El empresario Javier López Madrid ha negado este lunes en la Audiencia Nacional haber contratado al comisario José Manuel Villarejo para acosar a la doctora Elisa Pinto cuando el policía estaba destinado en el corazón de la seguridad del Estado. López Madrid ha defendido ante el tribunal que acudió a Villarejo porque así se lo recomendó un amigo común mientras vivía un estado de “zozobra”, producido por las 1.500 llamadas amenazantes que recibieron él y su entorno, y de las que ha responsabilizado a la dermatóloga. También ha dicho que su amigo le presentó a Villarejo como un “ex policía” y, en ese momento, “detective”.

López Madrid y Villarejo se enfrentan a una petición de seis años de cárcel, y un socio del policía a cuatro, por el presunto encargo mientras el comisario estaba en activo. Se trataría de un delito de cohecho activo en el caso de López Madrid y de cohecho pasivo en el del funcionario policial. “El señor Villarejo nunca me pidió dinero. Nunca le ofrecí dinero. Nunca hablamos de dinero. A mí nunca me pidió un dinero a cuenta ni yo por supuesto se lo entregué”, ha declarado Javier López Madrid en la primera sesión del juicio.

En las fechas del contacto entre el comisario y el empresario, en 2013, constan 130 llamadas de López Madrid al policía y 60 en el sentido contrario. Sin embargo, López Madrid ha declarado que acudió al que él creía que era “un detective” como hizo con otra “mucha gente”, que le quisiera “escuchar” por la situación “tan dramática” que vivía con llamadas constantes de amenaza que se extendían a su mujer, sus hijos, sus amigos y las mujeres de estos. “Llegué a pensar en quitarme la vida”, ha afirmado.

El empresario ha culpado en todo momento a Elisa Pinto de las llamadas de amenaza pese a que la causa contra ella se archivó en un juzgado de Madrid tras ser investigada durante años. Otro juzgado, el que investigaba a López Madrid por el acoso, envió el caso a juicio y este se celebrará el próximo mes de febrero. Villarejo y López Madrid se enfrentan en ese segundo juicio a una petición de la Fiscalía de 13 años de cárcel por acoso, coacciones y agresión con arma blanca.

En el presente juicio, que celebra la Audiencia Nacional solo se juzga el cohecho, esto es, la contratación prohibida a un funcionario público, el comisario Villarejo. López Madrid ha relatado que la única ayuda que recibió del policía fue que le escuchó y que le recomendó denunciar, poniéndole en contacto con otros policías. “El señor Villarejo me mandó a denunciar y me dijo que le dejara en paz”, ha afirmado.

“No supe que era policía hasta cuatro años después”

La abogada de la doctora Pinto, Ana Blanco Vázquez de Prada, ejerce aquí la acusación popular porque la Fiscalía no aprecia indicios del pago y no presenta acusación. Blanco ha preguntado a López Madrid si habló tantas veces con el comisario con el objetivo último de que Villarejo “simplemente le escuchara”. López Madrid ha respondido que luego supo que Villarejo llamaba al “secretario de Estado y al CNI”. No sé por qué lo hacía y hoy sigo sin entenderlo. Si se dedicaba a sacarme información es cosa del señor Villarejo“, ha añadido.

En las agendas de Villarejo hay anotaciones sobre supuestos pagos a López Madrid, una que alude a 211.000 euros y otro a “10”, pero el empresario ha insistido en negar que la atención del policía fuera remunerada por él. Al ser preguntado cuando supo que Villarejo era policía, López Madrid ha respondido que cuatro o cinco años después de conocerle, “en 2017 o 2018”. Las primeras informaciones periodísticas sobre el comisario Villarejo aparecieron publicadas en 2014.

Uno de los episodios que ha aparecido en la declaración es la visita que realiza López Madrid al despacho de la doctora en compañía del tercer acusado, Rafael Redondo, socio del policía. La grabación del encuentro muestra a un López Madrid amenazante. Advierte a la mujer que la Policía está de su lado, ayudándole. Sin embargo, López Madrid ha dicho hoy que lo que quería decir es que ya había denunciado, aunque aún no lo había hecho, y que se trataba de “un farol” para que le “dejara en paz”.

Javier López Madrid vuelve a sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional. El empresario será juzgado a partir del lunes en el caso Villarejo, concretamente en la pieza que investiga la contratación por su parte del comisario, cuando estaba en activo, para que acosara a la doctora Elisa Pinto, con quien López Madrid mantenía un conflicto personal. La Fiscalía no presenta acusación porque considera que no hay pruebas del pago al policía mientras que la representación de Pinto solicita seis años de cárcel para él, otros tantos para Villarejo y cuatro para el socio de este último, Rafael Redondo. 

El juicio en la Audiencia Nacional no entrará al fondo del asunto, que radica en las acciones de acoso y la agresión con un objeto punzante en el costado que sufrió en 2014 la doctora Pinto presuntamente a manos del comisario Villarejo, en presencia de uno de sus hijos, entonces de diez años. Esos hechos se juzgarán el próximo febrero en un Juzgado de lo Penal de Madrid y es allí donde policía y empresario se enfrentan a las penas más altas, 13 años de cárcel.

La pieza 24 del caso Villarejo se ciñe a la contratación del comisario por parte de López Madrid, cuando Villarejo estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. En esa época, bajo el Gobierno del Partido Popular, Villarejo compaginaba los encargos a la brigada política contra la oposición con otros particulares de los que obtenía importantes beneficios, según acredita la investigación. Uno de esos encargos habría sido el de López Madrid, motivo por el cual la doctora Pinto acusa al empresario de cohecho activo –sobornar a un funcionario público– y al policía de cohecho pasivo –recibir dinero–. 

El anterior juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, dictó auto de apertura de juicio oral en octubre de 2023. En la resolución, el juez exponía que en el verano de 2013, López Madrid entró en contacto con Villarejo a través de Donato González, presidente de Societé Generale, “para que le ayudase a finalizar un asunto personal con María Elisa Pinto Romero”. En la causa constan documentos incautados al policía en los registros practicados durante su detención con las evidencias de que en esas fechas elaboró notas sobre Elisa Pinto en las que se refería a López Madrid como “K”, la letra que utilizaba Villarejo para aludir a los clientes de sus encargos.

García Castellón destacaba un episodio ocurrido el 10 de diciembre de 2013, cuando López Madrid se presentó en el despacho profesional de la doctora acompañado de Rafael Redondo, el socio de Villarejo. El empresario, según la grabación del encuentro, advierte a Elisa Pinto que la Policía está detrás de ella y que ha dejado “rastro” de que es la responsable de las llamadas amenazantes que asegura están recibiendo él y su entorno. En aquel momento no había ninguna investigación policial abierta, ni contra Elisa Pinto ni contra Javier López Madrid. 

Durante 2014, el comisario “se dedicó a hostigar a María Elisa Pinto, en cumplimiento de lo pactado con Javier López Madrid, con fines privados”, señala el auto de García Castellón. Villarejo habría realizado “seguimientos”, intentado impedir que la doctora denunciase al empresario por acoso, “empleó medios policiales para desacreditar a la mujer”, “accedió a su información privada sin autorización” e intentó “interferir” en la investigación policial, continúa el juez. 

Ayudado por la cúpula policial del PP, que lo protegía, Villarejo intentó escapar de la rueda de reconocimiento en la que la doctora lo reconoció como el hombre que la había pinchado mientras le tapaba la boca y le decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”. 

No solo Villarejo: policías al servicio de López Madrid

El auto del juez se detiene en un aspecto que transformó el caso y convirtió un conflicto entre particulares en una trama de corrupción policial: la “estrecha relación” que, según los guardias civiles que analizaron el teléfono de López Madrid, este mantenía con un grupo de destacados mandos policiales. García Castellón citaba al ex jefe de la unidad de “fontanería” de la Policía, Enrique García Castaño, y a Alberto Carba, comisario que rehizo la investigación para responsabilizar del acoso a la denunciante. Carba es hoy jefe de la Policía Judicial en Madrid, ascendido por el actual Ministerio del Interior. En ese teléfono también estaban los mensajes en los que los reyes de España arropaban a López Madrid después de que se publicaran las pruebas de sus gastos con la 'tarjeta black' de Caja Madrid y cuando estaba investigado por financiar irregularmente al PP de Madrid.

A excepción de Enrique García Castaño, aquejado de las graves consecuencias de un accidente cardiovascular, los policías que mantuvieron relación con López Madrid declararán como testigos en el juicio. A Carba hay que sumar el que entonces era jefe operativo de la Policía, Eugenio Pino, artífice de la brigada política, y para el que Anticorrupción solicita 15 años de cárcel en el caso Kitchen. 

Por el juicio por acoso a la mujer irán prestando su testimonio una parte importante de los miembros de aquella brigada política, procesados en el caso del espionaje parapolicial a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados. Es el caso de José Luis Olivera, también procesado en Kitchen y detrás del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán. O Andrés Gómez Gordo, el policía de cabecera de María Dolores de Cospedal. 

En la causa constan numerosos contactos telefónicos entre López Madrid y Villarejo, así como un audio incautado al comisario que fue grabado el 26 de enero de 2017. En el mismo, Villarejo dice: “Cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava esta y todos los que la han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito…. Ponme un poquito de pasta, porque me has metido en un embolado y ni me has llamado para decirme (…) Le voy a decir: chiquitín, daños y perjuicios”.

El comisario basará su defensa en denunciar la contaminación de toda la macrocausa que lleva su nombre, un montaje según él para quitarle de en medio con el CNI como gran urdidor. En enero de 2018, tres antiguos directores operativos de la Policía, bajo cuyo mando trabajó Villarejo, remitieron sendas cartas a la Audiencia Nacional defendiendo la legalidad de la figura del policía “encubierto”. Esos tres ex DAO están llamados a declarar como testigos en el juicio que empieza el lunes a petición de Villarejo. La duda radica en cómo defenderán, si es que lo hacen, al comisario. Cuando han tenido que comparecer con posterioridad a presentar los escritos, ya fuera en fase de instrucción o en un juicio oral, han matizado mucho ese apoyo. 

Por su parte, la defensa de Javier López Madrid defenderá que nunca supo que Villarejo era un policía en activo cuando contactó con él a través del presidente de Societe Generale, que declarará como testigo, porque se lo presentó como un “ex policía”. Esta es la principal baza de la defensa si se atiende al desarrollo de otras causas del caso Villarejo, en las que el comisario, sorprendentemente, ha sido absuelto de cohecho bajo el argumento de que no se sirvió de la condición de policía para elaborar los dosieres que vendía a sus clientes privados. Asimismo, López Madrid defiende que no hubo “encargo”, solo una consulta insatisfecha, y que nunca pagó un euro al comisario. 

La proximidad de las fechas señaladas para los juicios a López Madrid devuelven a primer plano el ruido de la cloaca. Según desveló elDiario.es, el comisario jubilado Jaime Barrado, primer investigador del caso de acoso, acudió en octubre pasado a la Guardia Civil a denunciar el intento de soborno por parte de otro comisario jubilado, que estaría cumpliendo un encargo de López Madrid para Barrado contribuyera a que la dermatóloga retirara la acusación que se dirimirá en el Juzgado de lo Penal en febrero y el juicio no llegue a celebrarse.  

El hecho de que el juicio en la Audiencia Nacional, con mejores perspectivas para López Madrid y Villarejo que el que se celebrará en un Juzgado de lo Penal, arranque antes responde a una maniobra de la defensa del empresario que alegó razones médicas de uno de sus abogados y retrasó más de un año su inicio. 

La 'chapuza' de García Castellón

El 27 de octubre de 2023, el entonces juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón dictó auto de apertura de juicio oral, pero el caso aún viviría varios vaivenes antes del juicio que empieza el lunes. En febrero de 2025, la Sala de lo Penal rectificó la decisión del magistrado y ordenó el archivo de las actuaciones. Alegaba que la acusación particular, en este caso la doctora Pinto, no podía actuar por un delito como el cohecho, cometido contra la Administración pública. Al no acusar la fiscalía ni participar acusación popular alguna el juicio no debía celebrarse. 

Pero apenas un mes después, la propia Audiencia Nacional daba un nuevo giro al caso. La máxima instancia del tribunal especializado, la Sala de Apelación daba un rapapolvo a García Castellón por haber permitido que la doctora ejerciera la acusación particular y transformaba su condición a la de acción popular, ordenando que el juicio se llevara por fin a término. 

Como testigo también declarará Alejandro de Pedro, el gurú informático del caso Púnica, a quien López Madrid envió la dirección exacta de la doctora Pinto, según consta en los mensajes recuperados por la Guardia Civil del teléfono del empresario tras su detención en el caso Lezo. “He estado con los hackers que llevan los temas de policía”, le decía De Pedro. 

Javier López Madrid fue condenado por las tarjetas Black, absuelto –como el resto de los acusados en la causa matriz de Bankia– y aún tiene pendiente dos juicios por corrupción en el marco de los casos Púnica y Lezo. El juicio por acoso a la doctora hasta el martes, 20 de enero. El 4 de febrero arrancará en un juzgado de Madrid la otra vista por el acoso y la agresión con arma blanca contra Villarejo y el empresario. 

La Audiencia Nacional ha absuelto al comisario José Manuel Villarejo por segunda vez en menos de un mes. En esta ocasión le juzgaba por haber accedido a datos reservados de un empresario marbellí que mantenía un litigio urbanístico con una mujer que había contratado al comisario, por entonces en activo en el Cuerpo Nacional de Policía. La Fiscalía Anticorrupción, que dirige Alejandro Luzón, solicitaba nueve años de cárcel para Villarejo.

En una sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala absuelven al comisario jubilado de los delitos de cohecho pasivo y de descubrimiento y revelación de secretos de particulares cometido por funcionario público al considerar que no consta que Villarejo tuviera participación en los hechos investigados. En el mismo juicio han resultado condenados a un año de cárcel a los policías Constancio Riaño y Antonio Bonilla como autores de un delito de descubrimiento de secretos de particulares. Riaño y Bonilla han sido absueltos del cohecho pasivo.

Según los hechos probados de la sentencia, una vecina de Marbella, Marzena Kartzyna Nikiel, contactó el 24 de julio de 2015 con Rafael Redondo, socio de Villarejo y abogado en en el despacho Stuart&Mckenzie, para que le ayudara en un conflicto que mantenía con el empresario Felipe Gómez Zotano.

En el marco de este encargo, unos días más tarde, el 18 de agosto, un inspector destinado en la Comisaría General de Información, al igual que el acusado Constancio Riaño, también Inspector de la UCAO, jefe de sección de relaciones institucionales y superior inmediato de aquel otro, efectuó una incursión con la clave que tenía asignada -sin responder tal acceso a supuesto alguno de los que le habilitaban a tal efecto- a la información de la totalidad de las Escrituras Públicas que había otorgado Gómez Zotano ante Notarios españoles y que obraban en el Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado (OCP). 

Una vez se hizo con dicha información, relata la resolución, el policía se la envió a su supeior, el acusado Constancio Riaño Prieto. Este úlitmo la remitió desde su correo profesional a la entidad ANBYCOL de Antonio Bonilla, entonces en situación administrativa de segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía. Bonilla, a su vez, remitió la información al correo electrónico de Rafael Redondo en la compañía CENYT, perteneciente al grupo de empresas de Villarejo. Con esos datos, el acusado Bonilla analizó la información notarial de Zotano conforme al acuerdo suscrito con Cenyt.

El informe elaborado con los datos obtenidos del empresario, denominado “Informe Prejudicial. Investigación prejudicial, patrimonial y análisis documental de Felipe Gómez Zotano”, fue posteriormente incorporado al procedimiento penal incoado en el Juzgado de Instrucción 5 de Marbella a raíz de la admisión a trámite de la querella presentado por Marzena Kartzyna contra el ejecutivo marbellí.

“La información obtenida del OCP en la forma expuesta fue la que nutrió el informe de 7 de septiembre de 2015, no constando que en los acontecimientos descritos tuviera participación el acusado José Manuel Villarejo Pérez”, sostiene la Sala en su sentencia. En esta pieza número 8 del denominado caso Tándem, la Fiscalía Anticorrupción solicitaba una condena de 8 años para Bonilla y y 4 años y 9 meses para Riaño. Finalmente han sido condenados a un año de prisión.

Segunda absolución en tres semanas

La Sala de lo Penal absolvió el pasado mes de octubre a Villarejo en la pieza por el encargo que le hizo un empresario al que no pagaba una deuda Fernando Martín. En juicios anteriores, Villarejo era condenado de varios delitos y exculpado de cohecho, con el argumento de que no se servía de su condición de policía para fabricar los dosieres que luego vendía. En esa pieza resuelta hace tres semanas, el tribunal no ha encontrado pruebas de que cometiera ese ni el resto de delitos que le atribuía la Fiscalía Anticorrupción. 

El empresario José Moya Sanabria contrató a Villarejo para que le ayudara a resolver el conflicto que mantenía con la compañía Martinsa Fadesa y con su presidente, Fernando Martín, con el fin de recuperar la inversión de 100 millones que había hecho en una inmobiliaria. En la sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta absuelven a Villarejo y a su socio, Rafael Redondo, de los delitos de cohecho pasivo, revelación de secretos a terceros (cometidos por funcionario público en el caso del comisario) y de falsedad en documento mercantil. Anticorrupción pedía 23 años de cárcel para Villarejo y 19 para Redondo.

La Audiencia Nacional ha decidido reducir la condena de Carlos Salamanca, excomisario jefe del aeropuerto de Madrid-Barajas, a 3 años y 3 meses de prisión en el marco del caso Villarejo. Salamanca estaba acusado de haber recibido regalos entre 2010 y 2015 de empresarios a cambio de dispensar un trato preferente a sus clientes y familiares cuando llegaran al aeródromo.

La rebaja de más de dos años en la pena se debe a que los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal han corregido “las contradicciones y la falta de claridad” que la Sala de Apelación achacó a la sentencia original. Por este motivo, dicha Sala decidió, el pasado 10 de julio, anular la condena —había sido condenado a 5 años y 8 meses de cárcel — y repetir de nuevo la sentencia. Ahora, los jueces han modificado la calificación de los delitos de cohecho pasivo, lo cual conlleva una reducción en la duración de la pena, según recoge la sentencia a la que ha accedido Europa Press.

Por otro lado, el tribunal ha decidido mantener la pena de tres meses de prisión impuesta al abogado Francisco Menéndez, condenado por un delito continuado de cohecho activo cometido por particular, con la atenuante analógica de colaboración en grado de muy cualificada.

Ambos acusados han sido ratificados en su absolución por los delitos continuados agravados contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en su modalidad de favorecimiento de la inmigración ilegal, así como del delito continuado de prevaricación administrativa.

Según los hechos probados, Salamanca recibió entre 2016 y 2017 diversos regalos de carácter “suntuario”, incluyendo “coches de alta gama”, “relojes de lujo”, dinero y viajes por un valor cercano a medio millón de euros, por parte de Menéndez. Estos obsequios tenían el propósito de obtener un trato preferente para el abogado, sus clientes ecuatoguineanos y sus familiares al llegar al aeropuerto de Madrid. No obstante, la sentencia señala que no consta que dicho trato preferente “se haya materializado en actos concretos que beneficiaran a estos pasajeros”.

La Audiencia Nacional ha anulado la condena de casi seis años de prisión del excomisario del aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca, impuesta por supuestamente cobrar dinero y recibir regalos de un empresario a cambio de favorecer a sus clientes en la frontera. Los jueces entienden que el tribunal debe repetir su sentencia ya que declaró probado que recibió, entre otras cosas, “coches de alta gama” o “relojes de lujo” a cambio de dar “el mejor trato y consideración a los clientes” sin luego especificar qué mejor trato fue ese.

El entonces comisario jefe del aeropuerto fue juzgado junto con un empresario, acusado de cobrar y recibir regalos y dinero a cambio de darle un trato de favor. Fue absuelto, eso sí, de la única acusación concreta en ese sentido: cobrar a cambio de dar un trato preferente a los clientes del empresario, por ejemplo, a la hora de saltarse controles de aduanas o de obtener visados de frontera.

Se queja ahora la sala de apelaciones de la Audiencia de que “no sabemos en qué consistió ese trato preferente. La sentencia no concreta en el relato de hechos de qué modo se realizaba ese mejor trato o trato preferente. Existe una falta de claridad en los hechos que la defensa alega como motivo de recurso”.

Salamanca, antiguo comisario jefe del aeropuerto de Madrid, había sido condenado a cinco años y ocho meses de presidio. Ahora la Audiencia Nacional debe repetir su sentencia pero subsanando sus “contradicciones” y la “falta de claridad” en el relato de hechos probados que, entienden los jueces, han llevado a su condena aunque sin reflejar algunas conductas delictivas concretas que le atribuyen.

Segunda sentencia anulada del caso Villarejo

Se trata de la segunda condena derivada del caso Tándem, la macrocausa que investiga la actividad del comisario jubilado José Manuel Villarejo en tres decenas de piezas separadas. El pasado mes de mayo, la misma sala anuló la condena de 19 años impuesta al policía por obtener y revelar secretos de personas y particulares, una sentencia que ponía el foco sobre el cohecho del que había sido absuelto.

En el caso de Carlos Salamanca, la sala de apelaciones de la Audiencia reprocha que la sentencia le atribuya haber cobrado y recibido regalos a cambio de favorecer a empresarios mientras “no se expresa comportamiento alguno que el comisario Salamanca llevase a cabo u ordenase realizar a favor de los clientes” de uno de ellos. “Se contradice con no estimar probadas las acusaciones que eran objeto de acusación por el Ministerio Fiscal”, explica.

La Audiencia Nacional no declaró probado ningún favor concreto, pero entendió que los regalos y su cuantía permitían deducir que se habían producido. “No puede concebirse que las entregas y correlativas recepciones de dinero y otros efectos se traten de meros regalos efectuados entre personas unidas por una relación de amistad, como pretende hacer ver el último de los acusados nombrados en su larga declaración”, dijo la sentencia que ahora debe ser repetida.

Se trata de una de las primeras patas de la investigación contra el excomisario jubilado José Manuel Villarejo que puso en marcha la Audiencia Nacional. El caso, incluso, llegó a ser archivado en 2018 pero fue reabierta a finales de ese año y juzgada recientemente.

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha acordado la nulidad de la primera sentencia del caso Tándem, que condenó a 19 años de cárcel al comisario José Manuel Villarejo, y ha ordenado a la Sección Cuarta de la Sala Penal que dicte una nueva, con los mismos jueces que conformaron tribunal, en la que valore la totalidad de la prueba practicada en el juicio oral y se pronuncie sobre todos los delitos objeto de acusación. 

En su sentencia, los magistrados de la Sala de Apelación han estimado parcialmente los recursos presentados por las acusaciones, también de la Fiscalía Anticorrupción, y los acusados que fueron juzgados en las piezas Iron –la guerra entre dos despachos de abogados–, Land –el enfrentamiento de la familia dueña de La Finca– y Pintor –en la que fueron condenados el marido y el cuñado de Ana Rosa Quintana. En la sentencia ahora anulada, de julio del año pasado, la Sección Cuarta condenó a Villarejo a 19 años de cárcel por delitos de revelación de secretos de empresas y de particulares, al tiempo que le absolvió de cohecho y de extorsión en grado de conspiración.

Además del comisario fueron juzgadas otras 26 personas, entre ellas su socio Rafael Redondo, quien resultó condenado a trece años de prisión. Otras nueve personas fueron condenadas a penas de entre tres meses y dos años, mientras que otras 16 fueron absueltas, entre ellas la esposa, el hijo de Villarejo y varios policías. 

Tras examinar todos los recursos presentados, la Sala de Apelación considera que el tribunal no se pronunció sobre cuestiones planteadas por las partes, por lo que le ordena que valore todas ellas. En concreto, deberá llevar a cabo una valoración de pruebas practicadas en el juicio y sobre las que no existe motivación alguna. Así, del tribunal deberá pronunciarse en la nueva sentencia sobre los delitos de conspiración para la extorsión en alguna de las piezas, la obstrucción a la Justicia, la falta de motivación de las indemnizaciones fijadas en concepto de responsabilidad civil, la cuota diaria de multa y las contradicciones en el pronunciamiento relativo a la participación de Mario Carpintero López en el delito continuado de falsedad en documento mercantil y en el relativo a las costas de las acusaciones particulares y popular, así como sobre la absolución de las personas jurídicas Herrero y asociados y Procisa.

La cuestión jurídica, y con efectos materiales, más relevante es la absolución del delito de cohecho que logró el comisario. El tribunal resolvió interpretó que Villarejo no se había servido de su destino concreto en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía para elaborar los dosieres que luego vendía a clientes particulares. El tema es nuclear en el caso Villarejo ya que el hecho de que se concluya que Villarejo no se sirvió de su función de Policía para hacer negocios merma considerablemente la causa.

En este sentido, la Sala de Apelación estima el recurso de la Fiscalía Anticorrupción por la absolución del delito de cohecho, pero no se pronuncia al haber acordado la nulidad de la sentencia. La Sección Cuarta justificó la absolución por el delito de cohecho en que los actos realizados por Villarejo no lo fueron el ejercicio de su cargo ni guardaban relación con sus actividades públicas ya que quienes le contrataron, aunque conocían su condición de policía, lo hicieron por su entramado empresarial y sus contactos con las Fuerzas de seguridad del Estado y la Administración de Justicia, lo que le permitía conseguir grandes dosis de eficacia. 

Anticorrupción, sin embargo, considera en su recurso que el tribunal no aplicó correctamente el delito de cohecho según está recogido en el Código Penal y será, después de la nueva sentencia, cuando la Sala de Apelaciones se pronuncie. En el primer fallo una de las magistradas del tribunal discrepó y emitió un voto particular defendiendo que también se debería haber condenado a Villarejo por cohecho.

Sin llegar a pronunciarse aún, la Sala de Apelaciones da alguna pista de por dónde podría ir su decisión en el futuro. Examina la doctrina del Tribunal Supremo sobre este delito y concluye que no precisa que el daño al bien público sea un “perjuicio verificado y acreditado” al margen del torcimiento que conlleva el principio de imparcialidad u objetividad en el desempeño de la actividad pública. El delito quedaría consumado con la simple solicitud o ofrecimiento de una dádiva sin necesidad de que se produzca el resultado material externo o que se ejecute efectivamente el comportamiento contrario a derecho que se busca, ya que desde ese momento queda perjudicada la administración, así como la imparcialidad de sus funcionarios. 

Condenado el policía, absuelto los responsables de Planeta

La resolución de la Sala de Apelaciones se conoce el mismo día en el que el tribunal que debe repetir la sentencia indicada ha condenado al comisario por otra pieza, la que investiga los trabajos de Villarejo para el Grupo Planeta y contra el dueño de Kiss FM. La Sección Cuarta ha condenado al policía jubilado a tres años y un día de cárcel por un delito de cohecho pasivo por haber investigado de forma irregular, a principios de 2014 y por encargo de Planeta, a uno de los árbitros del laudo entre este grupo de comunicación y Kiss FM.

En su sentencia, la Sección Cuarta absuelve al responsable de Seguridad de Planeta y al director de los Servicios Jurídicos, Antonio López López y Luis Elías Viñeta, respectivamente, del delito de cohecho activo al considerar que ambos desconocían la condición de policía en activo de Villarejo cuando le contrataron para elaborar el denominado “Informe July”. También absuelve a Villarejo y a Viñeta del delito de falsedad documental que les atribuyó la Fiscalía Anticorrupción al inicio del juicio oral. El fallo de esta pieza 12 del denominado “caso Tándem” cuenta con el voto particular discrepante de la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, partidaria de absolver a los acusados ya que el delito que se habría cometido, a su juicio, sería el de estafa en vez del de cohecho.

La Audiencia Nacional ha anulado la orden con la que Manuel García Castellón pretendía prolongar de forma irregular durante seis meses la investigación en una de las ramificaciones del 'caso Villarejo': la que analiza si un empresario contrató al comisario jubilado para extorsionar a su expareja. La Sala de lo Penal recuerda al juez que “en manera alguna” podía añadir seis meses más a una causa que lleva cuatro años y medio en marcha solo por estar esperando a que Rumanía envíe datos del caso. Recientemente un imputado del caso Tsunami Democràtic se ha quejado ante el Supremo de que esta causa también se prorrogó de forma irregular al hacerlo el juez un día fuera de plazo.

La pieza número 14 del caso Tándem, bautizada como Proyecto Ámbar, lleva abierta desde septiembre de 2019 y en ella el juez García Castellón investiga si un empresario y dueño de un restaurante en Madrid pagó 300.000 euros a José Manuel Villarejo para extorsionar a su expareja. Una causa en la que también se investiga si Carlos Salamanca, antiguo comisario jefe del aeropuerto de Barajas, disfrutó de viajes de lujo pagados por el empresario con dinero procedente de Suiza.

Las diligencias llevan abiertas desde septiembre de 2019 en el juzgado seis de la Audiencia Nacional y el instructor ha firmado hasta siete prórrogas de medio año en medio año. La última, a finales de enero, cuando Manuel García Castellón se apoyó en la Fiscalía y la acusación para explicar que necesitaban más tiempo para recibir información clave: que Rumanía explique si en 2012 Salamanca y el empresario fueron juntos de viaje a Bucarest, un posible delito de cohecho si todo estuviera conectado con el supuesto encargo a Villarejo.

El propio García Castellón explica en su último auto que la prórroga anterior, de julio de 2023, se pensó para poner en marcha esta diligencia, pero lamenta tambien que Rumanía no haya contestado todavía y que necesite seis meses más para recibir la respuesta. Y justificó esa prórroga en varias cuestiones: tener que esperar a la información de ese país pero también que, una vez analizada la información, podría necesitar poner más diligencias en marcha. La pieza 14 del caso Tándem, dijo el juez, es “dinámica, activa y compleja” y su prolongación por séptima vez está “más que justificada”.

Una opinión que no compartía ni la defensa de Carlos Salamanca, que recurrió, ni la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que acaba de estimar ese recurso y ha anulado la ampliación de la investigación en enero. Los jueces que supervisan la causa recuerdan a García Castellón que el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula la prolongación de las causas judiciales, tiene un artículo específico para este tipo de casos: si la diligencia se pidió en plazo, su resultado sigue siendo válido.

El instructor, sin embargo, no acordó ninguna diligencia nueva ni indicó que tuviera otras pendientes de poner en marcha. “La contestación de las autoridades de Rumania podrá ser valorada como realizada dentro del plazo de instrucción prorrogado”, dice la Sala. Pero intentar alargar la causa para poner en marcha hipotéticas diligencias, critican, se haría “contraviniéndose así la finalidad de acortar temporalmente las investigaciones de las causas penales”.

En su recurso, el comisario Carlos Salamanca –juzgado recientemente en otra de las piezas del caso Villarejo– se quejaba que en los últimos años el juez apenas ha practicado “una decena de diligencias, siendo el resultado de todas ellas más que infructuoso”. La decisión de la Sala, en la práctica, permite a García Castellón contar con todo el material que haya recabado desde septiembre desde 2019 hasta la fecha, incluyendo la información que remitan las autoridades de Rumanía sobre ese viaje, pero no puede solicitar más diligencias sobre el caso. Tendrá que decidir si lo manda así a juicio.

Los plazos del caso Tsunami

La séptima prórroga de esta pieza separada del caso Tándem, una de las menos conocidas y con menos proyección pública de las varias decenas que brotaron de la detención de José Manuel Villarejo en 2017, no pasa el filtro de la Sala de lo Penal no por un incumplimiento de los plazos, sino por un incumplimiento de las previsiones legales para poder firmarla. Otra de sus prórrogas también ha sido recientemente cuestionada ante el Tribunal Supremo: la del caso Tsunami Democràtic.

Las defensas de varios acusados, entre ellas la de Marta Rovira, Oriol Soler o Xavier Vendrell, se suman a la crítica que ya hizo otro imputado, Josep Lluís Alay, y focalizan sus alegaciones en una fecha: el 30 de julio de 2021. Ese día, según sus escritos que por ahora no han recibido respuesta, Manuel García Castellón prolongó la investigación de la causa, una de tantas veces dentro de su desarrollo. El problema es que, según estos recursos, para entonces ya había entrado en vigor la reforma del artículo 324 del Código Penal que le hubiera obligado a hacerlo 24 horas antes. El 29 de julio de 2021.

Está por ver la respuesta que esta alegación tiene tanto por parte de la Audiencia Nacional como por parte del Tribunal Supremo. Los imputados entienden que este supuesto desliz de un día de Manuel García Castellón puede llevarse por delante los últimos dos años y medio de investigación, incluyendo por tanto algunos de sus puntos clave más recientes.

En contacto con elDiario.es, el catedrático de Derecho Procesal, Juan Luis Gómez Colomer, explica que este es un caso “complejo y defendible” y que “en ningún caso se produce la nulidad automática”. El Supremo tiene dicho, afirma el jurista, que aunque se anulen las diligencias acordadas fuera de plazo, el procedimiento “sigue y puede ser válida una condena” en base a otras pruebas que sí sean válidas.

También explica que, en el caso de Tsunami, la reforma de 2020 sobre los plazos procesales entró en vigor en plena investigación. “Hablamos de investigaciones que estaban sometidas a un plazo que ha sido modificado, pero primero hay que cumplir ese plazo. Y, cuando acabe, entonces ya se aplicará el plazo de la nueva ley”. No significa, según su criterio, que en 2020 empezara a correr el plazo de un año si ya existía uno anterior: “Si estaba concedido tres años y no han acabado los tres, ese año solamente será posible cuando acaben los tres”, afirma.

Jordi Nieva Fenoll, también catedrático de Derecho Procesal, rechaza que una posible estimación pueda llevar a la anulación de toda la causa y entiende que la reforma de 2020 buscaba evitar, precisamente, que “una investigación muriera simplemente porque se hubiera pasado el plazo”. “La ley fue reformada para que no ocurriera eso. Tal y como está escrito, es una especie de plazo orientativo, tampoco es absolutamente evidente que si no lo haces no tengas manera de continuar investigando”, explica a este periódico. “¿Que podría interpretarse lo contrario? Por supuesto. Pero no era la intención del legislador”, añade. El Tribunal Supremo, considera, podría poner encima “argumentos de eficacia de las investigaciones” para rechazar la alegación.

El caso Tsunami está en manos del Tribunal Supremo desde que hace unos días la Sala de lo Penal decidiera admitir la exposición razonada de García Castellón y abrir una causa por terrorismo contra Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg, ambos acusados de jugar un papel protagonista en el nacimiento y funcionamiento de la plataforma que impulsó las manifestaciones masivas contra la sentencia del procés en 2019.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la apertura de juicio oral contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la excúpula de ese departamento durante la primera legislatura de Mariano Rajoy por la denominada “Operación Kitchen”, el operativo parapolicial puesto en marcha supuestamente con el objetivo de sustraer al tesorero del PP Luis Bárcenas material relacionado con la investigación judicial del caso Gürtel.

En su auto, el magistrado rechaza por extemporánea la petición de la acusación ejercida por el PSOE de declarar la responsabilidad civil a título lucrativo del PP y la establece, de forma subsidiaria, para la Administración General del Estado en el caso de que los investigados resultaran condenados. Alega el magistrado que no hay diligencia alguna durante la instrucción en ese sentido y que no es momento, por tanto, de atribuir tal responsabilidad al Partido Popular.

El auto de apertura de juicio oral incluye todos los delitos planteados por las acusaciones (Fiscalía, Abogacía del Estado, PSOE, Podemos y familia Bárcenas) en sus respectivos escritos, entre ellos descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, encubrimiento, contra la intimidad y obstrucción a la justicia. En el caso de los escritos del PSOE, Podemos y de la familia Bárcenas, además, añaden los de organización criminal o asociación ilícita, entre otros. Para el instructor, los diferentes relatos de los escritos de acusación, con sus correspondientes calificaciones penales, resultan, en principio, adecuados, todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la fase de juicio oral. 

En su auto de fin de la instrucción, de julio de 2021, el juez García Castellón aprovechó para archivar la causa contra la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. También ponía fin con ese auto a una incipiente investigación sobre el posible conocimiento que tuviera el presidente del PP y del Gobierno durante los hechos, Mariano Rajoy. Las grabaciones que con posterioridad hicieron crecer los indicios contra Cospedal no fueron apreciadas como suficientes por el juez para volver a imputar a Cospedal.

En relación con la responsabilidad civil del PP solicitada por el PSOE, recuerda que hasta este momento, en esta pieza del caso Tándem, no se ha dirigido pretensión alguna en este sentido contra el PP y que, por tanto, siguiendo doctrina del Tribunal Supremo, resulta extemporánea, teniendo en cuenta, además, que se realiza sin concretar la cuantía ni los hechos y acciones concretas de los que emana dicha responsabilidad, “apreciándose una falta de relación entre los hechos que sustentan la pretensión y la persona frente a la que se ejercita la acción civil”.

Además de al exministro, el juez envía a juicio a quien fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al exdirector adjunto Operativo Eugenio Pino, a los responsables policiales José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Angel Fuentes Gago, Enrique García Castaño, Bonifacio Díez Sevillano, Andrés Manuel Gómez Gordo, al comisario jubilado y principal investigado en la macrocausa Tándem José Manuel Villarejo, así como al chófer de Bárcenas Sergio Ríos Esgueva.

Tres miembros más de la brigada política

Respecto de Olivera, Fuentes Gago y Díez Sevillano, para los que el fiscal había solicitado el sobreseimiento provisional, el instructor rechaza esta solicitud y pide al Ministerio Público que en el plazo de tres días formule escrito de acusación o que renuncie al mismo. El magistrado desestima también una diligencia complementaria solicitada por el PSOE al considerar que la instrucción está finalizada. Los tres policías fueron destacados miembros del grupo que operó contra la oposición y a favor del PP entre 2012 y 2016. Olivera, ex jefe de la UDEF, estaba destinado al frente del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO); José Ángel Fuentes Gago fue la mano derecha de Pino en la Dirección Adjunta Operativa; y Díez Sevillano le sustituyó en el puesto.

La resolución acuerda imponer unas fianzas por responsabilidad civil de 120.000 euros para Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino, así como de 100.000 euros para Villarejo y Sergio Ríos, de 20.000 euros para Andrés Manuel Gómez Gordo y 3.000 euros para el resto, excepto García castaño, a quien se le fija en 2.000 euros.

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La Justicia ha declarado firme la absolución del comisario jubilado José Manuel Villarejo, su esposa Gemma Alcalá y el periodista Carlos Mier en el caso de la grabación a miembros del Centro Nacional de Inteligencia. La Audiencia de Madrid comunicó a los tres absueltos el carácter definitivo de su exoneración después de que ni la Fiscalía ni ninguna acusación presentara recurso contra la sentencia que declaró probado que alguien registró de forma irregular una reunión entre miembros del CNI y la Policía en el marco de la investigación al pequeño Nicolás, pero que no hay pruebas de que Villarejo estuviera detrás de la grabación o su posterior difusión.

La Fiscalía, que llegó a pedir cuatro años de cárcel para el principal imputado del caso Tándem y tres para los otros dos acusados, renunció a llevar el caso ante instancias superiores sin que la Abogacía del Estado, Podemos o el resto de acusaciones presentaran algún recurso contra la exoneración de los tres, acusados en su momento de revelación de secretos oficiales. La firmeza fue declarada a finales de febrero pero no ha sido notificada hasta pasada la mitad del mes de marzo.

Los tres se sentaron en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid acusados de preparar y ejecutar la grabación de un encuentro confidencial entre espías del CNI y miembros de la comisión judicial que investigaba el caso de Francisco Nicolás Gómez Iglesias con el objetivo de difundirla y provocar la nulidad de al menos parte del caso. La reunión tuvo lugar a finales de 2014, fue grabada y su contenido difundido por varios medios de comunicación.

La sentencia absolutoria, ahora declarada firme según ha sabido elDiario.es, entendió que ninguna prueba permitía vincular esta grabación con Villarejo y su esposa, que entonces estaba al frente de una página web llamada Información Sensible vinculada al comisario y donde trabajaba el periodista Carlos Mier, el primer medio de comunicación que se hizo eco de la detención del joven Gómez Iglesias.

Según la Fiscalía y las acusaciones, el periodista hizo una llamada a uno de los mandos policiales presentes en la reunión, lo que activó algún tipo de software que permitió grabar la conversación. La sentencia, sin embargo, dejó por escrito que “subsisten dudas no explicadas respecto de cómo se realizó la grabación y respecto del contenido de la llamada” que hizo el periodista al mando policial, unas dudas que “introducen alternativas no irrazonables a la tesis de la acusación”.

La firmeza de esta sentencia absolutoria llega después de que el año pasado un juzgado de lo penal de la capital decidiera absolver a José Manuel Villarejo de las acusaciones del exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, de injurias y denuncia falsa. También llega después de que el pasado mes de septiembre su primer gran juicio en el marco del caso Tándem quedara visto para sentencia en la Audiencia Nacional.

Un triple juicio en el que el comisario jubilado es acusado en tres de las piezas principales del caso que arrancó con su detención y encarcelamiento en noviembre de 2017. Un proceso que duró un año en los salones de la Sala de lo Penal y en el que Villarejo está acusado de usar su posición y contactos en la Policía para cobrar encargos privados de empresarios para espiar a rivales. La Fiscalía, en total, pide 80 años de cárcel por su supuesta participación en los proyectos conocidos como Iron, Land y Pintor.

La primera pieza investigó si Villarejo fue contratado por un bufete de abogados para espiar a un despacho rival. La segunda, el papel que jugó en la guerra familiar de los herederos de Luis García-Cereceda. La tercera, el encargo reconocido por el propio Juan Muñoz Tamara, marido de la periodista Ana Rosa Quintana, para obtener datos de un antiguo socio que le debía dinero. Quedan todavía más de 30 piezas en fase de instrucción y pendientes de juicio.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido este lunes en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el conocido como caso Cuarteles, la investigación judicial en torno a una supuesta trama de corrupción en el seno de la Guardia Civil y la adjudicación irregular de contratos de obras. Una comparecencia en la que ha atribuido este caso a la etapa dirigida por el Partido Popular y en la que también ha recordado el caso de corrupción policial de la operación Kitchen: “Durante los gobiernos del PP se utilizaron de forma inadmisible los recursos públicos”, ha recordado.

El titular de la cartera de Interior ha recordado el desarrollo del caso, en el que permanece imputado entre otros el teniente general Pedro Vázquez Jarava por el supuesto cobro de regalos y dádivas por parte de contratistas que optaban a contratos para obras y mantenimiento en una docena de comandancias de la guardia Civil en todo el país.

La investigación, ha recordado Grande-Marlaska, arrancó en 2016. “Es un caso, uno más de tantos casos de corrupción, que se dan con el Partido Popular en el Gobierno y con sus responsables en el Ministerio del Interior”. ha explicado. Fue la Guardia Civil en un Gobierno del PP, ha añadido, la que puso en marcha una investigación en Asuntos Internos del cuerpo y la que archivó esa información: “Insisto. Ustedes lo paran y lo mandan archivar”, ha reprochado a los representantes del partido de Alberto Núñez-Feijóo en la comisión. El caso se judicializó, ha añadido, años más tarde ya con el PSOE en el Gobierno.

“Asistimos a un ejemplo de mal gobierno”, ha explicado antes de atribuir “autoritarismo, corrupción y chapuza” a la gestión del PP en el Ministerio del Interior entre 2011 y 2018. En esos años, ha acusado, “los gobiernos del Partido Popular se utilizaron de forma inadmisible los recursos públicos y los medios, que deberían haberse destinado a la seguridad de todos y todas, con fines partidistas y espurios de una manera inaceptable en una democracia”. 

Ha citado entonces a la “policía patriótica”, altos mandos de la Policía Nacional como Eugenio Pino o José Manuel Villarejo investigados en la Audiencia Nacional por usar medios policiales para, entre otras cosas, favorecer al Partido Popular. “El intento de elaborar pruebas claramente falsas contra la oposición política para desactivar su labor de control y alternativa frente a recortes, políticas antisociales o casos de corrupción”, ha dicho.

Ha aludido en este punto a la operación Kitchen, el operativo policial ilegal utilizado para espiar a Luis Bárcenas, extesorero del PP, e intentar robarle pruebas y grabaciones que obraban en su poder y que perjudicarían al partido. “No dudaron en hacer que agentes y efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya finalidad era proteger nuestras calles, velar por la seguridad en el medio rural, defender nuestras fronteras o luchar contra el terrorismo o la violencia de género, abandonasen sus funciones y se tuviesen que dedicar a labores relacionadas con tapar sus escándalos de corrupción”, ha dicho.

El resultado de las dos investigaciones que ha emprendido Manuel García Castellón contra Podemos desde 2020, el caso Dina y el de la supuesta financiación irregular, han derivado en el archivo tras practicar instrucciones que han arrojado impactantes titulares en los medios, revocaciones y advertencias por parte de la instancia superior de la Audiencia Nacional y han finalizado sin que el juez logre atribuir la condición de imputado a ninguno de los nueve miembros de la formación a los que situó como sospechosos en uno y otro caso. 

El último de los autos de la Sala de lo Penal, en el que se ordena a García Castellón archivar la causa por los supuestos pagos de Venezuela, habla de invasión de derechos fundamentales en una investigación “prospectiva”, advertencia que ya se le había hecho al magistrado en un auto anterior y que este ha intentado burlar ampliando “artificiosamente” la investigación, según la resolución de la Sección Tercera, que preside Alfonso Guevara. 

El magistrado había ordenado a la Policía que rastreara cuentas bancarias de personas físicas y jurídicas que ni siquiera tenían la condición de investigadas, en busca de un delito de financiación ilegal que no existía cuando se produjeron los hechos. El origen del caso es, además, un dosier de la brigada política del PP, confeccionado en 2016, cuyo contenido despreció el Tribunal Supremo y que cinco años después ha sido aderezado con unas “narraciones de terceros” del exmilitar Hugo ‘El Pollo’ Carvajal. Según los jueces de la Sala de lo Penal, el antiguo jefe de la Inteligencia militar de Hugo Chávez solo pretendían “retrasar” su extradición a Estados Unidos. 

La causa arrancó en octubre de 2021, en secreto, aunque varios medios de comunicación pusieron nombre a los sospechosos que rastreaba García Castellón. Todos ellos fundadores de Podemos y vinculados a su vez a unas sociedades a través de las que se habrían percibido fondos del régimen chavista. Esos nombres eran Juan Carlos Monedero, Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez. De Monedero se solicitaba también rastrear sus viajes a Latinoamérica. Ninguno de los mencionados ha llegado a figurar como investigado –la fórmula que sustituyó a imputado en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del Gobierno del PP–, ni han sido llamados a declarar y no han tenido ni tienen posibilidad de acceder a las actuaciones en las que se les ha mencionado recurrentemente. 

Del 'caso Dina' al 'caso Pablo Iglesias'

La instrucción de García Castellón ha sido breve si se compara con el tiempo que el magistrado persiguió la imputación de Pablo Iglesias, mientras el hoy comentarista político era vicepresidente del Gobierno. La pieza destinada a investigar la presunta participación de Villarejo en la difusión del material del teléfono robado a la excolaboradora del político fue reconvertida por el magistrado en un momento dado en el ‘caso Pablo Iglesias’. 

Durante dos años, el juez ordenó todo tipo de diligencias, sin consultar a la Fiscalía, entre las que figuró una comisión rogatoria internacional por un delito de daños informáticos. El juez, confirman fuentes de la Audiencia Nacional, llegó a plantearse viajar en persona a Gales para interrogar al informático que intentó recuperar el contenido de la tarjeta robada a la ex asesora de Iglesias a petición de la expareja de ésta.

El 27 de marzo de 2019, Pablo Iglesias y Dina Bousselham habían comparecido en secreto ante el juez porque entre el material incautado a Villarejo habían aparecido unas carpetas con copias del teléfono móvil de la excolaboradora del político. Iglesias explicó al juez que ese material había sido publicado en un medio opuesto editorialmente a Podemos para perjudicar al partido, coincidiendo con las frustradas negociaciones de 2016 para formar Gobierno con el PSOE. 

En la respuesta del magistrado puede que se encuentre al menos una parte de la explicación del destacado interés que comenzó a tener tiempo después el propio Manuel García Castellón en todo lo que supusiera atribuir un delito a Iglesias o a otro responsable de Podemos. “Me alegro de que lo haya explicado usted así, tan bien, porque yo lo he entendido. Efectivamente, en el procedimiento que así se sigue, y que usted conocerá por la prensa, respecto al señor Villarejo, aparecen indicaciones del Ministerio del Interior muy serias”. Todo lo que ocurrió después del confinamiento iba dirigido en la dirección contraria: el juez despojó a Iglesias de la condición de perjudicado e intentó por todos los medios que fuera investigado. “Se sintió engañado”, intentan disculparle en su entorno. 

Tras el confinamiento

Al regreso del encierro, y de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, García Castellón consideró a Pablo Iglesias sospechoso de un delito de revelación de secretos y otro de daños informáticos por haber guardado durante meses la tarjeta de móvil que los responsables del Grupo Zeta le habían entregado y que era propiedad de Dina Bousselham, a la que habría devuelto el dispositivo ya inservible. 

Los cambios de versión de Bousselham contribuyeron a ello, aunque quince meses antes, tanto ella como Iglesias ya habían contado al juez que la tarjeta había estado durante meses en poder del político. En cualquier caso, Anticorrupción advirtió de que si la afectada no se sentía perjudicada por Iglesias, la ley no permitía acusar al vicepresidente del Gobierno de ninguno de esos delitos. 

Durante meses, la instrucción de piezas del caso Villarejo tan relevantes como BBVA o Kitchen dejó de ser la prioridad en un juzgado desbordado de trabajo para centrarse en una investigación en la que no aparecía la organización criminal o el cohecho que centra la causa Tándem, sino una supuesta revelación de secretos y otro delito de daños informáticos.

La misma Sección Tercera que acaba de obligar a García Castellón a cerrar la investigación secreta y “prospectiva” por la supuesta financiación irregular de Podemos devolvió la condición de “perjudicado” a Iglesias por la difusión en varios medios de la información en el móvil de Bousselham, cuyas copias se habían encontrado en poder de Villarejo. Cualquier otra investigación que dejara a Villarejo fuera de la maniobra no eran más que “hipótesis alternativas” competencia de juzgados ordinarios, le advirtieron desde la Sala de lo Penal.

Pero el juez siguió adelante hasta redactar una exposición razonada que envió al Tribunal Supremo, ante el que Iglesias estaba todavía aforado como miembro del Gobierno. En ella acusaba al vicepresidente segundo del Gobierno de descubrimiento y revelación de secretos con “agravante de género”, daños informáticos, denuncia falsa y simulación de delito.

Que el juez se había sentido engañado por Iglesias queda de manifiesto en aquella exposición razonada. También se adivina cómo lamenta que su supuesto error fuera utilizado por Iglesias políticamente, al hacer este del “ataque de las cloacas” uno de los vértices de las últimas campañas electorales. En el escrito enviado al Supremo, el juez calificaba de “consciente y planificada actuación falsaria desplegada por el Sr. Iglesias con su personación, fingiendo ante la opinión pública y ante su electorado, haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales”.

Calvente y 'el Pollo', “rumores” y “narraciones de terceros”

García Castellón había llamado a declarar a un testigo clave para él, José Manuel Calvente, abogado al que Podemos había despedido de forma improcedente. Calvente declaró lo que García Castellón consideró definitivo para acudir al Tribunal Supremo, un detalle “minucioso” del plan de Iglesias para aprovechar electoralmente el caso Dina. Calvente afirmó en sede judicial que el caso Dina fue “un montaje” y que así se lo reconoció una persona de la que se negó a dar el nombre. “Tengo bastante discusión con esta persona, no quiero decir el nombre. Me lo confirman así, me lo dicen claramente [que fue un montaje]”, dijo Calvente en sede judicial.

Manuel García Castellón también pidió la imputación de la responsable de la estrategia jurídica, Gloria Elizo; de los abogados de la formación Raúl Carballedo y Marta Flor; y de Ricardo Sa Ferreira, antigua pareja de Bousselham. Tampoco ninguno de ellos llegó a estar nunca imputado. El Tribunal Supremo rechazó la exposición razonada contra el aforado entonces Pablo Iglesias y, por extensión, contra todos ellos. 

Todo se podía haber evitado si García Castellón hubiera citado a Bousselham para corroborar lo que la ex colaboradora de Iglesias le había puesto por escrito, que no consideraba que Iglesias la hubiera perjudicado en ningún sentido. Así se lo había pedido reiteradamente la Fiscalía. En lugar de eso, el juez ordenó a Bousselham que dejara de compartir abogada con Iglesias. También el Tribunal Supremo incluyó la declaración de Dina Bousselham entre las diligencias que ordenaba dictar a García Castellón, pero el magistrado siguió dilatando lo que habría supuesto el final del ‘caso Pablo Iglesias’.

Las acusaciones de Calvente prosperaron ante el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, donde el juez Juan José Escalonilla mantiene imputado al propio Podemos, a Juan Carlos Monedero y al responsable de prensa Juanma del Olmo, entre otros miembros y responsables del partido. Descartada judicialmente hace meses la caja B que Calvente aseguró que funcionaba en la formación, también aludiendo a “rumores”, será durante este mes de julio cuando Escalonilla decida si prorroga la instrucción del caso Neurona, procesa a los imputados o archiva la causa. La Fiscalía no aprecia delito en la única de las piezas que sigue abierta de las siete que inició el juez. 

Incluso después de que el Tribunal Supremo rechazara la imputación de Iglesias, García Castellón siguió adelante con su ‘caso Pablo Iglesias’, especialmente después de que ex líder de Podemos dejara el Gobierno y por tanto perdiera su aforamiento. Hasta que la última posibilidad, un informe de la Policía Científica en el que se certificaba que era imposible determinar quién había causado el daño a la tarjeta de móvil, llegó al juzgado el pasado enero.

Restaba todavía por volver a interrogar a Bousselham y al jefe de la brigada política, el comisario Eugenio Pino, a quien Villarejo confesó que le había entregado una copia del teléfono. Anticorrupción y la Sala de lo Penal habían puesto por escrito al juez que la “principal hipótesis” era que la presunta organización criminal de Villarejo fuera la autora de la difusión de aquella información privada, por mucho que Bousselham hubiera reconocido que ella envió a terceros algunos documentos que tenía guardados en su teléfono. 

Ante la imposibilidad de imputar a Iglesias, García Castellón decidió cerrar la instrucción del denominado caso Dina, dejar imputados a dos periodistas y a Villarejo, e ignorar cualquier investigación que permitiera determinar cómo llegó a varios medios de comunicación información alojada en el teléfono de una colaboradora de Iglesias.

El exministro de Justicia Juan Carlos Campo ha cumplido seis meses en la Audiencia Nacional alejado de los procedimientos de trascendencia política. Destinado en la Sala de lo Penal, Campo se ha tenido que abstener de casi todos los grandes casos, lo que ha planteado el interrogante en algunos de sus compañeros acerca de la conveniencia de su regreso a la carrera judicial y, en concreto, a una sección que sufre una importante carga de trabajo por tener que resolver, entre otros, todos los recursos de la macrocausa Villarejo. 

A Campo le ha correspondido por turno formar sala para adoptar decisiones correspondientes a la causa contra los Pujol, la que investiga a Tsunami Democràtic y, más recientemente, en el último caso abierto por Manuel García Castellón contra Podemos y su supuesta financiación irregular, amén de las citadas piezas del caso Villarejo, incluida la del espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados.

En el caso de la pieza secreta que se sigue contra Podemos, Juan Carlos Campo fue designado ponente el 17 de noviembre de 2021 para resolver el recurso de la Fiscalía. Casi un mes después, el 14 de diciembre, Campo comunicó su abstención, y hasta el 31 de enero, a los dos meses y medio, no se designó nuevo ponente para resolver el recurso presentado por la Fiscalía contra la investigación “prospectiva” del juez García Castellón. El pasado miércoles, un tribunal del que el exministro ya no formó parte, estimó el recurso del Ministerio Público en contra de la investigación emprendida por García Castellón.

El artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece los motivos de abstención o recusación en un juez. El último de ellos, el decimosexto, menciona el “haber ocupado el juez o magistrado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad”. A este alude Campo en un “escrito tipo” que envía a la Sala cada vez que aparece un caso con implicaciones “políticas”, señalan a elDiario.es fuentes de la propia Sala. Campo también se abstiene de decidir sobre los recursos a las extradiciones que concede el actual Gobierno.

Un caso paradigmático de las abstenciones de Campo son las piezas del caso Villarejo, donde Unidas Podemos, miembro del Gobierno de coalición que integró el exministro, ejerce la acusación popular. El motivo se ve reforzado en la pieza Kitchen, donde aparece como investigado el ministro del Interior durante el Gobierno del PP Jorge Fernández Díaz y el PSOE también ejerce la acción popular. 

A Campo le tocó por reparto integrar el tribunal que resolverá el recurso de la Fiscalía Anticorrupción, de las acusaciones populares y de gran parte de los imputados, contra el auto de fin de instrucción decretado el 29 de julio por el juez Manuel García Castellón. La decisión que adopte la Sala de lo Penal será un punto de inflexión en la investigación del caso más grave de corrupción en el Ministerio del Interior desde los GAL y aún está pendiente de su resolución pese a que los recursos fueron presentados en septiembre del pasado año. Precisamente, la Sección Tercera fijó el pasado viernes, 4 de marzo, para la deliberación y fallo, pero “necesidades del servicio” han obligado a que el sustituto de Campo y otros dos magistrados retrasen la trascendental decisión al 18 de marzo. 

Fuentes de la Audiencia Nacional explican que Juan Carlos Campo realiza un minucioso trabajo de revisión de las causas en las que pueden aparecer motivos de abstención, que los procedimientos de los que se aparta se compensan con otros que se le asignan y que la resolución de recursos no es el único trabajo de la Sala, como es el caso de formar tribunal para juzgar causas, como el que integra en la actualidad el exministro de Justicia y que dictará sentencia sobre el caso Fitonovo, una trama de comisiones ilegales en varias provincias andaluzas. 

Veinte años en cargos socialistas

Juan Carlos Campo lleva dos décadas desempeñando cargos de responsabilidad en administraciones del PSOE, tanto en la Junta de Andalucía como en el Gobierno central. Ya en el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero fue secretario de Estado de Justicia. Mientras tanto, su plaza sin ocupar estaba en la Audiencia Provincial de Cádiz. Fue poco antes de que Sánchez le eligiera como ministro de Justicia cuando el Consejo General del Poder Judicial le adjudicó, en diciembre de 2019, una plaza en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cargo que no llegó a ocupar hasta su salida del Ministerio e incorporación el pasado mes de septiembre. 

Pedro Sánchez decidió prescindir de Juan Carlos Campo en su última renovación del Consejo de Ministros y sustituirle por Pilar Llop. En los meses previos, Campo fue una de las voces del Gobierno que con mayor intensidad se empleó en justificar los indultos a los condenados en la causa del procés. Fuentes de su entorno aseguran que no recibió una explicación de Sánchez de por qué su destitución y que el exministro tampoco la pidió. 

En meses pasados se especuló con la candidatura de Campo al Tribunal Constitucional, aunque fuentes próximas a la negociación entre PP y PSOE aseguran que los socialistas nunca han valorado incluir a Campo en su terna de candidatos para el tribunal encargado de interpretar la Norma Fundamental.

La puerta giratoria para los jueces vivió uno de sus momentos más convulsos en los años noventa, con el regreso a la Audiencia Nacional de Baltasar Garzón, elegido por Felipe González delegado del Plan Nacional Antidrogas y que, tras dejar el cargo y regresar al tribunal especializado, reabrió la causa de los GAL, una de las grietas por las que se terminó derrumbando aquel Gobierno socialista. Una reforma posterior evitaba que los jueces regresaran al ejercicio activo de su carrera en los dos años siguientes a su paso por la política, pero esa restricción desapareció para establecer únicamente ciertas limitaciones. Hasta que en 2011, también con un Ejecutivo socialista, se volvió a autorizar el reingreso automático.

Coincidiendo con el regreso de Campo a la Audiencia Nacional, el PP planteó una nueva reforma, más restrictiva. Lo hizo por boca de su portavoz en asuntos de justicia, Enrique López, con destino en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, a la que podría volver si en algún momento deja de ser consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y no encuentra hueco en la próxima Ejecutiva del Partido Popular.

El juez de refuerzo de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha citado para el próximo 18 de enero a las 10.30 al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, investigado por los encargos de la eléctrica a la empresa Cenyt, vinculada al excomisario José Villarejo, según fuentes jurídicas.

Solo quedaba por fijar fecha después de que el pasado mes de junio el titular de dicho juzgado, Manuel García-Castellón, acordara imputar a Sánchez Galán por presuntos delitos de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.

La ronda de declaraciones comenzará el 17 de enero, con los interrogatorios al director general de negocios de Iberdrola, Francisco Martínez Córcoles, y al exjefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo. El martes 18, además de Sánchez Galán también está citado el que fuera presidente de Iberdrola España Fernando Becker, mientras que dos días más tarde será el turno de Iberdrola Renovables Energía, la filial del grupo que, a diferencia de la matriz, fue imputada en el caso.

Al imputar a Sánchez Galán y los tres ex directivos, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, García-Castellón explicó que desde sus respectivos puestos pudieron participar en la contratación de los servicios del comisario cuando aún estaba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía, que se manipularon las facturas correspondientes a esos servicios y que se tuvo acceso a datos reservados de las personas sometidas a investigación.

En esta pieza número 17 de 'Tándem' —la macrocausa que disecciona los muchos y variados servicios prestados por Villarejo a título privado— se investigan los encargos que la eléctrica habría hecho al comisario entre 2004 y 2017.

Según el relato judicial, el primer proyecto habría sido 'Arrow', que habría tenido como objetivo eliminar la oposición municipal y de los ecologistas a la construcción de una central en Arcos de la Frontera (Cádiz).

Entre 2004 y 2005 se habría desarrollado 'Black Board' o 'B-B' para supuestamente conseguir información comprometedora sobre Manuel Pizarro, presidente en aquellos momentos de Endesa, el gran rival de Iberdrola en el sector eléctrico.

Ya en 2009, a Villarejo se le habrían encomendado 'Gipsy' y 'Posy'. El primero habría consistido en investigar a un directivo de la eléctrica, José María Álvarez, y a un proveedor, Francisco Julián Gutiérrez, al sospechar que pudiera mediar el pago de comisiones ilegales. Con el segundo proyecto, las pesquisas del comisario se habrían extendido a la vinculación de Álvarez con Florentino Pérez, presidente de ACS, para evitar el asalto de la constructora a la eléctrica.

Por último, en 2011, Villarejo se habría dedicado a 'Wind' para investigar a la empresa suiza Eólica Dobrogea, a su accionista mayoritario, Chrisopher Kaap, y a su apoderado, Corneliu Dica. Iberdrola Renovables se había aliado con la compañía eólica para desarrollar una serie de proyectos en Rumanía, pero con el tiempo surgieron conflictos que se acabaron resolviendo de forma favorable a la mercantil española en un procedimiento arbitral.

En el auto de imputación, el juez García-Castellón indicó que, por la contabilidad de Iberdrola, se sabe que fueron recibidas y abonadas quince facturas sin pedido emitidas por CENYT, el grupo empresarial de Villarejo, entre 2004 y 2012 por un importe total de 1,04 millones.

El abogado de Gema Alcalá, la mujer del comisario jubilado José Manuel Villarejo, ha solicitado este jueves al tribunal que juzga a la pareja por la macrocausa Tándem que expulse del procedimiento a la acusación popular de Podemos, alegando que usa esta posición para obtener información y hacer un “uso electoral” de la misma, recordando que la Audiencia Nacional ya lo acordó respecto al PP en Gürtel.

El juez Pablo Pablo Ruz expulsó al Partido Popular como acusación popular del caso Gürtel, sin embargo, por motivos diferentes. Ruz expuso que el PP actuaba más como abogado defensor de su ex tesorero, Luis Bárcenas, que como acusación. En aquel momento no había estallado el caso de la caja B y Bárcenas no había confesado aún la financiación irregular del partido durante al menos veinte años. El PP intentó personarse de nuevo como acusación popular en la pieza de la caja B y Ruz rechazó con el mismo argumento tal personación.

“Solicitamos la expulsión de Podemos como acusación popular por incumplimiento del principio de legalidad y el artículo 125 de la Constitución”, ha planteado el abogado de Alcalá, Sergio Nuño Díez de la Lastra, durante la exposición de las cuestiones previas en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por tres piezas separadas de Tándem: Iron, Land y Pintor.

Díez de la Lastra ha argumentado que “es por todos conocido el uso electoral que le ha dado a todos los hechos que se consignan en la causa conocida como Tándem”, mencionando en este sentido a la llamada “policía patriótica” y al conocido como “informe PISA”.

En concreto, ha acusado a la formación 'morada' de haber utilizado “de forma política” la pieza Dina, denunciando una supuesta “connivencia” con los fiscales, con quienes -ha sostenido- Podemos se habría intercambiado información que después habría compartido con “terceros ajenos” a la causa.

El letrado defensor ha querido recordar que ya hay un conocido precedente en este sentido. En 2013, el entonces juez instructor de la Audiencia Nacional Pablo Ruz expulsó al PP como acusación popular en la causa principal en la que se investigaban las actividades de la trama Gürtel.

Además, Díez de la Lastra se ha adelantado a una posible decisión del tribunal reclamando también que las fianzas prestadas por Podemos para personarse en estas piezas se retengan por si tuvieran que usarse para indemnizar a las personas contra las que ha ejercido la acusación.

Las defensas piden la nulidad de los audios de Villarejo porque dicen que no se respetó la cadena de custodia

El letrado Antonio Tapia ha pedido declarar nulos tanto los audios de las conversaciones como los demás efectos informáticos obtenidos en las entradas y registros llevados a cabo en domicilios y despachos de Villarejo y Redondo. Según el abogado de Redondo, la orden judicial establecía que si se encontraban dispositivos informáticos debía procederse a un volcado 'in situ' de su contenido mediante un protocolo específico. En caso de tener que llevárselos, debían ser precintados, y todo quedaría en manos del letrado. Pero, según ha denunciado, nada de esto ocurrió: no hubo volcado porque la Unidad de Asuntos Internos (UAI) se escudó en que no llevaban los aparatos necesarios para hacerlo, los elementos no iban precintados y todo quedó en poder de esta unidad policial, que tarda 17 días en ponerlo a disposición judicial, tal y como ha declarado el abogado.

“No hay cadena de custodia”, ha afirmado, con lo que es “imposible” saber si las copias de las causa lo son de los audios originales. En esta línea, Carlos Vaquero, uno de los abogados defensores de Gema Alcalá, la mujer de Villarejo, ha subrayado que los archivos podrían haber sido “alterados”.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado prorrogar la situación de prisión provisional del comisario jubilado José Manuel Villarejo, que este 3 de noviembre cumple dos años en preventiva, atendiendo a que concurren elevado riesgo de fuga, “un evidente riesgo de reiteración delictiva” así como “alto riesgo de alteración o destrucción de fuentes de prueba”.

En un auto de 19 páginas notificado este lunes tras la celebración de una vista que se prolongó durante dos horas el pasado jueves, el juez acuerda la prórroga, que puede llegar a ser de otros dos años mientras no medie juicio y sentencia y descarta que las razones de salud que alegó el comisario sean suficientes para ponerle en libertad, dado que no se trata de “graves padecimientos” que no puedan ser atendidos en prisión en los términos que fija la ley.

“La organización que está detrás de aquel con funciones perfectamente distribuidas entre sus miembros, creó en eL tiempo en que estuvo en activo una estructura paraestatal que ha instrumentalizado de forma sistemática los recursos públicos en beneficio propio y de sus clientes, habiendo comprometido gravemente el servicio público y puesto en tela de juicio la autoridad del Estado”, dice García Castellón.

El auto detalla los delitos que se imputan al comisario en cada una de las 16 piezas separadas en las que actualmente se articula la macrocausa, nueve de las cuales siguen bajo secreto. En total, acumula imputaciones por varios delitos de organización criminal para la comisión de delitos graves en su condición de jefe, blanqueo, cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, falsedad documental, tráfico de influencias, encubrimiento y delitos fiscales, es decir, un horizonte de más de 100 años de cárcel.

“El riesgo de fuga es evidente y no sólo por las elevadas penas a las que se enfrenta (*) sino y sobre todo por cuanto a lo largo de la investigación se ha evidenciado la capacidad concreta que presenta de sustraerse a la acción de la justicia”, expone el juez, que recuerda uno de los audios de la causa en el que Villarejo dice a otro investigado “que lleva más de 30 años haciendo maldades y cobrando y pagando por todo el mundo”.

El instructor apuntala esta tesis por el alto nivel económico descubierto a Villarejo, que tiene un patrimonio inmobiliario tanto en España como en el extranjero superior a 16 millones de euros y “una estructura financiera” que le permitiría “sustraerse” a la justicia, sumado a que cuando fue detenido se le intervino un pasaporte en blanco y dos DNI con identidades que no le correspondían .

Asegura que tiene copias del material intervenido

Además, se le atribuye un “alto riesgo de alteración o destrucción de fuentes de prueba” porque la Audiencia Nacional sigue pendiente de comisiones rogatorias internacionales para determinar el alcance de su organización criminal, y de reiteración delictiva, porque “él mismo afirmó disponer de varias copias” del material incautado y que “podría ser utilizado directamente” por él “para continuar la actividad delictiva por la que se le investiga”.

A lo largo del auto, el juez resume el contenido de las actuaciones contra Villarejo desde el momento en que se abrió la causa contra él y salió a la luz “la existencia de un entramado criminal centrado en torno a las empresas del Grupo Cenyt dirigida a la mediación e intercambio de información de carácter personal, cuyo acceso estaba restringido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”.

Así, expone que “la facilidad que le otorgaba la doble condición de policía y de investigador privado, le permitió el tráfico de dicha información con terceros” en una conducta que se reproduce en todos los proyectos investigados, en los que Villarejo “aportaba como valor añadido” de su “pluralidad de sociedades” su “relación directa” con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Todo, además, “sin la previa solicitud de compatibilidad” y obteniendo grandes beneficios.

“Las actividades que ofertaba iban mucho más allá de un mero contrato de prestación de servicios de detectives, aprovechándose de situaciones extremas de crisis empresarial para intervenir por medios poco ortodoxos en la vida personal de los implicados en aquellos conflictos”, expone el auto.

16 piezas separadas separadas

En la actualidad, la causa se articula en las piezas Principal o 'King', que investiga la organización criminal al hilo de unos trabajos en Guinea Ecuatorial, 'Pieza 1', que implica al comisario Carlos Salamanca; 'Iron', en relación al espionaje a un bufete de abogados; 'Land', sobre la herencia de los Cerededa; 'Pit', en torno a una extradición a Guatemala; 'Cinco', sobre los audios de Corinna; 'Pintor', por la extorsión a un ex juez; 'Kitchen', que indaga el espionaje al 'popular' Luis Bárcenas y sigue secreta; y 'Marbella', sobre un empresario.

Asimismo, constan como piezas separadas, todas bajo secreto, 'BBVA', que investiga 13 años de trabajos para la entidad; 'Pieza 10', sobre revelación de secretos de Podemos; 'Planeta' en relación a un encargo sobre un arbitraje; una específica sobre delitos fiscales de Villarejo y otras cuatro más en relación a 'proyectos' concretos del comisario.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha solicitado a la Unidad de Asuntos Internos que investiga el 'caso Villarejo' un informe sobre todos los medios de comunicación que publicaron noticias cuyo origen pudiera ser contenido del móvil sustraído en 2016 a Dina Bousselham, entonces asesora del líder de Podemos Pablo Iglesias.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez responde así a una de las peticiones elevadas por la acusación que Iglesias y Bousselham ejercen en esta pieza separada del caso Tándem que investiga las actividades ilícitas del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, en cuyo poder se encontró un volcado del citado terminal.

En concreto, García Castellón, considera que “ha lugar” a la solicitud y libra oficio a la unidad investigadora para que “elabore informe de aquellos medios de comunicación que hayan publicado directamente y por fuente propia noticias que puedan derivarse del móvil sustraído” a la asesora.

El instructor amplía así el foco de la investigación por revelación de secretos que hasta ahora se centraba, por un lado, en Interviú, pues tanto el propio Villarejo como el presidente del grupo, el director editorial de la revista y su director han reconocido en la Audiencia Nacional que el volcado del móvil pasó por sus manos, si bien no vio la luz porque carecía de interés.

“Podría producir el efecto contrario”

Por otro lado, consta en las actuaciones que el digital Okdiario publicó en julio de 2016 una serie de pantallazos de una conversación entre dirigentes de Podemos que según las pesquisas, podría haber salido del móvil de Bousselham. Se trata de un chat privado en el que Iglesias realizaba comentarios sobre una presentadora de televisión.

De hecho, el juez envió a la policía a la redacción de este medio con un auto dictado el pasado 5 de abril para requerir “el material que tuviese a su disposición” de aquel terminal y trasladar a la dirección la orden de que “se abstuviera de difundir cualesquiera imágenes e informaciones obtenidas directamente o indirectamente de la extracción de datos del teléfono móvil de Dina Bousselham”.

En su última resolución, García Castellón rechaza no obstante obligarle a retirar los enlaces de las noticias antiguas, como también pedía Iglesias, en aras de “la proporcionalidad y el buen fin de la medida” que, en este caso, va dirigida a “la protección de la víctima” con el objetivo de “evitar el replique a través de otras páginas web y una mayor difusión de la noticia”.

“Lo cierto es que tras el requerimiento efectuado de prohibición de nuevas publicaciones no se ha constatado la alusión mediante enlaces de las noticias publicadas en el año 2016 y requerir ahora al medio digital la eliminación de los enlaces podría provocar el efecto contrario, esto es, una mayor difusión de dichas imágenes y noticias como consecuencia de la eliminación acordada”, señala el juez.

Elimina de la causa el resto del móvil

Incide además en que “no se constata que la restricción de la difusión de imágenes o información que fue ordenada el 5 de abril haya sido vulnerada” por Okdiario, ya que las noticias que Podemos señalaba como razón para ordenar la eliminación de los enlaces antiguos “son anteriores a aquella resolución” y en el juzgado no constan “nuevas desviaciones que permitan articular la pretensión solicitada”, de acuerdo al auto recogido por Europa Press.

Por otra parte, y con vistas a un futuro levantamiento del secreto sobre esta pieza, el juez acuerda en línea con lo solicitado por la acusación el “expurgo de la información y fotografías” del móvil de Bousselham que no sean “de interés alguno para la causa”, donde sí se mantendrá el pantallazo publicado por OKDiario ya que García Castellón considera este un contenido “relevante”. El objetivo, de nuevo, es evitar la difusión de contenidos que “podrían poner en riesgo la privacidad y seguridad de los perjudicados”.

El excomisario José Manuel Villarejo recibió cantidades importantes de dinero procedente de fondos reservados del Ministerio de Interior para obtener información sobre dirigentes independentistas. Todo se enmarca dentro de la conocida como 'operación Catalunya', instigada cuando el máximo responsable del departamento era Jorge Fernández Díaz.

La afirmación la realiza el propio Villarejo en unas conversaciones grabadas por el excomisario, adelantadas este lunes por La Vanguardia, están siendo investigadas por la Policía, la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional dentro del 'caso Tándem'. En concreto, llega a jactarse de haber recibido “mucha pasta” de la partida de dinero público destinada a indagaciones policiales en Catalunya, detallando que recibía los pagos en billetes de 100 y 500 euros.

Según cuenta el diario catalán, la conversación se desarrolló unos meses antes de la detención del excomisario, en noviembre de 2017. “Marcelino [Martín Blas] me ha pagado mucha pasta porque él era el que manejaba la pasta de Catalunya, de lo otro, de lo tal. ¿Yo qué tengo? Pues hasta fotocopiados los billetes, claro, ¡nos ha jodido!”, comentaba con su interlocutor, a quien también desvelaba: “Me han dejado un zurrón a deber; aún me deben unos 50 o 60.000 pavos”.

Marcelino es Marcelino Martín Blas, por aquel entonces jefe de asuntos internos de la Policía y encargado de manejar los fondos reservados, según las palabras de Villarejo, desmentidas a su vez por el implicado. “Yo lo denuncié. Hay una denuncia, además, sellada, donde yo digo este tipo tiene la maría en la ­caja fuerte, un zurrón de pasta y ­cada vez que tal saca la pasta y no pide justificante, ¡qué cosa más rara! Claro, y a mí cuando me daba yo le decía: 'No tronco, yo te justifico'”, comenta el excomisario en la conversación. Según su versión, la respuesta de Martín Blas fue: “No, no hace falta”.

Cabe recordar que Villarejo entró a formar parte de la conocida como 'policía política' en 2012. Poco antes, Mariano Rajoy había llegado a la Presidencia del Gobierno y situó como director adjunto operativo de la Policía a una persona de confianza, Eugenio Pino, para tratar de cercar a los distintos dirigentes independentistas por la vía judicial.

El Consejo General del Poder Judicial ha apartado provisionalmente de sus funciones al jefe de su sección de Informática Judicial, Juan Carlos Garcés, citado como investigado por el juez del caso Tándem, Manuel García Castellón, ante la sospecha de que pudo dar información al excomisario José Villarejo.

Según explica el CGPJ, mientras se esclarece su situación procesal, se le aparta de las funciones que desempeña en relación con el Punto Neutro Judicial, red que usan los juzgados para acceder a bases de datos de entidades financieras y organismos públicos, cuyo uso será investigado.

Garcés está imputado en la pieza llamada 'Land', que investiga a los miembros de la familia Cereceda -promotores de la lujosa urbanización de La Finca- que contrataron los servicios de Villarejo en un contencioso por una herencia.

En el auto en el que el magistrado le cita como imputado señala que hay evidencias de que el excomisario encargó a uno de sus colaboradores que obtuviese datos personales directamente de “los encargados del tratamiento de las bases de datos donde aquellos habrían de ser obtenidos”. Juan Carlos Garcés Pérez ha sido jefe del servicio informático del Consejo General del Poder Judicial durante los últimos 15 años.

Según el auto, se la investigación ha localizado “hojas de encargo para la obtención de datos de carácter personal que fueron remitidos a los encargados del tratamiento de las bases de datos donde aquellos habrían de ser obtenidos”. En esa misma resolución se imputa al policía Enrique García Castaño, colaborador de Villarejo, como partícipe de en un delito de cohecho y otro de revelación de secretos.

El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha citado como imputado a Juan Carlos Garcés Pérez, jefe del servicio informático del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante los últimos 15 años. En el auto, el magistrado señala que hay evidencias de que el excomisario encargó a uno de sus colaboradores que obtuviese datos personales directamente de “los encargados del tratamiento de las bases de datos donde aquellos habrían de ser obtenidos”.

En una resolución que ha adelantado El Español y a la que ha tenido acceso eldiario.es, en la que no se fija la fecha para la declaración, el juez de la Audiencia Nacional imputa al informático en la pieza Land, la que investiga a los miembros de la familia Cereceda -promotores de la lujosa urbanización de La Finca- que contrataron los servicios de Villarejo en un contencioso por una herencia.

El en auto, el mismo por el que se imputa al policía Enrique García Castaño, colaborador de Villarejo, como partícipe de en un delito de cohecho y otro de revelación de secretos, se cita como investigado a Garcés para el próximo

Según El Español, Garcés dirige la sección de informática del CGPJ desde hace quince años y por ello tiene acceso a los datos personales de jueces de todos los jueces. Según el auto, se la investigación ha localizado “hojas de encargo para la obtención de datos de carácter personal que fueron remitidos a los encargados del tratamiento de las bases de datos donde aquellos habrían de ser obtenidos”.

La pieza en la que ahora ha sido imputado este informático fue cerrada en julio por el anterior juez del caso, Diego de Egea. La Fiscalía recurrió al considerar que el magistrado había obviado “palmariamente” evidencias de que se cometieron delitos en los encargos hechos a Villarejo por Francisco Lorenzo Peñalver y Susana García Cereceda, dueños de la urbanización La Finca.

De hecho, la Fiscalía acusó al juez de no esperar el resultado de varias diligencias de investigación para cerrar el caso, aún cuando existían, a su juicio, “sólidos indicios” de la comisión de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil. Archivó la causa “precipitadamente” y de forma “sorprendente”, añadieron los fiscales.

El comisario José Villarejo no se limitó a grabar supuestas conversaciones de miembros del Gobierno o del mundo empresarial por encargo del BBVA para conocer si se estaba llevando a cabo una operación para sacar del cargo al presidente del banco, Francisco González. El expolicía, que permenece en prisión provisional como principal acusado en el caso Tándem, también realizó seguimientos y fotografió el coche y la vivienda del antiguo número 2 de la CNMV, Carlos Arenillas, según la documentación de la operación Trampa desvelada por El Confidencial y Moncloa.com. Algo que también hizo con otro hombre no identificado de entre 40 y 50 años.

Este economista compartió pasado en la consultora Intermoney con Miguel Sebastián, que también fue supuestamente espiado por Villarejo a través de su empresa Grupo Cenyt, y cuya posición podía ser determinante en un proceso abierto en el regulador contra el entonces presidente del banco. Esta situación se produjo tras una denuncia del entorno de los directivos de Sacyr Luis del Rivero y Juan Abelló, a los que se ligaba con una operación con el beneplácito del Gobierno de Rodríguez Zapatero para intentar sacar a González de la presidencia del BBVA. El motivo de ese expediente fueron las supuestas irregularidades en la venta en 1996 de la sociedad de valores del máximo dirigente de BBVA, FG Valores, a Merrill Lynch.

Esta alianza entre el expresidente del BBVA y José Villarejo, que llegó a espiar 15.000 comunicaciones, ya está siendo investigada por la Audiencia Nacional. El tribunal ya ha solicitado a Moncloa.com que le remita la documentación que vincula al banco con Grupo Cenyt en la operación contra Sacyr. Algo que ha hecho a través de un requerimiento que la unidad de Asuntos Internos de la Policía ha entregado a los responsables del medio, que han confirmado a eldiario.es que colaborarán con la justicia y le entregarán los documentos.

El Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional ha reclamado en la citada orden todo el material ya publicado en las ediciones de los días 9 de enero y siguientes, así como el que aún no se haya publicado y obre en poder de este medio de comunicación, según informa Europa Press.

Arenillas, vigilado en su coche y su casa

Para saber si Arenillas estaba al tanto de todo lo anterior, Villarejo le siguió cuando iba en su coche al menos dos veces entre noviembre de 2004 y febrero de 2005, siempre según las informaciones de El Confidencial y Moncloa.com. La matrícula del vehículo coincide con el coche del que disponía el espiado en ese momento, que fue vigilado incluso cuando abandonaba las oficinas del regulador situadas en el Paseo de la Castellana. Entre esas fechas también se realizaron las supuestas grabaciones de conversaciones al mencionado Sebastián, a la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega o a directivos del Banco Santander y Sacyr.

El otro espiado por el expolicía es un hombre del que se desconoce su identidad, al que tomó fotografías saliendo de su domicilio, situado en una población cercana a la localidad cántabra de Laredo. Los documentos mostrarían seguimientos a este individuo mientras dejaba a uno de sus hijos en el colegio, y posteriormente en un trayecto en coche que realizó junto a su esposa con destino Bilbao. Villarejo fotografió y realizó un informe de dos páginas al respecto.

Villarejo dio otro paso más al vigilar en su casa a su objetivo principal, como muestran las fotografías de la vivienda y de la puerta principal incluidas en el sumario de la operación Trampa. Entre los documentos publicados aparece la que sería la dirección del exdirectivo de la CNMV, que no ha sido desvelada por seguridad, aunque ambos medios aseguran que coincide con el hogar de Arenillas.

Esta labor de Villarejo ha provocado la reacción del actual presidente del BBVA, Carlos Torres, que ha dado explicaciones a sus empleados a través de una carta en la que les anuncia que están investigando si su predecesor ordenó realmente ese espionaje por las grabaciones conocidas, que apuntan a que así fue.

En concreto, esta decisión está motivada por una conversación conocida del ex jefe de seguridad del banco Julio Corrochano con Villarejo, en la que el primero aleccionaba al segundo sobre la manera de hacer informes porque “mi presidente (en referencia a González) ni las conclusiones lee, hay que decirle: ”Pim, pim, pim y pim“”. Según esta investigación periodística, los trabajos ordenados por González al comisario costaron al banco al menos 517.600 euros.