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Ulibarri: el empresario de cabecera del Gobierno de Castilla y León al que frenó la trama de los semáforos

El magnate de los medios de comunicación en la comunidad tiene contratos con la Junta para construir edificios, gestionar geriátricos y limpieza

El Gobierno de Herrera le adjudicó un contrato para líneas de transporte que el Tribunal Superior consideró ilegal por no tener la empresa experiencia en el sector

Los magistrados obligaron a la Junta a indemnizar a una empresa rival y remitieron el expediente a la Fiscalía para que indague si hubo prevaricación

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José Luis Ulibarri (EFE)

José Luis Ulibarri (EFE)

José Luis Ulibarri, el poderoso empresario de la construcción y medios de comunicación en Castilla y León, en prisión preventiva desde el pasado en el Centro Penitenciario Brians 2 por su papel en una presunta trama de contratos amañados en distintas adminitraciones públicas, es uno de los empresarios de cabecera del Gobierno regional que preside Juan Vicente Herrera.

En los círculos de poder de Castilla y León se le respetaba y agasajaba como propietario de periódicos, radios y televisiones y esa capacidad de influencia allanó el camino para que este empresario de la construcción que empezó de aparejador pudiera entrar de lleno en el sector servicios con importantes adjudicaciones públicas. Ni su procesamiento en Gürtel, que le enfrenta a siete años de prisión, ni las dificultades económicas que atraviesa el Grupo Begar, hoy Elodea y por segunda vez en concurso de acreedores, han roto esas buenas relaciones.

En los últimos tres años, la Junta de Castilla y León realizó contratos, en algunos casos millonarios, con dos de las sociedades del empresario José Luis Ulibarri investigadas por el juez de la Operación Enredadera.

Aralia Servicios Sociosanitarios es una de las mercantiles que se rastrean en busca de pliegos elaborados por la propia empresa con ayuntamientos, si bien se revisará la documentación relativa a otras administraciones. El el caso del Gobierno castellano leonés, en su buscador de licitaciones, aparecen seis adjudicaciones a Aralia Servicios Sociosanitarios, una empresa que se encarga, según su página web  de la gestión integral de servicios asistenciales especializados tanto en residencias, centros de día, hospitales y complejos socio sanitarios, así como en los propios domicilios, y que gestiona 30 centros en toda España. El Gobierno de Castilla y León le adjudicó en 2015 el servicio de estancias diurnas en los centros de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales en Valladolid durante dos años, por 1,8 millones, y luego aprobó una prórroga que supone casi medio millón de euros más.

En 2016, el mismo organismo le adjudicó el  servicio para León (para los años 2017-2018) pero a un precio algo inferior, 1,5 millones, y este año consiguió un nuevo contrato para gestionar durante dos años el servicio de Valladolid.

Con todo, el contrato de mayor importe es el que consiguió en 2016 para el servicio de acompañamiento en transporte escolar, un sector en el que Aralia carecía de experiencia. La licitación partía de 14 millones y Aralia, en Ute con otra empresa ofertó 7,1. Fue precisamente la rebaja en el precio lo que le otorgó mayor puntuación que a sus competidores. Uno de ellos no estuvo de acuerdo. El Grupo Norte recurrió esa adjudicación porque Aralia ni tenía esa actividad en su objeto social ni aportaba experiencia previa por valor de 400.000 euros en los últimos cinco años. La mesa de contratación dio por subsanado lo que consideró meros errores en la tramitación del concurso, y Grupo Norte acabó recurriendo a la Justicia.

El pasado mes de mayo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León condenaba a la Consejería de Educación a indemnizar a Grupo Norte por los daños y perjuicios sufridos por importe de 405.790,49 € por el curso 2016/2017 y de 811.580,98 €, si ha sido prorrogado". El contrato se había estirado por 12 meses y 3,5 millones de euros. Además se condenó en costas tanto a Aralia, la filial del emporio de Ulibarri, como a la Consejería. La sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León es contundente al analizar cómo se aprobó esa concesión pública: "La codemandada, que resultó adjudicataria, no subsanó los defectos que apreció en su documentación la mesa de contratación y que, por ello, al no reunir los requisitos de solvencia técnica y profesional exigidos, la mesa de contratación debió excluirla de la licitación". Entre paréntesis los jueces añadían algo más sobre la empresa del magnate de los medios de comunicación en esa comunidad: "No reúne los requisitos ni para participar en la licitación como UTE, pues la propia mesa de contratación consideró insuficiente la documentación que había presentado".

El asunto puede no acabar en la Sala de lo Contencioso Administrativo, porque los magistrados del Tribunal Superior acordaron remitir testimonio de particulares a la Fiscalía "por si se hubiera incurrido en algún tipo de responsabilidad penal al estimarse subsanados unos defectos con una documentación que parece evidente que no era suficiente y de forma incongruente con lo razonado por la mesa de contratación para excluir a otra UTE, con graves consecuencias para el erario público".  El Tribunal Superior pide al ministerio público que investigue indicios de prevaricación.

Arcor, la sociedad constructora de Ulibarri, ha conseguido cuatro contratos con la Junta en los últimos dos años, el de mayor importe se hizo mediante la fórmula de la "tramitación urgente" para la construcción de un edificio de uso industrial para el parque de proveedores de la sección de automoción de la Junta. Más de 11 millones de euros. Los otros tres contratos oscilan entre los 300.000 y algo más de 500.000 euros.

Aunque por el momento no hay investigación sobre otra de las mercantiles de Ulibarri, Seralia, entre 2015 y 2018, ha conseguido 28 adjudicaciones con la Junta de Castilla y León, con distintas consejerías y con precios que oscilan entre los 21.000 y los 1,2 millones de euros. Limpia oficinas de la Junta, institutos, centros de formación profesional, hospitales... Seralia está prácticamente en todas las consejerías de la Junta. 

"No tenemos ningún temor", dijo la portavoz del Gobierno el pasado jueves a la vez que remarcaba que la investigación estaba "en los ayuntamientos".

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