Un informe policial aleja las sospechas sobre Pablo Iglesias como causante de los “daños” en la tarjeta de su excolaboradora Dina Bousselham

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en el Congreso.

La Policía Científica ha concluido en un informe remitido al juez que investiga el caso Villarejo en la Audiencia Nacional que los “daños” de la tarjeta de Dina Bousselham, excolaboradora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, fueron producidos por un tipo de “lijado” que se corresponde con las técnicas que realizan “los laboratorios especializados en recuperación de información de este tipo de dispositivos”. Es decir, que son compatibles con la manipulación del dispositivo que hizo la empresa de tecnología de Gales a la que recurrió la pareja de Bousselham para intentar recuperar su contenido después de que se lo diera Iglesias y que ya informó de que había llegado a sus instalaciones "físicamente intacto"

El juez convierte una pieza de la causa contra Villarejo en el 'caso Pablo Iglesias'

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Este nuevo informe pericial, adelantado por El Español y al que ha tenido acceso elDiario.es, aleja por tanto las sospechas sobre Iglesias como causante de los daños, tal y como estaba investigando el juez del caso, Manuel García Castellón. El magistrado había establecido como prioridad resolver qué hizo el político con la tarjeta del móvil de su antigua colaboradora o una copia, con independencia de que Villarejo guardara otra y tres medios publicaran parte de su contenido, según recogió un informe de Asuntos Internos.

El magistrado ha atribuido dos posibles delitos a Iglesias —revelación de secretos y/o daños informáticos— por la retención injustificada del contenido del móvil durante al menos seis meses y el supuesto daño al dispositivo, que ahora queda cuestionado por el informe pericial, fechado el 12 de agosto. El documento de la Policía Científica indica que no es posible acceder a los archivos porque la tarjeta presenta una "una discontinuidad" en los puntos de conexión de la interfaz producidos por un "exceso" de "lijado de la cubierta protectora", una técnica que se corresponden con las que utilizan las empresas especializadas en recuperar el contenido de este tipo de dispositivos.

Concluye, en consecuencia, que "al no poder realizarse la lectura del contenido de la memoria no se puede determinar si existían daños previos a la discontinuidad encontrada en el vestigio, qué partes están afectadas por los mismos ni el momento en el que se produjeron".

Un informe previo de la Policía Científica aseguraba que la tarjeta estaba "parcialmente quemada" cuando Bousselham la entregó en sede judicial, lo que llevó al juez a solicitar a la empresa de Gales que aclarase "el estado" en el que recibió el dispositivo. La firma Field Associates confirmó que un usuario le envió un dispositivo a cuyos datos no se podía acceder, pero que no tenía daños externos. Fue entonces cuando el juez encargó este otro informe pericial, fechado el 12 de agosto, que ha determinado que los daños de la tarjeta son compatibles con el “lijado” realizado por la empresa de Gales. 

El origen del caso

Todas estas pesquisas corresponden a la pieza bautizada como Dina, un apéndice menor de las más de treinta que componen el caso Villarejo si se compara con las que investigan los encargos al comisario por parte del BBVA o su participación en el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. 

El caso tiene su origen en el hallazgo por parte de los investigadores en un registro en 2018 en casa de Villarejo de una copia del contenido del móvil del que Bousselham había denunciado su robo tres años antes. En marzo de 2019  el juez ofreció a Bousselham e Iglesias personarse como perjudicados, ya que varios medios de comunicación habían publicado información que afectaba a Podemos y a su líder del contenido de esa tarjeta.

En esa declaración, Iglesias le dijo al juez que el contenido de la tarjeta le había sido facilitado por los responsables de la revista Interviú en enero de 2019 y que aquello, original o copia, lo guardó un tiempo hasta que se lo dio a Bousselham. En su declaración de ese mismo día, Bousselham trasladó al juez que cuando recibió de Iglesias la tarjeta, el dispositivo estaba dañado. Tuvieron que pasar, sin embargo, quince meses y un nuevo informe de la Policía para que la Fiscalía propusiera al magistrado volver a tomar declaración a Bousselham ante las sospechas sobre su testimonio y el de Iglesias. Ella reconoció que había realizado los pantallazos de chats publicados, lo que sirvió a Anticorrupción y al juez para concluir que entonces no tenía por qué ser exclusivamente el comisario Villarejo el origen de la filtración a los medios. 

Como consecuencia de ello, la Fiscalía propuso retirar la condición de perjudicado a Iglesias, sospechoso de un delito de revelación de secretos y otro de daños informáticos, por haber guardado durante al menos seis meses una información que pertenecía a Bousselham. En su informe, la Fiscalía advertía también al juez de que no era posible actuar contra Iglesias porque Bousselham no había dado muestra alguna de querer acusarle, requisito indispensable para ejercer la acción penal en los dos delitos que podría haber cometido de forma indiciaria. 

Anticorrupción propuso entonces citar de nuevo a Bousselham para aclarar sus intenciones, pero el juez hizo caso omiso de ello, retiró la condición de perjudicado a Iglesias y desató una investigación que incluyó una orden internacional a la empresa de Gales. Entre medias, Bousselham cambió su versión e informó al juez por escrito de que la tarjeta sí funcionaba cuando se la dio Iglesias, dando a entender que pudo ser ella o alguien de su entorno quien la dañara. 

Tras este nuevo informe, el magistrado instructor deberá decidir si continúa practicando diligencias, detiene su investigación sobre Iglesias o, como aforado que es el vicepresidente segundo ante el Supremo, eleva una exposición razonada contra él porque ha reunido los indicios suficientes para solicitar su imputación ante el Alto Tribunal. El próximo 2 de septiembre García Castellón ha llamado a declarar como testigo a José Manuel Calvente, exabogado de Podemos e impulsor de la denuncia que ha provocado la imputación de parte de la cúpula del partido por supuesta financiación ilegal en un juzgado de Madrid. 

García Castellón le citó después que se publicara en El Confidencial y El Mundo parte de una conversación entre letrados de Podemos en la que se ponía de manifiesto que Calvente cuestionaba la estrategia jurídica emprendida por el partido a raíz de la apertura de esta pieza en la Audiencia Nacional. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter calificó de “patraña” el ‘caso Dina.  

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26 de agosto de 2020 - 11:00 h

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