“Que la vergüenza cambie de bando”. Supongo que reconocerán estas palabras. Son de Gisele Pelicot, la mujer francesa que fue drogada y violada por su marido y varios hombres más sin su consentimiento y en reiteradas ocasiones y que relató su caso ante el mundo entero. La frase se volvió viral para la lucha feminista y creo que es totalmente extrapolable a los abusos sexuales a menores, una problemática que hemos analizado recientemente en un congreso específico celebrado en la sede del Consejo de Europa en Estrasburgo.

Si algo quedó claro en dicha cita fue que para que la vergüenza cambie de bando las instituciones tenemos que reaccionar. Desde Europa ya se han aprobado varias resoluciones que persiguen eso mismo, la resolución 2533 es buen ejemplo de ello.

Antes de nada, sí me gustaría hacer una fotografía de la situación en el Estado español: según un informe reciente de Save the Children España, se estima que entre el 10 y el 20% de la población ha sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia. Si cogemos como referente un 15%, estamos hablando de 7,25 millones de personas. El 80,3% de las víctimas son niñas y adolescentes y la media de edad a la que comienzan los abusos sexuales es a los 11 años. En cuanto al perfil de la persona agresora, ha cambiado un poco la tendencia. Tras la pandemia de la COVID-19 han aumentado los abusos por parte del entorno conocido no familiar y el entorno desconocido del niño o niña, pasando a un segundo puesto el entorno familiar.

Teniendo esta foto presente y siguiendo la hoja de ruta que nos marca la resolución 2533 del Consejo de Europa, en Euskadi estamos dando pasos en esta materia. En abril de este mismo año aprobamos la ley de infancia y adolescencia, reconociéndose en ella la prevalencia del interés superior de los y las menores, además de reconocer y profundizar en el derecho de los y las menores a ser escuchados y escuchadas. La norma también integra el concepto de buen trato, ligado al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.

Otro hito muy importante fue la puesta en marcha en el Parlamento Vasco de la ponencia contra abusos sexuales a menores, recientemente galardonada con el premio “Protección a la Infancia”. Fue una experiencia muy gratificante y sanadora para todas las personas que participamos en ellas, muy dura para las víctimas.

En el Estado también se están dando pasos. Un avance fundamental en la protección frente a la violencia de niños, niñas y adolescentes se produjo en mayo del 2021, con la aprobación de la llamada LOPIVI (ley Orgánica 8/2021, de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia). Esta ley supuso un cambio de paradigma, confirmando que la prevención es la clave para acabar con la violencia contra la infancia. En esta ley también se prevé la atención integral a las víctimas y la especialización de la justicia en violencia contra la infancia y adolescencia, cuestión vital para lograr procedimientos más garantistas.

Otra iniciativa importante es la proposición de ley propuesta por el Parlament de Catalunya y que el Congreso de los Diputados aprobó este pasado 12 de noviembre, que consiste en modificar el Código Penal y Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, incluyendo en los casos de no prescripción de los delitos, junto con los de lesa humanidad o genocidio, los delitos contra la libertad sexual cuando la víctima fuere menor de edad y la pena máxima señalada fuere de prisión de 5 años o más.

Todos estos son hitos que en épocas anteriores resultarían impensables. Ahora nos sirven para mirar al futuro, nos sirven para sanar a las víctimas y a quienes les rodeamos, y sobre todo nos sirven para que la vergüenza –en este caso la de los abusos a menores- también cambie de bando.

Juan Cuatrecasas (Bilbao, 1996) sufrió agresiones sexuales de máxima gravedad cuando empezaba Secundaria en el colegio exclusivamente masculino del Opus Dei Gaztelueta, ubicado en Leioa y concertado con fondos públicos. Los hechos ocurrieron entre 2008 y 2010. Su familia empezó a denunciarlo en 2011 y públicamente en 2012 en medio de una fortísima presión y mensajes de que estaba acusando falsamente al victimario, José María Martínez Sanz, un numerario que era profesor del adolescente y también su preceptor o tutor. Él era familiar de un importante cargo público de la época. Gaztelueta llegó a deslizar que la responsabilidad del gravísimo estado de salud de la víctima era de su propia familia. En 2018, tras cumplir la mayoría de edad, Cuatrecasas fue otra vez a los tribunales y los hechos quedaron probados en un juicio en la Audiencia de Bizkaia y en 2020 el Tribunal Supremo rebajó la pena, pero sin cuestionar la veracidad de la denuncia original. De nada sirvieron las nuevas maniobras del entorno del Opus Dei. La Iglesia católica, formalmente, aún no reconoce lo ocurrido, aunque se espera en breve una resolución al proceso canónico abierto. Pero Cuatrecasas ya ha ganado. Este viernes, en inglés, el ahora abogado con dos másteres ha intervenido a 1.310 kilómetros de Gaztelueta, en la sede del Consejo de Europa en Estrasburgo. Ha contado su verdad ante representantes de decenas de países y es ya una referencia de otros “supervivientes” de casos de violencia sexual y abusos en la infancia.

El viaje a Estrasburgo es la guinda final al recorrido que, durante años, han seguido tanto él como su padre, del mismo nombre, y su madre, Ana. Los tres lideran una asociación que se llama Infancia Robada y que, al menos, ha enviado ya al Vaticano una sesentena de episodios. Juan Cuatrecasas ya no es el nombre que los periodistas tenían que evitar publicar para minimizar las represalias. Tampoco el chico que tuvo que declarar en su propio juicio detrás de un biombo mientras el agresor sonreía a los fotógrafos y tenía a su disposición una web contratada por el Opus Dei para ofrecer una versión ‘alternativa’ de lo ocurrido en Gaztelueta. Su identidad y una gran fotografía suya -en blanco y negro- forman parte de una exposición que ha recorrido Europa y también Bilbao, Basauri o Madrid. En ella hay víctimas de violencia sexual en el marco de la Iglesia católica pero también en el deporte o en otros ámbitos. El título de la colección de imágenes es ‘Shame’, la voz inglesa para ‘vergüenza’. Pero existe consenso en que esa ‘vergüenza’ no tiene que ser la de las víctimas, que prefieren catalogarse como “supervivientes”. El autor de los retratos es el italiano Simone Padovani. Y él discrepa: elige la palabra “héroe” para los protagonistas de ‘Shame’.

“Que la vergüenza cambie de bando”, ha razonado la parlamentaria vasca del PNV Maitane Ipiñazar, que ha acompañado también a la familia en su viaje a las instituciones europeas y que ha hecho suya esta sentencia de Gisèle Pelicot, la mujer francesa drogada y violada por su marido y por otros hombres y que ha sacudido conciencias. El Gobierno de España ha enviado también a una representante al evento, Andrea García Vidal, directora general del Ministerio de Juventud e Infancia. Ante las víctimas españolas presentes, se ha comprometido a mejorar la normativa estatal de protección de la infancia y de la adolescencia.

Una postal de Navidad y una reunión con el papa

Cuatrecasas ha intervenido en Estrasburgo, pero también ha viajado antes a París, a la Asamblea Nacional francesa. Y a Vitoria, al Parlamento Vasco, que aprobó un informe con propuestas. O a Madrid. El joven estuvo en el Congreso durante la presentación informe del Defensor del Pueblo sobre esta lacra y se ha quejado de que algunos diputados prefirieron entretenerse con sus teléfonos móviles antes que atender las explicaciones. Y ha dicho que Vox prefirió hablar de ETA que de la Iglesia católica. En estos años la familia ha estado igualmente en Berna, en Bruselas o en Roma. Allí, pero no en el Vaticano, grabó para Disney + un documental. Fue el 28 de junio de 2022. Él y otros jóvenes de habla hispana se reunieron con el pontífice de la Iglesia católica, Francisco.

-¿Cómo fue?

-Tener la posibilidad de sentarte frente al papa y denunciar los abusos y la revictimización que sufrí fue importante. La estancia durante la grabación en Roma fue amena. Aunque no todo fue agradable. Pese a que el papa tuvo una actitud cordial y cercana, soltó alguna declaración y respuesta propia de épocas arcaicas, dejando de lado los problemas de la actualidad. Posturas ante el sexo, el aborto, el feminismo, los derechos LGTBI y, por supuesto, la pederastia en la institución que preside, dejaron mucho que desear. Sin embargo, a nivel más particular, prometió encargarse personalmente de mi caso y ponerle solución, cuestión que dos años después sigue sin llegar.

Años antes, el pontífice ya había enviado una postal de Navidad a la familia. La carta llegó a una iglesia de Logroño, desde la que contactaron con los destinatarios finales, que desconocían su contenido, perfectamente oculto en un sobre dentro de otro sobre. La comunicación fue enviada a La Rioja. Los Cuatrecasas se trasladaron a Haro porque Bilbao les era hostil. Literalmente, tuvieron que huir ante la presión tras haber denunciado lo que entonces la legislación española tipificaba como “abusos” y que ahora ya son considerados “agresiones sexuales”. Fue en 2013. Estos hechos también dificultaron que la víctima pudiera continuar su recorrido académico con normalidad y que perdiera algunos cursos. A la agresión sexual se le unió acoso escolar de otros compañeros tolerado por el preceptor. Todavía en el juicio muchos de esos jóvenes declararon a favor del profesor.

En ese entorno se siguió cuestionando la veracidad de la víctima, no solamente plasmada en una sentencia firme sino validada por todos los profesionales que lo trataron de niño. Ya no oculta que incluso intentó suicidarse. El colegio Gaztelueta, que contribuyó en el juicio a la defensa de su exprofesor instigando a exalumnos y docentes a firmar unas actas notariales que lo exoneraban, llegó a convocar una rueda de prensa cuando ya había una sentencia judicial para mostrar que la denuncia era falsa. La aderezó con una visita guiada al despacho donde se produjeron los hechos para insistir en esa tesis. Es ésa la “revictimización” que critica en cada uno de sus discursos el joven.

-¿Mantienes la fe?

-Es difícil.

Cuatrecasas no es creyente. Entiende que lo que le ha sucedido “influye” en esa decisión, pero concede que hay muchos más factores que la apuntalan. Sus padres, sin embargo, mantienen un profundo sentido religioso. Le dan vital importancia a contar con un pronunciamiento canónico a su favor aunque poco o nada pueda añadir a la verdad ya después de que exista una sentencia firme de la jurisdicción penal. Infancia Robada, la asociación, ha mantenido también reuniones con la Conferencia Episcopal. Tienen una pancarta en la que recuerdan que el Consejo de Europa aprobó a comienzos de 2024 una resolución para el reconocimiento y la reparación integral de las víctimas y en la que se preguntan “por qué la jerarquía eclesiástica española no atiende y repara a sus víctimas”.

El periplo de años sobre este caso en Gaztelueta ha llevado a esta familia a encontrarse con víctimas de otros lugares. Una de esas personas que han aparecido en ese camino es Ciro Molina, que sufrió violencia sexual siendo niño de manos de su párroco. Él también menciona la “revictimización”. “Es grave el abuso en sí, pero grave fue también el terrorismo social que vino después. La reacción de la sociedad no fue de apoyo a mi familia y a mí, sino fue de condena”, cuenta. Canario, no dudó en plantarse en el norte de la península para conocer a los Cuatrecasas. Ahora organiza movilizaciones, denuncia su caso y otros. Dar la cara es una “liberación” después de años de “bloqueo evolutivo” e, incluso, de intentos de suidicio.

Otra canaria, Eva Díaz Bethencourt, lidera Protect Children, una entidad asentada en los países nórdicos. Ha presentado en Estrasburgo los resultados de una encuesta sobre violencia sexual a menores. “Si no rompemos el silencio y de forma oficial, ya no solamente a nivel individual, y no facilitamos que las víctimas y los sobrevivientes puedan acceder a justicia y a recursos, realmente estamos no permitiendo su recuperación”, sostiene. Decenas de ponentes han intervenido en Estrasburgo, desde ministros hasta más víctimas, incluidos algunos llegados de fuera de Europa, como una mujer de Jamaica. Se ha expuesto con más detalle el modelo de atención a las víctimas de Suiza, impulsado por la fundación Guido Fuiri, detrás de Justice Initiative y de la exposición 'Shame'. “Era un tema tabú, algo silenciado. Ahora hay nuevas dimensiones mucho más próximas para las víctimas. Europa está a punto de despertar”, se ha felicitado la madre de Cuatrecasas. “Yo ya no puedo estar a salvo del abuso sexual, pero desde esta tribuna solicito al Consejo de Europa y a los Estados miembros que hagan lo posible para que sus hijos puedan estar a salvo. El futuro de la Unión Europea pasa por la infancia. Pido a la Unión Europea que la proteja”, ha dicho su hijo como colofón de su parlamento.

El Consejo de Europa, que ha acogido el evento, aglutina a 46 estados del continente. Es mucho más amplio que la Unión Europea, por ejemplo. Aquí están Suiza, Ucrania o el Reino Unido. Sin embargo, no admite a todos los países. Han de ser democracias homologables. En 2022, por ejemplo, Rusia fue expulsada como consecuencia de la invasión de Ucrania. La Ciudad del Vaticano es uno de esos estados no invitados, aunque tiene estatus de “observador”. De hecho, uno de los anteriores pontífices, Juan Pablo II, pronunció un discurso en 1988 inmortalizado en un cuadro en el lugar.

El colegio privado Gaztelueta de Leioa, el más conocido de los del Opus Dei en Euskadi por el caso de agresión sexual a un estudiante que fue confirmado por la Justicia, se ha valido de un subterfugio jurídico para mantener, al menos en Secundaria y Bachillerato, el veto a mujeres en sus aulas y, a la vez, no perder las ayudas públicas del concierto educativo en Infantil y Primaria. ¿Cómo? La misma entidad promotora, denominada “Asociación Docente Cultural y Formativa del Colegio Gaztelueta”, y en la misma dirección del barrio de Artaza de la localidad vizcaína ha creado ya desde el curso 2024/2025 un segundo colegio llamado “Global School” para los estudiantes de más de 12 años. “Global School” será enteramente privado, con cuotas de acceso para las familias (perfectamente legales), mientras que Gaztelueta accede ya a matricular niñas de modo que podrá seguir obteniendo ingresos públicos de Educación.

La nueva consejera, Begoña Pedrosa, ha firmado ya la autorización para la creación de “Global School”. El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) de este lunes recoge la documentación, con efectos desde el inicio de este curso. En concreto, se habilitan un total de 570 plazas, 360 de Secundaria y 210 de Bachillerato. Son tres clases por curso, de 30 y 35 alumnos por grupo en función del nivel. La misma resolución explica que Gaztelueta pierda ya esas aulas y que se limitará a la docencia hasta los 12 años. Retendrá 802 plazas.

La nueva normativa estatal (Lomloe) y autonómica (de 2023) endurecieron el control sobre la media docena de centros que, en Euskadi, seguían segregando por sexos. De esta manera, la Administración tenía las manos libres para retirar todo el concierto en caso de que una sola clase no cumpliera los requisitos de igualdad de oportunidades. Hasta ahora, podía haber centros con una parte concertada y otra privada pero, al cobrar cuotas idénticas a estudiantes de una u otra rama, operaban en la práctica como un concertado ordinario. El resto de centros del Opus Dei que mantenían esta práctica, con unos 2.600 alumnos y articulados en torno a la patronal COAS, han ido accediendo a ser mixtos. Es el caso del femenino Ayalde, ya fusionado con el masculino Munabe por motivos de “sostenibilidad” económica aunque hasta hace pocos años defendían la “educación diferenciada” con argumentos como que los hombres necesitaban ser educados en el “contacto físico” y que la mezcla era perjudicial para el aprendizaje.

Pero Gaztelueta quiso mantener su carácter exclusivamente masculino en los niveles más altos. La fórmula hallada -y autorizada por el Gobierno de Imanol Pradales- le permite tener en la misma dirección un colegio enteramente mixto con ayudas y otro sin presencia de mujeres que será privado. Está por ver si la inexistencia de plazas femeninas condiciona las matrículas en los niveles inferiores. Fuentes de Educación indican que “el centro para Secundaria y Bachillerato será distinto a Gaztelueta y no estará financiado por fondos públicos”. Indican que esta autorización es un mero trámite porque “el derecho a la libre creación de centros educativos” está amparado por la ley y que a la Administración solamente le queda “vigilar” que el currículum se ajuste a la normativa. El “Global School” no estará sujeto a los requisitos de planificación y admisión, que desde hace dos cursos obligan también a los concertados a asumir alumnado vulnerable como la red pública. Gaztelueta no ha atendido las peticiones de información de este periódico.

El colegio del Opus Dei Gaztelueta de la localidad vizcaína de Leioa, con unos 1.100 alumnos, se arriesga a que le sea retirada toda la financiación pública con su estrategia 'sui generis' para responder a la exigencia del área de Educación del Gobierno vasco para que a partir del curso 2025/2026 no existan ya colegios privados concertados que veten alumnado de un sexo, mujeres en el caso de este centro educativo. A diferencia de la otra media docena de colegios también del Opus Dei agrupados en torno a la patronal COAS, que han optado por abrirse a ser mixtos progresivamente en todos sus niveles para poder continuar accediendo al concierto educativo en el futuro, Gaztelueta ha diseñado un plan por el cual admitirá a alumnas en Infantil y Primaria pero no en Secundaria y Bachillerato, donde será totalmente privado y con cuotas (legales) para los estudiantes.

Fuentes de Educación recuerdan que la nueva ley autonómica que fue aprobada en el Parlamento Vasco en diciembre del pasado año prevé que la Administración solamente concertará centros enteros. Hasta ahora, existían casos de colegios con algunas aulas financiadas por la Administración y otras privadas. En la práctica, todas ellas funcionaban igual y se hacía una media para que las cuotas fuesen idénticas, sin que se notara la diferencia de cara al exterior entre unos y otros estudiantes. Aunque estos cobros por servicios de enseñanza llevan décadas prohibidos, la nueva normativa hace hincapié en esta medida y se han anunciado también auditorías e informes públicos de aquellos centros incumplidores.

La Lomloe estatal, impulsada siendo ministra por la exconsejera vasca Isabel Celáa, recogía en una disposición que “los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas […] y no separarán al alumnado por su género”. En este sentido, antes incluso de la entrada en vigor de la nueva ley vasca, que dice que “en los centros educativos del Servicio Público Vasco de Educación [públicos y concertados] no se permitirá la segregación por sexos”, todos los colegios segregadores del Opus Dei recibieron ya en septiembre a sus primeros alumnos del otro sexo en primero de Primaria. De cara al próximo curso se extenderá ese modelo mixto hasta cuarto de Primaria. En el tercer y último año del plan escalonado, se hará el cambio en el último ciclo de Primaria y en Secundaria. Es un giro notable en Euskadi ya que Cristina Uriarte, la predecesora del actual consejero de Educación, Jokin Bildarratz, también del PNV, sostenía que este modelo no era “discriminatorio”.

Los centros que pasarán a ser mixtos son el masculino Munabe (unos 450 alumnos) y el femenino Ayalde (1.100), ambos de Loiu, el femenino Arangoya de Bilbao (220), el masculino Erain de Irún (310) y el femenino Eskibel de Donostia (430). En Álava no hay ningún colegio de este tipo. Hay algunos otros de etapas infantiles asociados a estos colegios de COAS pero en esos años tradicionalmente sí ha habido alumnado de ambos sexos. Fuentes de COAS confirman esta transformación paulatina en tres fases y recuerdan que en el pasado otros colegios ya hicieron esa misma transición. En su momento, tenían en su página 'web' un documento defendiendo la “educación diferenciada” pagada con dinero público que, entre otras cosas, recogía lo siguiente: “Para muchos chicos los deportes de contacto físico —fútbol, rugby, etc.— pueden no sólo ser divertidos sino que de hecho ponen la base para una duradera amistad. Para las chicas la agresividad no construye amistades, más bien las destruye. En los colegios mixtos ambos modos de vivir la agresividad chocan”.

Gaztelueta también tiene desde septiembre niñas de 6 años y en 2024 las admitirá en los dos primeros ciclos de Primaria. Pero cuando se acabe el período de transición pretender salirse del circuito concertado a partir de los 12 años para continuar vetando mujeres en Secundaria y Bachillerato. Educación, sin embargo, podría actuar parar retirarle toda la financiación, incluso para los cursos mixtos, con la nueva ley en la mano. Los decretos de desarrollo irán en la misma dirección, según las fuentes consultadas. Gaztelueta, que además se vio implicado en un caso de agresión sexual hace una década, siempre ha sido un colegio elitista, pero todavía lo será más si se convierten en un colegio totalmente privado.

Entre 2021 y 2023 Gaztelueta fue el segundo colegio segregador con más financiación pública, 6,1 millones de euros sumados los módulos concertados y otras ayudas. Solamente Ayalde obtuvo más fondos, 7,2 millones. Munabe tuvo 3,1, Eskibel 2,2, Erain 2,1 y Arangoya 1,6. 2.713 de los 3.735 alumnos del curso 2022/2023, el último antes de los cambios, estaban en modelo A, con más horas de castellano. El resto iban al B bilingüe. Ninguno oferta el modelo D en euskera.

El Parlamento Vasco ha modificado finalmente el informe de recomendaciones de la ponencia que analizado los casos de agresiones sexuales en la infancia, también en la Iglesia católica, y ha incorporado la creación de un registro con datos de menores de edad que hayan sido víctimas y de sus victimarios, según la última versión difundida por Europa Press. Este texto final ha sido aprobado este lunes en la Cámara con el apoyo de PNV, EH Bildu, PSE-EE, Elkarrekin Podemos-IU y PP y en las próximas semanas deberá someterse a ratificación en el pleno.

El texto de la ponencia, que habla de “abusos” aunque esa figura ya ha sido cambiada a “agresión”, constata la “existencia” de esta problemática y que “todo ello ha acarreado un silencio impuesto a las víctimas que ha agravado su situación”. Con el fin de combatir esta forma de violencia y mejorar la asistencia y reparación a quienes la padecen, el informe incluye una serie de recomendaciones. Entre ellas, se contempla la propuesta de crear “un registro con datos de víctimas y victimarios”, en el que también se incluirían los datos de abusos “cometidos entre iguales”. Además del referido registro, los grupos de la Cámara recomiendan habilitar un registro “específico” sobre víctimas de abuso sexual en la infancia, del que se puedan extraer datos actualizados.

Tras precisar que en Euskadi no existe este tipo de fondo documental, el informe establece que “con la salvaguarda de la protección de datos y la confidencialidad sobre datos personales”, un archivo de estas características “podría recoger datos anonimizados” referidos a cuestiones como el área de la que procede la notificación del abuso -sanitaria, escolar o familiar-, el tipo de abuso sexual notificado, el territorio histórico en el que se ha dado a conocer, así como el nivel de intervención que se haya realizado al respecto.

Este periódico ya adelantó en octubre la existencia de este informe después de años de trabajo de la ponencia. Los comisionados se reunieron con víctimas y asociaciones para compartirlo y recoger sus aportaciones. “Sabemos lo que ha supuesto para muchas de ellas tener que reabrir la herida una y otra vez, esperamos que con este informe, y las propuestas y compromisos que vayan a emanar de él, sientan una parte de la respuesta institucional que llevan tiempo esperando”, se estima.

El Parlamento Vasco ha reunido este martes por la tarde de manera discreta -ni siquiera constaba en la agenda oficial- a una representación de víctimas de agresiones sexuales en la infancia y familiares. El encuentro ha durado tres horas. La presidenta de la ponencia creada para analizar estos casos, ahora Maitane Ipiñazar (PNV), les ha presentado un borrador de informe con un diagnóstico sobre el problema y recomendaciones. La idea es que este dictamen preliminar reciba aportaciones de los propios afectados antes de su aprobación definitiva en el pleno de la Cámara. En paralelo, el legislativo tramita una ley de ámbito más general sobre la infancia y la adolescencia presentada por el Gobierno de Iñigo Urkullu.

Este periódico ha accedido a la tercera versión de ese documento de la ponencia, todavía no definitivo, en la que se promete una conmemoración anual en Euskadi a estas víctimas coincidiendo con el 19 de noviembre, jornada internacional en su recuerdo. La ponencia asegura ser “consciente” del “vacío institucional y social que ha rodeado a esta violencia”. “Todo ello ha acarreado un silencio impuesto a las víctimas que ha agravado su situación [...]. Sabemos lo que ha supuesto para muchas de ellas tener que reabrir la herida una y otra vez, esperamos que con este informe, y las propuestas y compromisos que vayan a emanar de él, sientan una parte de la respuesta institucional que llevan tiempo esperando”, se puede leer. El texto habla en todo momento de “abusos” aunque esta terminología se ha superado con la nueva legislación estatal y ya solamente hay “agresiones”.

Como consideraciones generales, el Parlamento “recomienda establecer un sistema público de acceso universal para un tratamiento terapéutico debidamente especializado que atienda a niños, niñas, adolescentes y personas adultas que fueron víctimas en la infancia y la adolescencia”. Y se añade: “En el caso de menores, la negativa de uno de los progenitores no debería suponer la prohibición de la participación de ellos y ellas en estos mecanismos si los profesionales que lo atienden lo consideran necesario para el [o] la menor”.

En el caso concreto de víctimas en el entorno de la Iglesia católica, algunas de las cuales han estado en la reunión, se estima que son necesarias “medidas específicas de reparación”, como “el reconocimiento por parte de las instituciones religiosas y seglares de obediencia religiosa y de las autoridades de la Iglesia católica del daño ocasionado y, en su caso, la puesta en marcha de medidas indemnizatorias”. Se extiende igualmente la importancia de responder ante “casos prescritos”, para que “las personas acusadas puedan presentarse y habilitar un proceso reparatorio para las víctimas”. Y, como idea, se propone “realizar un análisis sobre cómo actuar en los casos que son archivados por falta de pruebas”.

A partir de ahí, se desarrollan medidas repartidas en nueve ámbitos diferenciados. En el primero, se apunta a la necesidad de “habilitar un registro específico” de víctimas en Euskadi. La falta de datos “tiene que ser superada” con investigaciones que cuenten “con el debido apoyo económico institucional”, se plantea. En el segundo apartado, de “prevención, formación y sensibilización”, se alude a explicar los protocolos y cómo abordar estos casos en variados ámbitos, desde el docente hasta el judicial y nuevamente se apela a una “financiación adecuada”. El tercer punto plantea “simplificar” los protocolos de respuesta. Como cuarto elemento se apunta a dar un enfoque “mutidisciplinar” al problema y a la coordinación entre instituciones. Han de operar profesionales de la “psicología, trabajo social, psiquiatría, educación, pediatría, medicina, pedagogía [y] sexología”, entre otros.  

Como mejoras en el ámbito de los servicios sociales se alude a “establecer una hoja de ruta (cartera de servicios) para tener claridad sobre los servicios y vías existentes”. En Sanidad, se plantea que los casos de agresiones sexuales sean “recogidos en la historia clínica, si así lo desea la víctima”, para poder ofrecer una atención “integral”. En Educación, toca “establecer la educación afectivo-sexual, adaptada a cada tramo de edad de niños, niñas y adolescentes, a lo largo de toda la enseñanza obligatoria como herramienta imprescindible para que desarrollen habilidades que les ayuden a protegerse de una manera útil y eficaz contra las agresiones y para que atiendan y comprendan que su cuerpo sólo es suyo”. En Justicia, se pone en valor el modelo ya probado de Barnahus y se demanda la creación de tres juzgados de instrucción especializados, uno para cada capital, y abundar en programas para “victimarios” en las prisiones de gestión autonómica. Finalmente, en el ámbito de la Ertzaintza, se pide la “creación de unidades” especializadas para atender casos contra menores.

El 90% de los agresores, hombres; el 78% de las víctimas, mujeres

La ponencia del Parlamento Vasco se creó en la pasada legislatura, en concreto en junio de 2019. Eran los meses posteriores a la sentencia del denominado 'caso Gaztelueta', en el que se dio por acreditado que un numerario del Opus Dei y docente agredió sexualmente a un estudiante del primer ciclo de Secundaria en ese colegio masculino de Leioa, en Bizkaia. La legislatura terminó y el grupo de trabajo no cerró su misión, aunque hubo 16 reuniones y 40 comparecencias. Tras las elecciones de 2020, se reanudó el foro con otras 22 intervenciones de víctimas. Se visitó también la exposición 'Shame' que se celebró en Bilbao a comienzos de año y un juzgado especializado en Las Palmas de Gran Canaria.

Como datos, se indica que “se estima que entre un 10% y un 20% de la población en el Estado español ha sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia”, que “un 44,7% de los abusos se producen entre los 13 y los 16 años”, que “en el 78,9% de los casos analizados las víctimas son niñas y adolescentes” y que “casi el 90% de los casos de abuso sexual son producidos por hombres”. La mayoría de las victimizaciones no son esporádicas y, de hecho, su duración media es de cuatro años. Y “alrededor del 84% de los abusadores son conocidos”, tales como familiares, compañeros, entrenadores o educadores.

El Vaticano ha rechazado todas y cada una de las peticiones de la defensa de José María Martínez Sanz, el profesor del Gaztelueta condenado por abusos a Juan Cuatrecasas, contra el proceso ordenado por el Papa y encargado al obispo de Teruel, José Antonio Satué. La resolución no deja margen de duda y supone un duro varapalo tanto para la defensa del profesor, que ha sido destituida, como para el propio Opus Dei, cuya postura ante este caso ha sido cuanto menos tibia. 

El fallo, que ha sido adelantado por El Correo y ha confirmado elDiario.es, se produjo el pasado 28 de junio, aunque no se notificó hasta la pasada semana a la defensa del profesor condenado por abusos. La resolución, firmada por prefecto de la Signatura Apostólica, Dominique Mamberti, está dirigida a la prelatura del Opus Dei y en la misma se ordena la destitución de los abogados del pederasta, que no habrían acreditado titulación académica en Derecho Canónico ni experiencia forense, por lo que carecerían “de capacidad” para representar a su cliente. 

De hecho, “para garantizar una defensa competente”, instan al profesor a elegir un abogado rotal en el plazo de 30 días, en caso contrario se les designará uno de oficio. 

La decisión supone un espaldarazo al trabajo llevado a cabo por el obispo de Teruel, José Antonio Satué, dado que considera “inadmisibles” la nulidad del decreto papal para abrir un proceso canónico contra el profesor puesto que el Papa “nunca puede ser recusado, ya que goza de la potestad ordinaria, suprema, plena, inmediata y universal sobre la Iglesia, sobre la cual puede ejercer libremente” 

El Tribunal también rechaza las acusaciones contra el obispo de Bilbao, Joseba Segura, aunque asume que tal vez fue “poco conveniente” su nota instando al profesor condenado a pedir perdón a la familia. Finalmente, sobre la supuesta investigación llevada a cabo por Silverio Nieto, el tribunal de la Santa Sede estipula que no fue “una primera instancia de juicio”; sino simplemente una nota pericial. 

La resolución no se hizo pública para tratar de no interferir con otra de las polémicas que salpican al Opus Dei en los últimos tiempos, el conflicto generado entre la prelatura y el obispo de Barbastro-Monzón por la titularidad del santuario de Torreciudad. 

Consultados por este medio, la familia Cuatrecasas admite no haber recibido notificación oficial del fallo, aunque saludan el mismo, al considerar que permitirá, “por fin”, que se dicte sentencia en el campo canónico, “y que se resarza de una ver el buen nombre de nuestro hijo”. Tras el fallo de la Signatura, solo faltaría el final del proceso que, como adelantó en su día RD, estaba a punto de quedar visto para sentencia. 

Toda la información en www.religiondigital.org

Sobre José María Martínez Sanz, numerario del Opus Dei y profesor del colegio masculino Gaztelueta de Leioa, Bizkaia, pesa una condena en firme por haber abusado sexualmente de quien fuera su estudiante Juan Cuatrecasas, del que también era preceptor o tutor. Recibió una condena de 11 años de cárcel en primera instancia pero, tras un recurso, el Supremo la rebajó a dos años al entender que dos de los cinco episodios descritos no estaban suficientemente probados por la víctima. Ahora, se enfrenta también a procesos eclesiásticos que no alteran en nada los hechos ya probados por la Justicia. Sin embargo, el pederasta ha concedido una entrevista al portal 'Info Católica' para recalcar que, pese a la doble sentencia, es “inocente”. En ella, carga contra la víctima y contra su familia, que han recibido con indignación la publicación de estas reflexiones.

“He dicho infinidad de veces que soy inocente y lo seguiré diciendo, porque es la verdad”

Los abusos sexuales no son una denuncia, son hechos acreditados en primera instancia por la Audiencia Provincial de Bizkaia y en segunda instancia por el Tribunal Supremo, lo que los convierte en sentencia firme. Eso es la verdad judicial. Como mucho, Martínez Sanz podría alegar que no es responsable de “dos de los cinco episodios” recogidos en la denuncia, ya que el Supremo los consideró insuficientemente probados como para tenerlos en cuenta en la condena definitiva. Así, el numerario no es inocente, es un condenado en firme por abusos sexuales.

“Como es lógico, durante estos años he pasado por momentos en los que he estado destrozado psicológicamente”

Nada hay que cuestionar sobre la posible afección psicológica sufrida por el abusador. Sin embargo, se orilla que los hechos probados por los que ha sido condenado generaron un grave perjuicio a la víctima. Esto está diagnosticado por profesionales del ámbito psicológico y psiquiátrico e incluyeron intentos de suicidio. Una de las claves de este caso es que no solamente agredió al alumno sino que creó un clima por el cual también sufrió 'bullying' del resto de compañeros.

“Estoy pensando escribir mis experiencias en un blog o una web porque creo que ha llegado el momento de contar la historia completa”

En realidad, Martínez Sanz ya contó con el apoyo de su antiguo colegio en este sentido. Antes del juicio, y bajo la premisa de que los medios de comunicación manipulaban a la opinión pública, Gaztelueta contrató a un gabinete externo y creó una página web para desmontar las denuncias y ofrecer crónicas alternativas. Aquel portal ya quedó eliminado a la luz de los pronunciamientos judiciales.

“En la Justicia civil se trasladan y no se esconden al acusado los poderes que facultan para actuar y se entregan al acusado las acusaciones y las pruebas”

Martínez Sanz emplea el término “civil” como supuesta contraposición a la Justicia canónica, sin ningún valor en un Estado de Derecho. Sin embargo, su procesamiento y su condena no fueron en la jurisdicción civil sino en la penal. Él mismo admite que precisamente está pendiente la pieza civil derivada de la penal del 'caso Gaztelueta' y en la que familia de la víctima tiene derecho a solicitarle una indemnización económica.

“No he pedido perdón porque soy inocente. Juan miente cuando dice que lo humillaba en clase: sus compañeros lo negaron ante notario”.

Es cierto que nunca ha pedido disculpas como también lo es que no es inocente, ya que pesa sobre una sentencia firme. Introduce Martínez Sanz como elemento probatorio de las supuestas mentiras del denunciante un elemento que ya fue largamente debatido -y rebatido- en el juicio celebrado en 2018. Está acreditado que el numerario se valió de su posición de superioridad y que ello tuvo más consecuencias que los propios abusos sexuales. El condenado por pederastia afirma que los otros alumnos de Gaztelueta lo negaron ante notario. Se refiere a unas actas pagadas para su defensa por el propio colegio del Opus Dei. Aquellos documentos eran de contenido y estructura idénticos y se pretendieron presentar en el juicio como supuesta prueba exculpatoria. Gaztelueta llegó a querellarse contra este periódico por revelar su mano detrás de esta estrategia orquestada para desacreditar al abusado y ayudar al abusador. Perdieron aquel pleito también.

“La sentencia injusta en el juicio de Bilbao se basó casi exclusivamente en una convicción del juez: Juan Cuatrecasas no podía mentir”.

La sentencia de primera instancia no es “una convicción del juez”, sino que fue firmada por un tribunal de tres magistrados y sin votos particulares. Fueron Alfonso González-Guija, Juan Manuel Iruretagoyena y Jesús Agustín Pueyo. Sí tiene razón en que Juan Cuatrecasas no podía mentir, ya que hay obligación para los testigos de decir la verdad. Eso sí, no consta en ningún momento que se haya iniciado ningún procedimiento por indicios de que incumpliera ese juramento. Por el contrario, en un Estado de Derecho quien sí tiene la posibilidad de mentir es el acusado y Martínez Sanz ha hecho uso de ese derecho en todo momento, como también al de no responder a determinadas preguntas.

“Cuando digo que Juan miente me refiero a que no dice la verdad. No juzgo su intención, ni sé si es fruto de su enfermedad y está convencido de lo que dice”

Las “enfermedades” de la víctima, algunas de ellas todavía con secuelas más de una década después de los hechos, tienen un claro origen traumático diagnosticado y se sitúa en los abusos sexuales sufridos en el colegio Gaztelueta. La veracidad de su denuncia queda fuera de toda duda, básicamente porque ha motivado una condena penal en firme.

“Su supuesta acusación fue muy vaga, tanto que no se puede decir que sea una acusación. Sin embargo, a partir de ese día se le empezó a intoxicar a través de interrogatorios mal ejecutados”

Con la salvedad de dos hechos que sí se dieron por probados en primera instancia pero no en segunda instancia, los tribunales y los expertos que han tratado a la víctima han destacado la consistencia en el tiempo del relato de la víctima. Asimismo, han insistido en que es muy difícil pedir a un niño –de no más de 12 años en el momento de los hechos– que verbalice y describa con precisión prácticas sexuales que no conoce. Igualmente, los expertos siempre recalcan que las víctimas cuentan lo que pueden, como pueden y cuando pueden y que ello no es reprochable.

“Por otro lado, no veo que los Cuatrecasas tengan interés en cerrar el caso y seguir con sus vidas”

La familia Cuatrecasas tuvo que mudarse desde Bizkaia hasta La Rioja ante la situación crítica en que quedó la víctima tras los hechos. Ahora han creado una asociación llamada Infancia Robada que recopila otros casos de abusos, principalmente en el ámbito eclesiástico. El joven, ya mayor de edad y pese a las dificultades por la situación sufrida, ha logrado completar sus estudios universitarios.

El ‘caso Gaztelueta’ está prácticamente visto para sentencia. El obispo de Teruel, José Antonio Satué, encargado por el Papa Francisco de revisar la mala praxis canónica de este caso de abusos, podría resolver en breve, según han señalado distintas fuentes a elDiario.es, a favor de la víctima de abusos, Juan Cuatrecasas (hijo), y en contra del profesor condenado por la justicia civil, José María Martínez Sanz.

Un fallo que podría ver la luz para Semana Santa, y que en todo caso el Opus Dei –una de las principales instituciones implicadas– conocerá antes de que el próximo 12 de abril arranque el Congreso Extraordinario después del rapapolvo sufrido por el motu proprio del Papa Ad charisma tuendum, en el que Francisco degrada de alguna manera a su prelado, que desde el pasado mes de agosto no puede ser obispo ni portar los ropajes o el anillo episcopal (algo que, según algunas fuentes, no se ha cumplido estrictamente).

La Obra, la única que gozó del carácter de Prelatura Personal en la vida de la Iglesia, ha pasado a depender de la Congregación para el Clero, que monitorizará todas sus actividades. Cada año habrá una revisión y se podrán impedir algunos de los abusos que, en muchas partes del mundo, se han denunciado contra el Opus Dei, sus políticas de segregación y su absoluto control en las casas y colegios propiedad de la Obra.

Uno de los escándalos clave para entender este movimiento de Roma no es otro que el caso de abusos a menores en el colegio Gaztelueta de Bizkaia, y la gestión que hicieron de él tanto el colegio como la Obra, así como determinados actores eclesiásticos. Un caso que en lo civil ya está cerrado, con el profesor del centro –miembro del Opus Dei– condenado en firme por pederastia, aunque ni el prelado ni la Obra –y mucho menos, los terminales mediáticos cercanos al Opus– lo hayan reconocido expresamente, y que el Papa Francisco decidió abrir el pasado mes de septiembre, después de un encuentro con la víctima, Juan Cuatrecasas (hijo), con motivo de un especial que, producido por Jordi Évole, verá la luz el próximo 5 de abril, Miércoles Santo, en Disney+.

Tras escuchar directamente su testimonio, Francisco se interesó por el caso y comprobó, con estupefacción, cómo se había actuado de forma incorrecta. El Papa nombró una comisión, presidida por el obispo de Teruel, que ha estado acompañado por José Luis Perucha Rojo, rector del Seminario de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, que ha actuado como notario. Como asesores, la rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), Mirian Cortés Diéguez, y el vicario general de Jerez, Federico Mantaras Ruiz-Berdejo. El objetivo señalado por la diócesis de Bilbao, donde se produjeron los abusos, era “depurar responsabilidades y ayudar a sanar heridas producidas”. Fuentes eclesiásticas señalan que es muy probable que haya un resarcimiento para la víctima.

A lo largo de estos meses, el Opus Dei ha tratado de inhibirse del proceso, señalando que ya hubo una investigación en 2015, en el que Doctrina de la Fe “concluyó la inocencia del profesor”, algo que ya se ha comprobado que no era cierto, pues no hubo realmente investigación canónica en firme y, en todo caso, el propio Francisco ha determinado que muchas cosas se hicieron mal.

El pederasta condenado, por su parte, emitió otro escrito en el que mostraba su perplejidad por “cómo se puede iniciar tal proceso (canónico) a un laico”, y ha intentado en estos meses desacreditar la esencia del proceso, olvidando que, en lo tocante a la Iglesia católica, el Papa tiene potestad absoluta. De hecho, se reunió con Satué y solicitó, infructuosamente, un encuentro con el Papa, que este declinó hasta que no haya concluido la investigación encargada, y que en estos meses ha llevado a cabo un trabajo callado y ajeno a la deriva mediática del caso, así como a las presiones de determinados estamentos eclesiásticos, que buscaban impedir que se hiciera justicia en lo canónico.

No será así. Salvo sorpresa mayúscula, el dictamen de Satué resolverá el resarcimiento de la víctima, Juan Cuatrecasas (hijo), así como la responsabilidad canónica de su abusador, y señalará los fallos tanto en la supuesta investigación llevada a cabo en 2015 como en las sucesivas resoluciones del Opus Dei y de Doctrina de la Fe. Se espera que el dicasterio vaticano “reponga el buen nombre” del superviviente de abusos, y anule la carta en la que señalaba la inocencia del abusador. No queda muy clara cuál será la responsabilidad canónica tanto del colegio como del Opus, que reputacionalmente ha quedado muy tocado por este caso, y por otros similares, cuyo efectos habrían de valorarse en el congreso extraordinario. Algunos hablan de refundación, aunque lo cierto es que será el mismo Opus Dei quien controlará la magnitud de sus reformas, que después presentará a Francisco.

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En Euskadi, son seis los colegios privados del Opus Dei que vetan a alumnos de uno de los dos sexos. Hay cuatro en Bizkaia, dos en Gipuzkoa y ninguno en Álava. La mayoría están agrupados en la patronal COAS. Todos ellos están todavía financiados con fondos públicos aunque el compromiso adquirido por el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, es que pasarán a ser mixtos desde el curso 2023/2024 si quieren mantener, como parece, el estatus de colegios concertados.

Según los datos enviados por Educación al Parlamento Vasco a instancias de EH Bildu, 3.735 alumnos estudian ahora mismo en esos centros y, al menos, han obtenido 22,5 millones de euros de la Administración en lo que va de legislatura, desde septiembre de 2020.

En Bizkaia, hay dos colegios masculinos y dos femeninos. Son Gaztelueta y Munabe, ubicados en Leioa y en Loiu, respectivamente, y Arangoya y Ayalde, en Bilbao y Loiu. En Gipuzkoa, Eskibel de Donostia es femenino y Erain de Irún su variante masculina.

Ninguno ofrece el modelo D, mayoritariamente en euskera y el más habitual en Euskadi

Ninguno ofrece el modelo D, mayoritariamente en euskera y el más habitual en Euskadi. Munabe y Erain ni siquiera ofertan el B, bilingüe. 2.713 de los 3.735 alumnos están en modelo A, con más horas de castellano. Los datos constan en un informe entregado a la Cámara tras una petición del portavoz educativo de EH Bildu, Ikoitz Arrese.

En cuanto a la financiación, Educación no ha entregado los datos solicitados y ha remitido a una búsqueda en Gardena, la web de Transparencia del Gobierno vasco. Este periódico ha recopilado los pagos a estos colegios desde que Bildarratz es consejero de Educación, esto es, desde septiembre de 2020.

Sin embargo, en el caso de Arangoya (tanto introduciendo ese nombre como por el nombre de la empresa que lo gestiona) no aparece ningún dato y la estimación parte de la suma de los conciertos concedidos en los cursos 2021/2022 y 2022/2023 más la aportación extraordinaria por los gastos adicionales generados por la COVID-19 en la red concertada. La suma total arroja una cifra de, al menos, 22.532.548,50 euros.

Según consta en Gardena, estos colegios reciben fondos más allá de los módulos anuales correspondientes a los conciertos. En concreto, en lo que va de legislatura son al menos 89 facturas las que han girado. Así, hay pagos a las AMPA, a proyectos de innovación tecnológica o de refuerzo pedagógico o incluso para la Agenda Escolar 2030.

Ayalde, con 7,2 millones, y Gaztelueta, con 6,1, son los que copan la mayoría de las subvenciones públicas y los únicos que tienen más de un millar de estudiantes matriculados. Este último centro, además, se vio salpicado por el caso de abusos sexuales cometido por un docente y numerario, José María Martínez Sanz, unos hechos acreditados por la Justicia.

Según trascendió en enero, el deseo de estos colegios del Opus Dei de seguir estando concertados hará que renuncien a la segregación por sexos, una práctica que denominan “educación diferenciada” y que han defendido con firmeza en los últimos años. El consejero Bildarratz se ha mostrado confiado en que este proceso se llevará a cabo desde el “acuerdo” con los centros afectados y de un modo 'natural', es decir, buscando que extiendan a todos los niveles educativos la posibilidad que ya ofrecen en Infantil de matricular a alumnos de ambos sexos. El cambio sería progresivo pero se iniciará ya en el curso 2023/2024. Serán mixtos los grupos en el primer curso de Primaria, de modo que tengan continuidad las aulas ya formadas en Infantil. Eso sí, existe una clave importante: a partir del segundo trienio de la actual regulación de los conciertos educativos no se autorizarían ya centros que tengan parte de sus aulas concertadas y parte no, de modo que el momento crítico será el año 2026/2027. Si entonces no admiten matriculaciones mixtas en todos los niveles, tendrán que ser enteramente privados.

¿Será efectivo el cambio en estos colegios? “No sé cómo lo harán real. Lo que sí sé es que a día de hoy, más de 30 años después de que sea mixto, mucha gente sigue sin querer mandar chicos a Irlandesas porque piensan que es un colegio de chicas y que va a haber pocos chicos. Se ve también en la parada del bus. Y a Urdaneta, que ya está bastante equilibrado, también le costó al principio”, explicó cuando se supo la noticia una fuente conocedora de la realidad de los colegios concertados del Gran Bilbao.

El museo de arte sacro de Bilbao, sito en un antiguo convento dominico, ha acogido este jueves el simbólico pistoletazo de salida de la exposición Shame ('vergüenza', en castellano) con retratos de víctimas de abusos sexuales en la infancia, evento del que es colaborador elDiario.es/Euskadi. Kerman López, vicario general de la diócesis de Bilbao, ha solemnizado que al menos esa pequeña demarcación de la Iglesia católica apoya “sin duda” a los denunciantes de casos en ámbitos eclesiásticos y les ha animado a dar el paso si aún no lo han hecho. En el marco de la exposición, cuyas fotografías también son visibles en las estaciones del metro de Moyúa e Indautxu, se espera un pronunciamiento más solemne de perdón por parte del obispo, Joseba Segura, según las fuentes consultadas.

López ha realizado públicamente ante un auditorio compuesto por damnificados, familiares, autoridades y representantes sociales, esa “invitación” a que posibles nuevas víctimas denuncien. “Queremos escucharles y, en lo posible, ayudarles”, ha manifestado. Ha agregado que los actuales gestores eclesiásticos no están “eximidos de responsabilidad”, que el “problema” ha estado muy “extendido” y que en Bizkaia se forma a quienes tienen contacto con menores en entornos de ocio o educativos para prevenir episodios de pederastia. “Reparación” y “no repetición” son dos principios básicos para gestionar esta materia, ha insistido. La diócesis tiene una comisión para recabar denuncias y también prevé realizar encuentros restaurativos entre víctimas y victimarios, similares a los que se realizaron con presos de ETA y familiares de asesinados.

La exposición está promovida en España por la asociación Infancia Robada, capitaneada por los padres de Juan Cuatrecasas, víctima de abusos en el colegio masculino del Opus Dei de Leioa, Gaztelueta. En su caso, no hallaron esa voluntad de “reparación” que ahora predica la Iglesia vizcaína. Más bien al contrario, aquel centro y el Opus Dei protegieron al abusador hasta el punto de atacar a la víctima o pagarle parte de la defensa en el proceso penal. Cuatrecasas, ahora ya mayor de edad, es uno de los retratos en blanco y negro que se exhiben en la muestra. Todos ellos son obra del italiano Simone Padovani. El mecenas suizo Guido Fluri y el Consejo de Europa han logrado una colección de cien víctimas de todo el continente y las fotografías viajarán a otras ciudades para dar a conocer las cien historias detrás de cada una de ellas.

El titular del Ararteko, Manuel Lezertua, ha pronunciado también un discurso en la inauguración. La de “víctima” no es una “categoría” como si se tratase de una “enfermedad crónica”, ha opinado. Los datos de esta institución muestran que el caso de Gaztelueta es una excepción: apenas el 5% de las denuncias concluyen en una condena penal. Aquí, aunque el Tribunal Supremo rebajó al mínimo la condena efectiva, a dos años, hubo una doble resolución final que confirmó que lo que decía el joven era cierto. Eukene Arana, exparlamentaria vasca que participó en la pasada legislatura una ponencia sobre abusos que ahora se ha retomado en la Cámara, ha asegurado que “las consecuencias de los abusos sexuales no sólo afectan a los menores y a sus familiares, sino también afectan e interpelan a la sociedad en su conjunto”. “Oponerse a estos comportamientos y desvelar a quienes de cualquier modo toleran, disculpan o protegen a los responsables es nuestro deber como ciudadanos”, ha aseverado Iñaki Viar, uno de los profesionales que atendió a Cuatrecasas en plano de la salud mental.

Hablan las víctimas: “Bastante hice con sobrevivir”

Cuatrecasas no ha tomado la palabra, aunque ha seguido el acto sentado entre el público. Sí han hablado otras víctimas. “Soy Leonor, agredida en 1972 por el capellán del grupo sanatorial Santa Marina de Bilbao, donde ingresé enferma de tuberculosis con ocho años. Su nombre era padre Martín. Me hirieron y animo a todas aquellos a que alcen la voz. Aunque soy consciente de lo duro que puede ser iniciar este camino de denuncia, es el único para que no nos derroten. Esto que hoy aquí nos congrega es el ejemplo y por lacerante que a muchos y muchas nos resulte, con estas figuras y un confesionario en la entrada asaltando nuestra mirada, llamo a la Iglesia que nos ofrece este espacio, a la Iglesia aquí presente, a la que se indigna y deplora hechos tan lamentables, para que nos apoye de un modo contundente y clame junto a nosotras”, ha clamado Leonor G. Paqué en una alocución muy aplaudida.

“Soy Pepe Godoy y sufrí abuso sexual de los ocho a los once años. Mi agresor era un entrenador de fútbol. Todos le querían. Era un monstruo, era mi monstruo, pero todos le querían. Lo pude contar 36 años después, con 44 años. Dos años después, con 46, lo denuncié ante la Policía y también públicamente. El año en que empezaron los abusos fue como un hachazo en mi vida. Hasta entonces era un niño valiente y feliz. Empecé a tener miedos. Empecé a tener terrores nocturnos. Empecé a tener manías. Una situación que no me dejaba vivir, que me angustiaba, que me ahogaba. No podía hablar de ello y también abusó de mis hermanos, entonces la carga se hacía cada día más pesada porque me sentía culpable y cómplice. Me sentía responsable de los actos del pederasta. Con los años y la terapia entendí que bastante hice con sobrevivir”, ha contado este hombre, cuya imagen es la primera nada más entrar a la sala de la exposición.

El Departamento de Educación ha mostrado públicamente su voluntad de dejar de financiar con fondos públicos a corto plazo los seis colegios vinculados al Opus Dei que segregan por sexos, cuatro en Bizkaia, dos en Gipuzkoa y ninguno en Álava. El concierto de estas aulas, que ya queda fuera del marco de la LOMLOE estatal y de los borradores de la nueva ley autonómica, ronda en la actualidad los 12 millones de euros. Uno de ellos es Gaztelueta, en Leioa, vinculado al caso de abusos sexuales al joven Juan Cuatrecasas.

El consejero, Jokin Bildarratz, se ha mostrado confiado en que este proceso se lleve a cabo desde el “acuerdo” con los centros afectados, esto es, buscando que extiendan a todos los niveles educativos la posibilidad que ya ofrecen en Infantil de matricular a alumnos de ambos sexos. El cambio sería progresivo pero se iniciará ya en el curso 2023/2024. De hecho, Bildarratz no ha ocultado que ya el próximo curso, en septiembre, empiecen a ser mixtos en el primer curso de Primaria. Eso sí, existe una clave importante: a partir del segundo trienio de la actual regulación de los conciertos educativos no se autorizarían centros que tengan parte de sus aulas concertadas y parte no, de modo que el momento crítico será el año 2026/2027.

Euskadi aspira a una fórmula de cumplimiento de la normativa similar a la de Navarra, basada en el compromiso de los propios centros de cumplir la normativa. Sin embargo, en el caso de la comunidad foral se ha optado por retirar las ayudas públicas en el Bachillerato -etapa no obligatoria- por no abrir la matrícula a ambos sexos.

“Espero que se haga de una manera acordada”, ha confiado Bildarratz, que ha explicado que están manteniendo -y seguirán manteniendo- contactos frecuentes con los colegios del Opus Dei, en su mayoría agrupados en la patronal COAS (que también tiene centros en La Rioja). Según ha indicado, han de “entender” que la “voluntad” de las Cortes Generales y del Gobierno de España, expresada en la LOMLOE, y del Parlamento Vasco y del Gobierno autonómico es de subrayar que “no cabe la separación por género” y que ello implica “no financiar y concertar”. “Podemos entender que haya familias que entiendan que tenga que haber [este tipo de educación] pero no entendemos que eso lo tengas que financiar. No podemos admitirlo y no vamos a concertar centros que separen por género”, ha indicado el titular de Educación en respuesta a preguntas de los periodistas tras el Consejo de Gobierno.

Euskadi está ya en puertas de la campaña de matriculación. Bildarratz, en todo caso, entiende que “tampoco les influye mucho” porque en Infantil ya ofertan un modelo “mixto”. “El problema se les generaría en Primaria y con eso vamos a trabajar”, ha señalado el consejero, que no ha orillado la importancia de que todos los pasos se den con “garantía jurídica” y “acordada”, ya que en el pasado ya se judicializaron intentos de cerrar el grifo a los colegios segregadores hasta el punto de que el Tribunal Constitucional acotó el margen de maniobra de la Administración.

Juan Cuatrecasas, que sufrió abusos sexuales cuando era estudiante del colegio Gaztelueta de Leioa, vinculado al Opus Dei, ha denunciado en el Parlamento Vasco, en el marco de una ponencia a puerta cerrada que analiza medidas para mejorar la respuesta ante estas situaciones, que es una “vergüenza” que ese centro de “cuasi delincuentes” que ejercieron de “encubridores” siga estando concertado por el Gobierno vasco. Se da la circunstancia, además, de que es uno de los pocos colegios que segregan por sexos, circunstancia que sí podría dejarle fuera de la financiación.

“El colegio ha encubierto y ha promovido la violencia contra mí y contra mi familia. Que a día de hoy siga recibiendo ayudas y dinero público es una vergüenza. Es un problema ya no sólo de la política sino de toda la sociedad, porque que unos cuasi delincuentes siguen impunes y haciendo lo que les da la gana. Es una vergüenza”, ha manifestado Cuatrecasas, ya mayor de edad, en declaraciones a los medios de comunicación. Este periódico ya reveló que el centro promovió que exalumnos y docentes firmaran actas para defender la inocencia del profesor y preceptor autor de los abusos, José María Martínez Sanz. Asimismo, tras la primera condena de la Audiencia Provincial de Bizkaia, organizó una rueda de prensa para cargar contra la familia de la víctima e incluso una visita guiada a las instalaciones para asegurar que los hechos probados por un tribunal eran falsos.

“No ha tenido la dignidad de respetar a la víctima como creo merece y pedir perdón por sus múltiples negligencias durante años, antes, durante y después de la denuncia y la condena en firme. En cambio, sigue cuestionando a la víctima y defendiendo al pederasta condenado en firme y encima recibiendo dinero público”, ha protestado Cuatrecasas, que asegura que los partidos presentes en la ponencia -todos los que tienen representación en Euskadi salvo Vox- han sido receptivos con su punto de vista.

Dentro de la ponencia, Cuatrecasas ha leído “diez mandamientos” para incidir en cambios de respuesta ante casos de abusos sexuales. “Las víctimas y supervivientes no relatan, no cuentan, cuando quieren, sólo cuando pueden. Es este un punto aún en muchos casos incomprendido. Nunca las víctimas y supervivientes pueden sufrir acciones forzosas que les obliguen a contar en tiempos o espacios impuestos. Debe dárseles plazos amplios de tiempo desde su primer testimonio, porque sus capacidades no son las mismas y deben siempre adaptarse a ellas. En el plazo emocional no existe la prescripción ni siquiera la prueba preconstituida. No es para nada empírico, académico o jurídico pretender que una víctima relate su testimonio de una sola vez, porque nunca funciona así. Pueden pasar años e incluso es posible que muchas de ellas ni siquiera lo hayan contado, fuera aparte de que se hayan llevado el secreto a la tumba”, ha indicado ante la Cámara el ahora letrado. Y ha pedido que no se juzgue a los menores por sus relatos en ocasiones inconexos: “Un niño o niña de diez años no tiene la misma percepción sobre la sexualidad y por ello sobre los actos y agresiones sufridas en manos de un adulto que un niño o una niña de quince años, por ejemplo”.

“Apuesto por el refuerzo de la figura de los psicólogos y psicólogas en los centros escolares -ha seguido-. También en los procesos judiciales que se abran, porque junto y en colaboración, cuadros diferentes de actuación para nada incompatibles y sí complementarios, con otros profesionales, educadores sociales, trabajadores sociales, psiquiatras, victimología, criminología, es preciso y necesario que los encargadas de la atención y de ratificar la credibilidad de las víctimas antes, durante y después del proceso, sepan hacerlo no solo a nivel humano, también profesional y académico”. Cuatrecasas, que vio retrasada su formación por estos hechos, ha pedido tratamiento especial para las víctimas en momentos como la Selectividad o para evitar una futura “exclusión laboral”. Asimismo, ha reclamado “el refuerzo de estas campañas públicas” contra los abusos sexuales.

Avanzar sin caer, saliendo de un pozo emocional al que un día, cuando no levantabas tres palmos y medio del suelo, un adulto te arrojó. Suena literario, pero no lo es. Las metáforas suenan demasiado complacientes cuando hablamos de violencia sexual contra la infancia y la adolescencia. Un adulto, aprovechando su consideración de superioridad, la misma que en algunas sentencias no se tiene en cuenta o se tiene con insustancial equidistancia, se cruza un día en el camino de un niño o una niña y abusa de él o ella sexualmente, invade su intimidad sin rubor pero con flagrante cobardía, se apodera de su perímetro para someterle a todo tipo de abusos y agresiones, que a veces incluyen también golpes, torturas y vejaciones orales. Un cúmulo de acciones violentas físicas, psíquicas, que dejan al menor en una situación de zozobra y secuelas fruto de un síndrome de 'shock' postraumático que le afectará en mayor o mediana medida durante décadas, incluyendo su etapa de forja de su personalidad. 

Es una realidad que estos delitos se perpetran en todos los ámbitos sociales y desde luego el eclesiástico no es una excepción. Nunca lo fue. Algunos sacerdotes y religiosos a la sombra de la mayoría han cometido acciones delictivas de pederastia y pedofilia y el número de víctimas y supervivientes es ingente, mayor de los porcentajes de casos denunciados en la justicia ordinaria, en la canónica o en los medios de comunicación. Lo que no se cuenta, no existe. Y esa es una de las mejores armas de los pederastas y sus encubridores. Se sirven del miedo y el silencio que este genera para asentarse en la impunidad. Es difícil vencer el miedo, romper el silencio. No todas las víctimas pueden hacerlo, porque las víctimas no cuentan cuando quieren, solo cuando pueden. Es una cuestión de pragmatismo, una sólida teoría académica y un hecho objetivo y demostrable.

La pretensión de que un niño o niña relaten los abusos a los que fueron sometidos como si estuvieran relatando una excursión con amigos al monte siendo absurda, no es ficción. Sentencias como la del caso Gaztelueta (la número 467/2020 del Supremo), demuestran en su contenido y en su línea argumental que para algunos jueces lo de las víctimas no cuentan cuando quieren, entiéndase detalles de los delitos, sino cuando pueden no es admisible. Algo terrible, sin lógica y que solo sirve para quienes demuestran no saber de qué hablan redacten sentencias poco justas de raíz. Parece como si algunos jueces y fiscales se deslizaran por un tobogán con una venda en los ojos incapaces, pensando bien por falta de una formación sólida en la gestión jurídica de este tipo de delitos cometidos contra menores porque pensando mal las conclusiones serían muy deprimentes y escandalosas.

En ese sentido y acogiendo en el escrito al facultativo suizo Jean Piaget, psicólogo considerado padre de la epistemología genética y reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría cognitiva constructivista del desarrollo de la inteligencia, a partir de una propuesta evolutiva de interacción entre el sujeto y objeto. El razonamiento hipotético deductivo que comienza en la preadolescencia de manera incipiente y se va desarrollando durante la adolescencia. También la más que probable amnesia, producida por el trastorno de estrés post traumático que suele aparecer en ocasiones. Como ejemplo : un niño o niña de diez años no tiene la misma percepción sobre la sexualidad y por ello sobre los actos y agresiones sufridas en manos de un adulto que un niño o una niña de quince años. 

Pues bien, tener que seguir insistiendo en esto me lleva a concluir que el problema, o uno de ellos, es sin duda la débil o insuficiente formación de algunos profesionales que redactan sentencias más tendentes a la absolución del delincuente pederasta que a una condena equilibrada y justa.

No es de recibo que la jurisprudencia que se cree en este tipo de delitos sea negativa, que quienes denuncian en vez de encontrar la protección que merecen por parte de las instancias requeridas, encuentren además de las secuelas físicas y emocionales, un plus de negación, minimización e incomprensión. Hay que lograr esa visibilidad del drama humano, cuando no de la tragedia que asuela a las víctimas y supervivientes de pederastia e incluso y con la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, del derecho a la asistencia integral especializada y accesible, desde atención médica y psicológica, a la cobertura de las necesidades económicas, laborales y de vivienda, a la asistencia jurídica y a una indemnización, junto a la eliminación del término abuso sustituyéndolo en todos los supuestos por el de agresión sexual. Porque son nuevos tiempos para las víctimas y supervivientes de violencia sexual pero también para los agresores, pederastas y maltratadores. Tiempos de verdad y justicia, de reconocimiento, reparación y acompañamiento. Aire fresco después de tantas décadas de silencio forzoso e impunidad, de negacionismo y falta de respeto. Seguiremos adelante, caiga quien caiga. No es revancha, es justicia.

La apertura de un procedimiento canónico por parte del Vaticano en lo referente al llamado mediáticamente 'caso Gaztelueta' tras del que se esconde una actitud infame por parte de quienes debiendo hacer un trabajo serio no lo hicieron supone una apuesta del Papa Francisco por la transparencia y la tolerancia cero frente a la violencia sexual a menores en el ámbito eclesiástico. El teatro siniestro que en 2015 urdió la Congregación para la Doctrina de la Fe, en manos del Cardenal Muller, convirtió la denuncia justa de una víctima de pederastia en un colegio de la Obra Corporativa del Opus Dei en una vergonzosa acción dirigida a quebrantar la credibilidad del denunciante y la de su familia.

Trampas más propias de un tahúr que de un sacerdote, buscando con la pretenciosa y pretendida astucia de una raposa torticera, que el escenario donde se perpetraron los delitos no coincidiera con el testimonio planteado por la víctima. La Obra hizo obras, tal y como aseguró en el juicio el exdirector del centro Iñaki Cires. La iglesia española siempre ha sido consciente del papel de Silverio Nieto en la trama canónica del 'caso Gaztelueta'. Un rol de fontanero tóxico que la familia de la víctima llevamos denunciado desde mucho tiempo atrás.

'La Congregación para la Doctrina de la Fe ya dio carpetazo al asunto en 2015 demostrando mi inocencia'. Se agarraba así a un clavo ardiendo el pederasta en un comunicado público en el que ante el asombro del más común de los mortales, seguía pretendiendo ser inocente. Un auto de instrucción, una sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia y otra posterior del Tribunal Supremo de España le condenaron, añadiendo la inadmisión a trámite de su recurso de amparo al Constitucional que zanjaba el asunto y ponía fin al recorrido penal, reconociendo así a la víctima y sancionando al profesor de religión del colegio Gaztelueta, miembro numerario del Opus Dei en el momento cuando se cometió el delito. 

El Papa Francisco pone ahora un punto sobre la 'i' de la infamia y la desvergüenza de la Prelatura, del colegio de Leioa y de todas y todos los que más allá de dudar del testimonio de Juan Cuatrecasas Cuevas, mi hijo, osaron además culpabilizarle, y anularle como niño y como ser humano, víctima de un terrible delito contra su integridad física y emocional. Hoy es el día en el que aquellos parecen esconderse porque la realidad del presente, que sigue dando la razón a Juan, les escuece y les golpea como justo 'boomerang' en pleno rostro.

Quienes han escuchado a Juan en todos estos años, jamás han dudado de la verdad, incluso Imanol Goyarrola que dice en público algo que ya en 2011 no decía a los padres en privado. Nadie ha dudado, ni medios de comunicación, ni facultativas de parte y no de parte, ni abogados, procuradores, jueces, fiscales o secretarios y secretarias de juzgado. El profesor pederasta condenado en sentencia firme en la justicia ordinaria lo será también, cabe esperar que así sea, en el orden canónico, defendiendo así los derechos de una víctima de pederastia en la infancia y creando una brillante jurisprudencia positiva para el resto de supervivientes de estos gravísimos delitos.

No es cosa menor, desde luego. Es desde luego el momento de que la sociedad civil tome conciencia de un asunto que trata de respeto a los derechos humanos, a los derechos de la infancia y la adolescencia y a la salud pública. Es hora de que desde luego la lupa se amplíe a todos los ámbitos de la sociedad donde se perpetran estos delitos y que las víctimas y supervivientes de violencia sexual en la infancia obtengan sin trabas los derechos que merecen porque les corresponden. La verdad jurídica que el prelado del Opus Dei citaba en su carta de respuesta a una de mi puño y letra solicitándole que repusiera el buen nombre de Juan Cuatrecasas Asua y exigiera a Gaztelueta hacer lo mismo es más que jurídica, es la verdad. Pruebas hay, hechos probados. La sentencia, impecable e implacable, de la Audiencia Provincial de Bizkaia así lo demostró. Al parecer en el Opus Dei el derecho, la esencia de lo jurídico, son grandes desconocidos.

No saben, no parecen saber, pensando bien, que supone acatar una sentencia y que son los hechos probados. Pensando bien. Lo cual a estas alturas, viniendo de ellos, es mucho pensar. La apertura del procedimiento canónico llega ahora en coherencia con aquel comunicado de una fuente autorizada vaticana, que en Noviembre de 2018 ya reconocía “errores” en la investigación del 'caso Gaztelueta'. Ahora llega la verdad con toda su fuerza, inapelable, potente y llena de rigor. Ahora es el momento de depurar responsabilidades, todas, y se sanar a un niño, hoy en día adulto, que sufrió en manos de un delincuente disfrazado de profesor de religión abusos y agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones.

Ahora el círculo que un depredador sexual abrió un día en la integridad de un menor, quebrándole sin esfuerzo en una condición de superioridad que el Tribunal Supremo de España tuvo la inexplicable indecencia de negar, una de las claves de la rebaja de la condena con respeto a la sentencia de la Audiencia de Bizkaia, empieza a cerrarse en lo que es un rayo de luz que pretende ser coherente y consecuente con quien tuvo el valor de soportar las secuelas de agresiones y humillaciones, y la entereza en la denuncia del delito. Un abrazo hijo, de parte de tu madre, tu padre, tu hermano y el resto de quienes han estado siempre a tu lado, desde que en Mayo de 2011 contaste que habías sido abusado y acosado en el colegio Gaztelueta. Seguiremos luchando para que tu nombre y el de todos y todas las víctimas y supervivientes de pederastia luzca como merece pese a quienes intentan crear un abominable y mentiroso eclipse. 

¡Verdad, Justicia, Reconocimiento, Reparación y Acompañamiento!

* Juan Cuatrecasas Asua es el padre de la víctima del colegio Gaztelueta, y miembro fundador de ANIR (Asociación Nacional Infancia Robada)

José María Martínez Sanz, numerario del Opus Dei y profesor en el colegio Gaztelueta de Leioa -privado masculino financiado con fondos públicos-, ha sido condenado primero por la Audiencia Provincial de Bizkaia y luego por el Tribunal Supremo por abusos sexuales continuados a uno de sus estudiantes, Juan Cuatrecasas, cuando cursaba el primer ciclo de Secundaria. Ahora se ha conocido que la Iglesia católica ha decidido retomar también, por orden directa del Papa, un proceso interno después de haberlo cerrado en el pasado. El abusador, en un comunicado, ha reaccionado mostrando su disposición a “colaborar” -algo que no se vislumbró en la vía penal en ningún momento- y ha vuelto a situarse por encima de la Justicia al reiterar a su “inocencia” y hacerse la víctima por llevar una década padeciendo “sufrimientos injustos”

Sobre las formas, Martínez Sanz también cuestiona que se puede iniciar un procedimiento eclesiástico “a un laico”. Con todo, se dice “disponible” para “recibir alguna comunicación oficial” por parte de la justicia eclesiástica -que en ningún caso sustituye o enmienda a la vía penal en un Estado de Derecho- y para “colaborar con las instancias competentes”. Respecto a esa supuesta “colaboración”, el condenado ya en firme y su entorno no solamente cuestionaron desde el inicio la denuncia de la víctima sino que activaron todos los resortes para ningunearla, incluso culpando a su familia. El colegio Gaztelueta protagonizó dos momentos estelares en el proceso. Como reveló este periódico, costeó unas actas notariales que firmaron otros alumnos y profesores en aquella época para recalcar la completa inocencia de Martínez Sanz ante la celebración del juicio y, una vez conocida la primera instancia, organizó una rueda de prensa en el propio centro para atacar a la víctima, su antiguo alumno.

Ni siquiera las pruebas fehacientes ya visadas por el Supremo -aunque rebajó la pena inicial y suspendiera la entrada en prisión en ningún momento se cuestionó el relato de la víctima- han hecho que Martínez Sanz se salga del discurso de que es “inocente” y de que lleva “padeciendo más de diez años de angustia y sufrimientos injustos”, cuando ha sido Cuatrecasas quien ha vivido intentos autolíticos, episodios de 'bullying' asociados a los abusos, retraso en su formación y tratamientos psiquiátricos por las secuelas del estrés postraumático, como explicó en una entrevista. Sostiene el abusador que este caso está “extremadamente mediatizado, otra vez” y que “se ha distorsionado la realidad”.

“Es necesario abrir el proceso. Se hará una reunión para decidirlo. Luego nombraré el tribunal que llevará adelante el juicio. Te tendré informado”. Una carta, fechada el 12 de agosto y escrita de puño y letra por el Papa Francisco, daba oficialidad a una petición largamente esperada por la familia Cuatrecasas. Después de años de lucha, y mucha incomprensión tanto por parte del Opus Dei como del propio Vaticano, el Pontífice decidía reabrir el caso para, como ha pedido constantemente la familia, “reponer el buen nombre” de Juan, la víctima de abusos en el colegio Gaztelueta.

El Papa, después de estudiar todo el material que había en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, ha decidido que el responsable del tribunal que juzgará en España la actuación de la Obra y del colegio en el 'caso Gaztelueta' será el obispo de Teruel, José Antonio Satué, que en estos días se encuentra en Roma participando del curso de formación de nuevos obispos. Junto a Satué, formarán parte del tribunal la rectora de la UPSA, Miran de las Mercedes Cortés Diéguez, y Federico Mantaras, vicario general de Jerez. El notario será José Luis Perucha, rector del seminario de Sigüenza-Guadalajara. Es previsible que Satué o el obispo de Bilbao, Joseba Segura, que se ha implicado a fondo para colaborar con la familia, emitan un comunicado anunciando la apertura de un proceso canónico en España.

La decisión se ha tomado con el consenso de la familia y con el apoyo del presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, que en días previos ha comunicado la decisión al Opus Dei y a los responsables del colegio, que quisieron evitar cualquier intervención vaticana.

La decisión también supone una bofetada al todavía prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis Ladaria, quien en 2015 emitió el último dictamen oficial del Vaticano hasta ahora, y al que se agarró el prelado del Opus Dei, Fernando Ocáriz, para no pedir perdón a la víctima, pese a que el Tribunal Supremo ha confirmado la pena de dos años de prisión para su abusador, José María Martínez Sanz. Desde entonces, ni una palabra de perdón ni un reconocimiento de responsabilidad. Ha tenido que ser el Papa el encargado de intervenir y de informar a la víctima, antes de que lo hicieran los cauces oficiales.

Juan Cuatrecasas, padre de la víctima, ha lamentado que la decisión del Papa “llega tarde”, aunque valora “que hay una actitud de rectificación por parte del Vacticano”. En palabras a elDiario.es tras conocer la decisión del Papa, Cuatrecasas ha comentado que su “esperanza es que el Vaticano haga lo que tenga que hacer, reponga el buen nombre de mi hijo, dicte la sentencia condenatoria que tiene que dictar y que el Opus Dei haga lo que le dé la gana, porque a mi familia hace ya mucho tiempo que nos dejó de importar, porque solo merece nuestro desprecio por la forma en la que se comportó con nosotros. Porque son incapaces de pedir perdón a una víctima de pederastia por parte de uno de sus miembros”.

“Ya en 2018 el Vaticano reconoció errores en la investigación del caso”, señala el fundador de la Asociación Infancia Robada,“ también fruto de los burofaxes que envié a monseñor Ladaria [prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe] y a [Fernando] Ocáriz [prelado del Opus Dei].

La carta de Ocáriz

“Una vez que la justicia civil se ha pronunciado, sólo queda aceptar la verdad judicial, sin más consideraciones”. Esto es lo más parecido a una disculpa que se puede leer en la carta que el prelado del Opus Dei, Fernando Ocáriz, ha hecho llegar a Juan Cuatrecasas, el padre de la víctima del 'caso Gaztelueta'. Lo hacía para responder a la misiva tanto a Ocáriz como al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis Ladaria, en la que exigía se repusiera 'el buen nombre' de su hijo después de que el Tribunal Supremo hubiera confirmado la pena por abusos sexuales al profesor del colegio Gaztelueta, perteneciente al Opus.

Una carta, fechada el 2 de mayo, y que sólo ahora ha sido recibida por Cuatrecasas a través de un correo electrónico, ya que hubo un problema en Correos y nunca llegó a destino. En el texto el prelado del Opus Dei acusa recibo de la carta del 29 de marzo y al tiempo que lamenta “la judicialización y la mediatización de un caso tan complejo como éste”, ofrece su “cercanía” a Cuatrecasas y a su familia. El padre de la víctima cree que la reacción de Ocáriz ha sido “lamentable, patética y totalmente torticera”.

El prelado puntualiza, sin embargo, que “tanto el colegio Gaztelueta, como un representante de la Santa Sede (el prefecto Ladaria), sacaron unas conclusiones que no se corresponden con las de la justicia civil”. De hecho, Ladaria exigió “reponer el buen nombre” del profesor “falsamente acusado” que, hoy, agotada la vía judicial, está condenado a dos años de cárcel por pederasta, sin que el todavía prefecto de Doctrina de la Fe haya pedido disculpas.

“En todo caso, una vez que la justicia civil –que es la que debe imperar en la sociedad– se ha pronunciado, solo queda aceptar la verdad judicial, sin más consideraciones”, subraya, en una expresión medida hasta el extremo. ¿Por qué el Opus no se ha pronunciado oficialmente después? La respuesta del prelado del Opus Dei viene a cuestionar el proceso judicial que llevó a la condena al profesor numerario José María Martínez Sanz: “Si la Prelatura no ha hecho manifestaciones públicas acerca de la sentencia sobre un profesor laico ha sido precisamente por un deseo de respeto hacia la verdad judicial, sin poner de manifiesto las mencionadas anteriores conclusiones contradictorias con la justicia civil, o las mismas consideraciones del Tribunal Supremo de España, que ponen de manifiesto defectos procesales en el juicio sobre el caso, aunque no lleguen a anularlo”.

“La decisión de evitar otros pronunciamientos públicos ha sido precisamente el modo de manifestar respeto hacia su hijo Juan, y le pido perdón si ha podido ser interpretado de otro modo. Reitero una vez más lo señalado arriba: todos debemos acatar la sentencia”.

Pero no pedir perdón a la víctima. Resta ver qué sucederá a partir de esta decisión de Francisco.

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“Esta carta solo aporta más dolor, es inapropiada, lacerante, inhumana y desde luego todos los que la han podido leer, incluso fuera de la familia, se han preguntado si este señor y la orden que representan tienen aparte de una evidente falta de humildad, un mínimo de vergüenza”. Juan Cuatrecasas Asúa, padre de Juan, la víctima de abusos sexuales en el 'caso Gaztelueta', contempla estupefacto la carta del prelado del Opus Dei, Fernando Ocáriz, en respuesta al burofax enviado el 29 de marzo en el que exigía que, tras el fallo del Tribunal Supremo, repusiera el buen nombre de su hijo.

Tras recibir la comunicación, Cuatrecasas no duda en calificar como “reprobable, irresponsable y muy posiblemente delictiva” la actitud que, a su juicio, ha tomado la organización. En conversación con elDiario.es, el también diputado socialista en el Congreso considera que esta carta supone “seguir atacando a una víctima y superviviente de abusos sexuales después de una sentencia firme que condena al agresor”. Una vez recibida la contestación, asegura que seguirá luchando, para que se reconozca, también en el Vaticano, la condición de víctima de su hijo. Una tarea para la que, admite, “tengo una confianza indestructible en el Papa Francisco”:

¿Qué sintió al recibir la carta de Ocáriz? ¿La esperaba?

La valoración que hacemos es muy negativa. No hay una sola mención a una petición de perdón a la víctima y superviviente de abusos sexuales continuados a manos de un delincuente numerario del Opus Dei condenado en sentencia firme por el Tribunal Supremo. El recurso de amparo que el pederasta numerario solicitó al Tribunal Constitucional no fue siquiera admitido a trámite, lo cual demuestra la falsedad de sus palabras. El profesor de Gaztelueta gozó de todas las garantías jurídicas preceptivas en este país y decir lo contrario es faltar a la verdad de un modo que puedo calificar de miserable, mezquino y además impropio de alguien que dirige una congregación presuntamente católica. 

Mentir no les va a salir gratis. Es del todo imperdonable que aún a día de hoy el Opus Dei siga revictimizando a mi hijo y que lejos de acatar la sentencia, se recrean en causar dolor

Da la impresión de que Ocáriz no cree en el fallo judicial, aunque lo acate..

Debo, además, volver a mostrar mi estupefacción cuando este señor habla de “defectos procesales” en el juicio aunque no lleguen a anularlo. Los defectos procesales que él menciona en su carta deben de existir sólo en su imaginación. Mentir no les va a salir gratis. Es del todo imperdonable que aún a día de hoy el Opus Dei siga revictimizando a mi hijo y que lejos de acatar, como el propio Ocariz dice, la sentencia, se recrean en causar dolor y en no admitir la verdad, sin aportar reconocimiento y reparación. No menciona el perdón y tampoco una actitud positiva de acompañamiento. Pedir perdón significa que se reconoce que se ha cometido una injusticia, una agresión personal e institucional por parte del agresor y sus cómplices. Eso implica el perdón, el reconocimiento del relato de la víctima. Todo lo demás es negación y violencia contra la víctima.

¿Considera que, lejos de una disculpa, hay más ataque?

Esta carta solo aporta más dolor, es inapropiada, lacerante, inhumana... Siguen intentando blanquear a un delincuente. La gente sabe que son unos mentirosos y unos impresentables. Seguir atacando a una víctima y superviviente de abusos sexuales después de una sentencia firme que condena al agresor es una conducta reprobable, irresponsable y muy posiblemente delictiva.

¿Qué pasos planea dar ahora?

El tiempo va a poner a cada cual en su lugar, el que merece. Desde este mismo instante, esta familia empieza a trabajar con sus letrados en dar la respuesta debida en los tribunales y en el Ministerio Fiscal. La falsa cercanía, la empatía y el cariño no se deben expresar nunca mediante palabras escritas en papel mojado. La carta insiste en la conducta encubridora demostrada en este caso terrible para un niño por todo el entorno de Gaztelueta, un colegio que esconde entre sus muros muchas realidades silenciadas.

Lo que Gaztelueta y el Opus Dei están haciendo con Juan Cuatrecasas Cuevas es delictivo, intolerable y demuestra que no son dignos de gozar de privilegios en la Iglesia. No tienen derecho a tratar así a una víctima de abusos sexuales y a su familia.

Por muchos intentos que tengan de blanquear a un delincuente, la gente lo sabe, que son unos mentirosos y unos impresentables

Ademas de escribir al prelado del Opus, también lo hizo al cardenal Ladaria. Entiendo que no ha recibido respuesta…

Confío aún que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, sea o no sea Monseñor Ladaria quien lo haga, emita un comunicado reconociendo sus errores, que los hubo, tal y como confirmó una fuente vaticana en los medios, el 18 de noviembre de 2018, y que rectifique aquel burofax en donde pedían reponer el buen nombre del profesor. Hoy en día el buen nombre a reponer es el de Juan Cuatrecasas Cuevas. Eso ha quedado suficientemente claro y acreditado. Pese a los intentos del Opus Dei de seguir mintiendo y machacando a una víctima de abusos sexuales.

Dado que ni el Opus Dei ni el cardenal Ladaria han pedido perdón… ¿cree que será el Papa Francisco quien lo haga?

Siempre he mostrado una confianza indestructible en el Papa Francisco. Creo que si alguien dentro de la Iglesia ha demostrado cercanía y empatía con las víctimas y supervivientes de abusos y violencia sexual ha sido este Papa, además de religiosos como Hans Zollner, O’Malley o Scicluna.

¿Cómo está Juan? ¿Y la familia?

Juan, al igual que su madre, su hermano y yo, no entiende el comportamiento de estas personas que se autodefinen como virtuosas en principios religiosos y que predican respeto, humanidad y valores, cuando luego son incapaces de pedir perdón. Algo falla en sus mentes y es fruto de su arrogancia. Triste carta, demostración de cobardía y de falta absoluta de principios. Desde hoy y hasta el final, que cada palo aguante su vela. El examen de conciencia es siempre el mejor medio para cuidar bien el alma. Le llamo a reflexionar sobre los actos cometidos y cómo estos pueden afectar al entorno y le recomiendo realizar un examen íntimo de los pensamientos y obras para determinar si se ha actuado de buena o mala fe con el prójimo, con mi hijo y mi familia.

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“Una vez que la justicia civil se ha pronunciado, sólo queda aceptar la verdad judicial, sin más consideraciones”. Esto es lo más parecido a una disculpa que se puede leer en la carta que el prelado del Opus Dei, Fernando Ocáriz, ha hecho llegar a Juan Cuatrecasas, el padre de la víctima del 'caso Gaztelueta'. Lo que denominan “justicia civil” hace referencia a la sentencia en vía penal confirmada por el Tribunal Supremo.

La respuesta llega tras la misiva enviada por Juan Cuatrecases tanto a Ocáriz como al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis Ladaria, en la que exigía se repusiera el buen nombre de su hijo después agotarse la vía judicial por abusos sexuales que condenó al profesor del colegio Gaztelueta de la Obra.

Una carta, fechada el 2 de mayo, y que sólo ahora ha sido recibida por Cuatrecasas (hubo un problema en Correos que impidió la recepción de la misma) a través de un correo electrónico. En la misma, el prelado del Opus Dei acusa recibo de la carta del 29 de marzo, y al tiempo que lamenta “la judicialización y la mediatización de un caso tan complejo como éste”, ofrece su “cercanía” a Cuatrecasas y su familia. La carta sale a la luz días después de que entrara en vigor el Motu Proprio del Papa en el que degrada al Opus Dei.

“Una vez que se ha pronunciado el Tribunal Supremo de España y se ha agotado la vía judicial penal, todos debemos acatar la sentencia”, admite Ocáriz, apuntando que “tanto el colegio Gaztelueta, como un representante de la Santa Sede (el prefecto Ladaria), sacaron unas conclusiones que no se corresponden con las de la justicia civil”.

De hecho, Ladaria exigió a todas las instancias a “reponer el buen nombre” del profesor “falsamente acusado” que, hoy, agotada la vía judicial, está condenado a dos años de cárcel por pederasta, sin que el todavía prefecto de Doctrina de la Fe haya pedido disculpas.

“En todo caso, una vez que la justicia civil –que es la que debe imperar en la sociedad– se ha pronunciado, solo queda aceptar la verdad judicial, sin más consideraciones”, subraya, en una expresión medida hasta el extremo, Ocáriz.

¿Por qué el Opus no se ha pronunciado oficialmente después? La respuesta del prelado del Opus Dei es chocante, pues viene a cuestionar el proceso judicial que llevó a la condena al profesor numerario José María Martínez Sanz: “Si la Prelatura no ha hecho manifestaciones públicas acerca de la sentencia sobre un profesor laico ha sido precisamente por un deseo de respeto hacia la verdad judicial, sin poner de manifiesto las mencionadas anteriores conclusiones contradictorias con la justicia civil, o las mismas consideraciones del Tribunal Supremo de España, que ponen de manifiesto defectos procesales en el juicio sobre el caso, aunque no lleguen a anularlo”.

“La decisión de evitar otros pronunciamientos públicos ha sido precisamente el modo de manifestar respeto hacia su hijo Juan, y le pido perdón si ha podido ser inter­pretado de otro modo. Reitero una vez más lo señalado arriba: todos debemos acatar la sentencia”. Pero no pedir perdón a la víctima.

En lo que sí concede Ocáriz respuesta a la solicitud de Cuatrecasas es en lo tocante al blog abierto por el colegio Gaztelueta, utilizado para desacreditar a la familia. “He invitado a las autoridades del colegio a que cierren el blog que han utilizado en estos años para responder a las demandas informati­vas sobre el caso, una vez que la justicia civil se ha pronunciado. Lo hago como una invitación, en el respeto de la autonomía de dirección y gestión del colegio, pero con el deseo de que así sea”. Según ha podido saber elDiario.es, el blog ya se ha eliminado.

Tras recordar las directrices del Opus Dei en materia de protección de menores, que buscan “evitar cualquier riesgo de explotación, abuso sexual o maltrato en las actividades que se llevan a cabo en los centros de la Prelatura, y que deseamos que inspiren también a todas las actividades que se desarrollan en institu­ciones que reciben algún tipo de apoyo pastoral por parte del Opus Dei”.

“Ojalá este tipo de instrumentos, y las asociaciones como la que usted promueve, sirvan para erradicar y combatir eficazmente este tipo de abusos, que dejan heridas profundas y a veces insalva­bles”, concluye el prelado del Opus Dei, quien se despide asegurando su “aprecio” y deseando “lo mejor para usted y toda su familia, y muy especialmente para su hijo Juan”.

Esta es la carta de Fernando Ocáriz a Juan Cuatrecasas:

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El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha anunciado este martes una “reducción del número mínimo de alumnos para concertar” un aula en colegios privados de Euskadi de cara al período comprendido entre los cursos escolares 2022/2023 y 2027/2028. Con la caída de la natalidad -precisamente en la misma rueda de prensa se ha presentado un largo plan contra el invierno demográfico que incluye las ya anunciadas ayudas de 200 euros mensuales hasta los 3 años para las familias que tengan hijos, 125 millones de euros de presupuesto- se otorgan así facilidades para mantener líneas abiertas en la enseñanza concertada, que acumula el 50% del alumnado en Euskadi, a pesar de la voluntad expresada 24 horas antes en el Parlamento de impulsar la “publificación” de centros, combatir la segregación y fijar mayores controles para evitar el cobro de cuotas de escolarización encubiertas. Sin embargo, al mismo tiempo ha abierto la puerta para dejar de financiar los colegios del Opus Dei que segregan por sexos, que son media docena en la comunidad autónoma, aunque la medida entraría en vigor en el curso 2023/2024 y no en septiembre.

Según se ha explicado, se rebajará de 17 a 13 el mínimo de escolares requerido en el primer curso de Infantil o de Primaria para acceder a la financiación pública. Y, “si es el único centro del municipio, se configurará grupo con 11 alumnos”, indica Educación. El modelo de conciertos para el próximo sexenio plantea también más “facilidad para desdoblar aulas”, ya que “con 26-27 alumnos” habrá “codocencia” o dos profesores y el desdoble general se hará desde los 28 estudiantes y no, como hasta ahora, a partir de 34. Si son centros con un cupo de alumnado con Índice de Complejidad Educativa (ICE), habrá grupo concertado con ocho niños en Infantil y Primaria y con doce en Secundaria. También habrá máximos para estas aulas, 18 a los dos años, 13 en Infantil y Primaria y 25 en Secundaria.

Educación, en total, dotará con 679 millones de euros la concertación escolar en el curso 2022/2023. Es el mismo dinero destinado este año, según el consejero Bildarratz, aunque ha abierto la posibilidad a adaptar la cantidad en caso de necesidad. “El régimen de conciertos permite hacer efectivo en los centros educativos privados el derecho a la educación básica obligatoria y gratuita cuya garantía corresponde a los poderes públicos, mediante la asignación de fondos públicos”, se lee en la documentación presentada por Educación. En Euskadi son algo más de 300 los colegios concertados.

Bildarratz ha parecido presentar los cambios como algo natural, ya que el decreto de admisión que ordenó la campaña de matriculaciones de cara a septiembre de 2022 es de enero de 2022, esto es, previo a la reforma educativa pactada entre los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, con las dos principales fuerzas de la oposición, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU y que prometía una priorización de la pública. “Este último sexenio finaliza el 31 de agosto y en estos momentos ya nos tocaba hacer un planteamiento con una nueva orden que tiene un contexto con el que tiene que convivir. Por una parte está el nuevo acuerdo, que nos fija el horizonte, pero, por otra parte también, la tasa de natalidad también nos condiciona para mejorar el servicio de educación. Es positivizar lo que supone para los próximos años la tasa de natalidad. Es llevarlo a un aumento de la calidad educativa”, ha explicado a preguntas de los periodistas.

Preguntado si mantendrá Euskadi la financiación a centros del Opus Dei como Gaztelueta, que impiden la matrícula a uno de los dos sexos en función de si son masculinos o femeninos, una práctica que impide expresamente el marco estatal de la LOMLOE, Bildarratz ha señalado por vez primera que hay posibilidades de que se les cierre el grifo de los fondos públicos. Aunque el cambio no llegaría, como mínimo, hasta el año próximo, ha indicado. Además, según fuentes educativas, legalmente solamente se puede controlar con las nuevas matrículas, ya que las anteriores tienen unos derechos adquiridos.

“En lo que se refiere a los centros del Opus Dei o aquellos centros que hasta ahora recibían una serie de subvenciones aun separando por sexos, es evidente que la LOMLOE impide que esto sea así. Se establecerá un trabajo con ellos para que adopten otro tipo de decisiones. Hemos estado reunidos con la patronal [COAS] para que ellos vayan adecuándose”, ha señalado. En 2022/2023 “probablemente” vuelvan a ser concertados porque “la orden de admisión no ha sido modificada” y el nuevo decreto “entrará en vigor en enero de 2023 y condicionará el curso 2023/2024”. Sobre otra patronal, la de las ikastolas privadas, ha preferido escapar de polémicas con ella y ha apostado por el diálogo. “Dispuestos a sentarnos con todo el mundo”, ha dicho, como también ha abierto la puerta a dialogar con PP+Cs, que se quedó fuera del pacto educativo.

¿Euneiz en septiembre? “Nunca lo han tenido fácil”

Por otro lado, Bildarratz ha anunciado igualmente una partida de 28,5 millones de euros para las becas universitarias y para otros estudios superiores del próximo curso y cuyo plazo de solicitud permanecerá abierto entre el 6 de julio y el 16 de septiembre, “ambos inclusive”. Este año, ha informado Educación, “10.467 alumnos vascos han obtenido beca universitaria”. “El importe podría ampliarse. Garantizamos que todo el alumnado que cumpla los requisitos [pueda acceder a la ayuda]”, ha indicado el titular de Educación.

Precisamente en septiembre está prevista la apertura de una nueva Universidad privada, Euneiz, promovida por el grupo Baskonia-Alavés en Vitoria. A menos de tres meses del inicio del curso, aún están pendientes numerosos trámites académicos. Preguntado Bildarratz sobre si cree que Euneiz llegará a tiempo para empezar la actividad, el consejero se ha quedado en silencio durante unos segundos y se ha limitado a señalar que los procedimientos están “en tramitación” y que “nunca lo han tenido fácil”, sin más detalles.