tema. Así, calificaron las declaraciones de Egea de “desafortunadas”, y aseguraron que no podía formar parte de esta ejecutiva provisional por una “parcialidad intolerable” que la descartaba: “Ni la secretaria general del PSPV (Diana Morant), ni la secretaria de Organización del PSOE (Rebeca Torró), ni la responsable de Igualdad (Pilar Bernabé) van a consentir que esté”, sentenciaron, tal y como así ha sido.

Ford ha anunciado una nueva fase en su transformación europea con un plan industrial y de producto que tendrá impacto directo en la planta de Almussafes. La compañía asegura que el centro valenciano “seguirá desempeñando un papel fundamental” en la ampliación de su cartera de vehículos de pasajeros en Europa, un mensaje clave en un momento marcado por la reorganización global del grupo y la creciente competencia en el sector de la automoción.

La hoja de ruta presentada por Ford se articula sobre tres ejes: el fortalecimiento de Ford Pro —su división de vehículos comerciales—, la ampliación de la gama de turismos con nuevos modelos distintivos, y la optimización del sistema industrial europeo para ganar escalabilidad y rentabilidad. Este último punto incluye decisiones que afectan directamente al futuro de las factorías europeas, entre ellas Almussafes.

La compañía prevé lanzar a partir de 2028 una nueva ofensiva de producto basada en vehículos multienergía asequibles, tanto turismos como comerciales. Estos modelos ampliarán la gama actual y están diseñados para facilitar la transición hacia la electrificación en un mercado que, según Ford, avanza más despacio de lo que exigen los objetivos europeos de reducción de emisiones.

En este contexto, Ford confirma que su planta valenciana seguirá siendo un activo estratégico. Aunque el anuncio no detalla los proyectos específicos asignados a Almussafes, sí subraya que las operaciones industriales en Europa se están redefiniendo para sostener plataformas multienergía y proporcionar flexibilidad a los consumidores.

Alianzas con Renault, Koç Holding y Volkswagen

El anuncio incorpora una alianza estratégica con Renault que abarca el desarrollo conjunto de dos vehículos eléctricos de pasajeros basados en la plataforma Ampere (lanzamiento previsto en 2028) y un plan exploratorio para crear vehículos comerciales ligeros de ambas marcas. Estas colaboraciones se suman a las ya existentes con Koç Holding y Volkswagen, consideradas por Ford como pilares de su estructura industrial en Europa.

Según la compañía, estas alianzas permiten aprovechar plataformas y capacidades de socios clave, mientras que Ford Otosan —la ‘joint venture’ con Koç Holding— se integra en la red industrial europea junto con centros de producción en Reino Unido y Alemania. La red resultante, afirma Ford, fortalecerá la oferta de vehículos “asequibles, innovadores y altamente diferenciados”.

La empresa subraya la necesidad de una “alineación política constructiva” para cumplir los objetivos de reducción de emisiones establecidos por Bruselas. Con una cuota de matriculación de eléctricos en Europa todavía en el 16,1 %, Ford sostiene que la transición debe facilitar la elección del cliente y que los vehículos híbridos y multienergía seguirán siendo fundamentales.

El Ministerio de Trabajo está estudiando un Mecanismo Red para salvar alrededor de “3.000” puestos de trabajo de la industria del automóvil en la Comunitat Valenciana, adelantan a este medio desde el departamento que dirige Yolanda Díaz. La medida pretende proteger unos “1.500 empleos” de la factoría de Ford en Almussafes, que encara un final de año traumático, y otros “1.500 puestos de trabajo indirectos” del tejido industrial de la región, con el objetivo de evitar despidos y apostar por la recualificación de los trabajadores.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo se ha reunido este lunes con los responsables de Ford España y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. Tras dos despidos colectivos desde 2023, la factoría de Ford en Almussafes tiene desplegado un ERTE por causas objetivas (ETOP) hasta el 31 de diciembre y encara un 2025 muy complicado. Los próximos dos ejercicios se dibujan casi de supervivencia hasta la llegada del nuevo modelo híbrido que producirá en exclusiva en el año 2027.

Desde hace meses, la plantilla requiere al Gobierno que despliegue un Mecanismo Red, el nuevo formato de ERTE creado en la reforma laboral ante crisis cíclicas y sectoriales, que se suman a los que ya existían (por fuerza mayor y por causas económicas). En este caso, se trataría de un Mecanismo Red sectorial, para la transición al vehículo eléctrico, pero también “acotado geográficamente” a la Comunitat Valenciana, indican en el Ministerio.

Obligación de formar y compromiso industrial

En Trabajo destacan el abultado número de puestos de trabajo en riesgo, unos 3.000. Durante el encuentro de este lunes con los responsables de Ford, Yolanda Díaz ha mostrado “su compromiso para salvar hasta el último puesto de trabajo”, explican desde el Ministerio, pero siendo “muy exigente con que esta apuesta garantice el futuro industrial de la Comunitat Valenciana”.

El Mecanismo Red sectorial está pensado como una medida de flexibilidad interna “cuando en un determinado sector o sectores de actividad se aprecien cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y de procesos de transición profesional de las personas trabajadoras, con una duración máxima inicial de un año y la posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una”, recoge la ley.

En Trabajo destacan que el Mecanismo Red obligaría a Ford y el resto de empresas afectadas a recualificar a los trabajadores y, además, que implicaría para los afectados una mayor protección, ya que supondría el cobro de la prestación Red, que es distinta a la prestación de desempleo que se consume en los ERTE ETOP y que muchas personas están mermando en estos momentos.

Por su parte, las empresas tienen derecho a exoneraciones en el pago de las cotizaciones sociales de los trabajadores en el Mecanismo Red del 40%, condicionadas a la realización de tareas de formación.

Tiene que aprobarlo el Consejo de Ministros

La medida que estudia el Ministerio de Yolanda Díaz no está asegurada. Aún está siendo analizada y debe debatirse en el seno del Gobierno.

El Mecanismo Red debe ser aprobado por el Consejo de Ministros, “a propuesta conjunta de las personas titulares de los Ministerios de Trabajo y Economía Social, de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos”, según reguló la reforma laboral. De momento, solo se ha aprobado un Mecanismo red: el sectorial para las agencias de viajes tras la COVID.

Desde la vicepresidencia segunda destacan que, “ante este momento de transición a la movilidad sostenible y verde del sector de la automoción, el Gobierno de España está apostando de forma decidida por la movilidad electrificada, a través de los fondos Next Generation y otros mecanismos para reforzar el sector de la automoción de nuestro país”.

En esta línea, en el ámbito laboral, Trabajo recuerda que el Mecanismo Red se aprobó como un instrumento “para que este tipo de transiciones no supusiesen un ajuste traumático de las plantillas y propiciasen su formación y reciclaje para ganar en productividad y competitividad que ahora, especialmente sufriendo los efectos de la DANA, se demuestran vitales para proteger el tejido productivo industrial en la Comunitat Valenciana”.

La factoría de Ford en Almussafes encara un final de año traumático y se prepara para encarar dos ejercicios que serán casi de supervivencia hasta la llegada del nuevo modelo híbrido que producirá en exclusiva en el año 2027.

La pérdida desde el pasado mes de abril de la fabricación de la furgoneta Transit que dejó a la planta valenciana tan solo con el ensamblaje del Kuga, eso sí, el modelo más vendido por la marca en la actualidad, ha dejado las cifras de producción del presente año bajo mínimos.

En concreto, según las estimaciones facilitadas por UGT, la factoría cerrará 2024 con una producción de 120.127 vehículos. Este año finalizará con 103.488 Ford Kuga fabricados y 16.639 furgonetas Transit. Ford Almussafes ha producido un 43% menos que el pasado ejercicio y un 48% que en 2020, año de la pandemia. En 2022, Almussafes producía cinco modelos (Kuga, Transit, Mondeo, S-Max y Galaxy).

Esta situación ha obligado a la compañía a realizar duros ajustes laborales. Así, en 2023 ya se hizo frente a un expediente de regulación de empleo (ERE) de casi 1.200 trabajadores que dejó la plantilla en 4.800 empleados. Además, el pasado mes de julio se acordó otro despido colectivo de 626 empleados acompañado de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta final del presente año de 996 efectivos, con 25 días de parada total.

Además, la dirección de Ford trasladó este miércoles a los sindicatos que, a partir del 2 de enero de 2025, el área de mecanizados de la planta de motores suprimirá un turno y operará tan solo con el de mañanas, alineándose así con la sección de montaje de motores. No obstante, se mantendrá un “mini turno de noche” de domingo a jueves que será voluntario.

UGT explicó, tras la reunión de la Comisión del Observatorio por la Electrificación, que la supresión de un turno en motores confirma el excedente del 50% de la plantilla, ya anunciado anteriormente.

Este excedente, ha señalado, “se protegerá durante los dos próximos años a través del mecanismo de un nuevo ERTE RED, pendiente de negociar en próximas fechas, hasta que en el año 2027 tengan empleo efectivo en la nueva planta de baterías, o en tareas análogas, como consecuencia de la producción que supondrá el nuevo vehículo multienergía”.

La fábrica de Almussafes finalizó el pasado viernes un ERTE de fuerza mayor debido a la DANA, y había reanudado este lunes la producción de vehículos en dos turnos de mañana y tarde, así como el turno central. Con ello, se reactivó el calendario de aplicación del ERTE que ya tenía en vigor la fábrica antes de la DANA y hasta el 31 de diciembre, para abordar el excedente diario de personal que arrastra la fábrica, cifrado en 996 trabajadores.

Els 900 treballadors d’Ilunion-MLV (Modular Logística Valenciana), el centre especial d’ocupació lligat a l’ONCE, que és proveïdor de la planta de Ford a Almussafes i que té els seus operaris en un ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació) etern des de fa cinc anys, continuen vivint en la incertesa de saber quants dies treballaran cada mes i quant podran cobrar. Una representació de la plantilla, integrats en STM-Intersindical Valenciana, es van reunir fa poc amb el secretari autonòmic d’Ocupació i director general de Labora, Antonio Galvañ, per a transmetre-li la situació en què es troben: “Ens sentim segrestats, laboralment parlant, per l’empresa”.

Tal com expliquen, l’empresa té un excedent de personal del 40% dels empleats aproximadament i, mentre que la direcció d’MLV només ha aplicat expedients temporals d’ocupació en els últims anys, Ford, el seu únic client, ha posat en marxa diversos EROE -a més d’ERTO– i ha retallat considerablement la seua plantilla fins a 4.100 operaris. És més, sostenen, la multinacional de l’oval s’ha acollit a l’ERTO per força major a causa de la DANA, “no obstant això, MLV no, cosa que resulta molt estranya, ja que als treballadors no els resta prestació per desocupació i a l’empresa no li suposa càrregues”, indiquen els afectats.

Els treballadors van exposar les seues condicions laborals davant Galvañ, a qui van reclamar que la Generalitat Valenciana vinculara les seues ajudes a l’empresa al manteniment d’unes condicions dignes de treball (per a enguany, la subvenció autonòmica va ser d’uns 3.520.000 euros vinculada al manteniment de l’ocupació). “El problema és en quines condicions es mantenen aquests llocs, amb gent que a penes ha treballat quatre dies al novembre, cosa que es tradueix en unes retribucions brutes de 200 euros”, explica Rodrigo Domingo, que afig, “qui tinga sort i li quede atur, podrà complementar el seu salari amb 500 euros; és a dir, cobrarà 700 euros bruts aquest mes, a les portes de Nadal”.

És habitual, relaten Rodrigo Domingo i Vicent Sanchis, treballadors d’Ilunion-MLV, que molta gent haja d’utilitzar ajuda de la seua xarxa familiar, “i fins i tot coneixem un parell de casos de companys que ens han reconegut que han hagut de recórrer a Càritas, perquè no tenen ningú més a qui acudir”. És cert, sostenen, que l’empresa ha posat en marxa una mesura perquè la plantilla puga sol·licitar “excepcionalment” una paga de 300 euros bruts al novembre com a acompte de nòmina a retornar en tres mesos a partir de gener: “La situació de precarietat és absoluta”, comenta Javier Alcañiz, representant sindical d’STM–Intersindical Valenciana.

Galvañ, segons expliquen els empleats d’Ilunion-MLV, es va comprometre amb ells a vincular les ajudes del Govern valencià al proveïdor de Ford, en tant que és un centre especial d’ocupació, amb la complementació de les ajudes per desocupació o al fet que els treballadors que excedeixen les necessitats reals de personal puguen tindre una “eixida laboral digna”. “Hem de tindre en compte que la nostra producció depén íntegrament de Ford, que té un futur incert els dos pròxims anys i mig, fins que es comence a produir el nou model”, recalca Domingo.

També critiquen les seues condicions laborals i posen com a exemple un company que va morir a causa de la DANA: “No ens vam assabentar de l’avís als mòbils de les 20.12, perquè evidentment no teníem els telèfons damunt mentre treballem, i no se’ns va dir res, per la qual cosa els companys que van eixir de treballar a les 22 i havien de tornar cap a València i les zones afectades per la riuada no es van assabentar de res fins que no van acabar la seua jornada”.

“L’empresa espera que els treballadors se’n vagen de manera voluntària i ja s’han produït alguns casos, perquè la situació per a molta gent és inassumible”, matisen Domingo i Sanchis, que remarquen que, a causa dels ERTO successius a què s’ha acollit Ilunion-MLV, fa cinc anys “que no arribem al salari mínim interprofessional (15.876 euros anuals)”. A més, expliquen que abans que començaren amb tots els ERTO, tenien dues pagues de 300 euros a l’estiu i fins a 600 euros per Nadal que han desaparegut.

En elDiario.es hem intentat contactar per via telefònica i correu electrònic amb els representants de l’empresa per a saber la seua versió, sense que hàgem obtingut resposta.

Los 900 trabajadores de Ilunion-MLV (Modular Logística Valenciana), el centro especial de empleo ligado a la ONCE que es proveedor de la planta de Ford en Almussafes que tiene a sus operarios en un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) eterno desde hace cinco años, continúan viviendo en la incertidumbre de conocer cuántos días van a trabajar cada mes y cuánto van a poder cobrar. Una representación de la plantilla, integrados en STM-Intersindical Valenciana, se reunieron recientemente con el secretario autonómico de Empleo y director general de Labora, Antonio Galvañ, para transmitirle la situación en la que se encuentran: “Nos sentimos secuestrados, laboralmente hablando, por la empresa”.

Tal y como explican, la empresa cuenta con un excedente de personal de aproximadamente el 40% de los empleados y, mientras que la dirección de MLV solo ha aplicado expedientes temporales de empleo en los últimos años, Ford, su único cliente, ha puesto en marcha diversos ERE -además de ERTE- y ha recortado considerablemente su plantilla hasta 4.100 operarios. Es más, sostienen, la multinacional del óvalo se ha acogido al ERTE por fuerza mayor a causa de la DANA, “sin embargo, MLV no, lo que resulta muy extraño, ya que a los trabajadores no les resta prestación por desempleo y a la empresa no le supone cargas”, indican los afectados.

Los trabajadores expusieron sus condiciones laborales ante Galvañ, a quien le reclamaron que la Generalitat Valenciana vinculara sus ayudas a la empresa al mantenimiento de unas condiciones dignas de trabajo (para este año, la subvención autonómica fue de unos 3.520.000 euros vinculada al mantenimiento del empleo). “El problema es en qué condiciones se mantienen esos puestos, con gente que apenas ha trabajado cuatro días en noviembre, lo que se traduce en unas retribuciones brutas de 200 euros”, explica Rodrigo Domingo, quien añade, “quien tenga suerte y le quede paro, podrá complementar su salario con 500 euros; es decir, cobrará 700 euros brutos este mes, a las puertas de Navidad”.

Es habitual, relatan Rodrigo Domingo y Vicent Sanchis, trabajadores de Ilunion-MLV, que mucha gente tenga que echar mano de ayuda de su red familiar, “e incluso conocemos un par de casos de compañeros que nos han reconocido que han tenido que recurrir a Cáritas, porque no tienen a nadie más a quien acudir”. Es cierto, sostienen, que la empresa ha puesto en marcha una medida para que la plantilla pueda solicitar “excepcionalmente” una paga de 300 euros brutos en noviembre como anticipo de nóminna a devolver en tres meses a partir de enero: “La situación de precariedad es absoluta”, comenta Javier Alcañiz, representante sindical de STM–Intersindical Valenciana.

Galvañ, según explican los empleados de Ilunion-MLV, se comprometió con ellos a vincular las ayudas del Gobierno valenciano al proveedor de Ford, en cuanto que es un centro especial de empleo, con la complementación de las ayudas por desempleo o a que los trabajadores que exceden a las necesidades reales de personal puedan tener una “salida laboral digna”. “Debemos tener en cuenta que nuestra producción depende íntegramente de Ford, que tiene un futuro incierto los dos próximos años y medio, hasta que se comience a producir el nuevo modelo”, recalca Domingo.

También critican sus condiciones laborales y ponen como ejemplo un compañero que falleció a causa de la DANA: “No nos enteramos del aviso a los móviles de las 20:12 horas, porque evidentemente no teníamos los teléfonos encima mientras trabajamos, y no se nos dijo nada, por lo que los compañeros que salieron de trabajar a las 22 horas y tenían que regresar hacia València y las zonas afectadas por la riada, no se enteraron de nada hasta que no acabaron su jornada”.

“La empresa espera que los trabajadores se vayan de forma voluntaria, y ya se han producido algunos casos, porque la situación para mucha gente es inasumible”, matizan Domingo y Sanchis, quienes reclacan que, debido a los sucesivos ERTE a los que se ha acogido Ilunion-MLV, hace cinco años “que no llegamos al salario mínimo interprofesional (15.876 euros anuales)”. Además, explican que antes de que empezaran con todos los ERTE tenían dos pagas de 300 euros en verano y hasta 600 euros en Navidad que han desaparecido.

En elDiario.es hemos intentado contactar por vía telefónica y correo electrónico con los representantes de la empresa para conocer su versión sin que hayamos obtenido respuesta.

Ford anunció este miércoles su nueva estrategia de electrificación en la que ha confirmado que cancelará el SUV ('Sport Utility Vehicle') eléctrico que estaba planeando fabricar y por el que cubrirá 1.900 millones de dólares (1.708 millones de euros) en gastos adicionales y amortizaciones. El fabricante estadounidense explicó en un comunicado que en esta nueva estrategia, además de ajustar la cadencia de los lanzamientos de productos y realinear el abastecimiento de baterías, planea aprovechar las tecnologías híbridas para sus próximos SUV de tres filas.

El anuncio hizo saltar las alarmas en territorio valenciano, puesto que la dirección de la factoría de Almussafes alcanzó un acuerdo hace poco más de un mes con el sindicato UGT, el cuanta con mayor representación, para acometer una nueva reestructuración de la plantilla, con despidos incluidos, hasta la llegada del nuevo vehículo híbrido que la compañía se comprometió a ensamblar en esta planta en el año 2027.

En concreto, se pactó un despido colectivo de 626 empleados de los 4.800 con que cuenta la planta valenciana, proceso que se debe cerrar en este ejercicio, y un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) con carácter rotativo acompañado de diversos mecanismos que activará el Gobierno a partir de 2025 para evitar la pérdida de nuevos puestos de trabajo hasta que empiece a fabricarse el nuevo modelo.

Fuentes de UGT de la planta de Almussafes han asegurado a elDiario.es que el anuncio realizado este miércoles por la multinacional no afecta en nada a su planificación en la factoría valenciana. Del mismo modo se pronunciaron desde Intersindical, el otro sindicato con representación.

Este es el cuarto gran ERE que afronta la factoría desde 2020 y el segundo desde que se selló el acuerdo por la electrificación en 2022, cuando la multinacional eligió a la fábrica valenciana para ensamblar sus vehículos eléctricos en Europa. Aquel acuerdo supuso un importante ajuste en las condiciones laborales de los empleados. Sin embargo, a los pocos meses la compañía aplazó sus planes vinculados a la implantación del vehículo eléctrico y el pasado 10 de mayo anunció la fabricación de un nuevo modelo híbrido en exclusiva en Almussafes para el año 2027.

Lo que parecía en el año 2022 una apuesta clara por València, se ha transformado en una travesía por el desierto. En aquel momento la fábrica contaba con 6.000 empleados y fabricaba cinco modelos (Kuga, Transit, Mondeo, S-Max y Galaxy). Tras el último ERE de 626 empleados la plantilla queda con 4.174 empleados y tan solo se fabrica el Kuga.

El sindicato UGT, mayoritario en la factoría Ford de Almussafes, ha anunciado este miércoles “un cuerdo por cuarta, y última vez, con unas condiciones inmejorables para los trabajadores de Ford; solucionamos así el último expediente de regulación de empleo (ERE) al que nos hemos enfrentado en los últimos cinco años”. Como se venía informando en las últimas reuniones, el despido colectivo afectará finalmente a 626 empleados de los 4.800 con que cuenta la planta valenciana, que ya el pasado año se redujo en casi 1.200 trabajadores mediante otro ERE.

Las condiciones de salida serán iguales a las que se acordaron hace un año en el anterior expediente, con prejubilaciones a partir de los 53 años y bonificaciones para incentivar las salidas voluntarias antes del cierre de este mes de julio entre los trabajadores más jóvenes de 40.000 euros brutos.

La empresa rectifica así su propuesta inicial consistente en un ERE para 1.622 empleados y empleadas con posibilidad de que 996 tuvieran preferencia de recontratación en 2027, una vez comenzara la producción del nuevo vehículo híbrido. De esta forma, para esos 996 empleados se negociará un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) con carácter rotativo hasta final de año. Según ha informado el sindicato, “a partir de enero de 2025 deberá entrar en vigor el mecanismo que el Gobierno de España nos ha asegurado, y el acompañamiento que hará la Generalitat Valenciana”, hasta 2027.

De esta manera, según UGT, “quedará dimensionada la plantilla a las necesidades futuras, se cumple así el objetivo que fijamos en nuestra Asamblea”, el pasado 15 de junio.

“Ante esta nueva situación, la empresa debe entender que ha de aumentar el complemento salarial del ERTE que estamos negociando y esperamos cerrar mañana mismo”, ha explicado UGT.

El sindicato ha asegurado que “sin los compromisos adquiridos por parte de UGT con la dirección de Ford Motor Company, el acuerdo por la electrificación y vuestro apoyo, no hubiera sido posible; desde la sección sindical, UGT-Ford, agradecemos el respaldo recibido en la Asamblea de afiliados, por lo que vamos a seguir trabajando hasta conseguir el 100% de los objetivos que allí nos comprometimos”.

Este es el cuarto gran ERE que afronta la factoría desde 2020 y el segundo desde que se selló el acuerdo por la electrificación en 2022, cuando la multinacional eligió a la fábrica valenciana para ensamblar sus vehículos eléctricos en Europa. Aquel acuerdo supuso un importante ajuste en las condiciones laborales de los empleados. Sin embargo, a los pocos meses la compañía aplazó sus planes vinculados a la implantación del vehículo eléctrico y el pasado 10 de mayo anunció la fabricación de un nuevo modelo híbrido en exclusiva en Almussafes para el año 2027.

Lo que parecía en el año 2022 una apuesta clara por València, se ha transformado en una travesía por el desierto. En aquel momento la fábrica contaba con 6.000 empleados y fabricaba cinco modelos (Kuga, Transit, Mondeo, S-Max y Galaxy). En la actualidad la factoría cuenta con 4.800 empleados tras el ERE del año pasado por el que se despidió a 1.200 trabajadores y tan solo se fabrica el Kuga.

La dirección de Ford en Almussafes ha presentado este martes a los sindicatos UGT e Intersindical una propuesta de acuerdo para afrontar un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a un total de 626 personas. La empresa rectifica así su propuesta inicial consistente en un ERE para 1.622 empleados y empleadas con posibilidad de que 996 tuvieran preferencia de recontratación en 2027, una vez comenzara la producción del nuevo vehículo híbrido. De esta forma, para esos 996 empleados se negociará un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) con carácter rotativo.

Según ha informado UGT, sindicato mayoritario, aunque las condiciones del ERE presentado se quedan muy cerca, “la empresa tiene que valorar que debe igualar la cantidad extra para las bajas incentivadas ofrecidas en los ERE anteriores, es decir, debe alcanzar los 40.000 euros, y no entrar en comparaciones con otras situaciones”.

Del mismo modo, debe contemplar de manera subsidiaria incluir al personal con fecha de nacimiento hasta el año 1971: “No se podrá entender que se hiciera en el último ERE pactado con UGT, y no se haga ahora que hay menor número de población en la fábrica mayor de 55 años”, han advertido.

Desde UGT están convencidos de que habrá acuerdo, porque, además “hay que cerrar también un ERTE temporal para un total de 996 personas diarias, con carácter rotativo, y Ford debe demostrar ahora, ese compromiso social que anunció recientemente en el Palau de la Generalitat”.

Por último, han comentado que la compañía “deberá comprometerse también a incrementar los complementos a la prestación por desempleo a los trabajadores afectados; en este apartado, el compromiso adquirido en la asamblea de afiliados de UGT, fue reivindicar el aumento de dicho complemento hasta el 90%”.

La ministra de Inclusión, Servicios Sociales y Migración, Elma Saiz, ya manifestó la semana pasada el apoyo del Gobierno a la fábrica valenciana y anunció que están trabajando “intensamente para poner en marcha las herramientas de apoyo necesarias que garanticen el futuro inmediato y a largo plazo de la planta”.

Este es el cuarto gran ERE que afronta la factoría desde 2020 y el segundo desde que se selló el acuerdo por la electrificación en 2022, cuando la multinacional eligió a la fábrica valenciana para ensamblar sus vehículos eléctricos en Europa. Aquel acuerdo supuso un importante ajuste en las condiciones laborales de los empleados. Sin embargo, a los pocos meses la compañía aplazó sus planes vinculados a la implantación del vehículo eléctrico y el pasado 10 de mayo anunció la fabricación de un nuevo modelo híbrido en exclusiva en Almussafes para el año 2027.

Lo que parecía en el año 2022 una apuesta clara por València, se ha transformado en una travesía por el desierto. En aquel momento la fábrica contaba con 6.000 empleados y fabricaba cinco modelos (Kuga, Transit, Mondeo, S-Max y Galaxy). En la actualidad la factoría cuenta con 4.800 empleados tras el ERE del año pasado por el que se despidió a 1.200 trabajadores y tan solo se fabrica el Kuga.

Conversaciones abiertas entre el Gobierno, Ford y los sindicatos para articular un mecanismo que logre atajar cerca de 1.000 despidos del expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por Ford Almussafes hace unas semanas. Así lo anunció este martes la ministra de Inclusión, Servicios Sociales y Migración, Elma Saiz, quien trasladó el apoyo del Gobierno a la fábrica valenciana y anunció que están trabajando “intensamente para poner en marcha las herramientas de apoyo necesarias que garanticen el futuro inmediato y a largo plazo de la planta”.

“Tengo la certeza de que, con el trabajo conjunto entre los trabajadores y la administración, esta planta tiene un gran futuro”, dijo en su intervención en el I Foro Económico y Social del Mediterráneo, al que asistió en sustitución del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien no pudo desplazarse a València por el fallecimiento del padre de su esposa.

Saiz aludió a Ford Almussafes mientras en esta planta se ha abierto la puerta a un acuerdo distinto al ERE que la empresa planteó inicialmente para 1.622 trabajadores, de los que 626 serían bajas incentivadas de carácter definitivo y 996 serían despidos objetivos con preferencia de recontratación en 2027, año en el que está previsto el lanzamiento del nuevo vehículo multienergía que fabricará esta factoría. Estos 996 despidos son los que se trata de evitar mediante algún mecanismo, como un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) rotatorio.

En esta línea, los sindicatos y la dirección tienen previsto reunirse este jueves, tras aplazarse el encuentro en dos ocasiones, una situación que podría estar relacionada con las conversaciones que se mantienen con el Gobierno.

El director de fabricación de Ford Almussafes, Daniel Ruiz, valoró “positivamente” el “compromiso público” del Gobierno de España para la puesta en marcha de las herramientas de apoyo necesarias que garanticen el futuro inmediato y a largo plazo de la fábrica de Almussafes.

El responsable de Ford ha agradecido esta “colaboración institucional” y se ha mostrado “seguro” de poder “seguir avanzando positivamente, como siempre se ha hecho, todos juntos”, al tiempo que ha apostado por buscar los “mecanismos de transición” que proporcionen “las mejores opciones de futuro” para la industria del automóvil en la Comunitat Valenciana.

Mazón crea la mesa de la automoción

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha presidido la constitución de la Mesa de trabajo del sector de la automoción y ha solicitado una reunión con el Gobierno para “abordar la transición de este sector desde una política de Estado”.

El jefe del Consell ha puesto en valor “la unión y el compromiso” de todos los agentes económicos y sociales que conforman esta iniciativa, integrada por la Generalitat Valenciana, representantes de Ford, FDI, Femeval, agentes sociales, AVIA y el alcalde de Almussafes, Toni González, para que la Comunitat Valenciana siga posicionándose y avanzando como clúster nacional de la automoción. 

Carlos Mazón ha explicado que este grupo de trabajo se centrará en la búsqueda de soluciones junto al sector “para mitigar los efectos de la crisis de la industria de la automoción y apoyar al parque de proveedores”. 

Así, ha mostrado su voluntad para que la Comunitat Valenciana “salga reforzada de esta situación porque hay talento, capacidad y apuesta por el sector” y ha marcado como objetivos de este grupo de trabajo “la protección del empleo, la retención del talento y la consolidación de nuestro territorio como un polo de movilidad y de innovación”. 

En este sentido, el president ha anunciado el desarrollo de “un plan de empleo integral para la cualificación y recualificación del sector, reteniendo el talento hasta 2027” y en el que se identificarán los sectores potenciales de destino para el empleo. 

Otra de las líneas de trabajo será la realización de un diagnóstico de la situación con los proveedores para identificar empresas afectadas, evaluación del impacto, necesidades y desarrollar un mapa de riesgos. 

Del mismo modo, y ante el momento transitorio por el que está atravesando el sector, ha solicitado el gobierno “la activación del mecanismo RED u otro análogo” y ha mostrado la disposición del Consell para trabajar con el gobierno “desde la lealtad”.

La dirección de Ford en Almussafes junto a la Generalitat Valenciana y al Gobierno central trabajan ya en una fórmula que reduzca drásticamente el último expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la empresa, que afectaría a un total de 1.622 empleados y empleadas, un 33% de los 4.800 con que cuenta la planta valenciana.

Según el plan presentado inicialmente por la compañía, 626 despidos se harían efectivos mediante bajas incentivadas con carácter definitivo, y 996 serían despidos objetivos con preferencia de recontratación en 2027, cuando aumentaría la carga de trabajo por la llegada del nuevo modelo híbrido.

Sin embargo, tanto UGT como Intersindical, sindicatos con representación en la factoría, se opusieron frontalmente a este plan y pidieron que se estudiaran fórmulas para evitar que los 996 se desvincularan de la empresa. En la reunión del pasado lunes 17 de junio la dirección se mostró dispuesta a estudiar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) rotatorio hasta el año 2027 y en el encuentro que se produjo este jueves, ya se reconocieron contactos en esta línea con las administraciones, en concreto con la Generalitat Valenciana y con el Gobierno.

En esta línea, el sindicato mayoritario en la fábrica, UGT, explicó este jueves que la empresa y las administraciones públicas se muestran dispuestas a “estudiar la viabilidad” de su propuesta encaminada a que se aplique un ERTE, un mecanismo RED, o un plan con garantías similares para esos 996 empleados. El mecanismo Red es un instrumento incluido en la última reforma laboral que debe aprobar el Consejo de Ministros. Su objetivo es favorecer la flexibilidad interna de las empresas para fomentar la continuidad de las relaciones laborales estables, evitando el tránsito por el desempleo, en situaciones de crisis cíclicas o sectoriales. UGT exige también negociar un ERE para el resto de personas (626) similar a los anteriores, mediante prejubilaciones y bajas incentivadas.

El sindicato valoró que “parece” que las conversaciones avanzan “en la línea correcta” y “que se empieza a ver que una de las soluciones es sustituir gran parte del ERE (mil personas) por un ERTE, mecanismo RED o similar”.

UGT comentó que “durante los próximos días” intensificará los contactos. La próxima reunión será el martes 25 de junio y el sindicato espera que la negociación “vaya avanzando en la línea adecuada, aunque lógicamente las acciones que se requerirán para llevar adelante esta solución necesitarán tiempo antes de poder ponerlas en marcha”. “Ganar tiempo no debe suponer un problema”, añadió.

Los 626 despidos de carácter estructural planteados por la dirección sí deberán ser sustanciados con un ERE, apuntó UGT, que consideró que “no debe haber demasiado debate sobre las condiciones finales a pactar”, ya que se han acordado hasta en tres ocasiones recientemente, con UGT como único sindicato firmante Las condiciones de estos expedientes fueron un plan de prejubilaciones a partir de los 53 años y otro de indemnizaciones económicas compensatorias de hasta 40.000 euros.

El otro sindicato con representación en Ford Almussafes, STM - Intersindical, opinó que “no ha habido avances significativos” en esta nueva reunión y lamentó que la empresa “no tenga en cuenta” sus propuestas de retirar las condiciones acordadas en el acuerdo de electrificación y que fueron recogidas en el convenio: “Congelación salarial, aumento de jornada, sábados obligatorios, y trabajar 4 días más sin cobrar el plus de jornadas industriales”.

“Si viene carga de trabajo, será gracias a la plantilla, y no debido a que nos apretemos, cada vez más, a cada convenio nuevo que se negocie”, recordó.

Comisión interdepartamental en la Generalitat

La Generalitat Valenciana creará el próximo 27 de junio una comisión interdepartamental liderada por Presidencia en la que se analizará la situación de la factoría y se coordinarán las diferentes acciones y la interlocución con la compañía. En ella estarán representadas las consellerias con competencias en la materia, tales como Hacienda, Empleo o Industria.

Fuentes autonómicas han asegurado a este diario que están en permanente contacto con la dirección de Almussafes en la búsqueda soluciones que ayuden a minimizar el impacto en el empleo.

La dirección de Ford en Almussafes se mostró este lunes abierta a estudiar alternativas al plan propuesto el pasado viernes por el que pretenden aprobar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que implicaría el despido de 1.622 empleados y empleadas, 626 mediante bajas incentivadas con carácter definitivo, y 996 serían despidos objetivos con preferencia de recontratación en 2027.

Este segundo punto, el del plan de recontratación, es el que rechazan tanto UGT, sindicato mayoritario, como Intersindical, tal y como trasladaron a los directivos de la multinacional en una reunión que se celebró este jueves.

Ambas organizaciones comentaron tras el encuentro que han planteado otras alternativas por las que se evitarían estos 996 despidos. Esas alternativas pasarían por diferentes expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) de forma transitoria hasta el año 2027, cuando la producción del nuevo modelo híbrido implicará de nuevo una mayor mano de obra. Las mismas fuentes aseguraron que la empresa se ha mostrado abierta a estudiar estas alternativas y que este jueves habrá una nueva reunión.

Tras la reunión de este lunes, la empresa reiteró “su compromiso de acordar una solución de transición, hasta que comience la producción del nuevo vehículo en 2027, para los aproximadamente mil empleados que no serán objeto de medidas estructurales”.

Así, aseguró que “intensificará de forma inmediata el trabajo conjunto ya iniciado con la representación legal de los trabajadores y los gobiernos nacional y regional para desarrollar un plan que reduzca el impacto en los empleados de Ford y sus familias”.

Por su parte, el sindicato mayoritario UGT valoró que la firma esté “dispuesta a trabajar sobre otras alternativas” al despido con opción a recontratación. La organización ha destacado que, si bien no se han producido “avances en ningún punto en concreto”, “sí que se abre una negociación con la predisposición por ambas partes de alcanzar un acuerdo”.

Este es el cuarto gran ERE que afronta la factoría desde 2020 y el segundo desde que se selló el acuerdo por la electrificación en 2022, cuando la multinacional eligió a la fábrica valenciana para ensamblar sus vehículos eléctricos en Europa. Aquel acuerdo supuso un importante ajuste en las condiciones laborales de los empleados. Sin embargo, a los pocos meses la compañía aplazó sus planes vinculados a la implantación del vehículo eléctrico y el pasado 10 de mayo anunció la fabricación de un nuevo modelo híbrido en exclusiva en Almussafes para el año 2027.

Lo que parecía en el año 2022 una apuesta clara por València, se ha transformado en una travesía por el desierto. En aquel momento la fábrica contaba con 6.000 empleados y fabricaba cinco modelos (Kuga, Transit, Mondeo, S-Max y Galaxy). En la actualidad la factoría cuenta con 4.800 empleados tras el ERE del año pasado por el que se despidió a 1.200 trabajadores y tan solo se fabrica el Kuga. Una vez de ejecute el nuevo despido colectivo, si finalmente afecta a 1.600 empleados, la plantilla se habrá reducido en un 46% al pasar de 6.000 a 3.178 personas.

UGT pide un ERE como el anterior y mecanismo RED

En la reunión, UGT explicó a la dirección todos los puntos de la propuesta que aprobó por unanimidad este sábado en una asamblea extraordinaria de afiliados.

UGT acordó oponerse a los despidos con preferencia de recontratación y tratar de negociar un ERE que “garantice las mismas condiciones” que el expediente que se cerró en abril de 2023. También reivindicó negociar un ERTE mecanismo RED, o un plan con garantías similares y que el complemento salarial deberá garantizar hasta el 90% del salario, entre otras cuestiones.

“La dirección de la empresa se ha comprometido a valorar nuestra propuesta, argumentando además que nunca contempló como única alternativa el despido con recontratación en 2027 de 996 personas, estando dispuesta a trabajar sobre otras alternativas, ya que como bien es sabido habrá carga de trabajo para ese excedente en 2027”, dijo en un comunicado el sindicato mayoritario.

Propuesta de Intersindical

Por su parte, STM-Intersindical defendió una “reducción sustancial” de la propuesta de excedente de plantilla, reforzando equipos de trabajo ante los “exhaustos ritmos” de la planta. Para las salidas definitivas, ha pedido prejubilaciones hasta los 53 años, como en el anterior ERE.

Para el resto de empleos afectados, el sindicato se ha mostrado partidario de un “ERTE rotatorio (RED o no RED) sin pérdida salarial” y que, en caso de agotarse el subsidio de desempleo, la empresa lo complemente. Asimismo, ha insistido en que “todas las salidas han de ser totalmente voluntarias”.

Del mismo modo, STM reclamó “retroceder del acuerdo de electrificación y anular, tal y como lo llama la empresa, la ”reducción de costes salariales“ debido a que no ha venido la famosa plataforma GE2 del vehículo eléctrico”.

STM expuso que se trata del cuarto ERE en cinco años y el segundo desde el acuerdo de la electrificación. “Los más de 20 años de mayoría de UGT firmando convenios nos han llevado a una gran cantidad de recortes y sobre todo, a una terrible destrucción de empleo”, que ha dejado a la planta en su “mínima expresión de trabajadores en los casi 50 años de vida de Ford Almussafes”.

“Una desgracia que no solo afecta a la los y las que trabajamos en Ford, también al empleo industrial y sector auxiliar del automóvil del territorio valenciano. Y todo eso, a pesar de la lluvia permanente de millones de euros públicos para Ford. Por ello, exigimos un compromiso social con la plantilla y el pueblo valenciano”, concluyó.

La fábrica de Ford en Almussafes afronta una nueva reestructuración que derivará irremediablemente en cientos de despidos a través de un expediente de regulación de empleo (ERE). La dirección de la compañía planteó este miércoles a los sindicatos el inicio de un proceso negociador para reducir la actual plantilla (4.800 trabajadores) en 1.622 empleados y empleadas, un 33% del total que ya se vio recortada en otro 18% el pasado año.

Según informaron UGT, sindicato mayoritario, e Intersindical, del total de afectados 626 serian bajas incentivadas con carácter definitivo, y 996 serían despidos objetivos con preferencia de recontratación en 2027 una vez se empiece a fabricar el nuevo modelo híbrido, según el plan expuesto por la empresa.

Este es el cuarto gran ERE que afronta la factoría desde 2020 y el segundo desde que se selló el acuerdo por la electrificación en el año 2022, cuando la multinacional eligió a la fábrica valenciana para ensamblar sus vehículos eléctricos en Europa. Aquel acuerdo supuso un importante ajuste en las condiciones laborales de los empleados. Sin embargo, a los pocos meses la compañía aplazó sus planes vinculados a la implantación del vehículo eléctrico y el pasado 10 de mayo anunció la fabricación de un nuevo modelo híbrido en exclusiva en Almussafes para el año 2027.

Lo que parecía en el año 2022 una apuesta clara por València, se ha transformado en una travesía por el desierto. En aquel momento la fábrica contaba con 6.000 empleados y fabricaba cinco modelos (Kuga, Transit, Mondeo, S-Max y Galaxy). En la actualidad la factoría cuenta con 4.800 empleados tras el ERE del año pasado por el que se despidió a 1.200 trabajadores y tan solo se fabrica el Kuga. Una vez de ejecute el nuevo despido colectivo de 1.600 empleados, la plantilla se habrá reducido en un 46% al pasar de 6.000 a 3.178 personas.

Y todo ello mientras la Generalitat Valenciana no ha dejado de inyectar ayudas públicos a la compañía. Solo en los ejercicios 2023 y 2024 los presupuestos autonómicos preveían subvenciones por valor de 19.5 millones de euros. Desde el año 2012, la Generalitat Valenciana ha inyectado a la multinacional un total de 181,1 millones de euros. El año 2019 fue con diferencia el récord en cuanto a la cuantía aportada por la administración autonómica, con un total de 27,3 millones de euros.

También el Gobierno ha concedido diferentes ayudas. Por ejemplo en 2014, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dio el visto bueno a una partida de subvenciones de 27,3 millones de euros para Ford España. Aquel año la Comisión Europea (CE) recordó que con anterioridad se habían aprobado “cuantiosas” ayudas regionales para Ford España: casi 52 millones de euros en 2008 y aproximadamente 23 millones de euros en 2010.

Al respecto, Compromís volverá a presentar en Les Corts una propuesta para que las ayudas públicas a empresas estén vinculadas al mantenimiento de los puestos de trabajo.

Yolanda Díaz tacha de “inasumibles” los 1.622 despidos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha tachado de “inasumible” el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por Ford en su planta de Almussafes (Valencia) a través de un mensaje publicado este miércoles en la red social X.

“Es inasumible que ahora pretendan despedir a un tercio de la plantilla en Almussafes”, ha comentado al tiempo que ha criticado la posición de la automovilística estadounidense que, a cierre de 2023, presentó unos beneficios netos de más de 4.000 millones de euros, tras perder cerca de 2.000 millones el año anterior.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha subrayado que el anuncio de Ford de que el ERE en la fábrica de Almussafes afectará a más de 1.600 trabajadores “es la oportunidad perfecta del Gobierno de España para que pueda activar de una vez por todas el mecanismo RED para todo el sector de la automoción”.

Montes, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, ha expuesto que el sector “está muy afectado precisamente por la indefinición del mercado del automóvil y va a tener que pasar unos años de dificultades”, por lo que se debe proteger a su capital humano.

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha afirmado que el ERE es “una malísima noticia, sin paliativos” y ha defendido que “ayudaría que el sector de la automoción pudiese contar con el mecanismo de ayudas Red para mantener el empleo durante el periodo transitorio hasta la producción del nuevo coche”.

El Clúster de Automoción y Movilidad de la Comunitat (Avia) ha explicado que está trabajando desde hace meses para apoyar a las empresas del sector auxiliar en la transición hasta la llegada del nuevo modelo y facilitar que estén preparadas ante los nuevos retos.

En concreto, está trabajando con distintas entidades de formación, para tratar de identificar las necesidades formativas, a corto y medio plazo, tanto para trabajadores que cambian de destino profesional, como para aquellos que tienen que actualizar sus conocimientos, de cara a “los nuevos retos”.

La dirección de Ford en Almussafes ha planteado a los sindicatos este miércoles un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaría a 1.622 empleados y empleadas, un 33% de la actual plantilla que se vio recortada en otro 18% el pasado año. En la reunión se ha constituido la comisión negociadora del ERE propuesto por la empresa y se ha hecho entrega de la pertinente documentación en la que se cifra el mencionado excedente total de personas. De ellas , 626 serian bajas incentivadas con carácter definitivo, y 996 serían despidos objetivos con preferencia de recontratación en 2027, según el plan expuesto por la empresa.

Desde UGT, sindicato mayoritario de la factoría, han manifestado ya desde hace algunas semanas que “hay que arbitrar soluciones transitorias viables, y a buen seguro contarán con el apoyo de las administraciones , y también deberán contar con la predisposición de la dirección de Ford”.

La organización sindical ha añadido: “No volveremos a la mesa de negociación hasta que hayamos celebrado nuestra Asamblea de Afiliados el próximo sábado día 15, por lo que la siguiente reunión se producirá el lunes día 17”.

Por lo tanto, “una vez realizada la Asamblea, trasladaremos nuestra posición a la dirección de la empresa, es decir que a partir de ahí, estaremos en disposici6n de hacer público por dónde pasaría un posible acuerdo con la UGT”, ha finalizado el sindicato.

Por su parte, desde Intersindical, el otro sindicato con representación, han explicado que “las causas argumentadas por la empresa para la reducción de plantilla son la finalización de la fabricación de la Ford Transit, así como la reducción en un 60% de la producción en la planta de motores, ya que el motor EcoBoost se va a producir en origen, es decir, en Estados Unidos”.

Las mismas fuentes han añadido que la empresa les ha trasladado que “según los números que tienen hechos 996 personas tendrían un compromiso de contratación prioritaria creando una bolsa para 2027”. Las condiciones económicas de los despidos aún no se han abordado: “Tenemos que analizar la memoria técnica que nos ha dado la dirección y de momento vamos a valorar todos los datos que hay de cara la próxima reunión con la empresa que será el próximo lunes”.

Hasta 2027 con un único modelo

La situación es crítica teniendo en cuenta que hace tan solo dos años, en 2022, Ford Almussafes producía cinco modelos (Kuga, Transit, Mondeo, S-Max y Galaxy). En la actualidad la factoría cuenta con 4.800 empleados tras el ERE del segundo semestre del año pasado. por el que se despidió a 1.200 trabajadores.

Este nuevo ERE llega después de que la dirección de Ford Europa anunciara hace semanas el lanzamiento de un nuevo vehículo híbrido para mediados del año 2027 que se producirá en exclusiva en la fábrica valenciana. Se trata de un vehículo global cuya producción anual alcanzará las 300.000 unidades.

La planta de Almussafes, en 2022, fue la elegida para fabricar los vehículos eléctricos de Ford en Europa, unas inversiones que la compañía finalmente ha aplazado, pero que se plasmó en un acuerdo de electrificación que debía asegurar la carga de trabajo en los próximos años en Almussafes y que implicaba en el convenio de la empresa medidas salariales y de flexibilidad condicionadas a la electrificación que de momento no tiene una fecha concreta de implantación, puesto que el nuevo vehículo que se fabricará en 2027 será híbrido.

Inmersa en un ERTE

La planta de Almussafes viene encadenando diversos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) desde principios de año. Así, a finales de mayo la dirección de Ford trasladó a los sindicatos la ampliación del ERTE vigente hasta el 31 de julio.

La afectación será de 750 trabajadores diarios y en 12 días adicionales a toda la plantilla. Así, hay ERTE en operaciones de vehículos los días 3, 7, 10 (estos ya ejecutados), 14, 17, 21, 27 y 28 de junio y los días 8, 12, 22, 26 y 29 de julio.

En la planta de motores, habrá once días de parada total --900 trabajadores afectados-- y, el resto de día, el expediente se aplicará sobre 50 trabajadores. Los días de ERTE en motores sonn el 10 (ya ejecutado), 14, 17, 18, 27 y 28 de junio y el 8, 12, 22, 26 y 29 de julio. La ampliación del expediente está relacionada con los proveedores de la fábrica.

La dirección de Ford Almussafes ha convocado a los sindicatos para iniciar un periodo de consultas para negociar un expediente de regulación de empleo (ERE) el próximo día 28 de mayo, según ha informado este miércoles UGT, sindicato mayoritario.

“Recientemente Ford ha hecho pública su renuncia al PERTE del automóvil eléctrico, argumentando que no podrá cumplir los plazos que exige dicho Plan, y es que, es una evidencia que los plazos de Ford son otros, habida cuenta del retraso que experimenta la electrificación en Europa, y los estudios de mercado realizados. Algo que merece un análisis y una reflexión por nuestra parte”, han explicado desde el sindicato.

Por otro lado, “la dirección de Ford Europa comunicó el pasado viernes que el lanzamiento del nuevo vehículo multienergía se producirá a mediados del año 2027 y aseguró que será un vehículo global, y que la producción anual alcanzará las 300.000 unidades”, han comentado.

Según UGT, “para acometer la larga travesía hasta que llegue el nuevo vehículo a las líneas de producción, hay que reflejar diferentes cuestiones negro sobre blanco”. Por ejemplo, “qué volumen de empleo se requerirá, y en cuanto se cifra el excedente definitivo de personal, si es que lo hay”.

No obstante, “el acuerdo por la electrificación, sigue siendo la herramienta fundamental por la que la dirección mundial de Ford ha reafirmado su apuesta por València”, han señalado desde el sindicato, por lo que “de aquí en adelante la Comisión del Observatorio para la Electrificación deberá cobrar protagonismo para analizar la situación socioeconómica, así como qué medidas de flexibilidad son necesarias, o no, en cada momento”.

Es decir, “cambian las fechas, y el modelo del coche, pero no el compromiso por ambas partes; València tendrá vehículo y suficiente carga de trabajo, situación que lamentablemente no se producirá en todas las fábricas europeas”.

Por lo tanto, con todos estos datos UGT ha convocado para el próximo día 1 de junio, Asamblea General de Afiliados, “para compartir información y conformar propuestas que sean factibles y ofrezcan soluciones a esta compleja situación”.

Desde Intersindical Valenciana, el otro sindicato con representación en la planta, han comentado que la propuesta de ERE les coge “por sorpresa viviendo actualmente en un proceso de ERTE”, pero han afirmado que van a asistir a la negociación “con las premisas que defendemos siempre, es decir, la voluntariedad de todos aquellos que quieran salir y evitar a toda costa cualquier salida traumática”. Además han recordado que “esta plantilla ha dado muchas alegrías a la actual dirección en forma de beneficios y esperamos que estén a la altura”.

Se abre así un escenario de negociaciones para abordar cómo afronta la plantilla los próximos tres años, hasta la llegada del nuevo modelo, habida cuenta que desde el pasado 15 de abril la factoría tan solo fabrica el Kuga, eso sí, el modelo más vendido por la marca en la actualidad. La situación, por lo tanto es crítica, teniendo en cuenta que hace tan solo dos años, en 2022, Ford Almussafes producía cinco modelos (Kuga, Transit, Mondeo, S-Max y Galaxy). En la actualidad la factoría cuenta con 4.800 empleados tras el ERE del segundo semestre del pasado año por el que se despidió a 1.200 trabajadores.

“Una muy buena noticia”. El sindicato UGT, el mayoritario de Ford en Almussafes, ha valorado así la reunión mantenida este viernes con la dirección europea de la compañía en la que se les ha trasladado que la planta valenciana fabricará “un coche global” que alcanzará las 300.000 unidades al año: “Será un vehículo totalmente nuevo y se lanzará a mediados de 2027”, han afirmado desde la organización sindical.

Las mismas fuentes han comentado que el vicepresidente europeo de Ford, Kieran Cahill, ha asegurado que “este es el reconocimiento de la compañía a València por todos los compromisos cumplidos en los últimos años, y como respuesta al acuerdo por la electrificación, que a pesar del giro que ha experimentado la situación del automóvil con respecto a la misma, continua siendo la herramienta que permite apostar por el futuro de la planta”.

El nuevo coche que se fabricará en València no será eléctrico 100%, pero en términos globales de carga de trabajo y empleo garantizará niveles superiores a lo que supondría a día de hoy una plataforma eléctrica.

“Como hemos manifestado desde el primer momento, en opinión de UGT esto no lo resuelve todo, y ahora habrá que abordar el tema del empleo, para el que se nos convocará por parte de la dirección local la próxima semana”, han explicado desde la organización.

El sindicato ha añadido que “a pesar de las dificultades que todavía deberemos sortear, y teniendo en cuenta la situación de incertidumbre que hemos vivido en los últimos meses, y que llegó a ser verdaderamente preocupante, hoy podemos decir que portamos una muy buena noticia”.

Con todo, ahora se abre un escenario de negociaciones para abordar cómo afronta la plantilla los próximos tres años, hasta la llegada del nuevo modelo, habida cuenta que desde el pasado 15 de abril la factoría tan solo fabrica el Kuga, eso sí, el modelo más vendido por la marca en la actualidad. La situación, por lo tanto es crítica, teniendo en cuenta que hace tan solo dos años, en 2022, Ford Almussafes producía cinco modelos (Kuga, Transit, Mondeo, S-Max y Galaxy). En la actualidad la factoría cuenta con 4.800 empleados tras el despido en el segundo semestre del pasado año de 1.200 trabajadores.

Semanas atrás, la organización sindical ya comentó que, “de confirmarse los plazos que vislumbramos, en nuestra opinión, será del todo necesario implicar a las diferentes administraciones y gobiernos con el fin de activar el 'Mecanismo Red', llegado el momento”.

Características del Mecanismo Red

El Consejo de Ministros aprobó en julio del pasado año el decreto ley sobre el desarrollo normativo del Mecanismo Red de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, un instrumento diseñado para favorecer la flexibilidad interna de las empresas con el objetivo de fomentar la continuidad de las relaciones laborales estables, evitando el tránsito por el desempleo, en situaciones de crisis cíclicas o sectoriales.

El Mecanismo Red debe ser activado por el Consejo de Ministros, previa información a las organizaciones más representativas, a propuesta de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Trabajo y Economía Social e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; que se encarga de abrir la puerta pero no de dirimir si las empresas, de manera individual, se pueden acoger.

La autoridad laboral dará luz verde si la empresa ha desarrollado un periodo de consultas y si hay concurrencia de causas, por tanto, habrán de justificarse los motivos.