La empresa pública de Almussafes readmite a la empleada que denunció al alcalde por acoso obligada por Antifraude

La mujer que denunció por acoso laboral al alcalde de Almussafes, Toni González, y que posteriormente fue despedida de la Empresa Municipal de Serveis d'Almussafes (EMSPA) en la que trabajaba ha sido readmitida en su puesto de trabajo tras la resolución de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) por la que se abrió un procedimiento sancionador de hasta 300.000 euros tanto al primer edil como a la mercantil por una posible infracción muy grave, al considerar que el despido se ejecutó como represalia. González recibió posteriormente una segunda denuncia de otra persona por acoso sexual, lo que ha derivado en su expulsión del PSPV-PSOE.

El consejo de administración de la Empresa Municipal de Serveis d'Almussafes (EMSPA) acordó el pasado 18 de marzo dejar sin efecto el despido, tal y como consta en el expediente avanzado por The Objective y al que ha tenido acceso elDiario.es.

Según el escrito, en la resolución de Antifraude “se exponen una serie de antecedentes de hecho, con los que no se muestra conformidad, no obstante, no teniendo esta propuesta como objeto la formulación de alegaciones, a la citada resolución, que se formalizarán en tiempo y forma, es necesario resolver sobre la procedencia de las medidas provisionales”.

Por este motivo y tras defender el procedimiento por el que se adoptó la decisión de despedir a la empleada, basado en informes jurídicos, el consejero delegado de la EMPSA considera que dado que se trata de “una medida cautelar proporcional, que garantiza el ejercicio del derecho a la persona afectada, por lo que propone su adopción, dado que, en ningún caso, la resolución adoptada, lo fue como un acto de represalia o hostigamiento, habiéndose acreditado, la colaboración plena de la sociedad, en el procedimiento principal de investigación”.

Por este motivo, el consejo de administración acordó “la suspensión inmediata de la eficacia ejecutiva del acuerdo de despido disciplinario de fecha 13 de febrero de 2026, reponiendo a la trabajadora G. A. a su puesto de trabajo con con mantenimiento íntegro de sus condiciones profesionales y retributivas, alta y cotización, hasta que recaiga resolución administrativa firme en el procedimiento seguido por la AVAF, o pronunciamiento jurisdiccional incompatible de dichos efectos, todo ello en cumplimiento de la resolución de la Agencia Valenciana Antifraude, y sin perjuicio del ejercicio de los derechos oportunos por los cauces pertinentes, y con independencia del fondo de la resolución adoptada en su día y del ejercicio de los derechos que se consideren”.

Como informó este diario, la Agencia abrió procedimiento sancionador de hasta 300.000 euros por una posible infracción muy grave y requirió a la empresa pública su restitución en su puesto y que se abstengan de realizar “nuevos actos de presión, descrédito, exposición pública, hostigamiento o alteración perjudicial de las condiciones de trabajo”.

Según la resolución de la AVAF, “a la vista del despido ya ejecutado, de la persistencia del perjuicio y del riesgo de consolidación del daño profesional y económico de la persona protegida, procede acordar una medida restauradora inmediata”. La Agencia constató que los argumentos esgrimidos por la EMSPA para despedir a la denunciante relacionados con la revelación de una serie de datos no se sostienen porque esa misma información se había publicado por la entidad municipal: “Los datos de los trabajadores supuestamente revelados ya habían sido publicados por la empresa pública municipal en los informes de auditoría de los años anteriores”.

Por este motivo, acordó incoar procedimiento sancionador por la posible comisión de una infracción muy grave del artículo 63.1.b) de la Ley 2/2023, en relación con el artículo 36 de la misma ley, por la adopción de represalias contra G. A., persona informante protegida. La mencionada infracción puede acarrear una multa de entre 30.000 y 300.000 euros

La resolución señala como presuntos responsables a Antonio Manuel Orea Pedraza como consejero de la EMPSA a la propia empresa municipal como persona jurídica, a los miembros del Consejo de Administración que asistieron y votaron favorablemente los acuerdos adoptados en las sesiones de 9 de enero de 2026 y 13 de febrero de 2026 y a Toni González, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Almussafes, “en calidad de presunto responsable provisional, pendiente de concreción subjetiva tras la práctica de la prueba documental acordada en este acto”.