Moreno se compromete a cooperar “con los ojos tapados” con el Gobierno central en vivienda tras impugnar el plan estatal

Apenas 48 horas después de abrir un conflicto de competencias contra el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y anunciar su intención de recurrir al Tribunal Constitucional, el presidente andaluz en funciones, Juan Manuel Moreno, se ha comprometido este jueves a cooperar con el Gobierno central en materia de vivienda “con los ojos tapados, sin pensar en el color político”.

Moreno ha coincidido con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez en la entrega de llaves de la promoción Residencial Puerta de Jerez, en Sevilla. Un acto celebrado dos días después de que la Junta iniciara formalmente los trámites para impugnar el plan estatal de vivienda, al considerar que invade competencias autonómicas y condiciona la gestión de las políticas de vivienda.

El dirigente andaluz ha trasladado, no obstante, a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, un mensaje de “máxima cooperación, colaboración y diálogo” para afrontar “el grave problema de acceso a la vivienda que hay en España”, sin aludir al requerimiento al Ejecutivo central aprobado el pasado martes en un Consejo de Gobierno extraordinario, como paso previo a acudir al Constitucional.

Frente a ello, el presidente andaluz ha insistido en la necesidad de colaborar entre administraciones: “Ministra, se trata de que arrimemos el hombro todos, de que cada uno ponga sus recursos para resolver el problema de acceso a la vivienda”, ha señalado. El nuevo plan estatal cuenta con una dotación de 7.000 millones de euros, de los que 1.197 millones corresponden a Andalucía (un 60% de financiación estatal: 718 millones; y un 40% autonómica: 479 millones de euros).

Por su parte, la ministra tampoco ha aprovechado su intervención para lanzar ningún mensaje al presidente de una de las comunidades que ha secundado la estrategia planteada por otras autonomías gobernadas por el PP, como Madrid o Extremadura, que también han iniciado procedimientos que pueden acabar en los tribunales, como ya ocurrió con la Ley estatal de vivienda impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Isabel Rodríguez ha centrado su discurso en la defensa de las políticas de vivienda promovidas desde su departamento, reivindicando la colaboración entre administraciones. “Entre tanto ruido y lío reivindico esta política como la política útil, la que transforma y mejora la vida de la gente”, ha manifestado la ministra. Dirigiéndose a los adjudicatarios de las 137 nuevas viviendas públicas, ha añadido: “Recibís un derecho, un proyecto de vida, y a eso nos tenemos que ocupar todos los equipos de las administraciones públicas. Esta es la fórmula: el acuerdo y la colaboración entre administraciones”.

Tras entregar las llaves a algunas de las familias que van a entrar a vivir en esta promoción, situada en Palmas Altas, ambos dirigentes han mantenido el tono institucional de principio a fin, sin alusiones al conflicto que enfrenta a sus respectivas administraciones.

Cambio de postura

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se aprobó en Consejo de Ministros el pasado mes de abril, con el beneplácito del Ejecutivo de Juanma Moreno, que aceptó inicialmente la estrategia política del Gobierno de Pedro Sánchez para encarar la crisis habitacional y triplicó los recursos disponibles para aumentar el parque de viviendas, un dinero que gastarán las comunidades.

El proyecto estrella del Ministerio de Vivienda introducía dos novedades. Por un lado, incrementar las ayudas destinadas a la construcción de vivienda pública, especialmente para alquiler asequible. Por otro, blindar de forma permanente la protección de las viviendas financiadas con fondos estatales, de modo que no puedan descalificarse para convertirse posteriormente en vivienda libre.

Ahora Moreno –que está en funciones y ultima con Vox un acuerdo de gobierno– se ha sumado a la vía de otras comunidades gobernadas por el PP para impugnar varios de los requisitos incorporados por el Gobierno al nuevo plan, al considerar que el Ministerio de Vivienda se ha extralimitado en sus competencias. El Ejecutivo andaluz denuncia invasión de competencias y rechaza tanto el reparto de fondos como el grado de intervención estatal en la gestión de los mismos.

“El nuevo sistema de cofinanciación vulneraría el principio de autonomía financiera, ya que restringe su capacidad para decidir el destino de sus recursos presupuestarios. En el caso concreto de Andalucía, implica que la comunidad autónoma tenga que aportar 400 millones más que en el plan anterior, más de seis veces más (6,47), mientras que la contribución del Estado no llegaría a tres veces más de lo aportado”, rezaba el comunicado difundido tras el Consejo de Gobierno.

Imagen de cordialidad institucional

Antes de la intervención del presidente andaluz en el acto junto a la ministra, fuentes del entorno de Moreno han restado peso al alcance del requerimiento abierto esta semana, apelando a que interponer recursos contra normas estatales es una práctica habitual dentro del funcionamiento ordinario entre administraciones cuando existen discrepancias jurídicas o competenciales.

Entre los artículos cuestionados figura además el 153, que supedita a una autorización o incluso a la presencia del ministro la presentación de actuaciones financiadas con cargo al Plan Estatal de Vivienda. La controversia afecta así de lleno a actos como el celebrado este jueves en Sevilla, al conectar con la pugna política entre el Gobierno de Sánchez y el Ejecutivo de Moreno por capitalizar la entrega de llaves de viviendas públicas a familias, algo que llevan años reprochándose mutuamente.

Pese a ese contexto de fondo, el acto de este jueves ha servido como primera escenificación conjunta sin señales visibles de confrontación ni referencias cruzadas, en un clima de cordialidad institucional que contrasta con el choque abierto esta misma semana en torno al principal instrumento estatal para afrontar la crisis de acceso a la vivienda.