El PP propone “garantizar la seguridad jurídica” de las viviendas de los núcleos costeros tradicionales de La Palma

El Grupo Popular en el Cabildo de La Palma, a través de la consejera Nayra Castro, presentará en el próximo pleno de la institución una moción para “reforzar la protección de los núcleos tradicionales costeros de la isla ante la modificación del Reglamento General de Costas que actualmente tramita el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”, informa en nota de prensa.

La iniciativa “pone el foco en la situación que viven los vecinos, propietarios y titulares de actividades económicas de Puntalarga y El Faro de Fuencaliente, ante las posibles consecuencias que esta modificación normativa pueda tener sobre sus derechos y sobre la continuidad de actividades que forman parte de la historia y del desarrollo de este municipio”.

Castro señala que “La Palma mantiene un vínculo histórico con su litoral y cualquier modificación de la normativa debe realizarse con diálogo, transparencia y ofreciendo seguridad jurídica a quienes viven y desarrollan su actividad en estos espacios. Hablamos de núcleos que forman parte de nuestra identidad y que merecen una protección adecuada”.

A través de esta moción, el Grupo Popular propone que “el Cabildo manifieste su respaldo institucional a los vecinos y actividades afectadas”, al tiempo que solicita “una moratoria de los procedimientos de deslinde actualmente en curso hasta que se tramite la Proposición de Ley aprobada por el Senado para la protección de los núcleos tradicionales costeros con valor etnográfico”. Asimismo, plantea “instar al Gobierno de España a facilitar toda la información técnica y jurídica sobre la modificación del Reglamento General de Costas y a que los criterios para delimitar el dominio público marítimo-terrestre respondan exclusivamente a criterios científicos y objetivos”.

La consejera popular considera además que “cualquier reforma debe contemplar las singularidades territoriales de Canarias y, especialmente, de La Palma”. “Nuestra realidad insular requiere sensibilidad y soluciones adaptadas. Es posible compatibilizar la protección del litoral con la conservación de unos núcleos que representan patrimonio, actividad económica y forma de vida para muchas familias”, afirma.

Desde el Grupo Popular se defiende que “esta iniciativa busca aportar certidumbre a los afectados y contribuir a que cualquier cambio normativo se realice desde el consenso y el respeto a los derechos consolidados. Queremos que las administraciones trabajen conjuntamente para ofrecer tranquilidad a los vecinos y garantizar la protección de unos espacios que forman parte de la historia y del futuro de La Palma”, concluye Castro.