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CASTILLA Y LEÓN

Los pinchazos telefónicos de Enredadera desembocan en 25 causas de corrupción en León, Madrid, Oviedo y Galicia

El fiscal ha pedido el juez que se deduzca testimonio contra 25 personas, algunas ya imputadas en la causa, por delitos que se han descubierto por las intervenciones telefónicas

Entre los presuntos delitos, que no están relacionados con la causa principal, se repiten los de falsedad documental, tráfico de influencias o revelación de secretos

El ministerio público pide que se impute a un empresario, a su abogado y al médico que le hizo un certificado para librarse de un juicio donde le iban a "crujir"

Detienen y registran el domicilio de un socio del empresario José Luis Ulibarri por la operación 'Enredadera'

Uno de los registros de la Operación Enredadera

Los pinchazos telefónicos del caso Enredadera, que investiga el amaño de concursos públicos en toda España, ha desembocado, por el momento, en la apertura de otras 25 causas de corrupción independientes. El fiscal ha pedido que se deduzca testimonio -que un juzgado penal investigue- el contenido de 25 llamadas en las que considera que hay posibles delitos que no están relacionados con la causa principal.

Entre esos delitos está los de revelación de secretos, falsedad documental, prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, uso de información secreta o privilegiada, tráfico de influencias, infidelidad en custodia de documentos y administración desleal, entre otros.

La mayoría de estos presuntos delitos se han producido en el seno de administraciones como ayuntamientos y diputaciones en León, Oviedo, Madrid y Galicia. Entre los presuntos autores figuran funcionarios, alcaldes, concejales, empresarios y policías locales y nacionales, algunos de ellos ya imputados el caso Enredadera, dividida en varias piezas separadas en Madrid, Catalunya y Castilla y León.

Los escritos de la Fiscalía, a los que ha tenido acceso eldiario.es, se hicieron llegar al juez de Badalona, instructor de la Operación Enredadera, el pasado mes de abril. El fiscal especifica, caso a caso, que se trata de hallazgos casuales que no guardan relación con el primero, en el que un grupo de personas, cuyo cabecilla era el empresario de la construcción y los medios de comunicación, José Luis Ulibarri, imputado en Gürtel, amañaban concursos de adjudicaciones de contratos de tráfico, como la instalación de semáforos.

Las escuchas autorizadas por el juez acabaron desvelando que Ulibarri y uno de sus socios, Ángel Luis García, influían a políticos, especialmente en Castilla y León, donde residen ambos, para conseguir otro tipo de licitaciones, como tratamiento de residuos, servicios de limpieza, parques de bomberos o transporte urbano.

Pero la infinidad de conversaciones detectadas en los pinchazos telefónicos deriva ahora en otras causas. El fiscal ha pedido, por ejemplo, que se deduzca testimonio contra el socio de Ulibarri, Ángel Luis García, su abogado y un conocido cardiólogo de León por un delito de falsedad documental. En concreto, el letrado pide a su cliente que el médico le haga un documento que le evite asistir a un juicio.

García salió de la consulta con un certificado de taquicardia hiperventricular que le impedía realizar actividades estresantes durante ocho días. El letrado acordó presentarlo en el juzgado para que se aplazase el interrogatorio. Más tarde, el socio de Ulibarri relató toda la operación a su mujer y se justificó diciendo que no podía ir a que le "crujiesen" los abogados.

Lejos de abstenerse de realizar actividades estresantes, comentó a su esposa que al día siguiente se reuniría con "los de Sacyr" y que se haría "San Andrés, Villaquilambre, Ayuntamiento y Diputación". García, en connivencia con Ulibarri, se dedicaba a convencer a políticos y funcionarios de que manipulasen concursos a su favor. En esta conversación se refiere a las reuniones que mantenía día tras día para eso. El juez mantiene imputados a políticos y funcionarios de las administraciones que cita. Sacyr era la dueña de Gespol, la empresa con la que Ulibarri y García intentaban conseguir las adjudicaciones de sistemas de control semafórico.

En algunos casos, las deducciones de testimonio son por un sólo delito, pero en otros se acumulan hasta cuatro.

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