El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, capea como puede la crisis de los grandes incendios que asolan la comunidad mientras algunas fuentes del PP apuntan a que su carrera política ha acabado. El jurista entró en política en 2012, cuando era decano de los jueces de León y fue nombrado subdelegado del Gobierno en León. Gobernaba el PP y presumía de su excelente relación con la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Con esa escasa experiencia de poco menos de tres años en la subdelegación, Suárez-Quiñones daba el salto a la política autonómica en 2015, cuando el entonces presidente, Juan Vicente Herrera, lo fichó como consejero de Fomento y Medio Ambiente.

Suárez-Quiñones era la cara amable de la Junta. Su profesión de juez y su incorporación tardía a la política le daban cierto barniz de servidor público. Pero la gestión no fue todo lo eficiente que habría querido el PP, porque le tumbaron desde la Ley de Caza a la orden de caza del lobo al norte del Duero. Aún así, no protagonizó grandes polémicas hasta 2018, cuando la Operación Enredadera destapó una presunta trama de alteración de concursos públicos. A la cabeza de la red, el juez instructor colocaba al empresario leonés de los medios y de la construcción –actualmente condenado en Gürtel y pendiente de otro juicio– José Luis Ulibarri.

En ese enorme sumario había meses de escuchas telefónicas y en una de ellas aparecía una llamada de Suárez Quiñones a Ulibarri en la que le ofrecía hacerse cargo de la obra de una carretera, sin pasar por un proceso de licitación. “Yo soy la Administración”, razonó el consejero. Una vez que se hizo público, Suárez-Quiñones llegó a plantearse actuar contra la Justicia, pero no llegó a hacerlo. No fue imputado a pesar de que la UDEF apuntaba a la comisión de presuntos delitos. Para el consejero “no tenía un pase” que la llamada apareciera en el informe policial aludiendo a posibles delitos de prevaricación y revelación de secretos.

Aunque el gobierno de Herrera se sacudió el asunto de encima, el consejero sí tuvo que dar explicaciones en una comisión. El problema se presentó un año después, cuando Alfonso Fernández Mañueco estaba negociando un pacto de gobierno con Ciudadanos y Francisco Igea lo vetó. Aquello duró unos días, porque el pacto se firmó y Suárez-Quiñones siguió liderando la misma consejería, y con fallos similares, porque sigue empeñado en convertir al lobo ibérico en especie cinegética a pesar de las sentencias contrarias a su decisión de permitir su caza.

El año pasado el incendio de Navalacruz (Ávila) que calcinó más de 20.000 hectáreas, también colocó al consejero en la picota. El fuego se originó en un vehículo en una carretera comarcal junto a la sierra. Se avisó al 112, el servicio de emergencias que depende de la Consejería de Fomento, y ni una sola de las llamadas –y fueron bastantes– consiguió que se activase a medios de extinción. El fuego iba a llegar al monte, pero el protocolo establecía que un fuego en una cuneta no era forestal y tenían que ocuparse los bomberos del Ayuntamiento de Ávila, a más de media hora de distancia. Y así se gestó la tragedia.

Las características de ese fuego incontrolable durante días fueron las mismas que las de los incendios de este verano: temperaturas de más de 30 grados, humedad no superior al 30% y vientos de más de 30 kilómetros por hora. Los resultados fueron desoladores y Suárez-Quiñones dijo que había que hacer cambios para evitar desgracias similares.

Más de 60.000 hectáreas arrasadas, dos muertos y un operativo de incendios cuestionado

De las más de 20.000 hectáreas de ese fuego de Navalacruz se ha pasado a las 60.000 de los incendios de la Sierra de la Culebra y de Losacio en Zamora, sin contar fuegos como el de Monsagro en Salamanca, Montes de Valdueza en León o el de Sabinares del Arlanza en Burgos. El primer gran incendio, en la Sierra de la Culebra, se produjo el 15 de junio, en una ola de calor que venía durando varios días, con una sequía evidente y con previsiones de tormentas eléctricas. Pero el consejero no dio la orden de decretar el riesgo alto, que hubiera puesto en marcha un operativo muy distinto del que hubo esa noche en la que una decena de rayos desató el infierno. La orden no se dio porque todos los años el riesgo alto se fija el 1 de julio.

Pero además, al operativo reducido e insuficiente, se suma el modelo de extinción de incendios de la Junta de Castilla y León, que es mixto, con medios públicos y privados, y que contrata a bomberos solo durante unos meses y no durante todo el año. De este modo el fuego encuentra cortafuegos descuidados, pistas forestales sin limpiar, y combustible de sobra para volverse incontrolable. La gravedad del segundo incendio que ha asolado Zamora, el de Losacio, ha acabado con dos vidas, la de un bombero forestal y la de un pastor al que rodearon las llamas.

A ello hay que sumar las cuestionables condiciones laborables de los bomberos, que han mostrado en twitter la vitualla que recibían: bocadillos con escaso relleno, poca bebida y poca fruta. Este lunes, el consejero se defendía en una entrevista en la Cadena SER asegurando que la situación de los bomberos no era cosa suya sino de las empresas que los contrataban y de los convenios colectivos, y que parte de la culpa de la situación con los fuegos era cosa de las “nuevas modas” de los ecologistas, asumiendo el discurso negacionista de Vox, socio de gobierno del PP.

En esa huida hacia delante está también el propio Mañueco que afirma alternativamente bien que los incendios forman parte de la “naturaleza” bien que personas –que no concreta– “quieren quemar Castilla y León”. Este miércoles, la Guardia Civil detenía a un agricultor como presunto autor del incendio en la provincia de Burgos que obligó a evacuar varios pueblos. El hombre está investigado por haber realizado presuntamente trabajos agrícolas en una finca de cereal en horario prohibido. Ha quedado en libertad tras negarse a declarar, pero está investigado. Además, la Fiscalía de Castilla y León ha abierto diligencias de investigación contra Suárez-Quiñones tras una denuncia de CCOO por su gestión del incendio de la Sierra de la Culebra. Todos los partidos de la oposición han pedido ya su dimisión.

La evolución de los incendios –y de la crispación vecinal y política– dejarán ver dentro de poco si el presidente deja caer a su consejero.

Por cuarta vez la investigación judicial sobre la presunta corrupción municipal conocida como 'Enredadera' vuelve a ser cerrada. El juez Fernando Morano ha dictado un auto a finales de mayo en el que decreta nuevamente el fin de las investigaciones sobre esta trama conocida a raíz de una amplia operación policial en el año 2018.

El caso fue reabierto por tercera vez el pasado mes de marzo tras aceptar la Audiencia Provincial de León un recurso de la acusación popular ejercida por Izquierda Unida, que denunciaba nuevamente un archivo de la investigación sin realizar ninguna actuación destinada a esclarecer los presuntos delitos que inicialmente se atribuían a políticos y funcionarios de los ayuntamientos de León, Villaquilambre y San Andrés. La Audiencia Provincial reprochaba en su acto de rectificación que se cerrara la causa “sin haber dado a las partes, concretamente a la acusación, la posibilidad de tener conocimiento pleno de las actuaciones, lo que les ha ocasionado una evidente indefensión y una clara falta de seguridad jurídica”.

Ahora el juez calca prácticamente sus argumentos del cierre anterior y decreta el cierre de unas investigaciones que habían quedado acotadas a los ayuntamientos de San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre tras el envío de nuevas pruebas desde el juzgado de Badalona donde se originó la causa, con los presuntos hechos delictivos ocurridos en el Ayuntamiento de León ya previa y plenamente archivados. La investigación afectaba a los empresarios José Luis Ulibarri y Ángel Luis García 'El Patatero', el alcalde de Villaquilambre, Manuel García, o la exalcaldesa de San Andrés, María Eugenia Gancedo, entre otros cargos públicos, empresarios y funcionarios, que dejan de estar investigados. Ninguno ha declarado en la causa más allá del momento de inicio de la operación en 2018 y tampoco ha habido prácticamente actuaciones destinadas a esclarecer los hechos más allá de los informes policiales enviados 'motu proprio' en la investigación, rechazando las peticiones de informes sobre cuentas bancarias presentadas por Izquierda Unida.

La decisión se argumenta en un informe previo de la Fiscalía Anticorrupción del 2019 para volver a archivar ya que de la documentación “no existe base para continuar la investigación penal por la conducta penal expuesta”. Defiende que en las grabaciones y actuaciones “no se puede concluir, ni siquiera de forma indiciaria, que exista un concierto de voluntades entre los servidores públicos y los empresarios investigados en la presente causa que sea constitutiva de infracción penal”, en cuando al fraude en la contratación. Según el auto toda la documentación “ya estaba, insistimos, incorporada anteriormente a las actuaciones, y que fue objeto de examen, que motive la práctica de las diligencias de investigación que se solicitan”.

El caso 'Enredadera' nació a raíz de una denuncia en el ayuntamiento catalán de Mongat sobre presuntas irregularidades en la Policía Local y en adjudicaciones de contratos de tráfico. Las intervenciones telefónicas llevaron a una madeja que descubrió una presunta trama de irregularidades en contratos con las policías municipales y una subcausa de presuntas irregularidades con epicentro en Castilla y León relacionada con el empresario José Luis Ulibarri, detenido en la operación y que ha confesado delitos en la pieza de Gürtel de Boadilla del Monte.

De las 5 causas inicialmente abiertas en el año 2018 -Badalona, León, Astorga, Fuenlabrada y Navalcarnero- se pasó a una treintena tras dividir la investigación principal en el otoño del 2021. Las piezas de León y Astorga han sido cerradas y reabiertas en dos ocasiones, la primera sin ni siquiera llegar a declarar los testigos, cosa que sí ocurrió en la segunda cuando todos los acusados negaron los hechos contestando prácticamente solo a sus abogados. La Fiscalía, que inició la investigación en Cataluña, ha apoyado todos los cierres propuestos por las defensas en las piezas leonesas. Contra la resolución adoptada cabe recurso, ya presentado por Izquierda Unida.

Televisión Castilla y León, propiedad de los dos empresarios de la construcción y los medios, Antonio Miguel Méndez Pozo y José Luis Ulibarri -acusado en la pieza Gürtel de Boadilla- e imputado en la que afecta a Correa, además de en Enredadera y Púnica- ha conseguido arrancar a la Junta 20 millones de euros en forma de “subvención directa”, tal y como ha podido comprobar eldiario.es. El cobro de esta cantidad, que supera en un millón a la concedida en 2019, será por adelantado, mucho antes de que una auditoría demuestre que se han cumplido los objetivos.

Cada año, la Junta de Castilla y León concede la mal llamada subvención -la Audiencia Nacional en sentencia firme la calificó en 2018 como un contrato de prestación de servicios sujeto a IVA- a la televisión privada que explota su licencia de TDT. La fórmula de la “subvención directa” evita que la decisión pase por control presupuestario o por la Intervención de la Administración.

La cantidad que le otorga desde 2009 oscila entre los 18 y los 25 millones de euros, y se pueden cobrar por adelantado pidiendo un anticipo de hasta el 100%. La Junta obliga a justificar que la prestación del servicio se ha producido. En el caso de la ayuda de 2019, la fecha límite era el 31 de enero de 2020.

Este año, la Junta ya ha anunciado que Radio Televisión Castilla y León va a recibir al menos 12,7 millones por adelantado. El primer pago, “cuatrimestral” según explicó el vicepresidente Francisco Igea tras el Consejo de Gobierno del pasado jueves, será de seis millones, y el segundo será de 6,7. No queda fijado cuándo cobrará los 7,3 millones restantes. A pesar de las reiteradas preguntas de este medio, el vicepresidente no aclaró en esa rueda de prensa qué cantidad total cobraría la televisión durante este año, tan sólo se refirió a los dos primeros cuatrimestres.

Mejoras tecnológicas

¿Cómo justifica el Gobierno autonómico esta “subvención” de 20 millones? en el documento del acuerdo al que ha tenido acceso este diario y que firman el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se precisa que la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre -de la que forman parte todos los grupos parlamentarios- ha determinado que la empresa debe implementar “diversas mejoras de tipo tecnológico, en las condiciones de los empleados, en la programación y en los medios materiales que utiliza”. La Comisión determina las condiciones de “financiación del servicio a través de la concesión directa de una subvención por un importe de veinte millones de euros destinada a financiar los indicados objetivos y necesidades”.

En el acuerdo también se concreta que “como consecuencia de la disponibilidad presupuestaria existente en la fecha actual, motivada en la prórroga de los presupuestos de la Comunidad del ejercicio 2018 para el ejercicio 2020, el presente acuerdo da cumplimiento parcial a las condiciones de financiación establecidas por la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre, sin perjuicio de los acuerdos posteriores que se adopten para completar la financiación hasta el importe establecido”.

“Situación de emergencia derivada de la pandemia”

Para justificar la financiación de la televisión privada, se hace alusión a “la situación de emergencia derivada de la pandemia generada por el Coronavirus COVID-19” que “supone una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud debido al elevado número de ciudadanos afectados y a la limitación de derechos que ha supuesto la declaración del estado de alarma aprobado mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo”. En este sentido, la Junta de Castilla y León considera que “los servicios de comunicación audiovisual televisiva son servicios de interés general cuya importancia es cada vez mayor ya que garantizan el ejercicio de derechos y libertades fundamentales como la libertad de expresión y del derecho a recibir información”.

Motiva de este modo que es “imprescindible” que “desde los poderes públicos se garantice aún más el derecho de los ciudadanos a recibir información” y que “Radio Televisión de Castilla y León, S.A. es el único titular de una licencia para prestar servicios de comunicación audiovisual televisiva de ámbito autonómico”. Por este motivo la Junta “considera esencial garantizar el acceso a la información de los ciudadanos de Castilla y León” y justifica la “necesidad” de adoptar el acuerdo “en el momento actual”. No hay ninguna otra resolución de la Junta que justifique partidas presupuestarias para otros medios privados que informan igualmente a los ciudadanos.

Fuentes de la corporación empresarial que forma Televisión Castilla y León, han insistido en que “no se trata de un adelanto de la subvención”, sino que se procederá al pago como en años anteriores. En los acuerdos de las subvenciones de ejercicios pasados nunca se ha precisado, como en este de 2020, que se iban a cobrar cantidades en cuatrimestres.

Por otro lado, fuentes de la Comisión de Seguimiento indicaron a eldiario.es que fue en febrero cuando el director general de Televisión Castilla y León, Jorge Losada, explicó que la televisión debía adaptarse al formato HD y que esa adaptación técnica costaría un millón de euros. También se refirió a la actualización del IPC de las nóminas de los trabajadores. La situación de la pandemia y los gastos que ha tenido que asumir el Gobierno autonómico no han modificado el presupuesto que se decidió en febrero a la televisión privada.

Los 20 millones no es la única subvención directa que cobrará de la Junta. En abril del pasado año, “a propuesta del consejero de Fomento y Medio Ambiente y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día” autorizó la concesión directa de una subvención a Radio Televisión Castilla y León de 27.600.000 euros “para resarcirla de los gastos ocasionados por las cantidades soportadas en concepto de IVA”. Esta subvención directa se reparte en cinco anualidades: 6.500.000 euros en 2018 y 5.275.000 en 2019, 2020, 2021 y 2022.

Pero la televisión de los dos constructores no sólo se financia con la subvención, además obtiene publicidad de la Junta y de las Cortes de Castilla y León, esta última paga una media de 9.000 euros por un programa de media hora que se emite semanalmente. Durante esta Semana Santa la reemisión de procesiones de otros años ha contado con el patrocinio del Gobierno autonómico, diputaciones y ayuntamientos.

La pieza leonesa de la Operación Enredadera ha quedado archivada este jueves por decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de León, Fernando Javier Muñiz Tejerina, que recoge la propuesta de la Fiscalía Anticorrupción en una trama que salpicó a empresarios como el constructor y magnate de los medios de comunicación José Luis Ulibarri y su socio Ángel Luis García 'El Patatero', así como a varios antiguos cargos públicos y empleados municipales.

El magistrado entiende que “no aparece debidamente justificada la perpetración de los delitos que dieron motivo a la formación de la causa” como los de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias o fraude en la contratación. Para ello se basa en el informe de la Fiscalía Anticorrupción fechado el pasado 11 de noviembre en el que entiende que “no ha quedado debidamente acreditada la perpetración del hecho delictivo”, al tiempo que pide que “queden sin efecto las declaraciones en calidad de investigado previamente acordadas por el órgano judicial”.

Además de Ulibarri y 'El Patatero', las condiciones de investigados en la pieza leonesa se extendieron en su día a la mano derecha del primero, Miguel Hernán Manovel García, al empleado del segundo Juan José Simón, así como al exconcejal del Partido Popular en León José María López Benito (que dimitió para evitar una moción de censura contra el entonces alcalde, Antonio Silván), al exasesor de Ciudadanos en la Diputación de León Sadat Maraña y a los empleados municipales Miguel Martínez y Javier Herrero.

“No es posible correlacionar las intervenciones telefónicas obrantes en las actuaciones con la adjudicación de contratos objeto de investigación en la presente causa”, señala el informe del fiscal anticorrupción, que se remite también a las consideraciones de la unidad de policía, para la que “no proceden otras diligencias de investigación” hasta concluir que “no resulta posible la conexión entre las intervenciones telefónicas previamente acordadas y contratos públicos concretos”.

El fiscal solicitó el sobreseimiento de la causa porque “no es sostenible entender que los cargos y funcionarios públicos con respecto a los que se dirigen las presentes actuaciones hubieran infringido el deber de administración leal de los fondos públicos”. En su resolución, el juez decreta ese sobreseimiento y procede al archivo de las actuaciones. “De lo actuado, no aparece debidamente justificada la perpetración de los delitos que dieron motivo a la formación de la causa”, concluye el magistrado.

Contra este auto cabe interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación dentro de los tres días siguientes a su notificación o recurso de apelación directo dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Izquierda Unida, personada como acusación popular, recurrirá este archivo provisional de la causa relacionada con el Ayuntamiento de León al considerar que es una decisión “prematura” y que “sigue habiendo graves indicios de delito” en esta pieza, emanada de la principal de la Operación Enredadera junto a otras como la de Astorga.

La Diputación de León deshoja aún la margarita de si mantiene el modelo de gestión heredado del Partido Popular, que preveía una red de parques comarcales de bomberos por la provincia en manos de empresas privadas, o apuesta por darle la vuelta y revertir en público todo el sistema. El nuevo gobierno provincial de PSOE-UPL, que lidera Eduardo Morán, se debate ahora sobre la decisión final de elegir entre lo público o lo privado para el llamado Servicio de Extinción, Prevención de Incendios y Salvamento (Sepeis).

Este plan, que suma quince años de retraso en su implantación, fue considerado por numerosos empresarios, conseguidores y políticos vinculados a la trama corrupta destapada por la Operación Enredadera un negocio no sólo redondo sino fácilmente amañable si finalmente fuera un plan de gestión privada.

Ese modelo privado preveía construir seis parques comarcales de bomberos distribuidos por toda la provincia, y con vehículos y material especializado de extinción para cada uno de ellos. La plantilla estaría formada por 9 funcionarios al frente, aunque el grueso, otros 75, serían bomberos privados, no funcionarios públicos.

Un modelo que las investigaciones policiales y judiciales ahora demuestran que fue para los presuntos implicados en la Operación Enredadera un pastel muy goloso de negocio. Para empresas del sector de la seguridad y la extinción, este modelo privado ya había florecido en lugares como Galicia, donde empresas como por ejemplo Veicar vivían holgadamente de ello. A día de hoy, aún facturan por un total de 14 parques gallegos, según su web.

Es a través de esta compañía, Veicar, que encendieron los avisos de 'negocio a la vista' en empresas que, cuando estalló la Operación Enredadera, se supo que estaban maniobrando de manera presuntamente fraudulenta para conseguir numerosos negocios amañados con la administración pública.

Según la investigación policial de la UDEF y los informes de juzgados y Fiscalía, un alto responsable de Veicar, Gerardo Feijóo, fue el que entró en contacto con la trama Enredadera que medraba en León al menos desde 2016. Y es que el negocio de los bomberos era una obsesión de Ángel Luis García, apodado 'El Patatero', socio del empresario de la comunicación y la construcción José Luis Ulibarri.

Según informan cientos y cientos de folios de la investigación de Enredadera pilotados por el Juzgado 2 de Badalona, y pinchazos telefónicos de la UDEF de la Policía Nacional, dados por buenos posteriormente por el juez y la Fiscalía, en León se cocía un presunto amaño del contrato del Sepeis de la Diputación leonesa.

Son constantes sus intentos de conseguir mediar para que este supuesto jugoso contrato, que en su conjunto sumaba algo más de 8 millones de euros, pudiera caer del lado de las empresas de Enredadera como Gespol o filiales, además de en beneficio del propio Ulibarri.

Entrar “por cojones”

El 29 de noviembre de 2016 aparecen las primeras pruebas 'pinchadas' de las ansias de amaño de la trama Enredadera respecto a todo el sistema de los parques. Gerardo Feijóo, de la empresa Veicar, habla con José Alberto Bueno Regodón, de Gespol, la empresa con la que la trama presuntamente entra a contratos públicos de tráfico en toda España, de los primeros contactos con el 'conseguidor' astorgano Ángel Luis García 'El Patatero'.

“Hemos hablado de los parques de bomberos pero me ha dicho que por teléfono no, que a ver si nos vemos y hablamos; Ángel Luis me ha dicho que lo quiere meter en Castilla y León y Asturias, y ahí tiene que entrar Gespol por cojones”, se explican uno a otro.

“Facturar algún parque”

En otra llamada se habla abiertamente del reparto económico de posibles beneficios del contrato. Lo resume la UDEF: “Ángel Luis va a hablar con Gerardo y que le va a proponer depende de cómo salga el concurso de los bomberos de León llegar a algún acuerdo para que Gerardo (Feijóo) les facture algún parque de bomberos”.

Por aquel entonces, a finales de 2016, León no era el único objetivo de la trama. También la licitación de un parque en la provincia Salamanca, que a Gerardo “no le preocupa, lo tiene muy claro, su preocupación es la Diputación de León”, admite Roberto Legazpi, de la empresa Gespol.

La brigada de la Policía Judicial atribuye a Gerardo Feijóo, de Veicar, un papel de “conseguidor”, y de hecho, al saltar la operación registró su despacho en la sede de Veicar en Bergondo y su domicilio. Fue detenido y luego puesto en libertad con cargos, al igual que ocurrió con Martín y Ulibarri.

'Duelo' de influencias y cena con Silván

El planteamiento inicial de la trama es unir Veicar con alguna empresa de Ulibarri para hacerse con el contrato de Salamanca, pero Feijóo no lo ve claro por las sospechas de corrupción que ya se ciernen sobre el empresario leonés, entonces públicamente pendiente de juicio por la trama Gürtel.

El informe de la UDEF intercepta una llamada en diciembre de 2016 en la que Feijóo admite que “Veicar asociados con este señor que está en la Gürtel, y en más cosas, como nos liguen con estos los políticos ya no los reciben”. Y añade: “Ulibarri tendrá muchas relaciones políticas, pero yo también y hay que ver quién maneja más los hilos”.

Pero los responsables de Gespol siguen queriendo aprovechar la influencia de Ulibarri, aunque siempre que éste no figure en la empresa. Y El Patatero les ofrece una, llamada IS, “donde no está ni aparece”. Roberto Legazpi transmite a Bueno Regodón que “José Luis Ulibarri quiere firmar ya un acuerdo con ellos (...), que hoy cenan con el alcalde de León (Antonio Silván), han estado en Valladolid y (...) hay muchas posibilidades de hacer cosas en Oviedo y en Castilla y León”.

“Conociendo a José Luis (Ulibarri), son suyos”

Ambos mantienen el 28 de noviembre de 2016 a las 18:09 horas una elocuente conversación literal:

Legazpi: Yo creo que Gerardo -Feijóo- lo puede mover pensando en los bomberos de León, esos son suyos, que todavía no ha salido el concurso pero bueno.

Bueno Regodón: Exacto.

Legazpi: (Risas) Pero conociendo a José Luis -por Ulibarri- yo creo que sí que son suyos.

Bueno Regodón: No viendo eso, al Ulibarri, está más claro que el agua.

Pero mientras León no se concreta, Gerardo Feijóo se centra en el parque que “acaba de saltar” en Salamanca: “Son cuatro años y siete millones y medio de euros, no hay más que poner los bomberos, como lo que hacen allí en Galicia”. Pero admiten que necesitan “un amarre”.

“Cobrar todos por fuera y a tomar por culo”

Ángel Luis 'El Patatero' lo ve factible y Feijóo garantiza que “ya meterán una partida y cobrarán todos por fuera y a tomar por culo, que aquí tenéis que poner 300 o 400.000 euros y a repartir, y ya luego buscarán quien factura y quién no”.

El experimentado Gerardo Feijóo admite a Bueno Regodón que “si no quieren unir construcción, dotación y personal, se van ellos, pactan unas cantidades, y que diga ese señor 'pues mira, yo me quiero llevar un millón, dos millones, lo que sea', y ahí tienes que decirles 'pues yo en agradecimiento de ese dinero, el 10%, el 15 o el 20%, lo que sea, y que facturan a través de su hijo (el hijo de Gerardo, acota la Policía) o de la empresa de ellos en Barcelona, que lo importante es cobrar, y que si tienen dinero negro que se lo den, que ellos lo guardan”.

“Los bomberos bien gestionados dan mucho dinero”

El negocio suena redondo. Y la empresa Veicar en Galicia lleva años demostrándolo. Bueno se lo resume así a Legazpi: “Los bomberos bien gestionados dan mucho dinero, Veicar se mantiene de los bomberos, y él -por Gerardo Feijóo- sabe cómo sacarle mucho dinero a la Comunidad o a la Junta, porque no sólo son los bomberos sino que también es hacerles un seguro de no sé qué, hacer unos cursitos y eso te lo pagan todo del otro lado”. En Castilla y León, estos cursos de formación se imparten desde la Agencia de Protección Civil de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

Llega 2017. Y la trama sigue madurando hacerse con los contratos de toda la gestión de bomberos de la provincia leonesa. Necesitan un experto en el equipo para prepararlo todo. Y es cuando aparece la figura de José Manuel Torres, recién jubilado como jefe de Bomberos de Oviedo, al que el jefe a su vez de Policía Local ovetense, José Manuel García, quiere imponer como empleado bien del El Patatero o de Ulibarri para urdir bien los asuntos.

El primero se lo indica así al segundo el 28 de febrero de 2017 por teléfono y la UDEF resume: “El poli de Oviedo quiere que el jefe de los bomberos de Oviedo vaya con ellos de empleado”.

El 30 de mayo de 2017 la situación ya les hace ponerse nervioso. En una conversación entre El Patatero y el entonces cargo de confianza de Ciudadanos imputado en la trama, Sadat Maraña, este les explica que el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, está retrasando la aprobación de los ansiados pliegos por falta de acuerdo con los ayuntamientos de León y San Andrés del Rabanedo.

Pero también porque hay algunos reparos técnicos. Maraña cree que ahí está el problema, que “Majo es un cobarde” en cuanto hay algún reparo de un técnico. El empresario transmite su desesperación: “Llevamos un año insistiendo con este tema”.

El 26 de junio, Ángel Luis García avisa por teléfono a Ulibarri de que el asunto de los parques irán a Pleno en tres días.

- García: Hay que estar muy atentos que esto se calienta“.

- Ulibarri: “Vale, vale, vale, pues estamos atentos”.

- García: “Estamos a tope”.

Entra en juego Ciudadanos

Cuando parece llegar el momento en el que “les ha llegado la documentación de parque de bomberos”, Ulibarri en persona llama por teléfono a Sadat Maraña y le pide toda la documentación del informe que va a ir a Pleno, quedando en que “Pedro S.” irá a recogerla por la cafetería Victoria, junto a la Diputación de León, porque “es el único del que me fío suficiente” porque “lleva conmigo toda la vida”. Maraña le comunica a su diputado provincial de Ciudadanos, Juan Carlos Fernández, también imputado por corrupción en esta trama como el propio Maraña, que le ha llamado “Jota Ele” (Ulibarri), pero éste le advierte que por teléfono “no diga nombres”.

“Las negociaciones entre José Luis Ulibarri y Sadat Maraña acerca del parque de bomberos en León que se infieren de la conversación revelan una consciente actividad ilegal”, recoge sin dudas un informe policial de la UDEF del 20 de julio de ese año dirigido al Juzgado de Instrucción n° 2 de Badalona.

Días antes, el 7 de julio la Policía intercepta otra conversación entre El Patatero y Ulibarri:

- García: Oye me, me informan que el lunes hay un Pleno solo para los parques de bomberos.

- Ulibarri: ¿Pleno de la Diputación? Pues no lo sé, no estoy al corriente yo. Bueno, eso está más o menos en la línea que se había hablao, no van a cambiarlo ¿eh?, entonces ...

- García: Vale, vale.

- Ulibarri: Vamos a ver, si hay un Pleno a ver que aprueban y ya vemos ¿eh? Hablamos esos días.

- García: Claro, para ver qué empresa cogemos, quiero hablar con la empresa asturiana, a ver en que condiciones y habrá que firmar un contrato antes de nada para que no nos pase lo de Veicar.

- Ulibarri: Pues sí, que no, que luego cuando vayamos a presentarnos no haya compañero de viaje.

- García: Efectivamente, que vayamos seguros.

- Ulibarri: Vale, pues, pues empieza a negociar ese asunto.

Los indicios grabados por la Policía son recogidos por la Fiscalía contra la Corrupción, que en un informe al juzgado de ese mes de julio ve un interés delictivo en torno al concurso público de los Parques de Bomberos de León. “Sadat Maraña habría logrado obtener información reservada y de carácter privilegiado acerca del futuro concurso, habiendo asimismo iniciado ya las 'gestiones' para lograr presionar e influenciar a los políticos que deban resolver sobre la adjudicación”, concluye.

Y por si caben dudas, destaca que “no fue hasta el día 10 de julio que el Pleno de la Diputación resolvió aprobar un Plan en materia de prevención y extinción de incendios, con una inversión de 8 millones de euros”, aunque “los investigados ya tenían conocimiento de dicho extremo en el mes de junio; extremo que deja bien a las claras la relevancia de los contactos e influencias con los que cuentan”.

Majo no cumple lo hablado con Ulibarri: “Es de Mortadelo y Otilio”

El 24 de julio, El Patatero admite por teléfono algo especialmente grave, y es que no les convence la plantilla de 75 bomberos privados prevista, y considera que “hay que buscar un tercero” que presente alegaciones a lo previsto porque no dará el beneficio suficiente. Y admite: “Es que se lo presenté a José Luis (Ulibarri) y José Luis echaba pestes, dice, esto no es lo que hablé yo con el presidente de la Diputación, o sea, nos dejan para nada”, admitiendo con ello que Ulibarri esperaba de Majo que cumpliera las condiciones que interesaban al magnate leonés.

“Y después otra cosa, el personal no se hace con 75 personas, hay que dar vacaciones, después alguna baja, no dotan ningún personal administrativo para los 75. ¿Quién va a llevar a los 75? ¿Los funcionarios? Está pensado con el culo”, critica, pensando que la cifra es muy escasa. ''Es que es de Mortadelo y Otilio“, se queja literalmente.

A finales de julio, ante Roberto Legazpi, de la empresa Gespol, insiste en que las condiciones del pliego de bomberos son “infumables”. “Han sacado un pliego para el que se quede con la gestión de los parques salga jodido, no, peor”. Y sugiere traicionar a Ulibarri porque a él no le parece jugoso: “Si lo vamos a tener que dar a José Luis, buah, se lo damos, pues que se joda, y que palme”.

Pero Ulibarri no tenía pensado palmar. Y ya había atado otra maniobra: que el PP retocara unos pliegos a priori ruinosos. Ángel Luis llama el 2 de agosto al empresario muy preocupado:

- Ángel Luis García: El pliego es una puta mierda.

- Ulibarri: Nooo, lo van a cambiar, joder, que ya hice yo gestión. Eso lo van a retomar todo, ¿eh?

- García: Pero para cambiarlo... por eso te llamaba, para cambiarlo, tenemos que hacer nosotros una alegación, o alguien.

- Ulibarri: Nooo, lo cambian de “propio motu”, de ellos, joder, que hablé yo...

- García: iAh, vale, menuda alegría!

- Ulibarri: ... y lo cambian todo porque se han dao cuenta que eso es una metedura de pata de cojones, ¿entiendes? Y entonces lo van a cambiar, estate tranquilo.

Redactar desde la empresa unos pliegos a la medida

El Patatero, entusiasmado con este giro forzado por Ulibarri con el equipo de Gobierno en la Diputación, llama, según cuelga, a su hombre para la operación: José Manuel Torres, ex jefe de bomberos de Oviedo, al que presuntamente ha contratado para ponerle al frente de la operación. Y le transmite que “van a cambiar el pliego de bomberos entero, de motu propio”.

Le encarga que con apoyo de la empresa Previnsa le haga unos pliegos a medida: “Tú me dices, nosotros creemos que pa' que esto sea un buen negocio, sea rentable y se haga como dios manda, hay que hacerlo así, así y así, en personal, en material, en no se qué... cuatro folios, Torres, no más, para que lo entienda yo y lo entienda mi socio”.

Ese documento “se lo llevamos al jefazo (por Ulibarri) y nos hacen el documento para nosotros”. “Le metemos el hachazo a los pliegos de León”, se entusiasma, al tiempo que le avanza qué él, Torres, será el director del parque de León [aunque lo cierto es que en León capital no se prevé más parque que el ya existente, dependiente del Ayuntamiento]. Poco después, este se lamenta de un inconveniente: le pide a Ángel Luis que no le pague la nómina en billetes de 500 euros, que luego tiene problemas para ingresarlos en el banco.

Y se crea el Sepeis en octubre de 2017

Finalmente, con un considerable retraso, el 25 de octubre de 2017 se aprueba en Pleno la memoria para la creación del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SEPEIS), en todo caso un documento genérico.

Hay que avanzar hasta el 10 de noviembre de 2017, hace casi dos años, hasta que esos pliegos vuelvan a mencionarse en el caso. Y es cuando El Patatero le dice al exbombero Torres que “lo que han aprobao son las construcción de los parques ya, porque quieren tener todo listo para el verano del año que viene y el concurso de la gestión sale en marzo”, pero insistiendo en que “nos han aprobao la Diputación lo que tú nos mandastes (todo SIC) de gestión”.

El 16 de marzo de 2018, Roberto Legazpi junto con Ángel Luís García hablan con José Alberto Bueno Regodón, advirtiendo el primero que la Diputación de León va a sacar un concurso de software integrador de comunicaciones de bomberos, a lo que El Patatero replica recordando que “está ordenao también todo esto”.

Ni un sólo contrato ha sido para la 'trama'

Lo cierto es que con el paso del tiempo no consta que ninguna empresa vinculada a la trama Enredadera, ni del lado de Gespol ni del entramado de El Patatero o vinculada, aunque sea indirectamente, a Ulibarri haya conseguido uno sólo de los muchos contratos que han ido desplegándose desde la Diputación para desarrollar todas las partes del Sepeis.

Ni de los 21 vehículos especializados, cuyo coste total ascendió a 3,4 millones de euros; ni tampoco de ninguno de los seis parques comarcales previstos, que recientemente se han ido licitando ya bajo el mandato del nuevo gobierno de coalición del PSOE y UPL. Los tres principales parques se han licitado por 2 millones de euros, mientras curiosamente dos parques secundarios lo hicieron bajo gobierno del PP por más dinero, 2,6 millones; y el último, en la comarca de Laciana, consistente en acondicionar una nave ya existente y el único con obras iniciadas, que suma otros 753.490 euros.

Esta suma arroja una inversión total de 8,75 millones de euros por el momento. Y una cifra de inversión cada año de otros 4 millones de euros de coste para el correcto funcionamiento del sistema.

Galicia cambia a público tras una década

Sin embargo, ahora todavía falta que el nuevo equipo de Gobierno adopte la decisión de si todo este operativo, plantilla incluida, se gestiona privadamente a través de algún contrato con empresas, como era pretensión del PP y esperaba la trama Enredadera, o si tendrá encaje finalmente una gestión cien por cien pública.

En este contexto, cabe recordar que en Galicia, después de diez años de gestión privada, la Diputación de La Coruña ha aprobado e iniciado los trámites para pasar a la gestión pública con apoyo de la Xunta para sus diez parques comarcales de bomberos, extinción y emergencias. Se calcula que con este modelo público se producirá un ahorro real de medio millón de euros al año

El 3 de julio del 2018 nacía formalmente la operación 'Enredadera' tras más de dos años de investigación secreta, una macroperación contra la corrupción emanada de Badalona y que concluyó en su primera fase con 50 detenidos, 21 de ellos a disposición judicial, más de medio centenar de registros y una veintena de requerimientos de información.

Hace un año 25 ayuntamientos de toda España como León, Arroyomolinos, Oviedo, Lleida, Palencia o Astorga amanecían con la Policía Nacional registrando sus oficinas buscando pruebas de presunta corrupción, en un despliegue de medio millar de agentes.

'Enredadera' nacía de una denuncia en la localidad catalana de Montgat sobre presuntas irregularidades en la Policía Local y en adjudicaciones de contratos de tráfico. A partir de ahí un extrabajador de una de las empresas bajo sospecha, Gespol, abrió la investigación a presuntas irregularidades por toda España.

La investigación sobre esta presunta “organización criminal” se compone de dos partes. La primera está conformada por los gestores de una empresa llamada Gespol y sus socios, que gestiona uno de los sistema de gestión para cuerpos de policía local, y cuyos responsables eran los hermanos José Alberto y Jesús Carlos Bueno Regodón.

La segunda parte, descubierta a raíz de la primera, implica al empresario constructor y de medios de comunicación José Luis Ulibarri, que junto a su socio Ángel Luis García 'El Patatero', habrían urdido, según la Fiscalía, una red de amaños de contratos, desarrollada especialmente en Castilla y León.

'Enredadera' supuso las dimisiones de políticos como el entonces alcalde de Arroyomolinos por Ciudadanos, Carlos Ruipérez, o la entonces alcaldesa socialista de San Andrés del Rabanedo, María Eugenia Gancedo, además de mociones de censura y comisiones de investigación fallidas como la de León.

La situación actual

La investigación sobre la trama Enredadera ha varado desde que en el verano del año pasado se abrió el secreto de sumario de todas las piezas, desvelando miles de horas de conversaciones entre políticos, funcionarios y empresarios para presuntamente chanchullear contratos públicos.

Aquellas conversaciones implicaron al alcalde de León, Antonio Silván, que informó en directo a Ulibarri de cómo iba una adjudicación, o al consejero de Fomento de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, que ofrecía una carretera al mismo empresario con la famosa frase de “La Administración soy yo”.

Las últimas actuaciones concretas emanadas de la Fiscalía respecto de la pieza principal de Badalona son que, ante el descubrimiento en las conversaciones interceptadas de hechos casuales que pueden ser delitos, ha pedido la apertura de hasta 25 piezas separadas distintas, que afectan a algunos de los ya investigados o algunos nuevos vinculados a la Xunta de Galicia, tal y como adelantó eldiario.es

La parálisis en las piezas separadas de León y Astorga en cambio es casi total en los últimos meses. La pieza leonesa había llamado como testigos al exconcejal del PP en el Ayuntamiento de León José María López Benito y dos funcionarios a declarar en septiembre de 2018 pero éstas se aplazaron 'sine die' hasta que la UDEF aportara toda la documentación de la causa. A día de hoy siguen sin haber sido citados.

La investigación en la provincia de León lleva seis meses sin ninguna iniciativa de la Fiscalía para avanzar en la misma. Desde el órgano fiscal niegan parálisis y achacan a la complejidad de la causa y a la falta de informes de la UDEF sobre la documentación hallada en los registros que la causa no pueda avanzar a más velocidad, recordando el volumen incautado y los medios limitados de la Policía. Y recuerdan que desde enero se declaró la 'causa compleja', lo que habilita más tiempo para la investigación.

Fuentes de las defensas consultadas denuncian el lento desarrollo de las causas de 'Enredadera'. El exconcejal de León imputado José María López Benito considera su situación de “total indefensión” desde que fue imputado hace un año “ya que no sé exactamente ni de que se me acusa”, explica, al no haber prestado todavía declaración pese al tiempo transcurrido.

“Estamos tranquilos con lo que pueda salir”, explica otro de los abogados personados en la causa ante la apertura de nuevas cajas de documentación que se han realizado el pasado 27 de junio, y que considera que “al final todo quedará en nada o en muy poco”. Lo que sí lamenta es la lentitud de la Justicia y el posible “daño irreparable” a sus clientes políticos, hoy fuera de la actualidad pública.

Desde la acusación popular que ejerce IU señalan, sin embargo, que el volumen de la causa puede indicar que estamos ante otro caso Gürtel. “Es una causa muy profunda que ha tocado de lleno al poder establecido”, explican desde la formación que creen que “en ella se intuye un entramado mafioso que no puede quedar sin investigar”.

La anomalía que suponía en toda España que los parques de bomberos comarcales de Galicia fuesen de gestión privada y no pública acaba de iniciar su reversión. El pasado 1 de mayo los primeros seis de esos 23 parques dejaron de estar dirigidos por empresas privadas, comenzando así, por iniciativa de las diputaciones provinciales controladas por PSdeG y BNG, el fin de un modelo lanzado durante los gobiernos de Manuel Fraga y que tuvo como principal adjudicataria a la empresa Veicar. Ella gestionaba tres de esos seis primeros parques ahora revertidos a lo público y llegó a controlar 14 de los 23 existentes en toda Galicia.

Veicar es una de las firmas que está en el foco del caso Enredadera, que investiga posibles casos de corrupción en administraciones de toda España y cuyas pesquisas ahora se ven aún más ampliadas y salpican a la Xunta y al Consorcio de Bomberos de Ourense, controlado a medias por el Gobierno gallego y la Diputación de Ourense. Las escuchas previas realizadas a un responsable de Veicar, Gerardo Feijóo Feijóo, ya imputado en la causa, han llevado ahora al fiscal a pedir al juez que deduzca testimonio y se investigue también a uno de sus interlocutores, un cargo de la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp), dependiente de la Xunta. El fiscal también pide que se investiguen conversaciones de Gerardo Feijóo con responsables del Consorcio de Bomberos de Ourense.

La privatización de los parques de bomberos comarcales de Galicia se lanzó a comienzos de la pasada década, durante los gobiernos de Manuel Fraga, e implicó al 50% a la Xunta y a las diputaciones, que gestionan conjuntamente esas instalaciones a través de consorcios provinciales.

“Es mejor y más barato”, “permite un servicio 24 horas” o “vale la pena seguir apostando por este sistema” fueron algunos de los elogios que recibió el modelo por parte del PP e incluso de alguna diputación controlada ya entonces por el PSdeG, que hace tiempo que cambió de opinión y, junto con el BNG, ahora impulsa un cambio en los tres entes provinciales que gobernaron ya durante el pasado mandato, los de A Coruña, Lugo y Pontevedra.

Veicar, empresa gallega dedicada inicialmente a carrozar vehículos que tenía a la Xunta entre sus principales clientes, fue de las primeras en apostar por introducirse en ese nuevo sector pasando a gestionar también equipos humanos en hasta 14 de las 23 comarcas en que se implantó el sistema (Matinsa, filial de FCC, Seganosa, Hasa- Natutecnia o Celta Prix fueron otras de las adjudicatarias en este tiempo). Veicar llegó a tener a su cargo a unos 220 bomberos comarcales en toda Galicia.

El modelo de los parques de bomberos privados para las comarcas gallegas, a diferencia de los de las ciudades que siguieron siendo públicos, comenzó a hacer aguas cuando empezaron a trascender las ineficiencias que supuestamente estaban llamados a evitar. Descoordinación con el resto de cuerpos de emergencias públicos, imposibilidad de ser considerados autoridad pública como el resto del personal de esos cuerpos o guardias presenciales de sólo dos bomberos por parque que después se aumentaron a tres y dificultaban la atención de las urgencias fueron algunos de esos defectos.

Muchos otros efectos de la privatización fueron los que sufrieron los propios trabajadores de esos servicios, con sueldos de 1.300 euros al mes frente a casi el doble de los compañeros empleados públicos, imposibilidad de adelantar la jubilación a los 60 como sus colegas o incluso prohibición de hablar con más medios de comunicación que unos pocos elegidos por la dirección de Veicar, como reveló este diario.

A comienzos del pasado mandato municipal las tres diputaciones controladas por socialistas y nacionalistas comenzaron a presionar a la Xunta, su socia a partes iguales en los consorcios provinciales, para cambiar el modelo. Tras años de ineficiencias, el Gobierno gallego comenzó a rectificar su discurso y abrió la mano, condicionando la vuelta al servicio público a que las diputaciones demostrasen que no iba a salir más caro.

Así lo fueron haciendo progresivamente y así lo fue asumiendo el Gobierno de Feijóo. Y el 1 de mayo de este año Lugo fue la primera provincia en la que, coincidiendo con el vencimiento de seis de los anteriores contratos (tres de ellos, en Viveiro, Vilalba y Barreiros, a cargo de Veicar), los consorcios provinciales no los renovaron ni los sacaron nuevamente a concurso sino que optaron por retomar la gestión pública de esos parques. A Coruña lo hará el año próximo y en Pontevedra ya se ha iniciado la progresiva equiparación del salario del personal. Ourense, la única diputación aún controlada por el PP, apuesta por mantener la privatización.

Al tiempo que se venía gestando esta marcha atrás en el modelo de privatización de los parques de bomberos gallegos, las investigaciones del caso Enredadera revelan cómo Veicar y otras empresas implicadas en la trama intentaban hacerse hueco en otros mercados.

El Partido Popular de Castilla y León ha blindado al alcalde y al consejero que aparecen las conversaciones pinchadas por la UDEF al constructor y empresario de medios de comunicacion, José Luis Ulibarri, en la Operación Enredadera. El objetivo: garantizar su aforamiento.

El alcalde de León, Antonio Silván, íntimo del empresario, y miembro de la Ejecutiva de Pablo Casado, aparece en varios pinchazos telefónicos en los que ambos hablan de adjudicaciones. La Operación Enredadera destapó una trama de favores y extorsiones a políticos a traves de los medios de Uibarri para que le adjudicasen concursos. Destacaba la Fiscalía en sus muchos informes la asombrosa capacidad que tenía el empresario para manejar a la clase política en Castilla y León.

“A ver cómo se arregla”

El 29 de septiembre de 2017 Silván llamó a Ulibarri para decirle que “lo otro” ya estaba “también” adjudicado. “yo no sé si lo sabes pero... [...] Pues ya, pues ya, ya está ya está”, le indicó. Ulibarri le dio las gracias y quedaron en verse la siguiente semana. El 6 de octubre de 2017, Silván volvió a llamar al empresario. Le informó en directo de la apertura de ofertas del concurso de gestión de basuras en la Mancomunidad de Hospital de Órbigo (León), de la que a su vez le iba dando datos una parlamentaria del PP que formaba parte de la mesa de contratación. Silván comentó a Ulibarri que una empresa estaba superando a la suya, y este respondió: “que lo arreglen”. El alcalde de León llegó a justificar lo que parecía un concurso ya ganado, con un “un, un, un corrimiento al final de alguno”. Ulibarri insistió. “a ver cómo se arregla” y se despidió de un Silván que no sabía cómo explicarse diciendo que iba a hacer “una gestioncilla rápida”. El Ayuntamiento de León forma parte de una pieza separada que se abrió dentro de la causa. El trasiego de información y de adjudicaciones entre parte del equipo de Gobierno de Silván y José Luis Ulibarri era continuo.

Presión mediática para hacerle senador

Cuando el caso estalló, en junio de 2018, Silván era, además de alcalde, parlamentario, una condición que le convierte en aforado. Pero la aprobación en 2016 del Estatuto de los Altos Cargos de Castilla y León ha acabado con esta posibilidad: los alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes ya no pueden ser diputados autonómicos. El primer movimiento del PPCyL para garantizar el aforamiento de Silván fue intentar colarlo en las listas al Senado, cargo que no es incompatible con el de regidor. La presión no sólo fue interna: uno de los periódicos de Ulibarri llegó a publicar que su inclusión en la lista era un hecho. En la dirección nacional del partido no sentó demasiado bien y poco después, la noticia desaparecía de la edición digital. No sólo eso: días más tarde se confirmo que Silván no iba a pisar el Senado.

Aparentemente, el alcalde de León quedaba desprotegido ante una instrucción judicial que discurre muy lentamente. Aunque el juez que instruye la pieza de León citó a declarar a varios imputados en septiembre, acabó suspendiendo los interrogatorios. Desde entonces, no se han convocado.

Mientras, el PP ha encontrado un resquicio para aforar al alcalde. Tal y como se hizo con Rita Barberá, Silván ha pasado a ser miembro de la Diputación Permanente de las Cortes en calidad de suplente. Su nombramiento, que se produjo a finales de marzo, ya es un hecho en la web del Parlamento de Castilla y León.

De consejero independiente a parlamentario

Quien también va tener condición de aforado es el actual consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que es juez de profesión y no está afiliado al PP. Suárez-Quiñones tenía pocas o nulas posibilidades de ser parlamentario autonómico, y muchas menos de formar parte de un hipotético nuevo Gobierno de Castilla y León. Pesa mucho su discutida gestión, en la que el Tribunal Superior de Justicia le ha tumbado órdenes para dar caza al lobo por basarse en estudios de escaso rigor, o la orden de caza, que llegó a suspender la actividad cinegética en la Comunidad. Pero, sin duda, pesa mucho una conversación que mantuvo con José Luis Ulibarri, que forma parte del sumario Enredadera y cuyo audio reprodujo eldiario.es en exclusiva.

“Yo soy la Administración”, le dijo al empresario tras ofrecerle, sin concurso, las obras de una carretera que superaban los dos millones de euros. Suárez-Quiñones formaba parte de los políticos maltratados por los medios de Ulibarri. Sin adjudicaciones, todo eran ataques. El propio consejero reconoció a eldiario.es que había sufrido bastante con las publicaciones de una de las cabeceras del constructor. “No me han tratado bien, ya se ha visto, El Mundo (de Castilla y León) me ha dado unas hostias... si hasta me han llamado palmero del ministro de Fomento”, declaró.

Según han confirmado a eldiario.es fuentes del PP, ahora se ha encontrado un acomodo al hasta ahora consejero. Encabezará la lista a las Cortes por León, algo poco común para un independiente, ya que los partidos, por norma general sólo llevan como parlamentarios a políticos afiliados. La maniobra pone de manifiesto el propósito real, mantener el fuero. La decisión no ha agradado a todo el partido, según las mismas fuentes.

Si el juez decidiese citar a Silván o Suárez-Quiñones en calidad de imputados, la causa pasaría a manos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el mismo que archivó el caso Gürtel para el expresidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, a quien el juzgado madrileño que empezó a instruir la causa atribuía presuntos delitos de cohecho y prevaricación. Curiosamente, mientras la causa moría en Castilla y León, avanzaba a nivel nacional y hace un año una sentencia reconocía pagos por adjudicaciones en la Comunidad y condenaba, entre otros, al que fue vicepresidente de la Junta, Jesús Merino, como comisionista.

Las relaciones entre el TSJCyL y el Gobierno regional son fluidas: el coche en que se desplaza el presidente, magistrado también de la sala de lo Penal que se ocupa de los aforamientos, lo pone la Junta. El segundo de los tres magistrados que componen la sala es primo político del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y llegó al Tribunal a propuesta de las Cortes.

El alcalde de León por el PP, Antonio Silván, ha boicoteado este miércoles la comisión de investigación que se sigue en el consistorio sobre la trama corrupta Enredadera, creada tras los registros que hizo la UDEF en julio del año pasado en el marco de esta nueva causa judicial.

El regidor no ha acudido a la comparecencia que se había fijado para este 6 de marzo, pese a que la creación de esta comisión fue una propuesta suya en agosto de 2018 para evitar una moción de censura.

Silván aparece en el sumario de 'Enredadera' con una polémica conversación, entre otras, con el empresario de la construcción y la comunicación José Luis Ulibarri, en la que le informaba en directo al cabecilla de la apertura de sobres de una adjudicación en una Mancomunidad.

Tras estas revelaciones, Silván tuvo que convocar un pleno extraordinario para abordar el asunto en el que se comprometió a crear la comisión de investigación, pactada con Ciudadanos a cambio de no apoyar una moción de censura. Todos los demás partidos con representación municipal –PSOE, UPL, Podemos e IU– calificaron la comisión de “paripé” y anunciaron que no participarían en la misma.

El alcalde afirmó entonces que “en un ejercicio de responsabilidad quisiera lanzar un ofrecimiento, la creación de una comisión municipal, una comisión de investigación, sin límites ni condiciones... y todo ello en aras a la transparencia y a que nada, nada, hay que ocultar”. Un ofrecimiento que ahora ha quedado vacío de contenido sin sus explicaciones.

El desarrollo de la comisión, que finalmente vio la luz en el mes de noviembre pasado, ha sido muy accidentado y el PP limitó su actuación al análisis de los 20 expedientes que la UDEF se llevó del Ayuntamiento leonés. Eso y la comparecencia del alcalde, aunque la cuestión de si se le podía preguntar por otras conversaciones ajenas al municipio separaron a Ciudadanos y PP, socios de investidura y de la legislatura.

Cs acusa a Silván “de mentir a todos los leoneses”

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de León, Gemma Villarroel, ha reprochado al alcalde leonés su plantón y ausencia: “Si no tiene nada que ocultar, lo que esperábamos es que hoy viniera a responder sobre su posible implicación en una de las tramas de corrupción que ha salpicado a este Ayuntamiento y a su buen nombre y de la que desde luego se tiene que sentir avergonzado”. “Ha mentido a todos los leoneses”, ha asegurado.

Desde Ciudadanos consideran que su ausencia “es una actuación totalmente indigna” y creen que la no comparecencia “refuerza nuestra sospecha sobre su posible implicación con un presunto cabecilla de una de las tramas de corrupción más importantes de España”. “La honestidad del señor Silván brilla por su ausencia”, ha dicho la portavoz municipal de Ciudadanos, que ha pedido a los leoneses que piensen en mayo si revalidar en el cargo “a una persona que está más que cuestionada”.

Ciudadanos presentará el próximo 20 de marzo en la última sesión sus propias conclusiones del desarrollo de la comisión, independientemente de que el PP mantenga el boicot y no se presente.

Silván asegura que ha pedido ir tres veces

A preguntas de los medios de comunicación, el alcalde de León ha justificado este miércoles su no comparecencia en la comisión de investigación por el uso que, a su juicio, ha hecho Ciudadanos de la misma. “Yo he solicitado en tres ocasiones comparecer y el grupo de Ciudadanos ha vetado en tres ocasiones mi voluntad de comparecer en la comisión de investigación”, señaló.

Para Silván el desarrollo de la comisión con el análisis de los 20 expedientes que la UDEF se llevó en los registros del Ayuntamiento ha concluido “que no hay irregularidad alguna, como dijimos desde el comienzo”.

El alcalde del PP acusa a Ciudadanos de “incumplir flagrantemente las normas pactadas para el desarrollo de la comisión”, indicando que esta cuestión está avalada por dos informes de la Secretaría General del Ayuntamiento, “en cuanto a las convocatorias y en cuanto al desarrollo de las sesiones”. El regidor cree que “utilizar de una forma totalmente torticera y totalmente electoralista la comisión no es una forma proceder”.

El PP acusó hace semanas a Ciudadanos de forzar el reglamento de la comisión para imponer la comparecencia de Silván más cerca de las elecciones. La falta de acuerdo con Ciudadanos llevó a los populares a boicotear el final de la comisión, que no puede celebrarse sin ellos por falta de quórum. El alcalde, que pertenece a la Junta Directiva Nacional de Pablo Casado, ha sido ratificado por el Partido Popular como candidato a la Alcaldía.

El PSOE ha anunciado este miércoles que presentará una moción de reprobación tras la ausencia de Silván, y pese a que el grupo socialista no ha participado en la comisión en ningún momento.

En la jornada en la que eldiariocyl ha desvelado el audio en el que el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, ofrece realizar la obra de una carretera al empresario José Luis Ulibarri, imputado en la trama de corrupción ‘Enredadera’, sin pasar por concurso público, esta información se ha colado en el discurso del acto de campaña que el PSOE ha celebrado en la tarde de este martes en Ávila. Allí, el secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, ante la presencia del líder nacional Pedro Sánchez, se ha referido durante su intervención a esa conversación telefónica, que desvelado este medio en exclusiva.

Luis Tudanca salía al paso de las acusaciones del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que sostiene que el PSOE a nivel nacional está utilizando las instituciones. “Claro que utilizamos las instituciones porque eso es la política. Y las vamos a seguir utilizando para mejorar la vida de los ciudadanos”. Una reflexión que dio pie al socialista a comentar en un abarrotado acto la relación del Partido Popular de Castilla y León con la ‘trama Enredadera’.

El líder de los socialistas en la Comunidad ha lamentado haber tenido que escuchar cómo Juan Carlos Suárez-Quiñones telefoneaba al empresario para hacerle esa oferta, con la ya famosa frase de “yo soy la Administración”. “Con el Partido Socialista, los ciudadanos sí van a saber quién es la administración”, ha sentenciado Tudanca, confiado en poder vencer en las elecciones autonómicas del 26 de mayo para arrebatar la Presidencia de la Junta de Castilla y León al Partido Popular.

El sumario de la operación Enredadera, el caso que investiga el amaño de concursos públicos en toda España, puso al descubierto no solo la red controlada por el constructor y empresario de los medios, José Luis Ulibarri, sino también las relaciones y presiones que ejercía, especialmente sobre políticos de Castilla y León. Una de las conversaciones intervenidas en la investigación muestra el compadreo de un alto cargo de la Junta con el empresario. En un audio, el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ofrece a Ulibarri que se quede con una obra que inicialmente había sido ofrecida a otra empresa: “Venir (sic) a ver si os interesa, venid aquí a carreteras [...] y veis si os interesa, y si os interesa, pues hacemos el traslado de la obra, macho, y adelante…”.

Ulibarri fue detenido el pasado 3 de julio e ingresó en prisión provisional sin fianza, donde estuvo hasta el pasado mes de septiembre. Los delitos investigados son prevaricación, fraude a la Administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

En las transcripciones de los pinchazos telefónicos autorizados por el juez del caso abundan tanto las conversaciones en las que Ulibarri habla con sus periodistas de “apretar” a algunos cargos, como las que confirman que estos cedían a sus pretensiones y le facilitaban información privilegiada sobre adjudicaciones.

Es el caso de una llamada telefónica entre el empresario y el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la que el político le ofrece directamente obras de 2,1 milones en una carretera en la provincia de León y lo justifica con la frase “yo soy la Administración”. En la breve charla se tratan con familiaridad: Para Suárez-Quiñones, el empresario de medios de comunicación y cabecilla de la Operación Enredadera es “José Luis”, para Ulibarri, el político es “Don Juan Carlos”. Así es como empieza la conversación grabada por la UDEF y a cuyo audio ha tenido acceso eldiariocyl. Aunque la Policía explica en el informe con la transcripción que los hechos podrían calificarse como un presunto delito de revelación de secretos y prevaricación, Suárez-Quiñones no está investigado en la causa.

La llamada, que realiza el consejero al empresario, se produjo el 15 de febrero de 2018 a las 13.49 horas. Esta es la transcripción completa:

Juan Carlos Suárez Quiñones: Sí, José Luis, buenos días.

José Luis Ulibarri: Don Juan Carlos.

Suárez-Quiñones: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?

Ulibarri: Todo bien, sí, sí.

Suárez Quiñones: Todo por aquí trabajando, que te iba a decir yo…

Ulibarri: Lo tienes todo controlao, joder.

Suárez-Quiñones: Estamos aquí trabajando a tope con obras y con cosas. Bueno, tenemos una carretera, una carretera en León que es Villadangos del Páramo- Valcavado, esa carretera se le adjudicó una, bueno un concurso, una empresa que está en concurso, concretamente Arcebansa, me parece que es…

Ulibarri: Ah, Arcebansa, sí.

Suárez Quiñones: ¿Sí, entonces mmm... a ti no te interesaría recoger esa… en esa obra?

Ulibarri: Sí, lo estudiamos joder.

Suárez Quiñones: ¿Y lo habéis estudiado?

Ulibarri: No, no, no lo he estudiado porque estando en concurso eso tiene que venir de la mano de la Administración…

Suárez Quiñones: Pues, pues yo, yo te digo, que yo soy la Administración…

Ulibarri: Claro…

Suárez Quiñones: Venir a ver si os interesa, venid aquí a carreteras, mandas a alguien, que veas que corresponda, hablas con Julio González, que es el jefe de servicio de conservación, que ya le vamos a decir que, que, que podéis venir preguntando por eso, y que os dé todos los datos de la adjudicación, el precio, pim pam, para que hagáis una valoración y veis si os interesa, y si os interesa, pues hacemos el traslado de la obra, macho, y adelante…

Ulibarri: Claro, claro… y ya está ¿eh?

Suárez Quiñones: Venga pues, pues mándalo cuando puedas

Ulibarri: Pues escúchame, lo pongo en marcha y mañana están ahí ¿eh?

Suárez Quiñones: Mañana están aquí y mañana les esperan ¿vale?

Ulibarri: Perfecto.

La UDEF alerta de dos posibles delitos porque la Ley de Contratos de Sector Público, en su artículo 226, prevé la cesión de contratos, pero por parte de los adjudicatarios. Es decir, Arcebansa, la empresa que había conseguido la adjudicación y no pudo ejecutar las obras al entrar en concurso, podría cederla con la autorización de la Consejería de Fomento. Si la empresa no puede seguir con la obra adjudicada y no encuentra empresas a las que ceder el contrato, la ley indica que la Consejería tiene que volver a licitar, es decir, tiene que sacar el concurso público de nuevo. En ningún caso podría justificarse una adjudicación a dedo bajo la premisa que argumenta Suárez-Quiñones (“yo soy la Administración”).

Cuando eldiario.es publicó la transcripción el pasado mes de agosto, Suárez-Quiñones, juez de profesión, indicó que su actuación había sido “correcta y regular”. “La cesión de contratos está prevista en la Ley”, comentó. “Arcebansa no encontró a ninguna empresa que quisiese ese contrato -la obra es de 2,1 millones de euros- y yo hice lo más beneficioso para los ciudadanos, porque si había que volver a licitar, el retraso podría ser de un año, y era una carretera en muy mal estado y con mucho tráfico de tractores”.

El consejero también explicó a este diario que había llamado a Ulibarri “porque es un empresario comprometido con León”, porque le conoce de “asistir a sus actos” –los que convoca como propietario de medios como Diario de León, el 50% de Televisión Castilla y León, o Diario de Valladolid-El Mundo– y, además, tampoco conoce a más empresarios. Y dio un último motivo: “Ulibarri se había quejado de que casi no tenía adjudicaciones de la Consejería de Fomento, lo miramos y era verdad, acertaban poco en las licitaciones. Son concursos en los que prima la oferta económica y tienen poco margen, es la verdad”, añadió.

Finalmente, Ulibarri no realizó la obra. “El precio era muy ajustado, posiblemente porque esa empresa ya se encontraba en dificultades. Ojalá Ulibarri se hubiese hecho cargo, ojalá. Porque ahora mismo esa carretera está sin hacer y tenemos que licitar de nuevo”, comentó el consejero.

Aunque Suárez-Quiñones descartó cualquier motivación que no fuese el servicio público, otra conversación pinchada a Ulibarri ese mismo día, pero por la tarde, revela el malestar del político por el trato dispensado en uno de sus medios. El alcalde de Carracedelo, Raúl Valcárcel le comenta que el consejero estaba “cabreado” porque el Diario de León le había hecho “un desaire de la hostia”. Ulibarri responde que le cuesta creerlo, porque hacía tiempo que había dado “orden expresa” de que había que “cuidarlo”.

Suárez-Quiñones admitió a eldiario.es haber sufrido ataques en los medios de Ulibarri. “No me han tratado bien, ya se ha visto, El Mundo me ha dado unas hostias... si hasta me han llamado palmero del ministro de Fomento”, declaró. Sin embargo negó que el ofrecimiento de la obra fuese un intento de llegar a una tregua. “Yo de tonto tengo lo justo, y sé, aunque estemos en un Estado de derecho, que los teléfonos se pueden pinchar ¿cómo iba a hacer algo irregular? No, esa llamada se hizo en el marco legal y con la intención de sacar adelante una carretera que estaba fatal y paralizada y que, desgraciadamente, así sigue”. Además, consideró “un craso error que no tiene un paso” el hecho de que la llamada aparezca en el informe aludiendo a posibles delitos de prevaricación y revelación de secretos.

El consejero acabó compareciendo en una comisión de las Cortes en las que se pronunció en el mismo sentido. La de la carretera no fue la única obra de la que Suárez-Quiñones informó al empresario: meses antes de esa conversación, el 18 de julio de 2017, facilitó a Ulibarri información sobre otros trabajos. Así consta en una llamada registrada ese día, en la que Ulibarri le contaba a su hija que había comido con 'Pañuelín', apodo con el que se conoce al consejero por lucir pañuelo en todos sus trajes, y que este le mostró unas obras que iban a salir y le indicó “haz foto”. “Cuatro obras buenas que sacan”, relataba el empresario.

Lleva 30 años trabajando para el constructor y propietario de medios de comunicación José Luis Ulibarri, pero Miguel Hernán Manovel parecía no enterarse de nada. Detenido el 3 de julio junto al resto de integrantes de la trama de amaño de contratos públicos en toda España, su primera llamada, autorizada por la Policía mientras registraban su casa, fue a él, a su jefe, que no descolgó el teléfono. En ese mismo momento, agentes de la UDEF también tenían detenido a Ulibarri y buscaban pruebas de la trama Enredadera en su vivienda de Madrid. Es parte de la información que contienen los tomos de la pieza de Badalona que permanecían bajo secreto hasta hace unos días.

La declaración ante el juez de Manovel, aunque cauta, sí dejó al descubierto algunas prácticas sospechosas. De otras que negó hay suficientes pruebas en los pinchazos telefónicos de este voluminoso sumario. La mano derecha de Ulibarri en los medios de comunicación tiene 27 cargos activos en las empresas del que es considerado cabecilla de la organización criminal. Era, claramente, su hombre de confianza en las sociedades. Actualmente preside Radio Televisión Castilla y León (RTVCyL), la empresa que Ulibarri gestiona a medias con su rival burgalés, Antonio Miguel Méndez Pozo, y que financia el Gobierno de Castilla y León con 18 millones de euros cada año.

Un empresario “de toda la vida”

Manovel describe a su jefe como una persona, uno de los magnates de la región, como “un empresario de toda la vida”, según precisó al juez en su declaración. “Es el presidente del periódico de referencia en León (Diario de León), conoce casi al 100% de los alcaldes”, “es persona influyente en el lugar”, dijo su subordinado, que se mostró escéptico sobre los hechos que llevaron a su detención: “Me extraña mucho lo que está pasando aquí. José Luis está imputado en Gürtel, yo gestionaba una empresa con beneficios de muchos millones (Begar) y con este caso se vino abajo, José Luis se ha quedado sin nada”.

¿Qué explicó este hombre al juez sobre la alianza de Ulibarri con Gespol para vender software de multas a ayuntamientos y diputaciones? Apenas nada. La empresa que usaban Ulibarri y Ángel Luis García para presentarse a concursos en una unión temporal de empresas (UTE) con Gespol, era Utebo, y, según explicó, Manovel ni era administrador ni tenía poderes. 

Ni siquiera fue capaz de asegurar al juez el objeto social de la mercantil. Aún así, él se encargaba de buscar negocios para esta empresa, y estudiaba los concursos públicos. Aunque en los pinchazos telefónicos se hablaba de los pliegos –la teoría de la investigación es que a veces los políticos les adelantaban la documentación de los concursos que iban a sacar y otras veces directamente dejaban que los elaborasen los hombres de Ulibarri- aseguró que no tenía capacidad para analizarlos por carecer de experiencia en el sector.  Se trataba de un sistema de pacificación del tráfico mediante multas y radares para colocar en distintas administraciones públicas.

Manovel desgranó durante el interrogatorio el ámbito de las empresas de Ulibarri, de servicios sociosanitarios, residencias para mayores y servicio de acompañamiento escolar. Utebo necesitaba ir acudir a estas adjudicaciones para el control del tráfico con otra empresa. La pregunta del juez era obvia ¿qué aportaba Utebo a la firma que sí tenía experiencia en el sector? Según Manovel “se encargaría del cobro ejecutivo de las multas, gestionaría personas”. ¿Tenía experiencia en cobro de multas? La explicación de Manovel fue que esta “se adquiere con la práctica”.  Las respuestas dadas convencieron tan poco al instructor que llegó a preguntarle si acaso Utebo era “una oenegé”.

El hombre fuerte de Ulibarri, detenido cuando se precipitó la operación antes del verano y en prisión hasta mediados de septiembre, justificó que sólo se habían presentado a tres concursos, uno de ellos, el de San Andrés del Rabanedo no era de gestión de multas sino de alumbrado público, pero lo perdieron. (Luego llegaron a un acuerdo para que el adjudicatario renunciase y fuese subcontratado por ellos).

Sobre información de pliegos dijo que no se trataba de información privilegiada si alguien le decía que lo iban a preparar. Sobre los contactos políticos, asegura que Ángel Luis García tenía buena entrada en los ayuntamientos, que “lo conocen todos”, cosa que García ha desmintido al juez en su declaración.

Pago de comisiones y órdenes para no adjudicar

Aunque Manovel alegó que supo de Sadat Maraña (asesor de Ciudadanos que supuestamente les daba información de concursos e influía políticamente) cuando fue detenido, sí reconoció al juez que en algunas reuniones de Utebo se había hablado del pago de comisiones a políticos y funcionarios, que él no se manifestó al respecto, y que son cosas que le “suenan raras”. “Cuando se habla de esos temas  me surge la duda de que esas cosas sean verdad”.

El sospechoso contrato de Etralux fue otro de los temas tratados en la declaración de Manovel. Se trata de un concurso que convocaba el Ayuntamiento de León en el que iban a ir en UTE Etralux (del Grupo ACS), Utebo y Gespol. Sin embargo, los representantes de Etralux dijeron que Florentino Pérez, el responsable del grupo. no quería estar en ningún concurso con Ulibarri, dada su condición de imputado en Gürtel.

En las llamadas pinchadas por la policía Ulibarri pide a cambio el 4% de la facturación, mientras que Etralux sólo quería pagar el el 2%. Ulibarri, según los investigadores, se encargó de que el concurso no se adjudicase.

Se trata de un asunto central del sumario porque apoya la teoría esgrimida por el juez y la policía  de que Ulibarri no sólo amañaba concursos en los que él participaba, sino que hacía de conseguidor para otras empresas a cambio de comisiones.  

El juez preguntó por una llamada que no aparece en la causa –quizás forme parte de una pieza secreta- de Ulibarri al concejal Fernando Salguero, que no está imputado, para dar la orden de que no se les adjudicase el concurso. Manovel dice desconocerlo. ¿Tenía José Luis influencia para tener contratos de este tipo?, insistió el juez. “Me extraña que José Luis plantee cosas así. Hace 30 años que nos conocemos, es verdad que yo sería su mano derecha, su asesor. Él quiere que dé todo lo que tenga, confía mucho en mí, pero no somos amigos. Para mí es un empresario”. Su sueldo, dijo, asciende a 5.000 euros mensuales.

Su mano derecha en los negocios defendió que Ulibarri se retiró de sus empresas y dio entrada a sus hijos, de los que Manovel dijo depender y recibir órdenes ahora y de cuya legalidad no duda. “ En estos 30 años no he tenido problemas en ese sentido”, declaró.  

En la declaración también se abordó la relación entre Ulibarri y García, que según Manovel, fue empeorando: “Tengo la sensación de que José Luis y Ángel Luis  trabaron amistad en el momento de poner en marcha las sociedades y progresivamente no le gustaron las formas y maneras de Ángel Luis”, dijo.

Manovel salió en libertad con cargos tras prestar declaración judicial. Hasta el momento, sigue presidiendo la Televisión de Castilla y León, un canal de televisión privado que financia el Gobierno de Juan Vicente Herrera.

Cuando el presunto cabecilla de la trama Enredadera –una red de amaños de contratos públicos desmantelada por la policía con detenciones en varios ayuntamientos- José Luis Ulibarri pasó a disposición judicial el pasado 4 de julio, desconocía hasta qué punto había llegado la investigación y el alcance de los pinchazos telefónicos sobre los que se apoya todo el caso.

Con la causa bajo secreto de sumario, el empresario de la construcción y los medios de comunicación, negó en los interrogatorios datos que hoy son evidentes para los investigadores del caso. A Ulibarri, como sucede en este tipo de operaciones, sólo se le informó de los delitos por los que había sido detenido dos días antes en su vivienda de Madrid: una lista que pasaba por la prevaricación, el cohecho y el tráfico de influencias, entre una larga lista que lo mantuvo en prisión los últimos meses hasta que salió en libertad a mediados de septiembre.

En el acta de esa primera declaración, a la que ha tenido acceso eldiario.es, el juez le preguntó lo que la policía había deducido de sus llamadas intervenidas durante los meses anteriores: si acostumbra a ponerse en contacto con políticos cuando sus empresas tienen problemas o intereses. “No lo sé, si tengo contratos es porque me tocan”, contestó antes de añadir que su hija Adriana, cuyas conversaciones de tono político también registra la UDEF, “vende vino” y “no está en las empresas” para aclarar después que ella se ha centrado los medios de comunicación.

Ulibarri intentó desmentir que use sus cabeceras de prensa y televisiones para un fin determinado, a pesar de que varias conversaciones con sus directivos demuestran cómo presiona y pide ‘vueltas de tuerca’ sobre ciertos políticos.

El empresario renegó ante el juez de su socio, Ángel Luis García, que, según el sumario, le tenía al tanto de cada transacción y reunión. “Yo no he tenido nada que ver ni soy socio [se salió de una empresa en común cuando la investigación ya estaba en marcha], ha utilizado mi nombre en falso”, declaró sin saber que los investigadores tenían horas y horas de audios con conversaciones entre ambos que habían sido constantes.

Durante el interrogatorio, el constructor y editor de prensa en Castilla y León dijo al juez: “No hay ninguna conversación mía con alcaldes”. La Udef refleja en sus informes varias charlas con los alcaldes y alcaldesas de León (PP), Ponferrada (PP), Hospital de Órbigo (PSOE), Villarejo de Órbigo (PSOE) y San Andrés del Rabanedo (PSOE). Esas charlas revelan cómo al empresario se le iba informando acerca de concursos públicos.

Entre las más conversaciones más escandalosas está la que mantuvo con el alcalde de León y miembro de la ejecutiva de Pablo Casado, Antonio Silván, que le informó en directo de las votaciones de una mesa de contratación. Ulibarri iba perdiendo y ordenó a Silván que lo arreglasen.

En el caso del alcalde de Hospital de Órbigo, Enrique Busto, que participó en esa mesa de contratación, la llamada se produjo al día siguiente para declarar a Ulibarri que estaba a su servicio: “Yo no le he fallado […] yo cuando doy mi palabra y doy mi cuerpo, lo doy entero”, le llega a decir el regidor al empresario.

Ante el juez, Ulibarri, cuyas sociedades tienen intereses en la obra pública, la prestación de servicios y los medios de comunicación, manifestó que él no firma nada y que desde 2010 está fuera de la primera línea y sólo supervisa sus negocios. El empresario obvió ante el juez las razones de esa teórica desvinculación: un “problema” que tuvo en 2009. El el año en que fue imputado en una de las piezas de Gürtel cuyo juicio está todavía pendiente de fecha.

Otra de las evidencias que Ulibarri negó fue su relación directa con uno de los directivos de Gespol, Roberto Legazpi. A preguntas del juez descartó que las conversaciones grabadas sean suyas. En este punto la declaración fue haciéndose más confusa y contradictoria. Tiene su explicación. La alianza con Gespol en la que Ulibarri presuntamente ejerció de conseguidor de contratos está en el centro de la operación Enredadera.

Gespol, una empresa de gestión de software de multas absorbida por Valoriza, viene de la mano de su socio Ángel Luis García, que lleva tanto a Legazpi como a otro de los imputados, Alberto Bueno, a su despacho de Valladolid.

Ellos, según Ulibarri, le sugirieron que se reuniese con el responsable de Valoriza. Así, en un segundo encuentro acuerdan formar una Ute (Unión Temporal de Empresas) en la que ellos se encargaban de las instalaciones semafóricas y él de la gestión de cobros para la que Ulibarri tenía “infraestructura”. Según su versión, Ángel Luis quería presidir la empresa pero él desconfiaba y pretendía controlar los pactos. Para la UTE, crearon Utebo y los socios le indicaron que diese de alta otra mercantil más, Anento. Según Ulibarri esta última está inactiva y la primera tampoco ha tenido funcionamiento, más allá del acuerdo con Gespol.

El magnate de Castilla y León aseguró que desconocía cualquier gestión en Villaquilambre (León) uno de los concursos que la Fiscalía destaca como importante en la presunta red delictiva. Utebo, dijo Ulibarri, sigue teniendo los 100.000 euros de capital social.

El juez le preguntó por qué el resto de los integrantes de la trama se referían a él como “Dios2 o ”El Jefe“. ”No lo sé, supongo que he dicho 'no' a muchas propuestas que me han hecho“, respondió. Descartó que quisiera comprar Valoriza, aunque sí recordó una conversación con uno de sus directivos, también imputado, que le dijo que se iba a ir de la empresa. En la sede del conglomerado de Ulibarri, le recordó el juez, se encontraron folios con el membrete de Valoriza.

Ulibarri también respondió a preguntas sobre su mano derecha en las empresas y presidente de Radio Televisión Castilla y León, Manuel Manovel, también investigado en este caso. De él dice que es una persona “de confianza” con una función “económica” y de supervisión, que supone que no redacta contratos [algunas conversaciones pinchadas indican lo contrario] y que no le manda hacer gestiones y que desconoce si habla de los pliegos.

En el interrogatorio Ulibarri descartó haber dado órdenes cambiar algo en un pliego de contratación de un concurso público y también negó haberse reunido con alcaldesas aunque conversaciones conversaciones interceptadas por la policía demuestran que sí se citaron. El juez también mostró interés por saber de “Florencio”, que aparece en los pinchazos, la persona que le informó de que la alcaldesa [que la Udef identifica erróneamente como regidora de La Cistérniga aunque en informes posteriores se refiere a la de La Bañeza] le había mandado un mensaje porque estaba a punto de sacar los pliegos para construir una residencia. “Florencio [Carrera] es el director de la tele de Valladolid, no conozco a ningún otro Florencio”, declaró.

Cuando el juez volvió a preguntar por la relación con su socio, Ángel Luis Garcia, Ulibarri dijo que no hay que hacerle mucho caso, que no ha ganado ningún contrato con él, que los últimos meses solo habían hablado dos o tres meses y que no ha querido comer con él. Así, se desvinculó por completo de negociaciones en Asturias aunque los investigadores tienen abundante documentación para probar que García informaba a su jefe con detalle de todo.

Aunque en un primer momento Ulibarri lamentó no haber conseguido contratos con Gespol, después reconoció una subrogación de contrato en Arroyomolinos (Madrid)-donde el alcalde, Carlos Ruipérez, de Ciudadanos, está imputado-. “Yo no he cobrado ninguna comisión y hace años que lo las pago”, llegó a decir al juez.

Durante la declaración, se le preguntó por qué en una de las conversaciones pinchadas cortó a Ángel Luis y le dijo que por teléfono no le contase nada. “Yo sólo tengo un teléfono y otro que me regalaron y lo usé por dos llamadas y no lo he vuelto a utilizar, hablo por el fijo”, asevera Ulibarri al juez que sospechaba ya en ese momento de un soplo que puso al empresario al tanto de la investigación. Los audios acumulados por la Udef demuestran lo contrario.

Su declaración no convenció al fiscal, que apuntó a la presunta comisión de delitos de inducción a la prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, inducción a la revelación de información privilegiada, inducción a la malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, cooperación a la falsedad documental por funcionario público, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

La colaboración de José Luis Ulibarri y su socio Ángel Luis García en la ejecución delictiva de Gespol es “capital” para los investigadores. Según el sumario son “los dos pilares fundamentales con quienes cuenta Gespol al objeto de lograr influenciar a funcionarios y autoridades municipales”. “Su relevancia social como empresarios y propietarios de medios les abre las puertas de concejalías y alcaldías” de múltiples ayuntamientos, apuntan los informes policiales.

Recuerda además, que las conversaciones revelaron el “uso torticero” que hacían de los medios. Además de señalar la asombrosa capacidad de influencia de José Luis Ulibarri, subraya que las adjudicaciones en Villaquilambre y San Andrés del Rabanedo (León) habrían avanzado por su directa intervención sobre las autoridades. Ulibarri estuvo en prisión hasta el pasado 14 de septiembre, cuando el juez entendió que no había riesgo de fuga o de destrucción de pruebas y le dejó en libertad sin fianza.

Un juez ha acordado hoy dejar en libertad a los empresarios leoneses José Luis Ulibarri y Ángel Luis García, que permanecían en prisión preventiva tras ser detenidos el pasado mes de junio en la Operación Enredadera, sobre una supuesta red corrupta que amañaba sistemas de regulación del tráfico.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el titular del Juzgado de instrucción número 2 de Badalona (Barcelona) ha decidido hoy dejar en libertad a los tres investigados por la Operación Enredadera que aún seguían en prisión preventiva, si bien ha ordenado que le entreguen el pasaporte y que se personen periódicamente en el juzgado.

No obstante, ha ordenado que le entreguen el pasaporte y que se personen periódicamente en el juzgado.

Así, el juez ha optado por dejar en libertad a los tres detenidos que aún seguían en prisión, entre ellos los empresarios José Luis Ulibarri -implicado también en el caso Gürtel- y Ángel Luis García, después de que la Fiscalía lo haya solicitado, al considerar que ya no se daban los requisitos por los que se había acordado su privación de libertad.

Una vez acordada judicialmente su puesta en libertad, la salida de prisión de los tres investigados se efectuará cuando haya culminado el trámite administrativo en su centro penitenciario, según el TSJC.

La Policía Nacional detuvo el pasado 3 de julio a unas cuarenta personas en una macrooperación en decenas de municipios españoles contra la corrupción en la gestión de sistemas de tráfico y de las multas, entre ellos los empresarios ahora exarcelados y Carlos Ruipérez, entonces alcalde de Arroyomolinos (Madrid), de Ciudadanos, que dimitió el 27 de julio.

Esta operación también ha comportado la dimisión de la alcaldesa del municipio leonés de San Andrés del Rabanedo, la socialista María Eugenia Gancedo, y tres de los cuatro ediles de este municipio investigados por la Policía.

También fueron arrestados los jefes de la Policía Local de Oviedo, de Fuenlabrada y Pinto (en Madrid); el subinspector de ese cuerpo en Plasencia (Cáceres) y la concejala de Seguridad de Villanueva de la Cañada (Madrid), Julia Tortosa.

Entre los detenidos en esta operación también figuran Sadat Maraña, asesor de Ciudadanos en la Diputación de León, y de dos responsables de Aplicaciones Gespol, empresa epicentro de esta trama y que desde 2016 pertenece a Valoriza, del grupo Sacyr.

La operación salpicó a ayuntamientos gobernados por el PP, el PSOE y Ciudadanos y se investigan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Los hechos presuntamente delictivos se remontan a 2012 y 2013, cuando se amañaron los pliegos de los contratos municipales adjudicados a la empresa Aplicaciones Gespol, dedicada al mantenimiento informático para la gestión de infracciones de tráfico y seguridad vial.

A tan sólo 24 horas de una moción de censura que previsiblemente lo descabalgará de la Alcaldía, el regidor de Villaquilabre (León), Manuel García, ofrecía una rueda de prensa para insistir en su inocencia y rechazar cualquier implicación la trama de amaños de contratos públicos que reventó con la Operación Enredadera el pasado 3 de julio.

En medio de la operación, García, que además de alcalde es diputado autonómico, fue detenido y trasladado a comisaría. Las conversaciones de los principales investigados en la trama le aludían directamente como uno de los políticos dispuestos a arreglar concursos de adjudicación en su Ayuntamiento e incluso mediar en los de otro municipio.

Manolín, como le llaman los cabecillas de Enredadera, insiste en que su detención fue “irregular” y en que no está investigado. Lo irónico es que hizo estas afirmaciones en presencia de quien se presentó como su abogado, Fernando Santocildes, decano del Colegio de Abogados de León, y letrado defensor de otra alcaldesa imputada en la trama: la socialista María Eugenia Gancedo, regidora de San Andrés de Rabanedo.

García no ofreció ni un sólo detetalle de las circunstancias de su detención, de apenas tres horas el pasado 3 de julio, tan sólo quiso dar alguna “pincelada” de “lo que pasó”. “Acudió la UDEF y nos pilló por sorpresa por la magnitud de la operación”, recordó. Sobre él, subraya que el auto judicial de entrada y registro sólo mencionaba su localización, que fue más allá y acabó en comisaría. “Ya me explicarán por qué si su señoría dice una cosa ellos hacen la contraria. Alguien tendrá que dar explicaciones en ese sentido”, advirtió.

El regidor se atrevió a vaticinar el final de la causa judicial: “A mí me parece que esto quedará en agua de borrajas, porque vuelvo a insistir en la desproporcionalidad del asunto, que no hay ninguna base en ese sentido”.

La detención de García es discutible: por su condición de aforado debería haber una orden judicial y esta emanaría directamente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y no del juez instructor de Badalona, en el sumario no aparecen ni una ni otra. Distinto es que se hubiese producido una detención estrictamente policial durante el tiempo que dura un registro.

Tanto García como su abogado remarcaron que no existe imputación. Se basan en que no han recibido una sola notificación del juzgado. Sin embargo, en el auto del juez instructor, fechado el 2 de julio, un día antes de los registros, dice textualmente sobre el registro de sedes municipales de Villaquilambre: “Además, previa localización de los investigados D.Manuel García Martínez, D. Mónica Varón Valle y D. Jesús De Celis De Celis, se autoriza entrar y registrar en los despachos que habitualmente utilicen en dependencias municipales; extendiéndose la autorización al acceso y registro de los dispositivos electrónicos de telecomunicaciones, así como a los archivos informáticos que se contengan en los ordenadores, discos duros, dispositivos de almacenamiento extemo, etc., habitualmente utilizados por D. Manuel García Martínez, D.” Mónica Varón Valle y D. Jesús De Celis De Celis, incluidos aquellos susceptibles de contener comunicaciones postales, electrónicas, telefónicas, etc“. En esa comunicación, el juez se refiere a García como ”investigado“.

Tampoco el fiscal de la causa parece tener dudas de lo que la trama hizo en Villaquilambre ni de quien le sirvió de ayuda. Un escrito del ministerio público fechado el 28 de junio apunta: “En relación al municipio de Villaquilambre no cabe sino afirmar que los indicios hasta la fecha obtenidos acerca del grosero proceder de los investigados resultan sencillamente aplastantes. Así las cosas, los responsables de Gespol, con la ayuda de Ángel Luis García y José Luis Ulibarri, así como también con la de Sadat Maraña y Juan Carlos Fernández -asesor y diputado de Ciudadanos en la Diputación de León, respectivamente- habrían logrado que varias autoridades y funcionarios del Ayuntamiento de Villaquilambre, singularmente el alcalde, Manuel

García Martínez, la concejal Mónica Varón Valle y el informático municipal, Jesús De Celis De Celis, les revelaran sistemáticamente información privilegiada en relación a diversos contratos administrativos, concertándose con ellos al objeto de lograr la irregular adjudicación de varios de esos contratos, todo ello en claro perjuicio del erario público asimismo, visto el modo de proceder de aquellos al impedir la pública concurrencia“.

García aseguró este jueves que se reúne con muchos empresarios porque es “totalmente permeable” pero señaló que “jamás” ha facilitado información. Sobre los registros de ordenadores y discos duros y posibles correos electrónicos intercambiados con la trama, el todavía alcalde se excusó en que “nunca” abre su correo, y que son otras personas quienes lo gestionan.

Si bien judicialmente García no ha recibido ninguna notificación, políticamente ha quedado muy tocado. La moción de censura se desarrollará este viernes a las 12.00. Los resultados son previsibles ya que en los municipios para presentar una moción es necesaria una mayoría del Pleno. La ensalada de grupos de Villaquilambre -según García su Ayuntamiento “parece Naciones Unidas”-  no ha frenado la iniciativa. A favor de ella están el PSOE, con tres concejales; Unión del Pueblo Leonés, con dos; Ahora Villaquilambre-Podemos, con otros dos e Izquierda Unida y UPyD con uno cada uno.

Previsiblemente, votarán en contra los cinco concejales del PP, se abstendrán dos concejalas no adscritas que antes eran de Ciudadanos y no se conoce la intención de un tercer concejal no adscrito que también perteneció a la formación naranja.

Para García la moción está “orquestada por la dirección regional del PSOE” porque “Tudanca [el secretario general] está obsesionado con acabar con el PP de León”. Según él, “hará todo lo posible” y se refirió a Pedro Sánchez: “Pactar con quien haya que pactar, a cualquier precio, incluso con los asesinos, y Villaquilambre no va a ser una excepción”.

García apeló a la responsabilidad, porque según él un cambio de alcalde va a paralizar proyectos, por lo que pidió a los grupos que reconsiderasen su postura. También leyó un whatsapp de apoyo de un supuesto “histórico del Psoe” cuya identidad no desveló, y en el que critica que su partido intente “llegar al poder de malas maneras y con tanto odio”.

Desde el PP de Castilla y León también hubo advertencia cuando se conoció la presentación de la moción de censura, el portavoz en las Cortes, Raúl de la Hoz, anunció que si había moción en Villaquilambre, se haría lo propio en el ayuntamiento socialista de San Andrés de Rabanedo.

Además de enviarlo a prisión como supuesto cerebro de una trama de contratos amañados en distintas administraciones públicas, la investigación del sumario Enredadera ha arruinado la imagen de impecable y triunfador hombre de negocios de José Luis Ulibarri, constructor y propietario de distintos medios de comunicación en Castilla y León.

Los pinchazos de la UDEF a Ulibarri y a su socio, Ángel Luis García dejaron al descubierto presuntas prácticas delictivas más allá de la red que lideraba para el amaño de concursos públicos. Ulibarri ya había estado bajo la lupa policial en la investigación del caso Gürtel, por el que próximamente se sentará en el banquillo y se enfrentará a una petición de 7 años de cárcel, pero ni siquiera ese sumario había servido para desvelar sus manejos políticos, ni su capacidad de influencia en importantes dirigentes de la región que llegó a asombrar a la Fiscalía, ni algunos de sus controvertidos métodos.

A lo largo de casi un año de investigación policial sus dispositivos echaban humo por el intercambio de llamadas incriminatorias con sus periodistas, políticos y socios. Pero en los últimos meses la intervención de tres teléfonos móviles y una tablet de José Luis Ulibarri, dejó de arrojar datos de interés. Las escuchas revelan que el empresario recibió un soplo sobre la investigación que lo cercaba y que este procedió de un dirigente del PP. La conversación interceptada tuvo lugar el 30 de octubre de 2017.

Un hombre identificado como Gelín, y cuyo nombre completo es Ángel Villa, avisó a Ulibarri de que tenía el teléfono intervenido. Villa formó parte de la lista electoral del PP de León. Villa, que llama “tigre” a Ulibarri, comienza diciendo: “Ya viste que... desde aquel día tal...ya me enteré de todo”. Pero según él “no está todo tal” y le han dicho que Ulibarri tiene el teléfono “intervenido”. A escuchar eso, Ulibarri le pide que espere, que le va a llamar desde otro sitio. Efectivamente, Ulibarri lo hace, pero lo que no sabe es que ese número también está pinchado. En esa segunda charla hablan del contrato de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de León. Según Gelín, la concejala del área es una “subnormala” y es el alcalde de León, Antonio Silván, quien tiene que facilitar la adjudicación a Ulibarri (que finalmente logró). “Los amigos somos los amigos”, concluye 'Gelín'.

Transporte público para evitar seguimientos

El pasado 26 de junio, la UDEF pidió al juez que autorizase la prórroga de una intervención telefónica pero restringida a datos de geolocalización, para tenerlo controlado. En octubre de 2017, decía en su solicitud el informe policial, Ulibarri había fijado su domicilio en Madrid. Sin embargo, desde ese momento, “viajaba con asiduidad a Valladolid y León, e iba a cazar a Soria”. Los investigadores se sorprendieron por sus cautelas. Utilizaba “casi siempre el transporte público”, lo que hizo imposible a los agentes “abordar la balización” de su vehículo.

José Luis Ulibarri se estaba volviendo escurridizo. En el sumario abundan ejemplos de cómo intentaba protegerse. La UDEF apunta en su oficio que en noviembre de 2017 llamó a su exmujer para pedirle permiso para ir a dormir a una casa “que al parecer tienen en Ponferrada”, de la cual, escribían los agentes “no se ha conseguido establecer ubicación”.

Sus cautelas alarmaron a los investigadores. El empresario disponía de inversiones en Colombia y convivía con una mujer de esa nacionalidad, con la que tiene un hijo. A pesar de las numerosas vigilancias sobre su nuevo domicilio de Madrid, los agentes no consiguieron establecer “unas pautas claras de vida” que permitiesen asegurar que iba a ser localizado en Madrid ni en Valladolid. “En este escenario, la huida al extranjero se presenta como probable”, decían, “habida cuenta de las circunstancias apuntadas y de su conocimiento y trayectoria como persona acostumbrada”.

En el mismo sentido se referían a una posible destrucción de pruebas, lo que iba a suponer “un auténtico varapalo” para la investigación.

Un socio indiscreto habló de sus testaferros

Con el socio de Ulibarri Ángel Luis García los policías que participaron en la investigación tenían un problema parecido. Vivía en Madrid pero se movía “constantemente” por Castilla y León. “La movilidad es constante sin que tenga pautas de actuación que permita una sencilla localización”, decía la UDEF. Que añadía más datos: “La vocación de ocultación de esta persona se infiere porque a pesar de que desde el inicio de la investigación en 2016” [estaba localizado su domicilio en la calle Serrano de Madrid] “las gestiones policiales tendentes a localizar su domicilio han resultado trabajosas toda vez que se había cuidado de que no constara su dirección en ningún documento, ni pago de servicios, ni domicilio tributario hasta el punto de que cuando se ubicó formalmente su domicilio, constaba el bloque como dato correcto pero había alterado tal vez intencionadamente el piso y la puerta”.

Tampoco el socio de Ulibarri había tenido conversaciones telefónicas de interés poco antes de su detención, como sí había sucedido en los meses anteriores. Al comienzo de la investigación, García lo contaba todo sobre su socio. Mientras Ulibarri confesaba a su hija que su asociación con García tenía como objetivo “no figurar”, García decía a todo el que le escuchaba que era “el socio de José Luis Ulibarri”. Esa indiscreción había hecho que Ulibarri empezase a cortar lazos con él, llegando a disolver alguna empresa. Pero el daño estaba hecho. García había hablado largo y tendido. En una llamada el 14 de marzo de 2018 contó que una semana antes había estado en Valladolid firmando “una cosa” con el grupo de José Luis Ulibarri. “Y tiene ahí dos testaferros”, se explayaba con su interlocutor dando pistas sobre los hombres de paja del constructor: “Un chaval que va bien vestido y es buena gente, que es de León y se llama Pedro, Pedro Alonso, pero tiene otro que si lo ves...”.

García continuaba dando pistas sin saber que la policía lo estaba grabando todo: “Hay que tener cojones también, que mañana te viene un tío y te pega un tiro eh”, “o sea mucho pero mucho cuidao, eh”, “que deja de pagar a la gente y mañana tiene viene un tío desesperado y te lleva por delante”.

En otra llamada, García se refiere a un supuesto consejo que Ulibarri le había dado para solucionar un problema con un socio que tenía García y con el que había entrado en directa competencia, al presentarse para un concurso público del Ayuntamiento de León.“Me ha llegado a decir José Luis, me dice, mira, mándale dos gitanos y que le peguen una paliza a este tío”, dice el socio de Ulibarri en una conversación fechada el 4 de mayo de 2018.

10.000 euros para darle a un 'pájaro'

Esa pauta de autoprotección no evitó ciertos descuidos de José Luis Ulibarri hablando con su familia. El 15 de octubre de 2017 llamó a su hijo a las 18.55 para hacerle un encargo. Le pregunta a su hijo si tiene “diez mil euros así para dar a un pájaro”, y le precisa que el destinatario es el hermano de Diego Miguens, y que aún está concretando detalles pero que tendría que ir a Madrid, a la terminal 1 del aeropuerto.

La Udef no se pronuncia sobre la naturaleza de la transacción ni el papel de la persona que va a recibir ese dinero. La familia Miguens, que es de Argentina, tiene también algún negocio en España. En el país andino fue dueña de la cerveza Quilmes y ahora maneja un holding de generación de energía eléctrica. También tienen negocios mineros y agrícolas.

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León trata de evitar que el alcalde de Villaquilambre (León), detenido e imputado en la 'operación Enredadera', presida la comisión de Fomento en la que el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones deberá dar explicaciones sobre su relación con el presunto cabecilla de la trama, el empresario José Luis Ulibarri, en prisión preventiva desde principios de julio.

El responsable de Fomento aparece en el sumario en dos ocasiones. Concretamente, en las transcripciones de los pinchazos telefónicos: realizó una llamada a Ulibarri y le ofreció hacerse cargo de las obras de una carretera. “Yo soy la Administración”, fue su alegato. Además, meses antes, tal y como reveló eldiario.es, comió con Ulibarri y le adelantó información sobre cuatro obras. Este encuentro es conocido porque el propio Ulibarri se lo relató a su hija en una llamada.

Tras publicarse la primera información sobre la llamada directa del consejero a Ulibarri, este se ofreció a dar explicaciones en sede parlamentaria, a la vez que Podemos pedía su comparecencia. La Junta de Portavoces de las Cortes de Castilla y León se reunió para decidir cómo se llevaría a cabo y, aunque todos los grupos de la oposición apoyaron que fuese en pleno, el Grupo Parlamentario Popular impuso que se hiciera en una comisión ordinaria de Fomento y Medio Ambiente.

La fórmula camufla, en parte, la relevancia del asunto. Pero es que además la presidencia de la comisión, que se elige al inicio de cada legislatura, está a cargo del parlamentario y alcalde de Villaquilambre (León), Manuel García, que fue detenido el pasado 3 de julio, cuando estalló la operación.

A García -o 'Manolín', como se le conocía entre los implicados- se le atribuye el amaño de contratos en favor de Ulibarri y no solo en su ayuntamiento, también pretendía mediar para que la trama consiguiese la adjudicación de un importante concurso en Aranda de Duero (Burgos).

Esta misma mañana, cuando se ha confirmado fecha y hora de la comisión -el 5 de septiembre a las 17.00 horas-, Podemos ha solicitado por escrito que la presidencia sea asumida por la vicepresidencia, a cargo del parlamentario y alcalde de Guardo (Palencia), Juan Jesús Blanco Muñiz. El motivo aludido es “el claro conflicto de intereses por parte del presidente de la misma en el tema a tratar”.

Para argumentar su petición, citan el artículo 40.5 del Reglamento de la Cámara, que dispone que “en lo no previsto expresamente en este artículo se procederá, con las adaptaciones necesarias, conforme a lo dispuesto para la elección de la Mesa de las Cortes”.

En este sentido, el artículo 20 de esta normativa, en relación con la Mesa, establece: “Los vicepresidentes, por su orden, sustituyen al presidente ejerciendo sus funciones en caso de vacante, ausencia o imposibilidad”. Por tanto, las funciones de la presidencia de la Mesa de la Comisión deberán ser ejercidas por el vicepresidente. Asimismo, el Reglamento de las Cortes prevé un régimen de sustitución de los miembros de la comisión en su artículo 39.

Si al presunto cabecilla de la trama Enredadera, el constructor y propietario de diferentes medios de comunicación en Castilla y León, José Luis Ulibarri, un político le complica las cosas, entonces “dura menos que un bocadillo en la puerta de un colegio”. Lo cuenta el propio Ulibarri en una de las charlas interceptadas por la policía e incluidas en el sumario que indaga sobre una red de amaños en distintas administraciones públicas.

Además de la familiaridad con la que Ulibarri trata con importantes cargos de la Junta de Castilla y León y algunos de los principales ayuntamientos que le adjudican contratos, los pinchazos policiales ponen al descubierto el poder de Ulibarri para dar y quitar cargos en las instituciones gobernadas por el PP de acuerdo a sus propios intereses.

En una de las muchas conversaciones que mantuvo con el diputado por León Eduardo Fernández, al que la UDEF considera un conseguidor de la red, Ulibarri habla de los movimientos del presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, de los de la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo o de un concejal llamado Ricardo, que no era de su agrado por no seguir sus directrices. La UDEF lo identifica erróneamente como un edil de Congosto, un pequeño pueblo de León, aunque dirigentes consultados por eldiario.es sostienen que se trata de un dirigente de Ponferrada, donde Ulibarri tenía intereses relacionados con un contrato de gestión de recogida de basuras.

La llamada se interceptó el 13 de noviembre de 2017, cuando el parlamentario autonómico Eduardo Fernández salía de una junta directiva del PP de León. El presidente, Martínez Majo, había creado una agrupación local y eso no era del agrado de Ulibarri, lo consideraba “un gol por toda la escuadra”.

“Este, este, está jugando sus bazas, las suyas personales eh”, dice Ulibarri a Fernández. “Porque, porque, crear ahí la... crear, eh, el tema local del partido, de la junta local, ¿qué cojones hace ahí?” pregunta el empresario. Fernández le cuenta que Martínez Majo quiere hacer “una cosa distinta de la que hizo Isabel (Carrasco, la expresidenta provincial asesinada a tiros en 2014 y que concentraba un enorme poder al frente de la Diputación y el PP leonés)”.

Ulibarri rebate ese argumento diciendo que ninguna capital de provincia tiene juntas locales. Para él eso es “meter el bicho dentro de un gallinero” y advierte que “Juan [ los investigadores no aclaran si se refiere a Martinez Majo o al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera] va a tener un problema”.

La conversación, que se corta en varias ocasiones, se centra en los políticos y más en concreto en una hipotética reconfiguración del PP de Ponferrada. Según resume la UDEF, ambos hablan de “las batallas políticas con Gloria Fernández Merayo, alcaldesa de Ponferrada, de Ricardo, el concejal, como trasfondo de todo”, además de las decisiones que toma el presidente del PP de Castilla y León y alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco y el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

Ulibarri advierte que no quiere hablar mucho por teléfono pero “amenaza con que, si él quiere, Ricardo le dura muy poco, políticamente hablando”. A continuación se refieren a Raúl Valcárcel, alcalde de Carracedelo y antiguo socio de Ulibarri. Eduardo le dice que no lo ha citado ningún juzgado pero Ulibarri le advierte que a él tampoco en 9 años (posiblemente se refiere a su imputación en Gürtel en 2009) pero que sabe que “lo acabarán citando antes o después y tiene que estar prevenido para ello”. Según la UDEF “en la conversación se vislumbra el control que tiene José Luis Ulibarri sobre los políticos y la política de Castilla y León”.

José Luis Ulibarri cuenta a Eduardo como ha sido una conversación con la que denomina “nuestra amiga”, Gloria Fernández Merayo, regidora de Ponferrada por el PP.

Habla Ulibarri: “Entonces... yo no sé, yo no sé, a qué coño se está jugando ahí, pero... yo... eh... con nuestra amiga, se lo advertí, le dije, mira, vamos a quitarnos de mareos, estamos tomando un café...”, “Digo, aquí nada más que hay una cosa, claridad, dije, o eres tú, o es Eduardo, porque a mí Ricardo no me significa nada. Dije pero claro, eh, eh, no juguéis a hacer el indio porque nos vamos a enterar todos y ahora ya es delicado, y ahora ya es delicado”.

Sobre Eduardo el concejal en Ponferrada [que los investigadores confunden con un edil de Congosto] el empresario cuenta que hace la guerra por su cuenta pero que durará lo que él y Ricardo quieran. “Se le dan dos meneos y no está”. Si complica las cosas, avisa, “dura menos que un bocadillo en la puerta de un colegio”.

El repaso de dirigentes que hacen el político y el constructor es completo, incluso citan a una tal Amparo [no identificada en el sumario pero que según los dirigentes consultados sería la edil de Hacienda en Ponferrada, que acabó presentando su dimisión] que “no aparece en las reuniones” y a la que “no se le va a dar una segunda oportunidad”. Además, Ulibarri advierte de qué lado tienen que ponerse determinados dirigentes populares. Por ejemplo a la alcaldesa de Ponferrada el empresario le ha dicho que él está con el diputado Eduardo Fernández y que si ella no está, que se ponga “ya” porque de lo contrario se irá “fuera”.

Lo confirma el propio parlamentario autonómico, quien reconoce durante la conversación interceptada por orden judicial que el líder regional del PP, Fernández Mañueco, no quiere contar con ella. “Hay que quitarla, hay que quitarla, hay que quitarla”, pero “sin que se forme lío” y ese será el papel de Eduardo, el diputado en las Cortes Regionales que figura en las conversaciones. “Pues a Gloria [alcaldesa en Ponferrada] que la quiten por las buenas que le van a compensar con algo, Alfonso ya tampoco”.

Ulibarri no solo ejerce su poder para retirar a dirigentes de puestos relevantes, también propone compensaciones para los caídos en desgracia que pretende recolocar como altos cargos en la Junta de Castilla y León. Dice que “hay que buscarle una salida” y Eduardo asiente adelantando que Fernández Mañueco le dirá que se la quiere llevar luego a Valladolid [la sede del Ejecutivo regional]. “Bueno, pues ya está, porque entre 60 direcciones generales una no estorba, hum”. Ulibarri le da la razón diciendo que se le puede recolocar: “Claro, joder, no pasa nada”.

Pero Martínez Majo quiere apartarla antes de las próximas elecciones para que le sustituya otro candidato, y a Ulibarri le parece que va a meter en “un problema de cojones”.

El concejal [señalado erróneamente por la UDEF como de Congosto pero que en realidad es de Ponferrada] no quiere ir en las listas de ese municipio, según Eduardo, porque también quiere ser director general en Valladolid. Ulibarri no da el visto bueno porque según dice el edil “no vale para gestionar” y le pide al diputado autonómico que no cometa ese error en el partido. “Está ahí porque tú quieres”, asegura Ulibarri. “Y no hay nada que decir, pero es tan flojo, tan flojo, tan flojo, es que no dura nada” se queja el empresario. El parlamentario regional está de acuerdo: “De Gloria vamos a terminar discutiendo cómo lo hacemos, pero de Ricardo no se discutiría nada, se va, y se va, y no se acuerda nadie”.

Pero Ulibarri quiere que le transmita un mensaje: “Escúchame, y díselo de parte mía”, ordena, “dile, que no se equivoque .. porque, porque yo con él no tengo ningún compromiso, lo mismo que contigo las cosas van, va todo ordenado, que no se equivoque, si se equivoca, se equivoca”. El empresario deja una conclusión final para dejar claro que no sentirá la salida del concejal de Congosto: “No me duele nada, ¿eh?”.

En otra de las sucesivas charlas que ha transcrito la Policía Nacional, Ulibarri da órdenes muy precisas para configurar el PP de Ponferrada: “Y oye, si lo de la otra [Gloria Fernández Merayo, regidora de Ponferrada] se encamina por algún sitio que no dé guerra, pues vale y ya está, yo no tengo ningún problema”.

“Si aparece ese, se me revuelve el estómago”

El constructor da una orden más sobre lo que hacer en el PP regional: “Y... y... y... en León, que quite a, a la Local de los cojones, que ha creado... Eso es una mierda, que lo desarme, porque el único que va a tener un problema es él [los investigadores no saben si se refiere al presidente del PP de León, a Fernández Mañueco o a Herrrera]. ”Va a tener un problema“, vaticina. Ulibarri también quiere fuera a Carlos López Riesco, el exalcalde que sustituyó a Ismael Álvarez tras su dimisión. ”Si aparece Riesco ahí, entonces se me revuelve el estómago, vamos, ¿eh?“, finaliza sus instrucciones sobre la organización del Partido Popular en la región.

El sumario de la Operación Enredadera que investiga una trama corrupta de amaños de contratos públicos ha revelado las fluidas relaciones del constructor y empresario de los medios de comunicación de Castilla y León, José Luis Ulibarri, con diferentes miembros del Gobierno de Juan Vicente Herrera.

Las escuchas telefónicas autorizadas por el juez que instruye el caso evidencian la familiaridad con la que Ulibarri, señalado por la Policía como el cabecilla de la red, trata al consejo de Fomento de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

El listado de llamadas ofrece evidencias de que el responsable de Obras públicas de Castilla y León ofreció diferentes contratos al magnate de los medios en la región. Y no solo por la conversación en la que Suárez Quiñones ponía a disposición de Ulibarri los arreglos en una carretera con una de esas frases que ya se ha hecho famosa en la política de la región. “Yo soy la administración”, dijo el consejero al constructor en una charla desenfadada.

Meses antes de esa conversación, el 18 de julio de 2017, Suárez Quiñones ya había facilitado a Ulibarri información sobre otros trabajos. Así consta en una llamada registrada ese día, en la que Ulibarri le cuenta a su hija Soledad que ha estado comiendo con el Pañuelín, apodo con el que se conoce a Suárez-Quiñones por la costumbre de lucir un pañuelo en el bolsillo superior izquierdo de sus trajes.

“Ah y ¿qué tal? [...] Ese te tiene bastante poco cariño”, le pregunta su hija al constructor. Según Ulibarri, en la charla con el consejero “se cortaba el aire”. La hija de constructor advierte a su padre: “Que no se haga el tonto [Suárez-Quiñones] que tú lo dejas bastante claro”. Pero el empresario la contradice: “Él no lo sabía, el no lo sabía, entonces anda preocupado”.

En ese encuentro del que no da más detalles, el consejero adelantó la información que pretendía Ulibarri: “Bueno vamos a salir, antes de que termine el año, esto”. El consejero, siempre según la charla de Ulibarri con su hija a la que ha tenido acceso eldiario.es, le dijo: “Haz una foto de esto”.

“Cuatro obras buenas que sacan”, le precisa Ulibarri a su hija, quien contesta: “Ah bueno, bien, bien, sí”.

La Junta de Portavoces de las Cortes de Castilla y León se reunió la pasada semana para debatir sobre la comparecencia del consejero de Fomento para que explique su relación con Ulibarri. Finalmente, gracias a la oposición del PP, no lo hará en un Pleno sino en una comisión.

El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, mantiene el apoyo al consejero y considera que no ha cometido ninguna ilegalidad. El vicepresidente, José Antonio de Santiago Juárez también se pronunció el pasado jueves sobre el asunto para decir que ofrecer un obra parada es algo “absolutamente normal”.

Más obras en el Ayuntamiento de León

En la conversación entre Ulibarri y su hija también hablan del Ayuntamiento de León, considerado en la investigación como “plaza fuerte” en la trama. José Luis Ulibarri dice a su hija que ya había quedado “para ese tema” con 'Yiyo' (José María López Benito, concejal del PP que dimitió días después de publicarse su implicación en la Enredadera). La respuesta de la mujer es llamativa: “Ah bueno bien y a ver, decía que salen (se entrecorta) pero no me mandó la apertura de esa cuenta”. “No no, está ... marea ... ya he quedado yo con él que estés tranquila, que yo he quedado con él ya para seguirlo de cerca ¿vale?”, la tranquiliza su padre.

“Hacen falta las obras estas porque esto no puede ser”, continúa. Su hija le da la razón: “claro, no, es verdad que son obras pequeñas y tal pero oye todo va sumando, vamos a ver”, responde la hija de Ulibarri.

La Fiscalía considera que la “capacidad de influencia de José Luis Ulibarri”, al que se considera cabecilla de la trama Enredadera, es “asombrosa” y “en gran medida fruto del dominio que ejerce sobre los medios de comunicación”. En un informe del pasado mes de abril, que apoyaba la entrada en sus oficinas de Madrid para colocar micros y cámaras, se refirió a su condición de propietario de medios de comunicación y a “las posibilidades con que cuenta a la hora de premiar o castigar a quienes no accedan a sus pretensiones”.

Según ha desvelado la investigación, esa capacidad de influencia era la baza de la trama para conseguir el amaño de concursos públicos de varios tipos, desde los relacionados con los semáforos y la gestión de multas, hasta el tratamiento de basuras, cuidado de jardines, o mantenimiento de calles.

Prueba de ese dominio de medios de comunicación (Ulibarri es propietario de Diario de León, Diario de Valladolid-El Mundo, El Correo de Burgos, el 50% de Radio Televisión Castilla y León, así como emisoras de radio que ahora explota de la mano de EsRadio) son las conversaciones que figuran en el sumario con directivos de sus medios. En una de ellas, fechada en enero de este año, animaba al director de Diario de León a seguir con informaciones críticas sobre el presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, quien se había quejado de un titular. “¿Y no le has dicho que tú no te dedicas al periodismo?”, le preguntó Ulibarri. “Apriétale más eh”, le indicaba, porque según sus informaciones “está haciendo la batalla por su cuenta, a su aire total”, “tú dale una vuelta de tuerca o dos”, insistía.

Esos pinchazos telefónicos han sido fundamentales para la investigación. Así lo considera el Ministerio Fiscal cuando ha apoyado cada prórroga de las escuchas solicitada por la Policía con la única excepción de la solicitada a finales de mayo, y porque en el último mes las escuchas a Ulibarri no habían revelado, sorprendentemente, ni una sola charla interesante.

Hasta ese momento “las conversaciones interceptadas habrían permitido obtener importantes indicios, a todas luces esenciales al objeto de lograr el esclarecimiento de los hechos objeto de autos así como su autoría”, señala en su informe el ministerio público. A juicio de la Fiscalía, los indicios “difícilmente” se habrían obtenido por otras vías, “pues sólo gracias la interceptación de las telecomunicaciones de los investigados resulta posible conocer de un modo aproximado los municipios en que obtienen adjudicaciones de modo irregular, el modo en que las obtienen (presentando ofertas mendaces que simulan ser de su competencia, concertándose con las autoridades y funcionarios para intervenir en la redacción de los pliegos que rigen los concursos al objeto de introducir cláusulas que impiden a la competencia competir en condiciones de igualdad con los investigados, ofreciendo dádivas, aprovechando los medios de comunicación de que son propietarios, obteniendo información privilegiada que les coloca en el mercado en posición de superioridad, etc...)”.

Se les abrían las puertas de las concejalías

Sobre Ulibarri y su socio, Ángel Luis García, escribe el fiscal en el sumario que son “los dos pilares fundamentales” con quienes cuenta Gespol para influir en los funcionarios y autoridades municipales de varias localidades de la zona de León y Asturias.

Su relevancia gracias a la notoriedad adquirida por ser “empresarios de éxito y propietarios de varios medios de comunicación” les ha abierto las puertas de las concejalías y alcaldías de múltiples Ayuntamientos. “Se cuentan por centenares” las entrevistas y citas de Ángel Luis García, acreditadas gracias a las conversaciones interceptadas, con los alcaldes y concejales de aquellos municipios en los que Gespol quería adjudicaciones.

Además, señala cómo la intervención directa de José Luis Ulibarri, apodado por los otros miembros de la trama como “dios” o “el jefe”, aceleró las negociaciones para obtener concursos de los ayuntamientos de San Andrés del Rabanedo o Villaquilambre (León).