Tras un complejo proceso selectivo, la Universidad Pablo de Olavide se ha incorporado oficialmente a EPICUR, una de las alianzas universitarias europeas más relevantes; refuerza así su proyección internacional y su capacidad para generar nuevas oportunidades de formación, movilidad e investigación para estudiantes, profesorado y personal técnico y de gestión. La entrada en este consorcio estratégico sitúa a la UPO, junto a Andalucía, en una posición más destacada dentro del mapa universitario europeo.

EPICUR (European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions) es una red universitaria de excelencia que tiene como objetivo transformar la educación superior, la investigación y la transferencia en Europa, para generar soluciones innovadoras y formar a nuevas generaciones capaces de liderar los cambios que necesita la sociedad europea. La incorporación de la UPO a EPICUR constituye un logro especialmente relevante en un contexto de fuerte competencia entre universidades europeas por integrarse en este tipo de alianzas, ya que numerosas instituciones han quedado fuera de estos consorcios estratégicos.

La entrada en EPICUR supone formar parte de una de las alianzas pioneras surgidas en 2019 que reúne universidades de nueve países europeos en un consorcio integrado por Université de Strasbourg (Francia), coordinadora de la Alianza; Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Alemania); Karlsruhe Institute of Technology – KIT (Alemania); Aristotle University of Thessaloniki (Grecia); University of Upper Alsace – UHA (Francia); Adam Mickiewicz University (Polonia); BOKU – University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Austria); University of Southern Denmark – SDU (Dinamarca); Università di Roma Tre (Italia); y University of Basel (Suiza).

Comunidad internacional

La dimensión de la alianza refleja el alcance del proyecto. EPICUR reúne a una comunidad de 280.000 estudiantes, 29.000 académicos e investigadores y 17.000 profesionales de administración y servicios, y configura así un espacio universitario europeo con una extraordinaria capacidad para generar oportunidades de cooperación académica, científica e institucional.

Para el estudiantado de la Olavide, esta incorporación se traducirá en nuevas oportunidades de formación internacional a través de asignaturas compartidas, experiencias de aprendizaje híbridas y nuevos formatos de movilidad con reconocimiento académico. Este modelo facilita que un mayor número de estudiantes pueda acceder a una experiencia europea, al combinar modalidades presenciales, virtuales y mixtas (Flipped Mobility), y ampliar las posibilidades de participación en entornos internacionales desde etapas tempranas de su formación universitaria (EPICURUS, campus europeo interconectado).

La participación en EPICUR permitirá también reforzar la actividad del personal docente e investigador mediante la creación de redes internacionales para el desarrollo de proyectos conjuntos y el acceso a nuevas iniciativas de innovación educativa y colaboración científica (Seed funding programme). La alianza presta especial atención a ámbitos estratégicos como la transformación sostenible, los valores europeos, la salud global, la inteligencia del futuro, la transformación digital y la participación social, áreas en las que la cooperación entre universidades resulta esencial para generar conocimiento y transferirlo al entorno.

“Avanzar hacia un modelo de universidad europeo de futuro”

Junto a ello, la adhesión de la UPO contribuirá a seguir avanzando en la modernización institucional, tanto en el plano académico como en la gestión universitaria, la favorecer el intercambio de buenas prácticas, la puesta en marcha de herramientas compartidas y el desarrollo de nuevos modelos de gobernanza más conectados con la realidad europea (International Educators’ Programme).

“Se trata de un proyecto que va a implicar a toda la Universidad y nos va a permitir avanzar hacia un modelo de universidad europeo de futuro, sin perder nuestra esencia”, destacó Francisco Oliva, rector de la Pablo de Olavide, al dar a conocer a la comunidad universitaria la integración de la UPO en la alianza.

La Universidad Pablo de Olavide se incorpora además a EPICUR en plena sintonía con los valores que inspiran esta alianza europea, especialmente su compromiso con la igualdad, la diversidad, la inclusión y la sostenibilidad. Lo hace, además, desde fortalezas propias que enriquecen el consorcio: su capacidad investigadora, su experiencia en la captación de financiación europea, el éxito de su programa de microcredenciales universitarias, su trayectoria e impulso estratégico en materia de internacionalización, y su proyección hacia América Latina y el Mediterráneo.

El consorcio, ya incluyendo a la UPO, ha presentado recientemente a la Comisión, el pasado día 5 de marzo, la propuesta de financiación del proyecto europeo para los próximos dos años. La incorporación de la UPO se inicia con la participación en una mesa redonda sobre microcredenciales en la Universidad de Tesalónica en mayo y un encuentro sobre captación de fondos de investigación en Basilea, en el mes de junio. El comité de rectores de la Alianza tiene prevista su próxima asamblea general (Epicur’s Governance Week) del 29 de junio al 2 de julio.

La Universidad de Granada (UGR), la de Málaga (UMA) y la Pablo de Olavide (UPO) en Sevilla han rechazado el acto anunciado por el comunicador de extrema derecha Vito Quiles en sus campus esta semana. Así lo han manifestado las instituciones públicas en sendos comunicados, donde aseguran que no han recibido ninguna solicitud “oficial o extraoficial” para utilizar sus espacios universitarios.

Más allá de la falta de autorización, las tres universidades andaluzas coinciden en rechazar el evento del agitador entendiendo que “atenta” contra los principios de “la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de la actividad académica, como se pudo observar en la Universidad Autónoma de Barcelona”. Allí arrancó la semana pasada la gira por universidades de todo el país bautizada como 'España combativa', en un acto –también carente de autorización– que provocó un altercado entre estudiantes y obligó a intervenir a los Mossos d’Esquadra.

La advertencia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) no frenó a Quiles, que siguió adelante con el evento que tenía previsto, y ya ha anunciado su intención de acudir igualmente a la capital hispalense este jueves, pese al rechazo que ha mostrado la UPO. Por tanto, es previsible que se presente también este miércoles en la Facultad de Derecho de Granada y que piense hacer lo mismo el viernes en Málaga.

Las universidades, en contra

La Pablo de Olavide fue la primera de las tres universidades públicas andaluzas que figuran en la gira 'España combativa' en expresar su rechazo. Además de informar de no haber recibido ninguna petición de carácter “oficial o extraoficial” para la realización del acto, recordó su compromiso con “asegurar un marco jurídico que se identifica con los valores y principios constitucionales que ordenan nuestra convivencia, y que actúan como un límite infranqueable frente a posicionamientos que atentan gravemente contra nuestro Estado de Derecho”.

Este lunes ha sido la Universidad de Granada la que se ha sumado a su negativa de autorizar un evento que se anuncia como de “periodismo crítico y comunicación política”, en un cartel donde aparecen tachadas una estelada y una bandera de Palestina. La UGR “tiene el deber de garantizar la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de la actividad académica, principios que estarían comprometidos por el desarrollo de esta actividad tal y como se pudo observar la pasada semana en la Universidad Autónoma de Barcelona”, insiste la institución en su comunicado.

En el caso de la Universidad de Málaga, fuentes de la institución explican a este periódico que han recibido una solicitud a través de una organización, pero que se ha desestimado. Si bien la UMA aún no ha emitido un comunicado público como las otras dos instituciones universitarias, a preguntas de elDiario.es/Andalucía confirman que la universidad malagueña coincide con la UGR y la UPO en posicionarse contra el acto de Vito Quiles.

El antecedente más cercano en Andalucía se remonta al mes de marzo, cuando Macarena Olona visitó la Facultad de Derecho de Granada. Ese acto derivó en la detención de dos personas por agredir a los agentes que se encargaban de controlar los accesos. Una escena similar se produjo en 2022, en el mismo lugar, durante otra serie de charlas organizadas por la entonces diputada de Vox, que también se propuso recorrer varias universidades españolas.

El curso universitario ha arrancado en Andalucía marcado por el contraste entre el acercamiento institucional que escenificaron los rectores de las universidades públicas y la Junta en el acto de inauguración del curso académico, y el malestar que manifestaron estudiantes y sindicalistas durante sus respectivas protestas en defensa de una educación “pública y de calidad”. Ese pulso entre reivindicación y diálogo estará presente a lo largo de un 2025-2026 que se antoja “decisivo” para preservar el valor de la universidad pública como “ascensor social”.

Tras inaugurar el curso académico, Francisco Oliva, rector de la Universidad Pablo de Olavide y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, analiza junto a elDiario.es los retos que afronta el sistema universitario público andaluz durante el próximo curso: desde concretar los flecos pendientes del modelo de financiación hasta la modernización de la oferta académica, pasando por la regulación de los centros privados y la búsqueda de soluciones al problema de la vivienda que afecta cada vez más a los estudiantes.

El acto de inauguración del curso estuvo marcado por protestas estudiantiles y algún momento de tensión. ¿Qué lectura hace de esas movilizaciones? 

Lo primero que hay que decir es que los derechos de reunión, de manifestación, de libertad de expresión y de protesta son derechos fundamentales de las españolas y los españoles y, por lo tanto, se ejercieron en el campus, tanto CCOO como un grupo de estudiantes. En ese sentido, lo único que tengo que decir es que se escucharon e hicieron públicas todas sus reivindicaciones y desde luego se permitió sin ningún tipo de problema su celebración en el campus. Es cierto que hubo algún momento de cierta tensión, pero que afortunadamente se resolvió sin ningún tipo de problema y se pudo celebrar el acto académico completo. Yo diría, además, que salió muy bien. Por mi parte no hay más que decir.

Durante su discurso apeló al diálogo y a la lealtad institucional, pero también recordó que el curso pasado se produjeron varios desencuentros con la Consejería de Universidad, ¿cómo describiría la relación actual de las universidades públicas con el Gobierno andaluz? 

Es obvio, porque esto no se puede ocultar, que hemos tenido una serie de desencuentros derivados de una serie de discrepancias interpretativas y aplicativas del modelo de financiación del que nos hemos dotado. Estas discrepancias empezamos a resolverlas gracias al acuerdo de Jaén, firmado el 8 de abril. Sin embargo, aún no hemos acabado, desgraciadamente, de cerrar todos los elementos que aparecían en ese acuerdo.

¿Qué aspectos siguen pendientes tras el acuerdo de Jaén?

Por ejemplo, el pago de los trienios al personal de la universidad, el pago de los quinquenios y sexenios al personal contratado temporal, la cuestión del 0,5 % de subida salarial que tenemos que pagar las universidades también, e incluso una partida de nivelación para las universidades que también tenemos que negociar en estos momentos.

No se han resuelto aún todos los problemas, pero vamos por el buen camino, que es el de la voluntad del presidente

¿Confían en que la Junta de Andalucía va a cumplir con todos los acuerdos, como dijo el presidente en la apertura del curso?

Yo confío en la palabra del presidente de la Junta de Andalucía, como no puede ser de otra manera. Estoy seguro de que vamos a resolver todos los problemas interpretativos y, como ha dicho el presidente, se van a cumplir con todos los acuerdo.

¿Con qué mensaje o idea central se queda del discurso de Moreno en el acto de inauguración?

Yo creo que las noticias que nos dio el presidente durante el acto fueron importantes. En primer lugar, reconoció que se nos iba a ingresar inmediatamente 16 millones de euros, que son muy importantes, concretamente, para consolidar el punto de partida de la asignación presupuestaria del año 2025. Eso era una reivindicación nuestra, que implica que el presupuesto inicial sube de 1.685 millones a 1.701. En segundo lugar, y esto es muy importante, el presidente reconoció que se van a cumplir todos los acuerdos y que, además, se va a constituir una comisión de trabajo con Hacienda y las universidades y, por supuesto, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, para resolver absolutamente todas nuestras peticiones que están todavía encima de la mesa.

¿Considera que la partida de esos 16 millones de euros para acciones específicas de digitalización y sostenibilidad son suficientes para responder a las necesidades de las universidades públicas?

Supone un punto de partida para este año y nos permitirá destinarlos a nuestras políticas estratégicas, como la transformación digital y la economía verde, dos pilares clave del siglo XXI. Conviene aclarar que esta partida es independiente de otros compromisos pendientes, como trienios, quinquenios, sexenios, la carrera horizontal o la nivelación entre universidades. Todo ello tendrá que resolverse en paralelo, pero el anuncio es muy importante porque esto significa un incremento presupuestario de las universidades públicas.

¿Se podría decir entonces que se han zanjado definitivamente las discrepancias con la Junta?

Lo que ha habido es una discrepancia de interpretación y de aplicación del modelo de financiación. Las universidades teníamos una serie de reclamaciones que nuestra Consejería no compartía. ¿Cómo se resuelven estas cosas? En primer lugar, como ha dicho el presidente, se van a cumplir los acuerdos y vamos a constituir esta comisión para resolver los aspectos pendientes. Porque, insisto, queda mucho trabajo por hacer. Y quiero lanzar también ese mensaje: nada está cerrado todavía. No se han resuelto ya todos los problemas, pero vamos por el buen camino, que es el de la voluntad del presidente, junto a la constitución de esa comisión con Hacienda. Y yo espero que a lo largo de las siguientes semanas se resuelva definitivamente. Porque también hay una cosa muy importante y es que esto afecta necesariamente a los presupuestos del año 2026. Es decir, todo lo que acordemos va a ser el punto de partida para fijar la cláusula de salvaguarda del próximo año.

Si no mejora la ACCUA, corremos el peligro de que muchas de las nuevas titulaciones se topen con un problema administrativo que nos impida ponerlas en marcha

Mientras esos aspectos se terminan de definir, ¿en qué estado se encuentran las universidades públicas en cuanto a solvencia económica?

Es muy importante comprender esto. Las universidades tenemos que pagar una serie de conceptos (trienios, quinquenios, los complementos autonómicos o la carrera horizontal). Esto es muchísimo dinero. Entonces, si no recibimos estas percepciones económicas, evidentemente la propia solvencia y sostenibilidad financiera de la universidad se pone en peligro. Por eso es tan importante el anuncio del presidente. Si conseguimos todo eso, podremos de alguna manera continuar con nuestra actividad. Si no, hay que comprender que es mucho dinero lo que está en juego con todas estas partidas. Por lo tanto, necesitamos que se nos dé la tranquilidad y la seguridad jurídica de que se nos van a ingresar esas cantidades para nosotros poder proceder a asumir esos gastos que evidentemente tenemos que cumplir sí o sí, porque son complementos retributivos que tenemos que asumir.

Y necesariamente tiene que ser con esa fecha límite de final de año, ¿no?

Necesariamente. Y tiene que ser cuanto antes porque, insisto, este es el punto de partida de los presupuestos del año 2026.

Junto a la financiación, otro de los retos que usted mencionó en su discurso inaugural fue la modernización de la oferta académica. ¿Está la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) preparada para acompañarles en ese proceso?

Durante estos últimos meses hemos contemplado una serie de anomalías, retrasos injustificados, en determinadas resoluciones que no entendíamos suficientemente justificadas, en ámbitos como la aprobación y verificación de títulos. Además, en este momento la Agencia todavía está descabezada. Parece que se va a nombrar pronto a un director, pero todavía no lo tiene. Entonces, la Agencia ha vivido un periodo ciertamente complicado. Lo que sí queremos es que en franco diálogo entre la propia agencia, los rectores y la Consejería, seamos capaces de flexibilizar, abrir y hacer que sea una agencia mucho más ágil. Porque, si no, es cierto que corremos el peligro de que muchas de estas titulaciones se topen con un determinado problema administrativo que nos impide ponerlas en marcha. Eso es muy importante para nosotros: que nuevamente, se nos escuche como destinatarios de primer orden de la agencia a la hora de ver en qué se puede mejorar. Yo siempre intento dar el discurso positivo, es decir, no se trata de criticar por criticar, sino de intentar mejorar lo que se está haciendo en la agencia por el bien del sistema de calidad de nuestra universidad de Andalucía.

¿Qué opina de que el Consejo de Universidades haya tenido que enmendar a la Junta en el caso del grado de Ingeniería Bioquímica de las universidades de Granada y Jaén?

Aquí considero que la posición de los rectores andaluces siempre ha sido coherente. En su momento, en el mes de julio, apoyamos el posicionamiento de la Universidad de Granada y Jaén porque no comprendíamos la resolución de ACCUA. Nos parecía como mínimo llamativo que a la universidad número uno en Inteligencia Artificial [la de Granada] se le niegue un título en Inteligencia Artificial y que a dos universidades tan potentes en el ámbito de las ciencias de la salud, como Granada y Jaén, conjuntamente se les negara la Ingeniería Biomédica. Y todavía más nos sorprendió que esos dos titulaciones fueran a parar a universidades privadas. Por lo tanto, nosotros dijimos claramente que estábamos en contra de esa resolución y, posteriormente, lo que ha ocurrido es que ese posicionamiento nuestro se ha venido a ratificar finalmente.

El decreto para endurecer los requisitos a las privadas exige residencias universitarias para hacer frente a una de los grandes amenazas que hay ahora mismo sobre el sistema universitario español

Precisamente, otro de los frentes que preocupan en el sistema universitario público es el avance de las privadas, ¿cómo interpreta que el PP en el Parlamento andaluz se haya posicionado en contra de la nueva normativa estatal que endurece la creación de centros universitarios privados? 

Yo tengo que decir que a mí me parece que la medida de este decreto de endurecimiento de requisitos va por el buen camino, porque en los últimos años hemos contemplado cómo una serie de proyectos de universidades privadas –que eran especialmente flojos en el ámbito de investigación, de transferencia de conocimiento, que son la esencia de la universidad, porque si no, seríamos una simple academia docente– se han venido aprobando. Incluso, lo más preocupante, muchas de ellas en contra de los criterios de las propias agencias de calidad. Por lo tanto, una de las cosas que hace este nuevo decreto es precisamente establecer que si una agencia de calidad autonómica dice que el proyecto no tiene la suficiente calidad, inmediatamente se tiene que paralizar. Porque no tiene sentido que un Parlamento, por muy soberano que sea, ignore por completo el parecer de una agencia de calidad.

Por otro lado, en el nuevo decreto se incrementan algunos requisitos de investigación, de transferencia de conocimiento, la necesidad de que se tengan residencias universitarias, por ejemplo, que es también un elemento fundamental, puesto que esta es una de las grandes amenazas que hay ahora mismo sobre el sistema universitario español. Entonces, yo no puedo juzgar lo que hacen los demás, pero sí te puedo decir que desde la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas estamos de acuerdo con endurecer ese decreto, que se ha puesto de manifiesto que se quedó ciertamente corto en el requisito de exigencia de calidad mínima, imprescindible para cualquier universidad.

Entonces, ¿que a nivel autonómico el PP impulsara una proposición no de ley instando al Gobierno central a frenar precisamente esa regulación lanza algún tipo de mensaje o de declaración de intenciones que os pueda preocupar a las universidades públicas?

Ya digo que evidentemente no estamos de acuerdo con eso. Los rectores andaluces siempre hemos sido muy claros: nos hemos opuesto a todos los proyectos que han venido en Andalucía, a los cuatro, aportando evidentemente informes jurídicos en contra. Por tanto, no estamos de acuerdo con ese posicionamiento que se ha hecho y estamos a favor de ese decreto sobre las universidades, que por cierto, establece requisitos a universidades públicas y privadas, es decir, que no es solamente aplicable a las privadas. Esto se exige a cualquier proyecto universitario.

Por primera vez estudiantes que tienen la nota para entrar en determinadas grados no lo hacen porque incluso teniendo beca no es suficiente para alojarse en ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla

¿Si continúan proliferando los centros privados en Andalucía, peligra ese valor que reivindican de las universidades públicas como ascensor social?

El ascensor social empieza ya a dar signos de agotamiento por distintas razones. Una, porque hay un dato que es indiscutible: cuando la Universidad Pablo de Olavide se funda en el año 1997, que es la penúltima de España, había 13 o 14 universidades privadas. En España, ahora hay 46 y el año que viene probablemente habrá más universidades privadas. ¿Qué implica esto? Una transmutación por completo de nuestro sistema universitario. Y esto tiene consecuencias. Han crecido tanto porque la inversión en educación superior universitaria a nivel nacional está muy por debajo de la media de la Unión Europea y de la OCDE. Eso hace que no podemos llegar a todos los sitios que nos gustaría y que se abra evidentemente un campo muy importante para las universidades privadas.

Por otro lado, un segundo elemento que nos preocupa muchísimo, desde CRUE también, que es la cuestión de la vivienda, el alojamiento de los estudiantes, que es un problema muy importante. Se está dando la paradoja de que por primera vez estudiantes que pueden incluso tener la nota para entrar en determinados grados, no lo hacen porque incluso teniendo beca no es suficiente para alojarse en ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla. Esto hace también que el ascensor social se ponga en peligro. 

Y otra de la demanda también de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) precisamente es el tema de las plazas, que muchos se ven obligados a recurrir a la privada por falta de oferta en el sistema público.

Claro, es que finalmente el problema de fondo es la financiación. Cualquier incremento de plazas implica más espacio y más profesores, y evidentemente eso implica más gasto económico también en gasto secundario, es decir, gastos de luz, personal de administración que tiene que atender. Muchas veces se nos acercan ciudadanos que nos preguntan por qué no sacamos más plazas de medicina o del Máster de Educación de Formación del Profesorado y la única razón es que no contamos con la financiación suficiente para poder hacerlo. Insisto, esto es un problema nacional de que si queremos apostar por el ascensor social y, por lo tanto, reforzar a las universidades, tenemos que reforzarlas económicamente.

Con esa radiografía, ¿está ya en peligro el ascensor social?

El ascensor social evidentemente está dando signos importantes de fatiga como consecuencia de estas dos grandes amenazas que tenemos: la vivienda y las privadas. 

De ahí también que insistan en que es un momento decisivo para que se tomen este tipo de medidas, ¿no?

Yo lo llevo diciendo hace mucho tiempo. Ya ha cambiado el sistema universitario español. Ahí están los datos: 50 públicas, 46 privadas. Miramos hace 20 años y esto no tiene nada que ver. Por lo tanto, es muy importante que en estos momentos reforcemos la financiación de todo el sistema universitario español para de esa manera preservar el ascensor social. A mí me preocupa, por ejemplo, ver que en Madrid hay más estudiantes de primero de medicina en privadas que en públicas. Esto es un ejemplo claro de cómo el ascensor social efectivamente se está fatigando porque en muchos de estos casos no hay derecho de elección. Es decir, no es que alguien elija, sino que se vea obligado a irse a lo privado, porque desgraciadamente en lo público no podemos ofertar todas las plazas necesarias.

¿Cómo se puede garantizar que la universidad pública siga siendo el verdadero “ascensor social” de Andalucía si el sistema sigue cambiando?

Para que este ascensor social vuelva a estar en marcha, necesitamos primero seguir fortaleciendo la financiación de la universidad pública y también hacer una inversión muy importante en infraestructuras con planes nacionales y autonómicos. Y también, muy especialmente en alojamiento para estudiantes.

Si a las universidades públicas andaluzas les va bien, a Andalucía también le irá bien

Otro de los motivos por los que nos adentramos en un curso decisivo es el plano normativo. ¿Qué esperan de las nuevas leyes universitarias que se van a desarrollar a lo largo de este curso en Andalucía?

Respecto a la Ley Andaluza de Universidades, hemos trabajado en su redacción con un buen tono de diálogo y consenso, pero ahora toca esperar al texto definitivo que llegue al Parlamento y, sobre todo, al que finalmente se apruebe. La norma pretende desarrollar algunos aspectos que la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) dejó más abiertos. Hay elementos positivos, pero insistimos en que los rectores debemos ser convenientemente escuchados en esta fase final. Algo parecido ocurre con la Ley Andaluza de Ciencia: contiene figuras interesantes que pueden impulsar el sistema universitario andaluz. Pero es muy importante que venga acompañada de una propuesta financiera de carácter permanente, porque finalmente la investigación es ante todo una inversión en conocimiento y, por lo tanto, tiene que venir acompañada de esa financiación suficiente y necesaria.

¿Hay algún aspecto en el que pondrán especial atención en el desarrollo de la Ley Andaluza de Universidades?

Estamos pendientes del informe del Consejo Consultivo Andaluz, ya que algunas cuestiones que jurídicamente nos parecían discutibles desde el punto de vista de la autonomía universitaria, especialmente en lo relativo a la configuración de los órganos de gobierno.

Esta semana se ha conocido que la Universidad del País Vasco va a renunciar a proyectos de investigación con entidades israelíes. ¿En qué punto se encuentran las universidades andaluzas respecto a las medidas que anunciaron el año pasado contra Israel?

En mayo de 2024, desde CRUE emitimos un comunicado recomendando suspender las relaciones académicas y de investigación con universidades israelíes mientras persista lo que Naciones Unidas y otros organismos internacionales han calificado de genocidio. Desde la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía nos sumamos a ese posicionamiento y cada institución, en el ejercicio de su autonomía, ha ido tomando decisiones. En el caso de la UPO, suspendimos los acuerdos vigentes con universidades israelíes y decidimos no renovar un convenio que había caducado. Además, impulsamos medidas positivas, como la inclusión de planes con Palestina en nuestro programa de cooperación internacional y la firma de un acuerdo con la Asociación Europea de Cooperación con Palestina, el primero de este tipo en España. Todo ello fue respaldado por unanimidad por el Claustro en julio de 2024.

Para terminar, ¿qué mensaje le gustaría lanzar en este inicio del curso?

Las diez universidades públicas de Andalucía estamos a disposición de la comunidad autónoma para poner todo nuestro talento encima de la mesa con una finalidad muy clara: seguir formando de la mejor manera posible a los andaluces. Aportar la investigación y transferencia de conocimiento necesaria para que nuestro sector productivo y la sociedad en su conjunto sea mucho más moderna, productiva y competitiva a nivel internacional y nacional. Lo digo siempre: si a las universidades públicas andaluzas les va bien, a Andalucía también le irá bien, porque crear y transmitir conocimiento y talento es lo que necesita Andalucía actualmente.

Con pancartas, banderas palestinas y proclamas en defensa de una “educación pública y de calidad” han recibido los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), en Sevilla, al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, quien se ha encargado de presidir el acto de apertura del curso académico de las universidades andaluzas.

La UPO, la benjamina del sistema universitario público andaluz, ha sido la anfitriona de una ceremonia marcada por el contraste entre la imagen de unidad y decoro institucional que proyectaba el cortejo académico en el interior del paraninfo, y el malestar que manifestaban estudiantes y miembros de CCOO en sus respectivas protestas, celebradas a las puertas del edificio donde se ha desarrollado el acto solemne de inauguración.

Mientras los jóvenes alzaban la voz en el exterior –“La pública no se vende, se defiende”–, el presidente andaluz abogaba por respetar la pluralidad y la diversidad de opiniones, frente a la “polarización” que impregna la sociedad actual. Al inicio de su discurso, el rector de la Pablo de Olavide, Francisco Oliva, reprobó la actitud del grupo de estudiantes, que intentó dificultar el paso del profesorado a la entrada del paraninfo e increpó al consejero de Universidad a la salida, motivando la intervención del personal de seguridad. “Lo que he visto ahí fuera no se corresponde con el templo de la razón y la palabra”, subrayó Oliva, aludiendo a los valores de la institución universitaria.

Un curso lleno de retos y compromisos conjuntos

La plataforma estudiantil UPOxlaPública –que nació en marzo para respaldar el pulso que libraban entonces los rectores con la Junta por los “reiterados incumplimientos” en materia de financiación– quiso aprovechar la visita del presidente andaluz para reclamar mejoras en el sistema universitario y recordar que “estudiar es un derecho, no un privilegio”, como gritaron los estudiantes minutos antes de comenzar el acto.

El rector de la UPO, y presidente de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA), también aprovechó la presencia de Moreno para lanzar sus propias reivindicaciones, pero desde un tono cordial y dialogante. Después de avanzar que “se avecina un curso repleto de retos y desafíos a nivel autonómico y nacional”, Oliva subrayó que las nuevas leyes universitarias que se esperan desarrollar durante el curso “no podrán cumplir su objetivo si no vienen acompañadas de un desarrollo presupuestario suficiente”.

En ese punto, el representante de las universidades públicas se dirigió al presidente andaluz –sentado a su lado– para remarcar que “la financiación está en el centro” de las preocupaciones de los rectores. “Contamos con un buen modelo de financiación, pero durante el curso pasado se dieron algunas discrepancias interpretativas, que quedaron resueltas en el acuerdo de Jaén firmado en abril, aún pendiente de solventar”, resumió Oliva, antes de añadir que la financiación universitaria “no se debe concebir como un gasto, sino como una inversión”, porque de ella depende que la universidad siga siendo “el ascensor social por excelencia” de la sociedad.

Anuncio de incremento presupuestario

En su intervención, Francisco Oliva también apeló a los retos que le deparan al Gobierno central con las universidades públicas y a los propios que enfrenta la UPO, como “la modernización progresiva de la oferta académica”. En ese camino, tendió la mano a las administraciones y les propuso seguir avanzando juntos en la vía del diálogo para “escribir el mañana de quienes nos van a suceder, pensando en ellos”. “Hagamos que se sientan orgullosos de lo que hicimos”, concluyó el rector de la UPO con la mirada fijada en el presidente andaluz.

Como invitado de honor, Moreno se encargó de cerrar el acto con un discurso en el que reafirmó su “compromiso con las universidades públicas” y reconoció “la lealtad institucional” y la capacidad de “diálogo” que han demostrado los rectores en los últimos años, pese a “todos los avatares que tiene la gestión pública”. Asimismo, el presidente de la Junta hizo gala de las políticas universitarias que ha desplegado su gobierno, destacando medidas como el aumento del 5 % en las ayudas a la internacionalización de los universitarios (Erasmus+), la actualización del mapa de titulaciones tras 15 años con la oferta congelada, las mejoras salariales para el personal y el que definió como “el mayor presupuesto de la historia” para las universidades públicas andaluzas.

“Estamos cumpliendo con todos los acuerdos suscritos hasta ahora y seguiremos cumpliendo”, aseguró Moreno, antes de anunciar que en 2026 las universidades públicas andaluzas dispondrán de 16 millones de euros adicionales, dentro de una partida destinada a poner en marcha acciones específicas de digitalización y sostenibilidad, que estará incluida en el presupuesto andaluz del próximo año.

Protestas contra el “abandono de la universidad pública”

En un acto en el que también estaban presentes los representantes de las universidades privadas, Moreno puso en valor el papel de la educación superior como garante del libre pensamiento y “salvaguarda de la igualdad de oportunidades”. “En esta sociedad donde caminamos hacia la bipolaridad, donde todo tiene que ser blanco o negro, afortunadamente hay matices de muchos colores, como los birretes de los doctores, y esos matices son los que muestran la diversidad, la pluralidad y la enorme riqueza que tiene una sociedad moderna como es la nuestra”, reivindicó el presidente.

Entre los birretes de colores, también relucían los colores de la bandera palestina que una de las catedráticas desplegó durante el acto en el interior del paraninfo. Fuera, los estudiantes clamaban contra la privatización del sistema educativo: “No puede haber meritocracia ni igualdad de oportunidades si hay estudiantes que se quedan sin plazas en la pública y tienen que estudiar en la privada, cuando hay quien no puede permitirse pagarlo”, denunció Sofía, portavoz de la asamblea UPOxlaPública. En nombre de sus compañeros, Sofía calificó de “inaceptable” que Moreno “venga a pasearse a nuestra universidad como si nada”.

“Queríamos darle la bienvenida con estas pancartas, pero ha entrado por la puerta de atrás”, lamentó la joven, en alusión a que el presidente evitó la entrada principal del campus, donde aguardaba el grupo de estudiantes concentrado en defensa de la universidad pública. Junto a ellos, se han manifestado también delegados sindicales de CCOO en las inmediaciones del paraninfo, con el objetivo de “visibilizar nuestro rechazo a las políticas de abandono de la universidad pública por parte del Gobierno andaluz”.

Así lo ha explicado la secretaria general de la federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, durante el acto de protesta celebrado este martes en el campus sevillano. “No podemos permitir que se siga deteriorando un sistema que garantiza el acceso a la educación superior a miles de jóvenes andaluces y andaluzas”, añadió la sindicalista, haciendo un llamamiento a la comunidad universitaria, y a la sociedad andaluza en general, a defender el modelo público de universidad, “pilar estratégico para el futuro de Andalucía y el único que garantiza la igualdad de oportunidades y el ascensor social”.

“Mientras se recortan recursos y se bloquean inversiones necesarias para las universidades públicas, el Gobierno andaluz facilita el crecimiento de universidades privadas, muchas de ellas sin la solvencia académica, ni el control de calidad exigido al sistema público, a las que se les han venido asignando titulaciones, relegando a prestigiosas universidades públicas, y anteponiendo el negocio de unos pocos al interés general de la ciudadanía”, denunció el sindicato con motivo del acto de apertura oficial.

El curso 2025-2026 arranca así marcado por un pulso entre reivindicación y diálogo, donde la comunidad universitaria reivindica con firmeza que la educación superior siga siendo un derecho de “calidad para todos”, frente al avance de las privadas y las limitaciones presupuestarias. El contraste entre protesta y decoro, entre demandas y promesas institucionales, se presenta como la primera imagen de un año académico que se prevé intenso y “trascendental” para el futuro de la universidad pública andaluza.

La Universidad Pablo de Olavide ha sufrido un “incidente generalizado” en su sistema informático que ha obligado a habilitar una oficina presencial para resolver las dudas relacionadas con las pruebas de acceso a la universidad. Las notas se publicaron este jueves, unas horas antes de que la universidad sevillana detectara el fallo informático. 

En estos momentos se mantienen suspendidos todos los servicios informáticos de la UPO como medida de prevención, mientras se realiza una inspección exhaustiva de todos los sistemas para evitar que el problema se propague, según informa a este periódico la vicerrectora de Relaciones Institucionales, Laura López de la Cruz.

Si bien el equipo rectoral quiere ser “muy prudente”, avanza que las primeras hipótesis apuntan a un “fallo técnico”, descartando, por ahora, la posibilidad de un ciberataque. Desde la institución se traslada un mensaje de tranquilidad a la comunidad universitaria, pues de momento “no se han registrado evidencias de daños irreparables” y el número de sistemas afectados “no es muy alto”.

El incidente se ha producido en pleno periodo de exámenes y en un momento clave para los estudiantes que han realizado la Selectividad. Como respuesta, la UPO ha habilitado una oficina presencial en el campus dedicada a atender al alumnado que desee solicitar una revisión de las pruebas o resolver cualquier duda al respecto.

En cuanto a la actividad académica de la universidad, los exámenes con ordenador se han aplazado, mientras que aquellos que no requieren equipos informáticos se han mantenido según lo previsto.

La vicerrectora de Relaciones Institucionales insiste en que se está trabajando “con mucha cautela”, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades, y esperan retomar la actividad informática en cuestión de horas. Mientras tanto, la UPO seguirá comunicando las novedades y avances a través de sus redes sociales oficiales.

Hacer visibles trayectorias inspiradoras –y muchas veces silenciosas– de mujeres que están transformando realidades en la provincia de Sevilla. Esa es la finalidad de los Premios Universidad, Mujer y Empresa: ROMA 2025, una iniciativa del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide, que abre este jueves su convocatoria.

Estos galardones, que ya van por su VII edición, reconocen el talento, la excelencia profesional y el compromiso de mujeres que desarrollan su actividad en la provincia o mantienen con ella una vinculación significativa. Mujeres que lideran, crean, investigan, emprenden e inspiran desde disciplinas donde históricamente han tenido menor visibilidad.

Convocados en colaboración con la Diputación de Sevilla y la Fundación Cajasol, los premios cuentan con cinco categorías que abarcan distintos ámbitos profesionales, empresariales y creativos:

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2025, y podrán presentar propuestas tanto particulares como empresas, entidades o instituciones. Las bases completas y el formulario están disponibles en la página web del Consejo Social.

Composición del jurado

El jurado encargado de fallar los Premios ROMA 2025 estará compuesto por Vicente Martín, presidente del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide; Iván Pestaña, vicepresidente del Consejo Social; José María Cantarero, secretario del Consejo Social; Mónica Domínguez, delegada del rector para la Igualdad de Género de la Universidad Pablo de Olavide; Marta Alonso, diputada del Área de Concertación de la Diputación de Sevilla; Amador Sánchez, gerente de Prodetur; Gloria Ruíz, subdirectora del departamento de Actividades de la Fundación Cajasol y Rosario Salas, gestora del mismo departamento en la citada entidad.

Completan el jurado dos miembros independientes: Rosa Siles, reconocida experta en innovación y emprendimiento social, y María Asunción Martínez, endocrinóloga y galardonada en la edición anterior de los Premios ROMA.

Con esta nueva convocatoria, el Consejo Social de la UPO reafirma su compromiso con una sociedad más igualitaria, promoviendo referentes reales y actuales de liderazgo femenino que sirvan de inspiración a las nuevas generaciones y fortalezcan la presencia de las mujeres en todos los sectores estratégicos de la sociedad.

La Universidad Pablo de Olavide ofertará el próximo curso 51 grados y dobles grados universitarios con un total de 2896 plazas de nuevo ingreso, lo que supone un aumento de 261 plazas respecto al curso actual. Diez de estos grados se impartirán en el Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad.

Entre las principales novedades de la oferta académica de la Pablo de Olavide para 2025/2026 destaca la nueva mención en Ciencia de Datos del Grado en Ingeniería Informática que, una vez obtenida resolución favorable por parte del Consejo de Universidades, potenciará con 60 nuevas plazas su oferta en el ámbito de las titulaciones STEM. Además, el Centro Universitario San Isidoro (adscrito) incorpora el nuevo Grado en Odontología (100 plazas) y renueva su oferta en comunicación con el Grado en Diseño Gráfico y Creatividad Digital (60 plazas). Estas dos titulaciones se encuentran asimismo pendientes de autorización por el Consejo de Universidades.

La Universidad Pablo de Olavide ha presentado este miércoles la campaña informativa con la que hace pública desde hoy su oferta académica de Grado para el próximo curso. Con el lema ‘El presente es la Olavide, el futuro eres tú. No te prives de la pública’, la Olavide invita a futuros y futuras universitarias a formar parte de un proyecto educativo comprometido, innovador y con proyección de futuro.

La campaña pone el foco en la experiencia universitaria dentro de un entorno único y resalta gráficamente, con una estética inspirada en el universo visual de Minecraft, el valor de su campus integrado, de sus instalaciones y sus amplias zonas verdes. Con esta propuesta, la Olavide no solo reivindica la calidad de la enseñanza pública, sino también su capacidad de construir, junto al estudiantado, un presente en el que el desarrollo académico personal conduzca a un futuro en el que afronten propósitos colectivos.

Esta amplia oferta académica de grados tiene una conexión directa con más de un millar de empresas y entidades de su entorno, que le permiten ofertar una formación práctica, rica en habilidades y competencias profesionales, y vinculada al futuro laboral de los jóvenes. En palabras de Amapola Povedano, vicerrectora de Estudiantes, «la Universidad Pablo de Olavide establece puentes entre el talento de nuestro estudiantado con el mercado laboral y el ecosistema emprendedor, pero sin olvidar la importancia de los valores democráticos, el espíritu crítico y el compromiso social».

Casi 4000 estudiantes visitarán este jueves y el próximo viernes día 28 de marzo el campus de la Universidad Pablo de Olavide en las Jornadas de Puertas Abiertas 2025. Jóvenes procedentes de 62 centros de educación secundaria y bachillerato asistirán a charlas informativas sobre los grados y dobles grados y, a través de itinerarios específicos, conocerán las instalaciones universitarias. El curso académico 2025/2026 comenzará en la Olavide el 15 de septiembre.

Nuevo Grado en Ingeniería Informática con mención en Ciencia de Datos

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad Pablo de Olavide impartirá a partir del curso 2025/2026 el nuevo Grado en Ingeniería Informática con mención en Ciencia de Datos, una vez obtenga autorización del Consejo de Universidades. Con 60 plazas de nuevo ingreso, estos estudios universitarios aportan una sólida formación en Ingeniería Informática con un enfoque centrado en Ciencia e Ingeniería de Datos. Se trata de un título especializado en los procesos y sistemas de captura, gestión y analítica de grandes cantidades de datos, incluyendo una amplia formación en aprendizaje automático (machine learning) e inteligencia artificial, con un enfoque centrado en soluciones a problemas reales. El avance de la digitalización sitúa a analistas, científicos de datos y especialistas en aprendizaje automático como uno de los perfiles profesionales más demandados a presente y futuro.

Esta mención se añade a la ya existente en Sistemas de Información que, con otras 60 plazas de nuevo ingreso, se centra en el diseño, desarrollo e implantación de sistemas informáticos de información, con especial énfasis en la gestión y la mejora de los procesos de negocio en el ámbito empresarial. Los sistemas de información se han erigido en elementos indispensables en la empresa actual para la planificación y la toma de decisiones, como demuestra la alta tasa de empleabilidad de los egresados con esta mención.

Una experiencia universitaria integral en un campus único

La Universidad Pablo de Olavide integra en un mismo espacio, certificado como Healthy Campus, la docencia y la investigación, además de las actividades sociales y deportivas. Este entorno facilita la interacción interdisciplinaria y una vida universitaria enriquecedora, que permite al estudiantado participar en actividades culturales y de voluntariado, promoviendo un estilo de vida saludable y sostenible. Además, la Universidad fomenta la internacionalización, ofreciendo oportunidades de intercambio en países de todo el mundo, además de recibir numerosos estudiantes que eligen su campus para aprender lengua y cultura españolas. Todo ello en un entorno bien comunicado y cercano a la ciudad de Sevilla, lo que enriquece aún más la experiencia estudiantil.

El campus UPO está concebido como un espacio verde y sostenible, enfocado a la salud y el bienestar de toda su comunidad, y con una especial atención a la inclusión educativa y social. El Servicio de Atención a la Discapacidad y Necesidades Específicas de Apoyo Educativo ofrece apoyo integral personalizado, adaptaciones curriculares, técnicas y metodológicas, así como asistencia específica durante toda la etapa universitaria.

Más información en http://upo.es/laolavideerestu

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha abierto el plazo de inscripción para la convocatoria 2025 de las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. El registro estará disponible desde el miércoles 19 de febrero hasta el 10 de marzo.

Requisitos para participar en las pruebas de acceso

Este sistema de acceso está dirigido a quienes:

Proceso de inscripción

La inscripción se realiza en dos pasos:

También se puede realizar la inscripción de forma presencial en la Unidad de Orientación y Acceso (Edificio 18, primera planta), en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

Fechas y estructura de las pruebas

Las pruebas se celebrarán en el campus de la UPO los días 4 y 5 de abril de 2025.

Acceso para mayores de 25 años

📌 Importante: No se permite presentarse en más de una universidad en el mismo curso académico. No hay límite de convocatorias y la superación de la prueba tiene validez indefinida.

Acceso para mayores de 45 años

El proceso consta de dos fases obligatorias:

Preinscripción en universidades públicas andaluzas

Las personas que superen la prueba podrán solicitar plaza en cualquier universidad pública de Andalucía. La Comisión del Distrito Único Universitario Andaluz establecerá los procedimientos, plazos y porcentaje de plazas reservadas para estos cupos de acceso.

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha anunciado su retirada oficial de la red social X (antes Twitter), argumentando que los recientes cambios en la plataforma han propiciado comportamientos “contrarios a los valores democráticos”, reducido los controles de veracidad y calidad de la información y potenciado la difusión de discursos de odio y 'fake news' a través de su algoritmo.

En un comunicado oficial, la UPO ha destacado que seguirá con su labor informativa en el resto de redes sociales donde ya tiene presencia institucional, garantizando una comunicación alineada con sus principios éticos.

La UPO apuesta por Bluesky y TikTok como alternativas a X

Como parte de su nueva estrategia digital, la Universidad Pablo de Olavide ha inaugurado un perfil institucional en Bluesky, una plataforma que, según la institución, ofrece un entorno más respetuoso, responsable y democrático. Además, ha anunciado su inminente llegada a TikTok, con el objetivo de ampliar sus canales de difusión y conectar con una audiencia más diversa.

La salida de X: una tendencia en las universidades españolas

La decisión de la UPO sigue la línea marcada por la Conferencia de Rectoras y Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que también ha optado por abandonar X debido a su nueva gestión, que consideran incompatible con los valores universitarios de “educación, libertad, respeto y responsabilidad social”.

En Andalucía, la Universidad de Sevilla (US) y la Universidad de Córdoba (UCO) han tomado medidas similares. La US ha dejado sus cuentas en X “inactivas indefinidamente”, alegando que los cambios en la plataforma han favorecido la difusión de información poco fiable y actitudes contrarias a los valores éticos y democráticos que defiende la institución.

Por su parte, la UPO reafirma su compromiso con la difusión del conocimiento, la diversidad de pensamiento y la promoción de un espacio comunicativo basado en el respeto, la inclusión y la responsabilidad social.

La gestión de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) se ha visto lastrada este 2024 por la falta de más de tres millones de euros que la Junta de Andalucía debería haber abonado, en virtud del modelo de financiación aprobado en septiembre del año pasado. Así lo ha explicado el rector de la UPO, Francisco Oliva, durante la presentación del informe de gestión correspondiente al año 2024, ante el claustro universitario que se ha celebrado este miércoles y en el que se ha mostrado “muy preocupado por la situación económica del sistema universitario público andaluz”.

“No podemos tener proyecto de universidad si estamos pensando en si vamos a llegar o no a fin de mes”, ha aseverado Oliva, achacando el no haber podido avanzar más en sus objetivos estratégicos a la privación de un dinero que el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno “nos debería dar por ley y no nos está dando”.

Oliva, quien es también el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), ha comenzado su intervención dibujando el “complicado” contexto económico en el que se ha trabajado este 2024 para esgrimir así que “la gestión ha sido muy difícil”. El portavoz de las universidades públicas aludía así al incumplimiento de los acuerdos firmados por parte de la Consejería de Universidad en materia de financiación, que se traduce en una deuda de 50 millones de euros con el conjunto del sistema universitario público, como han denunciado al unísono los rectores.

En el caso de la Pablo de Olavide, la más joven de Andalucía, la deuda este año se concreta en más de 3.124.000 euros consolidables, esto es, que deberían incorporarse a la envolvente financiera de la universidad de ahora en adelante, según ha explicado Francisco Oliva. Por un lado, 2.810.000 derivados de la partida de nivelación recogida en el modelo de financiación, así como 314.000 euros para cubrir el 0,5% de subida salarial relativo a 2023 contemplado en la cláusula de salvaguarda.

Esa cantidad adeudada de más de tres millones se suma a los casi dos que la UPO ya perdió en el ejercicio anterior, al no ser abonados tampoco por la administración autonómica. De ahí que Oliva haya insistido en que “para la UPO, la pérdida de casi cinco millones de euros consolidables entre 2023 y 2024 hace que la gestión sea muy difícil”. Tanto que imposibilita “planificar a medio y largo plazo y ejecutar proyectos importantes”, como ha lamentado el rector ante el claustro universitario.

Negociando el futuro de la universidad pública

El presidente de las universidades públicas andaluzas ha dicho que se está “dejando la piel” por conseguir la financiación “que nos deben obligatoriamente por ley”.

Tras la comparecencia pública de la semana pasada en la que los nueve rectores escenificaron unión y firmeza en sus reivindicaciones, la Junta anunció que inyectaría 21 millones de euros al conjunto del sistema universitario público antes de final de año. De ese montante, a la UPO le corresponderían 2.332.000 euros “para proyectos estratégicos que por su naturaleza no son consolidables”, como ha apuntado el rector de la Olavide, aduciendo que “no podemos utilizarlos para complementos salariales ni ningún concepto estructural”, que es lo que se demanda.

“Lo que necesitamos son los 2.800.000 euros de la partida de nivelación”, ha reivindicado Oliva este miércoles desde el Paraninfo de su universidad, poniendo el foco en consolidar esa cantidad en los presupuestos del año que viene. A la espera de recibir noticias mientras continúan las negociaciones, Oliva ha detallado el informe de gestión correspondiente al año 2024. “Hemos sobrevivido no ejecutando determinados proyectos en infraestructuras, reteniendo proyectos continuamente y yendo a lo urgente”, ha resumido el rector.

Mirada puesta en 2025

A pesar de las dificultades financieras que han marcado 2024, el rector de la Universidad Pablo de Olavide ha celebrado haber alcanzado un “elevado” grado de ejecución de su programa anual, alcanzando casi el 90% de sus objetivos estratégicos. De las 207 actuaciones que tenían previsto acometer este año, han logrado ejecutar y poner en marcha 185 (más del 89%), destacando el fortalecimiento de la plantilla del personal docente e investigador y la mejora de sus condiciones laborales.

No obstante, el rector ha reiterado su preocupación por el futuro de la UPO, cuyo déficit consolidable de más de tres millones de euros sigue sin resolverse, agravando la falta de previsión a largo plazo. “Es un boquete en nuestras arcas públicas, y en dos años hemos perdido cinco millones de euros que no nos va a devolver nadie”, ha reiterado Oliva, quien aseguró estar “dejándose la piel y la salud” para exigir a la Junta de Andalucía el cumplimiento de los acuerdos firmados por el propio consejero

De cara a 2025, Oliva ha insistido en que la situación económica será aún más delicada si no se consolidan los recursos que la universidad necesita para garantizar su estabilidad. El rector de la UPO ha avanzado que afrontan el próximo año también “condicionados por la infrafinanciación”. En cómputo global, ha señalado, “faltan 87 millones de euros” para el conjunto del sistema universitario público andaluz, destinados para sufragar “complementos autonómicos o carrera horizontal”, entre otras obligaciones básicas.

En su caso, la Pablo de Olavide comenzará 2025 con un déficit de 4,7 millones de euros. “Eso complica mucho las cosas”, ha advertido Francisco Oliva, quien volviendo a remarcar la necesidad de consolidar recursos en los presupuestos del próximo ejercicio para garantizar la solvencia de la universidad pública en la comunidad andaluza.

El Aula Abierta de Mayores de Alcalá de Guadaíra ha dado inicio al curso 2024/2025 con la participación de 171 estudiantes mayores de 50 años. Este programa, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad Pablo de Olavide (UPO), ha cumplido dos décadas en la ciudad, consolidándose como un espacio de aprendizaje y desarrollo personal para los mayores.

El acto de apertura ha contado con la alcaldesa Ana Isabel Jiménez, quien ha destacado la responsabilidad del consistorio en “ofrecer oportunidades de conocimiento para todas las generaciones”. Además, ha agradecido el compromiso de la UPO por apoyar proyectos educativos de largo recorrido en Alcalá, que “fortalecen el vínculo entre la ciudad y la universidad”, en sus palabras.

Este curso, los estudiantes pueden asistir a clases en materias como literatura, historia, biología, derecho y psicología, organizadas en el IES Doña Leonor de Guzmán los martes y jueves de noviembre a mayo. La formación incluye cursos desde primero a cuarto nivel, así como cursos de Continuidad para quienes deseen profundizar en su aprendizaje.

Actividades complementarias para una educación integral

Además de las clases, el programa ha incluido actividades culturales y de convivencia, tales como visitas a museos, rutas históricas y talleres, orientadas a fomentar la socialización y el bienestar de los mayores. Estas actividades, han explicado los responsables del programa, contribuyen a “promover una vida activa y significativa”, mejorando así la calidad de vida de los participantes.

Alcalá, líder en formación para adultos mayores

Con 171 inscritos, Alcalá de Guadaíra sigue siendo la ciudad con mayor participación en este programa de la UPO. La alcaldesa ha valorado positivamente este dato, afirmando que “es una satisfacción ver el entusiasmo de nuestros mayores por aprender”. Desde su inicio, el Aula Abierta de Mayores ha formado a cerca de 800 personas, consolidándose para el Consistorio como un referente educativo y social en la comunidad.

Tras 12 años al frente de la Spain Film Commission, Carlos Rosado se despide de la presidencia con la satisfacción de haber creado, junto a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, la Cátedra de Industria de los Rodajes. Un proyecto de colaboración entre las dos entidades que pretende avanzar “hacia la formación educativa del sector audiovisual”, según lo ha manifestado el propio Rosado ante los micrófonos de Radio Sevilla. 

“La primera film commission de España se crea en Andalucía, por ello creíamos que desde aquí tenía que nacer este proyecto; un concepto como es la industria de los rodajes en su momento actual de auge necesita de un cuerpo formativo como es la UPO”, defendió Rosado durante la presentación de la cátedra que tuvo lugar hace unos días.

Las diversas áreas de trabajo que abordará laCátedra de Industria de los Rodajes incluye “mejorar y sistematizar” la formación del sector audiovisual a través de programas formativos de Spain Film Commission; colaborar con la organización para “medir el impacto económico de los rodajes”, tanto a nivel nacional como internacional; desarrollar investigaciones sobre incentivos fiscales y la simplificación administrativa en la industria; investigar el efecto del turismo cinematográfico a través de la promoción; realizar actividades de divulgación y sensibilización sobre la industria de los rodajes; y fomentar la cooperación con Iberoamérica a través de instituciones internacionales.

El recién elegido presidente de Spain Film Commission Juan Manuel Guimeráns participó en el evento de forma telemática remarcando la importancia del proyecto dentro de la estrategia de la organización de garantizar el crecimiento profesional del tejido empresarial del sector. Spain Film Commission, junto con la Universidad Pablo de Olavide, ha constituido el evento como punto de referencia entre el ámbito académico y la industria de los rodajes.

Los rectores de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, y la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Francisco Oliva, han mantenido este miércoles un encuentro con el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, en el que han repasado las distintas áreas de cooperación y trabajo conjunto que despliegan las tres entidades. En dicha reunión se ha abordado la partida de 1,2 millones de euros que la corporación municipal prevé en becas para alojamiento de estudiantes universitarios de municipios alejados de la capital.

Estas ayudas serán de 4.000 euros por estudiante. La cuantía económica máxima es de 300 para jóvenes que vivan a más de 50 kilómetros de distancia de la capital.

“Desde el inicio, ha quedado patente la intención de todas las partes de continuar con el trabajo en equipo, estrechando aun más las relaciones institucionales que ya vinculan a las universidades con la corporación provincial”, ha destacado la US en una nota de prensa. En el encuentro, se ha apostado por fomentar la colaboración de la Diputación con la US en el proyecto ARUS, en el que estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y otros centros de la Universidad de Sevilla diseñan un coche de Fórmula 1 que compite en campeonatos de Fórmula Student de toda Europa.

Asimismo, en la cita se han sentado las bases de colaboración para recuperar el Palacio de los Guzmanes, en la localidad sevillana de Castilleja de Guzmán, como centro orientado por completo a la actividad universitaria e institucional, “desde un prisma esencialmente público”. También se han puesto en valor los convenios que mantiene la entidad provincial actualmente con ambas universidades, mediante los cuales la Diputación subvenciona con 80.000 euros a la US y con idéntica cantidad a la UPO para desarrollar distintas actividades.

Que no se pierda el talento

Entre ellas, la Universidad de Sevilla organiza seminarios para el desarrollo de capacidades en inserción laboral en el entorno rural; el Programa Wanted, de emprendimiento, el salón de estudiantes o el Congreso Europeo de Matemáticas. Las dos instituciones también colaboran en la puesta en marcha de los premios de Compromiso Empresarial con los Estudiantes en Prácticas Académicas Externas y el premio Diferénciate, a la innovación estudiantil en la búsqueda de empleo. En el caso de la UPO, las aportaciones de la Diputación sufragan en parte los cursos de Verano de la Olavide en Carmona y los Premios Roma de Universidad, Mujer y Empresa.

Por su parte, el presidente de la Diputación ha puesto el acento en la “firme apuesta” que hace la entidad “para que no se pierda ni uno solo de los talentos que atesoran los jóvenes sevillanos que residen en municipios más alejados de la capital”. En esa línea, Fernández ha reafirmado que “en los presupuestos de 2025 hemos consignado una partida de 1,2 millones para becar con 4.000 euros a 300 estudiantes de municipios que estén a más de 50 kilómetros de distancia de la capital”.

Los pasillos de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla suelen llenarse de estudiantes durante el curso académico, pero en los laboratorios, el ritmo de trabajo no decae nunca. Allí, Gloria Brea Calvo, investigadora y profesora en el área de Biología Celular, se dedica a uno de los desafíos menos estudiados de la medicina moderna: el estudio del síndrome de deficiencia de coenzima Q, una enfermedad rara que afecta a menos de mil personas en todo el mundo. En concreto, solo 600 han sido diagnosticadas.

Brea, cuya carrera comenzó con un interés profundo por los procesos celulares básicos, se ha especializado en una patología que implica una gran variabilidad en los síntomas y una dificultad considerable en el diagnóstico. La coenzima Q, una molécula clave en la producción de energía en las células, se encuentra en el centro de su investigación. “Nosotros somos capaces de fabricar nuestro propia coenzima Q, pero no se sabía en aquel momento exactamente cómo ocurría esto”, recuerda Gloria, explicando el origen de su interés en este campo. Su trabajo se centra en entender cómo la deficiencia de esta molécula puede llevar a fallos en diferentes órganos, desde el sistema nervioso hasta el corazón, derivando en un amplio espectro de pacientes.

El desafío de la financiación

Uno de los mayores obstáculos a los se enfrentan los investigadores de enfermedades raras es la financiación. En un sistema donde las inversiones se destinan predominantemente a enfermedades más comunes y rentables, los fondos para investigar enfermedades raras son escasos. Gloria subraya la importancia de la financiación pública: “Pienso que desde el ámbito público merece la pena estudiar todo porque el conocimiento hace avanzar a la sociedad”.

El impacto del trabajo de Gloria no se mide solo en publicaciones científicas, sino también en las vidas de las familias que han encontrado en su investigación una luz de esperanza. Gloria relata con emoción cómo una familia danesa, después de perder a su hija a causa del síndrome de deficiencia de coenzima Q, pudo tener hijos sanos gracias a la selección genética. Un logro que es un testimonio del poder transformador de la ciencia cuando se dedica a comprender y combatir enfermedades raras.

“Es una de las cosas más reconfortantes que tiene este tipo de investigación porque las familias y los pacientes están superagradecidos”, explica Gloria. “Muestran un agradecimiento absoluto porque es verdad que nosotros todavía no estamos en el punto de poder curar la enfermedad. Es tan grave que, bueno, no podemos curarla de momento. Pero para ellos, solamente ponerle nombre, saber exactamente qué les pasa e incluso si somos capaces de decir en qué gen tienen el problema, es oro porque pueden ponerle el nombre”, añade.

El problema de un diagnóstico tardío

La importancia de esta investigación radica en la dificultad que enfrentan los médicos para diagnosticar enfermedades raras, especialmente aquellas que, como el síndrome de deficiencia de coenzima Q, presentan síntomas tan diversos. La historia de Nerea González, una paciente afectada por esta condición, ilustra los retos de un diagnóstico tardío. Nerea comenzó a experimentar problemas de salud a los 14 años, pero hasta 15 años después no recibió un diagnóstico preciso. Durante ese tiempo, consultó con numerosos especialistas, tanto en la sanidad pública como privada, sin obtener respuestas. “Viví con muchísima angustia e incertidumbre”, relata Nerea, subrayando las dificultades que enfrentan los pacientes con enfermedades raras, quienes a menudo se ven atrapados en un sistema de salud que no está completamente preparado para identificar estas patologías.

Cristina San Martín, madre de un niño afectado por el síndrome de deficiencia de coenzima Q, aporta una perspectiva conmovedora sobre los desafíos que enfrentan las familias en la búsqueda de un diagnóstico. “Nos derivaron desde el hospital de Burgos al hospital Niño Jesús en Madrid por la ineficacia en el control de la epilepsia de mi hijo. Allí, finalmente, nos canalizaron a la unidad de metabólicas, donde descubrieron la afectación mitocondrial en la cadena respiratoria II, asociada al déficit de coenzima Q”, relata Cristina. A pesar de la dificultad inicial para obtener una derivación, Cristina destaca la mejora significativa en la salud de su hijo tras iniciar el tratamiento con ubidecarenona [la coenzima Q10]. No obstante, lamenta la falta de acceso a especialistas en áreas rurales, lo que “agrava la desigualdad en el acceso a diagnósticos y tratamientos para enfermedades raras”.

La necesidad de inversión pública

Nerea González destaca la importancia de la investigación en este campo, señalando que, aunque actualmente no existe un tratamiento curativo para su enfermedad, los suplementos de coenzima Q10, que debe tomar en dosis elevadas, ayudan a mejorar su función celular. Sin embargo, señala que el acceso a este tratamiento es costoso y no está completamente cubierto por el sistema público, lo que representa un obstáculo adicional para los pacientes. Nerea subraya la necesidad de una mayor inversión pública en investigación, argumentando que con más recursos se podrían salvar muchas vidas y mejorar la calidad de vida de quienes padecen estas enfermedades.

Cristina San Martín coincide con Nerea, subrayando la importancia de la financiación pública. “Sin duda alguna, la financiación es la base y lo que posibilita la investigación en cualquier área. El hecho de que esta financiación sea pública garantiza una calidad y una estabilidad en la consecución de las investigaciones”, afirma Cristina.

Investigación con modelos animales

El trabajo de Gloria Brea y su equipo se ha visto impulsado por los avances en la tecnología de secuenciación genética, que han permitido diagnósticos más precisos y tempranos. Esto es crucial en enfermedades raras, donde el diagnóstico puede marcar la diferencia en la intervención médica a tiempo.

En la actualidad, Gloria y su equipo están desarrollando modelos animales utilizando peces cebra con mutaciones específicas para estudiar mejor la enfermedad y buscar posibles tratamientos. Estos modelos son fundamentales para avanzar en el conocimiento de la enfermedad, dado que la escasez de pacientes hace difícil desarrollar estudios epidemiológicos humanos.

De momento, Brea continua con su labor investigadora, hasta que los fondos o la financiación se lo permitan.

A Francisco Oliva Blázquez (Málaga, 1972), presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), siempre se le va a encontrar “en la defensa férrea e inquebrantable de la universidad pública”. Lo afirma rotundo desde su despacho en el Rectorado de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Sevilla, después de haber sido reelegido rector para los próximos seis años. Este catedrático de Derecho Civil está convencido de que defender el sistema público es “hoy más necesario que nunca”, a la luz del “camino hacia la privatización” que dice haber emprendido el Gobierno de Moreno, que ha impulsado cuatro universidades privadas en menos de un año.

El máximo responsable de la universidad más joven de Andalucía atiende a la edición andaluza de elDiario.es en plena guerra abierta entre la Junta de Andalucía y los rectores de la pública, a los que representa. “En dos años hemos pasado de una universidad privada en Andalucía a seis”, alerta este defensor de la universidad pública como “la única que garantiza la igualdad de oportunidades”.

“El problema –continúa Oliva– es que las privadas en Andalucía no tienen la calidad legalmente necesaria, no tienen el nivel de investigación necesario” y no se enmarcan en una “estrategia global del sistema universitario andaluz”. “Eso es lo que nos preocupa”, remarca el presidente de AUPA, recogiendo en su voz el malestar y la preocupación de los diez rectores de las universidades públicas andaluzas.

Como la actualidad manda, tengo que empezar preguntándole por uno de los temas que ha marcado la agenda mediática las últimas semanas. ¿Cómo resumiría lo qué ha pasado con la Escuela de Enfermería de San Juan de Dios en Sevilla?

Nosotros estamos en contra de que la Universidad de Comillas, que es una universidad privada con sede en Madrid, adscriba a ese centro que estaba adscrito a la Universidad de Sevilla y que empiece a impartir una titulación en enfermería, incluso ha anunciado que el año que viene también lo haría concretamente en Fisioterapia. ¿Por qué estamos en contra? Y esto es lo importante. Nosotros lo hemos calificado como una vía exprés de acceso de universidades privadas en Andalucía. Normalmente, cuando una universidad privada quiere entrar en Andalucía tiene que presentar un proyecto. Un proyecto que tiene que estudiar la propia Junta de Andalucía, el Consejo de Universidades, la Agencia de Calidad, el Parlamento, la Comisión, el plenario, etcétera. Es decir, tiene numerosos controles, no solamente de legalidad, sino especialmente de calidad. Y en este caso, todo eso desaparece. Basta simplemente con hacer un convenio de adscripción ahora con este centro adscrito y de esa manera esa universidad ya accede a nuestra comunidad autónoma, sin ningún tipo de control de calidad, sin someterse a nuestra legislación interna y por eso hemos dicho que es una vía exprés tremendamente preocupante. Es decir, es una forma de desembarcar en Andalucía sin necesidad de cumplir con todos los requisitos y condicionantes legales y normativos que actualmente se exigen.

¿Creen que la Junta está restando importancia a lo público de esta manera?

El camino de la privatización es evidente. En dos años hemos pasado de una universidad privada en Andalucía a cuatro, dos recientemente aprobadas en el Parlamento, y otras dos ya aprobadas que empiezan a trabajar este año. Y le uniríamos la de Comillas, es decir, de una a seis en dos años. Eso creo que es un dato completamente objetivo y no es susceptible de discusión ninguna. Por lo tanto, que se está produciendo una situación en que se está favoreciendo claramente lo privado para nosotros es indiscutible.

Tras el último CAU (Consejo Andaluz de Universidades), ustedes fueron muy beligerantes con la Junta de Andalucía... y la Consejería de Universidad lo fue también con los rectores, acusándoles de hacer "política partidista". ¿En qué punto se encuentra esa relación?

Como presidente de AUPA, creo que tenemos que hacer todo lo posible por reducir la tensión que venimos sufriendo. Para nosotros, el tema de las universidades privadas es una línea roja. La Junta de Andalucía lo sabe, y por lo tanto tenemos que aprender a convivir en la discrepancia. Eso es algo fundamental y que tenemos que resolver. Tenemos muchos proyectos por delante: implantar bien el nuevo modelo de financiación, los contratos programa, proyectos estratégicos, tenemos que sacar una nueva ley de universidades, una nueva ley de ciencia... Por lo tanto, tenemos que trabajar conjuntamente en lo que nos une. Evidentemente hay un elemento de discrepancia con las universidades privadas. Y ahí, esto es importante aclararlo, a nosotros siempre nos encontrarán en la defensa férrea e inquebrantable de la universidad pública.

Las universidades públicas somos las únicas que garantizamos la igualdad de oportunidades

¿Ha cambiado su relación con el consejero de Universidad, Gómez Villamandos, desde que dejó de ser rector de la Universidad de Córdoba para sumarse al Gobierno de Moreno?

No ha cambiado. Es una persona que es cercana y con la que intentamos resolver los problemas de las universidades. Yo comprendo que él está ahora mismo en otro sitio, que es un consejo de Gobierno. Y responde evidentemente a unas líneas de gobierno y a un determinado programa de gobierno que él tiene que cumplir. Pero nuestra relación tiene que seguir siendo lo que es: una buena relación profesional en la cual nosotros, y especialmente yo como presidente de AUPA, le transmito los problemas y siempre intentamos resolverlos conjuntamente. Insisto, aunque haya veces en los que los problemas pueden resultar irresolubles simplemente porque los puntos de vista son tan opuestos que es muy difícil llegar a un acuerdo.

¿Está de acuerdo con eso que dijo el consejero de que "cualquiera puede llevar a su hijo a una universidad privada"?

Absolutamente no.

¿Y le ha sorprendido que el exrector de la Universidad de Córdoba haya tomado ese posicionamiento respecto a las universidades privadas ahora que es consejero? 

Evidentemente, me ha llamado mucho la atención porque todos sabemos que en Andalucía esa no es la realidad ni muchísimo menos. Y personalmente creo que se ha equivocado con esa afirmación.

¿Está actuando con transparencia la Junta a la hora de tramitar y aprobar las universidades privadas?

Lo que dices es muy interesante y me gustaría aclarar que nosotros no estamos en contra de la libertad de la iniciativa económica privada. Eso tiene que quedar muy claro. Ahora bien, la educación superior universitaria tiene que cumplir unos requisitos de calidad porque nosotros estamos formando a las generaciones futuras y por lo tanto tenemos que darle la mejor formación posible. Por eso pedimos, en primer lugar, calidad y que se cumplan todos los requisitos que exige el actual decreto que regula concretamente el reconocimiento de universidades. Eso bajo nuestro punto de vista no se está cumpliendo.

En segundo lugar, pedimos que haya unos niveles de investigación y transferencia de conocimiento mínimos para estas universidades, que tampoco se están cumpliendo. Y finalmente lo que estamos pidiendo, y creo que es muy razonable, es una estrategia universitaria global. Es decir, ¿qué queremos para Andalucía? ¿Qué distribución de universidades queremos? ¿Qué distribución de títulos, de másteres y de grado? Lo que no se puede hacer, porque sería un gran error, es que cualquiera que pretenda tener legítimamente una universidad privada en Andalucía se le permita hacerlo sin preguntarle concretamente cómo va a encajar en la actual oferta de Andalucía, en nuestros estudiantes, en lo que tenemos, y qué va a aportar al sistema andaluz y a cada una de las provincias en las que pretendan integrarse.

¿Y todo eso la Junta no se lo está exigiendo a las nuevas universidades privadas?

Aquí tenemos una posición diferente. Nosotros defendemos que hay que aplicar el último decreto de reconocimiento de universidades, que es del año 2021, sin embargo, la Junta está aplicando uno del 2015, que es mucho más laxo en los requisitos que exige. Es complicado explicar el porqué lo hacen jurídicamente, pero yo solamente puedo decir que nosotros en cada uno de los expedientes de estas universidades hemos explicado claramente, desde un punto de vista jurídico, por qué se tiene que aplicar el decreto del 2021. Y estamos convencidos porque lo dice hasta el propio Consejo de Estado.

Entonces, ¿considera que el Gobierno andaluz está primando así que desembarquen otras universidades privadas en la comunidad?

Esa pregunta es difícil de contestar. Yo lo que sí digo, insisto, es que se ha iniciado una vía de privatización del sistema de educación superior en Andalucía. Es evidente. Esos son los datos. Hemos pasado de una a seis.

El problema es que las universidades privadas no tienen la calidad legalmente necesaria, no tienen el nivel de investigación necesario y no tienen una estrategia

Y los rectores de las públicas, ¿están todos unidos en la defensa del sistema universitario público?

Hoy más que nunca, porque somos conscientes de lo que somos las universidades públicas. Las universidades públicas tenemos dos grandes características. En primer lugar, seguimos siendo los únicos que garantizamos la igualdad de oportunidades, la consideración ante todo de los méritos personales porque somos el ascensor social que permite precisamente a personas que han tenido una relación diferente, no universitaria, acceder a la universidad con independencia de cuáles sean concretamente sus capacidades económicas. Y, por otro lado, la enorme calidad y preparación de nuestro profesorado en contraste con el de las privadas. También hay que decirlo claramente. Por lo tanto, puesto que nosotros lo que estamos garantizando en Andalucía es el acceso universal al sistema universitario, ahí vamos a ser completamente firmes, rigurosos y férreos en la defensa de la universidad pública.

¿Son compatibles ambas modalidades? ¿Podrían convivir públicas y privadas?

Por supuesto que sí. Pero como he dicho antes, con una estrategia, con un sistema de calidad, con un sistema de control, que insisto, actualmente no se están cumpliendo. Es decir, el problema no es la iniciativa privada, que es algo que forma parte de nuestro sistema económico constitucional. El problema es que estas universidades no tienen la calidad legalmente necesaria, no tienen el nivel de investigación necesario y no tenemos una estrategia, y eso es lo que nos preocupa.

¿Cuál es la principal asignatura pendiente que arrastra la universidad pública en Andalucía?

Yo diría que hay dos cosas importantes. En primer lugar, la financiación. Hace un año alcanzamos un modelo de financiación que adoptamos por consenso porque tiene matices importantes. Por ejemplo, una cláusula de salvaguarda que nos permite todos los años tener la misma financiación que el año anterior más las subidas salariales, una financiación por objetivos vinculada a contratos programa, una partida de nivelación... En definitiva, es un modelo adecuado, pero este marco teórico de reparto tiene que ir acompañado de la suficiente financiación, es decir, de una envolvente financiera suficiente. Y este año no lo ha sido. De hecho, en la reunión del Consejo Andaluz de Universidades del 22 de mayo en Córdoba dijimos que faltaban 25 millones de euros aproximadamente en el sistema para cerrar este año el modelo de financiación. Yo espero, y estoy convencido de que el consejero de Universidad cumplirá definitivamente con el modelo de financiación, y esa cantidad que a día de hoy nos falta la recibiremos antes de que termine el año.

Y la otra cuestión que es muy importante son los niveles de temporalidad elevados que tiene el profesorado en el sistema universitario español. En ese sentido tenemos que adaptarnos a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que establece un 8% de temporalidad. De modo que tenemos que hacer un esfuerzo nuevamente económico, porque para conseguir reducir la temporalidad hay que aumentar mucho los contratos con carácter permanente, la funcionarización y todo eso es a base de dinero. Por lo tanto, aprovecho también la ocasión para exigir a todas las administraciones públicas, también a la administración del Estado, que es la promotora de la LOSU, los fondos necesarios para acabar con esa precariedad, con esa temporalidad excesiva.

Mi reto en el segundo mandato es reducir muchísimo la temporalidad del profesorado

Centrándonos ahora en su papel como rector de la UPO, ha cerrado su primer mandato con el 90% de los objetivos cumplidos y aun así durante el balance dijo no sentirse satisfecho. ¿Con qué porcentaje se dará por satisfecho en su segundo mandato que acaba de comenzar?

Buena pregunta [risas]. El 100%. Hay que ir a por el sobresaliente o la matrícula de honor siempre, estamos en la universidad y esa es la nota a la que tenemos que aspirar.

Ha dicho también que se enfrentaba a esta segunda etapa con un plan ambicioso. ¿Cuál es el principal objetivo que aspira a alcanzar en los próximos seis años?

Sin ningún tipo de duda, la plantilla. En el anterior mandato nosotros empezamos con un 34% de funcionarios, es decir, catedráticos, catedráticas y profesorado titular, y hemos terminado con más del 50%. Ya por primera vez en la historia, la Universidad Pablo de Olavide cumple con la ley que exige la mayoría. Nunca se había cumplido y lo hemos hecho gracias a un enorme esfuerzo. Mi reto en el segundo mandato es reducir muchísimo la temporalidad, como te he dicho antes, y en ese sentido tenemos un plan de incorporación de profesorado ayudante doctor, que estoy seguro que nos va a permitir reducir muchísimo esas tasas.

Por otro lado, tenemos que fortalecer la plantilla del personal de administración y servicios. Es la más baja de Andalucía y por lo tanto tenemos que reforzarla y ese es mi compromiso. Y, finalmente, por mencionar un par de cosas importantes de nuestro compromiso en este mandato, la oferta académica tenemos que renovarla y tenemos que implementar nuevas titulaciones de grado STEM (de ciencias y tecnología) porque es muy importante para el futuro de la formación de los andaluces y las andaluzas. Por otro lado, yo estoy convencido de que éste tiene que ser el mandato en que pongamos en marcha determinadas infraestructuras cuya tramitación hemos iniciado en el primer mandato, pero que no ha dado tiempo a terminarlas. Para eso está este segundo mandato.

¿Puede avanzarnos algunas de esas nuevas titulaciones?

Sí, por ejemplo vamos a empezar con el Grado en Ingeniería Informática con mención en Ciencias de Datos. Tenemos también otro sobre ciencias y herramientas para la computación, otro de robótica y uno centrado en análisis de datos para la empresa, así como un máster en computación cuántica. Como ves, son una serie de grados y de másteres que van en la línea del fortalecimiento de esa apuesta por la biotecnología de la UPO, que es muy, muy apreciada y que tiene una gran calidad a nivel nacional. O por ejemplo, nuestro Grado en Nutrición Humana y Dietética. Tenemos el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo y queremos seguir fortaleciendo tanto el ámbito de las ciencias como especialmente también la ingeniería con estas titulaciones. Pero no solamente esa, sino que también vamos a modernizar titulaciones que ya tenemos dentro de nuestro ámbito. Desde Finanzas y Contabilidad, Criminología y otras muchas que tenemos ahí, que estamos empezando y que queremos seguir mejorando. Y, por supuesto, la oferta de grados duales, que son grados en los que los estudiantes se van un año entero a trabajar a una empresa. No es que vayan en prácticas, sino con un sueldo, con un contrato laboral. Eso lo vamos a poner en marcha en cuatro grados, concretamente en Finanzas y Contabilidad, Administración de Empresas, Ciencias Ambientales e Ingeniería Informática para el curso 2025/2026.

El rector de la Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, Francisco Oliva, ha aplaudido el decreto que prepara el Gobierno de España para “endurecer los requisitos” para constituir una universidad privada, una cuestión “básica”, ha dicho, “para parar el desembarco desmedido de universidades privadas de muy discutible calidad, incluso empleando para ello injustificadas vías indirectas”.

Así lo ha señalado este viernes con motivo de su discurso de toma de posesión como rector de la UPO --segundo mandato--, un acto en el que ha estado arropado por los rectores de Sevilla, Miguel Ángel Castro; de Córdoba, Manuel Torralbo; y de Jaén, Nicolás Ruiz. Sin mencionar a la Junta de Andalucía, Oliva sí ha aludido con sus declaraciones a la última polémica con el equipo de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación que dirige José Carlos Gómez Villamandos en relación con la propuesta de adscripción del Grado de Enfermería a la Universidad privada de Comillas, con sede en Madrid.

Esta vía “exprés de privatización” del sistema universitario público andaluz ha sido rechazada por los rectores esta semana en el seno del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), donde la Junta ha defendido la medida para evitar así la pérdida de la oferta académica (75 plazas) y de medio centenar de puestos de trabajo una vez que la Universidad de Sevilla (US) desadscribió este centro. Este pasado jueves, la US trasladó a la Junta su propuesta de mantener la adscripción bajo los parámetros del mismo convenio remitido a la Orden de San Juan de Dios en marzo de 2023 y que ésta rechazó entonces.

“Tengo que decir que en ese defensa férrea de la universidad pública de calidad es donde siempre nos va a encontrar la Consejería de Universidad, porque el derecho a la educación de todos los andaluces sin distinción debe prevalecer sobre cualquier interés, sea el que sea. Es uno de los cimientos sobre los que se erige el Estado social y democrático de derecho”, ha argumentado Oliva, que ha sido respaldado en este punto por un aplauso de la comunidad universitaria presente en el Paraninfo, con ausencia del consejero, José Carlos Gómez Villamandos, como ha denunciado en la red social X el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas.

El rector de la UPO ha asegurado que se “avecinan años complejos, turbulentos y plagados de retos” por el “aluvión de nuevas normas” en el ámbito universitario. Una “inflación normativa” y un “creciente marco legislativo” que se está desarrollando de “una forma acelerada, sin pausa y quizás con escasa reflexión, por lo que, a veces, la claridad y la coherencia que se debe exigir a las normas brilla por su ausencia, lo que acaba afectando a la seguridad jurídica” y provocando “graves problemas de gestión y administración” de las universidades. “Basta con ver lo que nos ha ocurrido con el decreto --del Gobierno de Pedro Sánchez-- por el que se regula la cotización de los estudiantes de prácticas”, ha puntualizado Oliva.

En el ámbito autonómico, el rector y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) ha hecho mención al decreto que regula el nuevo modelo de financiación del que “tanto esperamos”, ha reconocido. “Su plena operatividad --ha continuado--, a través de una envolvente financiera que tiene que ser digna y suficiente, nos permitirá gestionar con garantías y solvencia”. En este punto, ha señalado que “esperemos que en el próximo trimestre se haga realidad la transferencia de 25 millones que aún quedan pendientes de abonar para cumplir con el modelo de financiación de este año”.

En clave 'doméstica', Francisco Oliva ha prometido a la comunidad universitaria que “sé perfectamente cuál es el puerto hacia el que queremos navegar y qué escala tenemos que hacer para alcanzarlo”. En primer lugar, se ha referido a la plantilla y a la necesidad de “dar oportunidades para promocionar al Personal Docente e Investigador --PDI-- temporal”. “Para ello, llevaremos a cabo un proceso complejo de incorporación de 81 plazas de profesores ayudantes doctores en el marco del reciente acuerdo” con el Gobierno de España. “Estamos ante una oportunidad de oro para que el profesorado puede acceder a un puesto de trabajo estable y adecuadamente remunerado, reduciendo de esta forma la temporalidad elevada de la plantilla”, ha manifestado.

Sobre la oferta académica, ha recordado que están pendientes de autorización cuatro grados duales en disciplinas de “alta empleabilidad”, la implantación “progresiva” de nuevos grados ya aprobados y la actualización de la oferta de másteres oficiales, así como la apuesta por el programa de microcredenciales y por los dobles grados y másteres internacionales conjuntos.

En materia de investigación, ha anunciado una nueva plataforma de contratación y un gestor de convocatorias con el que espera “reducir la carga burocrática”. En relación con la Ley de Ciencia en la que trabaja la Consejería de Universidad ha asegurado que se trata de “una oportunidad histórica para fortalecer los medios y estructuras científicas”, punto en el que ha remarcado que “el 90% de la investigación que se hace en Andalucía la firman las universidades públicas”.

El grupo de estudiantes que protagonizaba un encierro junto al despacho del rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Francisco Oliva, en demanda de una absoluta ruptura de relaciones con Israel por la prolongada ofensiva militar de las tropas de dicho país en la franja de Gaza, con miles y miles de fallecidos en respuesta al ataque inicial del grupo terrorista Hamas sobre población hebrea, ha levantado finalmente la movilización al considerar alcanzados sus objetivos.

Uno de los portavoces del colectivo ha informado de que el grupo de estudiantes protagonistas de esta movilización, “entre 15 y 20 personas”, ha resuelto levantar el encierro la mañana de este jueves tras acordar una nueva mesa de negociación con el Consejo de Dirección.

Ya el pasado martes, el Consejo de Dirección de la UPO, siguiendo las recomendaciones adoptadas por la Junta Rectora de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) el 9 de mayo de 2024, ratificadas en el mismo día por la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), acordó “no formalizar los convenios de movilidad entrante y saliente de estudiantes, personal docente e investigador y personal técnico, de gestión, administración y servicios con las universidades israelíes Levinsky College of Education y Hebrew University of Jerusalem, dentro del marco de los acuerdos bilaterales de movilidad Erasmus + K171”.

Además, la institución académica decidía “no renovar el convenio con The Hebrew University of Jerusalem, actualmente caducado” y “no firmar nuevos acuerdos, ni participar en nuevos proyectos internacionales de cooperación académica e investigación con universidades israelíes”; así como “intensificar la cooperación con el sistema científico y de educación superior palestino y ampliar los programas de cooperación, voluntariado y atención a la población refugiada” en la franja de Gaza.

Tras conocer estos compromisos, los estudiantes de la UPO por Palestina decidieron trasladar la protesta al interior del edificio del Rectorado al entender que los acuerdos adoptados por el Consejo de Dirección eran “insuficientes”. En concreto, lo consideraron una “réplica” de las recomendaciones adoptadas por la Junta Rectora de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y exigieron un comunicado “consensuado” con la comunidad universitaria y que rechace el genocidio “con más contundencia”.

La UPO también pide que el Estado de Israel “respete el derecho internacional y permita la entrada en Gaza de toda la ayuda humanitaria que pueda proveerse para cubrir la emergencia de su población civil, y que se articulen las medidas que correspondan por parte de las instancias internacionales para acometer lo antes posible la reconstrucción y recuperación del territorio palestino”.

Más allá de romper relaciones con instituciones israelíes y pedir al Estado de Israel que “respete el derecho internacional y permita la entrada en Gaza de toda la ayuda humanitaria”, los estudiantes de dicho encierro reclamaban también “el fin de la colaboración anual con la OTAN en la clínica jurídica y el fin de los convenios con el Banco Santander, entidad que financió asentamientos israelíes en tierras ocupadas”.

Un punto que para la institución académica es “innegociable” en la medida en que supondría perder 360.000 euros al año destinados a becas y ayudas al estudiantado en materia de comedor o transporte, como señaló a SevillaelDiario.es Laura López de la Cruz, vicerrectora de Relaciones Institucionales y Fundaciones de la UPO.

A la espera que se celebre la nueva mesa de negociaciones, la acampada iniciada hace días en el campus de la UPO “sigue adelante”.

La Universidad de Sevilla amenaza con llevar a la Junta de Andalucía a los tribunales por excluirla del reparto de fondos de infraestructuras al haberle asignado “cero euros”, según ha denunciado en rueda de prensa el rector, Miguel Ángel Castro, quien ha mostrado de forma contundente su decepción con la Consejería de Universidades al no aportar partida alguna a las obras de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, iniciadas en julio de 2022.

Junto a las propias obras de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, el rector de la Universidad de Sevilla, acompañado de su equipo de gobierno, representantes estudiantiles y miembros de la comunidad universitaria, ha expuesto su profunda preocupación “ante la falta de financiación para las obras en su institución”. Castro ha expresado su descontento en una comparecencia que dejó clara la contrariedad de la comunidad académica sevillana ante las decisiones recientes de la Junta de Andalucía.

“En el día de ayer, tras revisar la documentación, le pregunté al señor Consejero por las razones para esta decisión. Me expresó literalmente que habían priorizado las solicitudes a través de una opción que excluía nuestra propuesta. Esta no es una justificación aceptable en el mundo académico y universitario”, ha explicado Castro.

Un clamor por una financiación “justa”

En la sesión de la Comisión de Programación del Consejo de Universidades, celebrada en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, se discutió la propuesta de la Consejería de Universidad para la asignación de fondos. Castro ha informado de que la Universidad de Sevilla había solicitado cinco millones de euros para completar la nueva escuela de agronomía pero, a la vista de lo observado, su solicitud ha sido denegada.

El secretario general de Universidades, Ramón Herrera, en un comunicado enviado a los medios este mismo jueves ha querido dejar claro que “no hay nada que impida a la Universidad de Sevilla destinar la cuantía que los rectores estimen oportuna a la construcción del edificio de la Facultad de Agronomía”, ya que “la distribución definitiva de los 20 millones está pendiente de que se cierre la próxima semana en base a la propuesta de los propios rectores”, según ha aclarado.

En cualquier caso, Herrera ha apuntado que “la Consejería, como siempre ha hecho, respeta la autonomía de la Universidad de Sevilla, de priorizar la construcción de un museo de la universidad por encima de la finalización de las obras de esa facultad”. Por último, el secretario general de Universidades también ha hecho hincapié en que la financiación del sistema público andaluz “ha sido fruto de un largo proceso de negociación y colaboración con las universidades”.

“El desarrollo de esta actuación es indispensable para las actividades docentes, investigadoras y de transferencia que la sociedad requiere de esta comunidad universitaria”, ha afirmado el rector Castro, quien ha subrayado que la cantidad solicitada “estaba justificada” y era “crucial” para el funcionamiento de la universidad.

La decisión de la Consejería ha llevado a Castro a solicitar una cita urgente con el presidente de la Junta para discutir la situación. En su comparecencia, el rector ha anunciado que evaluará todas las posibilidades legales para defender los intereses de la Universidad de Sevilla. “La Universidad de Sevilla no tiene que negociar nada con otras universidades ante una propuesta injusta, arbitraria e injustificada”, ha declarado Castro, agregando que espera una rectificación y la concesión de los cinco millones de euros solicitados.

Comparativa desfavorable

Castro también ha señalado la “desventaja” en la que se encuentran las universidades públicas sevillanas en comparación con las privadas “favorecidas por la Junta”. De este modo, el rector ha criticado la “injusta” asignación de fondos, señalando que tanto la Universidad Pablo de Olavide como la Universidad de Sevilla han sido excluidas de la financiación. En contraste, “se ha dado prioridad a proyectos de otras universidades andaluzas y se considera la creación de una nueva universidad privada”, ha lamentado el rector.

Castro ha cuestionado, además, la posible implantación de la Universidad Pontificia de Comillas en Sevilla, revelada este jueves en ABC, afirmadno que la administración de la cual depende la aprobación definitiva para su tramitación “no se ha posicionado”.

Tras ocho días acampando en las inmediaciones de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), los estudiantes en “lucha contra el genocidio en Palestina” han llevado su protesta un paso más allá encerrándose en el interior del edificio del Rectorado. Esta decisión la han tomado la mañana de este martes al considerar “insuficientes” los acuerdos adoptados por el Consejo de Dirección de la UPO en relación al conflicto entre Israel y Palestina.

“Nos hemos encerrado para exigir que se negocie un comunicado contundente que llame las cosas por su nombre y se comprometa a tomar acciones reales para conseguir un boicot académico”, explican a este periódico desde el alumnado, que tiene como referente el caso de sus compañeros de Granada, que acaban de levantar su acampada propalestina tras conseguir que la Universidad anunciara el viernes la ruptura de toda colaboración con las instituciones israelíes.

Aunque el Consejo de Dirección de la Pablo de Olavide también había acordado suspender convenios de movilidad y colaboración con centros de Israel, el compromiso suscrito por la UPO dejaba fuera algunas de las exigencias recogidas en la lista de los estudiantes propalestinos, como la ruptura de acuerdos de colaboración con el Banco Santander. Un punto que para la institución académica es “innegociable” en la medida en que supondría perder 360.000 euros al año destinados a becas y ayudas al estudiantado en materia de comedor o transporte, como señala a SevillaelDiario.es Laura López de la Cruz, vicerrectora de Relaciones Institucionales y Fundaciones de la UPO.

Negociar lo innegociable

Después de que la dirección del centro definiera su postura en el consejo de gobierno celebrado este martes, los estudiantes han decidido redoblar la presión, trasladando la protesta al interior del edificio del Rectorado. De esta forma, rechazan el acuerdo alcanzado por el Consejo de Dirección por considerarlo una “réplica” de las recomendaciones adoptadas por la Junta Rectora de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y exigen un comunicado “consensuado” con la comunidad universitaria y que rechace el genocidio “con más contundencia”.

En estos momentos, unos 25 estudiantes que componen la asamblea propalestina permanecen asentados cerca del despacho del rector, a quien invitan a “sentarse a negociar” con los representantes estudiantiles para poder alcanzar un consenso. Pese a encontrarse en plena época de exámenes, las alumnas están decididas a seguir adelante con sus reivindicaciones, abogando por la negociación como vía para encontrar el punto intermedio entre su postura –que califican de “muy exigente”– y la de la dirección –que tildan de “insuficiente”–.

Mientras los estudiantes confían en que las conversaciones que solicitan puedan llegar a buen puerto, desde el Rectorado se muestran escépticos ante las posibilidades de negociar porque tienen claro que el punto relativo a Santander “es innegociable”. “Ahí no vamos a ceder”, remarca la vicerrectora de Relaciones Institucionales, defendiendo el carácter social de las ayudas que proporciona a la UPO dicha entidad bancaria.

Siguiendo los pasos de Granada

Otro escollo en las negociaciones con el alumnado es el de la clínica jurídica que mantiene la Facultad de Derecho en colaboración con la OTAN. Los estudiantes solicitan romper relaciones con esta entidad, pero la dirección excluyó esta demanda de su lista de compromisos. Entre los que sí ha incluido, se encuentran “no formalizar los convenios de movilidad entrante y saliente de estudiantes, personal docente e investigador y personal técnico, de gestión, administración y servicios con las universidades israelíes”, “no firmar nuevos acuerdos, ni participar en nuevos proyectos internacionales de cooperación académica e investigación con universidades israelíes” o pedir el “cese inmediato y definitivo de las operaciones militares del ejército israelí” en la franja de Gaza.

Por lo pronto, según informan fuentes de la UPO, la institución universitaria no ha ordenado el desalojo del edificio y ha consentido que otros estudiantes accedan al interior para proveer de comida y agua a los compañeros que “han ocupado el Rectorado” esta mañana. Tras el asentamiento, el personal de servicio abandonó el edificio y se trasladó a teletrabajar a sus casas. “No sabemos hasta qué punto van a llegar”, manifiesta la vicerrectora, quien insiste en señalar la voluntad de diálogo y de cooperación que ha mostrado la dirección con el alumnado desde el inicio de la acampada.

Los universitarios, por su parte, se mantienen firmes en sus convicciones y exigen “como mínimo lo mismo que han conseguido en Granada”, donde los estudiantes celebran ya que su Universidad haya sido “la primera en todo el Estado español en romper relaciones académicas con Israel gracias a la presión efectiva de la comunidad universitaria mediante la acampada”.

Manifestación en la Hispalense

Por su parte, los estudiantes acampados en el recinto intramuros de la antigua Fábrica de Tabacos, sede del Rectorado de la Universidad de Sevilla y de las facultades de Geografía e Historia y de Filología, han celebrado este martes una manifestación en demanda del cese de la ofensiva del Ejército de Israel en la Franja de Gaza. Así, estos estudiantes han celebrado este martes una manifestación hasta el campus universitario de Ramón y Cajal, en demanda del “fin de la matanza” de las tropas de Israel en Gaza.

Tras una pancarta con la leyenda “unidas contra el genocidio”, estos estudiantes han recorrido la distancia que separa el Rectorado de la Hispalense del campus de Ramón y Cajal, “en solidaridad con el pueblo palestino”, como ha explicado a Europa Press uno de los portavoces del colectivo.

La Policía Nacional accedió la madrugada de este miércoles a la acampada que mantiene un grupo de jóvenes en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla para protestar contra los ataques de Israel a Palestina, donde identificó a una de las que se encontraba acampada, para marcharse poco después de la zona.

Según ha informado un portavoz de los jóvenes, en torno a las 2.00 de la madrugada observaron cómo un vehículo de la Policía Nacional se posicionaba cerca de la acampada junto a otro del servicio de seguridad de la Universidad.

Buscaban al “cabecilla” de la protesta

Dos policías se acercaron a uno de los grupos, y según el relato del portavoz, preguntaron quién estaba al frente de la protesta, sin que nadie, siguiendo el modelo que se sigue en estas acampadas, se identificara como tal, sino que cada grupo tiene asignadas diferentes tareas y todos los asuntos se deciden en asambleas.

Una joven, M.R., explicó a los agentes que nadie se encontraba al frente, y tras intercambiar algunos comentarios le reclamaron sus datos personales, que la joven dio verbalmente a los agentes.

Desde la Universidad se ha informado a EFE que “nadie llamó” a la Policía para que acudiese a la acampada, sino que “se presentaron en el campus pidiendo ver la zona donde estaba y se les facilitó acceso”, para señalar la misma fuente que los dos agentes “estuvieron poco tiempo” en la zona.