El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación levanta desde hoy, 16 de abril, en toda España las medidas de confinamiento de aves de corral como consecuencia de la influenza aviar, que aún se mantenían en humedales y aquellos municipios considerados de mayor riesgo. La nueva medida se adopta dada la buena evolución de la situación epidemiológica de la enfermedad durante las últimas semanas.  En La Rioja, desde el pasado 1 de abril el confinamiento se mantiene en seis municipios: Alfaro, Calahorra, Hervías, Leiva, Logroño y Tormantos.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la orden ministerial. El Ministerio señala que, por precaución, se deben mantener las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas para evitar el contacto con aves silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva, tanto en éstas como en explotaciones avícolas. En este sentido, se insta a que ante cualquier sospecha de enfermedad, sobre todo en aves domésticas, se realice la notificación pertinente a los servicios veterinarios oficiales.

España mantiene desde el pasado mes de febrero el estatus de país libre frente a Influenza Aviar otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) a efectos del comercio exterior. De esta forma, actualmente no existe ningún tipo de restricción para los movimientos de aves y sus productos para el comercio nacional e intracomunitario.

Las medidas preventivas de mitigación de riesgo frente a la influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) se adoptaron para todo el territorio nacional mediante la Orden APA/1288/2025, de 11 de noviembre. Entre estas, se encontraban el confinamiento de las aves en sus explotaciones, la adopción de determinadas medidas de bioseguridad y la prohibición de concentraciones de aves de corral.

La eficacia de la adopción de estas medidas se pone de manifiesto en que, desde su entrada en vigor, tan sólo se habían visto afectadas por la influenza aviar en España dos granjas de gallinas en la provincia de Lleida -en diciembre de 2025 y enero de 2026-, a pesar del alto riesgo de introducción de la enfermedad durante los últimos meses, con un elevado número de casos detectados en aves silvestres.  

La favorable evolución de la situación epidemiológica de la enfermedad en el territorio nacional ya permitió levantar parcialmente las medidas de confinamiento en todo el territorio nacional desde el 1 de abril, excepto en los municipios considerados de mayor riesgo (listados en los anexos II y III de la Orden 2442/2006, de 27 de julio).

Este virus no puede ser transmitido al ser humano a través de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos. Se recomienda, no obstante, minimizar el contacto innecesario con las aves que muestren síntomas clínicos o se hallen muertos en el campo.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha levantado por completo el confinamiento preventivo a las aves de corral, establecido desde noviembre, para evitar el contagio de gripe aviar ante la evolución favorable de la situación epidemiológica.

SE produce tan solo quince días después de que levantase el confinamiento general excepto en las zonas consideradas de especial riesgo y vigilancia, que afectaba a un total de 1.201 municipios de todas las comunidades autónomas, entre los que se encuentraban 18 de Castilla-La Mancha así como a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La nueva orden que permite al sector de la avicultura volver a la normalidad se ha publicado el Boletín Oficial del Estado este jueves y que entra en vigor hoy mismo.

El Ministerio ha tomado esta decisión una vez que se ha constatado la ausencia de casos en aves silvestres y ante la previsión de la subida de las temperaturas, pero manteniendo la aplicación de las herramientas de gestión del riesgo espacial de incursión y presencia del virus en el medio en España.

Esta situación de confinamiento se ha mantenido en Castilla-La Mancha, la región española con mayor cabaña de aves de puesta y la que más huevos produce, desde noviembre de 2025 cuando el Gobierno regional decretó el confinamiento de todas las aves de corral por la resolución 07/11/2025, de la Dirección General de Ordenación Agropecuaria.

Organizaciones ecologistas han mostrado su indignación por la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el pasado 10 de abril de la concesión de autorización ambiental integrada al proyecto de una granja avícola de casi un millón de gallinas en San Clemente (Cuenca), promovido por el grupo Rujamar.

La coordinadora 'Stop Ganadería Industrial', que agrupa a organizaciones como Ecologistas en Acción, Greenpeace o Amigas de la Tierra, y la plataforma vecinal 'Stop macrogranja de gallinas de San Clemente, Casas de Los Pinos y Villarrobledo' han alertado de que, de llegar a construirse, esta granja será “la explotación de gallinas más contaminante de España en cuanto a emisión de amoniaco”, y generará más de un millar de toneladas de gallinaza al mes.

Según han trasladado en un comunicado de prensa, la explotación incluye 810.000 gallinas ponedoras y 187.500 de recría, producirá 235 millones de huevos al año y, a juicio de estas organizaciones, contribuirá al agravamiento “de la ya deficiente calidad del agua del acuífero Rus-Valdelobos”.

Estos colectivos califican de “inadmisible” que en un escenario de crisis climática y tras el sacrificio de “millones de aves” por la gripe aviar, el Gobierno de Castilla-La Mancha haya dado luz verde a “un proyecto de dimensiones faraónicas”.

Asimismo, han afirmado que el proyecto está a 700 metros de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de San Clemente, lo que puede incrementar el riesgo de contagio de gripe aviar procedente de aves silvestres, y han aseverado que las macrogranjas son “una auténtica bomba de relojería”.

Presentarán alegaciones

Estas organizaciones han anunciado que presentarán alegaciones a la solicitud de concesión de agua, que está en proceso de participación pública en la Confederación Hidrográfica del Guadiana, y también al Real Decreto que establecerá las normas de ordenación de explotaciones ganaderas.

La resolución publicada el 10 de abril en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha recoge que las parcelas están a 4 kilómetros del núcleo más cercano, que es Casas de Roldán (Cuenca), que no afecta a ningún espacio natural protegido y que el cauce más cercano se encuentra a 8,5 kilómetros

Agentes de la Guardia Civil en Gipuzkoa detectaron este domingo una furgoneta con diez gallos de pelea sin documentación ni anillar. En el peaje de Irún, los cinco ocupantes del vehículo fueron interceptados en la carretera. Según fuentes policiales, todos ellos cuentan con antecedentes por apuestas ilegales y maltrato animal.

La furgoneta había partido desde Cantabria y se dirigía a Baiona, ya pasada la frontera de Francia. La Guardia Civil confirma a este medio que colabora con el Seprona (la unidad especializada en delitos ambientales) de Cantabria para conocer el estado de crianza de los animales y con la Gendarmería francesa de Baiona para esclarecer “las posibles actividades” previstas en destino. Una vez recopilada la información, valorarán “la pertinencia o no de cursar las oportunas denuncias administrativas”.

El cuerpo ha difundido el caso este martes a través de su cuenta en la red social X. En respuesta a un comentario publicado en su perfil, ha expresado su “rechazo ante prácticas tan crueles, incompatibles con cualquier mínimo respeto por los animales”. Cabe recordar que la Ley de Bienestar Animal, en vigor desde 2023, prohíbe las peleas entre animales, con excepciones en Andalucía y Canarias. Actualmente, los animales permanecen bajo la custodia de sus propietarios, siempre que se verifique su buen estado y se acredite su situación veterinaria. Aunque en España las peleas de gallos están prohibidas, la cría de estas aves sí está permitida.

La Consejería de Desarrollo Sostenible ha concedido a la empresa Rujamar la autorización ambiental para la construcción de una explotación avícola con capacidad para casi un millón de aves en San Clemente (Cuenca).

De acuerdo con la resolución publicada hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, las instalaciones se ubicarán en un paraje denominado Hoya Cabrera y albergarán 810.000 gallinas de puesta y 187.500 aves de recría. Esta segunda cifra se redujo respecto a la cifra inicial, a instancias de un informe emitido por la Confederación del Guadiana.

Rujamar prevé construir seis naves idénticas para las gallinas, con capacidad para 135.000 aves cada una; y dos más para las pollitas de recría.

La explotación contará también con un centro de producción para el procesamiento del huevo, vestuario, viviendas para granjeros y silos de almacenamiento de pienso, entre otras dependencias.

En las instalaciones proyectadas se ha optado por un sistema alojamiento de las gallinas en aviario de varios niveles, por lo que el proceso de puesta será el de huevos producidos en suelo. El promotor utilizará sistemas sin jaula.

El ciclo comienza con la recepción de pollitas de 1 día en las naves de recría hasta las 17 semanas de edad que alcanzan su madurez sexual y pasan a las naves de puesta, con un ciclo de puesta entre 52 y 80 semanas de producción y una tasa de reposición anual en torno al 60%.

El Grupo Avícola Rujamar, que comenzó su actividad en 1984, cuenta con distintos centros de actividad en San Lorenzo de la Parrilla, Saelices y Honrubia y que tiene en marcha proyectos en Cuenca y esta explotación San Clemente, que sería una de las más grandes de España, lo que provocó las reticencias de grupos ecologistas cuando esta iniciativa dio sus primeros pasos en el año 2018, cuando la empresa adquirió el suelo.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha acordado levantar el confinamiento general de las aves de corral en España tras constatar la mejora de la situación de riesgo por influenza aviar, excepto en las zonas consideradas de especial riesgo y vigilancia, que afectan a un total de 1.201 municipios de todas las comunidades autónomas, entre los que se encuentran 18 de Castilla-La Mancha así como a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla,  según una orden publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los municipios donde las restricciones permanecen en vigor en Castilla-La Mancha son: en la provincia de Albacete, Pétrola, Chinchilla de Montearagón y la capital; en Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Daimiel, Retuerta del Bullaque, Ruidera y Villarrubia de los Ojos;cuatro pertenecen a la provincia de Cuenca, concretamente Belmontejo, El Hito, Montalbo y Mota del Cuervo; tres de Guadalajara, concretamente Almonacid de Zorita, Azuqueca de Henares y Sacedón; y otros tres de Toledo, Miguel Esteban, Quero y Villafranca de los Caballeros.

El confinamiento obligatorio fue decretado el pasado 13 de noviembre de 2025 como medida preventiva ante el aumento del riesgo de propagación de esta enfermedad altamente infecciosa, con el objetivo de evitar el contacto entre aves de corral y aves silvestres migratorias potencialmente portadoras del virus.

Según ha señalado el Ministerio en un comunicado, desde entonces, las autoridades han realizado un seguimiento semanal de la evolución epidemiológica. A la vista de la mejora de la situación tanto en España como en las zonas de origen de las aves migratorias y ante la previsión de temperaturas, el Ministerio ha considerado oportuno levantar la restricción de carácter general en todo el territorio nacional.

En cualquier caso, el departamento recuerda la necesidad de mantener y reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, así como de intensificar la vigilancia y notificar cualquier sospecha a los servicios veterinarios oficiales.

Un total de 16 focos

En España se han contabilizado 16 focos de influenza aviar en granjas de producción desde el 1 de julio de 2025, el último de ellos el pasado 13 de enero en la provincia de Lleida. Además, la enfermedad ha afectado principalmente a aves silvestres, con 165 focos detectados desde julio, además de seis en aves cautivas.

España fue declarada el pasado 10 de febrero como país libre de influenza aviar altamente patógena por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), aunque se mantenían medidas preventivas ante el riesgo derivado de los movimientos migratorios.

El Ministerio ha subrayado que el virus no se transmite a las personas a través del consumo de carne de ave cocinada, huevos o productos derivados, si bien recomienda evitar el contacto innecesario con aves que presenten síntomas o se encuentren muertas en el medio natural.

Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha ya había decretado el confinamiento de todas las aves de corral antes que el Ministerio, concretamente por la resolución 07/11/2025, de la Dirección General de Ordenación Agropecuaria.

Sin embargo, las medidas de confinamiento que establecía la resolución de Castilla-La Mancha tenían vigencia hasta el 28 de febrero. No obstante, aunque las medidas finalizaron en esa fecha, la Comunidad seguía amparada bajo la orden del Ministerio, que seguía manteniendo las medidas de confinamiento hasta que el riesgo epidemiológico disminuyera.

La gripe aviar, una nueva infección denominada Newcastle y problemas con el etiquetado de los huevos ucranianos son las principales preocupaciones del sector de la avicultura de puesta, según los datos que ha ofrecido hoy Vicente Arriscado, presidente de AVICAM (Asociación de avicultores de Castilla La Mancha) tras la asamblea que se ha celebrado en Toledo.

El sector, preocupado por los brotes de gripe aviar que ha sufrido en los meses anteriores, ha deseado que “este año permanezcamos ajenos a esta patología” y por ello ha pedido a la Administración regional “establecer un protocolo de actuación en el caso de que se produzca un nuevo brote para saber qué hay que hacer y que no nos pille desprevenido”, ha señalado.

También el huevo ucraniano que hay en el mercado está suponiendo una preocupación para el sector, un huevo que entra legalmente en la Unión Europea y en España. “El problema que tenemos es que normalmente ese huevo ha ido a industria y eso ha contribuido a sujetar el precio del huevo”, ya que “la industria ha comprado un huevo relativamente barato y ha hecho que los precios del mercado de consumo se mantengan a unos niveles aceptables”, ha señalado Arriscado. Sin embargo, lo que está sucediendo en la actualidad es que este huevo ucraniano se está derivando a consumo pero “al consumidor no se le está informando en el etiquetado del origen de ese huevo, con lo cual ya se está falseando”, ha señalado.

También se ha referido a que se “está falseando” la fecha de consumo. Arriscado ha recordado que este huevo lleva un tránsito que supone “mínimo 10 días o 12 desde que sale Ucrania hasta que llega a España, y se está reetiquetando con 28 días a la hora de la fecha de recepción en lugar de, como en España es obligatorio, coger y marcar 28 días desde la fecha de producción”.

Como sector, Arriscado ha señalado que “tenemos que luchar, no evidentemente por decir que estamos en contra de los ucranianos, pero que deben cumplir las mismas normas con las que estamos obligados a cumplir nosotros, porque si no estamos jugando en desventaja y al consumidor también se le está falseando”.

Este es uno de los debates que se ha planteado en esta asamblea que ha clausurado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, recordando que “somos la primera región a nivel nacional en producción de huevos y por lo tanto tiene un peso importante, que sumado al de la producción de carne de pollo, nos ponen a la vanguardia”. Según los datos que ha aportado Julián Martínez Lizán, Castilla La Mancha mantiene su liderazgo como primera región productora de huevos, con un censo de gallinas de unos 11,6 millones.

Sobre el principal problema que afecta al sector, el consejero ha señalado que se va a acometer de manera conjunta la realización de un protocolo para saber cómo manejar la influenza aviar cuando se da un caso en una explotación. “Vamos a acometer la creación de ese protocolo y saber cómo afinar los trabajos una vez que aparece la enfermedad en una explotación, ya que hay que gestionar la destrucción de todo el material que hay en la misma”, ha dicho el consejero.

Martínez Lizán ha recordado que el Gobierno regional ha hecho una importante apuesta con la puesta en marcha del Centro Tecnológico del Huevo, en Marchamalo, con una inversión de 4,5 millones de euros que cuenta con financiación FEDER y que  cuenta con la colaboración AVICAM. Las obras comenzaron a finales del pasado año “y avanzan a buen ritmo ya que llevamos ejecutado aproximadamente el 22% de la obra”.

El precio de los huevos en origen sigue al alza según las últimas cotizaciones de la Mesa Avícola de la lonja de Toledo que se celebró el pasado viernes.

Se han registrado subidas sobre todo en los tamaños medianos y grandes, tanto en jaula como en suelo. Así, el mayor ascenso se produce en los huevos medianos procedentes de jaula, que han pasado de 2,52€ la docena la semana anterior a 2,55 esta, un 1,19% más caro. 4

Le siguen el precio de los grandes también de gallinas enjauladas, que está ya en los 2,71€ docena esta semana, una subida de 0,03 céntimos con respeto a la cotización anterior lo que supone un 1,12% más.

Suben también los huevos medianos y grandes de las gallinas en suelo. El tamaño mediano cotiza ya a 2,78€ cuando la semana pasado lo hacia a los 2,75, lo que supone una subida del 1,09%. Por encima del 1% han subido también los grandes, que han pasado de pagarse a 2,92€ la docena a 2,94, un 1,03% más caro.

Subidas también algo menores en los huevos de tamaño pequeño, mientras que los XL o supergrandes no han variado el precio y se mantienen 2,95€ la docena si son de jaula y 3,16 si son de suelo.

Según la mesa avícola, el consumo de huevo sigue siendo alto en el mercado nacional. La continua demanda conlleva que las existencias sean escasas, y no se pueda dar respuesta a peticiones que llegan desde países europeos.

El año pasado es estas mismas fechas, los huevos se estaban pagando entre un 30 y u40% más baratos, dependiendo del tamaño. Concretamente los grandes de jaula cotizaban a poco más de dos euros, lo que supone un 43% más baratos de como están cotizando actualmente. Los de tamaño mediano estaban un 37% más baratos.

El mismo caso se da en los procedentes de gallinas en suelo, que se pagaban a 2,23€ los grandes y a 2,04 los medianos, los pequeños cotizaban a 1,71, unos precios en torno al 30% más baratos que los actuales.

Ecologistas en Acción de Toledo ha denunciado que tras más de un mes de que comenzasen los distintos episodios de mortalidad de aves por gripe aviar en la provincia, “hasta 15 ejemplares de cigüeñas blancas no han sido retirados de una zona de alta sensibilidad ambiental cercana al río Tajo en el término municipal de Albarreal de Tajo”.

La organización ecologista conoció los casos tras la alerta recibida por parte de varias personas y pudo comprobar que “al menos 15 ejemplares de cigüeña blanca permanecen muertos y en avanzado estado de descomposición en una zona en la que ya habían estado retirando unas 40 aves los equipos de la Delegación de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible”.

Denuncian que “los ejemplares están plenamente a la vista y en una zona que se supone bajo vigilancia de los servicios de la Consejería en Toledo dado los precedentes” y que por esa razón, “la no recogida de ejemplares solo se explica por un incumplimiento flagrante de los protocolos de retirada de aves susceptibles de estar infectadas por gripe aviar”.

Advierten de “las consecuencias que ello comporta en los riesgos para la sanidad animal y humana” y en este sentido se han dirigido a la Consejería de Desarrollo Sostenible para saber si los protocolos han cambiado. La respuesta, abundan, es que siguen vigentes.

La asociación ecologista recuerda que hace unos días en la Comunidad de Madrid se han localizado del orden de 500 cigüeñas blancas muertas y que “la situación en relación al control de la enfermedad todavía no se puede dar como superada”.

“Inadecuada” gestión de Dehesa Aceituno

Se da la circunstancia, apunta Ecologistas en Acción, de que, aunque se diferencien en el grado de letalidad, los episodios de muertes de cigüeñas en Toledo y Madrid tienen un importante factor común: “la cercanía e inadecuada gestión de los vertederos de los Ecoparques a los que se asocia la presencia multitudinaria de estas aves”.

En el caso de Toledo, señalan que “se observa una gran cantidad de materia orgánica indebidamente gestionada en el vertedero de Dehesa Aceituno, lo que atrae a miles de aves, principalmente cigüeñas y gaviotas, que crean dormideros en su entorno en los cuales el contagio es más fácil y potencialmente más mortal”. Una gestión que depende de la Diputación Provincial de Toledo que ha declinado hacer declaraciones, a preguntas de este medio, al considerar que se trata de una cuestión que concierne a la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Ecologistas en Acción de Toledo reclama “la retirada urgente” de los ejemplares muertos y el estricto cumplimiento de los protocolos de manejo de aves enfermas o muertas, retirándolos del terreno para que no se conviertan en focos de infección.

Por último, la asociación emplaza a la Consejería de Desarrollo Sostenible “a que dé una explicación de esta mala praxis y que depure las responsabilidades a que hubiera lugar”.

La Junta asegura que “se toman las medidas oportunas”

La Consejería de Desarrollo Sostenible lo niega, a preguntas de este medio. “Sobre la circunstancia reseñada, el fallecimiento de cigüeñas en la zona, tomamos las medidas oportunas retirando los cadáveres de ejemplares que empezaron a aparecer como ya sucedió, por ejemplo, hace mes y medio”, según explican fuentes del departamento.

Sin embargo matizan que siguen “vigilantes, con revisiones periódicas, y tenemos en consideración lo que nos trasladan Ecologistas en Acción para revisar la zona y seguir aplicando el protocolo”. Un protocolo que, inciden, se está siguiendo para evitar la expansión de la gripe aviar en aves salvajes.

También aseguran que “se está informando cumplidamente de los casos que aparecen” o que “desde que se dio cuenta de la enfermedad se entierran los cadáveres encontrados con cal viva precisamente para evitar expandir la enfermedad con el traslado de los mismos”.

La compañía gallega Avícola Tratante, con sede en Pontevedra y que cuenta con el sello 'Galicia Calidade', ha pasado a manos de la empresa Hevo Group.

En un comunicado, Hevo Group, con sede en Guadalajara, ha remarcado que la adquisición de esta empresa gallega con más de cinco décadas de trayectoria en la producción y comercialización de huevos, supone “un paso estratégico” en la expansión del grupo y marca un “año clave”.

Así, Hevo Group cierra un 2025 “decisivo” tras adquirir tres compañías -Granja Legaria, El Granjero y Avícola Tratante-, así como ampliar y modernizar sus instalaciones productivas.

Dos centros en Castilla-La Mancha

Con estas incorporaciones, el grupo refuerza su presencia en todo el territorio nacional con fábricas de pienso, granjas de recría y granjas de puesta en Guadalajara, Cuenca, Tarragona, Navarra, Vizcaya y Pontevedra.

Las explotaciones de Castilla-La Mancha continúan libres de gripe aviar y desde el Gobierno regional se reafirman en las medidas tomadas hasta la fecha para evitar la expansión de la enfermedad, afirmando que son “son acertadas y son las necesarias”.

Así se ha pronunciado a preguntas de los medios el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, antes de inaugurar el IX Campus de Jóvenes Cooperativistas de Castilla-La Mancha.

“Ojalá que la incidencia de la gripe aviar vaya a menos en los próximas meses y se puedan flexibilizar este tipo de medidas pero en tanto en cuanto haya riesgo de la presencia de esta enfermedad y la posibilidad de contagio, creemos que son necesarias”, ha sostenido.

Es por ello por lo que ha confirmado que las medidas estarán vigentes hasta que desaparezca la incidencia de esta enfermedad. Algo que Lizán ha esperado que ocurra en primavera, cuando las aves silvestres “han vuelto otra vez a su destino y ya no hay dispersión y posibles contagios”. Como ya informó Agroalimentaria, a principios del mes de noviembre se detectaron aves silvestres con gripe aviar en las Tablas de Daimiel, en la provincia de Ciudad Real.

“Lo que queremos es salvaguardar la continuidad económica de las explotaciones que han tenido que sufrir este confinamiento porque hacerlo bajo la sustentación de una norma regional o nacional les permite seguir comercializando los huevos”, ha argumentado.

El Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo ha recordado a la población de la provincia de Toledo que el confinamiento total decretado por las autoridades españolas y castellanomanchegas para las aves de corral es una medida preventiva para proteger a las explotaciones avícolas ganaderas y sus animales de la gripe aviar, pero que no se trata de un problema sanitario para la población. De hecho, pese a tratarse de una zoonosis, su contagio a seres humanos es muy complicado y no se ha producido ningún caso.

A través de un comunicado de prensa, Lola Gálvez, vocal del Colegio, ha destacado que “la palabra confinamiento puede generar cierta inquietud por el pasado reciente, pero la realidad es que estamos ante una situación controlada y de tranquilidad para la población”. Y añade que “hablamos de una zoonosis que, al contrario de otras, no se transmite con facilidad a los seres humanos y se tienen que dar varias circunstancias para que se produzca el contagio”. Por eso, Gálvez insiste en la tranquilidad “si se toman las precauciones lógicas, como evitar contacto directo con las aves silvestres”.

Atendiendo siempre a esa prevención adecuada, el Colegio también recuerda la necesaria colaboración ciudadana para respetar las normas establecidas y ayudar a luchar contra esta enfermedad. “Si alguien localiza un ave silvestre muerta, debe avisar al teléfono 112 para que se hagan cargo de ella y, por supuesto, evitar tocarla para no propiciar su propagación a otras aves”. Al margen de eso, también se recomienda no comer crudos o poco cocinados alimentos de origen aviar como los huevos y la carne.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estableció inicialmente un confinamiento en diferentes localidades españolas, entre las que se encontraban tres de Toledo, Quero, Miguel Esteban y Villafranca de los Caballeros; además de incluir dos humedales de la provincia entre las zonas de especial vigilancia, la Laguna del Taray y Charcones de Miguel Esteban.

Entre las medidas establecidas para esos lugares destacaban la prohibición de dar agua a las aves de corral procedente de depósitos de agua a los que puedan acceder aves silvestres; o la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones o celebraciones culturales. Medidas que ahora se han ampliado a toda la geografía español, aunque el Gobierno de Castilla-La Mancha ya había decretado el confinamiento de todas las aves de corral dentro de la Comunidad Autónoma.

El Govern balear ha reconegut aquest dijous que no pot tramitar els permisos ambientals de l’anomenada ‘macrogranja dels horrors’, situada a Llucmajor (Mallorca), que es va situar en el punt de mira informatiu després que elDiario.es publiqués en primícia les condicions d’insalubritat, brutícia extrema i presumpte maltractament animal que presentava l’interior de les instal·lacions. El conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha admès que, amb la legislació vigent, les condicions actuals de la granja no permeten efectuar aquesta tramitació.

Així ho ha assenyalat després de ser interpel·lat per Ferran Rosa, diputat del grup ecosobiranista Més per Mallorca, en la compareixença parlamentària que ha oferit el conseller per informar sobre la situació actual de l’explotació avícola. Cal recordar que la granja va acaparar l’atenció mediàtica després que, el passat 26 de maig, aquest periòdic publiqués imatges inèdites de l'interior, gravades per les associacions de protecció mediambiental i animal ARDE i Satya Animal entre els dies 21 i 29 d’abril. En aquell primer reportatge, aquest mitjà va informar que els propietaris de la granja de gallines ponedores havien rebut una sanció de 150.000 euros per part de l’Executiu autonòmic  per no disposar de l’autorització ambiental integrada.

Aquest fet suposa un compliment del que estableix el Reial decret legislatiu 1/2016, que delimita els requisits per regular la contaminació. Enguany, a més, va entrar en vigor el Decret Llei 1/2025, de 17 de gener, que endureix els requisits per a les explotacions avícoles intensives de les Balears. La disposició addicional quarta del text estableix que les noves explotacions avícoles, així com les ampliacions de les ja existents, només es podran autoritzar si respecten unes distàncies mínimes de qualsevol nucli residencial, determinades segons la seva capacitat ramadera. En concret, les granges amb més de 80.000 gallines s’han de situar a més de sis quilòmetres de les zones poblacionals.

En el cas de la granja de Llucmajor, aquesta es troba a aproximadament un quilòmetre dels nuclis urbans de Tolleric i Badia Gran. Si l’explotació supera les 80.000 gallines ponedores, segons la nova normativa, hauria de mantenir una distància “no inferior a 6.000 metres lineals respecte del sòl urbà residencial més proper”. Per tant, si es volgués tramitar qualsevol nova autorització, aquesta s’hauria d’ajustar a les exigències del nou decret llei, requisits que actualment l’explotació no compleix, tal com va informar en el seu moment aquest diari.

L’oposició qüestiona el Govern

El diputat ecologista Ferran Rosa (Més per Mallorca) ha recordat que la Direcció General d’Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental —dependent de la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat— va desestimar la sol·licitud d’autorització ambiental integrada de l’explotació de Llucmajor en una resolució signada el 25 de setembre, fet que, segons ell, posa en evidència les contradiccions de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural per no haver arxivat abans l’expedient.

En aquesta resolució, Paz Andrade, directora general d’Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, afirma que per autoritzar la tramitació ambiental s’ha de tenir en compte l’entrada en vigor de la nova llei que modifica la llei agrària i que, en la seva disposició addicional quarta, estableix que les explotacions ramaderes que superin les 80.000 gallines ponedores —com era el cas, aleshores, de la granja de Llucmajor— han de mantenir una distància mínima al sòl urbà més proper no inferior a 6.000 metres lineals. Tanmateix, el projecte no compleix aquestes condicions, ja que les urbanitzacions de Tolleric i Badia Gran es troben, aproximadament, a un quilòmetre. “La instal·lació no és autoritzable”, conclou Andrade, d’acord amb la redacció inicial del Decret llei 1/2025, la redacció definitiva del qual ha quedat recollida en la Llei 2/2025.

A la descripció del projecte, recollida a la resolució, s’indica que la granja de Llucmajor té una autorització màxima de 40.000 gallines ponedores. No obstant això, va funcionar amb sis naus amb capacitat per a 135.696 gallines. La sol·licitud de legalització de les instal·lacions va ser desestimada. Això significa que la granja ha estat funcionant durant anys il·legalment.

En les seves conclusions, Paz Andrade sosté que, a més d’arxivar l’expedient de sol·licitud d’autorització ambiental integrada, el promotor (Avícola Son Perot S.A., empresa que explota la marca Avícola Ballester) haurà de reduir la capacitat de la granja a un màxim de 40.000 gallines ponedores i presentar un pla verificable per complir aquest objectiu abans del 31 de desembre de 2025. Aquest document s’haurà de presentar a la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, dirigida per Fernando Fernández (PP). A més, el promotor haurà de tramitar també “les autoritzacions corresponents de què actualment no disposa”, tant pel que fa a la capacitat màxima de l’explotació com al femer de Sa Llapassa. També ha de comptar amb l’autorització APCA (activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera) i complir amb la Llei 3/2019, de 31 de gener, d’activitats agràries, així com amb el Reial decret 637/2024, de 27 de juliol, que estableix les normes bàsiques d’ordenació de les granges avícoles.

Rosa s’ha mostrat sorprès que Simonet, conseller del ram, hagi comparegut el 13 de novembre, quan l’“escàndol” es va fer públic el 26 de maig. “No només afecta els veïns de Llucmajor, sinó que va escandalitzar bona part de la població de les Illes Balears”, ha dit. El diputat ha recordat que la resolució que desestimava l’autorització ambiental integrada es va signar el 25 de setembre i es va publicar al BOIB el 9 d’octubre.

“La proposta de desestimació es va fer el 23 de juliol”, ha dit Rosa. Com que no es van presentar al·legacions, des de l’11 d’agost ja s’hauria pogut concloure el procés, ha indicat el diputat ecologista. I va més enllà: “El curiós és que, durant tot aquest període d’elaboració del procediment d’avaluació ambiental integrada, no hagin informat des del minut u que la llei agrària havia canviat i, per tant, era legalment impossible” atorgar aquesta autorització a la instal·lació de Ses Cisternetes, ha puntualitzat Rosa.

En aquest punt, el diputat ecologista ha començat a enumerar tots els canvis normatius que s’han succeït des del gener de 2025. En conseqüència, segons Rosa, aquest expedient s’hauria pogut arxivar ja al gener, i no a l’octubre, com finalment ha ocorregut. A més, ha lamentat que de la resolució adoptada per Paz Andrade, directora general d’Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, es desprèn que els informes que remetia la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural (concretament a través del Servei de Producció Ramadera) eren “condicionats” en lloc de “desestimatoris”. “No eren informes desestimatoris, com vostè ha dit avui [aquest dijous], sinó condicionats”, ha retret.

Basant-se en aquests arguments, sosté Rosa, els tècnics de la Conselleria d’Agricultura, com a òrgan substantiu en matèria agrària, haurien d’haver-hi “remès un informe d’ofici a la Direcció General d’Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, explicant que, com a òrgan substantiu, instaven a arxivar aquest expedient perquè no era legalment viable d’acord amb la normativa vigent”.

Rosa ha recordat que aquests informes condicionats del Servei de Producció Ramadera es van emetre els dies 15 d’abril i 27 de maig, respectivament. El diputat ecologista afirma que és especialment significatiu que aquest segon informe s’emetés un dia després que aquest diari revelés, en primícia, la situació de l’interior de la granja, i que s'hi establissin les condicions mitjançant les quals la granja podria tramitar aquesta autorització ambiental integrada, que és obligatòria per al seu funcionament.

Unes condicions que són impossibles, atès que no es compleixen les distàncies mínimes entre l’explotació avícola i els nuclis urbans dels voltants, motiu pel qual la granja hauria de canviar d’ubicació i tramitar nous permisos per poder continuar la seva activitat legalment. Aquesta és una opció. L’altra, per la qual finalment s’ha optat, és reduir la capacitat màxima de les instal·lacions a 40.000 gallines per operar legalment. “Em sap greu, senyor conseller, però crec que ens prenen el pèl”, ha afirmat Rosa. “No van fer res en el moment en què es va aprovar la llei i no ho van fer fins que es va publicar a la premsa”, ha lamentat.

Simonet (PP): “Els nostres informes són desfavorables”

Joan Simonet, que en la seva primera intervenció s’ha limitat a llegir els expedients relacionats amb l’explotació investigada per les seves irregularitats, així com a defensar la gestió de la seva Conselleria, ha respost a Rosa que “crec que la Direcció General d’Harmonització [Urbanística i Avaluació Ambiental] sap perfectament quines lleis s’aproven”. “De totes maneres, quan ens demanen informes (...), tots han estat desfavorables”, ha indicat el conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural.

“No condicionats, desfavorables”, ha insistit Simonet. En els informes d’autorització d’impacte ambiental, ha argumentat el conseller, ens demanen que indiquem “quins són els condicionants que hi hauria per poder superar-la si fos el cas”. Així ha justificat la seva actuació Simonet, que ha afegit que José Luis Mateo (PP), conseller d’Habitatge, Territori i Mobilitat, ja havia argumentat anteriorment que el procediment es va dur a terme així per una qüestió de “doble seguretat jurídica”.

D’altra banda, Marc Pons, portaveu adjunt del PSOE al Parlament balear, ha lamentat que existeixin “llacunes evidents”, segons la seva opinió, pel que fa al procediment que ha dut a terme la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, i que quedaria reflectit en els expedients. Així, Pons ha començat a enumerar el procés iniciat per la Conselleria en diferents informes i expedients en relació amb l’explotació avícola. L’informe i l’expedient sancionador que fan referència a la gestió del femer, així com al seu pla de gestió —signats els dies 12 de desembre de 2023 i 26 de setembre de 2024, respectivament—, indiquen que s’hi podrien haver comès tres infraccions greus i dues de lleus, tal com va informar elDiario.es.

Tanmateix, segons ha recordat Pons, la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural —dependent de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural— va suspendre el 5 de novembre de 2024 un procediment sancionador, així com les mesures cautelars aparellades al mateix, iniciat contra Avícola Son Perot S.A. Tot això malgrat les greus deficiències detectades pels tècnics del mateix Executiu balear. “Qui signa aquesta suspensió de les mesures és el director general d’Agricultura, Ramaderia i Medi Rural, Fernando Fernández”, ha detallat Pons, i ha afegit que ho va fer tot i que la suspensió no anava acompanyada “de cap informe tècnic que avali la suspensió del procediment sancionador”. Així mateix, s’ha qüestionat si no s’hauria produït la comissió d’un presumpte delicte de prevaricació administrativa.

Simonet es defensa: “No és prevaricació”

“No és prevaricació ni de bon tros”, ha resolt Simonet. El conseller del ram ha argumentat que, quan hi ha un procediment obert tant a la Fiscalia com a un jutjat, és la cap dels serveis jurídics de la Conselleria qui prepara una resolució. “No la redacta el director general”, ha aclarit, i ha afegit que es fa d’acord amb la normativa vigent de procediment administratiu, així com amb la llei agrària. “Tranquil·litat total en relació amb aquest tema”. “Se suspenen els procediments sancionadors que després es tornen a activar”, ha conclòs Simonet.

Pel que fa a aquest procediment de l’expedient de suspensió del procediment sancionador, al qual va accedir aquest diari, la Conselleria d’Agricultura va citar el Decret 1/2004, pel qual s’aprova el reglament sancionador de la Comunitat Autònoma de les Balears. Mitjançant l’article 12, sobre la transcendència penal dels fets i la suspensió del procediment, l’administració pública considera que els fets “poden ser constitutius d’il·lícit penal”. Després de les investigacions, creuen que existeixen “elements de judici suficients” per arribar a aquestes conclusions, motiu pel qual la Conselleria d’Agricultura va decidir remetre la documentació a la Fiscalia.

Així mateix, va puntualitzar que el procés penal “no impedeix el manteniment de les mesures cautelars acordades en el procediment administratiu sancionador”. Finalment, el text legal citat per la Conselleria d’Agricultura recordava que, una vegada hi hagi una resolució judicial —de condemna o de sobreseïment—, l’administració competent haurà de “dictar la resolució que correspongui” i notificar-la a les parts interessades.

El Govern balear ha reconocido este jueves que no puede tramitar los permisos ambientales de la conocida como la ‘macrogranja de los horrores’, ubicada en Llucmajor (Mallorca), que se situó en el foco informativo después de que elDiario.es publicara en primicia las condiciones de insalubridad, suciedad extrema y presunto maltrato animal que presentaba el interior de las instalaciones. El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha admitido que, con la legislación vigente, las actuales condiciones de la granja no permiten efectuar esa tramitación.

Así lo ha señalado tras ser interpelado por Ferran Rosa, diputado del grupo ecosoberanista Més per Mallorca, en la comparecencia parlamentaria que ha ofrecido el conseller para informar sobre la situación actual de la explotación avícola. Cabe recordar que la granja acaparó la atención mediática después de que, el pasado 26 de mayo, este periódico publicara imágenes inéditas de su interior, grabadas por las asociaciones de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal entre los días 21 y 29 de abril. En ese primer reportaje, este medio informó de que los dueños de la granja de gallinas ponedoras habían recibido una sanción de de 150.000 euros por parte del Ejecutivo autonómico por no disponer de la autorización ambiental integrada.

La obligatoriedad de esta autorización se encuentra recogida en el Real Decreto Legislativo 1/2016, que delimita los requisitos a tener en cuenta para regular la contaminación de este tipo de explotaciones. Este año, además, entró en vigor el Decreto Ley 1/2025, de 17 de enero, que endurece los requisitos para las explotaciones avícolas intensivas de Balears. La disposición adicional cuarta del texto establece que las nuevas explotaciones avícolas, así como las ampliaciones de las ya existentes, podrán autorizarse únicamente si respetan unas distancias mínimas de cualquier núcleo residencial, determinadas según su capacidad ganadera. En concreto, las granjas con más de 80.000 gallinas deben situarse a más de seis kilómetros de las zonas poblacionales.

En el caso de la granja de Llucmajor, esta se encuentra a aproximadamente un kilómetro de los núcleos urbanos de Tolleric y Badia Gran. Si la explotación supera las 80.000 gallinas ponedoras, según la nueva normativa, debería mantener una distancia “no inferior a 6.000 metros lineales respecto al suelo urbano residencial más cercano”. Por tanto, si se pretendiera tramitar cualquier nueva autorización, ésta debería ajustarse a las exigencias del nuevo decreto-ley, requisitos que actualmente la explotación no cumple, tal como informó en su día este diario.

La oposición cuestiona al Govern

Durante su intervención, el ecosoberanista Ferran Rosa ha recordado que la Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental —dependiente de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad— desestimó la solicitud de autorización ambiental integrada en la explotación de Llucmajor mediante una resolución firmada el 25 de septiembre, lo que, en su opinión, pone en evidencia las contradicciones de la Conselleria de Agricultura al no haber archivado con anterioridad el expediente.

En dicha resolución, la directora general, Paz Andrade, señala que, para autorizar la tramitación ambiental, se debe tener en cuenta la entrada en vigor de la ley 2/2025 -derivada del decreto ley 1/2025-, principalmente en lo referido al número máximo de gallinas ponedoras —como era el caso, en ese momento, de la granja de Llucmajor— y a la distancia respecto a los núcleos urbanos, condiciones que el proyecto no cumple. “La instalación no es autorizable”, concluye Andrade.

No en vano, la descripción del proyecto, recogida en la resolución, indica que la granja de Llucmajor tiene una autorización máxima de 40.000 gallinas ponedoras, pese a lo cual estuvo funcionando con seis naves con capacidad de hasta 135.696 aves. La solicitud de legalización de las instalaciones, sin embargo, fue desestimada. La resolución de la Dirección General confirma así que la granja ha estado durante varios funcionando de forma ilegal.

Además de archivar la solicitud de autorización ambiental, el documento emplaza al promotor (Avícola Son Perot S.A., la sociedad que explota la marca Avícola Ballester) a reducir la capacidad de la granja a un máximo de 40.000 gallinas ponedoras, además de a presentar, antes del 31 de diciembre de 2025, un plan verificable de cumplimiento de estos objetivos, que la empresa deberá presentar ante la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que dirige Fernando Fernández (PP).

También deberá tramitar “las correspondientes autorizaciones necesarias de las cuales no dispone actualmente”, relativas tanto a la capacidad máxima de la explotación como a su vertedero, el de Sa Llapassa; contar con la autorización APCA (actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera), y cumplir con la Ley 3/2019, de 31 de enero, de actividades agrarias, así como con el Real Decreto 637/2024, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas.

Ferran Rosa (Més per Mallorca): “Nos toman el pelo”

Rosa, en su intervención, se ha mostrado sorprendido de que Simonet haya comparecido el 13 de noviembre, cuando el “escándalo” se hizo público el pasado 26 de mayo. “No solo afecta a los vecinos de Llucmajor, sino que escandalizó a buena parte de la población de las Illes Balears”, ha argumentado. El diputado ecologista ha dado inicio a su intervención haciendo referencia, precisamente, a la resolución que desestimó la autorización ambiental integrada, firmada el 25 de septiembre y publicada el 9 de octubre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

“La propuesta de desestimación se hizo el 23 de julio”, ha aseverado. Dado que no se presentaron alegaciones, desde el 11 de agosto se podría haber concluido ya el proceso, ha subrayado el ecosoberanista, quien ha ido más allá: “Lo curioso es que, en todo este periodo de la elaboración del procedimiento de evaluación ambiental integrada, no hayan informado desde el minuto uno de que la ley agraria había cambiado y de, por tanto, era legalmente imposible” otorgar dicha autorización.

En este punto, Rosa ha comenzado a enumerar todos los cambios normativos que se han sucedido desde enero de 2025, reprochando al Govern su tardanza en archivar un expediente que “podía haberse cerrado en enero”, en cuanto entró en vigor la nueva ley, y no en octubre, como finalmente ha ocurrido. Además, ha aseverado que de la resolución de la directora general de Armonización Urbanística se desprende que los informes que remitía la Conselleria de Agricultura -concretamente a través del Servicio de Producción Ganadera- eran “condicionados” en lugar de “desestimatorios”. “No eran informes desestimatorios, como usted ha dicho hoy [este jueves], sino condicionados”, ha recriminado.

En base a estos argumentos, sostiene Rosa, los técnicos de la Conselleria deberían haber remitido un informe de oficio a la Dirección General “explicando que, como órgano sustantivo, instaban a archivar este expediente porque no era legalmente viable de acuerdo a la normativa vigente”.

El ecosoberanista ha recordado que esos informes condicionados del Servicio de Producción Ganadera se emitieron los días 15 de abril y 27 de mayo, respectivamente, remarcando el hecho de que ese segundo informe se emitiera un día después de que este diario desvelara, en primicia, la situación del interior de la granja, y que en él se estableciesen las condiciones mediante las cuales la granja podría tramitar esa autorización ambiental integrada, que es obligatoria para su funcionamiento.

Unas condiciones que, dado que no se cumplen las distancias mínimas entre la explotación avícola y los núcleos urbanos de los alrededores, son imposibles. Una de las opciones de las que dispone la granja para poder continuar de forma legal con su actividad pasaría por cambiar de ubicación y tramitar nuevos permisos. Otra de las alternativas, por la que finalmente se ha optado, es reducir la capacidad máxima de las instalaciones a 40.000 gallinas para operar legalmente. “Me sabe mal, señor conseller, pero creo que nos toman el pelo”, ha afirmado Rosa. “No hicieron nada en el momento en que se aprobó la ley y no lo hicieron hasta que se publicó en prensa”, ha lamentado.

Simonet (PP): “Nuestros informes son desfavorables”

Simonet, que en su primera intervención se ha limitado a leer los expedientes relacionados con la explotación investigada por sus irregularidades, así como a defender la gestión de su Conselleria, ha respondido a Rosa: “Creo que la Dirección General de Armonización [Urbanística y Evaluación Ambiental] sabe perfectamente qué leyes se aprueban”. “De todas maneras, cuando nos piden informes (...), todos han sido desfavorables”, ha indicado el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

“No condicionados, desfavorables”, ha insistido Simonet. En los informes de autorización de impacto ambiental, ha argumentado el conseller, “nos piden que digamos cuáles son los condicionantes que debería haber para superarla si fuera el caso”. Así ha justificado su actuación Simonet, quien ha añadido que el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo (PP), ya había argumentado anteriormente que el procedimiento se llevó a cabo de esta forma por una cuestión de “doble seguridad jurídica”.

Por su parte, Marc Pons, portavoz adjunto del PSIB-PSOE en el Parlament balear, ha lamentado que existen “lagunas evidentes”, en su opinión, en cuanto al procedimiento que ha llevado a cabo la Conselleria de Agricultura, y que tendrían su reflejo en los expedientes. El parlamentario socialista ha descrito el proceso iniciado por la Conselleria a través de diferentes informes y expedientes relacionados con la explotación avícola: el informe y expediente sancionador relativos a la gestión del estercolero, así como a su plan de gestión —firmados los días 12 de diciembre de 2023 y 26 de septiembre de 2024, respectivamente—, según los cuales podrían haberse cometido tres infracciones graves y dos leves, como informó elDiario.es.

Sin embargo, ha recordado Pons, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural suspendió el 5 de noviembre de 2024 un procedimiento sancionador, así como las medidas cautelares aparejadas al mismo, iniciado contra Avícola Son Perot S.A. Todo ello a pesar de las graves deficiencias detectadas por los técnicos del propio Ejecutivo balear. “Quien firma esta suspensión de las medidas es el director general de Agricultura, Ganadería y Medio Rural, Fernando Fernández”, ha detallado el socialista, quien ha añadido que lo hizo pese a que la suspensión no iba acompañada “de ningún informe técnico que avalase la suspensión del procedimiento sancionador”. Asimismo, se ha cuestionado si no se habría incurrido en un presunto delito de prevaricación administrativa.

“No es prevaricación ni mucho menos”, ha zanjado Simonet. El conseller del ramo ha argumentado que, cuando hay un procedimiento abierto tanto en la Fiscalía como en un Juzgado, la jefa de servicios jurídicos de la Conselleria prepara una resolución. “No la redacta el director general”, ha aclarado, añadiendo que se desarrolla en base a la normativa en vigor de procedimiento administrativo así como a la ley agraria. “Tranquilidad total en relación a este tema”, ha espetado: “Se suspenden los procedimientos sancionadores que luego se vuelven a activar”.

La decisión de ordenar el confinamiento de todas las granjas de aves, anunciada este jueves a través del BOE, se tomó a en una reunión del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) la semana pasada ante “el cariz que tomaban los acontecimientos”. “A la vista del análisis de riesgo, se determinó que había que pasar al siguiente nivel, que es el máximo”, ha asegurado el director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Emilio García Muro.

Para mostrar esta rápida evolución que ha llevado a tomar la decisión de confinar las granjas, el responsable del ministerio ha enseñado el mapa de riesgo de la semana del 20 al 26 de octubre, con tan solo unas pocas zonas de alerta, y lo ha comparado con el mapa de esta misma semana, en el que las alertas se extienden por toda la península. “Esta es la situación que nos encontramos ahora, más vale una imagen que mil palabras”, ha explicado García Muro a los medios. “Y seguramente con tendencia a empeorar”. 

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A pesar de que tenemos 14 focos activos, García Muro ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad porque en los últimos días no han aparecido nuevas fuentes de contagios en explotaciones y asegura que “no es una situación catastrófica” ni hay “ninguna implicación” para la salud pública. También ha recordado que una orden similar, de confinamiento de las granjas en todo el territorio, se dio en 2022, el peor año de la actual crisis por el virus H5N1 hasta ahora y que España no es la única en Europa en adoptar estas medidas, que también han tomado Irlanda, Francia y un buen número de länders de Alemania.

En cuanto a las cifras actualizadas, la crisis de la gripe aviar de 2025 ha obligado a sacrificar alrededor de 2,5 millones de gallinas en España tras notificarse 14 focos de gripe aviar en aves de corral, la mitad de ellos en Castilla y León.

La única preocupación que tengo es que el goteo de focos empezó muy pronto y el invierno es muy largo

Emilio García Muro — Director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal.

Esta cifra se ha producido en los dos meses y medio transcurridos desde agosto y es muy llamativa si se compara con las del año 2022, donde hubo 36 focos en toda la temporada. “La única preocupación que tengo es que el goteo de focos empezó muy pronto y el invierno es muy largo”, ha destacado el director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal.

Un “toque de atención”

García Muro ha explicado que esta orden es un “toque de atención” tanto al sector como a las autoridades competentes para que refuercen y controlen todo el tema de bioseguridad. “Iremos reevaluando semana a semana y en cuanto veamos que el mapa es mucho mejor, se irán desescalando las medidas progresivamente hasta que salvemos esta situación”, ha informado a los periodistas. “Lógicamente, buscaremos la proporcionalidad, entre lo que es tener el riesgo bien controlado y la actividad económica”.

El responsable del ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha asegurado que están en “permanente contacto” con el ministerio de Sanidad por esta situación y que este último está realizando un seguimiento continuo ante una posible aparición de gripe aviar en humanos. En cuanto a la fecha estimada en la que se podrá levantar esta medida de confinamiento de las granjas, García Muro confía en que sea “tan pronto como sea posible”. “Se hará de una manera seguramente escalonada”, ha anunciado. “Porque este tipo de medidas están en continuo estudio y revisión”.

El precio del huevo “no debería subir” por la situación que vive en estos momentos el sector de las aves de puesta, que se encuentra en alerta por la gripe aviar, según ha señalado a Agroalimentaria el coordinador de la lonja del huevo de Toledo, Israel Delgado.

Este experto considera que las nuevas medidas que se han tomado por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, encerrando a todas las aves de corral, “vienen a intentar evitar que se produzcan más contagios”, en una comunidad autónoma que cuenta con más de 11 millones de ejemplares.

Unos contagios, dice, por el paso de las aves migratorias por nuestro país y que “se sabe que están contagiadas”. Por eso recalca que la medidas de carácter excepcional “son necesarias” y considera que “si no se producen más casos de influenza aviar, si se mantiene la oferta y la demanda constante, no debería influir en el precio. Lo que se debe evitar a toda costa son esos posibles contagios”.

Unos precios al alza desde 2021

En realidad, el precio del huevo lleva al alza desde 2021, y en estas últimas semanas no ha abandonado esa tendencia. “El precio lleva condicionado desde hace algún tiempo no solo por la gripe aviar, sino también porque la demanda ha crecido en España en los últimos años en España. Está al alza de forma continuada”.

Mientras, “la oferta se viene manteniendo o aumentado ligeramente y satisface esta demanda con cierta holgura según los periodos del año”, reconoce. Ahora, situaciones excepcionales como la actual pueden romper ese equilibrio. “Estamos en un momento en el que los casos de gripe aviar de las últimas semanas han provocado que se tengan que sacrificar casi tres millones de gallinas en España y eso ha influido en la oferta, disminuyéndola sensiblemente. Al final es el mercado, es la ley de oferta y demanda, y si la demanda se mantiene constante o al alza mientras que la oferta está algo retraída es normal que el precio se incremente”, asegura.

En el precio también influye lo que ocurre en los países del entorno. “La demanda de huevo desde 2021 hasta ahora ha experimentado una tendencia alcista y esto ha tenido su reflejo en el precio”, señala, recodando que en el último año la gripe aviar ya tuvo repercusión en EEUU. Ahora Europa se suma a la misma situación. “La incidencia en el conjunto de Europa es muy alta en los últimos meses, más alta que en España”.

No hay problemas de aprovisionamiento, no va a haber desabastecimiento, tampoco hay necesidad de comprar más huevos. Vamos a actuar con responsabilidad y seriedad sabiendo que no va a haber escasez

Y esa situación europea impacta en España porque este es un país excedentario en producción en un 20%, que se destina al mercado exterior. “Eso hace que se haya incrementado el precio del huevo sensiblemente en los últimos dos meses, entre septiembre y octubre. Por ejemplo, en la lonja de los viernes de Toledo el precio se ha incrementado en 50 céntimos la docena y eso se traslada a los supermercados, incrementando su precio entre un 15 y un 20%. A eso hay que sumar los incrementos de los últimos tiempos”.

Según el histórico de la lonja, los huevos de gallinas de jaula, de calidad L, hace dos años cotizaban a 1,97 euros la docena; en 2024, estaban en 2,03 euros; mientras que la reunión de la lonja de la semana pasada fijó los precios para esta categoría en 2,66 euros la docena, hablando siempre de precios en origen.

En este sentido, Israel Delgado ha enviado también un mensaje de tranquilidad, que también se está trasladando desde el sector de las aves de puesta, al consumidor. “No hay problemas de aprovisionamiento, no va a haber desabastecimiento, tampoco hay necesidad de comprar más huevos. Vamos a actuar con responsabilidad y seriedad sabiendo que no va a haber escasez. Llevamos ya dos o tres semanas sin caso de influenza aviar, hay que pasar esta época de más riesgo, que pase un poco la situación excepcional y volver a la normalidad”.

España refuerza desde este lunes la lucha para frenar el avance de la gripe aviar, tras más de dos millones de aves de granja sacrificadas en los últimos meses, y lo hará con la implementación de medidas adicionales de refuerzo ante la constatación de un aumento del riesgo por la proliferación de casos en Europa —sobre todo en aves silvestres—, los movimientos migratorios y el descenso de las temperaturas. En concreto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha ordenado desde este 10 de noviembre un confinamiento de las aves de corral en aquellas zonas consideradas de especial riesgo y vigilancia.

Se trata de un total de 1.199 municipios ubicados en zonas de especial riesgo. Por comunidades, se se localizan en Andalucía (197), Aragón (128), Canarias (1), Cantabria (31), Castilla y León (250), Catalunya (224), Comunidad de Madrid (16), Comunitat Valenciana (138), Extremadura (99), Galicia (40), Illes Balears (14), La Rioja (6), Navarra (12), Euskadi (6), Principado de Asturias (8), Región de Murcia (11), Ceuta y Melilla. En el caso de Castilla-La Mancha, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural extenderá a toda la región el confinamiento decretado en 18 zonas de especial riesgo de la comunidad.

El Ejecutivo de Castilla-La Mancha lo hará “para todos los municipios” de la región indicando que las aves de corral no pueden tener contacto directo “de ningún tipo” con aves salvajes. La orden se publicará a lo largo de esta semana: “Proponemos este confinamiento tanto a explotaciones como para animales particulares que fincas o explotaciones particulares”.

El Departamento que lidera Luis Planas, de acuerdo con las comunidades autónomas, ha activado así la totalidad de las medidas de protección frente a la influenza aviar que contempla la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio.

Unas prohibiciones y obligaciones en las zonas de especial riesgo y de especial vigilancia que incluyen la pohibición de utilizar pájaros de los órdenes anseriformes y charadriformes como señuelo o la de criar patos y gansos con otras aves de corral. También se prohíbe criar aves de corral al aire libre.

No obstante, Agricultura ha precisado que cuando esto no sea posible, la autoridad competente podrá autorizar el mantenimiento de aves de corral al aire libre mediante la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres. En este caso, las aves tendrán que alimentarse y abrevarse en el interior de las instalaciones o en un refugio que impida la llegada de aves silvestres y evite el contacto de éstas con los alimentos y el agua destinados a las de corral.

Por otro lado, también queda prohibido dar agua a las aves de corral procedente de depósitos de a los que puedan acceder aves silvestres, salvo en caso de que sea tratada a fin de garantizar la inactivación de posibles virus de influenza aviar. Así, los depósitos de agua situados en el exterior requeridos por motivos de bienestar animal para determinadas aves de corral quedarán protegidos suficientemente contra las aves acuáticas silvestres.

También queda prohibida la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los centros de concentración de animales, incluidos los certámenes los certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales, así como cualquier concentración de aves de corral u otro tipo de aves cautivas.

Para el resto del territorio, Agricultura ha recordado la necesidad de extremar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, especialmente aquellas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva, y notificar cuanto antes cualquier sospecha de enfermedad a los servicios veterinarios oficiales.

Por otro lado, Agricultura ha recordado que las comunidades autónomas son las que tienen las competencias en sanidad animal, por lo que pueden determinar otras medidas complementarias para reforzar la protección contra esta enfermedad en sus regiones y evitar así su propagación.

El impacto en las granjas de huevos y en el sector de la carne de ave 

La directora de la Asociación Española de Productores de Huevos (Aseprhu), Mar Fernández, ha asegurado a EFE que el sector del avícola de puesta está “bastante afectado” porque se han sacrificado ya “casi dos millones y medio de gallinas”. No obstante, confía en la buena evolución porque “no hemos visto ningún brote más en las últimas semanas”.

Las explotaciones afectadas “han hecho las tareas de limpieza, desinfección y vaciado” de las granjas y de “todos” los materiales así como de los “posibles elementos contaminantes”. Espera que las ganaderías afectadas puedan recuperarse “poco a poco y vayan introduciendo las nuevas aves, aunque eso tardará un cierto tiempo”.

Desde la Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola (Avianza), su secretario general, Jordi Montfort, ha apuntado a EFE que su sector aborda la situación actual de gripe aviar “desde la solidaridad y el compromiso con consumidores, granjeros, empresas y administraciones públicas” y poniendo “todos nuestros esfuerzos a su servicio”.

El sector de la carne de ave está menos afectado porque su producción se desarrolla mayormente en granjas cerradas “con las máximas medidas de bioseguridad y control”. Son unas explotaciones “preparadas para responder a esta amenaza” gracias a que las exigencias de bioseguridad “se han intensificado de forma constante en los últimos años”, ha añadido.

No obstante, “aunque no existe el riesgo cero, las granjas y aves afectadas por sacrificios en el ámbito de carne avícola (pollo broiler principalmente) están siendo reducidas, aunque todo caso detectado supone una triste noticia para las familias de granjeros y las empresas afectadas”, según Montfort.

Por otro lado, ha lanzado un “mensaje de tranquilidad” en cuanto al abastecimiento de carne avícola española a las cadenas de distribución y los consumidores, “como siempre con las máximas cotas de calidad, seguridad alimentaria, bienestar animal y sostenibilidad”. “En definitiva, el sector está preparado, reforzado y plenamente operativo”, ha resumido.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aplicará a partir del próximo lunes medidas adicionales de refuerzo para prevenir la propagación del virus de la influenza aviar, ante la constatación esta semana de un aumento del riesgo por la proliferación de casos en Europa -sobre todo en aves silvestres-, los movimientos migratorios y el descenso de las temperaturas.

En concreto, entre las medidas figura el confinamiento de las aves de corral en aquellas zonas consideradas de especial riesgo y vigilancia, un total de 1.199 municipios, entre los que se encuentran 18 de Castilla-La Mancha. A estos se suman 197 en Andalucía, 128 en Aragón, uno en Canarias, 31 en Cantabria, 250 en Castilla y León, 224 en Cataluña, 16 en Comunidad de Madrid, 138 en Comunidad Valenciana, 99 en Extremadura 40 en Galicia, 14 en Islas Baleares, 6 en La Rioja, 12 en Navarra, 6 en País Vasco, 8 en Principado de Asturias, y 11 en Región de Murcia , Ceuta y Melilla

El Departamento que lidera Luis Planas, de acuerdo con las comunidades autónomas, ha activado así la totalidad de las medidas de protección frente a la influenza aviar que contempla la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio.

Unas prohibiciones y obligaciones en las zonas de especial riesgo y de especial vigilancia que incluyen la prohibición de utilizar pájaros de los órdenes anseriformes y charadriformes como señuelo o la de criar patos y gansos con otras aves de corral.

También se prohíbe criar aves de corral al aire libre. No obstante, Agricultura ha precisado que cuando esto no sea posible, la autoridad competente podrá autorizar el mantenimiento de aves de corral al aire libre mediante la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres.

En este caso, las aves tendrán que alimentarse y abrevarse en el interior de las instalaciones o en un refugio que impida la llegada de aves silvestres y evite el contacto de éstas con los alimentos y el agua destinados a las de corral.

Por otro lado, también queda prohibido dar agua a las aves de corral procedente de depósitos de a los que puedan acceder aves silvestres, salvo en caso de que sea tratada a fin de garantizar la inactivación de posibles virus de influenza aviar.

Así, los depósitos de agua situados en el exterior requeridos por motivos de bienestar animal para determinadas aves de corral quedarán protegidos suficientemente contra las aves acuáticas silvestres.

También queda prohibida la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los centros de concentración de animales, incluidos los certámenes los certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales, así como cualquier concentración de aves de corral u otro tipo de aves cautivas.

Para el resto del territorio, Agricultura ha recordado la necesidad de extremar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, especialmente aquellas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva, y notificar cuanto antes cualquier sospecha de enfermedad a los servicios veterinarios oficiales.

Por otro lado, Agricultura ha recordado que las comunidades autónomas son las que tienen las competencias en sanidad animal, por lo que pueden determinar otras medidas complementarias para reforzar la protección contra esta enfermedad en sus regiones y evitar así su propagación.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha prepara una resolución que implica la prohibición de la cría de patos, gansos y aves de corral al aire libre. Con esta resolución, que se toma tras estar en contacto con el sector, las explotaciones de gallinas camperas y ecológicas que confinen a sus animales no perderían la categorización de sus huevos.

Según ha señalado el consejero Julián Martínez Lizán en Los Yébenes (Toledo), la Administración regional viene preparando desde hace días esta normativa “para actuar en medidas de prevención que implican limitaciones al desarrollo de la actividad, intentando que no haya un contacto directo, principalmente en lo que es nuestra mayor preocupación, que son las aves silvestres, ya que, por desgracia, están apareciendo casos en varias zonas de Castilla-La Mancha. Por tanto, si no están en contacto nuestras aves, nuestras gallinas principalmente, con las aves silvestres estaremos minimizando esa dispersión de la enfermedad”.

El objetivo es “intentar minimizar esas consecuencias y garantizar la continuidad de la labor que nuestros ganaderos realizan, facilitando este desarrollo, pero posibilitándoles a la vez gestionar los diferentes compromisos que tienen adquiridos en la actividad que desarrollan. Me refiero principalmente a gallinas ecológicas o gallinas camperas que tendrían problemas si no tomáramos medidas de acompañamiento para prevenir la enfermedad, pero sobre todo permitir el desarrollo de la actividad que habían realizado en este momento”, ha explicado el consejero.

Así, según ha señalado la Consejería en un nota, dado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha identificado las comarcas de cada comunidad autónoma con un nivel de riesgo alto y muy alto de circulación y transmisión de la enfermedad en las que se recomienda aplicar medidas de mitigación, el consejero ha anticipado que, ante el previsible aumento de la incidencia del virus, la Consejería, en línea con el Ministerio, está trabajando para minimizar su dispersión con medidas como la resolución anunciada.

En los últimas semanas, ha aparecido algunos brotes de gripe aviar en la región. El último en el  Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, en la provincia de Ciudad Real, donde Rafael Gosálvez Rey, miembro del Patronato del Parque, en representación de Ecologistas en Acción y otros grupos conservacionistas, advertía ayer mismo de la detección de casos de gripe aviar en este espacio natural.

Hay que recordar que Castilla-La Mancha es la principal productora de huevos de gallina de todo el país.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha notificado la detección de un foco de gripe aviar en una explotación de gallinas ponedoras en Yeles, en la provincia de Toledo, después de que el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) haya confirmado este mediodía la existencia del virus en esta explotación.

Este foco se une a los que en los últimos meses se han detectado en una explotación de gallinas reproductoras localizada en el municipio también toledano de Alcolea del Tajo, en otra de Pozo de Guadalajara y en un grupo patos en un lago de Yebes (Guadalajara).

Según ha informado la Junta de Castilla-La Mancha, tras confirmarse el nuevo caso, se ha puesto en marcha el protocolo de actuación correspondiente, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Consejería de Sanidad y con el mismo sector, “con el objeto de minimizar el riesgo de diseminación de la enfermedad y proteger la sanidad animal y la seguridad de las explotaciones de la zona”.

La explotación estaba dentro de la zona de restrición de un foco de Madrid

Esta explotación ya se encontraba dentro de la zona de restricción de un foco declarado días atrás en Madrid. El siguiente paso por tanto es la inmovilización de todas aquellas explotaciones ubicadas dentro de la zona de protección y vigilancia que se establece en un radio de tres y diez kilómetros respectivamente, alrededor de la explotación en cuestión.

La aplicación de todas las medidas protocolarias conlleva el sacrificio y la destrucción de las 110.000 gallinas ponedoras que forman el censo de esta explotación afectada, así como la eliminación de materiales presentes que pudieran vehicular el virus como estiércol, pienso, o camas, entre otros elementos.

Asimismo, se procederá también a la realización de las encuestas epidemiológicas correspondientes para conocer, tanto el posible origen del foco, como la identificación de las explotaciones que pudieran estar en riesgo por movimientos de personas, vehículos, animales o materiales. Estas investigaciones permiten garantizan una respuesta rápida y eficaz para evitar la propagación de la enfermedad.

Por lo que respecta a la zona de restricción establecida, compuesta por una zona de protección y otra de vigilancia de tres y diez kilómetros respectivamente, es fundamental reforzar la vigilancia y medidas de bioseguridad. En estas explotaciones también se encuentran restringidos los movimientos de aves y demás productos avícolas.

Además, está previsto que desde la Dirección General de Ordenación Agropecuaria se mantengan los contactos pertinentes con el sector para informarle del estado de la situación, de las actuaciones que se han realizado y se realizarán en los próximos días y para pedir la máxima colaboración y precaución en las medidas de prevención y control.

Por último, y aunque esta situación no supone un riesgo de salud pública para la población general, las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y la de Sanidad están trabajando coordinadamente. El riesgo para los trabajadores con exposición ocupacional en la explotación afectada con aves enfermas se considera bajo y no existe riesgo asociado a consumo de carne de ave o huevos cocinados.

También se recuerda la necesidad de extremar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas en la península, así como de comunicar cualquier sospecha de enfermedad en animales a los servicios veterinarios oficiales de la comunidad autónoma correspondiente, con objeto de garantizar la posible detección precoz de cualquier nuevo foco y permitir adoptar las medidas necesarias para evitar la diseminación de la enfermedad a otras explotaciones.