La defensa de la residencia de las Tres Mil Viviendas irrumpe en el Ayuntamiento: “No puede ser privatización o cierre”
La asamblea en defensa del complejo universitario Flora Tristán, propiedad de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), ha trasladado este martes su protesta al Ayuntamiento de Sevilla para reclamar la implicación del alcalde en el mantenimiento de la residencia ubicada en las Tres Mil Viviendas.
El Consejo de Gobierno de la UPO acordó hace una semana mantener cerrado el inmueble hasta que se ejecuten las obras necesarias para garantizar la seguridad del edificio, después de que el Consejo Social frenara la cesión de su gestión a la Fundación Gerón, la fórmula defendida por el Rectorado para acometer la rehabilitación del complejo y reabrir la residencia el próximo curso. Tras ese rechazo, la Universidad constituyó una comisión mixta para explorar nuevas vías de financiación, al sostener que carece de recursos para asumir unas obras cuya primera fase está valorada en 420.000 euros.
En ese contexto, representantes de la asamblea han acudido este martes al pleno extraordinario del Ayuntamiento para reclamar el apoyo de la corporación municipal. Tras protestar en el pleno y ser desalojados al grito de “la Flora no se cierra”, acusaron al Rectorado de plantear una “falsa dicotomía entre la privatización del complejo o su cierre” y reclamaron financiación pública que permita mantener abierto el proyecto el próximo curso, evitando así “dejar a centenares de estudiantes en la calle”.
Un “golpe” para el barrio y la salud mental de los residentes
Desde la asamblea alertan del impacto que la incertidumbre y la falta de respuestas están teniendo sobre el estudiantado. “Nos está costando ya la salud mental a muchísimos residentes”, asegura Amanda, representante de la asamblea y residente desde hace cuatro años en el complejo.
De acuerdo con su testimonio, el perfil mayoritario de quienes residen actualmente en la Flora Tristán son estudiantes en situación de vulnerabilidad o personas migrantes sin red de apoyo en la ciudad, que dependen de una residencia pública y de las becas de colaboración para poder continuar sus estudios. “Muchos solo tienen como recurso su sueldo y cobran unos 500 euros al mes; literalmente se están viendo en la calle”, afirma.
La Universidad Pablo de Olavide ha confirmado a SevillaelDiario.es que la comisión mixta ya ha celebrado una primera reunión y trabaja en una convocatoria de ayudas para facilitar un alojamiento alternativo a los estudiantes durante el próximo curso.
Más allá de “dejar sin vivienda a los residentes”, el cierre de la Flora Tristán “también supone dejar de prestar un servicio público al barrio”, en palabras de Amanda. Según ha explicado, decenas de proyectos sociales desarrollados junto a entidades del Polígono Sur dependen de la presencia de los estudiantes, por lo que el cierre supondría “un golpe para todo el barrio”, motivo por el que la protesta cuenta con el respaldo de la plataforma vecinal Barrios Hartos.
El informe técnico en tela de juicio
La asamblea critica que el Rectorado presente un escenario en el que solo caben dos opciones —privatizar la gestión o mantener cerrada la residencia— cuando, a su juicio, existen alternativas de financiación pública. “Para garantizar la apertura el próximo curso hacen falta 400.000 euros”, indica Amanda, que pide al Ayuntamiento implicarse en la financiación de unas actuaciones que, a su juicio, permitirían mantener abierta la residencia mientras se acomete la rehabilitación.
A ese respecto, miembros de la asamblea aseguran haber tenido acceso al informe técnico encargado por la Universidad sobre el estado del edificio y apuntan a que “no hay nada que imposibilite la apertura el próximo curso” ni que justifique el cierre total de la residencia.
Esa versión de los estudiantes contrasta con la del Rectorado, que defiende que el edificio presenta deficiencias estructurales que obligan a una intervención urgente y que impiden ofertar plazas hasta que se ejecuten las obras previstas. Según la UPO, las actuaciones están valoradas en 420.000 euros en una primera fase “imprescindible” para la reapertura, y entre tres y seis millones de euros para la rehabilitación integral.
En concreto, el rector de la UPO explicó que la institución ha trabajado con una auditoría técnica externa, así como con una pre-auditoría y diversos informes parciales elaborados desde abril de 2024. En el informe técnico final, sostiene la institución, se concluye que el edificio en el que se ubica la residencia presenta “deficiencias estructurales” y se detalla que de los 39 ítems analizados, ocho requieren una “intervención muy urgente” y 15 “aluden a riesgos mayores”. La asamblea reclama que el documento se haga público para que pueda ser analizado por la comunidad universitaria.
“Una nueva apuñalada al Polígono Sur”
La protesta de este martes ha contado con la participación de Barrios Hartos, que considera que el futuro de la Flora Tristán trasciende el ámbito universitario. Su portavoz, Juan García, ha defendido que la residencia constituye una herramienta de acceso a la universidad pública, de intervención comunitaria y de respuesta a la emergencia habitacional que vive la ciudad.
“Son 132 pisos que pueden alojar a más de 250 estudiantes o personas en situación de vulnerabilidad. Si se cierran por una inversión de 400.000 euros, estamos ante una nueva apuñalada al Polígono Sur”, ha señalado. A su juicio, la posible pérdida de la Flora Tristán se suma al deterioro de otros servicios públicos del barrio y profundiza en una situación de desigualdad que arrastra desde hace décadas. “El Polígono Sur es una zona donde hay que invertir más que en otro sitio de la ciudad porque allí viven chavales que necesitan un futuro”, ha manifestado García, quien ve en el cierre de la residencia un síntoma del “agravio continuo que viven todos los barrios obreros de Sevilla”.
Los representantes de la plataforma lamentan además la falta de implicación del Ayuntamiento. Tras acudir al Pleno municipal para reclamar apoyo institucional, reprochan al alcalde que considere el futuro de la residencia una cuestión exclusiva de la Universidad. “Podría implicarse como administración pública y aportar recursos para salvar un proyecto que presta un servicio esencial al barrio”, defienden.
Propuesta de cofinanciación Ayuntamiento-UPO
Coincidiendo con la protesta, el grupo municipal Con Podemos–Izquierda Unida ha registrado una propuesta en el debate sobre el estado de la ciudad para impulsar un “plan de rescate municipal” de la residencia Flora Tristán.
La iniciativa plantea la firma de un convenio de cofinanciación extraordinario entre el Ayuntamiento y la UPO, con “una partida económica de emergencia destinada de forma exclusiva a sufragar las obras de adecuación estructural y habitabilidad del edificio, garantizando así que pueda abrir sus puertas a la mayor brevedad posible”, según recoge la propuesta a la que ha tenido acceso este periódico.
Entretanto, la asamblea mantiene el encierro iniciado hace dos semanas y anuncia que continuará con las movilizaciones hasta que se garantice una solución que permita preservar el carácter público de la residencia y evitar que los estudiantes “se queden en la calle” el próximo curso.
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