La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha confirmado la presencia de la enfermedad de Newcastle en una explotación de pollos de carne en el municipio de Casas de Juan Núñez (Albacete), con un censo aproximado de 30.000 aves de seis semanas de edad. Las aves, que se habían introducido en la explotación el 31 de agosto, no estaban vacunadas frente al virus de esta enfermedad dado que la obligatoriedad de la vacunación comenzó a partir del 1 de octubre.

Las muestras tomadas por parte de los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) se remitieron al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, Laboratorio Nacional de Referencia de la enfermedad de Newcastle en España, donde hoy se ha confirmado la presencia del virus, ha informado la Junta en un comunicado.

La región se mantenía libre de focos y se habían extremado las medidas preventiva dada la aparición de la enfermedad en explotaciones avícolas de comunidades autónomas limítrofes, entre ellas Castilla y León, y la Comunidad Valenciana. Hay que tener en cuenta que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma líder en avicultura de puesta en España y de la producción de huevos del país.

De acuerdo con la normativa, desde el momento de la sospecha, los Servicios Veterinarios Oficiales han llevado a cabo los protocolos de actuación correspondientes, procediendo como medida cautelar, a inmovilizar la explotación, restringiéndose todos los movimientos de entrada y salida tanto de animales como de productos.

Debido al elevado riesgo de transmisión de la enfermedad, a la alta mortalidad registrada y al resultado positivo obtenido, se está procediendo al vaciado sanitario de la explotación, realizado bajo la supervisión de los Servicios Veterinarios Oficiales. Además, para evitar cualquier circulación del virus, se procede a eliminar también todos los subproductos animales, materiales o sustancias potencialmente contaminadas presentes en la explotación.

Como medida de prevención, también ha quedado establecida una zona restringida temporal alrededor de la explotación, que comprende una zona de protección de tres kilómetros y una zona de vigilancia de 10 kilómetros, en la que las explotaciones avícolas quedan inmovilizadas.

De manera paralela, se está llevando a cabo la realización de encuestas epidemiológicas para determinar el posible origen de la enfermedad, así como posibles granjas en riesgo por movimientos de personas y vehículos.

En lo que refiere a la salud humana, se trabaja en coordinación con la Consejería de Sanidad, aunque la enfermedad de Newcastle es una zoonosis muy leve y no supone un riesgo para los humanos. Por otro lado, no hay riesgo en el consumo de carne ni huevos.

Por último, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se recomienda reforzar la vigilancia pasiva tanto en granjas avícolas como en aves silvestres, notificando a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad, así como reforzar las medidas de bioseguridad en las granjas avícolas, especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, incluyendo las medidas de profilaxis sanitaria, en particular el empleo de vacunas.

Asimismo, se recuerda que la vacunación ante esta enfermedad es obligatoria desde el 1 de octubre en todas las explotaciones avícolas de producción y reproducción, quedando excluidas las explotaciones destinadas a autoconsumo.

El brote de salmonelosis que intoxicó a 13 personas en Vitoria tiene su origen en una macrogranja de gallinas ponedoras de Mainar (Zaragoza), según ha confirmado el Gobierno de Aragón. Los análisis han detectado 'Salmonella enteritidis' en dos de las ocho naves de la explotación, que tiene un censo de más de un millón de aves criadas en jaulas.

La investigación arrancó el 21 de septiembre. Ese día, el Departamento de Sanidad del Ejecutivo autonómico trasladó al Servicio de Sanidad Animal la existencia del brote en el País Vasco y la sospecha de que los huevos implicados salieron de la granja zaragozana. Al revisar el expediente de la explotación, los técnicos constataron que ninguno de los autocontroles realizados por la empresa titular había detectado salmonela. Tampoco lo hizo el control oficial efectuado el 26 de enero de este año.

El 23 de septiembre, siguiendo el Programa Nacional de Control de Salmonella en gallinas ponedoras, los servicios veterinarios tomaron muestras confirmatorias en las dos naves de las que procedían los huevos sospechosos. Los análisis detectaron la bacteria en una de ellas. El resultado se comunicó al titular de la explotación y a las autoridades de salud pública.

Ese positivo obligó a extender el muestreo a otras cinco naves de la granja, y la salmonela apareció también en una de ellas. El resto dio negativo. En paralelo, el Departamento de Agricultura ha realizado las encuestas de bioseguridad y epidemiológica y ha remitido las muestras para su secuenciación.

Las gallinas de dos de las ocho naves deberán en principio ser sacrificadas. En total, en torno 270.000, según ha publicado 'Heraldo' y podido confirmar este periódico. Según el Gobierno de Aragón, el sacrificio de las gallinas de las dos naves afectadas no tiene por qué ser inmediato, y de hecho no tiene por qué llegar a consumarse: “En función del momento de vida útil de la gallina está la posibilidad del sacrificio o de destinarlas a producción de ovoproductos”, apuntan fuentes del Departamento de Agricultura.

Un precedente en Eibar en agosto

No es el primer brote reciente en Euskadi que se relaciona con huevos aragoneses. El Departamento vasco de Salud intervino en agosto por otro brote de salmonelosis en un establecimiento hostelero de Eibar (Gipuzkoa). Ese brote se originó en unas tortillas consumidas el 9 de agosto, elaboradas con huevos procedentes de una explotación situada en Aragón.

Osakidetza dio el aviso el 11 de agosto. Salud Pública identificó 29 casos, 21 confirmados mediante pruebas microbiológicas y ocho considerados probables. De los afectados, 25 necesitaron atención sanitaria y nueve fueron hospitalizados. Todos han recibido ya el alta. Las pruebas detectaron principalmente 'Salmonella enteritidis', el mismo serotipo hallado ahora.

La inspección del establecimiento detectó deficiencias en la trazabilidad de los huevos y en la limpieza de los utensilios. También encontró que las tortillas se conservaban a temperatura ambiente y que no se prevenían las contaminaciones cruzadas. Salud Pública ordenó inmovilizar y retirar de forma cautelar los huevos distribuidos a otros establecimientos y comunicó el caso a las autoridades sanitarias aragonesas. Además, prohibió cautelarmente a la empresa distribuidora seguir comercializando alimentos hasta que acreditara un sistema completo de trazabilidad y de retirada de productos. El Departamento vasco de Salud estudia abrir expedientes sancionadores tanto al distribuidor como al establecimiento.

Según Salud Pública, las tortillas son el alimento con más probabilidad de estar relacionado con aquel brote. Entre los factores que pudieron contribuir cita un cocinado insuficiente, la falta de refrigeración y posibles contaminaciones cruzadas durante la elaboración.

La Dirección General de Ordenación Agropecuaria de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha establecido oficialmente la vacunación obligatoria frente a la enfermedad de Newcastle en las explotaciones avícolas de Castilla-La Mancha, con carácter preventivo ante la situación epidemiológica en comunidades autónomas limítrofes.

Según la resolución, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en su edición de este jueves, la aparición de focos de la enfermedad en explotaciones avícolas de comunidades autónomas limítrofes, entre ellas Castilla y León, y la Comunidad Valenciana, muestran un riesgo real de introducción y propagación de la enfermedad en las explotaciones de Castilla-La Mancha, con independencia de que en cada momento existan o no focos activos declarados en el territorio de la región.

La enfermedad de Newcastle es una enfermedad vírica de elevada contagiosidad que afecta a las aves tanto domésticas como silvestres, incluida en la lista de enfermedades de declaración obligatoria de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y categorizada en la normativa de la Unión Europea como enfermedad de especial relevancia por sus graves repercusiones sanitarias, económicas y comerciales para el sector avícola.

Por este motivo, se establece como obligatoria a partir del 1 de octubre de 2026 la vacunación frente a la enfermedad de Newcastle en todas las explotaciones avícolas de producción y reproducción de Castilla-La Mancha que no sean de autoconsumo, debiendo aplicarse la pauta vacunal conforme a las indicaciones del fabricante para cada tipo de vacuna autorizada, de manera que quede garantizado un nivel de inmunización adecuado y sostenido en el tiempo en todas las manadas.

Los titulares de las explotaciones deberán mantener a disposición de los servicios veterinarios oficiales la documentación acreditativa del cumplimiento de la pauta vacunal.

Ecologistas en Acción Ciudad Real ha presentado alegaciones a la solicitud de Autorización Ambiental Integrada y al Estudio de Impacto Ambiental de una ampliación de explotación ganadera de 265.000 gallinas ponedoras en Tomelloso (Ciudad Real).

El proyecto consiste en la ampliación de una explotación ya existente, cuyo titular es la empresa Becerra Ponce SL, “pasando de 115.000 gallinas a 265.000, requiriendo la construcción de dos naves para ponedoras y una tercera para recría”, explican.

El colectivo ecologista apunta que las naves para ponedoras presentarán una capacidad de 50.000 aves cada una de ellas, y la nave criadero dispondrá de una capacidad de albergue de 50.000 pollitas de recría. Se estima que la cantidad anual de gallinaza -excremento o estiércol de gallinas y pollos-, que será trasladada mediante cintas a un remolque para su aprovechamiento agronómico, “no siendo necesario ningún estercolero o balsa de almacenamiento dentro de la finca, será de 3.975 toneladas, lo que equivale a unas 11 toneladas al día”.

Aparentes incoherencias del proyecto

Desde Ecologistas en Acción Ciudad Real señalan que la documentación presentada “ofrece tres cifras distintas e incompatibles entre sí” sobre la distancia que separa la explotación del núcleo urbano. El Proyecto Básico de Ampliación (PBA) afirma que la distancia al núcleo urbano habitado más próximo es de “aproximadamente 10.000 metros”. El documento de Mejores Técnicas Disponibles (MTD) y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) puntualizan en cambio que “la distancia al núcleo urbano más cercano es de unos 700 metros”. El mismo EIA en el apartado sobre el impacto a la atmósfera sostiene que se trata de una zona alejada del núcleo de población, a más de 8 kilómetros del casco urbano más cercano.

El PBA afirma que el término municipal de Tomelloso se encuentra incluido “dentro de las zonas catalogadas como vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario” y añade que de aplicar los estiércoles en esta zona, como abono órganomineral, se respetará siempre la dosis especificada por ley -que no exceda los 170 kilos por hectárea y año-.

Sin embargo, el EIA afirma justo lo contrario, que el término municipal de Tomelloso no está catalogado como Zona Vulnerable a la Contaminación por Nitratos. “Se trata, por tanto, de una contradicción entre dos documentos del propio promotor, Proyecto Básico y Sistema de Gestión Ambiental o SGA, que coinciden en calificar la Zona como Vulnerable a la Contaminación por Nitratos de Origen Agrario, frente a un tercero, el EIA, que lo niega expresamente”, explican desde el colectivo ecologista. Por otra parte, añaden que “la disparidad no es casual, dado que de la calificación correcta depende directamente el régimen jurídico aplicable a la gestión y aplicación agrícola del estiércol generado por la explotación, así como los límites máximos de nitrógeno aplicable por hectárea y año”.

Ecologistas en Acción apunta que el promotor calcula que se necesitan 748,23 hectáreas de superficie agrícola para aplicar el estiércol generado, “sin acreditar en ningún punto del expediente que dicha superficie exista o esté comprometida, ni que conste un contrato o compromiso de agricultores beneficiarios, garantizando la trazabilidad del residuo”. Añaden que es también perceptible “la ausencia de acreditación cuantitativa del cumplimiento de los valores de emisión de amoniaco asociados a las Mejores Técnicas Disponibles (MTD)”.

Sin estudio de impacto de olores o presencia de fauna esteparia

Otro de los déficits detectados por la colectivo “es la infravaloración del carácter acumulativo de la carga contaminante a medio y largo plazo”. Plantean que aunque se hace una relativa estimación y cuantificación de las emisiones de los gases y sustancias contaminantes (amoníaco, óxido nitroso y metano), “desprecia los efectos sinérgicos o acumulativos que puedan afectar al medio ambiente y a la salud pública, como reclama la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental”.

Ecologistas en Acción Ciudad Real señalan que tampoco existen estudios de impacto por olores y de impacto acústico, “sin llegar a aportar mediciones reales efectuadas en el terreno”, además de estudios de campo de la posible presencia de avifauna esteparia protegida.

Además, explican que “el examen de alternativas es insuficiente, no ajustándose a las exigencias legales, dado que no contempla la Alternativa 0 (no realización del proyecto) al apoyarse en una vaga argumentación genérica acerca de la fijación de población y decadencia rural”. Matizan que “no aportan ningún dato cuantificado sobre empleo generado, actual o futuro, ni sobre el impacto económico real de la actividad en el municipio”.

Según el colectivo, en la documentación proporcionada no se cita la obligación de presentar un plan de bienestar animal, requisito contemplado por el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas. Por esta “notoria falta de rigor documental” los ecologistas consideran “un posible corta y pega de documentación correspondiente a otros proyectos”.

De esta forma, Ecologistas en Acción Ciudad Real pide a la Dirección General de Calidad Ambiental de la Junta de Castilla-La Mancha que se corrijan y actualicen los puntos anteriores o que, en su defecto, se dicte resolución desfavorable a la Declaración de Impacto Ambiental y se deniegue la revisión de la Autorización Ambiental Integrada solicitada.

Llenar la cesta de la compra se ha convertido en un ejercicio de elección cada vez más consciente. Los productos no nos seducen ya solo por su envoltorio y antes de introducirlos en el carro, revisamos etiquetados, comparamos ingredientes e incluso consultamos aplicaciones móviles para evaluar la calidad nutricional de los alimentos, así como para saber su grado de procesamiento, su origen o el sistema de producción.

El interés por llevar un estilo de vida saludable ha transformado la forma de hacer la compra, sometiendo a análisis productos tan habituales en nuestra alimentación como la leche o las bebidas vegetales, los yogures, el pan o los huevos. En este contexto, es probable que en más de una ocasión te hayas preguntado frente al lineal de los huevos si son mejores los blancos o los marrones y qué diferencias hay entre unos y otros.

La respuesta comienza en el origen: la propia gallina. El misterio del color de la cáscara del huevo reside principalmente en la genética del animal, es decir, en la raza de la gallina que lo pone. Lo más habitual es que las gallinas con plumaje blanco produzcan huevos blancos, y que las de plumaje más oscuro los pongan marrones, aunque no se trata de una regla absoluta. De hecho, también existen algunas gallinas capaces de poner huevos de otras tonalidades menos habituales, como azules o verdosas, lo que se debe a pigmentos específicos que se incorporan durante la formación de la cáscara.

Identificables en el gallinero por los curiosos mechones de pelo que cubren su cabeza, las gallinas araucanas, por ejemplo, son famosas por sus huevos azulados. En el caso de los huevos azules, un estudio demostró que estas tonalidades están relacionadas con la presencia de un pigmento, la biliverdina, que se deposita en la cáscara al formarse el huevo.

Los avances en genética aviar también han permitido entender por qué existen huevos de distintos colores. Otra investigación identificó la relación entre algunos genes y la regulación de pigmentos como la protoporfirina IX, que es la responsable de las tonalidades marrones, y demuestra que las diferencias de color se deben a mecanismos moleculares asociados a cada raza y no a una mayor o menor calidad presente en el alimento.

En qué fijarse al comprar huevos

Lo que determina la calidad nutricional de los huevos es cómo se alimentan las gallinas, las condiciones en las que se están criando y lo fresco que esté el producto. Si los animales están alimentados con una buena dieta, equilibrada, producirán huevos con un buen perfil nutricional, sin importar el color de la cáscara.

Aunque el color no es el factor más determinante a la hora de comprar huevos, para realizar una compra con toda la información a nuestro alcance sí que hay otros aspectos que tener en cuenta:

Proteína de referencia

En cualquier caso, te decantes por los huevos que te decantes, lo fundamental es que contienen proteínas de alto valor biológico. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) la emplea como referencia porque contiene una proporción equilibrada de todos los aminoácidos esenciales.

El huevo, además, “incluye un alto contenido de ácidos grasos monoinsaturados”, apuntan desde la Fundación Española de Nutrición (FEN). Y de entre las vitaminas “destacan la D y A, y las del grupo B (B12, B2 o riboflavina, B3 o niacina y folatos)”. En el apartado de los minerales, “el fósforo (por su elevado contenido en fosfolípidos), el yodo, y el selenio”.

Pérdidas en la producción, problemas de fertilidad, falta de pastos y agua o mayor índice de mortalidad son algunas de las consecuencias para los animales de las altísimas temperaturas que sufre todo el territorio nacional y que están afectando directamente a los ganaderos de Castilla-La Mancha sin excepciones, desde el vacuno de leche, la avicultura, el ovino o a la apicultura.

El calor “afecta directamente al bolsillo”. Es el resumen que hace de la situación César Gómez, un ganadero de Velada en la provincia de Toledo que tiene una explotación de 360 cabezas de vacas de raza frisona-holstein para la producción de leche.

El sector lechero es uno de los que más sufre estas oleadas de intensidad térmica. “El calor nos afecta muchísimo porque las altas temperaturas lo que provoca es una bajada de la producción de leche, y nosotros vivimos de eso”, asegura.

La raza frisona se refiere a un tipo de vaca que fue seleccionada en Países Bajos y Alemania porque es “más lechera del mundo”, pero está acostumbrada a temperaturas más bajas. Cuando sube el calor, “el animal baja la producción mucho porque está pendiente de regular su temperatura corporal y, como consecuencia, ingiere menos materia seca, porque comer más lo que hace es subir su temperatura”, señala. Y si come menos, también produce menos leche. “Los animales se pasan todo el día jadeando, intentando regular su temperatura y no comen”.

“Es una odisea que las vacas se queden preñadas en verano”

Pero además, el calor afecta también a la fertilidad de las vacas y complica la reproducción. “Con estas temperaturas el organismo reproductivo de las vacas funciona muy mal; es una odisea conseguir que las vacas se queden preñadas en verano”, asegura.

Las pérdidas, según César Gómez, se pueden cifrar entre un 10 y un 30% de la producción de leche dependiendo de cada animal. Una vaca en esta explotación produce entre 36 y 37 litros al día, una leche que se destina a la fabricación de yogures para la factoría de Danone.

El problema es que el calor llega cada año antes, dura más tiempo y con temperaturas más altas. “Cuando tuvimos la primera ola en junio los animales ya bajaron la producción y eso no se vuelven a recuperar, aunque los días más intensos de calor baja más. La gente mayor de esta zona dice que estos calores tan altos y prolongados no los hemos tenido nunca, a finales de mayo los animales ya empiezan a sufrirlo aunque el bajón no lo dan hasta algo más tarde”, advierte.

Para intentar mitigar esta situación han instalado en la zona de alimentación y en la zona de espera antes del ordeño vaporizadores de agua y grandes ventiladores con el fin de mejorar la sensación térmica de los animales, además de que dispongan de buenas zonas de sombra. “Se hace una inversión para intentar minorar el impacto del calor, se las refresca con el agua, ducharlas para que estén más frescas, bajen su temperatura corporal y tenga un impacto menor en la producción”.

El ovino de carne en extensivo también sufre con el calor aunque en menor medida, ya que estos animales están acostumbrados a adaptarse a las estaciones, señalan desde el ámbito ganadero.

Animales con “jornada partida” para alimentarse en los pastos

Vicente Caja, ganadero en Buenache de la Sierra (Cuenca), asegura que “el calor nos afecta siempre pero la ganadería extensiva esta más tiempo en campo”, y lo que hacen en adaptar sus horas de descanso y alimentación. “Ahora, en la sierra de Cuenca, pasan todo el día acostadas en las frondas y la noche se la pasan rondando por las lomas en busca del alimento”, aunque el calor también afecta a los pastos.

“Podemos decir que ahora tienen la jornada partida, porque su misión es la de alimentarse y comen por la mañana pronto y con la fresca por la noche, y el resto del tiempo están acostadas a la sombra”, dice. “Durante el invierno se adaptan el invierno y hacen jornada intensiva para aprovechar la luz porque dura poco el día”, apunta.

“Aquí calor de verano ha hecho siempre, y frío en el invierno y temporales y sequía”, es decir, estos animales están acostumbrados a adaptarse a las condiciones en cada momento.

El calor les afecta pero en estas condiciones les impacta menos que en otras zonas donde no hay tanta sombra y tiene que poner artificialmente unas zonas al resguardo del sol o a los animales que están en intensivo.

Otro problema añadido de las altas temperaturas es que “con el calor proliferan más las moscas y hay que estar más pendiente de quitar más las larvas y cuidar más a los animales para evitarles problemas”, señala.

La apicultura también lo sufre

Uno de los sectores ganaderos que más se ve afectado por la situación térmica es la apicultura.

Beatriz Rico, joven apicultora con una explotación en Torrecilla de la Jara (Toledo), explica cómo funciona una colmena: “Dentro de la colmena lo ideal es mantener una temperatura de 35 grados” y las abejas lo consigue tanto en verano como en invierno ventilando la colmena mediante el movimiento de las alas.

“Con estas temperaturas tan altas necesitan llevar mucha agua a la colmena y ventilar, pero gastan mucha energía en ventilar y eso les acorta la vida”, asegura a Agroalimentaria.

Esto aumenta la mortalidad de las abejas. Pero además, “la reina reduce la puesta de huevos en verano, antes solo estaba el parón invernal pero ahora, con estos calores, tenemos el parón invernal y el parón de verano, la masa crítica de abejas se reduce, y se reducen las colonias”, describe.

Para mitigar el calor lo que hacen los apicultores es llevar agua cerca de la colmena para que no tengan que buscarla lejos de la colonia, teniendo en cuenta también que el calor seca los riachuelos y regatos y estos insectos encuentran más dificultades para encontrar agua. Algunos apicultores también pintan la parte de arriba de la colmena de cal, para que al ser blanca refleje la luz y no haga tanto calor.

Por otro lado, la prolongación y la intensificación de las temperaturas también recorta el periodo de floración. “La flora se pierde antes y en lugar de pasar dos meses que solían pasar sin recolectar ahora nos vamos a los dos y medio o tres meses sin poder recoger el néctar”, apunta.

El año con una primavera muy lluviosa ha sido además “raro” para la apicultura, comenta porque “los parones de muchos días de lluvia las afecta negativamente”.

Impacto en la producción avícola, de cerdo o de conejo

En otras explotaciones ganaderas con gran peso en Castilla-La Mancha, como en la avicultura, los problemas por las pérdidas de calor están viniendo por falta de fertilidad o por unos huevos de menor tamaño, con la cáscara más fina que dificulta su salida al mercado, según han apuntado las organizaciones agrarias.

Además, el riesgo de mortandad es mucho más elevado al ser un animal de menor tamaño, a pesar de los esfuerzos que realizan los ganaderos en regular la temperatura de las naves para mantener niveles de calor aceptables.

En el caso de los conejos, la situación también es similar, con pérdidas de producción que han llegado a rondar el 20% y pérdidas de peso, repercutiendo a la baja en los rendimientos, según ha señalado Unión de Uniones.

Por otra parte, la organización destaca que también el sector porcino se ve afectado, con animales que padecen estrés térmico que se traduce en apatía y escasa alimentación.

Mientras los colectivos sociales y vecinales siguen movilizándose contra la implantación de cinco macrogranjas avícolas en el término municipal de Maranchón (Guadalajara), en las inmediaciones del valle del río Mesa, el Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha dado luz verde ambiental para la instalación de una de ellas.

Concretamente, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica una resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental por la que se otorga autorización ambiental integrada para la explotación avícola de selección para 55.000 gallinas reproductoras del proyecto denominado ‘Los Lebrones’, cuyo titular es la empresa Aviagen, S.A.U.

En el texto, la Administración regional detalla que esta explotación avícola, que se distribuirá en cuatro naves, se sitúa a más de dos kilómetros del núcleo urbano de Maranchón y que no afecta a ningún espacio natural protegido, ni zona sensible, ni elementos geomorfológicos de protección especial ni a hábitats de protección especial.

No obstante, establece una serie de condicionantes para su explotación, entre las que destaca minimizar el uso hídrico y optimizar las aguas residuales: obliga a que todas vayan a parar a una fosa séptica estanca e impermeable, para su retirada por un gestor autorizado. “No se realizará por lo tanto vertido alguno a cauces de agua”, destaca la Dirección General de Calidad Ambiental.

Emisiones de polvos y olores

En cuanto a posibles emisiones de polvo, para cada alojamiento de gallinas, el titular de la instalación debe utilizar “camas frescas”, así como separadores de polvo en los depósitos de pienso seco que se llenan por medios neumáticos, y utilizar a baja velocidad el sistema de ventilación del aire dentro del alojamiento.

Asimismo, para evitar o reducir las emisiones de olores, establece la necesidad de mantener los animales y las superficies secos, reducir la superficie de emisión del estiércol (uso de rejillas de plástico o metal, canales con una menor superficie de estiércol expuesta), evacuar frecuentemente el estiércol a un depósito exterior, así como disminuir el flujo y la velocidad del aire en la superficie del estiércol.

También añade que se fomentará la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que estos se gestionen conforme a la economía circular. Esto significa que, una vez minimizada su generación, “será preferible la preparación para la reutilización, el reciclado y otros tipos de valorización, incluida la valorización energética”.

En el supuesto de que tampoco fuera factible la aplicación de dichos procedimientos los residuos “se eliminarán de forma que se evite o reduzca al máximo su repercusión en el medio ambiente”.

Rechazo social

Las cinco macrogranjas proyectadas en este término municipal cuentan desde hace tiempo con el rechazo de las organizaciones ecologistas y de vecinos y vecinas.

Recientemente, el Ayuntamiento de Maranchón, en Guadalajara, ha aprobado la licencia para la construcción de otra de ellas, la macrogranja de gallinas 'Cabezo Grande-El Morenal' en la pedanía de Turmiel, a pesar de la “reiterada oposición de sus vecinos y vecinas”, contrarios a este proyecto y a otras cuatro macrogranjas que se pretenden instalar en este término municipal. 

La Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa ha recogido un total de 150 firmas en contra, lo que representa la práctica totalidad de los habitantes de Turmiel. Además, este colectivo también ha alertado de que estas instalaciones coinciden con el hábitat de una de las últimas poblaciones de la alondra ricotí, un ave en peligro de extinción.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación levanta desde hoy, 16 de abril, en toda España las medidas de confinamiento de aves de corral como consecuencia de la influenza aviar, que aún se mantenían en humedales y aquellos municipios considerados de mayor riesgo. La nueva medida se adopta dada la buena evolución de la situación epidemiológica de la enfermedad durante las últimas semanas.  En La Rioja, desde el pasado 1 de abril el confinamiento se mantiene en seis municipios: Alfaro, Calahorra, Hervías, Leiva, Logroño y Tormantos.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la orden ministerial. El Ministerio señala que, por precaución, se deben mantener las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas para evitar el contacto con aves silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva, tanto en éstas como en explotaciones avícolas. En este sentido, se insta a que ante cualquier sospecha de enfermedad, sobre todo en aves domésticas, se realice la notificación pertinente a los servicios veterinarios oficiales.

España mantiene desde el pasado mes de febrero el estatus de país libre frente a Influenza Aviar otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) a efectos del comercio exterior. De esta forma, actualmente no existe ningún tipo de restricción para los movimientos de aves y sus productos para el comercio nacional e intracomunitario.

Las medidas preventivas de mitigación de riesgo frente a la influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) se adoptaron para todo el territorio nacional mediante la Orden APA/1288/2025, de 11 de noviembre. Entre estas, se encontraban el confinamiento de las aves en sus explotaciones, la adopción de determinadas medidas de bioseguridad y la prohibición de concentraciones de aves de corral.

La eficacia de la adopción de estas medidas se pone de manifiesto en que, desde su entrada en vigor, tan sólo se habían visto afectadas por la influenza aviar en España dos granjas de gallinas en la provincia de Lleida -en diciembre de 2025 y enero de 2026-, a pesar del alto riesgo de introducción de la enfermedad durante los últimos meses, con un elevado número de casos detectados en aves silvestres.  

La favorable evolución de la situación epidemiológica de la enfermedad en el territorio nacional ya permitió levantar parcialmente las medidas de confinamiento en todo el territorio nacional desde el 1 de abril, excepto en los municipios considerados de mayor riesgo (listados en los anexos II y III de la Orden 2442/2006, de 27 de julio).

Este virus no puede ser transmitido al ser humano a través de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos. Se recomienda, no obstante, minimizar el contacto innecesario con las aves que muestren síntomas clínicos o se hallen muertos en el campo.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha levantado por completo el confinamiento preventivo a las aves de corral, establecido desde noviembre, para evitar el contagio de gripe aviar ante la evolución favorable de la situación epidemiológica.

SE produce tan solo quince días después de que levantase el confinamiento general excepto en las zonas consideradas de especial riesgo y vigilancia, que afectaba a un total de 1.201 municipios de todas las comunidades autónomas, entre los que se encuentraban 18 de Castilla-La Mancha así como a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La nueva orden que permite al sector de la avicultura volver a la normalidad se ha publicado el Boletín Oficial del Estado este jueves y que entra en vigor hoy mismo.

El Ministerio ha tomado esta decisión una vez que se ha constatado la ausencia de casos en aves silvestres y ante la previsión de la subida de las temperaturas, pero manteniendo la aplicación de las herramientas de gestión del riesgo espacial de incursión y presencia del virus en el medio en España.

Esta situación de confinamiento se ha mantenido en Castilla-La Mancha, la región española con mayor cabaña de aves de puesta y la que más huevos produce, desde noviembre de 2025 cuando el Gobierno regional decretó el confinamiento de todas las aves de corral por la resolución 07/11/2025, de la Dirección General de Ordenación Agropecuaria.

Organizaciones ecologistas han mostrado su indignación por la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el pasado 10 de abril de la concesión de autorización ambiental integrada al proyecto de una granja avícola de casi un millón de gallinas en San Clemente (Cuenca), promovido por el grupo Rujamar.

La coordinadora 'Stop Ganadería Industrial', que agrupa a organizaciones como Ecologistas en Acción, Greenpeace o Amigas de la Tierra, y la plataforma vecinal 'Stop macrogranja de gallinas de San Clemente, Casas de Los Pinos y Villarrobledo' han alertado de que, de llegar a construirse, esta granja será “la explotación de gallinas más contaminante de España en cuanto a emisión de amoniaco”, y generará más de un millar de toneladas de gallinaza al mes.

Según han trasladado en un comunicado de prensa, la explotación incluye 810.000 gallinas ponedoras y 187.500 de recría, producirá 235 millones de huevos al año y, a juicio de estas organizaciones, contribuirá al agravamiento “de la ya deficiente calidad del agua del acuífero Rus-Valdelobos”.

Estos colectivos califican de “inadmisible” que en un escenario de crisis climática y tras el sacrificio de “millones de aves” por la gripe aviar, el Gobierno de Castilla-La Mancha haya dado luz verde a “un proyecto de dimensiones faraónicas”.

Asimismo, han afirmado que el proyecto está a 700 metros de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de San Clemente, lo que puede incrementar el riesgo de contagio de gripe aviar procedente de aves silvestres, y han aseverado que las macrogranjas son “una auténtica bomba de relojería”.

Presentarán alegaciones

Estas organizaciones han anunciado que presentarán alegaciones a la solicitud de concesión de agua, que está en proceso de participación pública en la Confederación Hidrográfica del Guadiana, y también al Real Decreto que establecerá las normas de ordenación de explotaciones ganaderas.

La resolución publicada el 10 de abril en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha recoge que las parcelas están a 4 kilómetros del núcleo más cercano, que es Casas de Roldán (Cuenca), que no afecta a ningún espacio natural protegido y que el cauce más cercano se encuentra a 8,5 kilómetros

Agentes de la Guardia Civil en Gipuzkoa detectaron este domingo una furgoneta con diez gallos de pelea sin documentación ni anillar. En el peaje de Irún, los cinco ocupantes del vehículo fueron interceptados en la carretera. Según fuentes policiales, todos ellos cuentan con antecedentes por apuestas ilegales y maltrato animal.

La furgoneta había partido desde Cantabria y se dirigía a Baiona, ya pasada la frontera de Francia. La Guardia Civil confirma a este medio que colabora con el Seprona (la unidad especializada en delitos ambientales) de Cantabria para conocer el estado de crianza de los animales y con la Gendarmería francesa de Baiona para esclarecer “las posibles actividades” previstas en destino. Una vez recopilada la información, valorarán “la pertinencia o no de cursar las oportunas denuncias administrativas”.

El cuerpo ha difundido el caso este martes a través de su cuenta en la red social X. En respuesta a un comentario publicado en su perfil, ha expresado su “rechazo ante prácticas tan crueles, incompatibles con cualquier mínimo respeto por los animales”. Cabe recordar que la Ley de Bienestar Animal, en vigor desde 2023, prohíbe las peleas entre animales, con excepciones en Andalucía y Canarias. Actualmente, los animales permanecen bajo la custodia de sus propietarios, siempre que se verifique su buen estado y se acredite su situación veterinaria. Aunque en España las peleas de gallos están prohibidas, la cría de estas aves sí está permitida.

La Consejería de Desarrollo Sostenible ha concedido a la empresa Rujamar la autorización ambiental para la construcción de una explotación avícola con capacidad para casi un millón de aves en San Clemente (Cuenca).

De acuerdo con la resolución publicada hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, las instalaciones se ubicarán en un paraje denominado Hoya Cabrera y albergarán 810.000 gallinas de puesta y 187.500 aves de recría. Esta segunda cifra se redujo respecto a la cifra inicial, a instancias de un informe emitido por la Confederación del Guadiana.

Rujamar prevé construir seis naves idénticas para las gallinas, con capacidad para 135.000 aves cada una; y dos más para las pollitas de recría.

La explotación contará también con un centro de producción para el procesamiento del huevo, vestuario, viviendas para granjeros y silos de almacenamiento de pienso, entre otras dependencias.

En las instalaciones proyectadas se ha optado por un sistema alojamiento de las gallinas en aviario de varios niveles, por lo que el proceso de puesta será el de huevos producidos en suelo. El promotor utilizará sistemas sin jaula.

El ciclo comienza con la recepción de pollitas de 1 día en las naves de recría hasta las 17 semanas de edad que alcanzan su madurez sexual y pasan a las naves de puesta, con un ciclo de puesta entre 52 y 80 semanas de producción y una tasa de reposición anual en torno al 60%.

El Grupo Avícola Rujamar, que comenzó su actividad en 1984, cuenta con distintos centros de actividad en San Lorenzo de la Parrilla, Saelices y Honrubia y que tiene en marcha proyectos en Cuenca y esta explotación San Clemente, que sería una de las más grandes de España, lo que provocó las reticencias de grupos ecologistas cuando esta iniciativa dio sus primeros pasos en el año 2018, cuando la empresa adquirió el suelo.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha acordado levantar el confinamiento general de las aves de corral en España tras constatar la mejora de la situación de riesgo por influenza aviar, excepto en las zonas consideradas de especial riesgo y vigilancia, que afectan a un total de 1.201 municipios de todas las comunidades autónomas, entre los que se encuentran 18 de Castilla-La Mancha así como a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla,  según una orden publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los municipios donde las restricciones permanecen en vigor en Castilla-La Mancha son: en la provincia de Albacete, Pétrola, Chinchilla de Montearagón y la capital; en Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Daimiel, Retuerta del Bullaque, Ruidera y Villarrubia de los Ojos;cuatro pertenecen a la provincia de Cuenca, concretamente Belmontejo, El Hito, Montalbo y Mota del Cuervo; tres de Guadalajara, concretamente Almonacid de Zorita, Azuqueca de Henares y Sacedón; y otros tres de Toledo, Miguel Esteban, Quero y Villafranca de los Caballeros.

El confinamiento obligatorio fue decretado el pasado 13 de noviembre de 2025 como medida preventiva ante el aumento del riesgo de propagación de esta enfermedad altamente infecciosa, con el objetivo de evitar el contacto entre aves de corral y aves silvestres migratorias potencialmente portadoras del virus.

Según ha señalado el Ministerio en un comunicado, desde entonces, las autoridades han realizado un seguimiento semanal de la evolución epidemiológica. A la vista de la mejora de la situación tanto en España como en las zonas de origen de las aves migratorias y ante la previsión de temperaturas, el Ministerio ha considerado oportuno levantar la restricción de carácter general en todo el territorio nacional.

En cualquier caso, el departamento recuerda la necesidad de mantener y reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, así como de intensificar la vigilancia y notificar cualquier sospecha a los servicios veterinarios oficiales.

Un total de 16 focos

En España se han contabilizado 16 focos de influenza aviar en granjas de producción desde el 1 de julio de 2025, el último de ellos el pasado 13 de enero en la provincia de Lleida. Además, la enfermedad ha afectado principalmente a aves silvestres, con 165 focos detectados desde julio, además de seis en aves cautivas.

España fue declarada el pasado 10 de febrero como país libre de influenza aviar altamente patógena por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), aunque se mantenían medidas preventivas ante el riesgo derivado de los movimientos migratorios.

El Ministerio ha subrayado que el virus no se transmite a las personas a través del consumo de carne de ave cocinada, huevos o productos derivados, si bien recomienda evitar el contacto innecesario con aves que presenten síntomas o se encuentren muertas en el medio natural.

Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha ya había decretado el confinamiento de todas las aves de corral antes que el Ministerio, concretamente por la resolución 07/11/2025, de la Dirección General de Ordenación Agropecuaria.

Sin embargo, las medidas de confinamiento que establecía la resolución de Castilla-La Mancha tenían vigencia hasta el 28 de febrero. No obstante, aunque las medidas finalizaron en esa fecha, la Comunidad seguía amparada bajo la orden del Ministerio, que seguía manteniendo las medidas de confinamiento hasta que el riesgo epidemiológico disminuyera.

La gripe aviar, una nueva infección denominada Newcastle y problemas con el etiquetado de los huevos ucranianos son las principales preocupaciones del sector de la avicultura de puesta, según los datos que ha ofrecido hoy Vicente Arriscado, presidente de AVICAM (Asociación de avicultores de Castilla La Mancha) tras la asamblea que se ha celebrado en Toledo.

El sector, preocupado por los brotes de gripe aviar que ha sufrido en los meses anteriores, ha deseado que “este año permanezcamos ajenos a esta patología” y por ello ha pedido a la Administración regional “establecer un protocolo de actuación en el caso de que se produzca un nuevo brote para saber qué hay que hacer y que no nos pille desprevenido”, ha señalado.

También el huevo ucraniano que hay en el mercado está suponiendo una preocupación para el sector, un huevo que entra legalmente en la Unión Europea y en España. “El problema que tenemos es que normalmente ese huevo ha ido a industria y eso ha contribuido a sujetar el precio del huevo”, ya que “la industria ha comprado un huevo relativamente barato y ha hecho que los precios del mercado de consumo se mantengan a unos niveles aceptables”, ha señalado Arriscado. Sin embargo, lo que está sucediendo en la actualidad es que este huevo ucraniano se está derivando a consumo pero “al consumidor no se le está informando en el etiquetado del origen de ese huevo, con lo cual ya se está falseando”, ha señalado.

También se ha referido a que se “está falseando” la fecha de consumo. Arriscado ha recordado que este huevo lleva un tránsito que supone “mínimo 10 días o 12 desde que sale Ucrania hasta que llega a España, y se está reetiquetando con 28 días a la hora de la fecha de recepción en lugar de, como en España es obligatorio, coger y marcar 28 días desde la fecha de producción”.

Como sector, Arriscado ha señalado que “tenemos que luchar, no evidentemente por decir que estamos en contra de los ucranianos, pero que deben cumplir las mismas normas con las que estamos obligados a cumplir nosotros, porque si no estamos jugando en desventaja y al consumidor también se le está falseando”.

Este es uno de los debates que se ha planteado en esta asamblea que ha clausurado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, recordando que “somos la primera región a nivel nacional en producción de huevos y por lo tanto tiene un peso importante, que sumado al de la producción de carne de pollo, nos ponen a la vanguardia”. Según los datos que ha aportado Julián Martínez Lizán, Castilla La Mancha mantiene su liderazgo como primera región productora de huevos, con un censo de gallinas de unos 11,6 millones.

Sobre el principal problema que afecta al sector, el consejero ha señalado que se va a acometer de manera conjunta la realización de un protocolo para saber cómo manejar la influenza aviar cuando se da un caso en una explotación. “Vamos a acometer la creación de ese protocolo y saber cómo afinar los trabajos una vez que aparece la enfermedad en una explotación, ya que hay que gestionar la destrucción de todo el material que hay en la misma”, ha dicho el consejero.

Martínez Lizán ha recordado que el Gobierno regional ha hecho una importante apuesta con la puesta en marcha del Centro Tecnológico del Huevo, en Marchamalo, con una inversión de 4,5 millones de euros que cuenta con financiación FEDER y que  cuenta con la colaboración AVICAM. Las obras comenzaron a finales del pasado año “y avanzan a buen ritmo ya que llevamos ejecutado aproximadamente el 22% de la obra”.

El precio de los huevos en origen sigue al alza según las últimas cotizaciones de la Mesa Avícola de la lonja de Toledo que se celebró el pasado viernes.

Se han registrado subidas sobre todo en los tamaños medianos y grandes, tanto en jaula como en suelo. Así, el mayor ascenso se produce en los huevos medianos procedentes de jaula, que han pasado de 2,52€ la docena la semana anterior a 2,55 esta, un 1,19% más caro. 4

Le siguen el precio de los grandes también de gallinas enjauladas, que está ya en los 2,71€ docena esta semana, una subida de 0,03 céntimos con respeto a la cotización anterior lo que supone un 1,12% más.

Suben también los huevos medianos y grandes de las gallinas en suelo. El tamaño mediano cotiza ya a 2,78€ cuando la semana pasado lo hacia a los 2,75, lo que supone una subida del 1,09%. Por encima del 1% han subido también los grandes, que han pasado de pagarse a 2,92€ la docena a 2,94, un 1,03% más caro.

Subidas también algo menores en los huevos de tamaño pequeño, mientras que los XL o supergrandes no han variado el precio y se mantienen 2,95€ la docena si son de jaula y 3,16 si son de suelo.

Según la mesa avícola, el consumo de huevo sigue siendo alto en el mercado nacional. La continua demanda conlleva que las existencias sean escasas, y no se pueda dar respuesta a peticiones que llegan desde países europeos.

El año pasado es estas mismas fechas, los huevos se estaban pagando entre un 30 y u40% más baratos, dependiendo del tamaño. Concretamente los grandes de jaula cotizaban a poco más de dos euros, lo que supone un 43% más baratos de como están cotizando actualmente. Los de tamaño mediano estaban un 37% más baratos.

El mismo caso se da en los procedentes de gallinas en suelo, que se pagaban a 2,23€ los grandes y a 2,04 los medianos, los pequeños cotizaban a 1,71, unos precios en torno al 30% más baratos que los actuales.

Ecologistas en Acción de Toledo ha denunciado que tras más de un mes de que comenzasen los distintos episodios de mortalidad de aves por gripe aviar en la provincia, “hasta 15 ejemplares de cigüeñas blancas no han sido retirados de una zona de alta sensibilidad ambiental cercana al río Tajo en el término municipal de Albarreal de Tajo”.

La organización ecologista conoció los casos tras la alerta recibida por parte de varias personas y pudo comprobar que “al menos 15 ejemplares de cigüeña blanca permanecen muertos y en avanzado estado de descomposición en una zona en la que ya habían estado retirando unas 40 aves los equipos de la Delegación de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible”.

Denuncian que “los ejemplares están plenamente a la vista y en una zona que se supone bajo vigilancia de los servicios de la Consejería en Toledo dado los precedentes” y que por esa razón, “la no recogida de ejemplares solo se explica por un incumplimiento flagrante de los protocolos de retirada de aves susceptibles de estar infectadas por gripe aviar”.

Advierten de “las consecuencias que ello comporta en los riesgos para la sanidad animal y humana” y en este sentido se han dirigido a la Consejería de Desarrollo Sostenible para saber si los protocolos han cambiado. La respuesta, abundan, es que siguen vigentes.

La asociación ecologista recuerda que hace unos días en la Comunidad de Madrid se han localizado del orden de 500 cigüeñas blancas muertas y que “la situación en relación al control de la enfermedad todavía no se puede dar como superada”.

“Inadecuada” gestión de Dehesa Aceituno

Se da la circunstancia, apunta Ecologistas en Acción, de que, aunque se diferencien en el grado de letalidad, los episodios de muertes de cigüeñas en Toledo y Madrid tienen un importante factor común: “la cercanía e inadecuada gestión de los vertederos de los Ecoparques a los que se asocia la presencia multitudinaria de estas aves”.

En el caso de Toledo, señalan que “se observa una gran cantidad de materia orgánica indebidamente gestionada en el vertedero de Dehesa Aceituno, lo que atrae a miles de aves, principalmente cigüeñas y gaviotas, que crean dormideros en su entorno en los cuales el contagio es más fácil y potencialmente más mortal”. Una gestión que depende de la Diputación Provincial de Toledo que ha declinado hacer declaraciones, a preguntas de este medio, al considerar que se trata de una cuestión que concierne a la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Ecologistas en Acción de Toledo reclama “la retirada urgente” de los ejemplares muertos y el estricto cumplimiento de los protocolos de manejo de aves enfermas o muertas, retirándolos del terreno para que no se conviertan en focos de infección.

Por último, la asociación emplaza a la Consejería de Desarrollo Sostenible “a que dé una explicación de esta mala praxis y que depure las responsabilidades a que hubiera lugar”.

La Junta asegura que “se toman las medidas oportunas”

La Consejería de Desarrollo Sostenible lo niega, a preguntas de este medio. “Sobre la circunstancia reseñada, el fallecimiento de cigüeñas en la zona, tomamos las medidas oportunas retirando los cadáveres de ejemplares que empezaron a aparecer como ya sucedió, por ejemplo, hace mes y medio”, según explican fuentes del departamento.

Sin embargo matizan que siguen “vigilantes, con revisiones periódicas, y tenemos en consideración lo que nos trasladan Ecologistas en Acción para revisar la zona y seguir aplicando el protocolo”. Un protocolo que, inciden, se está siguiendo para evitar la expansión de la gripe aviar en aves salvajes.

También aseguran que “se está informando cumplidamente de los casos que aparecen” o que “desde que se dio cuenta de la enfermedad se entierran los cadáveres encontrados con cal viva precisamente para evitar expandir la enfermedad con el traslado de los mismos”.

La compañía gallega Avícola Tratante, con sede en Pontevedra y que cuenta con el sello 'Galicia Calidade', ha pasado a manos de la empresa Hevo Group.

En un comunicado, Hevo Group, con sede en Guadalajara, ha remarcado que la adquisición de esta empresa gallega con más de cinco décadas de trayectoria en la producción y comercialización de huevos, supone “un paso estratégico” en la expansión del grupo y marca un “año clave”.

Así, Hevo Group cierra un 2025 “decisivo” tras adquirir tres compañías -Granja Legaria, El Granjero y Avícola Tratante-, así como ampliar y modernizar sus instalaciones productivas.

Dos centros en Castilla-La Mancha

Con estas incorporaciones, el grupo refuerza su presencia en todo el territorio nacional con fábricas de pienso, granjas de recría y granjas de puesta en Guadalajara, Cuenca, Tarragona, Navarra, Vizcaya y Pontevedra.

Las explotaciones de Castilla-La Mancha continúan libres de gripe aviar y desde el Gobierno regional se reafirman en las medidas tomadas hasta la fecha para evitar la expansión de la enfermedad, afirmando que son “son acertadas y son las necesarias”.

Así se ha pronunciado a preguntas de los medios el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, antes de inaugurar el IX Campus de Jóvenes Cooperativistas de Castilla-La Mancha.

“Ojalá que la incidencia de la gripe aviar vaya a menos en los próximas meses y se puedan flexibilizar este tipo de medidas pero en tanto en cuanto haya riesgo de la presencia de esta enfermedad y la posibilidad de contagio, creemos que son necesarias”, ha sostenido.

Es por ello por lo que ha confirmado que las medidas estarán vigentes hasta que desaparezca la incidencia de esta enfermedad. Algo que Lizán ha esperado que ocurra en primavera, cuando las aves silvestres “han vuelto otra vez a su destino y ya no hay dispersión y posibles contagios”. Como ya informó Agroalimentaria, a principios del mes de noviembre se detectaron aves silvestres con gripe aviar en las Tablas de Daimiel, en la provincia de Ciudad Real.

“Lo que queremos es salvaguardar la continuidad económica de las explotaciones que han tenido que sufrir este confinamiento porque hacerlo bajo la sustentación de una norma regional o nacional les permite seguir comercializando los huevos”, ha argumentado.

El Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo ha recordado a la población de la provincia de Toledo que el confinamiento total decretado por las autoridades españolas y castellanomanchegas para las aves de corral es una medida preventiva para proteger a las explotaciones avícolas ganaderas y sus animales de la gripe aviar, pero que no se trata de un problema sanitario para la población. De hecho, pese a tratarse de una zoonosis, su contagio a seres humanos es muy complicado y no se ha producido ningún caso.

A través de un comunicado de prensa, Lola Gálvez, vocal del Colegio, ha destacado que “la palabra confinamiento puede generar cierta inquietud por el pasado reciente, pero la realidad es que estamos ante una situación controlada y de tranquilidad para la población”. Y añade que “hablamos de una zoonosis que, al contrario de otras, no se transmite con facilidad a los seres humanos y se tienen que dar varias circunstancias para que se produzca el contagio”. Por eso, Gálvez insiste en la tranquilidad “si se toman las precauciones lógicas, como evitar contacto directo con las aves silvestres”.

Atendiendo siempre a esa prevención adecuada, el Colegio también recuerda la necesaria colaboración ciudadana para respetar las normas establecidas y ayudar a luchar contra esta enfermedad. “Si alguien localiza un ave silvestre muerta, debe avisar al teléfono 112 para que se hagan cargo de ella y, por supuesto, evitar tocarla para no propiciar su propagación a otras aves”. Al margen de eso, también se recomienda no comer crudos o poco cocinados alimentos de origen aviar como los huevos y la carne.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estableció inicialmente un confinamiento en diferentes localidades españolas, entre las que se encontraban tres de Toledo, Quero, Miguel Esteban y Villafranca de los Caballeros; además de incluir dos humedales de la provincia entre las zonas de especial vigilancia, la Laguna del Taray y Charcones de Miguel Esteban.

Entre las medidas establecidas para esos lugares destacaban la prohibición de dar agua a las aves de corral procedente de depósitos de agua a los que puedan acceder aves silvestres; o la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones o celebraciones culturales. Medidas que ahora se han ampliado a toda la geografía español, aunque el Gobierno de Castilla-La Mancha ya había decretado el confinamiento de todas las aves de corral dentro de la Comunidad Autónoma.

El Govern balear ha reconegut aquest dijous que no pot tramitar els permisos ambientals de l’anomenada ‘macrogranja dels horrors’, situada a Llucmajor (Mallorca), que es va situar en el punt de mira informatiu després que elDiario.es publiqués en primícia les condicions d’insalubritat, brutícia extrema i presumpte maltractament animal que presentava l’interior de les instal·lacions. El conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha admès que, amb la legislació vigent, les condicions actuals de la granja no permeten efectuar aquesta tramitació.

Així ho ha assenyalat després de ser interpel·lat per Ferran Rosa, diputat del grup ecosobiranista Més per Mallorca, en la compareixença parlamentària que ha oferit el conseller per informar sobre la situació actual de l’explotació avícola. Cal recordar que la granja va acaparar l’atenció mediàtica després que, el passat 26 de maig, aquest periòdic publiqués imatges inèdites de l'interior, gravades per les associacions de protecció mediambiental i animal ARDE i Satya Animal entre els dies 21 i 29 d’abril. En aquell primer reportatge, aquest mitjà va informar que els propietaris de la granja de gallines ponedores havien rebut una sanció de 150.000 euros per part de l’Executiu autonòmic  per no disposar de l’autorització ambiental integrada.

Aquest fet suposa un compliment del que estableix el Reial decret legislatiu 1/2016, que delimita els requisits per regular la contaminació. Enguany, a més, va entrar en vigor el Decret Llei 1/2025, de 17 de gener, que endureix els requisits per a les explotacions avícoles intensives de les Balears. La disposició addicional quarta del text estableix que les noves explotacions avícoles, així com les ampliacions de les ja existents, només es podran autoritzar si respecten unes distàncies mínimes de qualsevol nucli residencial, determinades segons la seva capacitat ramadera. En concret, les granges amb més de 80.000 gallines s’han de situar a més de sis quilòmetres de les zones poblacionals.

En el cas de la granja de Llucmajor, aquesta es troba a aproximadament un quilòmetre dels nuclis urbans de Tolleric i Badia Gran. Si l’explotació supera les 80.000 gallines ponedores, segons la nova normativa, hauria de mantenir una distància “no inferior a 6.000 metres lineals respecte del sòl urbà residencial més proper”. Per tant, si es volgués tramitar qualsevol nova autorització, aquesta s’hauria d’ajustar a les exigències del nou decret llei, requisits que actualment l’explotació no compleix, tal com va informar en el seu moment aquest diari.

L’oposició qüestiona el Govern

El diputat ecologista Ferran Rosa (Més per Mallorca) ha recordat que la Direcció General d’Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental —dependent de la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat— va desestimar la sol·licitud d’autorització ambiental integrada de l’explotació de Llucmajor en una resolució signada el 25 de setembre, fet que, segons ell, posa en evidència les contradiccions de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural per no haver arxivat abans l’expedient.

En aquesta resolució, Paz Andrade, directora general d’Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, afirma que per autoritzar la tramitació ambiental s’ha de tenir en compte l’entrada en vigor de la nova llei que modifica la llei agrària i que, en la seva disposició addicional quarta, estableix que les explotacions ramaderes que superin les 80.000 gallines ponedores —com era el cas, aleshores, de la granja de Llucmajor— han de mantenir una distància mínima al sòl urbà més proper no inferior a 6.000 metres lineals. Tanmateix, el projecte no compleix aquestes condicions, ja que les urbanitzacions de Tolleric i Badia Gran es troben, aproximadament, a un quilòmetre. “La instal·lació no és autoritzable”, conclou Andrade, d’acord amb la redacció inicial del Decret llei 1/2025, la redacció definitiva del qual ha quedat recollida en la Llei 2/2025.

A la descripció del projecte, recollida a la resolució, s’indica que la granja de Llucmajor té una autorització màxima de 40.000 gallines ponedores. No obstant això, va funcionar amb sis naus amb capacitat per a 135.696 gallines. La sol·licitud de legalització de les instal·lacions va ser desestimada. Això significa que la granja ha estat funcionant durant anys il·legalment.

En les seves conclusions, Paz Andrade sosté que, a més d’arxivar l’expedient de sol·licitud d’autorització ambiental integrada, el promotor (Avícola Son Perot S.A., empresa que explota la marca Avícola Ballester) haurà de reduir la capacitat de la granja a un màxim de 40.000 gallines ponedores i presentar un pla verificable per complir aquest objectiu abans del 31 de desembre de 2025. Aquest document s’haurà de presentar a la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, dirigida per Fernando Fernández (PP). A més, el promotor haurà de tramitar també “les autoritzacions corresponents de què actualment no disposa”, tant pel que fa a la capacitat màxima de l’explotació com al femer de Sa Llapassa. També ha de comptar amb l’autorització APCA (activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera) i complir amb la Llei 3/2019, de 31 de gener, d’activitats agràries, així com amb el Reial decret 637/2024, de 27 de juliol, que estableix les normes bàsiques d’ordenació de les granges avícoles.

Rosa s’ha mostrat sorprès que Simonet, conseller del ram, hagi comparegut el 13 de novembre, quan l’“escàndol” es va fer públic el 26 de maig. “No només afecta els veïns de Llucmajor, sinó que va escandalitzar bona part de la població de les Illes Balears”, ha dit. El diputat ha recordat que la resolució que desestimava l’autorització ambiental integrada es va signar el 25 de setembre i es va publicar al BOIB el 9 d’octubre.

“La proposta de desestimació es va fer el 23 de juliol”, ha dit Rosa. Com que no es van presentar al·legacions, des de l’11 d’agost ja s’hauria pogut concloure el procés, ha indicat el diputat ecologista. I va més enllà: “El curiós és que, durant tot aquest període d’elaboració del procediment d’avaluació ambiental integrada, no hagin informat des del minut u que la llei agrària havia canviat i, per tant, era legalment impossible” atorgar aquesta autorització a la instal·lació de Ses Cisternetes, ha puntualitzat Rosa.

En aquest punt, el diputat ecologista ha començat a enumerar tots els canvis normatius que s’han succeït des del gener de 2025. En conseqüència, segons Rosa, aquest expedient s’hauria pogut arxivar ja al gener, i no a l’octubre, com finalment ha ocorregut. A més, ha lamentat que de la resolució adoptada per Paz Andrade, directora general d’Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, es desprèn que els informes que remetia la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural (concretament a través del Servei de Producció Ramadera) eren “condicionats” en lloc de “desestimatoris”. “No eren informes desestimatoris, com vostè ha dit avui [aquest dijous], sinó condicionats”, ha retret.

Basant-se en aquests arguments, sosté Rosa, els tècnics de la Conselleria d’Agricultura, com a òrgan substantiu en matèria agrària, haurien d’haver-hi “remès un informe d’ofici a la Direcció General d’Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, explicant que, com a òrgan substantiu, instaven a arxivar aquest expedient perquè no era legalment viable d’acord amb la normativa vigent”.

Rosa ha recordat que aquests informes condicionats del Servei de Producció Ramadera es van emetre els dies 15 d’abril i 27 de maig, respectivament. El diputat ecologista afirma que és especialment significatiu que aquest segon informe s’emetés un dia després que aquest diari revelés, en primícia, la situació de l’interior de la granja, i que s'hi establissin les condicions mitjançant les quals la granja podria tramitar aquesta autorització ambiental integrada, que és obligatòria per al seu funcionament.

Unes condicions que són impossibles, atès que no es compleixen les distàncies mínimes entre l’explotació avícola i els nuclis urbans dels voltants, motiu pel qual la granja hauria de canviar d’ubicació i tramitar nous permisos per poder continuar la seva activitat legalment. Aquesta és una opció. L’altra, per la qual finalment s’ha optat, és reduir la capacitat màxima de les instal·lacions a 40.000 gallines per operar legalment. “Em sap greu, senyor conseller, però crec que ens prenen el pèl”, ha afirmat Rosa. “No van fer res en el moment en què es va aprovar la llei i no ho van fer fins que es va publicar a la premsa”, ha lamentat.

Simonet (PP): “Els nostres informes són desfavorables”

Joan Simonet, que en la seva primera intervenció s’ha limitat a llegir els expedients relacionats amb l’explotació investigada per les seves irregularitats, així com a defensar la gestió de la seva Conselleria, ha respost a Rosa que “crec que la Direcció General d’Harmonització [Urbanística i Avaluació Ambiental] sap perfectament quines lleis s’aproven”. “De totes maneres, quan ens demanen informes (...), tots han estat desfavorables”, ha indicat el conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural.

“No condicionats, desfavorables”, ha insistit Simonet. En els informes d’autorització d’impacte ambiental, ha argumentat el conseller, ens demanen que indiquem “quins són els condicionants que hi hauria per poder superar-la si fos el cas”. Així ha justificat la seva actuació Simonet, que ha afegit que José Luis Mateo (PP), conseller d’Habitatge, Territori i Mobilitat, ja havia argumentat anteriorment que el procediment es va dur a terme així per una qüestió de “doble seguretat jurídica”.

D’altra banda, Marc Pons, portaveu adjunt del PSOE al Parlament balear, ha lamentat que existeixin “llacunes evidents”, segons la seva opinió, pel que fa al procediment que ha dut a terme la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, i que quedaria reflectit en els expedients. Així, Pons ha començat a enumerar el procés iniciat per la Conselleria en diferents informes i expedients en relació amb l’explotació avícola. L’informe i l’expedient sancionador que fan referència a la gestió del femer, així com al seu pla de gestió —signats els dies 12 de desembre de 2023 i 26 de setembre de 2024, respectivament—, indiquen que s’hi podrien haver comès tres infraccions greus i dues de lleus, tal com va informar elDiario.es.

Tanmateix, segons ha recordat Pons, la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural —dependent de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural— va suspendre el 5 de novembre de 2024 un procediment sancionador, així com les mesures cautelars aparellades al mateix, iniciat contra Avícola Son Perot S.A. Tot això malgrat les greus deficiències detectades pels tècnics del mateix Executiu balear. “Qui signa aquesta suspensió de les mesures és el director general d’Agricultura, Ramaderia i Medi Rural, Fernando Fernández”, ha detallat Pons, i ha afegit que ho va fer tot i que la suspensió no anava acompanyada “de cap informe tècnic que avali la suspensió del procediment sancionador”. Així mateix, s’ha qüestionat si no s’hauria produït la comissió d’un presumpte delicte de prevaricació administrativa.

Simonet es defensa: “No és prevaricació”

“No és prevaricació ni de bon tros”, ha resolt Simonet. El conseller del ram ha argumentat que, quan hi ha un procediment obert tant a la Fiscalia com a un jutjat, és la cap dels serveis jurídics de la Conselleria qui prepara una resolució. “No la redacta el director general”, ha aclarit, i ha afegit que es fa d’acord amb la normativa vigent de procediment administratiu, així com amb la llei agrària. “Tranquil·litat total en relació amb aquest tema”. “Se suspenen els procediments sancionadors que després es tornen a activar”, ha conclòs Simonet.

Pel que fa a aquest procediment de l’expedient de suspensió del procediment sancionador, al qual va accedir aquest diari, la Conselleria d’Agricultura va citar el Decret 1/2004, pel qual s’aprova el reglament sancionador de la Comunitat Autònoma de les Balears. Mitjançant l’article 12, sobre la transcendència penal dels fets i la suspensió del procediment, l’administració pública considera que els fets “poden ser constitutius d’il·lícit penal”. Després de les investigacions, creuen que existeixen “elements de judici suficients” per arribar a aquestes conclusions, motiu pel qual la Conselleria d’Agricultura va decidir remetre la documentació a la Fiscalia.

Així mateix, va puntualitzar que el procés penal “no impedeix el manteniment de les mesures cautelars acordades en el procediment administratiu sancionador”. Finalment, el text legal citat per la Conselleria d’Agricultura recordava que, una vegada hi hagi una resolució judicial —de condemna o de sobreseïment—, l’administració competent haurà de “dictar la resolució que correspongui” i notificar-la a les parts interessades.